La Policia Nacional ha detingut un empresari hoteler de Palma per suposadament explotar diversos dels seus treballadors, a qui obligava a realitzar jornades de fins a 12 hores diàries per un salari que a penes arribava als 1.000 euros mensuals.

Els fets es remunten a l'estiu passat, quan els agents de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres, en una inspecció rutinària, van detectar que un dels empleats del sospitós es trobava en situació irregular.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social el va sancionar llavors amb una multa de 10.000 euros, ha informat la Prefectura Superior de Policia de les Balears.

Aquest estiu els agents van comprovar que el mateix empresari tenia dues persones més treballant en situació irregular al mateix restaurant i una més en un negoci que feia poc que havia obert.

Les condicions de l'ocupació, a més de trobar-se al marge del contracte de treball, vulneraven la legislació sobre els drets dels treballadors pel que fa a les jornades diàries, els dies de descans i les vacances, com també el salari que percebien.

Els treballadors van manifestar que realitzaven jornades de 12 hores diàries, de vegades en horari nocturn, i si podien descansaven un dia a la setmana, però que mai havien tingut vacances.

El salari que se'ls oferia a penes arribava als 1.000 euros, però van explicar que ho acceptaven perquè necessitaven contribuir a l'economia familiar als seus països d'origen.

Per tot això, l'empresari va ser detingut com a suposat autor d'un delicte contra els drets dels treballadors.

La Policía Nacional ha detenido a un empresario hostelero de Palma por supuestamente explotar a varios de sus trabajadores, a quienes obligaba a realizar jornadas de hasta 12 horas diarias por un salario que apenas llegaba a los 1.000 euros mensuales.

Los hechos se remontan al pasado verano, cuando los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, en una inspección rutinaria, detectaron que uno de los empleados del sospechoso se encontraba en situación irregular.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social le sancionó entonces con una multa de 10.000 euros, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Balears.

Este verano los agentes comprobaron que el mismo empresario tenía a dos personas más trabajando en situación irregular en el mismo restaurante y a una más en un negocio que hacía poco que había abierto.

Las condiciones del empleo, además de encontrarse al margen del contrato de trabajo, vulneraban la legislación sobre los derechos de los trabajadores en cuanto a las jornadas diarias, los días de descanso y las vacaciones así como el salario que percibían.

Los trabajadores manifestaron que realizaban jornadas de 12 horas diarias, en ocasiones en horario nocturno, y si podían descansaban un día a la semana, pero que nunca habían tenido vacaciones.

El salario que se les ofrecía apenas llegaba a 1.000 euros, pero explicaron que lo aceptaban porque necesitaban contribuir a la economía familiar en sus países de origen.

Por todo ello, el empresario fue detenido como supuesto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía francesa ha abierto una investigación por diez nuevas violaciones y 40 abusos sexuales contra el excirujano Joël Le Scouarnec, considerado el mayor pederasta de Francia y condenado en 2025 a 20 años de cárcel por agresiones y abusos sexuales a 299 víctimas, la mayoría menores de edad.

En un comunicado, la fiscal de Lorient, Laëtitia Mirande, explicó que durante el juicio aparecieron o se confirmaron “nuevos delitos” y la Fiscalía recibió “denuncias complementarias”. Por ello, se ha abierto una investigación judicial por “40 hechos de agresiones sexuales” y “10 hechos de violaciones” a menores de 15 años. “Los hechos contemplados, no prescritos”, datan de entre 1987 y 2017 y “afectan a 48 víctimas”, agregó Mirande.

Estas nuevas investigaciones contra Le Scouarnec, de 75 años, podrían significar la apertura de un nuevo proceso, después del celebrado en 2025 en Vannes.

En ese mediático juicio, el médico admitió todos los hechos que se le imputaban. Él mismo apuntaba con detalle en un cuaderno todos los delitos y sus víctimas —de una media de 11 años de edad— lo que permitió a los investigadores identificar a los 299 pacientes de los que abusó de 1989 a 2014.

El cirujano especialista en aparato digestivo cometía sus abusos cuando sus pacientes estaban bajo los efectos de la anestesia. En 2020 ya fue condenado a 15 años de cárcel por abusar y violar a cuatro menores, dos de ellas sobrinas suyas.

Una mujer de 32 años es madre de un bebé que tiene seis meses y va a consulta médica porque siente una ansiedad intensa y rechazo a determinadas prácticas cotidianas de la crianza, especialmente al baño y al cambio de pañal. Refiere sentirse muy incómoda al tocar los genitales de su hijo, incluso dentro del cuidado. Durante el proceso terapéutico le viene un recuerdo de situaciones con un primo en la infancia, recuerdos fragmentarios inicialmente descritos como 'juegos raros' y, es a partir del nacimiento de su hijo cuando comienza a comprender que aquello no eran juegos, era en realidad violencia sexual.

Este es uno de los casos que ha explicado Rosa Lizarraga Marañon, psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, para desarrollar lo que sienten las mujeres que han sufrido violencia sexual en su infancia y deciden ser madres, durante el Curso de Verano EHU 'Violencias y Maternaje', que ha reunido durante este lunes y martes a expertos en psicología, atención a las víctimas y el sistema sanitario.

A la hora de tratar a estas mujeres, la experta ha recalcado que es importante trasladarles que la violencia sexual no es una sentencia de por vida. “Los procesos son distintos y es diferente si lo han contado a adultos y se han sentido escuchados, porque quien no se siente escuchado o no es creído cuando lo cuenta, sobre todo en el caso de los niños, deja de confiar en el ser humano, siente que nadie va a poder a ayudarle en la vida”, ha explicado.

Muchas veces el cuerpo recuerda la violencia sexual antes que la mente

Una de las cuestiones más complicadas de entender en el caso de la violencia sexual infantil es que el menor puede llegar a sentir placer y eso le lleva a la culpa. “La violencia sexual tiene que ver con la intromisión del adulto en el desarrollo de un niño. Es una intromisión muy fuerte que puede llegar a provocar mucha excitación y otras cosas que no pueden comprender porque muchas veces su propia cabeza no se lo permite. Tenemos a niñas que nos indican que su cabeza sentía asco y quería escapar, pero en su cuerpo sentía placer, algo que les descoloca del todo porque encima muchas veces los abusadores son sus familiares y eso les genera culpa porque les hace sentir cómplices”, ha indicado.

¿Qué ocurre en la maternidad con estas mujeres que han sufrido violencia sexual en su infancia? Según ha señalado Lizarraga, la maternidad hace que llegue la resignificación del abuso, sobre todo desde el cuerpo. “Otro de los casos que hemos trabajado es el de una mujer que relata que durante el embarazo comenzó a tener episodios de angustia intensa sin causa aparente y que en el tercer trimestre empezó a tener sueños recurrentes con sensaciones corporales invasivas, sin imágenes claras. Tras el parto, estas sensaciones se intensificaron durante la lactancia y, justo después consigue poner palabras a una historia de abuso en la primera infancia, sin recuerdos organizados pero con un fuerte registro corporal porque el cuerpo recuerda antes que la mente”, ha apuntado.

Para estas mujeres la maternidad en la que se destapan los casos de violencia es una oportunidad para que el abuso no sea la experiencia central de sus vidas

Esa vivencia corporal intensa, ha explicado la experta, hace que se reactive la historia personal de cada persona. “En una historia de violencia sexual en la que la víctima no recuerda lo que vivió, se produce un momento importante cuando su hijo o hija cumple la edad en la que la víctima fue abusada, lo que se entiende como 'el hijo como espejo'. Esto genera un impacto en la maternidad porque reactiva la historia personal y el trauma, dificulta la cercanía corporal y emocional con el menor y crea una hiperprotección maternal”, ha detallado.

“Tenemos a mujeres que evitan abrazar a sus hijos durante mucho rato y otras que crean una hipervigilancia que hacen que el menor no tenga ninguna autonomía ni se relacione con nadie con el objetivo de evitar la repetición de la violencia sexual. Eso también daña mucho a los chavales porque necesitan autonomía y contacto para experimentar y crecer. Otro de los problemas ocurre con mujeres que no han sabido identificar el abuso y, por tanto, no lo han trabajado. De alguna forma es como que tuvieran una especie de venda delante de los ojos que no les permite identificar las situaciones de abuso y eso incluso les lleva a repetirlas, a buscar parejas que son casualmente también abusadores y la historia se repite”, ha identificado la experta.

A modo de conclusión Lizarraga ha explicado que a la hora de trabajar con mujeres que han sufrido violencia sexual en la infancia, lo fundamental es “seguir sus tiempos”. “No se puede preguntar directamente acerca del abusador o del abuso, lo que hay que hacer es abordar la infancia preguntándole si dormía bien, si tenía buena relación con los adultos y aunque nos estén relatando una situación de violencia sexual no debemos nombrarlo como tal si ellas no lo han nombrado así primero, debemos usar sus palabras con paciencia y sin juicios. Por ello, para estas mujeres la maternidad en la que se destapan los casos de violencia es una oportunidad para que el abuso no sea la experiencia central de sus vidas, para que no sean mujeres abusadas, sino mujeres que en un momento de su vida sufrieron abuso. Con estas terapias y este trabajo conseguimos sacarles la violencia sexual de su identidad y así pueden ejercer una maternidad mucho más tranquila y satisfactoria”, ha concluido.

¿De qué manera afecta el trauma por haber sufrido algún tipo de violencia al proceso de la maternidad? ¿La violencia sufrida por la madre puede afectar al bebé? ¿Cómo se puede acompañar a una madre y sus hijos en el proceso? Con el objetivo de abordar estas cuestiones, el Curso de Verano de la EHU 'Violencias y Maternaje' ha reunido durante este lunes y martes a expertos en psicología, atención a las víctimas y el sistema sanitario, quienes han compartido sus experiencias y las limitaciones a las que se enfrentan en el acompañamiento y asistencia a las mujeres víctimas de violencia durante la maternidad en la red sociosanitaria de Euskadi.

En concreto en la mesa redonda sobre el acompañamiento y asistencia a estas mujeres han participado Iker Usón González, jefe de Servicio de inclusión social y atención a la violencia machista contra las mujeres de la Diputación de Gipuzkoa, Jon Bengoetxea Lopez, psicólogo y miembro del Servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia, Rosa Lizarraga Marañon psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, Sonsoles Merino Sanchez, matrona del Hospital Universitario Donostia y, por último, Maria Ullate Rodríguez psicóloga sanitaria especializada en trauma e infancia, quien ha sido la encargada de moderar la conferencia.

Tras explicar las redes asistenciales y los recursos disponibles en Euskadi, los ponentes han abordado las limitaciones a las que se enfrentan en su día a día, así como los retos a la hora de desarrollar su labor de una forma correcta. En este sentido, Rosa Lizarraga Marañon, psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, ha confesado que en muchas ocasiones los profesionales “no se atreven a intervenir” en casos de abuso sexual infantil, lo que dificulta su detección. “Tenemos compañeros y compañeras que trabajan en situaciones muy complicadas y en muchas ocasiones no se atreven a intervenir porque da mucho miedo. Se viven muchas situaciones de violencia al margen del abuso sexual infantil y con ellas no hay tanto problema a la hora de abordarlo, pero cuando llegamos al abuso sexual infantil es algo que cuesta mucho y hace falta acompañamiento también a los profesionales que estamos en primera línea. El abuso sexual infantil en muchas ocasiones no se ve hasta que el niño o la niña puede hablar, hasta que no hablan a los niños y niñas no se les siente víctimas, cuando lo fundamental es la detección e intervención temprana en todos los casos de violencia”, ha argumentado.

Muchas madres desarrollan estrategias activas de protección, incluso en contextos extremadamente difíciles

En el caso del impacto de la violencia sobre la maternidad y la vivencia de las mujeres, Iker Usón González, jefe de Servicio de inclusión social y atención a la violencia machista contra las mujeres de la Diputación de Gipuzkoa, ha reconocido que “por un lado las mujeres padecen las consecuencias consecuencias de la violencia sobre su bienestar emocional, su autonomía y su proyecto vital, pero además, por otro lado, sufren el impacto que esa misma violencia tiene sobre su papel como madres y la relación con sus hijos e hijas”. “La maternidad ocupa un lugar central en la identidad y en la experiencia vital de muchas mujeres. Adecuar o comprender adecuadamente el impacto de la violencia exige incorporar también esta dimensión desde la perspectiva de los recursos especializados forales. Una de las limitaciones que históricamente hemos tenido es que muchas intervenciones, la mayoría, se han orientado prioritariamente a recuperar individualmente a la mujer. Sin embargo, la experiencia nos muestra que la maternidad no puede entenderse únicamente como una circunstancia más dentro de la vida de esas mujeres. Requiere una mirada específica”, ha apuntado.

Según ha detallado Usón, “la violencia machista ataca directamente a la función materna” y, en la mayoría de casos, esa es una de las estrategias del agresor. “La violencia genera miedo, inseguridad, aislamiento, hipervigilancia, desgaste emocional y un largo etcétera por desgracia, pero cuestiona permanentemente la capacidad que tiene la mujer de decidir, desautoriza su criterio, minimiza su papel dentro de la familia y en muchos casos instrumentaliza los propios hijos e hijas como una forma adicional de control y de maltrato. Y esto no lo sacamos de los libros, lo sacamos de los casos diarios. Este daño no es únicamente una consecuencia directa de la violencia. En muchas ocasiones constituye una estrategia deliberada del agresor. El agresor desacredita a la mujer también como madre, cuestiona sus decisiones, genera inseguridad sobre sus capacidades, obstaculiza los cuidados cotidianos y dificulta todas aquellas rutinas que proporcionan estabilidad y seguridad a los hijos e hijas. Por tanto, vemos que la violencia se ejerce contra la mujer, pero ataca también activamente el ejercicio de la maternidad. La consecuencia que nos encontramos es que muchas mujeres sienten que no han podido ejercer la maternidad como hubiesen deseado, como les hubiese gustado”, ha subrayado.

En este sentido, el experto ha recalcado que en el sistema de protección se encuentran a mujeres que “mayoritariamente intentan cuidar, proteger y educar a sus hijos en circunstancias extraordinariamente adversas”. “Junto al daño también debemos ser capaces de reconocer las capacidades. Muchas madres desarrollan estrategias activas de protección, incluso en contextos extremadamente difíciles. Realizan enormes esfuerzos para amortiguar el impacto de la violencia. Incluso podríamos decir que preservan espacios de seguridad dentro de lo que pueden hacer. Yo creo que desde los servicios especializados tratamos de identificar, de validar, de fortalecer estas capacidades, no porque el daño no exista, sino porque una intervención centrada exclusivamente en lo que falta, en el déficit, en las dificultades, puede invisibilizar”, ha destacado.

Muchas mujeres no quieren que les hagan los tactos y terminan muchas veces en un parto instrumental con una episiotomía

En el caso del parto, Sonsoles Merino Sanchez, matrona del Hospital Universitario Donostia, ha indicado que es fundamental ser conscientes de que el parto es una “experiencia de vulnerabilidad”, sobre todo para aquellas mujeres que han sufrido abuso sexual en la infancia. “Los paritorios son habitaciones en la que la cama está en el centro. Abren la puerta y la mujer está muy expuesta. Son situaciones en las que vemos que hay mucho miedo. Muchas mujeres no quieren que les hagan los tactos y terminan muchas veces en un parto instrumental con una episiotomía, con lo que supone todo eso. ¿Entonces, no somos conscientes de que incluso la arquitectura de los paritorios puede ayudar a proteger a esa mujer? La prevención es fundamental, así como la detección en las clases de preparación al parto y las consultas en todas las semanas de gestación. Tiene que haber un cribado, un acompañamiento y tenemos que tener personal formado en hacer preguntas relacionadas con la violencia que han podido sufrir estas mujeres”, ha destacado.

Ante las limitaciones, los profesionales han llegado a la conclusión de que es fundamental la comunicación y el trabajo conjunto entre distintos departamentos y Diputaciones. “Echo en falta equipos bisagra sociosanitarios, programas dentro de las Diputaciones que se ajusten a las necesidades de cada caso, porque hay realidades complejas y a veces la rigidez de la estructura institucional dificulta la adecuación de los recursos a las necesidades de cada mujer. Podrían plantearse la creación de equipos de profesionales sociosanitarios que hicieran, por ejemplo, bisagra entre sanidad y lo social”, ha propuesto la matrona.

Estas son algunas de las cuestiones que de forma general han abordado durante la primera jornada del curso, que a lo largo de este martes planteará cuestiones como la detección y acompañamiento desde la red sanitaria a mujeres víctimas de violencia en el periodo de embarazo, parto y post parto, la psicoterapia de la parentalidad en mujeres que han sufrido trauma o las consecuencias en el maternaje de las mujeres victimas de abuso sexual en la infancia.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un total de 76 años de prisión a tres integrantes de la familia propietaria del Gran Circo África al considerar acreditado que sometieron durante años a una familia de trabajadores a un régimen continuado de “violencia, humillaciones, explotación laboral y agresiones sexuales a los menores”. La sentencia absuelve a una cuarta acusada y descarta finalmente los delitos de trata de seres humanos.

Los magistrados sitúan los hechos entre 2020 y 2024, periodo durante el que las víctimas, un matrimonio y sus dos hijos menores, convivieron con los acusados mientras el circo recorría distintas localidades españolas.

La investigación se inició después de que la mujer lograra escapar y, días más tarde, también huyera su marido para denunciar los hechos ante la Guardia Civil, cuando el circo se encontraba en la provincia de Cáceres. A partir de esa denuncia, la Guardia Civil puso en marcha el operativo, liberó a los menores y se iniciaron las diligencias judiciales.

La causa fue instruida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Trujillo, que posteriormente la remitió a la Audiencia Provincial de Cáceres para su enjuiciamiento.

La resolución considera probado que el matrimonio fue sometido de forma “reiterada a golpes, amenazas, insultos y actos vejatorios”, en un contexto de “absoluta dominación”. El tribunal afirma que las agresiones y humillaciones constituyeron un trato “degradante” y añade que algunos episodios alcanzaron una intensidad “calificable de torturador”, expresión empleada en la sentencia para describir la gravedad de la violencia ejercida sobre las víctimas.

Abusos y agresiones a los menores

Según los hechos declarados probados en la sentencia, recogida por EFE, también los dos hijos de la pareja fueron objeto de “agresiones físicas, amenazas y castigos”, además de verse obligados a realizar distintas tareas dentro del circo. La Audiencia concluye igualmente que dos de los condenados les impusieron “actos de naturaleza sexual”, algunos grabados con teléfonos móviles, y destaca que esos vídeos, incorporados a la causa, resultaron determinantes para corroborar los testimonios de las víctimas.

El fallo condena al propietario del circo y a uno de sus hijos por un delito contra los derechos de los trabajadores, al apreciar que aprovecharon la “extrema vulnerabilidad económica de la familia para imponerles unas condiciones laborales abusivas”.

Los tres acusados son además responsables de cuatro delitos contra la integridad moral, uno por cada miembro de la familia.A ello se suman varias condenas por agresiones sexuales a menores, una tentativa, y por elaboración de material pornográfico infantil, en función de la participación atribuida a cada procesado.

No obstante, la Sala absuelve a los acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual que sostenía inicialmente la Fiscalía.

180.000 euros de indemnización

Los magistrados consideran acreditada la explotación y los malos tratos, pero entienden que durante el juicio no quedó demostrado, “con la certeza exigible” en el proceso penal, que las víctimas tuvieran completamente anulada su libertad de movimientos ni que existiera una finalidad de explotación sexual en la captación de los menores o un propósito de difusión o beneficio económico con las grabaciones.

La sentencia también absuelve a una cuarta persona procesada al apreciar dudas sobre su intervención en una de las grabaciones y concluir que el resto de imágenes que se le atribuían carecían de relevancia penal.

En materia de responsabilidad civil, los tres condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a las cuatro víctimas con 180.000 euros: 50.000 euros para la madre, 30.000 para el padre y 50.000 euros para cada uno de los dos hijos.

Los informes médico-forenses incorporados al procedimiento reflejan que los dos menores precisan tratamiento psicológico por las secuelas derivadas de los hechos, mientras que la madre presenta importantes consecuencias emocionales que afectan a su vida cotidiana.

Además de las penas de prisión, la Audiencia impone distintas órdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicación, periodos de libertad vigilada e inhabilitación para desarrollar actividades profesionales, docentes o de ocio que impliquen contacto habitual con menores

Durante demasiado tiempo confundimos admiración con impunidad. La historia está llena de genios, artistas, deportistas y figuras de poder a quienes se les toleraron comportamientos reprobables porque su talento parecía situarlos por encima del juicio moral. Hoy, por fin, esa coartada empieza a resquebrajarse.

Hubo un tiempo en que bastaba con escribir una obra inmortal, pintar un cuadro revolucionario, marcar un gol histórico o acumular poder institucional para disfrutar de una indulgencia social que rara vez se concedía al ciudadano común. El talento actuaba como salvoconducto y la fama como escudo. Se admiraba la obra hasta el punto de cerrar los ojos ante la conducta.

La reciente polémica surgida en torno a Juan Carlos Aragón (el célebre autor del Carnaval de Cádiz, conocido como el Capitán Veneno), ha reabierto un debate que trasciende el carnaval de Cádiz. Nadie discute su relevancia artística ni la huella que dejó en la cultura popular gaditana. Sin embargo, la difusión pública de una sentencia por malos tratos en el ámbito familiar ha obligado a muchos admiradores a enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿qué hacemos cuando el creador admirado no está a la altura de su propia obra?

La cuestión no afecta únicamente al mundo de la cultura. La historia contemporánea está llena de ejemplos que muestran cómo el prestigio y el poder pueden convertirse en mecanismos de protección. Ocurrió en el Reino Unido cuando, tras la muerte de Jimmy Savile, salieron a la luz centenares de denuncias por abusos sexuales que habían permanecido ocultas durante décadas. La muerte, lejos de cerrar el juicio social, abrió una investigación moral que cambió para siempre la percepción de quien había sido considerado una institución nacional.

También sucede con figuras que siguen ocupando un lugar central en la historia cultural. Pablo Picasso continúa siendo uno de los mayores genios de la pintura moderna, pero cada vez son más los historiadores y biógrafos que analizan críticamente la relación que mantuvo con muchas de las mujeres que compartieron su vida. Nadie cuestiona la trascendencia artística del creador del cubismo; lo que se cuestiona es la antigua costumbre de considerar que el genio exime de cualquier examen moral.

Algo parecido ocurre con Camilo José Cela. Su inmenso legado literario es indiscutible y su aportación a la literatura española resulta fundamental para comprender el siglo XX. Sin embargo, junto a la admiración por el escritor han convivido críticas a determinados comportamientos personales, actitudes públicas y episodios de su biografía que hoy serían observados con mucha menos indulgencia que en la España de su tiempo. La grandeza literaria y las sombras humanas pueden coexistir en una misma persona.

También en Castilla-La Mancha hemos conocido episodios que demuestran que el abuso de poder adopta múltiples formas

Lo que une estos casos no es el arte, la literatura o el espectáculo. Es el poder. La convicción de que el reconocimiento social, la fama o la autoridad otorgan un margen de impunidad que no está al alcance de los demás.

Y sería un error pensar que este fenómeno pertenece únicamente al universo de los famosos. También en Castilla-La Mancha hemos conocido episodios que demuestran que el abuso de poder adopta múltiples formas. Lo hemos visto en responsables públicos condenados por el uso indebido de fondos públicos, en alcaldes inhabilitados por prevaricación administrativa o urbanística y en servidores públicos que utilizaron sus cargos vulnerando los principios de legalidad que debían defender. Cambian los nombres, las instituciones y las circunstancias. Lo que permanece es la tentación de creer que una posición de privilegio permite actuar al margen de las normas.

Ante esta realidad surge una pregunta recurrente: ¿debemos borrar la obra cuando descubrimos las miserias de quien la creó? La respuesta no está en destruir el pasado, sino en comprenderlo con honestidad. Las canciones seguirán sonando, los cuadros seguirán colgados en los museos y los libros seguirán ocupando las estanterías. La cultura no desaparece porque conozcamos mejor a sus autores.

Pero una sociedad madura tampoco puede seguir rindiendo homenaje acrítico a quienes utilizaron su posición para humillar, abusar o maltratar a otros. Preservar una obra no obliga a santificar a su creador. Recordar una contribución artística no exige silenciar a las víctimas.

La verdadera grandeza de una comunidad no consiste en fabricar ídolos perfectos, sino en ser capaz de mirar de frente la complejidad humana. Podemos admirar un cuadro sin ignorar el sufrimiento de quienes rodearon al pintor. Podemos emocionarnos con una novela sin convertir a su autor en ejemplo moral. Podemos disfrutar de una obra y, al mismo tiempo, condenar una conducta.

Porque el talento puede emocionar, inspirar e incluso cambiar una época. Lo que nunca debería hacer es absolver la miseria.

Los Mossos d'Esquadra han recibido una cuarta denuncia contra el productor de cine Xavier Atance, ya investigado después de que tres trabajadoras de su empresa le denunciaran por agresión sexual, según avanza El Periódico y han confirmado fuentes del cuerpo policial a la agencia ACN. Esta nueva denuncia se formalizó el pasado martes y los Mossos esperan recibir más, indican las mismas fuentes. Según El Periódico, hay otras tres mujeres que meditan denunciar al productor. Los Mossos detuvieron a Atance el pasado 10 de junio y la magistrada de la plaza 6 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Barcelona decretó su libertad con medidas cautelares. La causa está abierta por los delitos de agresión sexual y acoso.

Tras la detención de principios de junio, la jueza emitió una orden de alejamiento y una prohibición de comunicación con las víctimas, le retiró el pasaporte y le prohibió salir del territorio.

Atance había sido denunciado por tres trabajadoras de 24, 26 y 30 años, que habían relatado hechos ocurridos recientemente. Una de las denunciantes ha denunciado que el productor la violó en su domicilio cuando se encontraba en estado de semiinconciencia después de una noche de fiesta en la discoteca La Paloma.

Atance es responsable de la productora Benecé Produccions SL, empresa con una trayectoria de cerca de cuarenta años. Ha participado en la creación de películas como 'El cadáver de Anna Fritz' y 'Fènix 18-23', así como en documentales como 'Maragall y la luna' y 'El sueño de Sigena'. También ha trabajado en producciones para cadenas de televisión como 3Cat, RTVE y Betevé, además de colaborar con instituciones como el Ajuntament de Barcelona.

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a 12 años de cárcel a un profesor de un centro de Primaria de Lanzarote que abusó sexualmente de tres de sus alumnas de entre nueve y once años, a las que efectuó tocamientos y besó durante las clases y viajes escolares, entre los años 2015 y 2019.

Según la sentencia, hecha pública este viernes, los hechos se han considerado probados tanto por el relato de las perjudicadas, ya mayores de edad cuando se celebró el juicio, que declararon de forma “firme y consistente”, como por el testimonio de varios compañeros de clase, que corroboraron lo expuesto por ellas.

El tribunal ha recalcado que no se trató de “meras carantoñas, sino de múltiples acciones” con connotación sexual que el acusado llevó a cabo sobre las menores, sin que fuera algo “accidental”, al tiempo que ha remarcado que no existe “ninguna duda” de la consideración como abuso sexual el hecho de dar un beso en la boca a una alumna.

El procesado actuó prevaliéndose de su condición de autoridad, pues era profesor de un colegio público, de Educación Primaria, y cometió los hechos durante la jornada escolar, mientras daba clase a las menores o bien con ocasión de los viajes organizados por el centro escolar, concluyen los magistrados.

La sentencia precisa que, aunque los otros profesores no corroboraron estos hechos en el juicio, que fueron negados por el acusado, son los alumnos los únicos que pueden ofrecer un relato de lo que sucedía en el interior del aula.

“En clase era donde tenían lugar los hechos que se declaran probados, evidentemente nunca a la vista de otros profesores”, indica la el tribunal en sus razonamientos legales.

Así mismo, señala que los menores, quienes tenían entre nueve y once años cuando ocurrieron los abusos, “tomaban su comportamiento con naturalidad, dentro de la mecánica novedosa que para ellos suponían las clases del acusado, completamente distintas de las recibidas hasta ese momento”.

La sala abunda en que las conductas inapropiadas del procesado y de “carácter inequívocamente sexual” han sido descritas por todos los alumnos que declararon en el juicio y “han quedado perfectamente acreditadas”, y no advierte un móvil espurio en la denuncia presentada ni problemas entre las perjudicadas y el acusado en el colegio, ni con los testigos.

En el fallo se condena también al profesor a indemnizar con 2.000 euros a cada una de las tres alumnas, se le impone la inhabilitación absoluta durante nueve años y siete años con carácter especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, así como la prohibición de aproximarse o comunicarse con sus tres alumnas durante siete años.

El músico y productor musical Nacho Mañó, exmiembro de Presuntos Implicados, ha afirmado que nunca “maltrató ni acosó” a la excomponente del grupo Lydia Rodríguez y lamenta el “profundo dolor” que están causando las acusaciones de la cantante tanto a su familia y el “daño irreparable” a su imagen.

En un comunicado remitido a EFE, Mañó asegura que se ha visto obligado a emitir este escrito al ver su imagen asociada a las palabras “maltrato” y “acoso” en las tertulias televisivas y en titulares de prensa, tras el anuncio de Rodríguez en las redes sociales de que abandonaba el grupo por un “control extremo” sobre su físico, un “maltrato” del que considera cómplices a sus compañeros.

“El maltrato y el acoso son acusaciones muy graves, además de un serio problema para nuestra sociedad. Son situaciones en las que, honestamente, nunca he incurrido ni tolerado”, afirma el músico valenciano, que alienta a denunciar estas situaciones ya que la legislación ofrece “protección” y “vías garantistas”.

Maño recuerda que el 21 de enero de 2021 anunciaron el final definitivo de la actividad del grupo, por lo que afirma que “no se corresponde con la verdad decir que Lydia deja el grupo ahora, por malos tratos, como se está publicando”. Añade que respeta a Lydia y su libertad de expresión para denunciar todo aquello que entienda le haya afectado, perjudicado o hecho sufrir, pero “no puede hacer responsable, ni tan siquiera por omisión o como cómplice, a quien nunca la maltrató ni acosó y a quien, además, le prestó todo su apoyo tanto en lo profesional como en lo personal”.

“Las acusaciones de complicidad con el supuesto acoso por sobrepeso que está contando que sufrió me duelen especialmente pues, por desgracia, he tenido que vivir muy de cerca en una de mis hijas una situación de 'bullying' por sobrepeso”, del que Lydia era conocedora. “Todo esto da cuenta de que para mi familia es un tema muy delicado que siempre tratamos con el mayor de los respetos” y “todos, especialmente yo, lamentamos cómo se ha sentido y le deseamos que encuentre paz y energía para afrontar las nuevas etapas que está anunciando”, agrega.

Una trayectoria que empezó en 2007

Sobre la trayectoria de Rodríguez en Presuntos Implicados recuerda que llegó al grupo en 2007, de la mano de su hermano Vicente Mañó que había sido su 'manager' con anterioridad en su carrera en solitario. “Inmediatamente cerramos un pacto entre los tres con un contrato que aceptamos todos, donde asumíamos a parte iguales beneficios y pérdidas”, indica. “Todos nuestros contratos con Lydia se cumplieron por parte de los tres y quedamos libres de todos los compromisos artísticos en 2016 como grupo y con Vicente Mañó como manager”, explica.

Asegura que desde la entrada en el grupo de Lydia intentaron que se sintiera “cómoda e integrada” en Presuntos Implicados y siempre trataron de que la imagen del grupo acorde a su música. “La presión que haya podido sentir es la que la industria del disco nos genera a todos los que participamos en ella, especialmente a las mujeres. Pero nunca por quien suscribe este comunicado”, asevera. Mañó asegura que siempre ha mantenido una actitud “respetuosa y empática con Lydia, tanto en lo profesional como en lo personal” y por ello lamenta cómo se siente.

A finales de 2020 algunos fans les advirtieron de que Lydia “estaba haciendo unas publicaciones en redes junto a su amigo Jeyko, vamos a decir, inapropiadas para la imagen del grupo”, lo que provocó que publicaran el 21 de enero de 2021 un comunicado que daba por terminada su actividad como grupo, según Mañó. El músico y productor finaliza su comunicado agradeciendo el apoyo que está recibiendo en la intimidad y en las redes y el cariño y compañía “incondicional” de su familia.

Sole Giménez manda su apoyo a Lydia Rodríguez

Sole Giménez, la vocalista original del grupo, también se ha pronunciado sobre la situación. Lo ha hecho para mandar públicamente su apoyo a Lydia Rodríguez y lamentar que “haya tenido que atravesar situaciones que le han causado sufrimiento”. “Deseo que encuentre la serenidad y la fortaleza necesarias en estos momentos difíciles”, ha escrito la artista.

“Me entristece que la trayectoria y el importante legado musical de Presuntos Implicados, al que dediqué tantos años de trabajo, ilusión y entrega, se vean hoy envueltos en circunstancias que generan dolor y desconcierto”, ha agregado en su comunicado. “Reconozco que esta situación remueve en mí recuerdos traumáticos de un pasado del que, no sin ayuda y mucho trabajo, he conseguido alejarme y del que quiero seguir distanciada, por lo que ruego que se respete y se entienda mi opción de no hablar de ello”, ha alegado.

La artista ha aprovechado para agradecer el “cariño, respeto y apoyo” que asegura que le han mostrado “siempre tantas personas”. “Hoy más que nunca, os doy las gracias por estar ahí”, ha concluido.

La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un hombre de 27 años como presunto autor de un delito de corrupción de menores, pornografía infantil y agresión sexual a una menor de 15 años a través de redes sociales en Cádiz.

Se trata de un individuo con un elevado número de antecedentes relacionados con delitos de violencia sobre la mujer.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo tras la denuncia presentada en el Puerto de Santa María (Cádiz) por parte de la madre de la menor, según ha informado este miércoles la Policía Nacional.

En la misma, informaba a los agentes de que su hija habría conocido a un hombre mayor de edad través de una red social, quien, tras ganarse progresivamente su confianza, logró que le enviara numerosas fotografías y vídeos de contenido sexual.

Asimismo, el investigado llegó a amenazar a la menor con difundir dicho material si dejaba de atender sus peticiones.

Las pesquisas desarrolladas permitieron determinar que el detenido actuaba siguiendo un mismo modus operandi: en primer lugar localizaba a menores de edad a través de redes sociales y establecía contacto con ellas mediante conversaciones adaptadas a sus intereses y edad.

Una vez obtenida su confianza, trataba de continuar las comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea con la finalidad de obtener imágenes y vídeos de contenido sexual, agrega la Policía.

Posteriormente, cuando conseguía los primeros archivos, amenazaba a las víctimas con difundir el material entre su entorno si se negaban a continuar enviándole más contenido.

Las primeras gestiones de investigación permitieron averiguar que el presunto autor podría encontrarse en la isla de Tenerife, donde finalmente fue localizado y detenido por agentes de Policía Nacional de la isla.

Tras su arresto, se llevó a cabo el análisis del contenido de su teléfono móvil, donde se localizó una gran cantidad de imágenes y conversaciones mantenidas a través de aplicaciones de mensajería instantánea, llegando a alcanzar la suma de más de 18.000 mensajes en un periodo de quince días.

Según la Policía Nacional, el estudio del dispositivo permitió atribuir al detenido la presunta autoría en los delitos de corrupción de menores, pornografía infantil y agresión sexual a la menor de 15 años.

La elevada cantidad de mensajes que intercambiaba el presunto autor con la víctima en un espacio de tiempo reducido evidenció el grado de dependencia emocional generada y el control ejercido por el investigado sobre la víctima.

Según se desprende de la investigación, llegó a imponerle pautas sobre su forma de vestir, las personas con quien debía relacionarse y su actividad en redes sociales, exigiéndole en varias ocasiones el bloqueo de muchos de sus amigos de las mismas.

Tras su detención, el autor fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.

El Grupo Social UNATE ha denunciado la “invisibilización” de los abusos y maltratos que sufren las personas mayores, alertando de que solo el 4% de los casos de maltrato a personas mayores se denuncia debido al desconocimiento, la vergüenza y el miedo de las víctimas.

Por ello, y con motivo del 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el Grupo Social UNATE ha decidido difundir nuevamente sus vídeos de concienciación bajo el lema '15J: si no es buen trato, es maltrato', ya que “la situación no ha cambiado y los vídeos, que recrean situaciones de abuso en la vida cotidiana, son más que pertinentes”.

La geroantropóloga y coordinadora técnica del Grupo Social UNATE, Mónica Ramos Toro, ha explicado que “se dan abusos y maltratos y dejan una huella profunda, pero nuestra sociedad aún no ha asumido la gravedad del fenómeno”, y ha precisado que muchos de estos hechos ocurren en el ámbito familiar o de cuidados, lo que dificulta aún más su abordaje y denuncia.

Según los datos disponibles en España, el Teléfono Contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores ha registrado 4.173 casos, de los que el 30,2% corresponde a maltrato psicológico, el 15,5% a maltrato económico, el 12,6% a abandono y el 11,3% a maltrato físico, mientras que Cruz Roja España ha constatado que en 8 de cada 10 casos de abusos y maltratos a personas mayores que atienden la víctima es mujer.

El gerente del Grupo Social UNATE, Francisco Gómez Nadal, ha señalado que “como sociedad seguimos poniendo el énfasis en el 'buen trato' pero preferimos mirar hacia otro lado ante el maltrato”, y ha advertido en que “estamos en una etapa muy inicial de la toma de conciencia” sobre esta realidad.

Desde primera hora de la mañana, Miguel Hurtado y otras víctimas de abusos a menores en la Iglesia se han concentrado en las inmediaciones de Montserrat. Querían denunciar el “acto de violencia institucional que supone la visita del Papa a la zona cero de la pederastia clerical catalana”.

Hurtado, primer denunciante de abusos sexuales en la abadía, ha calificado de “absoluto despropósito” la llegada del Papa. “Se ha atrevido a ir al lugar del crimen sin hablar con las víctimas del delito y reparar el daño causado”, ha lamentado el también portavoz de la asociación Reparación Integral Ya.

Hurtado ha atendido a los medios desde la abadía y ha anunciado que ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para dar a conocer el caso y reclamar la reparación de las víctimas. Asimismo, pide la creación de un monumento de homenaje permanente a las víctimas en el monasterio.

“Entiendo que Montserrat es una institución milenaria y que la Moreneta es la patrona de Catalunya, pero Montserrat es también el lugar del crimen donde el hermano Andreu Soler abusó de 12 niños durante 30 años con el conocimiento de tres abades que no lo denunciaron a la policía”, ha lamentado Hurtado, quien hace meses escribió una carta al Pontífice para que no visitara Montserrat.

Aunque nunca fue condenado judicialmente porque murió en 2008, una comisión de investigación interna de la abadía de Montserrat concluyó en 2019 que el monje Andreu Soler fue un “depredador sexual” de escuchas. Soler fue el monje responsable de los scouts entre los años setenta y noventa.

Sin embargo, León XIV no ha hecho referencia alguna a los abusos en su visita al santuario, que acaba de celebrar el milenario de su existencia. A los pies de la Moreneta, a la que ha llegado en helicóptero, a lo más que ha llegado el Papa ha sido a recordar cómo “los muros de este recinto” han sido custodios de “las alegrías y las penas, los gozos y las lágrimas de tantos fieles, y han escuchado también las voces celestiales del canto infantil de la Escolanía más antigua de Europa”.

El Papa ha querido centrar su intervención, antes del rezo del Rosario, en mostrar “el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre”. Y junto a ello, “la violencia que puede esconderse en nuestras palabras y actitudes: la crítica que humilla, la condena que destruye y la agresividad que divide”. Una “violencia escondida” que “puede revestirse muchas veces de aparentes armaduras con las que intentamos proteger nuestras heridas, nuestros miedos o el sufrimiento causado por las injusticias”.

Ha tenido oportunidad de referirse a los menores al referirse a la Virgen de Montserrat, “que nos muestra a Jesús como un niño indefenso descansando en su regazo, pues aquí está Ella, junto a su Hijo, invitándonos a amarnos unos a otros”. Una oportunidad que el Pontífice ha dejado pasar para referirse a Jesús como un niño “que no lleva armaduras y será Él mismo quien luego, desnudo en la cruz, se abandone totalmente al Padre para salvarnos con la fuerza desarmada y desarmante del amor”.

El Papa ha dedicado el final de su oración a la Virgen: “Ella nos invita a reconocernos hermanos y hermanas, donde nadie quede excluido y donde la comunión sea más fuerte que toda división”, ha terminado el Papa, quien ha pedido a María, “Reina de la paz, que enseñe a renunciar a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a la murmuración y a las calumnias. Aprendamos a custodiar y a cultivar el amor en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos y en las comunidades cristianas, de modo que el odio ceda paso a la esperanza y la paz”.

Toda la información, en www.religiondigital.org

El dramaturgo Ramón Paso fue detenido el pasado sábado por presuntamente agredir sexualmente a una menor de 15 años. El director teatral, que tiene una causa abierta por agresión, acoso sexual y coacciones a 14 mujeres desde 2024; fue arrestado por la Policía Municipal de Madrid cerca de la plaza de Cibeles, después de que unos viandantes avisaran de que estaba realizando tocamientos a una adolescente. Según ha avanzado El Mundo y confirmado elDiario.es, Paso se identificó como su profesor de teatro y amigo de la familia.

La Policía Municipal de Madrid informa de que la detención tuvo lugar el sábado 23 de mayo, a las 19:30 de la tarde, después de que dos testigos alertaran a una patrulla de haber visto a un adulto tocando y besando a una menor en un banco de la zona peatonal del Paseo del Prado. Estos tocamientos se habrían realizado en los muslos y nalgas, y los besos en los hombros y en el cuello.

Ramón Paso fue arrestado poco tiempo después, mientras paseaba con la menor cerca del Banco de España. El dramaturgo declaró que habían quedado para “dar una vuelta” después de que la adolescente hubiera tenido un problema con sus compañeros de instituto en una fiesta de cumpleaños. Según la Policía, el director de teatro reconoció que la menor se había sentado sobre sus piernas, alegando que lo había hecho para que no se manchara la ropa. La joven reconoció los tocamientos, indicando que el dramaturgo “la estaba consolando”.

Los padres de la chica, que se enteraron de lo sucedido por la llamada de los agentes, confirmaron que él era el profesor de teatro de su hija, así como amigo de la familia, pero que no sabía que ambos estaban pasando la tarde juntos. Tras tomar declaración a los testigos y la joven, los agentes procedieron a la detención de Ramón Paso por un presunto delito de agresión sexual. La menor fue trasladada a un centro médico y el dramaturgo a las dependencias de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Este periódico se ha puesto en contacto con el abogado de Ramón Paso en la causa de las 14 denuncias de 2024, que ha declinado hacer declaraciones.

14 mujeres denunciaron a Ramón Paso

La detención de Ramón Paso ha tenido lugar mientras continúa abierta la causa contra él tras haber sido denunciado por agresión, acoso sexual y coacciones a 14 mujeres en 2024. Fuentes jurídicas confirman a elDiario.es que la causa continúa abierta, que ya han declarado todas las víctimas y que está pendiente que lo haga el dramaturgo, cuya declaración tendrá lugar “próximamente”. También que los hechos ahora denunciados se asemejan a los descritos en esta causa.

Los delitos denunciados habrían tenido lugar en castings en los que participaba el director de teatro y las víctimas, 14 jóvenes de entre 18 y 25 años, entre 2018 y 2013. Desde el mundo de la cultura, estas denuncias fueron recibidas con repulsa.

La Fiscalía sostuvo entonces que el director de teatro usaba violencia e intimidación para convertir a mujeres jóvenes en “objetos de su placer sexual”. La querella del Ministerio Público recogió las prácticas violentas que presuntamente llevaba a cabo el dramaturgo con al menos 14 mujeres de su compañía de teatro, especialmente aquellas jóvenes, en situación precaria y pertenecientes a familias desestructuradas. “Les exigía que fueran sin ropa interior y llevaran las bragas en la mano para entregárselas”, recogieron.

Ramón Paso no ha dejado de ejercer de profesor de teatro desde entonces, ya que continúa con su actividad a través de la compañía Pasoazorín Teatro, que dirige junto a la actriz Ana Azorín. Ella fue una de las cinco compañeras del grupo de teatro que defendieron públicamente al dramaturgo cuando salieron a la luz estas denuncias.

Paso tuvo un taller de guionistas, calificado como “secta”

Antes de la etapa en la que supuestamente sucedieron estos delitos, Paso intentó labrarse un nombre en el mundo del guion televisivo mediante un laboratorio colectivo dirigido por él mismo y denominado 'El Alambique de Ideas'. La idea era vender posteriormente estos proyectos a la televisión. El taller se convirtió en una comunidad muy cohesionada que las personas consultadas por este periódico coincidieron en calificar como “secta” por sus normas, su culto al líder y las prácticas poco habituales de las que muchos fueron testigos dentro.

Todas relataron el mismo procedimiento de captación: un cartel en la universidad, una entrevista con dos mujeres donde no estaba Ramón Paso, pero donde ya se comenzaba a vender su figura totémica. Los integrantes no obtenían remuneración por el desarrollo de los guiones, y todos recuerdan que “la mayor parte” de los miembros del grupo eran mujeres. “Ejercía un poder brutal, le tenían como si fuera un gurú”, reconoció una integrante del grupo. Las alumnas compartieron que, desde el primer día, todo giraba en torno a la figura del dramaturgo, que imponía normas estrictas, humillaba a quienes no las seguían, realizaba juegos extraños psicológicos y hasta les decía si podían saludar o no a exmiembros del taller.

Francia se enfrenta a un escándalo de abusos a menores en el que se está investigando a “monitores” de decenas de escuelas infantiles y primarias públicas por actos de violencia, agresiones sexuales y violaciones.

La Policía de París está investigando más de 100 denuncias de malos tratos, violencia física y violaciones de niños de tan solo tres años por parte de monitores escolares durante las pausas para comer, la hora de la siesta y las actividades extraescolares, según han confirmado los fiscales.

“Tenemos investigaciones en curso en 84 centros de preescolar, unas 20 escuelas primarias y unas 10 escuelas infantiles”, ha declarado la fiscal jefe de París, Laure Beccuau. Los abogados indican que las investigaciones incluyen supuestas violaciones de niños de tan solo tres y cuatro años.

Asociaciones de padres y madres dicen que llevaban años luchando para que se tomaran en serio las denuncias. Señalan que las deficiencias en el proceso de selección y en la verificación de los monitores escolares permitieron que los abusos continuaran.

“Es un escándalo de enormes proporciones”, afirma Florian Lastelle, abogado de tres familias parisinas que han presentado denuncias ante la policía por los supuestos abusos sufridos por sus hijos. “El sistema educativo público es motivo de orgullo en este país, pero, lamentablemente, en la Francia actual no se puede afirmar que el servicio público garantice la seguridad de los niños”.

Presencia diaria

Los monitores escolares son adultos que se encargan de los niños durante el almuerzo, los recreos, la siesta y las actividades extraescolares, y a veces pasan más tiempo con los niños que los profesores. No son empleados directamente por las escuelas ni por el Ministerio de Educación, sino que son contratados por el Ayuntamiento o las autoridades locales, a menudo sin formación ni títulos profesionales y, cada vez más, con contratos temporales, y muchos de ellos cobran por horas.

La educación infantil es obligatoria en Francia a partir de los tres años, y los monitores escolares son una presencia diaria clave para los niños de entre tres y 11 años.

Una mañana, el niño de tres años se angustió tanto frente a la puerta del colegio, negándose a entrar, que entró en una especie de trance y su madre se echó a llorar. El director tuvo que salir para obligar al niño a entrar en el colegio, y en ese momento ni la madre del niño ni el director sabían por qué

Louis Cailliez — Abogado de dos familias de París

Las acusaciones contra los monitores escolares denunciadas por padres y madres de toda Francia incluyen gritos a los niños, empujones, tirones de pelo, privación de comida, obligarles a comer hasta que vomitan y agresiones sexuales o violaciones.

“Es una tortura diaria”

El abogado Louis Cailliez, que representa a dos familias de París, presentó denuncias ante la policía en febrero por las presuntas violaciones de sus hijos en escuelas infantiles en 2025. En uno de los casos, una niña de tres años fue supuestamente violada por un monitor escolar en una guardería del oeste de París. En otro caso, un niño de tres años fue supuestamente violado por el mismo monitor, que había sido trasladado a otra guardería tras las denuncias de que había ejercido violencia física contra los niños.

“Una mañana, el niño de tres años se angustió tanto frente a la puerta del colegio, negándose a entrar, que entró en una especie de trance y su madre se echó a llorar. El director tuvo que salir para obligar al niño a entrar en el colegio, y en ese momento ni la madre del niño ni el director sabían por qué”, dice Cailliez.

Afirma que los niños sufrían física y psicológicamente las repercusiones del supuesto abuso. “Es una tortura diaria para los padres, que quieren que la investigación avance para determinar la magnitud de los delitos”, dice.

Cailliez asegura que el sector de los monitores escolares en Francia es un “desastre” y “una catástrofe nacional”.

La semana que viene comienza en París el juicio contra un monitor escolar acusado de abusar sexualmente de cinco niños de entre tres y cinco años en una escuela infantil del distrito 11. Se espera que el próximo mes se dicte sentencia en otro caso contra un monitor escolar de 47 años acusado de abusar sexualmente de nueve niñas de 10 años en París.

Plan del Ayuntamiento de París

Emmanuel Grégoire, el nuevo alcalde socialista de París, ha puesto en marcha un plan de 20 millones de euros para hacer frente a lo que él mismo ha calificado de “grave disfunción” en el sistema de monitores escolares de la ciudad. “Si hubo un error colectivo, fue tratar estos incidentes como casos aislados cuando, en realidad, apuntan a un riesgo sistémico y, tal vez, incluso a un silencio sistémico”, declaró Grégoire a Le Monde el mes pasado.

Entre enero y abril, el Ayuntamiento de París suspendió a 78 monitores escolares, incluidos 31 sospechosos de abuso sexual.

Grégoire, quien reveló que sufrió abusos sexuales de niño por parte de un monitor escolar, ha creado una asamblea ciudadana para debatir el papel de los monitores escolares, que presentará sus conclusiones en junio.

La asociación de padres SOS Périscolaire ha estado al frente de la recopilación de testimonios y de la campaña en favor de la justicia durante los últimos cinco años, en medio de una lucha por hacer oír la voz de los padres. Una de sus fundadoras, Anne, que no quiso que se publicara su nombre completo, afirmó que el escándalo de los abusos es de ámbito nacional. “Es claramente un problema sistémico y que afecta a toda Francia. No solo hay disfunciones a nivel municipal, sino que estamos empezando a decir que también las hay por parte del Estado”.

Según indica, es una buena señal que la fiscalía haya abierto investigaciones sobre los monitores escolares: “Por fin se están tomando en serio los testimonios de padres e hijos”. Explica que los progenitores luchan para que se tomen medidas básicas, como que se les facilite una lista con los nombres y las fotografías de los monitores escolares que trabajan con las clases de los niños. Esta información aún no se facilitaba de forma sistemática.

Un portavoz de otro grupo de padres y madre, #MeTooEcole, creado en el este de París, declara: “La sociedad francesa está tomando conciencia de que la escuela no es el santuario que creíamos. Cuando dejas a un niño en el colegio por la mañana, ese niño no está en absoluto protegido contra la disfunción administrativa y el comportamiento pedófilo. Los niños se enfrentan a todo tipo de violencia: desde la violencia verbal y física hasta los abusos sexuales. Es espantoso y está generando miedo. Los padres están indignados”.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de un condenado a 14 años de cárcel por abusar de dos nietas menores de edad, de los que 8 se corresponden a lo ocurrido con una y 4 a la otra y el pago de 45.000 y 15.000 euros, tal y como pedía la Fiscalía.

En su momento quedó absuelto de dos delitos continuados de exhibición de material pornográfico por el que la Fiscalía le pedía dos años de prisión al atribuirle que en varias ocasiones le exhibió a las niñas videos para adultos.

Al igual que ocurrió en las instancias judiciales anteriores, el Supremo da por probado que el abuelo paterno de ambas cuando tenía entre 66 y 75 años y las niñas desde los 6 hasta los 14 años, abusaba de ellas cuando se quedaba a su cuidado.

El procesado estaba al frente de una cantina situada en Santa Cruz de Tenerife y los fines de semana se hacía cargo de las niñas cuando los padres lo necesitaban.

El hombre, según la sentencia condenatoria, amenazaba a las menores que si contaban algo de lo que les hacía destruirían a la familia.

Ante el Supremo, el condenado alegó que las declaraciones de las víctimas carecían de persistencia dada la corta de edad que tenían y el largo espacio de tiempo transcurrido hasta que presentaron la denuncia y que no existieron síntomas externos ni indicios objetivos apreciables en su entorno.

También que las manifestaciones de los padres no son una prueba directa, sino relatos de referencia, que nadie vio lo ocurrido excepto una testigo, ajena a la familia, que aseguró haber presenciado algunos episodios pero que calló para evitar problemas y cuyo testimonio el acusado cuestiona.

Finalmente, indica que las pruebas periciales psicológicas no resultan concluyentes por cuanto se limitan a afirmar que existen secuelas compatibles con abusos sexuales, si bien, a su juicio, podrían derivar de otro trauma sufrido por las denunciantes.

La respuesta del Supremo es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Audiencia provincial ratificaron de forma “razonable y motivada” las pruebas presentadas “de acuerdo con las reglas de la lógica, la razón y las máximas de la experiencia. No se aprecian graves imprecisiones, fisuras, discordancias o quiebras en el relato de la denunciante”.

En cuanto a la credibilidad se indica que no son consideradas “faltas de persistencia el cambio de orden de las afirmaciones, ni sucesivas ampliaciones del relato cuando no se afecta la coherencia y la significación sustancial de lo narrado y evidencia una tendencia a la fabulación imaginativa”, señala el texto legal.

Las niñas debieron ser sometidas a tratamiento psicológico, tuvieron repercusiones físicas, alteraciones de carácter que se manifestaban en rebeldía y problemas para llevar a cabo relaciones con normalidad.

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su presunta participación en la detención ilegal y agresión sexual a una menor de 16 años, entre otros delitos cometidos entre octubre y diciembre de 2025 en Tobarra (Albacete).

Los detenidos son un hombre y dos mujeres, tal y como ha detallado la Policía Nacional en un comunicado, en el que ha añadido que la menor actualmente se encuentra bajo la protección y tutela de los servicios sociales de Castilla-La Mancha.

Además, han señalado que la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Fue la víctima la que acudió a la Comisaría de la Policía Nacional de Albacete y relató a los policías que durante el tiempo que estuvo alojada en el domicilio de un familiar fue agredida sexualmente por un miembro de la familia mayor de edad.

La chica fue amenazada con armas de fuego e incluso llegaron a encerrarla en una habitación bajo llave, sin poder comunicarse con el exterior.

Una vez que los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos, se inició una investigación que culminó con la identificación y detención de los autores y cooperadores de estos delitos.

Además, se registró la vivienda en la que ocurrieron los hechos, donde se encontraron varias armas de fuego.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a un profesor de Secundaria de Irún a cuatro años y medio de prisión como autor de dos delitos de acercamiento sexual a menores de 16 años a través de internet (“child grooming”) y un delito de amenazas condicionales. Además, tribunal le ha impuesto una condena de 20 días de localización permanente por un delito leve de acoso sexual y cuatro años de libertad vigilada tras finalizar la pena de cárcel.

La Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana ha considerado acreditado que el acusado contactó con tres alumnas del centro escolar en el que trabajaba en el curso escolar 2023-2024 a través de una cuenta que con una identidad ficticia abrió en una red social, manteniendo con ellas conversaciones con “manifestaciones trufadas de carácter sexual” y que en dos supuestos incluyeron “propuestas serias” de encuentros que finalmente no llegaron a consumarse, entre otras razones, porque el caso llegó a conocimiento de la dirección del centro.

Para ello, el tribunal valora las evidencias digitales que se han obtenido de los teléfonos móviles de las menores y el “relato sólido y persistente de estas”, además del testimonio de varios profesionales del centro escolar que también declararon durante el juicio que tuvo lugar el pasado marzo. El acusado mantuvo con las tres menores conversaciones en una red social “cuyo contenido, duración e intensidad es claramente impropio para lo que marca la relación profesor-alumna; de aparente ‘colegueo’, con el que buscaba ganarse su confianza, introduciendo siempre el acusado en el desarrollo de estas interacciones (…) manifestaciones trufadas de carácter sexual, que posteriormente acompañó, en alguno de los casos, de alguna propuesta de encuentro, con igual trasfondo, y actos materiales concretos, dirigidos a estrechar el acercamiento ya realizado a través de internet”, añade la Audiencia de Gipuzkoa.

Por su parte, la Audiencia guipuzcoana rechaza las alegaciones del acusado que se declaró la supuesta víctima de los hechos enjuiciados argumentado que era él el “objeto de deseo de estas menores”. Según argumentó el acusado, eran las alumnas quienes le “ofrecían noches locas a cambio de una chaqueta” y que una joven le ofreció “dejarse besar si le daba dinero, porque lo necesitaría o algo”. “Parezco una rock star nada más entrar al colegio, rodeado de un montón de jóvenes, con los que a veces se normaliza el trato de amistad, porque cuando la gente tiene problemas se dirige a mí. Me he podido equivocar y este no dudo que ha sido un caso”, reconoció en el uso de la última palabra, para añadir que su situación ha sido “complicada” y su “único apoyo han sido los alumnos”.

“La valoración individualizada pero también conjunta de los múltiples medios de prueba permite descartar la veracidad intrínseca de estas afirmaciones. No eran las menores sino él quien buscaba su proximidad física, en un acercamiento en modo alguno neutral o inocuo, sino con una clara finalidad de búsqueda, de preparación del terreno para ulteriores interacciones sexuales con las niñas”, afirma el tribunal sobre esta cuestión.

A pesar de ello, el acusado sí que reconoció haber abierto una cuenta con un pseudónimo en una red social, hecho que ha quedado probado por el tribunal que considera que el contacto a través de internet y la cuenta falsa que el acusado creó al efecto, “buscaba el acercamiento virtual” a las menores, “para estrechar sobre ellas el cerco de seducción, acompañando esta conducta de una búsqueda de cercanía física” para “mantener e intensificar esa relación creada en la red y propuestas concretas de encuentros para culminar el cerco de seducción creado, que en ningún caso llegaron a consumarse”. La resolución recuerda asimismo que fue el acusado el que facilitó a las menores su perfil falso, el que buscó a estas con un “claro instinto sexual” como se desprende de las conversaciones que mantuvo con ellas, en las que se incluían referencias a su aspecto físico, a quién podría ser su “sugar baby” y similares, y les ofrecía llevarlas a dar una vuelta en moto o en coche.

“El acusado andaba a la búsqueda de una menor que cayera seducida por sus encantos y preparaba el terreno para aquello que luego pudiera suceder, pero que no se materializó en este caso”, recoge la sentencia, en la que el tribunal también estima acreditado que el acusado incurrió en un delito leve de acoso en relación con una de las menores porque junto al contenido de las conversaciones mantenidas a través de internet, también le pidió que le informara del domicilio en el que vivía, provocando en ella “un claro sentimiento de desasosiego y temor”.

Además, la Audiencia de Gipuzkoa condena al profesor por un delito de amenazas condicionales ya que también ha quedado probado que este remitió un correo electrónico a varios alumnos del centro, con un aviso expreso a las menores concernidas, de que debían borrar todas las capturas de sus móviles, que no difundieran nada, dado que en caso de que él denunciara, la policía iba a rastrear los móviles que él les dijera. El acusado acompañó el mensaje con un archivo adjunto con las posibles infracciones civiles y penales en las que podrían incurrir las menores en caso de seguir compartiendo esas capturas en un intento, dice el tribunal, por “infundir más temor” en ellas si no cumplían con la “condición de destrucción de las evidencias que les indicaba”. “El propósito de su correo era claro: infundirles el suficiente temor para que borraran esas conversaciones, para que no las difundieran, siendo plenamente consciente del carácter absolutamente impropio cuando no delictivo de las mismas”, precisa la Audiencia.

No obstante, el tribunal absuelve al acusado de tres delitos de solicitud de favores sexuales bajo precio y uno de exhibición sexual ante menores de los que también estaba acusado debido a que no consta que el acusado solicitara a ninguna de las menores realizar actos concretos de contenido sexual a cambio de prestación económica alguna o promesa de algún tipo. Tampoco consta, según el tribunal, que enviara a ninguna de estas tres menores, ni a ninguna otra que haya sido identificada en el procedimiento, ningún tipo de vídeo de contenido sexual en el que exhibiera sus partes íntimas. Se trata de una sentencia que no es firme y contra la que cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

El nuevo espacio de atención integral a menores víctimas de violencia sexual en Navarra, denominado Barnahus, entrará en funcionamiento el próximo 4 de mayo tras haber sido inaugurado hace unos meses. Representantes de la Comisión de Presidencia e Igualdad, de la Comisión de Interior, Función Pública y Justicia y de la Comisión de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Parlamento de Navarra han visitado este miércoles las instalaciones del centro.

El modelo Barnahus, término islandés que se traduce por 'la casa de la infancia', es un modelo europeo reconocido, basado en la protección, la confianza y el respeto. El objetivo es ofrecer “un espacio amigable y especializado” que reúna, en un solo lugar, todos los servicios necesarios para atender a niñas y chicas adolescentes de 3 a 15 años (a partir de los 16 años las atienden en el CAIVS) y a niños y chicos adolescentes de 3 a 17 años, así como menores con discapacidad, que han podido ser víctimas de violencia sexual.

El objetivo final es, según han explicado María Muñiz, psicóloga forense y coordinadora del centro, “evitar que los niños y niñas víctimas de violencia tengan que recorrer un camino complejo debido a múltiples entrevistas, distintos entornos institucionales y procesos largos que, en ocasiones, podían generar una revictimización”. Barnahus plantea “un espacio seguro, adaptado a la infancia, donde todos los sistemas implicados -justicia, servicios sociales, sanidad, fuerzas policiales y atención psicológica- puedan trabajar de manera coordinada”, ha expuesto.

Para ello, según ha explicado Maite Arenaza, el espacio se ha diseñado como un lugar “acogedor”, con techos de madera y abuhardillados para dar una sensación de hogar, ya que se considera que la arquitectura y la decoración de los espacios son también parte del proceso terapéutico, de ahí que cuente con salas con decoración infantil y adolescente para las entrevistas y terapias personales, así como con una cocina anexa que se utiliza también durante los tratamientos psicológicos.

El centro cuenta con los espacios adecuados para realizar las pruebas preconstituidas, es decir, las declaraciones ante el juez, para que el menor no tenga que acudir al Palacio de Justicia, un entorno “mucho más hostil”.

En cuanto al acceso a Barnahus, se ha definido un protocolo específico interdepartamental para definir el circuito de acceso: ante la sospecha de una agresión sexual a una persona menor o con discapacidad intelectual, los departamentos del Gobierno de Navarra y los profesionales implicados deben realizar una derivación formal y enviar a la persona al centro para su valoración y seguimiento. De la misma manera, las personas afectadas, sus familiares y personas allegadas tienen la opción de acudir directamente a Barnahus.

Una vez que el equipo recibe el caso, procederá a analizar toda la información disponible y recabará, en la medida de lo necesario, datos adicionales que permitan realizar una valoración completa y precisa de la situación.

Así, en una reunión interdepartamental, se elaborará un plan de actuación conjunto que especificará los servicios que se propondrán a la familia y a cada persona menor y priorizará que la mayoría de estas acciones se realicen en la Barnahus, “garantizando así un proceso centrado en la protección de las niñas, niños y adolescentes en un entorno amigable”. En 2025, fueron atendidos en Navarra 78 menores víctimas de agresión sexual.

El multimillonario estadounidense Elon Musk dio plantón este lunes al Tribunal de París que le había citado en el marco de una investigación por posibles violaciones de la legislación del país por contenidos publicados en su red X, algo de lo que tomó “nota” la Fiscalía, que continúa sus pesquisas. “Su presencia o ausencia no impide la continuación de la investigación” sobre X, afirmaron fuentes de la Fiscalía a EFE.

La investigación judicial, abierta en enero de 2025, se centra en los delitos de complicidad en la posesión y distribución de imágenes de pornografía infantil de menores, y en el uso del modelo de inteligencia artificial de X para crear 'deepfakes' (ultrafalsos) sexualmente explícitos sin el consentimiento de las víctimas, precisaron las fuentes. Recordaron que las autoridades judiciales de otros países también han abierto investigaciones contra X, relacionadas con estas mismas sospechas.

De conformidad con las disposiciones sobre cooperación penal internacional, ciertos documentos del procedimiento francés se han remitido al Ministerio de Justicia, a las fiscalías de California y Nueva York, así como a diversas fiscalías europeas, señalaron.

Conforme al procedimiento penal francés, que garantiza a toda persona investigada la posibilidad de declarar sobre los presuntos delitos, algunos directivos y empleados de la empresa X habían sido citados hoy a declarar por los servicios policiales encargados de la investigación, pero ninguno de ellos se presentó, constató la Fiscalía francesa que continúa con sus pesquisas.

El magnate estaba convocado para una declaración en la que no debía comparecer como imputado, sino bajo el formato de lo que se conoce como “una audición libre”, que tampoco excluía teóricamente la posibilidad de que hubiese podido terminar arrestado En marzo pasado, Musk trató de “retrasados mentales”, escrito directamente en francés (“attardés mentaux”), a los magistrados que investigan sobre X en Francia.

Una reacción abrupta tras el registro judicial que se llevó a cabo a comienzos de febrero en la sede de X en París, y al que la empresa replicó rechazando “categóricamente haber cometido la menor infracción” y denunciando “motivaciones políticas”. El procedimiento del Tribunal de París pretende aclarar si X incumple la normativa francesa en tanto que responsable por la difusión en esa plataforma de contenidos pedopornográficos.

También por creaciones de 'deepfakes', esencialmente vídeos o imágenes de apariencia muy realista y de contenido sexual que la inteligencia artificial elabora y sin el consentimiento de las víctimas que le sirven de modelo.

El Departamento estadounidense de Justicia (DOJ) reaccionó a las solicitudes de los magistrados franceses quejándose de una iniciativa que a su parecer pretende arrastrar a Estados Unidos a un procedimiento penal “con fuerte connotación política”. En una carta dirigida al Ministerio francés de Justicia filtrada por el Wall Street Journal, el DOJ se queja de que el objetivo detrás de esos movimientos de los magistrados es forzar una regulación indeseada de “las actividades comerciales de una plataforma de redes sociales”.

Fuentes de la Fiscalía de París dijeron a EFE que tuvieron conocimiento, a través de la prensa, de esa carta “supuestamente” publicada por el DOJ. En cualquier caso, dijeron: “Es importante recordar que la Constitución francesa garantiza la separación de poderes y la independencia del poder judicial” y “las investigaciones penales se llevan a cabo exclusivamente bajo la autoridad de los magistrados”.

El fundador de Telegram, Pavel Durov, que tiene doble nacionalidad rusa y francesa y es él mismo objeto de otro procedimiento judicial por la actividad de su red social, manifestó hoy su apoyo a Musk señalando que “la Francia de (Emmanuel) Macron pierde legitimidad al instrumentalizar investigaciones penales para reprimir la libertad de expresión y la privacidad”