En los primeros tres meses de 2026, 14 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. Los datos de la violencia machista son escalofriantes y, además, son solo “la punta del iceberg”, como lo describe la cineasta Júlia de Paz. Sabe de lo que habla. Ha estado más de cinco años investigando y hablando con maltratadores para dar forma a su segunda película, la estupenda La buena hija que ya se puede ver en cines.

Un filme que aborda la violencia vicaria desde un lugar inusual y poco o nada contado. La cineasta elige el punto de vista de una hija que entra en la adolescencia y que no entiende bien lo que ha pasado. Quiere a su padre, le admira. Él es un artista moderno, progre, con el que se rapa el pelo y habla de las cosas que no se atreve a contar a su madre. Sin embargo, para verse tienen que acudir a un punto de encuentro marcado por los jueces. El filme no cuenta qué ha ocurrido antes de forma explícita, pero es evidente que su padre no puede acercarse a su madre. 

Poco a poco, a través de esa mirada inocente que deja de serlo, La buena hija aborda la violencia vicaria antes de que la tragedia explote. Cuando los sucesos hablan de ella es cuando lo peor ya ha ocurrido. Sin embargo, hay detalles: chantajes, comportamientos, vejaciones más o menos sutiles que también lo son, aunque no estén todavía tipificadas como ello. De eso habla este filme, y lo hace desde la sutilidad y la inteligencia. Confiando en el espectador.

La aproximación de la directora recuerda a Querer. No es casualidad. Aunque Alauda Ruiz de Azúa dirigiera y se encargara finalmente del proyecto, Júlia de Paz fue su cocreadora y estuvo en el proceso de guion. Se nota desde esa primera escena de La buena hija, donde la madre (Janet Novás) recoge las consecuencias de una discusión. Hay platos rotos. Todo por el suelo. No hace falta decir más. 

Una secuencia inicial que Júlia de Paz confiesa que les costó “bastante”. Había que “encontrar la manera de enseñar que algo había pasado, este resto de la violencia, sin que fuera tampoco muy explícito”. Esa escena “marca el tono” del filme: “Cuenta cómo nos vamos a comunicar con el público. El querer contarlo todo desde la sutileza, incluso asumiendo el riesgo de que haya cierta información que el público no llegue a entender y requiera de una participación de los espectadores para llenar estos vacíos”.

Eso sí, sin entrar nunca en ambigüedades o en un suspense peligroso sobre si el padre era o no un maltratador. “Tuvimos la suerte de estar muy acompañadas en toda la escritura de guion. Compartimos mucho el guion para testear si se entendía lo que era necesario, o ver lo que no era tan necesario. Y sobre todo para no dar un mensaje contradictorio, tampoco dar algo panfletario, pero sí dar con la información necesaria para poder entender la historia”, explica.

Uno de los aciertos del filme es derribar estereotipos. Lo más fácil para Júlia de Paz hubiera sido elegir a un padre autoritario y violento en sus formas. Hace lo contrario en un personaje que encarna con acierto Julián Villagrán. “Durante toda la investigación nos dimos cuenta de que hay unas narrativas ya muy marcadas, incluso un cierto arquetipo que nos han hecho entender cómo es un maltratador, y lo que nos dimos cuenta es que esto minimizaba mucho lo que es la violencia, porque lo anclaba mucho a una idea en concreto e invisibilizaba muchísimos más casos que no se estaban teniendo en cuenta”, argumenta. 

Entendemos la violencia machista como violencia física o sexual. Las noticias que nos llegan son la punta del iceberg, porque no estamos contemplando la violencia psicológica

Júlia de Paz — Cineasta

Por eso decidieron escribir “un personaje que se alejara de estas narrativas más hegemónicas de lo que nos han hecho entender que es un maltratador”. Al hacer que sea pintor, la cineasta introduce otro debate, el de si se puede separar la obra del autor. 

El filme reflexiona sobre qué es lo que entendemos como violencia, y también como violencia vicaria. “Pasa con la violencia machista en general, que lo que entendemos como violencia machista es la violencia física o sexual. Pero es que las noticias que nos llegan son la punta del iceberg, porque son los feminicidios y los asesinatos de niños y niñas. Tipificamos la violencia vicaria como el asesinato o la violencia más física y no estamos contemplando la violencia psicológica, que es más difícil de detectar y de leer, pero que si no la abordamos, no estamos abordando el conflicto en su globalidad”, subraya.

Tanto la protagonista —un descubrimiento llamado Kiara Arancibia— como el personaje de su madre avanzan, o al menos resisten, gracias a una red de mujeres a su alrededor. Otras víctimas de violencia, en el caso de la adulta, y las amigas del instituto en el de la joven. Un mensaje que tenían claro que querían dar: “Cuando hablamos con hijas e hijos de víctimas de violencia machista, ellas se preguntaban si serían en el futuro agresores o nuevas víctimas. Queríamos terminar con esa idea y decir que con un buen acompañamiento hay posibilidad de no reproducir estos patrones. Queríamos terminar con un poco de luz, que no se quedara sola, que vea que siempre tendrá esta red y este apoyo para que las espectadoras que puedan estar en una situación similar se queden también con este mensaje”.

Las denuncias de abuso contra René Redzepi y Noma, impulsadas primero por los testimonios que el extrabajador Jasón Ignacio White recogió y publicó en Instagram a través de la cuenta @microbes_vibes y después por el reportaje que la periodista Julia Moskin, premio Pulitzer, firmó en The New York Times a partir de 35 relatos de antiguos empleados, han puesto en cuestión uno de los grandes símbolos de la alta cocina contemporánea. Noma, elegido cinco veces mejor restaurante del mundo por The World’s 50 Best Restaurants, construyó buena parte de su prestigio internacional alrededor de una cultura de exigencia extrema que, según decenas de antiguos trabajadores, incluyó violencia física y verbal, humillación y miedo, y cuyos excesos el propio Redzepi ha asumido al reconocer públicamente el daño causado en el pasado. El caso no solo afecta al chef que convirtió su restaurante en una referencia internacional. También ha dejado un poso incómodo en la alta cocina. Una conversación sobre cómo y por qué ciertas formas de violencia se sostuvieron durante años en nombre de la exigencia, y sobre qué le toca ahora a la generación que intenta desmontarlas sin haberlas construido.

En España, esa conversación no resulta ajena. Aunque no todas las cocinas han funcionado del mismo modo, varios profesionales reconocen patrones conocidos. La alta cocina ha convivido durante años con una idea de autoridad muy concreta. El jefe que aprieta, la jerarquía que no se discute, el error vivido como una amenaza y una cierta épica del aguante que convertía el sufrimiento en parte del aprendizaje. La cuestión que deja Noma no es solo si eso existió, sino cómo pudo sostenerse tanto tiempo sin que apenas se discutiera en público.

Una de las claves aparece en casi todos los testimonios. En una cocina no solo se aprenden técnicas. También se aprende una manera de trabajar, de entender la jerarquía y de tratar al equipo. Durante demasiado tiempo, en demasiadas casas, esa transmisión del oficio incluyó broncas, humillaciones y formas de violencia que se asumieron como parte natural del aprendizaje. Aitor López, cocinero al frente de Citrus del Tancat, lo resume con una frase sencilla: “Igual que adquieres técnicas, adquieres otras cosas”.

En una cocina no solo se aprenden técnicas. También se aprende una manera de trabajar, de entender la jerarquía y de tratar al equipo

La alta cocina convirtió durante años el sacrificio en una prueba de acceso. Se extendió la idea de que, para llegar lejos, había que pasar por determinadas casas y aguantar lo que hiciera falta para poder añadir esa línea al currículum. No era solo una etapa de formación. Era un rito de paso. Haber ‘aguantado’ en cierto restaurante funcionaba como credencial, como señal de resistencia y como forma de legitimación dentro del sector y, de alguna manera, abría puertas de otras cocinas. 

“En muchísimos restaurantes de este país —y en el sector todo el mundo lo ha escuchado, aunque casi nunca se diga en voz alta— se ha maltratado psicológica y físicamente a trabajadores durante años”, sostiene López. A su juicio, el prestigio funcionó como escudo. Cuanto más codiciado era un restaurante, más fácil resultaba imponer una disciplina basada en el miedo a una cantera de stagiaires y jóvenes cocineros dispuestos a soportarlo casi todo con tal de aprender y progresar. “Eso debería haber estado prohibido hace mucho tiempo”, remata.

La clave estaba ahí. Mientras hubiera aspirantes haciendo cola en la puerta, dispuestos a aceptar jornadas extremas, malos modos o una jerarquía casi militar a cambio de una promesa de futuro, el poder dentro de algunas cocinas era casi absoluto. El maltrato no siempre se nombraba como tal. A menudo se presentaba como parte del precio a pagar por aprender en una gran casa. Como un peaje profesional que luego podía convertirse en capital simbólico.

En muchísimos restaurantes de este país —y en el sector todo el mundo lo ha escuchado, aunque casi nunca se diga en voz alta— se ha maltratado psicológica y físicamente a trabajadores durante años

Aitor López — cocinero al frente de Citrus del Tancat

La psicología del trabajo lleva años describiendo ese mecanismo. La teoría del aprendizaje social, formulada por Albert Bandura, sostiene que las personas aprenden observando qué conductas se premian, se toleran o se castigan en su entorno. En el trabajo, eso significa que un empleado no solo interioriza procedimientos o formas de hacer, sino también qué tipo de trato se considera aceptable dentro de una estructura. Un estudio reciente publicado en Frontiers in Psychology resume esa idea de forma muy clara al señalar que los trabajadores aprenden qué conductas son aceptables observando cómo los supervisores tratan a otros empleados. Dicho de otro modo, igual que se hereda una manera de organizar un pase o de sacar una partida, también puede heredarse una forma de corregir, de presionar y de castigar el error. 

Ese aprendizaje ayuda a explicar por qué determinadas prácticas pueden sobrevivir incluso cuando nadie las justifica abiertamente. Si alguien se forma en un entorno donde la bronca se interpreta como método y donde la dureza se confunde con liderazgo, es más fácil que termine incorporando esa lógica como parte del oficio. No porque la comparta del todo, sino porque la ha visto funcionar como norma. Lo que en otro sector se nombraría como abuso, en algunas cocinas se disfrazó durante años como exigencia.

Ese modelo empezó a resquebrajarse antes del caso Noma, aunque el escándalo lo haya acelerado y lo haya hecho visible. No necesariamente porque el sector haya hecho una gran autocrítica, sino porque el contexto ya no es el mismo. Los trabajadores y aspirantes conocen mejor sus derechos, identifican con más claridad dónde están los límites y están menos dispuestos a aceptar que determinadas prácticas formen parte de la formación. También ha cambiado el mercado laboral. La falta de personal en la restauración ha reducido el margen de impunidad de muchas cocinas. Donde antes había una cantera casi inagotable, ahora hay más capacidad para marcharse y poner límites.

Cristina Cánovas, de Palodú (Málaga), lo cuenta desde un lugar muy concreto. “Recuerdo que había veces que iba al trabajo pensando: ‘Espero no fallar hoy en nada’. Era una pequeña ansiedad diaria para que no te dijesen nada”. No habla de un gran episodio aislado, sino de algo más reconocible y quizá más extendido. Esa suma de broncas, tensión y miedo al error que, con el tiempo, “te va minando poco a poco”.

Recuerdo que había veces que iba al trabajo pensando: ‘Espero no fallar hoy en nada’. Era una pequeña ansiedad diaria para que no te dijesen nada

Cristina Cánovas — Palodú (Málaga)

En su caso, esa memoria es precisamente lo que marca una línea roja. “Cuando decidimos emprender, lo teníamos claro. No queríamos que la gente que trabajase con nosotros se sintiera como nosotros nos sentimos en el pasado”, explica. “Se puede enseñar desde el cariño y desde la humildad”. En Palodú, esa decisión no se queda en el discurso. Se traduce en una organización distinta del trabajo, con tres días libres, atención al descanso y una voluntad explícita de que el equipo pueda conciliar. Puede parecer una obviedad, pero en la restauración española no lo ha sido durante mucho tiempo.

Su testimonio apunta a otra cuestión importante. El problema no era solo la gran escena de violencia o la anécdota extrema. También era esa ansiedad cotidiana, más difícil de detectar, que convertía la jornada en una anticipación constante del error. Ahí se sostuvo buena parte de la cultura de la dureza. No solo en los episodios más graves, sino en una atmósfera donde equivocarse parecía inaceptable y donde el miedo se incorporaba como una forma de orden.

Ahí aparece el segundo gran asunto que deja el caso Noma en España. No solo cómo se sostuvo durante tanto tiempo un sistema abusivo, sino quién tiene ahora que desmontarlo. “No hemos heredado solo una profesión, sino un sistema casi agotado”, resume Bruno Jordán, jefe de sala del restaurante Ansils, en Anciles, en el Valle de Benasque. Su diagnóstico no apunta solo a los abusos del pasado, sino al modelo entero que los sostuvo. Jornadas inasumibles, estructuras apoyadas en trabajo precario, una normalización del sacrificio que durante años se confundió con genialidad y una épica del aguante que hoy ya no encuentra el mismo terreno.

“No vivimos ese auge, pero sí pagamos sus consecuencias”, dice Jordán. Buena parte de la generación que hoy intenta sostener proyectos propios no participó de la edad dorada que convirtió a ciertas casas en templos del prestigio, pero sí hereda ahora sus contradicciones. “Ahora el talento joven ya no acepta lo que antes se vendía como aprendizaje, pero la estructura que hemos heredado sigue diseñada para funcionar bajo aquellas condiciones. Se nos exige mantener el nivel, la creatividad y la excelencia, pero sin las herramientas humanas y económicas que hicieron posible ese modelo”, añade.

El talento joven ya no acepta lo que antes se vendía como aprendizaje, pero la estructura que hemos heredado sigue diseñada para funcionar bajo aquellas condiciones

Bruno Jordán — jefe de sala del restaurante Ansils (Anciles, Valle de Benasque)

Su reflexión desplaza el foco de una manera útil. Señalar los abusos del pasado es necesario, pero no basta. También hay que mirar las condiciones que hicieron posible esa cultura y las dificultades de quienes intentan ahora trabajar de otra manera. Cambiar un sistema no consiste solo en denunciar sus excesos. También exige construir una alternativa en un sector con márgenes estrechos, plantillas inestables y una presión constante por seguir ofreciendo experiencias de alto nivel. La generación que quiere romper con la cultura del miedo no es la que la levantó, pero sí la que tiene que asumir el coste de transformarla.

Ese es, probablemente, el verdadero poso que deja el escándalo de Noma en España. No solo la caída de un gran nombre ni la constatación de que la alta cocina también ha producido entornos tóxicos. Lo que deja es una revisión de la herencia. La pregunta por las condiciones que permitieron durante años que la violencia se confundiera con exigencia, que el silencio se premiara con prestigio y que el miedo pudiera presentarse como método de formación.

La cultura de la dureza no ha sido universal ni, sobre todo, inevitable. “Yo he estado (trabajando) en el que para mí es uno de los mejores restaurantes de España, que es Ricard Camarena, y a mí nunca me han levantado la voz, ni nunca me han tratado mal. Puede haber momentos de tensión, puede haber momentos de más presión, pero a mí nunca se me ha faltado al respeto. Nunca se me ha chillado, ni se me ha hostigado para mantener la exigencia” asegura Aitor López. Parte del sector empieza ahora a decir en voz alta lo que antes se comentaba en privado. Que la excelencia no necesita humillación. Que un equipo agotado o asustado no aprende mejor por sufrir más. Y que la gran ruptura no consiste en rebajar la exigencia, sino en dejar de confundirla con el sufrimiento. El caso Noma no ha abierto esa conversación en España, pero sí ha hecho más difícil seguir esquivándola.

En enero de 2023, el supuestamente mejor restaurante del mundo –si se cree en listas y distinciones subjetivas– anunció a bombo y platillo su cierre repentino debido a una razón muy peculiar: si pagaba un sueldo a todos sus empleados, incluyendo los estudiantes en prácticas conocidos como stagiers, el negocio no era rentable. Pasado un tiempo razonable, se descubrió que ese punto y final no era tal, ya que Noma se acabó transformado en una especie de restaurante nómada con eventos especiales a 1.500 dólares el cubierto. A priori, la jugada de René Redzepi, el famoso chef de Noma, era maestra: ¿por qué deslomarte a diario en tu propio restaurante cuando hay clientes adinerados por todo el mundo dispuestos a pagar la fiesta?

La madre del cordero se descubrió al resolver la equis de la ecuación. La incógnita que hacía saltar todo por los aires. Sí, Noma era el mejor restaurante del mundo de puertas afuera, pero se convertía en la casa de los horrores de puertas adentro, con vejaciones, castigos y agresiones del chef a su joven equipo. Atrocidades tan salvajes como pinchar con un tenedor a sus empleados por debajo de la cintura durante el servicio porque la cocina abierta a la vista de la clientela no destapara la brutalidad del monstruo.

Con la publicación del reportaje en The New York Times, firmado por la ganadora del premio Pulitzer Julia Moskin con 35 testimonios en primera persona, los acontecimientos se han desencadenado a un ritmo frenético. Extrabajadores se han manifestado en las calles, patrocinadores millonarios han cerrado el grifo, una carta legal de One Fair Wage amenaza con acciones penales por su legado directo vinculado a la esclavitud y, como colofón, René Redzepi se ha visto acorralado y obligado a dar un paso atrás abandonando su puesto de mando en primera línea y pidiendo perdón en un vídeo publicado en redes sociales.

Aquí es de vital importancia el cómo. Las imágenes, con multicámara de alta calidad y con planos cortos de sus trabajadores –¿dónde está el consentimiento?– que presagia un futuro documental de Netflix, muestran un cocinero entonando el mea culpa desde un plural mayestático más que discutible: “Superaremos esto”, se repite hasta tres veces, y una frase en particular resuena en los tímpanos: “No es lo que somos ahora”, dice con el mensaje estudiado al milímetro. El perdón a las víctimas se diluye como un azucarillo y toma fuerza la redención personal para resurgir de las cenizas buscando el aplauso del sujeto arrepentido, del sujeto deconstruido.

Lo sucedido en Noma es tan solo la punta del iceberg que no deja ver en la superficie la raíz de un problema de mayor calibre

Con estos modos discutibles, la disculpa se embarra en un intento desesperado de salvar lo inevitable: Noma está herido de muerte. Es más, Noma ya ha muerto porque Noma no tiene futuro. Noma es –ahora sí– historia de la alta cocina guiada por un cocinero que jugó a ser dios con nuestro beneplácito. Así es como debería convertirse en caso práctico de mala praxis en las escuelas de cocina del mundo para que ningún joven con aspiraciones cometa el mismo error de bulto.

Ahora bien, una vez resumida la trama sería tremendamente lógico pensar que esta historia pertenece a las élites, que no incumbe a la mayoría de mortales que no pueden pagar estas morteradas para sentarse en la mesa, que poco o nada tienen en común el nicho de restaurantes con tres estrellas Michelin, o de la lista The World 50 Best Restaurants, con los restaurantes de gama media y las casas de comida de barrio o de pueblo con menú de mediodía que luchan por sobrevivir. Pues bien, sería tremendamente lógico pensarlo y, a la vez, sería un error flagrante porque lo sucedido en Noma es tan solo la punta del iceberg que no deja ver en la superficie la raíz de un problema de mayor calibre que nos atañe a todos.

La denuncia de malos tratos dentro de una cocina no debería sorprender a nadie porque lo hemos convertido casi en cultura pop. Las audiencias televisivas han aplaudido las nueve temporadas con 116 episodios de 'Pesadilla en la cocina' de Alberto Chicote, entre otros programas

Para empezar, la denuncia de malos tratos dentro de una cocina no debería sorprender a nadie porque lo hemos convertido casi en cultura pop. Las audiencias televisivas millonarias han aplaudido las 24 temporadas con 373 episodios de Gordon Ramsay en La Cocina del Infierno o las nueve temporadas con 116 episodios de Pesadilla en la cocina de Alberto Chicote. Hemos cenado en el sofá del hogar visualizando los puñetazos, los golpes y los gritos que tanto han escandalizado a la opinión pública en el caso de Noma sin que nos produjera acidez en el estómago. Ni antes era ciencia ficción ni ahora es un caso aislado. Incluso el propio René Redzepi había reconocido años atrás que había sido un bully durante gran parte de su carrera y la gente seguía llenando su comedor sin remordimiento alguno.

En segundo lugar, el tema tiene mayor alcance de lo que aparenta porque son muchos los jóvenes que realizan prácticas en restaurantes de renombre. Claro está, nada que no suceda en otros sectores laborales. El matiz que lo cambia todo es que en este tipo de restaurantes que aspiran a todos los premios y el máximo reconocimiento, el servicio no llega a la mesa sin el trabajo de estas jóvenes promesas sin contrato laboral profesional. Es decir, yo mismo hice prácticas en los servicios informativos de una cadena de televisión pública, pero el telediario se emitía sin ningún problema sin mi intervención. Aquí radica el matiz que lo cambia todo. Estos stagiers sienten un extra de presión en el cogote y, además, desean con todas sus fuerzas no fallar a sus ídolos ni entrar en listas negras que les impedirá seguir labrando un futuro prometedor.

En este tipo de restaurantes que aspiran a todos los premios y el máximo reconocimiento, el servicio no llega a la mesa sin el trabajo de estas jóvenes promesas sin contrato laboral profesional

Además, hablamos de perfiles de jóvenes en prácticas durante tres meses que, en muchas ocasiones, han logrado ese puesto con la competencia de centenares de perfiles similares, que han llegado hasta la puerta del restaurante gracias al patrocinio de los ahorros familiares o que desconocen la lengua local e incluso el marco legal ante cualquier zancadilla. Eso los deja automáticamente en una posición extremadamente vulnerable que hay que llenar de cuidados ante posiciones de poder. “Si todo eso es cierto, ¿por qué no se iban?”, ha dicho más de un cocinero de relumbrón. Señores, no se marchan a ninguna parte porque no saben dónde ir, porque no vamos a descubrir ahora el síndrome de Estocolmo y porque poner el acento en la víctima, y no en el acosador, es suspender la asignatura de primero de maltrato en 2026. 

Y en tercer y último lugar, existe un tema menos conocido que se podría definir como doping gubernamental. “El movimiento New Nordic Cuisine no es tan solo un movimiento culinario, sino también estrategia turística estatal con participación política e institucional. Noma y Redzepi no son simplemente una empresa privada sino que se han convertido en infraestructuras equiparables a un Mundial de Fútbol, la Fórmula 1, Eurovisión o el Festival de Cannes; todos ellos acontecimientos privados instrumentalizados por el sector público”, escribe la cocinera María Nicolau. La proyección estratégica de Noma interesaba a los políticos daneses y no debería extrañar el blindaje sistemático de su protegido al que se le inyectaban millones de coronas danesas en promoción indirecta de marca de país. Esto es, criticar a Noma y a René Redzepi era aceptar el fallo de las políticas nacionales. 

La proyección estratégica de Noma interesaba a los políticos daneses y no debería extrañar el blindaje sistemático de su protegido al que se le inyectaban millones de coronas danesas en promoción indirecta de marca de país

Ante este panorama, demoler la figura del chef superestrella no fue, es ni será una tarea sencilla. El genio en la cocina nace del esquema escoffierano de cocinas divididas en partidas replicando el modelo militar, un modelo que se amplificó hasta lo insospechado cuando en Estados Unidos decidieron emular el fenómeno de las estrellas de rock. Militares y rock stars vinculados a un oficio artesanal, discreto y vocacional. Y hay un término medio entre el tópico del pasado del cocinero sucio, grasiento, alcohólico y recién salido de la cárcel que se ocultaba en un cuarto oscuro llamado cocina a deidades intocables por encima del bien y del mal que parece que elaboran un menú degustación de veinte platos por arte de magia. Rellenar de mitología lo humano ha servido para construir algo así como una autopista macabra hasta un cielo inexistente de estrellas apagadas que está dejando a demasiados profesionales valiosos en la cuneta. Porque si incluso los guionistas de Hollywood han descubierto que un cocinero puede ser el personaje más malvado de una película o de una serie (The Bear, The Menu, Boiling Point, etc.) es que algo ha fermentado tan mal que ya es irreconocible. 

“Lo de Noma es inadmisible. Es absolutamente inadmisible. Si el precio a pagar por la excelencia ha de ser este no lo queremos. Si todos lo tenemos claro será muy positivo”, dice Oriol Ivern, cocinero catalán del restaurante Hisop de Barcelona. “Que salga a la luz es ejemplificante para que no se le ocurra hacerlo a ningún otro chef. Y quien tenga problemas psicológicos que se trate antes de que acarree consecuencias en un equipo de trabajo”. Palabras sensatas de un cocinero sensato. Por eso, la solución de Noma no está en Noma, la solución ya no depende de chefs superestrella que todos conocemos. La puerta abierta hacia el gran cambio depende del comensal cuando elige un restaurante y descarta otro, pero sobre todo depende de esos jóvenes que un día fueron stagiers y ahora ya son jefes de cocina o están a punto de abrir su propio restaurante y deciden no replicar el modelo que sufrieron en sus propias carnes. Para que nunca más nadie pueda decir que el maltratado dentro de una cocina del presente es el maltratador de la cocina del futuro en un círculo vicioso que hay que erradicar.

El Comité de Empresa de la Universitat de Barcelona (UB) ha reprochado al catedrático de Ciencia Política y exvicerrector de la universidad, Jordi Matas, que difundiera en un acto público el nombre y apellido de la estudiante que lo denunció por acoso sexual en 2017.

En un comunicado emitido el miércoles, el Comité recuerda a Matas y a los profesores de su entorno (sin citarlos) que su conducta “vulnera gravemente” el protocolo de la universidad contra el acoso sexual y les recuerda el deber de mantener el anonimato de los denunciantes así como de las personas que las acompañan o apoyan, tanto durante como después del procedimiento.

“Este compromiso es vinculante y su incumplimiento puede derivar en actuaciones disciplinarias”, recuerda el comunicado remitido a toda la plantilla y revisado por elDiario.es.

Una alumna a la que iba a tutorizar el trabajo de final de grado denunció a Matas por acoso sexual ante la UB en marzo de 2017. La estudiante aseguró que el catedrático le mandaba mensajes subidos de tono y que, entre otros aspectos, le había confesado en su despacho que había tenido dos sueños eróticos con ella.

El caso fue archivado por una comisión formada por tres hombres. El rector del momento, Joan Elías, publicó una resolución que le eximía de cualquier responsabilidad y concluía que el comportamiento de Matas “había podido ser contraria a los valores éticos y deontológicos exigibles” al profesorado de la UB.

Una investigación de elDiario.es, publicada en diciembre de 2023, reveló los cientos de mensajes que Matas había intercambiado con esta alumna así como los seguimientos que el docente llevó a cabo a la estudiante cuando ella decidió cortar el contacto con él.

La publicación del reportaje generó una ola de protestas en la universidad que le forzó a renunciar a su puesto de vicerrector y a diversos cargos en otros organismos públicos. Actualmente ejerce de coordinador del Plan de dinamización lingüística de la UB.

Matas demandó pocos meses después tanto a elDiario.es como a la alumna que había relatado su experiencia en el reportaje. El juez, sin embargo, avaló la investigación de este periódico porque transmitía “información contrastada” sustentada en “hechos documentados” y entrevistas “a varios testigos”. El fallo le impuso el pago de las costas del proceso y Matas recurrió la sentencia (todavía no hay fallo de la Audiencia Provincial al respecto).

Desde el pasado verano, tanto Matas como su entorno han difundido de manera reiterada el nombre de esta estudiante en actos de la universidad así como en un evento público celebrado el pasado julio en apoyo al catedrático. Matas y un grupo de docentes que lo apoyan consideran que el profesor fue “víctima de una campaña difamatoria” y llevan meses pidiendo al rector de la UB, Joan Guàrdia, la restitución del politólogo como vicerrector.

Tanto en ese acto como en una entrevista posterior, Matas ha cargado contra elDiario.es y ha acusado al antiguo rector, Joan Elías, de filtrar su caso a los medios para perjudicarle a él y al independentismo. Los ataques del catedrático y algunos profesores afines también se han dirigido contra la estudiante que lo denunció así como contra el profesor de Economía que la atendió en un primer momento y le recomendó presentar una queja formal.

El Comité de Empresa también apoya en su comunicado a este docente, al que Matas ha acusado en diversas ocasiones de simpatizar con la ultraderecha y de haber apoyado a la estudiante solo para perjudicar al catedrático. El texto destaca que este profesor “cumplió con su deber preceptivo” de acompañar a personas que podrían haber sufrido acoso.

El Fiscal pide tres años y tres meses de cárcel para A.M.R., administrados de la sociedad mercantil 'Borokai Amenri, S.L.', por dos delitos contra los derechos de los trabajadores, al explotar a 16 mujeres en el club de alterne 'Los Tres Marqueses' de Recajo (La Rioja). Además le impone una multa de 2.700 euros.

El juicio está previsto que se desarrolle el 17 de febrero, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial. Según el escrito, el administrador no contaba con antecedentes penales en la fecha de los hechos -en mayo de 2023-, si bien posteriormente fue condenado como autor de un delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo a la pena de 6 meses de prisión.

Los hechos por los que será juzgado el martes, se produjeron durante una visita de inspección realizada a 'Los Tres Marqueses, sobre las 19,30 horas del día 11 de mayo de 2023 por parte de los funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja, junto a efectivos de la Guardia Civil. Precisamente, diez días antes, una mujer en situación de prostitución había aparecido muerta en ese mismo club.

Allí, se puso de manifiesto que “había dieciséis trabajadoras por cuenta ajena que estaban en plena actividad laboral para la entidad mercantil 'Borokai Amenri, S.L.' -cuyo único socio y administrador es A. M. R- sin estar dadas de alta en la Seguridad Social”. De las 16 mujeres, nueve carecían, además, de autorización de residencia y trabajo en España.

La actividad realizada por las 16 personas “cumple los requisitos que caracterizan la relación laboral por cuenta ajena según lo preceptuado en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores”.

Así, dichas mujeres “acudían al club estando sometidas a un horario establecido desde las 18,00 horas hasta las 04,00 horas aproximadamente, dependiendo del día; ofreciendo sus servicios con los medios de producción de la empresa -en la práctica, durante el horario de apertura del bar del establecimiento de hospedería- y obteniendo una retribución basada en comisiones al ser invitadas a copas por los clientes por los servicios de alterne que les ofrecen, esto es, acompañamiento y conversación durante su estancia en el bar de dicho establecimiento”.

De este modo, el bar “obtenía la mitad del precio de la copa, y la mujer recibía del camarero, en mano, la otra mitad en el momento del abono de la copa”. La empresa, a la fecha del inicio de la actuación inspectora, “contaba exclusivamente con nueve trabajadores por cuenta ajena de alta en la Seguridad Social”.

Por tanto, más del 50 por ciento de su plantilla total -de 25 personas- estaba trabajando “sin estar dada de alta en la Seguridad Social”.

Para el fiscal estos hechos son constitutivos de dos delitos contra los derechos de los trabajadores, por el que le pide por uno de ellos 2 años y medio de cárcel, y 2.700 euros de multa, y por el otro nueve meses de prisión más.

*Los términos “trabajadoras”, “ofrecer servicios”, etc responden a la terminología literal que se utiliza en el escrito de acusación.

El juez Adolfo Carretero sigue adelante con los trámites del procedimiento abierto contra Iñigo Errejón tras la decisión de Elisa Mouliaá de mantener la acusación de abuso sexual contra él. En un auto fechado este jueves, el magistrado da por “no ratificada” la renuncia que anunció la actriz en un primer momento. En consecuencia, rechaza la petición de archivo formulada por el exdiputado y le cita el próximo martes 17 de febrero para notificarle la apertura de juicio oral. 

El pasado 4 de febrero, Mouliaá anunció en sus redes sociales que había comunicado al juzgado que se retiraba del procedimiento por “razones estrictamente personales y de salud”. El escrito, sin embargo, no estaba firmado por su abogado y su procurador, por lo que no tenía validez a efectos procesales. Apenas seis días después, la actriz cambió de criterio y su letrado acudió al juzgado para dejar “sin efecto” una renuncia que nunca se había ratificado formalmente.

Por tanto, el procedimiento sigue ahora su curso como si la denunciante no hubiera realizado ninguno de estos movimientos. Errejón está citado de nuevo para recoger el auto de apertura de juicio oral y la Audiencia Provincial, que es la instancia superior, tiene previsto fijar una nueva fecha para resolver los recursos presentados tanto por él como por la Fiscalía contra la decisión del juez instructor de sentar al exdiputado en el banquillo.

La Audiencia Provincial se reunió el pasado lunes para deliberar sobre estos recursos. Sus magistrados, sin embargo, optaron por dirigirse a Carretero para pedirle que aclarase si había recibido el escrito por el que la actriz comunicó que renunciaba a la acusación e instándole a aclarar si había tomado alguna decisión al respecto.

Ante los medios, Mouliaá explicó esta semana que su cambio de criterio se debía al reciente escrito de conclusiones en el que la Fiscalía afirma que “no hay delito” y que pedirá su absolución en caso de que la causa llegue a juicio. “He decidido que voy a continuar adelante en el procedimiento porque es deleznable que la Fiscalía haya escrito un escrito de absolución diciendo que además sí hubo consentimiento”, afirmó la actriz.

El Ministerio Público sostiene que no hay pruebas de que Errejón “fuera consciente por los hechos anteriores y por la forma en la que actuó la denunciante” de que ella no deseaba esa relación. En su escrito de conclusiones, del pasado enero y conocido esta semana, la fiscal afirma que la actriz no puso “oposición” cuando el exdiputado le dio un primer beso y que, después, él accedió cuando ella le dijo que parara porque no le estaba agradando un encuentro sexual debido a la “premura” y “vehemencia” con la que él estaba actuando. 

El juez instructor, sin embargo, consideró que los hechos pueden ser constitutivos del antiguo delito de abuso sexual porque el exdiputado de Sumar “no empleó la violencia o intimidación”. Los hechos denunciados por la actriz se remontan a octubre de 2021, antes de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí que integró toda la violencia sexual bajo la denominación de agresión.

En su denuncia, Mouliaá relató haber sufrido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual por parte de Errejón al menos en tres ocasiones en la misma noche de octubre de 2021, antes, durante y después de una fiesta a la que acudieron en casa de unos amigos de ella. Errejón reconoció que quedó con Mouliaá, pero insistió en que todo fue consentido.

En su resolución, el juez Carretero otorgó credibilidad al relato de la denunciante, que constituye el principal “indicio probatorio” ante la ausencia de testigos presenciales de unos hechos que se habrían producido en la intimidad. El magistrado considera que su declaración fue “coherente en lo esencial” aunque no recordara algunos “detalles secundarios”, como si la habitación donde se habrían producido parte de los tocamientos tenía o no pestillo.

El magistrado admitió que la sometió a un “largo y exhaustivo” interrogatorio, en el que llegó a preguntarle si había denunciado por despecho. Y que ella “mantuvo la coherencia” y explicó que si no respondió a uno de los presuntos abusos —como sí hizo ante el tercer episodio— fue porque estaba “aturdida” y “bloqueada” ante la situación

La misma semana en que el Gobierno anunció la regularización extraordinaria, varias mujeres migrantes comentaban la noticia en un restaurante mexicano del barrio madrileño de Tetuán. Trataban de entender los requisitos de la futura medida -cuyo texto definitivo se desconoce y aún no ha sido aprobado-, cuando una de ellas se presentó como abogada, empleada de una reconocida gestora. Les aseguró que podría apoyarlas con la tramitación de sus peticiones y les entregó su número de teléfono por si necesitasaban sus servicios. Regina (nombre ficticio) decidió llamarla pero, días más tarde, llora desconsolada tras sentirse víctima de una estafa.

“Me pidió 200 euros en efectivo, insitió en que era necesario para hacer un trámite y si no, no podría optar a la regularización. Se los pagué. Al día siguiente me di cuenta de que me había engañado”, cuenta la solicitante de asilo a elDiario.es. Asegura que la persona que está detrás de la estafa la ha amenazado con hacer daño a su familia en su país de origen, dado que le proporcionó mucha información sobre ellos, así como denunciarla a la policía para frustrar su regularización: “He pasado por muchas cosas aquí, no puedo tirar todo por la borda”, dice con la voz entrecortada.

La persona a la que pagó, asegura la mexicana afectada, no era quien decía ser. “No me ha devuelto el dinero, que supuestamente era para solicitar mis antecedentes”, lamenta la mujer, quien lleva más de un año a la espera de la respuesta de su solicitud de asilo, por lo que prefiere acogerse al proceso de regularización. “Ese dinero lo necesitaba para el alquiler, pero hice el esfuerzo porque me dijo que, si no, me podría quedar fuera”, clama.

El anuncio de la regularización extraordinaria de migrantes ha despertado la esperanza de cientos miles de personas que desean beneficiarse de la medida, pero también ha multiplicado el ansia de quienes tratan de hacer negocio de su desesperación. El caso de Regina, que denuncia haber sido engañada por una mujer que se hizo pasar por empleada de una reconocida gestora experta en extranjería, es la punta del iceberg del alarmismo generado en redes sociales por ciertas cuentas que urgen a sus seguidores a “empezar a tramitar” sus casos de regularización cuando todavía no ha sido aprobada la normativa que regularará su procedimiento, por lo que los requisitos incluidos en el borrador de la medida aún están sujetos a cambios.

Una semana después del inicio de la tramitación de la regularización, en un momento en que el borrador de la medida se encuentra audiencia pública, ya empiezan a proliferar las primeras denuncias de estafas dirigidas hacia migrantes deseosos de conseguir sus papeles. Además de las estafas, como la denunciada por Regina, en los últimos días también han aumentado las críticas sobre la tendencia de algunos abogados de extranjería que, a través de vídeos en TikTok o Instagram, han urgido a los migrantes interesados en la regularizacion a cerrar citas de asesoramiento con determinados despachos a cambio de dinero, en un momento en que aún se desconoce el contenido definitivo de la normativa. No saben, por tanto, si finalmente podrán optar a ella o no.

Denuncias de estafas

La denuncia de Regina es una de los que ha empujado a la gestora colegiada Griselda Herrera, especializada en derechos humanos y extranjería, a publicar este miércoles un post en Facebook para alertar del uso fraudulento de su nombre y su oficina. “Se informa a todos mis contactos, clientes, compañeros y amigos que la Gestoría Herrera no tiene trabajadores que les citen en cafeterías para dar asesoramientos o pedirles dinero, menos para recibir documentos”, ha afirmado. “Mi despacho es una gestoría unipersonal y estoy en las oficinas profesionales de la calle [...]”, ha aclarado la profesional, tras recibir las quejas de un par de exclientes que aseguran haber quedado con una mujer que decía ser su empleada y pedía dinero a cambio de tramitar su proceso de regularización.

“Están intentando estafar utilizando mi nombre, aprovechándose de su desesperación. Una mujer ha caído y, como había dado toda la información de su país de origen, ahora la están amenazando con denunciarla e impedir su regularización”, explica la gestora sobrecogida, quien asegura haber comunicado el caso al Colegio de Gestores de Madrid y tiene la intención de presentar una denuncia ante la Policía Nacional.

Un vistazo en Facebook o Wallapop basta para encontrar ofertas de supuestos servicios de asesoramiento ligados a la regularización. Algunos de los mensajes más sospechosos, publicados en distintos grupos de personas inmigrantes en España, van acompañados de carteles realizados con inteligencia artificial y no incluyen el nombre del despecho o de un abogado específico. No dicen precio, animan a solicitar información por privado. En Wallapop también ha sido publicado ya al menos un anuncio que oferta ayuda para este tipo de trámites. El precio, supuestamente, es 1 euro, pero no detalle las condiciones o si luego requerirá más cobros.

Más allá de los intentos de estafas, de engaños de personas que se hacen pasar por abogados o gestores sin serlo, algunos abogados han acusado de “alarmismo” y “abuso” el comportamiento en redes sociales de algunos compañeros juristas que han publicado ofertas para tramitar la regularización y han urgido a sus potenciales clientes a “iniciar el trámite” cuando todavía se desconoce el texto definitivo de la regularización.

Camilo A. Escobar es uno de los letrados expertos en Extranjería que en los últimos días han criticado las estrategias de algunos compañeros para atraer clientes interesados en la regularización pese a que el texto aún no ha sido aprobado. “Hay despachos que anuncian que están 'tramitando expedientes' o reservando supuestos cupos cuando ni siquiera se conocen los requisitos definitivos, sostiene en conversación con elDiario.es. El letrado, que ha publicado varios vídeos en redes sociales cuestionando estas prácticas, considera que se están exigiendo precios ”desorbitados“, con cobros por adelantado de cientos de euros por trámites que aún ”no existen“. A su juicio, este tipo de mensajes pueden estar presionando a las personas migrantes, que ante el miedo a quedarse fuera, ceden y acaban pagando cuando aún no es necesario ni saben si podrán ser finalmente beneficiados.

“Se está presionando a personas migrantes desesperadas con miedo a quedarse fuera, pero ¿cómo van a asesorar sobre un texto que no está firmado?”, se pregunta. El jurista recuerda lo ocurrido con el último borrador del reglamento de Extranjería, que generó expectativas en solicitantes de asilo y luego, no solo los dejó fuera, sino que empeoró su situación. “¿Con qué cara cobras una consulta sobre algo que sabes que puede cambiar por completo? ¿Y si luego cambia y esa persona no podía optar a la regularización?, añade.

El Ministerio pide “calma” para evitar abusos y colas innecesarias

Tras estas quejas y después de que se hayan registardo filas frente algunos consulados de distintos países de España para realizar trámites relacionados con la regularización, el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ha lanzado un comunicado para recordar que aún no está abierto el plazo de presentaciones para el proceso de regularización y, por tanto, realiza “un llamamiento a la calma”. Desde Migraciones insisten en quaeel borrador de la normativa se encuentra en fase de audiencia pública, por lo que su contenido y requisitos están sujetos a cambios. Fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz reconocen sentirse preocupados por las informaciones que apuntan a “posibles abusos que se puedan comenter antes de que se sepan los requisitos”. Migraciones recuerda los distintos plazos que aún tiene pendiente la tramitación de la medida, que aún no ha sido aprobada, con el objetivo de evitar que quienes quieran regularizarse empiecen a “hacer trámites que aún no se tienen que hacer” y evitar “que no haya abuso por parte de algunas personas en beneficio propio”.

La Secretaría de Estado de Migraciones recalca que, tras la actual fase de audiencia pública, “el documento será revisado, incorporará los cambios que se consideren pertinentes y se remitirá a distintas instituciones para la emisión de informes, entre ellos el del Consejo de Estado”, antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. “Solo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se abrirá el plazo para solicitar la regularización, que el Ministerio prevé que comience en torno a principios de abril, es decir, dentro de aproximadamente dos meses”, indica la nota de prensa. Mientras tanto, el departamento que dirige Elma Saiz insiste en que las personas potencialmente afectadas consulten únicamente los canales oficiales del Gobierno para evitar bulos o informaciones falsas.

Paco Solans, abogado especializado en inmigración y portavoz de la Asociación Extranjeristas en Red, afea la actitud alarmista de algunos algunos compañeros en redes sociales. “Era previsible. Siempre hay algún aprovechado y gente con mucha jeta”, resume el letrado. Él también se ha chocado en la última semana con anuncios de servicios jurídicos que prometen gestionar la regularización a cambio de pagos elevados y anticipados, cuando aún no se conocen los detalles definitivos de la medida. “He visto anuncios que cobran 490 euros a los primeros que reserven y, al resto, 700. Eso provoca que haya gente que lo pague cuando aún no se conoce el texto definitivo y puede ser que, finalmente, no esté entre los beneficiados”, denuncia.

Solans marca una línea clara entre ejercer la abogacía como profesión o convertirla en negocio a costa de personas vulnerables. “Los que concebimos esto como una profesión ajustamos precios y no atentamos contra la dignidad de nuestro trabajo ni de la gente. Los que lo conciben como negocio, simplemente buscan recibir dinero”, afirma.

El teléfono del despacho de Solans no ha dejado de sonar en la última semana. “Llama mucha gente desesperada y, con razón, pero ahora mismo lo único que hacemos es calmarles”, explica. A quienes le consultan, añade, se les recomienda ir preparando documentación básica —como el pasaporte o los certificados de antecedentes penales del país de origen—, pero sin adelantar dinero. “Si quieren ir trayéndome papeles, vamos preparando cosas, pero por eso no les cobro”, aclara Solans, quien asegura que desde la red de abogados extranjeristas de la que forma parte tratan de trasladar un mensaje muy distinto al que está proliferando en TikTok entre algunos letrados: “Nuestra respuesta es la contraria a la que se está lanzando por ahí: tranquilidad. Todavía no se puede hacer nada. Paciencia”, concluye Solans.

Fueron 11 días de ataques machistas y agresión digital contra menores de edad con inteligencia artificial que Elon Musk permitió en una de las mayores redes sociales del planeta. Se generaron aproximadamente tres millones de imágenes sexualizadas fotorrealistas, la mayoría de mujeres que no dieron su consentimiento para su creación, y unas 23.000 que mostraban a niños y adolescentes.

Es la estimación que ha realizado el Center for Countering Digital Hate (CCDH) sobre el alcance del escándalo protagoizado por el magnate y Grok, su inteligencia artificial, en su red social X.

El detonante fue la introducción de una nueva función el pasado 29 de diciembre, anunciada por el propio Musk, que permitía a los usuarios de X editar imágenes con un solo clic utilizando la potencia de Grok. La herramienta se convirtió casi automáticamente en una vía para ejercer violencia digital contra las mujeres, con usuarios pidiendo a Grok que tomara fotografías de las afectadas y las mostrara en bikini o lencería. Sus creaciones se mostraban en abierto y eran visibles para todos los usuarios de X, como el resto de intervenciones de esta IA en la plataforma.

La viralización de este uso de la nueva función, que fue utilizada también para hacer bromas o captar la atención (creadoras de contenido en OnlyFans pedían a Grok que quitara la ropa de sus propias fotos) fue tolerada por Musk y X. Ante el escándalo generado, el magnate llegó a pedir a la IA que creara una foto de sí mismo en bikini como respuesta a las protestas.

Material sexualizado a escala industrial

El análisis del CCDH, basado en una muestra aleatoria de 20.000 imágenes generadas por la herramienta, expone hasta qué punto la sexualización de imágenes llegó a ser habitual. Del total de 4,6 millones de imágenes producidas por la función de edición en el periodo estudiado, el 65% de la muestra analizada contenía material sexualizado.

El informe recoge algunos ejemplos, como un “selfie antes de ir al colegio” subido por una niña que fue modificado para mostrarla en bikini. También documenta el uso de esta función como ataque contra políticas y mujeres conocidas como Kamala Harris o la viceprimera ministra sueca Ebba Busch, a las que mostró en situaciones denigrantes o con “fluidos blancos” sobre sus cuerpos sin que sus filtros de seguridad entraran en acción.

Según los datos del CCDH, una organización sin ánimo de lucro que investiga cómo las plataformas digitales amplifican la desinformación, el discurso de odio y abusos, la creación de desnudos no consensuados llegó a tener una escala industrial, con un ritmo estimado de 190 imágenes sexualizadas por minuto.

La cifra de las 23.000 imágenes sexualizadas de apariencia fotorrealista de menores, arroja un ritmo de creación de una cada 41 segundos. Además, los autores de la investigación identificaron otras 9.900 imágenes sexualizadas de menores en estilos no fotorrealistas (como anime o dibujos animados).

Muchas siguen siendo accesibles

La respuesta de la plataforma ante la presencia de este material, que legalmente constituye material de abuso sexual infantil (el Código Penal español abarca la creación de imágenes sexualizadas de menores con IA) tardó días en llegar y no ha solucionado el problema. Según el CCDH, el 15 de enero, días después de que estallara la polémica, el 29% de las imágenes de menores identificadas en la muestra seguían siendo accesibles públicamente en X. Incluso en los casos donde las publicaciones habían sido borradas, las imágenes permanecían accesibles a través de sus URL directas.

“Tomamos medidas contra el contenido ilegal en X, incluido el material de abuso sexual infantil, eliminándolo, suspendiendo cuentas de forma permanente y trabajando con los gobiernos locales y las fuerzas del orden según sea necesario. Cualquiera que utilice o incite a Grok a crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal”, afirmó una portavoz de X tras ser contactada por elDiairo.es.

La función de edición se restringió a usuarios de pago el 9 de enero, pero no fue hasta el 14 de enero cuando se implementaron restricciones técnicas adicionales para impedir que la IA “desnudara” a personas.

“El contenido sexual degradante y el material de abuso sexual infantil no son consecuencias inevitables de la tecnología. Son el resultado de una estrategia de producto deliberada por parte de X y de Elon Musk”, denunció Hilary Manson, cofundadora de Hidden Doors, una desarrolladora de IA especializada en videojuegos.

En España, la Agencia Española de Protección de Datos cuenta con un Canal Prioritario desde el que las víctimas de este tipo de ataques pueden solicitar la retirada urgente del material.

Este es el quinto episodio que dedicamos a la información exclusiva que ha publicado el elDiario.es junto a Univisión Noticias: Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales. En este episodio contamos una historia más de esta investigación: Julio lglesias trasladó a España a varias empleadas con un visado de turista, sin contrato y con sueldos de 340 euros.

Esta serie de episodios son parte de una investigación de elDiario.es realizada por Elena Cabrera junto a Ana Requena, con las que hablamos en este episodio. Han liderado esta investigación con la colaboración de María Ramírez, Raquel Ejerique, Izaskun Pérez, Natalia Chientaroli y, en la redacción de Univision Noticias, Federica Narancio, Esther Poveda, Gerardo Reyes y Margarita Rabin. Julio Iglesias no ha respondido a las preguntas que le han hecho llegar elDiario.es y Univision Noticias. En un comunicado público posterior, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

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Tras cinco años de “silencio” con las víctimas de pederastia, la congregación religiosa de los Maristas ha cedido e indemnizará finalmente a las personas que en Navarra han denunciado ser víctimas de religiosos del colegio de Pamplona. Así lo han anunciado este jueves representantes de Asociación de Víctimas de Pederastia de Instituciones Religiosas de Navarra (AVIPIREN), que se han concentrado frente al centro educativo. Con todo, critican que las compensaciones son “indignantes, vergonzosas y ridículas”.

“No llega a un tercio de las equivalentes en abusos de otras congregaciones”, ha asegurado su presidente, Marcos Leyún, que ha lamentado que las ayudas“ no suponen ni una sexta o séptima parte” de las que han percibido otras víctimas en España.

Además, AVIPIREN denuncia falta de transparencia de la Comisión del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos (PRIVA), organismo que ha fijado la cuantía de la indemnización, porque no les ha dado traslado de la información sobre sus casos que les remitió la congregación religiosa. “Les demandé que, para poder defender nuestra posición, teníamos que saber qué es lo que había presentado el colegio de los hermanos Maristas”, reclama Leyún. Ahora, está a la espera de respuesta a un correo “exigiéndoles explicaciones de por qué hay diferencias [en cuanto a las indemnizaciones] al mismo tipo de abuso”.

La Comisión PRIVA se creó para atender las denuncias de pederastia por parte de la Iglesia en toda España. Está compuesta por expertos independientes del ámbito jurídico y médico-forense que evalúan el efecto que han tenido los abusos en la vida de las víctimas. La comisión es la que fija la indemnización que cree oportuna para cada víctima en función de lo que le ha ocurrido.

Desde el Arzobispado de Pamplona señalan, a preguntas de este periódico, que es “imposible que por el mismo caso se pague menos” y aseguran que “la cantidad no difiere entre ser diocesano o de una congregación”. “Aunque sí en la velocidad”, puntualizan, puesto que, en el caso de las órdenes religiosas, son estas las que deben indemnizar a la víctima. Añaden que “Navarra es la diócesis que más pasos ha dado en el acompañamiento y reparación del daño a las víctimas”. “El arzobispo ha tomado las riendas del tema y personalmente pidió que hubiera representantes de la Iglesia también en la comisión foral (para quién no quisiera acudir a la Iglesia a denunciar), además de reunirse personalmente con los representantes de las asociaciones de víctimas y con las personas que han denunciado los abusos”.

Las víctimas de religiosos de Maristas en Navarra señalan que todavía conservan “cierta esperanza” en ser indemnizadas con una mayor cuantía económica, aunque resaltan que “no hay dinero en el mundo” que pague “las barbaridades” y el “sufrimiento” sufrieron. Han celebrado el histórico acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia firmado el pasado 8 de enero, que se prevé que incremente las cuantías de reparación a víctimas del clero y que “va a volver a estudiar los casos”. Según el pacto, el hecho de que cobren el dinero que se les ha fijado ahora, no les excluye de poder recibir una nueva indemnización. La asociación ha puntalizado que no quieren que el Estado cubra con los gastos, pues “no tiene responsabilidad de los abusos” y “la Iglesia tiene dinero de sobra y la congregación más”.

Marcos Leyún ha explicado que creen que puede haber muchos más casos de agresiones sexuales, puesto que él mismo fue testigo de las que sufrían sus compañeros de clase por parte de los profesores del colegio de la congregación Marista, “la medalla de plata en número de casos”.

Leyún fue víctima de pederastia en 1958, cuando tenía nueve años, y su caso ha prescrito. “El hermano se bajaba del estrado y nos metía mano a cinco de la misma clase, haciendo como que nos corregía lo que nos había mandado”, rememora. Hasta hace apenas unos años no constaban denuncias de abusos por parte de la Iglesia en Navarra, hoy rondan las 80.

También ha participado en la protesta Koldo Eslava, quien ha contado que de él “abusaron tres curas” y los Maristas “negaron la existencia de dos, como si no hubieran existido”, lo que a su juicio refleja la poca voluntad de la orden en reparar a sus víctimas. José Costana, también víctima de Maristas que ya recibió la indemnización y ha querido acompañar hoy a sus compañeros, ha contado que, a raíz de su denuncia a través de un medio de comunicación navarro, los Maristas se pusieron en contacto con él para decirle que “sentían mucho no haber sabido cuidarle como se merecía. Aunque no pedían perdón”. “Mucha gente no denunció en su momento por miedo y vergüenza y algunos tampoco lo cuentan hoy en día porque les sigue avergonzando y no tienen esperanza de que se solucione nada”, explica Marcos Leyún. La primera denuncia la puso hace siete años Jose Luis Pérez, víctima él y su hermano, y que escapó del Colegio Reparadores de Puente la Reina, “reinaba el miedo”, recuerda.

Defender la sororidad no está de moda. Más bien todo lo contrario, que las mujeres nos ayudemos es uno de los motivos de mofa contra nosotras. A veces incluso por parte de otras mujeres, porque también hay colaboracionistas que alimentan la actual ola reaccionaria contra el feminismo. 

Pero si elDiario.es ha podido publicar la investigación sobre Julio Iglesias es porque pese al miedo, que lógicamente atenaza a toda víctima, dos mujeres han dado el paso para explicar cómo es este tipo en realidad, un hombre que nada tiene que ver con ese ‘español que enamoró al mundo’, según el título de su reciente y exitosa biografía.

Y si, después de tres años, este magnífico trabajo periodístico ha visto la luz es también porque otras mujeres, con la compañera Elena Cabrera al frente, las escucharon para que dispusieran del tiempo y el espacio necesarios para atreverse a desmontar al todopoderoso Julio Iglesias. 

Todas sabían que era tan difícil como necesario que se supiera la verdad. Las víctimas porque, tras todo lo sufrido, eran conscientes de que lo eran y que el único culpable es él. Atreverse a contradecir la imagen de alguien como Iglesias requería valentía, mucha valentía. Ellas la han demostrado y su coraje probablemente ayudará a otras mujeres, en esas casas o en otras en las que puedan estar pasando cosas parecidas. Sabemos que ha sido doloroso reconstruir todo lo que vivieron dentro de unas mansiones que, según su descripción, escondían un sistema de castas entre las trabajadoras basado en el miedo.  

Tras las fotos en papel couché y ahora las versiones digitales de las secciones del corazón, existía otra realidad, la que Rebeca, una de las víctimas, define como “la casita del terror” porque era, según sus propias palabras, un drama, una cosa horrible. “elDiario.es ha dinamitado el mundo del corazón y todos tenemos que hacer autocrítica”, ha reconocido la periodista Pilar Eyre. 

Es imposible ponerse en el lugar de esas mujeres aunque el primer paso para intentar algo parecido a una reparación es que se conozcan sus testimonios y el mundo sepa cómo se las trataba ahí dentro. Los abusos que denuncian y que había al menos otras dos mujeres que desde el puesto de encargada o jefa del servicio de las mansiones instaban o pedían a las empleadas del servicio doméstico que acudieran a la habitación del cantante para mantener sexo con él en compañía de las jefas, según el relato de una las víctimas. 

Esas encargadas, como en otros conocidos casos, presuntamente no solo habrían permitido que Iglesias se comportase así sino que lo habrían posibilitado. Las víctimas explican que algunas de ellas habrían participado de esta fórmula que, según resumen, las hacía sentir como “esclavas”. Tanto estas como otras trabajadoras de las mansiones han descrito unas fórmulas de contratación y un déficit de derechos laborales que tampoco deberían pasarse por alto. Desde jornadas de 16 horas a obligarlas a estar delgadas o prohibirles tener pareja. Una de las encargadas no ha respondido a los mensajes de elDiario.es y Univision Noticias. Otra de ellas no ha contestado a las preguntas que le hemos formulado, pero ha señalado que no tiene “nada que decir frente a esas acusaciones”.

Sus admiradores alababan al cantante por ser un ‘donjuanista’ y un ‘playboy’. Pero en realidad, al menos dos mujeres le describen como un agresor y eso es lo que debería aparecer destacado a partir de ahora en su biografía, la real, no las hagiográficas. La buena noticia es que Ignacio Peyró, el autor de ‘El español que enamoró al mundo’ (Libros del Asteroide) y su editorial se comprometen a que se publique una nueva edición “revisada y actualizada” tras conocerse las informaciones que estamos desvelando.

Pese a los intentos de recabar las respuestas a las preguntas que hicimos llegar a Julio Iglesias y a sus abogados tanto por email como mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias, a fecha de hoy no las hemos obtenido.

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El PP andaluz ha dado de baja del partido al alcalde de Algeciras y senador nacional de los populares, José Ignacio Landaluce, tras la denuncia formulada contra el por acoso, tráfico de influencias y malversación. Ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, el PSOE lo ha acusado de haber cometido estos delitos contra dos excompañeras.

Así lo han transmitido a este medio fuentes del PP andaluz tras una rueda de prensa ofrecida este viernes en Córdoba por el secretario general del PP-A, Antonio Repullo. El dirigente popular ha confirmado que la petición de baja de Landaluce fue recibida por el partido este jueves. Fuentes del PP en el Senado han indicado a EFE que Landaluce ha registrado su baja del grupo, por lo que tendrá que incorporarse al grupo Mixto.

Fue un día antes, el miércoles, cuando el alcalde de la localidad gaditana remitió a los medios de comunicación un escrito en el que anunciaba su dimisión como presidente del PP de Algeciras y renunciaba a todos los cargos orgánicos que ocupaba tanto en la ejecutiva regional como en la nacional del partido con el objetivo, decía, de que la denuncia contra él no afectara al partido.

Según los estatutos del PP, si se produce una baja como afiliado y este s aforado -tal y como ocurre con Landaluce-, la competencia “exclusiva y excluyente” para instruir y resolver el expediente corresponde al Comité Nacional de Derechos y Garantías, de oficio o a propuesta del Presidente Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional. No obstante, fuentes del PP andaluz han señalado que la baja la ha tramitado el PP de Cádiz.

Landaluce ha abandonado sus puestos orgánicos, pero se mantiene como alcalde de la décima ciudad más grande de Andalucía y como senador. Este jueves, de hecho, estuvo sentado en su escaño en la Cámara Alta, dentro del grupo popular, a pesar de que ya no es militante del partido.

Preguntado por si estos hechos supondrán, además, una investigación interna por parte de la dirección del PP andaluz, desde el partido no han aclarado este extremo. Cuando se hicieron públicos los mensajes de Landaluce contra dos concejalas del Ayuntamiento de Algeciras -publicados y luego despublicados por el agitador Alvise Pérez en sus redes-, el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, anunció una investigación interna. “Cualquier tipo de denuncia que haya sobre mi partido tenemos que investigarla”, dijo, en una entrevista en el programa de Federico Jiménez Losantos.

Asimismo, Repullo ha asegurado que el PP tiene un canal interno para gestionar denuncias de abusos sexuales como ésta, aunque “no le consta” que haya llegado ninguna.

La Fiscalía de Área de Gijón solicita penas que suman nueve años de prisión para un hombre acusado de intentar besar a dos menores en una fiesta infantil de la espuma celebrada en el barrio de Las Maravillas, en Gijón, el 8 de octubre de 2023.

Según el Ministerio Fiscal, el procesado, nacido en 1965, acudió alrededor de las 17:45 horas al recinto festivo instalado en la calle Barreiros. Allí se dirigió primero a un niño de 10 años, al que agarró con fuerza por la parte superior de los brazos para impedir que se marchara y trató de besar en los labios, sin conseguirlo por la oposición del menor.

Sujetando de los brazos

Acto seguido, siempre según el relato fiscal, repitió la conducta con una niña de 9 años, a la que sujetó fuertemente de los brazos con intención de inmovilizarla. En este caso tampoco logró besarla en la boca, aunque sí le dio un beso en la mejilla.

La Fiscalía considera que estos hechos constituyen dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años, uno de ellos en grado de tentativa. Para el delito consumado solicita 6 años de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, la prohibición de aproximación a la menor a menos de 500 metros durante 8 años, la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, y diversas inhabilitaciones: 6 años para el ejercicio de la patria potestad, tutela o guarda; 12 años para cualquier actividad profesional o no que implique contacto directo y regular con menores; y 7 años de libertad vigilada tras la prisión.

Medidas de alejamiento

Por el delito en grado de tentativa, el Ministerio Público reclama 3 años de prisión, con las mismas medidas de alejamiento del menor afectado durante 5 años, y nuevas inhabilitaciones: 3 años para patria potestad, tutela o guarda; 8 años para profesiones con contacto con menores; y 5 años de libertad vigilada posteriores a la pena de cárcel.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el procesado indemnice a cada menor con 1.000 euros, más intereses, y que asuma las costas procesales. El caso ha quedado visto para sentencia.

El juez de Madrid Adolfo Carretero propone sentar en el banquillo al exdiputado Íñigo Errejón al considerar que existen “indicios” de que agredió sexualmente de la actriz Elisa Mouliaá, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es. El magistrado considera que los hechos pueden ser constitutivos del antiguo delito de abuso sexual porque el exdiputado de Sumar “no empleó la violencia o intimidación”. Los hechos denunciados por la actriz se remontan a octubre de 2021, antes de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí que integró toda la violencia sexual bajo la denominación de agresión.

El auto que da cierre a la instrucción recoge que Errejón “dio un beso inconsentido, realizó tocamientos sexuales con un leve forcejeo e intentó un tocamiento sexual”, aunque desistió “ante la oposición de la víctima”. Mouliaá y Errejón comparecieron por primera vez en sede judicial el 16 de enero después de que en octubre de 2024 la presentadora denunciara al exdiputado. Errejón abandonó la política en octubre de 2024 tras recibir acusaciones de acoso machista. Su defensa recurrirá la decisión.

En su denuncia, Mouliaá relató haber sufrido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual por parte de Errejón al menos en tres ocasiones en la misma noche de octubre de 2021, antes, durante y después de una fiesta a la que acudieron en casa de unos amigos de ella. Errejón reconoció que quedó con Mouliaá, pero insistió en que todo fue consentido.

En su resolución, el juez Carretero otorga credibilidad al relato de la denunciante, que constituye el principal “indicio probatorio” ante la ausencia de testigos presenciales de unos hechos que se habrían producido en la intimidad. El magistrado considera que su declaración fue “coherente en lo esencial” aunque no recordara algunos “detalles secundarios”, como si la habitación donde se habrían producido parte de los tocamientos tenía o no pestillo. Admite que la sometió a un “largo y exhaustivo” interrogatorio, en el que llegó a preguntarle si había denunciado por despecho. Y que ella “mantuvo la coherencia” y explicó que si no respondió a uno de los presuntos abusos —como sí hizo ante el tercer episodio— fue porque estaba “aturdida” y “bloqueada” ante la situación.

Existen, además, algunos testimonios de referencia, como el de su padre y de dos amigas; así como pruebas periciales. Entre ellas, el informe del psiquiatra que trató a la presentadora antes y después de los hechos y a quien comentó tres días después de verse con Errejón que había tenido un “problema” con un famoso político que no le quiso detallar y que tenía ansiedad por ello. Además, este profesional detectó que la actriz tenía estrés postraumático en una sesión “muy posterior a los hechos”.

El juez afirma que el hecho de que Mouliaá dijera por teléfono a una amiga que le parecía que los hechos no eran delito, pero que tenía que denunciar “no supone que no lo sean”. “La denunciante no es experta en Derecho ni tiene que calificar los hechos, bastando que los exponga, como ha hecho”, escribe el magistrado.

“Los indicios existen”

La resolución concluye que “los indicios existen” y que “no han sido totalmente desvirtuados” por la versión de Errejón y por la prueba documental y pericial que presentó su defensa. El exdiputado reconoció que “la besó en el ascensor, la toqueteó y manoseó en la fiesta y empezó a tocarla en su casa”, pero todo ello con su consentimiento y sin que la notase bebida. También afirmó que permitió que se fuera cuando quiso “con la mayor normalidad”.

Según el auto, Errejón defendió que la denuncia no es cierta y que se debía al “afán de notoriedad” de Mouliaá para lucrarse en los medios a su costa, ya que su carrera como actriz no iba bien. Su defensa aportó una conversación de WhatsApp con la actriz después de los presuntos hechos que el instructor considera “intrascendente”. De hecho, el juez recuerda que varios peritos explicaron en el juzgado que es “frecuente” que mujeres maltratadas o abusadas mantengan contactos con sus agresores “por dependencia emocional” o para que se disculpen de sus actos o les pidan perdón.

Carretero entiende también que el hecho de que Mouliaá acudiera cobrando a platós de televisión no resta credibilidad a su testimonio, pues esas intervenciones no difieren de lo dicho en sede judicial. Y subraya que la denunciante tiene “derecho” a “contar su intimidad como quiera en un Estado democrático”.

La defensa del exdiputado recurrirá la decisión del magistrado al considerar que su auto “ignora” el resultado de las pruebas practicadas y las “reinterpreta de forma alejada de la realidad”. Asimismo, el entorno de Errejón entiende que el juez justifica “de forma incomprensible e insólita” las supuestas “contradicciones” de la denunciante y obvia lo declarado por los “testigos imparciales” que estuvieron presentes en la fiesta y se apoya únicamente en los testigos de parte propuestos por la denunciante, que no estuvieron presentes en la misma.

El sacerdote jesuita José Antonio García Quintana, que ejerció como capellán de la cárcel de Asturias entre los años 2015 y 2024, está siendo investigado por una denuncia de presuntos abusos a un menor. Al parecer, los hechos habrían ocurrido entre los años 2000 y 2010 en Alicante y Zaragoza.

García Quintana nació en Venezuela el 2 de julio de 1962, ingresó en la Compañía de Jesús el 23 de septiembre de 1982 y fue ordenado sacerdote el 1 de julio de 1995.

Profesor y entrenador de fútbol

Llegó a Asturias en 2007 y, ocho años después, el arzobispo de Oviedo Jesús Sanz Montes y el que, por aquel entonces, era obispo auxiliar, Juan Antonio Menéndez, le propusieron que se hiciera cargo de la Delegación Episcopal de Pastoral Penitenciaria en la Archidiócesis de Oviedo y de la capellanía del Centro Penitenciario de Asturias.

García Quintana formó parte de la comunidad jesuita del Natahoyo, en Gijón, y estuvo vinculado al colegio de la Inmaculada de la villa de Jovellanos como sacerdote y párroco. También fue profesor y entrenador de fútbol.

Compromiso con la institución

En el año 2020, fue reconocido con la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario, que concede la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

La propuesta de condecoración fue emitida desde la prisión asturiana que, entre sus méritos, destacó “su labor asistencial y compromiso personal con los fines de la institución, su excelente disposición y eficaz gestión de coordinación de los voluntarios del Centro Penitenciario de Asturias”.

El reconocimiento se entregó en la sala de juntas del centro penitenciario asturiano, con motivo del día de la Virgen de la Merced, patrona de la institución, en un acto sencillo y privado a causa de la pandemia.

Sorpresa ante la denuncia

Posteriormente, la Conferencia Episcopal Española decidió poner al frente del Departamento de Pastoral Penitenciaria a José Antonio García Quintana en 2024 durante su Asamblea Plenaria.

La Compañía de Jesús ha trasladado los hechos denunciados a la Fiscalía y a la Conferencia Episcopal, según recogía ayer la Rtpa.

La denuncia que se ha interpuesto contra él por abusos a un menor ha sorprendido tanto en el Arzobispado de Oviedo como en medios penitenciarios, donde el sacerdote jesuita había colaborado con los sectores más desfavorecidos de lo que él mismo llamaba “el mundo social”.

La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a un hombre de 41 años de edad a 22 años de cárcel como autor criminalmente responsable de dos delitos continuados de vejaciones injustas de carácter leve, un delito de amenazas leves a su exmujer y dos delitos continuados de abuso sexual con penetración a sus dos hijas menores de edad. La sentencia, recogida por Europa Press y contra la que cabe la interposición de recurso, considera probado que, entre 2013 y 2017, el condenado abusó sexualmente de sus hijas menores de edad, unas prácticas que comenzaron cuando estas tenían 5 y 6 años.

La sala considera que la versión de las menores es creíble por haber superado “satisfactoriamente” los parámetros de análisis racional del testimonio y muestra su convicción de que “no han mentido”. La Sección Segunda de la Audiencia de Álava precisa que “ha existido una línea de continuidad y coincidencia esencial en el relato de tocamientos con penetración anal y bucal por parte del padre hacia sus dos hijas, utilizando tácticas de minimización, engaño y chantaje emocional, adaptadas a la evolución de la edad de las menores, desde una primera infancia hasta los lindes de su adolescencia”.

En este sentido, señala que las dos hermanas “describen un comportamiento depredador de su padre muy similar, tanto antes, durante como después de los contactos sexuales que mantenía con ellas”, lo que “hace que sus testimonios se refuercen mutuamente”. A su vez, indica que los informes técnicos presentados “abundan en la exposición de una sintomatología en las dos hermanas plenamente acorde con los hechos denunciados, apuntalando también la verosimilitud de los mismos”.

Además de los 22 años de prisión, el condenado deberá indemnizar a su exmujer con 1.000 euros y a sus dos hijas con 50.000 euros para cada una.

El día que el identificador de llamadas de su teléfono fijo dejó de funcionar, Inmaculada, de 53 años, llamó a su compañía. Al otro lado de la línea, una persona le informó de que alguien había llamado para cancelar ese servicio que había contratado para el teléfono de la casa que compartía con su entonces pareja. “Le pregunté a él y aseguró que no había sido. La primera vez pensé que sería un error pero cuando pasó más veces...”, deja sin terminar la frase. Porque durante los diez años que duró su relación, esa no fue ni la primera ni la única vez que Inmaculada escuchaba a su novio negar lo evidente, atacarla porque lo que ella decía no tenía sentido o no era como ella creía o había vivido.

Como cuando encontró un cargo en la tarjeta de crédito que compartían y que correspondía a una página web de porno: “Decía que ni idea, que yo estaba muy estresada, o que igual él no se había dado cuenta, que estaba muy angustiado, que tenía mucho trabajo...”. O cuando descubrió que los recibos de su comunidad no se estaban pagando –tarea de la que él decía encargarse– y él se negó a aceptar los hechos y darle una respuesta. Hablar, incluso, sobre asuntos en los que ella estaba especializada se convirtió en algo imposible: “Me discutía todo, incluso afirmaciones sobre mi trabajo que luego sí le reconocía a otras personas delante de mí”.

Ella se sentía extremadamente culpable y con una gran inseguridad interna: “Terminé teniendo que ponerme post it en los espejos para recordarme las cosas porque me afectó muchísimo a la memoria. Dudaba tanto de todo...”. Durante años, Inmaculada sufrió violencia psicológica, un cúmulo de maltratos entre los que estaba lo que se ha llamado luz de gas, en inglés gaslighting, una forma de manipulación que puede darse sola o acompañada de otros comportamientos abusivos.

Terminé teniendo que ponerme 'post it' en los espejos para recordarme las cosas porque me afectó muchísimo a la memoria. Dudaba tanto de todo...

“El sujeto te daña psicológicamente para conseguir que tú pienses que algo no es como tú lo has percibido o como tú lo has interpretado o como ha sucedido. Puede que él haga algo mal pero te hace ver que eres tú la que estás fallando”, resume la psicóloga especializada en violencia machista Olga Barroso. La luz de gas es, por tanto, un tipo de violencia psicológica que consigue dañar el estado emocional y la autoestima y eso, a su vez, “permite controlar a esa persona, porque la haces estar peor, sentirse menos valiosa, menos competente, que tú misma prefieras dejar de hacer o decir ciertas cosas”.

Inmaculada lo confirma: “Dudas de lo que has hablado, de los acuerdos a los que has llegado, te obsesionas con buscar una prueba...”. La mujer relata diálogos imposibles en los que él, sistemáticamente, negaba hechos o comportamientos y la acusaba a ella de “estar loca” o bien aseguraba que se trataba de “imaginaciones” suyas. La psicóloga y docente de la UOC Mireia Cabero subraya que la luz de gas no es algo puntual, sino un proceso “que va deteriorando” a quien lo sufre y que supone un beneficio para quien lo ejerce: “Que la otra persona sea cada vez menos en la relación”.

Una estrategia más o menos consciente

Hay grados y maneras de ejercer la luz de gas, explica la psicóloga Olga Barroso: “A lo mejor le pides ayuda o le cuentas a tu pareja algo que es importante para ti o que te gustaría cambiar y te dice es que eres muy intensa o inmadura, o que ya estás aguando la fiesta, generando un problema, o se victimiza diciendo que está aguantando tus neuras... Él no te da el apoyo emocional y además tú empiezas a sentir que estás pidiendo algo desmedido, cuando es él el que no está haciendo algo básico en una relación. A partir de ahí, suma y sigue, consigue que no confíes en tu propio criterio, en tu capacidad para interpretar la realidad”, prosigue Barroso. La psicóloga relata algunas historias de sus pacientes que, en casos extremos, han llegado a vivir cómo su pareja les cambiaba las llaves de sitio o escondían esencias que generaban un olor molesto para ellas, que no entendían de dónde procedía.

Le cuentas a tu pareja algo que te gustaría cambiar y te dice que eres muy inmadura, o que ya estás aguando la fiesta, o se victimiza... Empiezas a sentir que estás pidiendo algo desmedido cuando es él quien no está haciendo algo básico. A partir de ahí, suma y sigue, consigue que no confíes en tu criterio, en tu capacidad para interpretar la realidad

Olga Barroso — Psicóloga especializada en violencia machista

La escritoria y filósofa francesa Hélène Frappat ha publicado este año en España Luz de gas o el arte de enmudecer a las mujeres (Paidós). “La pérdida del yo es el objetivo existencial del gaslighting”, escribe. Este tipo de manipulación psicológica, prosigue, suele pasar por varias etapas: primero se instala la duda, más tarde la mentira; la realidad del pasado se cuestiona, algunas conductas (perder un objeto, olvidar algo) tienen un castigo e, igualmente, las víctimas esperan 'recompensas' sin saber muy bien ante qué o por qué.

Olga Barroso, también autora de El amor no maltrata, asegura que hay quien aplica la luz de gas de manera “perfectamente consciente”, pero también hay quien lo hace de manera “menos deliberada”. “No podemos decir que no se den cuenta de que dañan a la persona porque ellos ven que eso tiene consecuencias, que ella está mal, triste... pero de alguna manera se sienten con la autoridad de hacer eso porque entienden así la realidad, entienden que a ellos no se les puede molestar con tus cosas emocionales, que no tienen por qué estar para esas 'chorradas'... Las palabras o demandas de la otra las van a experimentar casi como una falta al respeto a su persona o como una invasión. Por eso, no es que siempre estén pensando que van a hacer esto o a decir lo otro para darle la vuelta a la tortilla, sino que su manera de percibir las cosas ya es así, ya están convencidos de que lo que les dice ella no tiene sentido o está mal. La consecuencia de esa concepción errónea es hacer luz de gas”, explica.

Una duda interna constante

Fue una película la que sirvió para acuñar el término luz de gas: en 1944, el director de cine George Cukor filmaba Gaslight, la historia de una mujer, encarnada por la actriz Ingrid Bergman, que se siente enloquecer, pero cuyo profundo malestar tiene origen en la manipulación de su marido. Él rechaza lo que ella percibe y llega a bajar la intensidad de las lámparas de la casa en la que viven aunque, ante ella, niega hacerlo y le hace dudar de sus sentidos. Mientras ejerce estos comportamientos, le hace creer a su mujer que la víctima es él por sufrir los trastornos mentales de ella.

“No pasa en un día”, insiste la psicóloga Mireia Cabero, que habla de muchos momentos en los que la persona que ejerce la luz de gas “se coloca en un plano superior”. “Te va haciendo pequeña, hace que vayas dudando de ti, pierdes fortaleza, confianza, seguridad... Incluso cuando quien lo ejerce lo hace de manera más o menos inconsciente lo hace porque obtiene un beneficio”, asevera.

No pasa en un día. Te va haciendo pequeña, hace que vayas dudando de ti, pierdes fortaleza, confianza, seguridad... Incluso cuando quien lo ejerce lo hace de manera más o menos inconsciente lo hace porque obtiene un beneficio

Mireia Cabero — Psicóloga y docente de la UOC

Poco después de que su exnovio empezara a trabajar en su misma empresa, Paula, de 29 años, comenzó a sospechar: los comentarios de algunas compañeras, la actitud de él... Decidió tener una conversación con su pareja para explicarle que se sentía incómoda y para preguntarle si estaba sucediendo algo entre él y alguna de sus compañeras: “Me dijo que estaba loca, que veía cosas que no eran, que él solo era sociable”. Ella se sintió mal, y calló. Tiempo después supo que, efectivamente, su novio había tenido algo con una de aquellas mujeres. Esa no fue ni la primera ni la única vez que Paula escuchó ese tipo de comentarios, en distintos contextos, por parte de quien era su novio: del “estás loca” al “siempre estás con esas cosas”, pasando por invalidar sus emociones o las preocupaciones y peticiones que ella trataba de transmitirle a veces; o no tenían sentido, le decía, o las cosas no eran como ella decía que eran. En muchas ocasiones, era ella quien terminaba pidiendo perdón.

Con un año y medio de terapia a sus espaldas, el tiempo que hace que salió de esa relación, Paula es capaz de nombrar lo que vivió, un abuso emocional en el que, entre otras cosas, él ejerció luz de gas. Ella recuerda otras situaciones similares: “Me decía que estaba cien por cien conmigo pero tenía comportamientos incoherentes y cuando yo se los mostraba él se enfadaba, o decía que nunca estaba satisfecha con nada. Aunque se supone que éramos una pareja, no lo habíamos formalizado y cuando yo me sentaba con él para hablar sobre eso, él me decía que yo estaba obsesionada, que solo buscaba validación por su parte, pero nunca conseguía que tuviéramos esa conversación”. El resultado de cuatro años de relación plagada de este tipo de comportamientos por parte de él fueron 19 kilos menos, inseguridad y duda constante sobre sí misma, entre otras consecuencias.

Durante los cuatro años que duró su relación, Paula escuchó de su novio comentarios que iban del "estás loca" al "siempre estás con esas cosas", pasando por invalidar sus emociones. Le decía que las cosas no eran como ella decía que eran. En muchas ocasiones, era ella quien terminaba pidiendo perdón

Otro 'gaslighting'

La pareja no es el único espacio en el que puede darse la luz de gas. La psicóloga Mireia Cabero afirma que puede suceder allí donde hay vínculos, como el entorno laboral o en una amistad: “Puede darse en entornos relaciones en los que de alguna manera hay afecto y/o relación de poder, entornos en los que hay depositados aprecio, confianza...”. Puesto que el efecto principal es la duda interna, prosigue, suele ser necesaria la intervención de una tercera persona para ayudar a detectarlo a través de preguntas y validación.

En Luz de gas o el arte de enmudecer a las mujeres, Hélène Frappat habla de otra dimensión del gaslighting: la que juega en la política internacional. La escritora pone el ejemplo del primer mandato de Donald Trump y su manera de hacer luz de gas a todo un país negando lo que la gente podía comprobar o leer por sí misma, o de Vladimir Putin acusando de nazismo a Ucrania como manera de justificar su invasión. La era de la posverdad puede, en cierta manera, tener mucho que ver con una luz de gas colectiva.

Paradójicamente o no, la película de Cukor que popularizó el término era un remake de una película británica del mismo nombre de 1940 y dirigida por Thorold Dickinson que, a su vez, estaba basada en una obra de teatro. La Metro-Goldwyn-Mayer compró los derechos de esa primera película británica y destruyó todas las copias existentes, de manera que quien creía haber visto o sabido de un filme anterior similar al de Cukor no tenía manera de demostrarlo y sí muchas probabilidades de dudar de su propio criterio.

Una investigación encargada por el Vaticano detectó en una de las organizaciones católicas más activas y exitosas de los últimos tiempos, las llamadas Hijas del Amor Misericordioso (HAM), comportamientos más propios de una secta. Por ejemplo, en el empeño de apartar a los fieles de sus familias. Pero las acusaciones contra esta realidad eclesial –no una congregación religiosa, como falsamente se presentaban– son mucho más graves: entre ellas, abusos sexuales, espirituales y de autoridad. Tras la decisión del Arzobispado de Madrid de intervenirla y disolverla, el psicólogo y experto en sectas Miguel Perlado ha comenzado a asesorar a las familias afectadas.

Perlado asegura que se puede hablar de “una deriva sectaria” del grupo, que ha ido progresivamente mostrando más y más elementos que lo alejan de una comunidad religiosa que fomenta “la autonomía y maduración de sus integrantes”. “El abuso espiritual es silencioso, pero va minando a la persona”, explica.

Y hace hincapié en la importancia de la figura de su líder: “El contexto de relación que se crea dentro del grupo que sigue incondicionalmente a Marimí –la superiora de la 'comunidad', expulsada por el cardenal de Madrid– termina por justificar ciertos excesos o abusos como normales o como parte del proceso de transformación espiritual”, ahonda.

Ha asesorado a varias víctimas de las Hijas del Amor Misericordioso. ¿Qué situación se vivía dentro?

Las familias con las que he trabajado coinciden en señalar una serie de cambios disruptivos y sintomáticos de una deriva sectaria: alejamiento de amistades, distanciamiento de la familia, cambios en el modo de expresarse, pérdida de la expresividad emocional, cambios en el modo de comportarse o incluso vestirse para amoldarse al grupo, la adopción de gestos o expresiones similares a la superiora de la “comunidad” (María Milagrosa Pérez) y la incorporación progresiva de un lenguaje centrado en un convencimiento de haber recibido “la llamada”, todo ello en una tonalidad ansiosa y de imperiosa urgencia.

El trabajo con las familias pone de manifiesto también una intromisión excesiva en el fuero interno de sus hijos, presionados para formar parte de HAM porque lo contrario sería “rechazar a Dios”. Los otros devotos del grupo también ejercen su influencia a través de un entorno de bombardeo emocional que tensa las relaciones con la familia, de la que les convencen que es mejor distanciarse, lo que los lleva a guiarse exclusivamente por la persona a la que se asigna funciones de dirección espiritual o a lo que marca directamente la superiora.

¿Cómo funcionaba ese alejamiento de las familias?

A los nuevos devotos, la superiora les asignaba un nuevo nombre según directrices divinas, y se les restringía el acceso a la información, de modo que solo podían leer o ver aquello aprobado por la superiora o su séquito más directo. Pronto los devotos aprenden que la superiora está “en unidad con el Padre Mansilla” (el fundador), y sus comunicaciones con la familia pasan a ser muy escasas y controladas. Además, deben participar en ayunos intensos o momentos de oraciones que duran horas junto a la superiora, actividades donde se alterna la consolación y la desolación, y pasan a normalizar la devoción que todos muestran hacia la superiora, a quien llaman Marimí o Mami.

Todo esto llevó a que diversas familias se dirigieran a los órganos eclesiales pertinentes para trasladar sus preocupaciones ante lo que observaban de manera reiterada entre sus hijos, un patrón de transformación que, lejos de apuntar a una espiritualidad madura o sana, tendía más hacia el exceso, la presión y la espiritualización de ciertos comportamientos abusivos.

¿Cuál es el perfil de los captados?

El perfil es variado, aunque buena parte de ellos proviene de familias acomodadas. Jóvenes, idealistas, ingenuos, con inquietudes espirituales, inmaduros y sin suficiente formación religiosa. En la gran mayoría de los casos, están atravesando un momento de vulnerabilidad particular, ya sea por una ruptura de una relación afectiva o algún duelo familiar. Casi todos son atraídos a través de encuentros de Effetá o Emaús que organizan las mismas HAM, encuentros cerrados, de alta intensidad emocional, en donde se destripa emocionalmente a los participantes y en donde se ejerce mucha presión de pares para participar e invitar a otros a participar, con lo que terminan siendo arrastrados amigos o familiares que entran en bloque.

¿HAM es una secta?

Este término dice mucho, pero también puede confundir mucho. Pero sí, podemos hablar con propiedad de una deriva sectaria, de un grupo que ha ido progresivamente mostrando más y más elementos que llevan a un funcionamiento “tipo secta”, y no a una comunidad religiosa que fomenta la autonomía y maduración de sus integrantes.

Destacaría tres elementos clave: en primer lugar, un culto desmedido a la superiora y al fundador (llevan estampas, portan pequeñas reliquias de ambos, se celebran fechas señaladas de la superiora); en segundo lugar, el aislamiento de los devotos del mundo externo, descrito como un peligro para la llamada de Dios, y una ruptura del vínculo con las familias. Finalmente, daños psicológicos, sexuales o espirituales sobre una porción de devotos. Hay que tener en cuenta que lo sectario se detecta cuanto mayor sea la cercanía con la figura de la superiora, de modo que aquellos que están en lugares periféricos quizá no perciban la naturaleza abusiva de ciertos comportamientos.

¿A qué tipo de daños se refiere?

Hablo de daño espiritual, que también es psicológico y puede ser físico o sexual. Por un lado, tenemos el abuso que deriva de una estructura de poder en donde la superiora pasa a dirigir la vida de todos los devotos, controlando su comportamiento e incurriendo en actos sensuales (besos, excesiva efusividad intragrupo) o sexuales (me consta el abuso de al menos un devoto varón al que se convenció de que los actos sexuales eran una forma de sanarlo, siempre bajo argumentos espirituales).

El abuso espiritual es silencioso, pero va minando a la persona. El contexto de relación que se crea dentro del grupo que sigue incondicionalmente a Marimí termina por justificar ciertos excesos o abusos como normales o como parte del proceso de transformación espiritual. Evidentemente, lo que siempre llama la atención en estos contextos espiritualmente abusivos es lo sexual, si bien en mi experiencia tiende a ser el último escalón de una larga cadena de abusos de conciencia paulatinos.

También sabemos que se han llevado a cabo prácticas de exorcismo bajo la idea de que ciertos síntomas supuestamente patológicos tendrían un origen espiritual, de manera que se reza para exorcizar todos esos males, incluso en menores de edad. En estas prácticas se hace participar a otros miembros de la comunidad, que a modo de psicodrama deberán llevar a cabo una suerte de escenificación en grupo del dolor y el sufrimiento que comporta ayudar a sanar las almas. La idea es que tales influencias nocivas que impiden el crecimiento espiritual provienen de las familias.

¿Qué influencia tiene sobre los chicos y chicas Marimí?

Es absoluta, incuestionable. Es una autoridad sobre la conciencia de todos los miembros de la comunidad, incluidos los laicos. Pero no ejerce esa autoridad de forma constructiva, sino impositiva. Cualquier decisión pasa por ella, porque se le considera la heredera espiritual del padre Mansilla, y como tal se le rinde culto, al igual que al padre Mansilla, prácticamente considerado un santo.

¿Cómo valora la intervención del Arzobispado de Madrid? ¿Qué cree que puede pasar?

La intervención que ha decretado el arzobispo de Madrid me parece muy pertinente. Pero están ante un escenario altamente complejo que requiere determinación, claridad y una escucha muy fina. Mi impresión, en todo caso, es que los que todavía están muy vinculados van a vivir la intervención externa con un intento de control o de manipulación. O pensarán que es un ataque a algo muy puro: este es otro de los signos de una deriva sectaria. Los devotos se sienten en un lugar único, muy especial, formando parte de una comunidad de “escogidos”. O también podrían interpretar esta situación como un ataque de “católicos liberales que no entienden”, de modo que pasarán a sostener que todo son mentiras o bulos, o denuncias de un antiguo miembro que salió rebotado o tenía problemas.

En cuanto al futuro de las HAM, como grupo, es incierto, ya que cuando el abuso penetra y se vuelve estructural, la posibilidad de cambio de la comunidad se vuelve mucho más difícil. Y en esos casos, no queda más que disolver la organización.

¿Hasta qué punto retiros como Effetá o Emaus pueden llegar a ser dañinos?

Este tipo de retiros que se han puesto tan de moda en los últimos años, no están exentos de riesgos, ciertamente, particularmente por el nivel de secretismo que se exige y la alta intensidad emocional de los mismos, que ponen todo el mundo interno de sus participantes patas arriba, generando una suerte de hemorragia emocional y espiritual que rápidamente se prometerá que tan sólo puede ser cerrada por la participación en más y más retiros.

¿Por qué ese secretismo?

El secreto atrae. Lo que está oculto ejerce cierta fascinación. Al mismo tiempo, el secretismo exigido es una marca de ser diferentes o especiales –“no lo cuentes a cualquiera”, “no todos lo entenderán”–. De cualquier manera, los pasos tienden a ser siempre los mismos: seducción, aislamiento y adoctrinamiento. Tras un primer impacto, salen fascinados, como si estuvieran ‘colocados’ o se hubieran tomado algo: sólo hablan bondades, repiten las mismas frases como clichés.

Aquí nos encontramos ante un fuerte impacto, un contexto de grupo deslumbrante y fascinador, pero que al mismo tiempo desestabiliza por el proceso y la dinámica de grupo que se desarrolla dentro de tales retiros: hablar del dolor de uno mismo ante los demás, abrirse del todo ante desconocidos, escuchar testimonios de conversiones impactantes, horas y horas de experiencia muy intensa, contagio de grupo a nivel emocional, etcétera.

Es el ‘cristianismo guay’, o cool…

Un cristianismo guay, como bien dices tú, o cool, en contraposición con la idea de una Iglesia sobria o aburrida. En cambio, en estos retiros te encuentras a jóvenes muy entregados, y que llevan a que la persona se abra en canal, explique toda su vida, hasta los más íntimos secretos. Hay una suerte de catarsis de grupo, que parece que sana, pero que lo único que hace es aumentar más la carga de la culpa, y que está al servicio de favorecer el reclutamiento de más gente. Porque, finalmente, lo que buscan estas comunidades no es el crecimiento de las personas, sino alimentarse vorazmente de la mayor cantidad de adherentes o devotos posibles.

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¿Puede un condenado por abusos sexuales ostentar cargos de responsabilidad en la Iglesia católica? Para el arzobispo de Toulouse, Guy de Kerimel, parece que sí. El prelado ha nombrado nuevo canciller de la diócesis a Dominique Spina, quien tomará posesión el próximo 1 de septiembre. Spina fue condenado en 2006 a cuatro años de prisión por violar a un adolescente de 16 años. Los hechos sucedieron hace tres décadas, cuando el sacerdote ejercía como director espiritual del joven en la escuela Notre-Dame de Bétharram, en Pau (diócesis de Bayona). El clérigo también ha sido nombrado responsable de la pastoral matrimonial de la diócesis. Las víctimas han considerado la decisión “simplemente escandalosa”.

¿Hasta dónde llega el perdón, la misericordia y la reinserción? El prelado francés ha salido al paso de las acusaciones con un comunicado en el que reivindica el trabajo contra los abusos llevado a cabo por la diócesis, aunque recuerda que, tras un proceso canónico, “Roma no expulsó al padre Spina del estado clerical”.

“Desde que estoy en Toulouse, el padre Spina se encarga de los archivos de la catolicidad y, como vicecanciller, gestiona las notificaciones de bautismos, matrimonios, extractos de bautismo para las parroquias que lo solicitan... Clasifica, archiva, digitaliza documentos... ”, ha explicado De Kerimel.

Eso sí, aclara que el sacerdote “seguirá trabajando en su despacho del arzobispado, por lo que no tiene contacto con los jóvenes y lleva una vida muy discreta”. El arzobispo defiende que, hoy, el nuevo canciller “es de reputación íntegra y está por encima de toda sospecha”, y subraya que “la conversión de una persona es posible”.

El arzobispo de Toulouse insiste en que “en el caso del padre Dominique Spina, se ha reconocido a la víctima, se le ha hecho justicia, se ha denunciado el delito y el padre Spina ha cumplido cuatro años de prisión”.

¿Qué ocurrió?

Los hechos probados muestran que Spina fue director espiritual del joven, que provenía de un entorno familiar problemático, y abusó de él entre 1992 y 1994. Tras esto, el clérigo impidió que el chico entrara en el seminario, aunque posteriormente fue admitido. Fue entonces cuando el seminarista denunció los abusos, siendo expulsado por “falta de madurez”.

En 2002, finalmente, la víctima –que posteriormente acabó siendo acusado a su vez de abusos– presentó una denuncia penal y Spina fue detenido y condenado a cuatro años de prisión por lo que él describió como “una relación consentida”. Durante el juicio, los peritos psiquiátricos advirtieron de las “disposiciones paranoicas, narcisistas y perversas”, y la “ausencia de culpa” del clérigo, que dos años después de su entrada a prisión pasó a libertad condicional, siendo trasladado a la diócesis de Toulouse.

En 2009, se le permitió reanudar su ministerio sacerdotal. En 2016, después de que se conociera que estaba en contacto con menores, el obispo de la diócesis lo relevó de sus funciones, derivándolo a tareas administrativas hasta que, ahora, se le asciende a canciller de la diócesis. Por su parte, Fraternité Victimes, asociación que apoya a las víctimas de abusos en la Iglesia, criticó con dureza la decisión: “Hablar de misericordia para defender este ascenso es simplemente escandaloso”.

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El Servicio de atención a las víctimas de violencias machistas y LGTBI-fóbicas que puso en marcha la Academia del Cinema Català en febrero del pasado año, comienza a dar sus frutos, el más importante de los cuales es la pérdida del miedo a denunciar a los presuntos agresores por parte de las víctimas.

Si en julio del pasado año la academia daba cuenta de una veintena (17 en realidad) de peticiones de ayuda al servicio anti-abusos, lo que se valoraba como una cifra corta, que dejaba entrever todavía el temor a hace pública una situación de abusos o de acoso, ahora la evaluación que acaba de presentar el organismo arroja un aumento exponencial de las denuncias, llegando a 46 y casi triplicando las del pasado informe.

Entre ambos balances quedan las turbulencias del caso Eduard Cortés, el director entre otros trabajos de la serie Merlí, que fue denunciado por un grupo de profesionales del sector por presuntamente realizarles propuestas de carácter sexual a cambio de ofertas de trabajo.

Cortés se dio de baja en la Acadèmia del Cinema y con ello impidió que la institución investigara las acusaciones, lo cual indigno a las denunciantes. Finalmente, la academia decidió pedir públicamente disculpas a las afectadas en una carta en El País por “las rendijas comunicativas” entre “las víctimas y la entidad”, y por “cualquier gestión que haya podido causar revictimización”. No obstante, en su escrito, la Acadèmia quiso dejar claro que se aplicó correctamente el protocolo diseñado.

Aumento muy significativo

El citado Servicio de atención a las víctimas de violencias machistas y LGTBI-fóbicas en el sector audiovisual y de las artes escénicas ha atendido a un total de 46 entre 2024 y el primer semestre de 2009 con un incremento notable respecto a 2022, donde las llamadas se limitaron a 17.

La iniciativa, pionera en el Estado y activa desde mayo de 2022, forma parte del plan de actuación integral contra las violencias machistas y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y el Departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Catalunya.

“Este incremento no sólo muestra la consolidación del servicio, sino que también refleja una mayor confianza por parte de las víctimas y una detección más precoz de los casos”, asegura al respecto en el informe Judith Colell, presidenta de la Academia.

“Que se contacte con el servicio cuando los hechos acaban de ocurrir permite una mejor reparación y una respuesta más eficaz por parte del sector”, añade en su escrito la cineasta y directiva. “Este aumento de actividad constata, además, la necesidad de mantener activo el Servicio, por lo que es imprescindible que las administraciones no retiren su apoyo”, advierte también Colell.

Acoso sexual y abuso de poder, las principales denuncias

En total, se ha atendido a 33 personas en 2024 y 13 entre enero y junio de 2025, según la Academia, que destaca que “estas cifras casi triplican la atención registrada en años anteriores: diecisiete en los primeros diecinueve meses de funcionamiento”.

Se han recogido situaciones de abuso, acoso o agresión sexual en el contexto laboral (82% de los casos recogidos en este período), académico (11%) y también en entornos de pareja o comunitarios (7%). Es significativo el crecimiento en 2025 de casos atendidos del entorno académico y formativo, que han supuesto cinco situaciones de violencia y representan un tercio del total de casos atendidos en esta primera mitad del año en curso.

Otro hecho en el que hace hincapié el informe es que durante el primer semestre de 2025, la totalidad de los casos gestionados han sido denuncias relacionadas con eventos recientes. En 2024, en cambio, solo el 60% de los casos atendidos correspondían a situaciones recientes o que estaban en curso en el momento de la consulta, mientras que aproximadamente un 40% hacían referencia a hechos del pasado.

Además, tras los primeros contactos con el servicio, el informe destaca que crece entre las víctimas la voluntad de denuncia: “Trece personas atendidas en 2024 y otras cinco en 2025 han expresado su voluntad firme de interponer denuncia, activar protocolos internos o hacer denuncia pública”.

Esto representa, según la Academia, una clara evolución respecto a los años anteriores (cuatro casos en 2023 y uno en 2022), y muestra una creciente determinación de las víctimas a buscar reparación por esta vía. Finalmente, la valoración de la institución sobre el funcionamiento del servicio pone énfasis en que 2024 ha supuesto un salto cualitativo en la atención jurídica y psicológica.

“Catorce personas han recibido orientación psicológica (con diecisiete sesiones realizadas, incluyendo por primera vez una sesión grupal), y veinte personas han recibido asesoramiento jurídico”, puede leerse en el balance. “Durante el primer semestre de 2025, seis personas han accedido al acompañamiento psicológico mientras que todavía no se han realizado asesoramientos jurídicos”, prosigue el informe.

“El uso del servicio como espacio para tomar decisiones informadas ha crecido mucho. No solo nos contactan para asesorarse, sino para recibir seguimiento y apoyo a lo largo del proceso de denuncia o reparación”, afirma la psicóloga Aina Troncoso, al frente del equipo de atención.