Cuando el “casero moroso” es tu Ayuntamiento: varias familias de Cáceres denuncian cuatro décadas de irregularidades con VPO

Las primeras quejas llegaron apenas cinco días después de la entrega de las llaves. Han pasado casi cuarenta años y las humedades, las grietas y los problemas estructurales siguen formando parte del paisaje cotidiano de Río Vístula 1, un bloque de viviendas de protección oficial del barrio cacereño de Aldea Moret cuya historia ha terminado convertida en una reclamación ante el Defensor del Pueblo. Las vecinas sostienen que el origen del conflicto no está solo en el deterioro del inmueble, sino en una anomalía institucional: el Ayuntamiento de Cáceres es, al mismo tiempo, promotor histórico de la promoción, propietario mayoritario y la autoridad encargada de fiscalizar el estado del edificio.

Para comprender la magnitud del conflicto es necesario remontarse a 1982, cuando se impulsó la construcción de 144 viviendas de protección oficial, promovidas directamente por el Ayuntamiento con financiación pública. Los archivos históricos revelan que la edificación nació marcada por importantes deficiencias técnicas: complicaciones geológicas, hundimientos del terreno por la presencia de antiguas galerías mineras y modificaciones de última hora en la cimentación.

Las viviendas fueron entregadas oficialmente en 1988. Menos de una semana después, los primeros adjudicatarios ya habían registrado denuncias por humedades, filtraciones e inundaciones. En 1989, ante la persistencia de grietas y fallos estructurales, numerosos adjudicatarios se negaron a formalizar la compraventa en escritura pública. En 2001, los servicios técnicos municipales redactaron un informe que documentaba el grave deterioro del Bloque III y señalaba patologías muy similares a las que se denuncian hoy, sin que ninguna corporación haya adoptado desde entonces una solución definitiva.

La doble cara municipal

El bloque en cuestión se compone de 48 viviendas, garaje comunitario y patio central. Sin embargo, la definición de su titularidad es el origen de un conflicto administrativo y contable que ha paralizado la gestión durante años. Según las certificaciones registrales, el Ayuntamiento figura como titular de aproximadamente 30 de las 48 viviendas, lo que equivale a un 62,23% de la cuota de participación. Por el contrario, el Inventario Municipal solo reconoce 20 viviendas bajo su titularidad pública. Esta discrepancia, causada por contratos privados no inscritos, escrituras no formalizadas y renuncias no tramitadas, ha impedido determinar con exactitud el reparto de las cargas económicas.

Según las quejas vecinales, a pesar de ostentar la mayoría absoluta de la propiedad, el Ayuntamiento ha operado con un doble rasero. Como propietario, acumula impagos sistemáticos de cuotas comunitarias. Aunque en los plenos municipales la Alcaldía actual llegó a afirmar que se encontraba “al corriente de pago”, la documentación revela que el consistorio no abonaba las cuotas regulares desde 2016–2020. “Como autoridad urbanística, dicta órdenes de ejecución duras, exige catas estructurales, reparaciones de fachada e inspecciones bajo amenaza de ejecución subsidiaria e imposición de hasta diez multas coercitivas mensuales”, se lamenta la representante vecinal Cristina Escarmena.

La comunidad califica este esquema como una perversión del sistema: la administración ahoga económicamente a la comunidad al no pagar sus cuotas y luego la sanciona por no ejecutar obras de mantenimiento que la propia falta de los ingresos municipales impide financiar.

La degradación del edificio alcanzó niveles de emergencia entre finales de 2025 y el verano de este año. En diciembre, Escarmena registró quejas por filtraciones masivas procedentes de los pisos superiores, todos de titularidad municipal, que habían calado los techos de cocina, baño y lavadero. Tras el derrumbe de la fachada del edificio colindante en la calle Río Tíber 6, Urbanismo amplió las inspecciones a Río Vístula 1 por compartir la misma arquitectura y el mismo riesgo de apoyo insuficiente del cerramiento.

A principios de año, el Ayuntamiento notificó a la comunidad el expediente disciplinario DIS‑MSG‑0002‑2026, que exigía perforaciones sistemáticas en toda la fachada en apenas un mes y bajo amenaza de multas coercitivas. Poco después, los días 7 y 8 de febrero, la Policía Local intervino de urgencia en el Tercero 12 (una vivienda municipal deshabitada) ante filtraciones constantes, caída de agua y riesgo inminente de desprendimiento. El falso techo se desplomó y el agua avanzó por el Segundo 12, también municipal, hasta inundar el Primero 12, propiedad de Escarmena, obligándola a abandonar su vivienda por riesgo eléctrico y acumulación de moho.

Además, el temor a un vicio de origen por el apoyo insuficiente de la hoja exterior de ladrillo llevó al consistorio a exigir una inspección técnica mediante taladros en cada paño y altura del cerramiento. La resolución advertía de ejecución subsidiaria (las obras se realizarían de oficio y se cargarían íntegramente a la comunidad) e imponía hasta diez multas coercitivas mensuales. La medida generó un profundo rechazo entre las familias: la comunidad carecía de recursos para costear las catas, asfixiada por la desaparición de su administrador y por los impagos del propio Ayuntamiento, y denunciaba que el consistorio utilizaba su brazo sancionador contra particulares mientras incumplía sus obligaciones como propietario mayoritario.

En plena emergencia estructural, el informe entregado al Defensor del Pueblo explica que técnicos del Instituto Municipal de Asuntos Sociales acudieron al edificio para adjudicar seis viviendas sociales. Solo pudieron entregar tres: una sin puerta de entrada, otra con ventanas tapiadas y ninguna con enganches básicos de luz, agua o gas. La entrega se produjo apenas doce días después de que Urbanismo notificara el expediente por riesgo de colapso.

Ya en febrero, informes técnicos confirmaron que la cubierta del edificio, formada por planchas de fibrocemento con amianto, se encuentra agrietada y ha superado su vida útil. La comunidad exige, por lo tanto, su retirada conforme al Real Decreto 396/2006.

La quiebra contable

La representante vecinal ha explicado también a este periódico que a la ruina física se sumó un colapso de gestión originado por el fraude privado y la inacción pública. A principios de 2024, la empresa administradora desapareció sin dejar rastro, apropiándose de toda la documentación comunitaria y dejando un agujero contable de entre 12.000 y 15.000 euros. La comunidad denunció el caso ante la Policía Nacional.

Sin recursos para contratar un nuevo administrador, un grupo de vecinas asumió la gestión: regularizaron el CIF comunitario, diligenciaron el libro de actas paralizado durante 40 años, obtuvieron el certificado digital y solicitaron notas simples de las 48 fincas para reconstruir la identidad jurídica del edificio.

Pero el episodio más grave para la supervivencia de las 48 familias estalló la pasada primavera. El edificio no dispone de contadores individuales: solo dos comunitarios, uno averiado desde 2015. La deuda acumulada asciende a 127.309,28 euros. La factura del agua incluye la tasa municipal de basuras; al no pagar el Ayuntamiento el recibo principal, la tasa se envía a Recaudación con recargos de demora ejecutivos contra los vecinos.

Según el informe, el Ayuntamiento pagaba la tasa de basuras mediante compensaciones unilaterales, cobrándose los tributos municipales a costa de las cuotas comunitarias que debía a la finca, mientras dejaba impagado el consumo de agua. En junio, publicó edictos exigiendo el pago en diez días bajo amenaza de corte de suministro y baja de oficio de los contratos. La medida afecta tanto a vecinos cumplidores como a inquilinos vulnerables.

El peregrinaje plenario y el rodillo administrativo

Entre enero y julio, la comunidad acudió a siete plenos consecutivos. La Alcaldía negó la titularidad municipal del bloque, afirmó estar al corriente de pago, intentó aplicar la prescripción a deudas anteriores a 2020, prometió órdenes de pago que luego rectificó y anunció informes técnicos a costa de la comunidad.

En agosto, la Resolución 2026006761 estimó parcialmente el recurso de reposición, reconoció la imposibilidad de los plazos iniciales y ordenó iniciar la ejecución subsidiaria para contratar un Proyecto Técnico de Actuaciones Prioritarias, repercutiendo su coste sobre la comunidad. El vecindario denuncia que la inspección en la que se fundamenta la resolución se realizó sin notificación previa y que la licitación del proyecto técnico vuelve a expropiar la voluntad de la Junta de Propietarios.

Mientras tanto, el grupo municipal de Podemos denunció públicamente el deterioro generalizado de las viviendas sociales en Aldea Moret —incluidas las de Río Vístula, Ródano y Primero de Mayo— y señaló que el estado del parque público evidencia un abandono prolongado. Según trasladó su portavoz, Consuelo López, el desprecio hacia la vivienda social es visible en el barrio: ventanas y puertas tapiadas, pisos entregados sin enganches de luz o agua y edificios sin mantenimiento. El grupo sostiene que Cáceres arrastra un grave problema habitacional y que “el equipo del alcalde, Rafael Mateos, lo agrava manteniendo el patrimonio municipal en condiciones lamentables y negándose a declarar la ciudad como zona tensionada, una medida que permitiría activar mecanismos de protección adicionales”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cáceres sostiene que ya ha regularizado las cuotas comunitarias pendientes, (pero solo las correspondientes a recibos de 2022 y de los pisos que reconoce su titularidad), y que se encuentra al corriente de sus obligaciones como propietario. Afirma también que actúa como administración responsable de la conservación del inmueble: el 4 de septiembre aprobó iniciar la ejecución subsidiaria y encargar el proyecto técnico que determine las intervenciones en la fachada de Ródano, la cubierta y sus filtraciones, los sistemas de evacuación de aguas, los elementos estructurales con pérdida de revestimiento y la ventilación de la cámara inferior. Los informes municipales descartan un riesgo de colapso estructural, aunque reconocen deficiencias que requieren obras para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad. Defiende que cumple en los dos planos que le competen, como propietario y como autoridad urbanística, y recuerda que el coste de las obras será repercutido a la comunidad según normativa, sin perjuicio de su participación proporcional. La comunidad, entretanto, mantiene su reclamación ante el Defensor del Pueblo, convencida de que la raíz del conflicto no se resuelve con la regularización de cuotas ni con un proyecto técnico aislado, sino con una revisión integral de cuatro décadas de gestión pública.

El petitorio ante el Defensor del Pueblo

Ante el agotamiento de la vía administrativa y la imposibilidad económica de sufragar un pleito contencioso, el escrito solicita la intervención directa del Defensor del Pueblo bajo nueve peticiones fundamentales: investigación integral de la actuación municipal; aclaración registral definitiva; fiscalización económica; protección del suministro de agua; evaluación técnica independiente; límites a la ejecución subsidiaria; transparencia y derecho de defensa; evaluación del riesgo por amianto; y examen de esa doble condición municipal.

El texto concluye con una frase que resume el espíritu de la reclamación: “Cuando un problema permanece documentado durante más de cuarenta años sin resolverse, deja de ser únicamente un problema de conservación de un edificio para convertirse en una cuestión de buena administración, de responsabilidad pública y de confianza de la ciudadanía en sus instituciones porque esto no se trata de partidos políticos sino de una administración que es de todos”. La reclamación presentada ante el Defensor del Pueblo aspira ahora a cerrar un conflicto que dura casi cuarenta años. Porque para quienes viven allí, la historia de Río Vístula 1 ya no es solo la de un bloque de viviendas en mal estado, sino la de una promesa pública que nunca llega a cumplirse.