El dramaturgo Ramón Paso fue detenido el pasado sábado por presuntamente agredir sexualmente a una menor de 15 años. El director teatral, que tiene una causa abierta por agresión, acoso sexual y coacciones a 14 mujeres desde 2024; fue arrestado por la Policía Municipal de Madrid cerca de la plaza de Cibeles, después de que unos viandantes avisaran de que estaba realizando tocamientos a una adolescente. Según ha avanzado El Mundo y confirmado elDiario.es, Paso se identificó como su profesor de teatro y amigo de la familia.

La Policía Municipal de Madrid informa de que la detención tuvo lugar el sábado 23 de mayo, a las 19:30 de la tarde, después de que dos testigos alertaran a una patrulla de haber visto a un adulto tocando y besando a una menor en un banco de la zona peatonal del Paseo del Prado. Estos tocamientos se habrían realizado en los muslos y nalgas, y los besos en los hombros y en el cuello.

Ramón Paso fue arrestado poco tiempo después, mientras paseaba con la menor cerca del Banco de España. El dramaturgo declaró que habían quedado para “dar una vuelta” después de que la adolescente hubiera tenido un problema con sus compañeros de instituto en una fiesta de cumpleaños. Según la Policía, el director de teatro reconoció que la menor se había sentado sobre sus piernas, alegando que lo había hecho para que no se manchara la ropa. La joven reconoció los tocamientos, indicando que el dramaturgo “la estaba consolando”.

Los padres de la chica, que se enteraron de lo sucedido por la llamada de los agentes, confirmaron que él era el profesor de teatro de su hija, así como amigo de la familia, pero que no sabía que ambos estaban pasando la tarde juntos. Tras tomar declaración a los testigos y la joven, los agentes procedieron a la detención de Ramón Paso por un presunto delito de agresión sexual. La menor fue trasladada a un centro médico y el dramaturgo a las dependencias de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Este periódico se ha puesto en contacto con el abogado de Ramón Paso en la causa de las 14 denuncias de 2024, que ha declinado hacer declaraciones.

14 mujeres denunciaron a Ramón Paso

La detención de Ramón Paso ha tenido lugar mientras continúa abierta la causa contra él tras haber sido denunciado por agresión, acoso sexual y coacciones a 14 mujeres en 2024. Fuentes jurídicas confirman a elDiario.es que la causa continúa abierta, que ya han declarado todas las víctimas y que está pendiente que lo haga el dramaturgo, cuya declaración tendrá lugar “próximamente”. También que los hechos ahora denunciados se asemejan a los descritos en esta causa.

Los delitos denunciados habrían tenido lugar en castings en los que participaba el director de teatro y las víctimas, 14 jóvenes de entre 18 y 25 años, entre 2018 y 2013. Desde el mundo de la cultura, estas denuncias fueron recibidas con repulsa.

La Fiscalía sostuvo entonces que el director de teatro usaba violencia e intimidación para convertir a mujeres jóvenes en “objetos de su placer sexual”. La querella del Ministerio Público recogió las prácticas violentas que presuntamente llevaba a cabo el dramaturgo con al menos 14 mujeres de su compañía de teatro, especialmente aquellas jóvenes, en situación precaria y pertenecientes a familias desestructuradas. “Les exigía que fueran sin ropa interior y llevaran las bragas en la mano para entregárselas”, recogieron.

Ramón Paso no ha dejado de ejercer de profesor de teatro desde entonces, ya que continúa con su actividad a través de la compañía Pasoazorín Teatro, que dirige junto a la actriz Ana Azorín. Ella fue una de las cinco compañeras del grupo de teatro que defendieron públicamente al dramaturgo cuando salieron a la luz estas denuncias.

Paso tuvo un taller de guionistas, calificado como “secta”

Antes de la etapa en la que supuestamente sucedieron estos delitos, Paso intentó labrarse un nombre en el mundo del guion televisivo mediante un laboratorio colectivo dirigido por él mismo y denominado 'El Alambique de Ideas'. La idea era vender posteriormente estos proyectos a la televisión. El taller se convirtió en una comunidad muy cohesionada que las personas consultadas por este periódico coincidieron en calificar como “secta” por sus normas, su culto al líder y las prácticas poco habituales de las que muchos fueron testigos dentro.

Todas relataron el mismo procedimiento de captación: un cartel en la universidad, una entrevista con dos mujeres donde no estaba Ramón Paso, pero donde ya se comenzaba a vender su figura totémica. Los integrantes no obtenían remuneración por el desarrollo de los guiones, y todos recuerdan que “la mayor parte” de los miembros del grupo eran mujeres. “Ejercía un poder brutal, le tenían como si fuera un gurú”, reconoció una integrante del grupo. Las alumnas compartieron que, desde el primer día, todo giraba en torno a la figura del dramaturgo, que imponía normas estrictas, humillaba a quienes no las seguían, realizaba juegos extraños psicológicos y hasta les decía si podían saludar o no a exmiembros del taller.

Francia se enfrenta a un escándalo de abusos a menores en el que se está investigando a “monitores” de decenas de escuelas infantiles y primarias públicas por actos de violencia, agresiones sexuales y violaciones.

La Policía de París está investigando más de 100 denuncias de malos tratos, violencia física y violaciones de niños de tan solo tres años por parte de monitores escolares durante las pausas para comer, la hora de la siesta y las actividades extraescolares, según han confirmado los fiscales.

“Tenemos investigaciones en curso en 84 centros de preescolar, unas 20 escuelas primarias y unas 10 escuelas infantiles”, ha declarado la fiscal jefe de París, Laure Beccuau. Los abogados indican que las investigaciones incluyen supuestas violaciones de niños de tan solo tres y cuatro años.

Asociaciones de padres y madres dicen que llevaban años luchando para que se tomaran en serio las denuncias. Señalan que las deficiencias en el proceso de selección y en la verificación de los monitores escolares permitieron que los abusos continuaran.

“Es un escándalo de enormes proporciones”, afirma Florian Lastelle, abogado de tres familias parisinas que han presentado denuncias ante la policía por los supuestos abusos sufridos por sus hijos. “El sistema educativo público es motivo de orgullo en este país, pero, lamentablemente, en la Francia actual no se puede afirmar que el servicio público garantice la seguridad de los niños”.

Presencia diaria

Los monitores escolares son adultos que se encargan de los niños durante el almuerzo, los recreos, la siesta y las actividades extraescolares, y a veces pasan más tiempo con los niños que los profesores. No son empleados directamente por las escuelas ni por el Ministerio de Educación, sino que son contratados por el Ayuntamiento o las autoridades locales, a menudo sin formación ni títulos profesionales y, cada vez más, con contratos temporales, y muchos de ellos cobran por horas.

La educación infantil es obligatoria en Francia a partir de los tres años, y los monitores escolares son una presencia diaria clave para los niños de entre tres y 11 años.

Una mañana, el niño de tres años se angustió tanto frente a la puerta del colegio, negándose a entrar, que entró en una especie de trance y su madre se echó a llorar. El director tuvo que salir para obligar al niño a entrar en el colegio, y en ese momento ni la madre del niño ni el director sabían por qué

Louis Cailliez — Abogado de dos familias de París

Las acusaciones contra los monitores escolares denunciadas por padres y madres de toda Francia incluyen gritos a los niños, empujones, tirones de pelo, privación de comida, obligarles a comer hasta que vomitan y agresiones sexuales o violaciones.

“Es una tortura diaria”

El abogado Louis Cailliez, que representa a dos familias de París, presentó denuncias ante la policía en febrero por las presuntas violaciones de sus hijos en escuelas infantiles en 2025. En uno de los casos, una niña de tres años fue supuestamente violada por un monitor escolar en una guardería del oeste de París. En otro caso, un niño de tres años fue supuestamente violado por el mismo monitor, que había sido trasladado a otra guardería tras las denuncias de que había ejercido violencia física contra los niños.

“Una mañana, el niño de tres años se angustió tanto frente a la puerta del colegio, negándose a entrar, que entró en una especie de trance y su madre se echó a llorar. El director tuvo que salir para obligar al niño a entrar en el colegio, y en ese momento ni la madre del niño ni el director sabían por qué”, dice Cailliez.

Afirma que los niños sufrían física y psicológicamente las repercusiones del supuesto abuso. “Es una tortura diaria para los padres, que quieren que la investigación avance para determinar la magnitud de los delitos”, dice.

Cailliez asegura que el sector de los monitores escolares en Francia es un “desastre” y “una catástrofe nacional”.

La semana que viene comienza en París el juicio contra un monitor escolar acusado de abusar sexualmente de cinco niños de entre tres y cinco años en una escuela infantil del distrito 11. Se espera que el próximo mes se dicte sentencia en otro caso contra un monitor escolar de 47 años acusado de abusar sexualmente de nueve niñas de 10 años en París.

Plan del Ayuntamiento de París

Emmanuel Grégoire, el nuevo alcalde socialista de París, ha puesto en marcha un plan de 20 millones de euros para hacer frente a lo que él mismo ha calificado de “grave disfunción” en el sistema de monitores escolares de la ciudad. “Si hubo un error colectivo, fue tratar estos incidentes como casos aislados cuando, en realidad, apuntan a un riesgo sistémico y, tal vez, incluso a un silencio sistémico”, declaró Grégoire a Le Monde el mes pasado.

Entre enero y abril, el Ayuntamiento de París suspendió a 78 monitores escolares, incluidos 31 sospechosos de abuso sexual.

Grégoire, quien reveló que sufrió abusos sexuales de niño por parte de un monitor escolar, ha creado una asamblea ciudadana para debatir el papel de los monitores escolares, que presentará sus conclusiones en junio.

La asociación de padres SOS Périscolaire ha estado al frente de la recopilación de testimonios y de la campaña en favor de la justicia durante los últimos cinco años, en medio de una lucha por hacer oír la voz de los padres. Una de sus fundadoras, Anne, que no quiso que se publicara su nombre completo, afirmó que el escándalo de los abusos es de ámbito nacional. “Es claramente un problema sistémico y que afecta a toda Francia. No solo hay disfunciones a nivel municipal, sino que estamos empezando a decir que también las hay por parte del Estado”.

Según indica, es una buena señal que la fiscalía haya abierto investigaciones sobre los monitores escolares: “Por fin se están tomando en serio los testimonios de padres e hijos”. Explica que los progenitores luchan para que se tomen medidas básicas, como que se les facilite una lista con los nombres y las fotografías de los monitores escolares que trabajan con las clases de los niños. Esta información aún no se facilitaba de forma sistemática.

Un portavoz de otro grupo de padres y madre, #MeTooEcole, creado en el este de París, declara: “La sociedad francesa está tomando conciencia de que la escuela no es el santuario que creíamos. Cuando dejas a un niño en el colegio por la mañana, ese niño no está en absoluto protegido contra la disfunción administrativa y el comportamiento pedófilo. Los niños se enfrentan a todo tipo de violencia: desde la violencia verbal y física hasta los abusos sexuales. Es espantoso y está generando miedo. Los padres están indignados”.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de un condenado a 14 años de cárcel por abusar de dos nietas menores de edad, de los que 8 se corresponden a lo ocurrido con una y 4 a la otra y el pago de 45.000 y 15.000 euros, tal y como pedía la Fiscalía.

En su momento quedó absuelto de dos delitos continuados de exhibición de material pornográfico por el que la Fiscalía le pedía dos años de prisión al atribuirle que en varias ocasiones le exhibió a las niñas videos para adultos.

Al igual que ocurrió en las instancias judiciales anteriores, el Supremo da por probado que el abuelo paterno de ambas cuando tenía entre 66 y 75 años y las niñas desde los 6 hasta los 14 años, abusaba de ellas cuando se quedaba a su cuidado.

El procesado estaba al frente de una cantina situada en Santa Cruz de Tenerife y los fines de semana se hacía cargo de las niñas cuando los padres lo necesitaban.

El hombre, según la sentencia condenatoria, amenazaba a las menores que si contaban algo de lo que les hacía destruirían a la familia.

Ante el Supremo, el condenado alegó que las declaraciones de las víctimas carecían de persistencia dada la corta de edad que tenían y el largo espacio de tiempo transcurrido hasta que presentaron la denuncia y que no existieron síntomas externos ni indicios objetivos apreciables en su entorno.

También que las manifestaciones de los padres no son una prueba directa, sino relatos de referencia, que nadie vio lo ocurrido excepto una testigo, ajena a la familia, que aseguró haber presenciado algunos episodios pero que calló para evitar problemas y cuyo testimonio el acusado cuestiona.

Finalmente, indica que las pruebas periciales psicológicas no resultan concluyentes por cuanto se limitan a afirmar que existen secuelas compatibles con abusos sexuales, si bien, a su juicio, podrían derivar de otro trauma sufrido por las denunciantes.

La respuesta del Supremo es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Audiencia provincial ratificaron de forma “razonable y motivada” las pruebas presentadas “de acuerdo con las reglas de la lógica, la razón y las máximas de la experiencia. No se aprecian graves imprecisiones, fisuras, discordancias o quiebras en el relato de la denunciante”.

En cuanto a la credibilidad se indica que no son consideradas “faltas de persistencia el cambio de orden de las afirmaciones, ni sucesivas ampliaciones del relato cuando no se afecta la coherencia y la significación sustancial de lo narrado y evidencia una tendencia a la fabulación imaginativa”, señala el texto legal.

Las niñas debieron ser sometidas a tratamiento psicológico, tuvieron repercusiones físicas, alteraciones de carácter que se manifestaban en rebeldía y problemas para llevar a cabo relaciones con normalidad.

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su presunta participación en la detención ilegal y agresión sexual a una menor de 16 años, entre otros delitos cometidos entre octubre y diciembre de 2025 en Tobarra (Albacete).

Los detenidos son un hombre y dos mujeres, tal y como ha detallado la Policía Nacional en un comunicado, en el que ha añadido que la menor actualmente se encuentra bajo la protección y tutela de los servicios sociales de Castilla-La Mancha.

Además, han señalado que la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Fue la víctima la que acudió a la Comisaría de la Policía Nacional de Albacete y relató a los policías que durante el tiempo que estuvo alojada en el domicilio de un familiar fue agredida sexualmente por un miembro de la familia mayor de edad.

La chica fue amenazada con armas de fuego e incluso llegaron a encerrarla en una habitación bajo llave, sin poder comunicarse con el exterior.

Una vez que los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos, se inició una investigación que culminó con la identificación y detención de los autores y cooperadores de estos delitos.

Además, se registró la vivienda en la que ocurrieron los hechos, donde se encontraron varias armas de fuego.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a un profesor de Secundaria de Irún a cuatro años y medio de prisión como autor de dos delitos de acercamiento sexual a menores de 16 años a través de internet (“child grooming”) y un delito de amenazas condicionales. Además, tribunal le ha impuesto una condena de 20 días de localización permanente por un delito leve de acoso sexual y cuatro años de libertad vigilada tras finalizar la pena de cárcel.

La Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana ha considerado acreditado que el acusado contactó con tres alumnas del centro escolar en el que trabajaba en el curso escolar 2023-2024 a través de una cuenta que con una identidad ficticia abrió en una red social, manteniendo con ellas conversaciones con “manifestaciones trufadas de carácter sexual” y que en dos supuestos incluyeron “propuestas serias” de encuentros que finalmente no llegaron a consumarse, entre otras razones, porque el caso llegó a conocimiento de la dirección del centro.

Para ello, el tribunal valora las evidencias digitales que se han obtenido de los teléfonos móviles de las menores y el “relato sólido y persistente de estas”, además del testimonio de varios profesionales del centro escolar que también declararon durante el juicio que tuvo lugar el pasado marzo. El acusado mantuvo con las tres menores conversaciones en una red social “cuyo contenido, duración e intensidad es claramente impropio para lo que marca la relación profesor-alumna; de aparente ‘colegueo’, con el que buscaba ganarse su confianza, introduciendo siempre el acusado en el desarrollo de estas interacciones (…) manifestaciones trufadas de carácter sexual, que posteriormente acompañó, en alguno de los casos, de alguna propuesta de encuentro, con igual trasfondo, y actos materiales concretos, dirigidos a estrechar el acercamiento ya realizado a través de internet”, añade la Audiencia de Gipuzkoa.

Por su parte, la Audiencia guipuzcoana rechaza las alegaciones del acusado que se declaró la supuesta víctima de los hechos enjuiciados argumentado que era él el “objeto de deseo de estas menores”. Según argumentó el acusado, eran las alumnas quienes le “ofrecían noches locas a cambio de una chaqueta” y que una joven le ofreció “dejarse besar si le daba dinero, porque lo necesitaría o algo”. “Parezco una rock star nada más entrar al colegio, rodeado de un montón de jóvenes, con los que a veces se normaliza el trato de amistad, porque cuando la gente tiene problemas se dirige a mí. Me he podido equivocar y este no dudo que ha sido un caso”, reconoció en el uso de la última palabra, para añadir que su situación ha sido “complicada” y su “único apoyo han sido los alumnos”.

“La valoración individualizada pero también conjunta de los múltiples medios de prueba permite descartar la veracidad intrínseca de estas afirmaciones. No eran las menores sino él quien buscaba su proximidad física, en un acercamiento en modo alguno neutral o inocuo, sino con una clara finalidad de búsqueda, de preparación del terreno para ulteriores interacciones sexuales con las niñas”, afirma el tribunal sobre esta cuestión.

A pesar de ello, el acusado sí que reconoció haber abierto una cuenta con un pseudónimo en una red social, hecho que ha quedado probado por el tribunal que considera que el contacto a través de internet y la cuenta falsa que el acusado creó al efecto, “buscaba el acercamiento virtual” a las menores, “para estrechar sobre ellas el cerco de seducción, acompañando esta conducta de una búsqueda de cercanía física” para “mantener e intensificar esa relación creada en la red y propuestas concretas de encuentros para culminar el cerco de seducción creado, que en ningún caso llegaron a consumarse”. La resolución recuerda asimismo que fue el acusado el que facilitó a las menores su perfil falso, el que buscó a estas con un “claro instinto sexual” como se desprende de las conversaciones que mantuvo con ellas, en las que se incluían referencias a su aspecto físico, a quién podría ser su “sugar baby” y similares, y les ofrecía llevarlas a dar una vuelta en moto o en coche.

“El acusado andaba a la búsqueda de una menor que cayera seducida por sus encantos y preparaba el terreno para aquello que luego pudiera suceder, pero que no se materializó en este caso”, recoge la sentencia, en la que el tribunal también estima acreditado que el acusado incurrió en un delito leve de acoso en relación con una de las menores porque junto al contenido de las conversaciones mantenidas a través de internet, también le pidió que le informara del domicilio en el que vivía, provocando en ella “un claro sentimiento de desasosiego y temor”.

Además, la Audiencia de Gipuzkoa condena al profesor por un delito de amenazas condicionales ya que también ha quedado probado que este remitió un correo electrónico a varios alumnos del centro, con un aviso expreso a las menores concernidas, de que debían borrar todas las capturas de sus móviles, que no difundieran nada, dado que en caso de que él denunciara, la policía iba a rastrear los móviles que él les dijera. El acusado acompañó el mensaje con un archivo adjunto con las posibles infracciones civiles y penales en las que podrían incurrir las menores en caso de seguir compartiendo esas capturas en un intento, dice el tribunal, por “infundir más temor” en ellas si no cumplían con la “condición de destrucción de las evidencias que les indicaba”. “El propósito de su correo era claro: infundirles el suficiente temor para que borraran esas conversaciones, para que no las difundieran, siendo plenamente consciente del carácter absolutamente impropio cuando no delictivo de las mismas”, precisa la Audiencia.

No obstante, el tribunal absuelve al acusado de tres delitos de solicitud de favores sexuales bajo precio y uno de exhibición sexual ante menores de los que también estaba acusado debido a que no consta que el acusado solicitara a ninguna de las menores realizar actos concretos de contenido sexual a cambio de prestación económica alguna o promesa de algún tipo. Tampoco consta, según el tribunal, que enviara a ninguna de estas tres menores, ni a ninguna otra que haya sido identificada en el procedimiento, ningún tipo de vídeo de contenido sexual en el que exhibiera sus partes íntimas. Se trata de una sentencia que no es firme y contra la que cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

El nuevo espacio de atención integral a menores víctimas de violencia sexual en Navarra, denominado Barnahus, entrará en funcionamiento el próximo 4 de mayo tras haber sido inaugurado hace unos meses. Representantes de la Comisión de Presidencia e Igualdad, de la Comisión de Interior, Función Pública y Justicia y de la Comisión de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Parlamento de Navarra han visitado este miércoles las instalaciones del centro.

El modelo Barnahus, término islandés que se traduce por 'la casa de la infancia', es un modelo europeo reconocido, basado en la protección, la confianza y el respeto. El objetivo es ofrecer “un espacio amigable y especializado” que reúna, en un solo lugar, todos los servicios necesarios para atender a niñas y chicas adolescentes de 3 a 15 años (a partir de los 16 años las atienden en el CAIVS) y a niños y chicos adolescentes de 3 a 17 años, así como menores con discapacidad, que han podido ser víctimas de violencia sexual.

El objetivo final es, según han explicado María Muñiz, psicóloga forense y coordinadora del centro, “evitar que los niños y niñas víctimas de violencia tengan que recorrer un camino complejo debido a múltiples entrevistas, distintos entornos institucionales y procesos largos que, en ocasiones, podían generar una revictimización”. Barnahus plantea “un espacio seguro, adaptado a la infancia, donde todos los sistemas implicados -justicia, servicios sociales, sanidad, fuerzas policiales y atención psicológica- puedan trabajar de manera coordinada”, ha expuesto.

Para ello, según ha explicado Maite Arenaza, el espacio se ha diseñado como un lugar “acogedor”, con techos de madera y abuhardillados para dar una sensación de hogar, ya que se considera que la arquitectura y la decoración de los espacios son también parte del proceso terapéutico, de ahí que cuente con salas con decoración infantil y adolescente para las entrevistas y terapias personales, así como con una cocina anexa que se utiliza también durante los tratamientos psicológicos.

El centro cuenta con los espacios adecuados para realizar las pruebas preconstituidas, es decir, las declaraciones ante el juez, para que el menor no tenga que acudir al Palacio de Justicia, un entorno “mucho más hostil”.

En cuanto al acceso a Barnahus, se ha definido un protocolo específico interdepartamental para definir el circuito de acceso: ante la sospecha de una agresión sexual a una persona menor o con discapacidad intelectual, los departamentos del Gobierno de Navarra y los profesionales implicados deben realizar una derivación formal y enviar a la persona al centro para su valoración y seguimiento. De la misma manera, las personas afectadas, sus familiares y personas allegadas tienen la opción de acudir directamente a Barnahus.

Una vez que el equipo recibe el caso, procederá a analizar toda la información disponible y recabará, en la medida de lo necesario, datos adicionales que permitan realizar una valoración completa y precisa de la situación.

Así, en una reunión interdepartamental, se elaborará un plan de actuación conjunto que especificará los servicios que se propondrán a la familia y a cada persona menor y priorizará que la mayoría de estas acciones se realicen en la Barnahus, “garantizando así un proceso centrado en la protección de las niñas, niños y adolescentes en un entorno amigable”. En 2025, fueron atendidos en Navarra 78 menores víctimas de agresión sexual.

El multimillonario estadounidense Elon Musk dio plantón este lunes al Tribunal de París que le había citado en el marco de una investigación por posibles violaciones de la legislación del país por contenidos publicados en su red X, algo de lo que tomó “nota” la Fiscalía, que continúa sus pesquisas. “Su presencia o ausencia no impide la continuación de la investigación” sobre X, afirmaron fuentes de la Fiscalía a EFE.

La investigación judicial, abierta en enero de 2025, se centra en los delitos de complicidad en la posesión y distribución de imágenes de pornografía infantil de menores, y en el uso del modelo de inteligencia artificial de X para crear 'deepfakes' (ultrafalsos) sexualmente explícitos sin el consentimiento de las víctimas, precisaron las fuentes. Recordaron que las autoridades judiciales de otros países también han abierto investigaciones contra X, relacionadas con estas mismas sospechas.

De conformidad con las disposiciones sobre cooperación penal internacional, ciertos documentos del procedimiento francés se han remitido al Ministerio de Justicia, a las fiscalías de California y Nueva York, así como a diversas fiscalías europeas, señalaron.

Conforme al procedimiento penal francés, que garantiza a toda persona investigada la posibilidad de declarar sobre los presuntos delitos, algunos directivos y empleados de la empresa X habían sido citados hoy a declarar por los servicios policiales encargados de la investigación, pero ninguno de ellos se presentó, constató la Fiscalía francesa que continúa con sus pesquisas.

El magnate estaba convocado para una declaración en la que no debía comparecer como imputado, sino bajo el formato de lo que se conoce como “una audición libre”, que tampoco excluía teóricamente la posibilidad de que hubiese podido terminar arrestado En marzo pasado, Musk trató de “retrasados mentales”, escrito directamente en francés (“attardés mentaux”), a los magistrados que investigan sobre X en Francia.

Una reacción abrupta tras el registro judicial que se llevó a cabo a comienzos de febrero en la sede de X en París, y al que la empresa replicó rechazando “categóricamente haber cometido la menor infracción” y denunciando “motivaciones políticas”. El procedimiento del Tribunal de París pretende aclarar si X incumple la normativa francesa en tanto que responsable por la difusión en esa plataforma de contenidos pedopornográficos.

También por creaciones de 'deepfakes', esencialmente vídeos o imágenes de apariencia muy realista y de contenido sexual que la inteligencia artificial elabora y sin el consentimiento de las víctimas que le sirven de modelo.

El Departamento estadounidense de Justicia (DOJ) reaccionó a las solicitudes de los magistrados franceses quejándose de una iniciativa que a su parecer pretende arrastrar a Estados Unidos a un procedimiento penal “con fuerte connotación política”. En una carta dirigida al Ministerio francés de Justicia filtrada por el Wall Street Journal, el DOJ se queja de que el objetivo detrás de esos movimientos de los magistrados es forzar una regulación indeseada de “las actividades comerciales de una plataforma de redes sociales”.

Fuentes de la Fiscalía de París dijeron a EFE que tuvieron conocimiento, a través de la prensa, de esa carta “supuestamente” publicada por el DOJ. En cualquier caso, dijeron: “Es importante recordar que la Constitución francesa garantiza la separación de poderes y la independencia del poder judicial” y “las investigaciones penales se llevan a cabo exclusivamente bajo la autoridad de los magistrados”.

El fundador de Telegram, Pavel Durov, que tiene doble nacionalidad rusa y francesa y es él mismo objeto de otro procedimiento judicial por la actividad de su red social, manifestó hoy su apoyo a Musk señalando que “la Francia de (Emmanuel) Macron pierde legitimidad al instrumentalizar investigaciones penales para reprimir la libertad de expresión y la privacidad”

En los primeros tres meses de 2026, 14 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. Los datos de la violencia machista son escalofriantes y, además, son solo “la punta del iceberg”, como lo describe la cineasta Júlia de Paz. Sabe de lo que habla. Ha estado más de cinco años investigando y hablando con maltratadores para dar forma a su segunda película, la estupenda La buena hija que ya se puede ver en cines.

Un filme que aborda la violencia vicaria desde un lugar inusual y poco o nada contado. La cineasta elige el punto de vista de una hija que entra en la adolescencia y que no entiende bien lo que ha pasado. Quiere a su padre, le admira. Él es un artista moderno, progre, con el que se rapa el pelo y habla de las cosas que no se atreve a contar a su madre. Sin embargo, para verse tienen que acudir a un punto de encuentro marcado por los jueces. El filme no cuenta qué ha ocurrido antes de forma explícita, pero es evidente que su padre no puede acercarse a su madre. 

Poco a poco, a través de esa mirada inocente que deja de serlo, La buena hija aborda la violencia vicaria antes de que la tragedia explote. Cuando los sucesos hablan de ella es cuando lo peor ya ha ocurrido. Sin embargo, hay detalles: chantajes, comportamientos, vejaciones más o menos sutiles que también lo son, aunque no estén todavía tipificadas como ello. De eso habla este filme, y lo hace desde la sutilidad y la inteligencia. Confiando en el espectador.

La aproximación de la directora recuerda a Querer. No es casualidad. Aunque Alauda Ruiz de Azúa dirigiera y se encargara finalmente del proyecto, Júlia de Paz fue su cocreadora y estuvo en el proceso de guion. Se nota desde esa primera escena de La buena hija, donde la madre (Janet Novás) recoge las consecuencias de una discusión. Hay platos rotos. Todo por el suelo. No hace falta decir más. 

Una secuencia inicial que Júlia de Paz confiesa que les costó “bastante”. Había que “encontrar la manera de enseñar que algo había pasado, este resto de la violencia, sin que fuera tampoco muy explícito”. Esa escena “marca el tono” del filme: “Cuenta cómo nos vamos a comunicar con el público. El querer contarlo todo desde la sutileza, incluso asumiendo el riesgo de que haya cierta información que el público no llegue a entender y requiera de una participación de los espectadores para llenar estos vacíos”.

Eso sí, sin entrar nunca en ambigüedades o en un suspense peligroso sobre si el padre era o no un maltratador. “Tuvimos la suerte de estar muy acompañadas en toda la escritura de guion. Compartimos mucho el guion para testear si se entendía lo que era necesario, o ver lo que no era tan necesario. Y sobre todo para no dar un mensaje contradictorio, tampoco dar algo panfletario, pero sí dar con la información necesaria para poder entender la historia”, explica.

Uno de los aciertos del filme es derribar estereotipos. Lo más fácil para Júlia de Paz hubiera sido elegir a un padre autoritario y violento en sus formas. Hace lo contrario en un personaje que encarna con acierto Julián Villagrán. “Durante toda la investigación nos dimos cuenta de que hay unas narrativas ya muy marcadas, incluso un cierto arquetipo que nos han hecho entender cómo es un maltratador, y lo que nos dimos cuenta es que esto minimizaba mucho lo que es la violencia, porque lo anclaba mucho a una idea en concreto e invisibilizaba muchísimos más casos que no se estaban teniendo en cuenta”, argumenta. 

Entendemos la violencia machista como violencia física o sexual. Las noticias que nos llegan son la punta del iceberg, porque no estamos contemplando la violencia psicológica

Júlia de Paz — Cineasta

Por eso decidieron escribir “un personaje que se alejara de estas narrativas más hegemónicas de lo que nos han hecho entender que es un maltratador”. Al hacer que sea pintor, la cineasta introduce otro debate, el de si se puede separar la obra del autor. 

El filme reflexiona sobre qué es lo que entendemos como violencia, y también como violencia vicaria. “Pasa con la violencia machista en general, que lo que entendemos como violencia machista es la violencia física o sexual. Pero es que las noticias que nos llegan son la punta del iceberg, porque son los feminicidios y los asesinatos de niños y niñas. Tipificamos la violencia vicaria como el asesinato o la violencia más física y no estamos contemplando la violencia psicológica, que es más difícil de detectar y de leer, pero que si no la abordamos, no estamos abordando el conflicto en su globalidad”, subraya.

Tanto la protagonista —un descubrimiento llamado Kiara Arancibia— como el personaje de su madre avanzan, o al menos resisten, gracias a una red de mujeres a su alrededor. Otras víctimas de violencia, en el caso de la adulta, y las amigas del instituto en el de la joven. Un mensaje que tenían claro que querían dar: “Cuando hablamos con hijas e hijos de víctimas de violencia machista, ellas se preguntaban si serían en el futuro agresores o nuevas víctimas. Queríamos terminar con esa idea y decir que con un buen acompañamiento hay posibilidad de no reproducir estos patrones. Queríamos terminar con un poco de luz, que no se quedara sola, que vea que siempre tendrá esta red y este apoyo para que las espectadoras que puedan estar en una situación similar se queden también con este mensaje”.

Las denuncias de abuso contra René Redzepi y Noma, impulsadas primero por los testimonios que el extrabajador Jasón Ignacio White recogió y publicó en Instagram a través de la cuenta @microbes_vibes y después por el reportaje que la periodista Julia Moskin, premio Pulitzer, firmó en The New York Times a partir de 35 relatos de antiguos empleados, han puesto en cuestión uno de los grandes símbolos de la alta cocina contemporánea. Noma, elegido cinco veces mejor restaurante del mundo por The World’s 50 Best Restaurants, construyó buena parte de su prestigio internacional alrededor de una cultura de exigencia extrema que, según decenas de antiguos trabajadores, incluyó violencia física y verbal, humillación y miedo, y cuyos excesos el propio Redzepi ha asumido al reconocer públicamente el daño causado en el pasado. El caso no solo afecta al chef que convirtió su restaurante en una referencia internacional. También ha dejado un poso incómodo en la alta cocina. Una conversación sobre cómo y por qué ciertas formas de violencia se sostuvieron durante años en nombre de la exigencia, y sobre qué le toca ahora a la generación que intenta desmontarlas sin haberlas construido.

En España, esa conversación no resulta ajena. Aunque no todas las cocinas han funcionado del mismo modo, varios profesionales reconocen patrones conocidos. La alta cocina ha convivido durante años con una idea de autoridad muy concreta. El jefe que aprieta, la jerarquía que no se discute, el error vivido como una amenaza y una cierta épica del aguante que convertía el sufrimiento en parte del aprendizaje. La cuestión que deja Noma no es solo si eso existió, sino cómo pudo sostenerse tanto tiempo sin que apenas se discutiera en público.

Una de las claves aparece en casi todos los testimonios. En una cocina no solo se aprenden técnicas. También se aprende una manera de trabajar, de entender la jerarquía y de tratar al equipo. Durante demasiado tiempo, en demasiadas casas, esa transmisión del oficio incluyó broncas, humillaciones y formas de violencia que se asumieron como parte natural del aprendizaje. Aitor López, cocinero al frente de Citrus del Tancat, lo resume con una frase sencilla: “Igual que adquieres técnicas, adquieres otras cosas”.

En una cocina no solo se aprenden técnicas. También se aprende una manera de trabajar, de entender la jerarquía y de tratar al equipo

La alta cocina convirtió durante años el sacrificio en una prueba de acceso. Se extendió la idea de que, para llegar lejos, había que pasar por determinadas casas y aguantar lo que hiciera falta para poder añadir esa línea al currículum. No era solo una etapa de formación. Era un rito de paso. Haber ‘aguantado’ en cierto restaurante funcionaba como credencial, como señal de resistencia y como forma de legitimación dentro del sector y, de alguna manera, abría puertas de otras cocinas. 

“En muchísimos restaurantes de este país —y en el sector todo el mundo lo ha escuchado, aunque casi nunca se diga en voz alta— se ha maltratado psicológica y físicamente a trabajadores durante años”, sostiene López. A su juicio, el prestigio funcionó como escudo. Cuanto más codiciado era un restaurante, más fácil resultaba imponer una disciplina basada en el miedo a una cantera de stagiaires y jóvenes cocineros dispuestos a soportarlo casi todo con tal de aprender y progresar. “Eso debería haber estado prohibido hace mucho tiempo”, remata.

La clave estaba ahí. Mientras hubiera aspirantes haciendo cola en la puerta, dispuestos a aceptar jornadas extremas, malos modos o una jerarquía casi militar a cambio de una promesa de futuro, el poder dentro de algunas cocinas era casi absoluto. El maltrato no siempre se nombraba como tal. A menudo se presentaba como parte del precio a pagar por aprender en una gran casa. Como un peaje profesional que luego podía convertirse en capital simbólico.

En muchísimos restaurantes de este país —y en el sector todo el mundo lo ha escuchado, aunque casi nunca se diga en voz alta— se ha maltratado psicológica y físicamente a trabajadores durante años

Aitor López — cocinero al frente de Citrus del Tancat

La psicología del trabajo lleva años describiendo ese mecanismo. La teoría del aprendizaje social, formulada por Albert Bandura, sostiene que las personas aprenden observando qué conductas se premian, se toleran o se castigan en su entorno. En el trabajo, eso significa que un empleado no solo interioriza procedimientos o formas de hacer, sino también qué tipo de trato se considera aceptable dentro de una estructura. Un estudio reciente publicado en Frontiers in Psychology resume esa idea de forma muy clara al señalar que los trabajadores aprenden qué conductas son aceptables observando cómo los supervisores tratan a otros empleados. Dicho de otro modo, igual que se hereda una manera de organizar un pase o de sacar una partida, también puede heredarse una forma de corregir, de presionar y de castigar el error. 

Ese aprendizaje ayuda a explicar por qué determinadas prácticas pueden sobrevivir incluso cuando nadie las justifica abiertamente. Si alguien se forma en un entorno donde la bronca se interpreta como método y donde la dureza se confunde con liderazgo, es más fácil que termine incorporando esa lógica como parte del oficio. No porque la comparta del todo, sino porque la ha visto funcionar como norma. Lo que en otro sector se nombraría como abuso, en algunas cocinas se disfrazó durante años como exigencia.

Ese modelo empezó a resquebrajarse antes del caso Noma, aunque el escándalo lo haya acelerado y lo haya hecho visible. No necesariamente porque el sector haya hecho una gran autocrítica, sino porque el contexto ya no es el mismo. Los trabajadores y aspirantes conocen mejor sus derechos, identifican con más claridad dónde están los límites y están menos dispuestos a aceptar que determinadas prácticas formen parte de la formación. También ha cambiado el mercado laboral. La falta de personal en la restauración ha reducido el margen de impunidad de muchas cocinas. Donde antes había una cantera casi inagotable, ahora hay más capacidad para marcharse y poner límites.

Cristina Cánovas, de Palodú (Málaga), lo cuenta desde un lugar muy concreto. “Recuerdo que había veces que iba al trabajo pensando: ‘Espero no fallar hoy en nada’. Era una pequeña ansiedad diaria para que no te dijesen nada”. No habla de un gran episodio aislado, sino de algo más reconocible y quizá más extendido. Esa suma de broncas, tensión y miedo al error que, con el tiempo, “te va minando poco a poco”.

Recuerdo que había veces que iba al trabajo pensando: ‘Espero no fallar hoy en nada’. Era una pequeña ansiedad diaria para que no te dijesen nada

Cristina Cánovas — Palodú (Málaga)

En su caso, esa memoria es precisamente lo que marca una línea roja. “Cuando decidimos emprender, lo teníamos claro. No queríamos que la gente que trabajase con nosotros se sintiera como nosotros nos sentimos en el pasado”, explica. “Se puede enseñar desde el cariño y desde la humildad”. En Palodú, esa decisión no se queda en el discurso. Se traduce en una organización distinta del trabajo, con tres días libres, atención al descanso y una voluntad explícita de que el equipo pueda conciliar. Puede parecer una obviedad, pero en la restauración española no lo ha sido durante mucho tiempo.

Su testimonio apunta a otra cuestión importante. El problema no era solo la gran escena de violencia o la anécdota extrema. También era esa ansiedad cotidiana, más difícil de detectar, que convertía la jornada en una anticipación constante del error. Ahí se sostuvo buena parte de la cultura de la dureza. No solo en los episodios más graves, sino en una atmósfera donde equivocarse parecía inaceptable y donde el miedo se incorporaba como una forma de orden.

Ahí aparece el segundo gran asunto que deja el caso Noma en España. No solo cómo se sostuvo durante tanto tiempo un sistema abusivo, sino quién tiene ahora que desmontarlo. “No hemos heredado solo una profesión, sino un sistema casi agotado”, resume Bruno Jordán, jefe de sala del restaurante Ansils, en Anciles, en el Valle de Benasque. Su diagnóstico no apunta solo a los abusos del pasado, sino al modelo entero que los sostuvo. Jornadas inasumibles, estructuras apoyadas en trabajo precario, una normalización del sacrificio que durante años se confundió con genialidad y una épica del aguante que hoy ya no encuentra el mismo terreno.

“No vivimos ese auge, pero sí pagamos sus consecuencias”, dice Jordán. Buena parte de la generación que hoy intenta sostener proyectos propios no participó de la edad dorada que convirtió a ciertas casas en templos del prestigio, pero sí hereda ahora sus contradicciones. “Ahora el talento joven ya no acepta lo que antes se vendía como aprendizaje, pero la estructura que hemos heredado sigue diseñada para funcionar bajo aquellas condiciones. Se nos exige mantener el nivel, la creatividad y la excelencia, pero sin las herramientas humanas y económicas que hicieron posible ese modelo”, añade.

El talento joven ya no acepta lo que antes se vendía como aprendizaje, pero la estructura que hemos heredado sigue diseñada para funcionar bajo aquellas condiciones

Bruno Jordán — jefe de sala del restaurante Ansils (Anciles, Valle de Benasque)

Su reflexión desplaza el foco de una manera útil. Señalar los abusos del pasado es necesario, pero no basta. También hay que mirar las condiciones que hicieron posible esa cultura y las dificultades de quienes intentan ahora trabajar de otra manera. Cambiar un sistema no consiste solo en denunciar sus excesos. También exige construir una alternativa en un sector con márgenes estrechos, plantillas inestables y una presión constante por seguir ofreciendo experiencias de alto nivel. La generación que quiere romper con la cultura del miedo no es la que la levantó, pero sí la que tiene que asumir el coste de transformarla.

Ese es, probablemente, el verdadero poso que deja el escándalo de Noma en España. No solo la caída de un gran nombre ni la constatación de que la alta cocina también ha producido entornos tóxicos. Lo que deja es una revisión de la herencia. La pregunta por las condiciones que permitieron durante años que la violencia se confundiera con exigencia, que el silencio se premiara con prestigio y que el miedo pudiera presentarse como método de formación.

La cultura de la dureza no ha sido universal ni, sobre todo, inevitable. “Yo he estado (trabajando) en el que para mí es uno de los mejores restaurantes de España, que es Ricard Camarena, y a mí nunca me han levantado la voz, ni nunca me han tratado mal. Puede haber momentos de tensión, puede haber momentos de más presión, pero a mí nunca se me ha faltado al respeto. Nunca se me ha chillado, ni se me ha hostigado para mantener la exigencia” asegura Aitor López. Parte del sector empieza ahora a decir en voz alta lo que antes se comentaba en privado. Que la excelencia no necesita humillación. Que un equipo agotado o asustado no aprende mejor por sufrir más. Y que la gran ruptura no consiste en rebajar la exigencia, sino en dejar de confundirla con el sufrimiento. El caso Noma no ha abierto esa conversación en España, pero sí ha hecho más difícil seguir esquivándola.

En enero de 2023, el supuestamente mejor restaurante del mundo –si se cree en listas y distinciones subjetivas– anunció a bombo y platillo su cierre repentino debido a una razón muy peculiar: si pagaba un sueldo a todos sus empleados, incluyendo los estudiantes en prácticas conocidos como stagiers, el negocio no era rentable. Pasado un tiempo razonable, se descubrió que ese punto y final no era tal, ya que Noma se acabó transformado en una especie de restaurante nómada con eventos especiales a 1.500 dólares el cubierto. A priori, la jugada de René Redzepi, el famoso chef de Noma, era maestra: ¿por qué deslomarte a diario en tu propio restaurante cuando hay clientes adinerados por todo el mundo dispuestos a pagar la fiesta?

La madre del cordero se descubrió al resolver la equis de la ecuación. La incógnita que hacía saltar todo por los aires. Sí, Noma era el mejor restaurante del mundo de puertas afuera, pero se convertía en la casa de los horrores de puertas adentro, con vejaciones, castigos y agresiones del chef a su joven equipo. Atrocidades tan salvajes como pinchar con un tenedor a sus empleados por debajo de la cintura durante el servicio porque la cocina abierta a la vista de la clientela no destapara la brutalidad del monstruo.

Con la publicación del reportaje en The New York Times, firmado por la ganadora del premio Pulitzer Julia Moskin con 35 testimonios en primera persona, los acontecimientos se han desencadenado a un ritmo frenético. Extrabajadores se han manifestado en las calles, patrocinadores millonarios han cerrado el grifo, una carta legal de One Fair Wage amenaza con acciones penales por su legado directo vinculado a la esclavitud y, como colofón, René Redzepi se ha visto acorralado y obligado a dar un paso atrás abandonando su puesto de mando en primera línea y pidiendo perdón en un vídeo publicado en redes sociales.

Aquí es de vital importancia el cómo. Las imágenes, con multicámara de alta calidad y con planos cortos de sus trabajadores –¿dónde está el consentimiento?– que presagia un futuro documental de Netflix, muestran un cocinero entonando el mea culpa desde un plural mayestático más que discutible: “Superaremos esto”, se repite hasta tres veces, y una frase en particular resuena en los tímpanos: “No es lo que somos ahora”, dice con el mensaje estudiado al milímetro. El perdón a las víctimas se diluye como un azucarillo y toma fuerza la redención personal para resurgir de las cenizas buscando el aplauso del sujeto arrepentido, del sujeto deconstruido.

Lo sucedido en Noma es tan solo la punta del iceberg que no deja ver en la superficie la raíz de un problema de mayor calibre

Con estos modos discutibles, la disculpa se embarra en un intento desesperado de salvar lo inevitable: Noma está herido de muerte. Es más, Noma ya ha muerto porque Noma no tiene futuro. Noma es –ahora sí– historia de la alta cocina guiada por un cocinero que jugó a ser dios con nuestro beneplácito. Así es como debería convertirse en caso práctico de mala praxis en las escuelas de cocina del mundo para que ningún joven con aspiraciones cometa el mismo error de bulto.

Ahora bien, una vez resumida la trama sería tremendamente lógico pensar que esta historia pertenece a las élites, que no incumbe a la mayoría de mortales que no pueden pagar estas morteradas para sentarse en la mesa, que poco o nada tienen en común el nicho de restaurantes con tres estrellas Michelin, o de la lista The World 50 Best Restaurants, con los restaurantes de gama media y las casas de comida de barrio o de pueblo con menú de mediodía que luchan por sobrevivir. Pues bien, sería tremendamente lógico pensarlo y, a la vez, sería un error flagrante porque lo sucedido en Noma es tan solo la punta del iceberg que no deja ver en la superficie la raíz de un problema de mayor calibre que nos atañe a todos.

La denuncia de malos tratos dentro de una cocina no debería sorprender a nadie porque lo hemos convertido casi en cultura pop. Las audiencias televisivas han aplaudido las nueve temporadas con 116 episodios de 'Pesadilla en la cocina' de Alberto Chicote, entre otros programas

Para empezar, la denuncia de malos tratos dentro de una cocina no debería sorprender a nadie porque lo hemos convertido casi en cultura pop. Las audiencias televisivas millonarias han aplaudido las 24 temporadas con 373 episodios de Gordon Ramsay en La Cocina del Infierno o las nueve temporadas con 116 episodios de Pesadilla en la cocina de Alberto Chicote. Hemos cenado en el sofá del hogar visualizando los puñetazos, los golpes y los gritos que tanto han escandalizado a la opinión pública en el caso de Noma sin que nos produjera acidez en el estómago. Ni antes era ciencia ficción ni ahora es un caso aislado. Incluso el propio René Redzepi había reconocido años atrás que había sido un bully durante gran parte de su carrera y la gente seguía llenando su comedor sin remordimiento alguno.

En segundo lugar, el tema tiene mayor alcance de lo que aparenta porque son muchos los jóvenes que realizan prácticas en restaurantes de renombre. Claro está, nada que no suceda en otros sectores laborales. El matiz que lo cambia todo es que en este tipo de restaurantes que aspiran a todos los premios y el máximo reconocimiento, el servicio no llega a la mesa sin el trabajo de estas jóvenes promesas sin contrato laboral profesional. Es decir, yo mismo hice prácticas en los servicios informativos de una cadena de televisión pública, pero el telediario se emitía sin ningún problema sin mi intervención. Aquí radica el matiz que lo cambia todo. Estos stagiers sienten un extra de presión en el cogote y, además, desean con todas sus fuerzas no fallar a sus ídolos ni entrar en listas negras que les impedirá seguir labrando un futuro prometedor.

En este tipo de restaurantes que aspiran a todos los premios y el máximo reconocimiento, el servicio no llega a la mesa sin el trabajo de estas jóvenes promesas sin contrato laboral profesional

Además, hablamos de perfiles de jóvenes en prácticas durante tres meses que, en muchas ocasiones, han logrado ese puesto con la competencia de centenares de perfiles similares, que han llegado hasta la puerta del restaurante gracias al patrocinio de los ahorros familiares o que desconocen la lengua local e incluso el marco legal ante cualquier zancadilla. Eso los deja automáticamente en una posición extremadamente vulnerable que hay que llenar de cuidados ante posiciones de poder. “Si todo eso es cierto, ¿por qué no se iban?”, ha dicho más de un cocinero de relumbrón. Señores, no se marchan a ninguna parte porque no saben dónde ir, porque no vamos a descubrir ahora el síndrome de Estocolmo y porque poner el acento en la víctima, y no en el acosador, es suspender la asignatura de primero de maltrato en 2026. 

Y en tercer y último lugar, existe un tema menos conocido que se podría definir como doping gubernamental. “El movimiento New Nordic Cuisine no es tan solo un movimiento culinario, sino también estrategia turística estatal con participación política e institucional. Noma y Redzepi no son simplemente una empresa privada sino que se han convertido en infraestructuras equiparables a un Mundial de Fútbol, la Fórmula 1, Eurovisión o el Festival de Cannes; todos ellos acontecimientos privados instrumentalizados por el sector público”, escribe la cocinera María Nicolau. La proyección estratégica de Noma interesaba a los políticos daneses y no debería extrañar el blindaje sistemático de su protegido al que se le inyectaban millones de coronas danesas en promoción indirecta de marca de país. Esto es, criticar a Noma y a René Redzepi era aceptar el fallo de las políticas nacionales. 

La proyección estratégica de Noma interesaba a los políticos daneses y no debería extrañar el blindaje sistemático de su protegido al que se le inyectaban millones de coronas danesas en promoción indirecta de marca de país

Ante este panorama, demoler la figura del chef superestrella no fue, es ni será una tarea sencilla. El genio en la cocina nace del esquema escoffierano de cocinas divididas en partidas replicando el modelo militar, un modelo que se amplificó hasta lo insospechado cuando en Estados Unidos decidieron emular el fenómeno de las estrellas de rock. Militares y rock stars vinculados a un oficio artesanal, discreto y vocacional. Y hay un término medio entre el tópico del pasado del cocinero sucio, grasiento, alcohólico y recién salido de la cárcel que se ocultaba en un cuarto oscuro llamado cocina a deidades intocables por encima del bien y del mal que parece que elaboran un menú degustación de veinte platos por arte de magia. Rellenar de mitología lo humano ha servido para construir algo así como una autopista macabra hasta un cielo inexistente de estrellas apagadas que está dejando a demasiados profesionales valiosos en la cuneta. Porque si incluso los guionistas de Hollywood han descubierto que un cocinero puede ser el personaje más malvado de una película o de una serie (The Bear, The Menu, Boiling Point, etc.) es que algo ha fermentado tan mal que ya es irreconocible. 

“Lo de Noma es inadmisible. Es absolutamente inadmisible. Si el precio a pagar por la excelencia ha de ser este no lo queremos. Si todos lo tenemos claro será muy positivo”, dice Oriol Ivern, cocinero catalán del restaurante Hisop de Barcelona. “Que salga a la luz es ejemplificante para que no se le ocurra hacerlo a ningún otro chef. Y quien tenga problemas psicológicos que se trate antes de que acarree consecuencias en un equipo de trabajo”. Palabras sensatas de un cocinero sensato. Por eso, la solución de Noma no está en Noma, la solución ya no depende de chefs superestrella que todos conocemos. La puerta abierta hacia el gran cambio depende del comensal cuando elige un restaurante y descarta otro, pero sobre todo depende de esos jóvenes que un día fueron stagiers y ahora ya son jefes de cocina o están a punto de abrir su propio restaurante y deciden no replicar el modelo que sufrieron en sus propias carnes. Para que nunca más nadie pueda decir que el maltratado dentro de una cocina del presente es el maltratador de la cocina del futuro en un círculo vicioso que hay que erradicar.

El Comité de Empresa de la Universitat de Barcelona (UB) ha reprochado al catedrático de Ciencia Política y exvicerrector de la universidad, Jordi Matas, que difundiera en un acto público el nombre y apellido de la estudiante que lo denunció por acoso sexual en 2017.

En un comunicado emitido el miércoles, el Comité recuerda a Matas y a los profesores de su entorno (sin citarlos) que su conducta “vulnera gravemente” el protocolo de la universidad contra el acoso sexual y les recuerda el deber de mantener el anonimato de los denunciantes así como de las personas que las acompañan o apoyan, tanto durante como después del procedimiento.

“Este compromiso es vinculante y su incumplimiento puede derivar en actuaciones disciplinarias”, recuerda el comunicado remitido a toda la plantilla y revisado por elDiario.es.

Una alumna a la que iba a tutorizar el trabajo de final de grado denunció a Matas por acoso sexual ante la UB en marzo de 2017. La estudiante aseguró que el catedrático le mandaba mensajes subidos de tono y que, entre otros aspectos, le había confesado en su despacho que había tenido dos sueños eróticos con ella.

El caso fue archivado por una comisión formada por tres hombres. El rector del momento, Joan Elías, publicó una resolución que le eximía de cualquier responsabilidad y concluía que el comportamiento de Matas “había podido ser contraria a los valores éticos y deontológicos exigibles” al profesorado de la UB.

Una investigación de elDiario.es, publicada en diciembre de 2023, reveló los cientos de mensajes que Matas había intercambiado con esta alumna así como los seguimientos que el docente llevó a cabo a la estudiante cuando ella decidió cortar el contacto con él.

La publicación del reportaje generó una ola de protestas en la universidad que le forzó a renunciar a su puesto de vicerrector y a diversos cargos en otros organismos públicos. Actualmente ejerce de coordinador del Plan de dinamización lingüística de la UB.

Matas demandó pocos meses después tanto a elDiario.es como a la alumna que había relatado su experiencia en el reportaje. El juez, sin embargo, avaló la investigación de este periódico porque transmitía “información contrastada” sustentada en “hechos documentados” y entrevistas “a varios testigos”. El fallo le impuso el pago de las costas del proceso y Matas recurrió la sentencia (todavía no hay fallo de la Audiencia Provincial al respecto).

Desde el pasado verano, tanto Matas como su entorno han difundido de manera reiterada el nombre de esta estudiante en actos de la universidad así como en un evento público celebrado el pasado julio en apoyo al catedrático. Matas y un grupo de docentes que lo apoyan consideran que el profesor fue “víctima de una campaña difamatoria” y llevan meses pidiendo al rector de la UB, Joan Guàrdia, la restitución del politólogo como vicerrector.

Tanto en ese acto como en una entrevista posterior, Matas ha cargado contra elDiario.es y ha acusado al antiguo rector, Joan Elías, de filtrar su caso a los medios para perjudicarle a él y al independentismo. Los ataques del catedrático y algunos profesores afines también se han dirigido contra la estudiante que lo denunció así como contra el profesor de Economía que la atendió en un primer momento y le recomendó presentar una queja formal.

El Comité de Empresa también apoya en su comunicado a este docente, al que Matas ha acusado en diversas ocasiones de simpatizar con la ultraderecha y de haber apoyado a la estudiante solo para perjudicar al catedrático. El texto destaca que este profesor “cumplió con su deber preceptivo” de acompañar a personas que podrían haber sufrido acoso.

El Fiscal pide tres años y tres meses de cárcel para A.M.R., administrados de la sociedad mercantil 'Borokai Amenri, S.L.', por dos delitos contra los derechos de los trabajadores, al explotar a 16 mujeres en el club de alterne 'Los Tres Marqueses' de Recajo (La Rioja). Además le impone una multa de 2.700 euros.

El juicio está previsto que se desarrolle el 17 de febrero, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial. Según el escrito, el administrador no contaba con antecedentes penales en la fecha de los hechos -en mayo de 2023-, si bien posteriormente fue condenado como autor de un delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo a la pena de 6 meses de prisión.

Los hechos por los que será juzgado el martes, se produjeron durante una visita de inspección realizada a 'Los Tres Marqueses, sobre las 19,30 horas del día 11 de mayo de 2023 por parte de los funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja, junto a efectivos de la Guardia Civil. Precisamente, diez días antes, una mujer en situación de prostitución había aparecido muerta en ese mismo club.

Allí, se puso de manifiesto que “había dieciséis trabajadoras por cuenta ajena que estaban en plena actividad laboral para la entidad mercantil 'Borokai Amenri, S.L.' -cuyo único socio y administrador es A. M. R- sin estar dadas de alta en la Seguridad Social”. De las 16 mujeres, nueve carecían, además, de autorización de residencia y trabajo en España.

La actividad realizada por las 16 personas “cumple los requisitos que caracterizan la relación laboral por cuenta ajena según lo preceptuado en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores”.

Así, dichas mujeres “acudían al club estando sometidas a un horario establecido desde las 18,00 horas hasta las 04,00 horas aproximadamente, dependiendo del día; ofreciendo sus servicios con los medios de producción de la empresa -en la práctica, durante el horario de apertura del bar del establecimiento de hospedería- y obteniendo una retribución basada en comisiones al ser invitadas a copas por los clientes por los servicios de alterne que les ofrecen, esto es, acompañamiento y conversación durante su estancia en el bar de dicho establecimiento”.

De este modo, el bar “obtenía la mitad del precio de la copa, y la mujer recibía del camarero, en mano, la otra mitad en el momento del abono de la copa”. La empresa, a la fecha del inicio de la actuación inspectora, “contaba exclusivamente con nueve trabajadores por cuenta ajena de alta en la Seguridad Social”.

Por tanto, más del 50 por ciento de su plantilla total -de 25 personas- estaba trabajando “sin estar dada de alta en la Seguridad Social”.

Para el fiscal estos hechos son constitutivos de dos delitos contra los derechos de los trabajadores, por el que le pide por uno de ellos 2 años y medio de cárcel, y 2.700 euros de multa, y por el otro nueve meses de prisión más.

*Los términos “trabajadoras”, “ofrecer servicios”, etc responden a la terminología literal que se utiliza en el escrito de acusación.

El juez Adolfo Carretero sigue adelante con los trámites del procedimiento abierto contra Iñigo Errejón tras la decisión de Elisa Mouliaá de mantener la acusación de abuso sexual contra él. En un auto fechado este jueves, el magistrado da por “no ratificada” la renuncia que anunció la actriz en un primer momento. En consecuencia, rechaza la petición de archivo formulada por el exdiputado y le cita el próximo martes 17 de febrero para notificarle la apertura de juicio oral. 

El pasado 4 de febrero, Mouliaá anunció en sus redes sociales que había comunicado al juzgado que se retiraba del procedimiento por “razones estrictamente personales y de salud”. El escrito, sin embargo, no estaba firmado por su abogado y su procurador, por lo que no tenía validez a efectos procesales. Apenas seis días después, la actriz cambió de criterio y su letrado acudió al juzgado para dejar “sin efecto” una renuncia que nunca se había ratificado formalmente.

Por tanto, el procedimiento sigue ahora su curso como si la denunciante no hubiera realizado ninguno de estos movimientos. Errejón está citado de nuevo para recoger el auto de apertura de juicio oral y la Audiencia Provincial, que es la instancia superior, tiene previsto fijar una nueva fecha para resolver los recursos presentados tanto por él como por la Fiscalía contra la decisión del juez instructor de sentar al exdiputado en el banquillo.

La Audiencia Provincial se reunió el pasado lunes para deliberar sobre estos recursos. Sus magistrados, sin embargo, optaron por dirigirse a Carretero para pedirle que aclarase si había recibido el escrito por el que la actriz comunicó que renunciaba a la acusación e instándole a aclarar si había tomado alguna decisión al respecto.

Ante los medios, Mouliaá explicó esta semana que su cambio de criterio se debía al reciente escrito de conclusiones en el que la Fiscalía afirma que “no hay delito” y que pedirá su absolución en caso de que la causa llegue a juicio. “He decidido que voy a continuar adelante en el procedimiento porque es deleznable que la Fiscalía haya escrito un escrito de absolución diciendo que además sí hubo consentimiento”, afirmó la actriz.

El Ministerio Público sostiene que no hay pruebas de que Errejón “fuera consciente por los hechos anteriores y por la forma en la que actuó la denunciante” de que ella no deseaba esa relación. En su escrito de conclusiones, del pasado enero y conocido esta semana, la fiscal afirma que la actriz no puso “oposición” cuando el exdiputado le dio un primer beso y que, después, él accedió cuando ella le dijo que parara porque no le estaba agradando un encuentro sexual debido a la “premura” y “vehemencia” con la que él estaba actuando. 

El juez instructor, sin embargo, consideró que los hechos pueden ser constitutivos del antiguo delito de abuso sexual porque el exdiputado de Sumar “no empleó la violencia o intimidación”. Los hechos denunciados por la actriz se remontan a octubre de 2021, antes de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí que integró toda la violencia sexual bajo la denominación de agresión.

En su denuncia, Mouliaá relató haber sufrido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual por parte de Errejón al menos en tres ocasiones en la misma noche de octubre de 2021, antes, durante y después de una fiesta a la que acudieron en casa de unos amigos de ella. Errejón reconoció que quedó con Mouliaá, pero insistió en que todo fue consentido.

En su resolución, el juez Carretero otorgó credibilidad al relato de la denunciante, que constituye el principal “indicio probatorio” ante la ausencia de testigos presenciales de unos hechos que se habrían producido en la intimidad. El magistrado considera que su declaración fue “coherente en lo esencial” aunque no recordara algunos “detalles secundarios”, como si la habitación donde se habrían producido parte de los tocamientos tenía o no pestillo.

El magistrado admitió que la sometió a un “largo y exhaustivo” interrogatorio, en el que llegó a preguntarle si había denunciado por despecho. Y que ella “mantuvo la coherencia” y explicó que si no respondió a uno de los presuntos abusos —como sí hizo ante el tercer episodio— fue porque estaba “aturdida” y “bloqueada” ante la situación

La misma semana en que el Gobierno anunció la regularización extraordinaria, varias mujeres migrantes comentaban la noticia en un restaurante mexicano del barrio madrileño de Tetuán. Trataban de entender los requisitos de la futura medida -cuyo texto definitivo se desconoce y aún no ha sido aprobado-, cuando una de ellas se presentó como abogada, empleada de una reconocida gestora. Les aseguró que podría apoyarlas con la tramitación de sus peticiones y les entregó su número de teléfono por si necesitasaban sus servicios. Regina (nombre ficticio) decidió llamarla pero, días más tarde, llora desconsolada tras sentirse víctima de una estafa.

“Me pidió 200 euros en efectivo, insitió en que era necesario para hacer un trámite y si no, no podría optar a la regularización. Se los pagué. Al día siguiente me di cuenta de que me había engañado”, cuenta la solicitante de asilo a elDiario.es. Asegura que la persona que está detrás de la estafa la ha amenazado con hacer daño a su familia en su país de origen, dado que le proporcionó mucha información sobre ellos, así como denunciarla a la policía para frustrar su regularización: “He pasado por muchas cosas aquí, no puedo tirar todo por la borda”, dice con la voz entrecortada.

La persona a la que pagó, asegura la mexicana afectada, no era quien decía ser. “No me ha devuelto el dinero, que supuestamente era para solicitar mis antecedentes”, lamenta la mujer, quien lleva más de un año a la espera de la respuesta de su solicitud de asilo, por lo que prefiere acogerse al proceso de regularización. “Ese dinero lo necesitaba para el alquiler, pero hice el esfuerzo porque me dijo que, si no, me podría quedar fuera”, clama.

El anuncio de la regularización extraordinaria de migrantes ha despertado la esperanza de cientos miles de personas que desean beneficiarse de la medida, pero también ha multiplicado el ansia de quienes tratan de hacer negocio de su desesperación. El caso de Regina, que denuncia haber sido engañada por una mujer que se hizo pasar por empleada de una reconocida gestora experta en extranjería, es la punta del iceberg del alarmismo generado en redes sociales por ciertas cuentas que urgen a sus seguidores a “empezar a tramitar” sus casos de regularización cuando todavía no ha sido aprobada la normativa que regularará su procedimiento, por lo que los requisitos incluidos en el borrador de la medida aún están sujetos a cambios.

Una semana después del inicio de la tramitación de la regularización, en un momento en que el borrador de la medida se encuentra audiencia pública, ya empiezan a proliferar las primeras denuncias de estafas dirigidas hacia migrantes deseosos de conseguir sus papeles. Además de las estafas, como la denunciada por Regina, en los últimos días también han aumentado las críticas sobre la tendencia de algunos abogados de extranjería que, a través de vídeos en TikTok o Instagram, han urgido a los migrantes interesados en la regularizacion a cerrar citas de asesoramiento con determinados despachos a cambio de dinero, en un momento en que aún se desconoce el contenido definitivo de la normativa. No saben, por tanto, si finalmente podrán optar a ella o no.

Denuncias de estafas

La denuncia de Regina es una de los que ha empujado a la gestora colegiada Griselda Herrera, especializada en derechos humanos y extranjería, a publicar este miércoles un post en Facebook para alertar del uso fraudulento de su nombre y su oficina. “Se informa a todos mis contactos, clientes, compañeros y amigos que la Gestoría Herrera no tiene trabajadores que les citen en cafeterías para dar asesoramientos o pedirles dinero, menos para recibir documentos”, ha afirmado. “Mi despacho es una gestoría unipersonal y estoy en las oficinas profesionales de la calle [...]”, ha aclarado la profesional, tras recibir las quejas de un par de exclientes que aseguran haber quedado con una mujer que decía ser su empleada y pedía dinero a cambio de tramitar su proceso de regularización.

“Están intentando estafar utilizando mi nombre, aprovechándose de su desesperación. Una mujer ha caído y, como había dado toda la información de su país de origen, ahora la están amenazando con denunciarla e impedir su regularización”, explica la gestora sobrecogida, quien asegura haber comunicado el caso al Colegio de Gestores de Madrid y tiene la intención de presentar una denuncia ante la Policía Nacional.

Un vistazo en Facebook o Wallapop basta para encontrar ofertas de supuestos servicios de asesoramiento ligados a la regularización. Algunos de los mensajes más sospechosos, publicados en distintos grupos de personas inmigrantes en España, van acompañados de carteles realizados con inteligencia artificial y no incluyen el nombre del despecho o de un abogado específico. No dicen precio, animan a solicitar información por privado. En Wallapop también ha sido publicado ya al menos un anuncio que oferta ayuda para este tipo de trámites. El precio, supuestamente, es 1 euro, pero no detalle las condiciones o si luego requerirá más cobros.

Más allá de los intentos de estafas, de engaños de personas que se hacen pasar por abogados o gestores sin serlo, algunos abogados han acusado de “alarmismo” y “abuso” el comportamiento en redes sociales de algunos compañeros juristas que han publicado ofertas para tramitar la regularización y han urgido a sus potenciales clientes a “iniciar el trámite” cuando todavía se desconoce el texto definitivo de la regularización.

Camilo A. Escobar es uno de los letrados expertos en Extranjería que en los últimos días han criticado las estrategias de algunos compañeros para atraer clientes interesados en la regularización pese a que el texto aún no ha sido aprobado. “Hay despachos que anuncian que están 'tramitando expedientes' o reservando supuestos cupos cuando ni siquiera se conocen los requisitos definitivos, sostiene en conversación con elDiario.es. El letrado, que ha publicado varios vídeos en redes sociales cuestionando estas prácticas, considera que se están exigiendo precios ”desorbitados“, con cobros por adelantado de cientos de euros por trámites que aún ”no existen“. A su juicio, este tipo de mensajes pueden estar presionando a las personas migrantes, que ante el miedo a quedarse fuera, ceden y acaban pagando cuando aún no es necesario ni saben si podrán ser finalmente beneficiados.

“Se está presionando a personas migrantes desesperadas con miedo a quedarse fuera, pero ¿cómo van a asesorar sobre un texto que no está firmado?”, se pregunta. El jurista recuerda lo ocurrido con el último borrador del reglamento de Extranjería, que generó expectativas en solicitantes de asilo y luego, no solo los dejó fuera, sino que empeoró su situación. “¿Con qué cara cobras una consulta sobre algo que sabes que puede cambiar por completo? ¿Y si luego cambia y esa persona no podía optar a la regularización?, añade.

El Ministerio pide “calma” para evitar abusos y colas innecesarias

Tras estas quejas y después de que se hayan registardo filas frente algunos consulados de distintos países de España para realizar trámites relacionados con la regularización, el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ha lanzado un comunicado para recordar que aún no está abierto el plazo de presentaciones para el proceso de regularización y, por tanto, realiza “un llamamiento a la calma”. Desde Migraciones insisten en quaeel borrador de la normativa se encuentra en fase de audiencia pública, por lo que su contenido y requisitos están sujetos a cambios. Fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz reconocen sentirse preocupados por las informaciones que apuntan a “posibles abusos que se puedan comenter antes de que se sepan los requisitos”. Migraciones recuerda los distintos plazos que aún tiene pendiente la tramitación de la medida, que aún no ha sido aprobada, con el objetivo de evitar que quienes quieran regularizarse empiecen a “hacer trámites que aún no se tienen que hacer” y evitar “que no haya abuso por parte de algunas personas en beneficio propio”.

La Secretaría de Estado de Migraciones recalca que, tras la actual fase de audiencia pública, “el documento será revisado, incorporará los cambios que se consideren pertinentes y se remitirá a distintas instituciones para la emisión de informes, entre ellos el del Consejo de Estado”, antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. “Solo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se abrirá el plazo para solicitar la regularización, que el Ministerio prevé que comience en torno a principios de abril, es decir, dentro de aproximadamente dos meses”, indica la nota de prensa. Mientras tanto, el departamento que dirige Elma Saiz insiste en que las personas potencialmente afectadas consulten únicamente los canales oficiales del Gobierno para evitar bulos o informaciones falsas.

Paco Solans, abogado especializado en inmigración y portavoz de la Asociación Extranjeristas en Red, afea la actitud alarmista de algunos algunos compañeros en redes sociales. “Era previsible. Siempre hay algún aprovechado y gente con mucha jeta”, resume el letrado. Él también se ha chocado en la última semana con anuncios de servicios jurídicos que prometen gestionar la regularización a cambio de pagos elevados y anticipados, cuando aún no se conocen los detalles definitivos de la medida. “He visto anuncios que cobran 490 euros a los primeros que reserven y, al resto, 700. Eso provoca que haya gente que lo pague cuando aún no se conoce el texto definitivo y puede ser que, finalmente, no esté entre los beneficiados”, denuncia.

Solans marca una línea clara entre ejercer la abogacía como profesión o convertirla en negocio a costa de personas vulnerables. “Los que concebimos esto como una profesión ajustamos precios y no atentamos contra la dignidad de nuestro trabajo ni de la gente. Los que lo conciben como negocio, simplemente buscan recibir dinero”, afirma.

El teléfono del despacho de Solans no ha dejado de sonar en la última semana. “Llama mucha gente desesperada y, con razón, pero ahora mismo lo único que hacemos es calmarles”, explica. A quienes le consultan, añade, se les recomienda ir preparando documentación básica —como el pasaporte o los certificados de antecedentes penales del país de origen—, pero sin adelantar dinero. “Si quieren ir trayéndome papeles, vamos preparando cosas, pero por eso no les cobro”, aclara Solans, quien asegura que desde la red de abogados extranjeristas de la que forma parte tratan de trasladar un mensaje muy distinto al que está proliferando en TikTok entre algunos letrados: “Nuestra respuesta es la contraria a la que se está lanzando por ahí: tranquilidad. Todavía no se puede hacer nada. Paciencia”, concluye Solans.

Fueron 11 días de ataques machistas y agresión digital contra menores de edad con inteligencia artificial que Elon Musk permitió en una de las mayores redes sociales del planeta. Se generaron aproximadamente tres millones de imágenes sexualizadas fotorrealistas, la mayoría de mujeres que no dieron su consentimiento para su creación, y unas 23.000 que mostraban a niños y adolescentes.

Es la estimación que ha realizado el Center for Countering Digital Hate (CCDH) sobre el alcance del escándalo protagoizado por el magnate y Grok, su inteligencia artificial, en su red social X.

El detonante fue la introducción de una nueva función el pasado 29 de diciembre, anunciada por el propio Musk, que permitía a los usuarios de X editar imágenes con un solo clic utilizando la potencia de Grok. La herramienta se convirtió casi automáticamente en una vía para ejercer violencia digital contra las mujeres, con usuarios pidiendo a Grok que tomara fotografías de las afectadas y las mostrara en bikini o lencería. Sus creaciones se mostraban en abierto y eran visibles para todos los usuarios de X, como el resto de intervenciones de esta IA en la plataforma.

La viralización de este uso de la nueva función, que fue utilizada también para hacer bromas o captar la atención (creadoras de contenido en OnlyFans pedían a Grok que quitara la ropa de sus propias fotos) fue tolerada por Musk y X. Ante el escándalo generado, el magnate llegó a pedir a la IA que creara una foto de sí mismo en bikini como respuesta a las protestas.

Material sexualizado a escala industrial

El análisis del CCDH, basado en una muestra aleatoria de 20.000 imágenes generadas por la herramienta, expone hasta qué punto la sexualización de imágenes llegó a ser habitual. Del total de 4,6 millones de imágenes producidas por la función de edición en el periodo estudiado, el 65% de la muestra analizada contenía material sexualizado.

El informe recoge algunos ejemplos, como un “selfie antes de ir al colegio” subido por una niña que fue modificado para mostrarla en bikini. También documenta el uso de esta función como ataque contra políticas y mujeres conocidas como Kamala Harris o la viceprimera ministra sueca Ebba Busch, a las que mostró en situaciones denigrantes o con “fluidos blancos” sobre sus cuerpos sin que sus filtros de seguridad entraran en acción.

Según los datos del CCDH, una organización sin ánimo de lucro que investiga cómo las plataformas digitales amplifican la desinformación, el discurso de odio y abusos, la creación de desnudos no consensuados llegó a tener una escala industrial, con un ritmo estimado de 190 imágenes sexualizadas por minuto.

La cifra de las 23.000 imágenes sexualizadas de apariencia fotorrealista de menores, arroja un ritmo de creación de una cada 41 segundos. Además, los autores de la investigación identificaron otras 9.900 imágenes sexualizadas de menores en estilos no fotorrealistas (como anime o dibujos animados).

Muchas siguen siendo accesibles

La respuesta de la plataforma ante la presencia de este material, que legalmente constituye material de abuso sexual infantil (el Código Penal español abarca la creación de imágenes sexualizadas de menores con IA) tardó días en llegar y no ha solucionado el problema. Según el CCDH, el 15 de enero, días después de que estallara la polémica, el 29% de las imágenes de menores identificadas en la muestra seguían siendo accesibles públicamente en X. Incluso en los casos donde las publicaciones habían sido borradas, las imágenes permanecían accesibles a través de sus URL directas.

“Tomamos medidas contra el contenido ilegal en X, incluido el material de abuso sexual infantil, eliminándolo, suspendiendo cuentas de forma permanente y trabajando con los gobiernos locales y las fuerzas del orden según sea necesario. Cualquiera que utilice o incite a Grok a crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal”, afirmó una portavoz de X tras ser contactada por elDiairo.es.

La función de edición se restringió a usuarios de pago el 9 de enero, pero no fue hasta el 14 de enero cuando se implementaron restricciones técnicas adicionales para impedir que la IA “desnudara” a personas.

“El contenido sexual degradante y el material de abuso sexual infantil no son consecuencias inevitables de la tecnología. Son el resultado de una estrategia de producto deliberada por parte de X y de Elon Musk”, denunció Hilary Manson, cofundadora de Hidden Doors, una desarrolladora de IA especializada en videojuegos.

En España, la Agencia Española de Protección de Datos cuenta con un Canal Prioritario desde el que las víctimas de este tipo de ataques pueden solicitar la retirada urgente del material.

Este es el quinto episodio que dedicamos a la información exclusiva que ha publicado el elDiario.es junto a Univisión Noticias: Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales. En este episodio contamos una historia más de esta investigación: Julio lglesias trasladó a España a varias empleadas con un visado de turista, sin contrato y con sueldos de 340 euros.

Esta serie de episodios son parte de una investigación de elDiario.es realizada por Elena Cabrera junto a Ana Requena, con las que hablamos en este episodio. Han liderado esta investigación con la colaboración de María Ramírez, Raquel Ejerique, Izaskun Pérez, Natalia Chientaroli y, en la redacción de Univision Noticias, Federica Narancio, Esther Poveda, Gerardo Reyes y Margarita Rabin. Julio Iglesias no ha respondido a las preguntas que le han hecho llegar elDiario.es y Univision Noticias. En un comunicado público posterior, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

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Tras cinco años de “silencio” con las víctimas de pederastia, la congregación religiosa de los Maristas ha cedido e indemnizará finalmente a las personas que en Navarra han denunciado ser víctimas de religiosos del colegio de Pamplona. Así lo han anunciado este jueves representantes de Asociación de Víctimas de Pederastia de Instituciones Religiosas de Navarra (AVIPIREN), que se han concentrado frente al centro educativo. Con todo, critican que las compensaciones son “indignantes, vergonzosas y ridículas”.

“No llega a un tercio de las equivalentes en abusos de otras congregaciones”, ha asegurado su presidente, Marcos Leyún, que ha lamentado que las ayudas“ no suponen ni una sexta o séptima parte” de las que han percibido otras víctimas en España.

Además, AVIPIREN denuncia falta de transparencia de la Comisión del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos (PRIVA), organismo que ha fijado la cuantía de la indemnización, porque no les ha dado traslado de la información sobre sus casos que les remitió la congregación religiosa. “Les demandé que, para poder defender nuestra posición, teníamos que saber qué es lo que había presentado el colegio de los hermanos Maristas”, reclama Leyún. Ahora, está a la espera de respuesta a un correo “exigiéndoles explicaciones de por qué hay diferencias [en cuanto a las indemnizaciones] al mismo tipo de abuso”.

La Comisión PRIVA se creó para atender las denuncias de pederastia por parte de la Iglesia en toda España. Está compuesta por expertos independientes del ámbito jurídico y médico-forense que evalúan el efecto que han tenido los abusos en la vida de las víctimas. La comisión es la que fija la indemnización que cree oportuna para cada víctima en función de lo que le ha ocurrido.

Desde el Arzobispado de Pamplona señalan, a preguntas de este periódico, que es “imposible que por el mismo caso se pague menos” y aseguran que “la cantidad no difiere entre ser diocesano o de una congregación”. “Aunque sí en la velocidad”, puntualizan, puesto que, en el caso de las órdenes religiosas, son estas las que deben indemnizar a la víctima. Añaden que “Navarra es la diócesis que más pasos ha dado en el acompañamiento y reparación del daño a las víctimas”. “El arzobispo ha tomado las riendas del tema y personalmente pidió que hubiera representantes de la Iglesia también en la comisión foral (para quién no quisiera acudir a la Iglesia a denunciar), además de reunirse personalmente con los representantes de las asociaciones de víctimas y con las personas que han denunciado los abusos”.

Las víctimas de religiosos de Maristas en Navarra señalan que todavía conservan “cierta esperanza” en ser indemnizadas con una mayor cuantía económica, aunque resaltan que “no hay dinero en el mundo” que pague “las barbaridades” y el “sufrimiento” sufrieron. Han celebrado el histórico acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia firmado el pasado 8 de enero, que se prevé que incremente las cuantías de reparación a víctimas del clero y que “va a volver a estudiar los casos”. Según el pacto, el hecho de que cobren el dinero que se les ha fijado ahora, no les excluye de poder recibir una nueva indemnización. La asociación ha puntalizado que no quieren que el Estado cubra con los gastos, pues “no tiene responsabilidad de los abusos” y “la Iglesia tiene dinero de sobra y la congregación más”.

Marcos Leyún ha explicado que creen que puede haber muchos más casos de agresiones sexuales, puesto que él mismo fue testigo de las que sufrían sus compañeros de clase por parte de los profesores del colegio de la congregación Marista, “la medalla de plata en número de casos”.

Leyún fue víctima de pederastia en 1958, cuando tenía nueve años, y su caso ha prescrito. “El hermano se bajaba del estrado y nos metía mano a cinco de la misma clase, haciendo como que nos corregía lo que nos había mandado”, rememora. Hasta hace apenas unos años no constaban denuncias de abusos por parte de la Iglesia en Navarra, hoy rondan las 80.

También ha participado en la protesta Koldo Eslava, quien ha contado que de él “abusaron tres curas” y los Maristas “negaron la existencia de dos, como si no hubieran existido”, lo que a su juicio refleja la poca voluntad de la orden en reparar a sus víctimas. José Costana, también víctima de Maristas que ya recibió la indemnización y ha querido acompañar hoy a sus compañeros, ha contado que, a raíz de su denuncia a través de un medio de comunicación navarro, los Maristas se pusieron en contacto con él para decirle que “sentían mucho no haber sabido cuidarle como se merecía. Aunque no pedían perdón”. “Mucha gente no denunció en su momento por miedo y vergüenza y algunos tampoco lo cuentan hoy en día porque les sigue avergonzando y no tienen esperanza de que se solucione nada”, explica Marcos Leyún. La primera denuncia la puso hace siete años Jose Luis Pérez, víctima él y su hermano, y que escapó del Colegio Reparadores de Puente la Reina, “reinaba el miedo”, recuerda.

Defender la sororidad no está de moda. Más bien todo lo contrario, que las mujeres nos ayudemos es uno de los motivos de mofa contra nosotras. A veces incluso por parte de otras mujeres, porque también hay colaboracionistas que alimentan la actual ola reaccionaria contra el feminismo. 

Pero si elDiario.es ha podido publicar la investigación sobre Julio Iglesias es porque pese al miedo, que lógicamente atenaza a toda víctima, dos mujeres han dado el paso para explicar cómo es este tipo en realidad, un hombre que nada tiene que ver con ese ‘español que enamoró al mundo’, según el título de su reciente y exitosa biografía.

Y si, después de tres años, este magnífico trabajo periodístico ha visto la luz es también porque otras mujeres, con la compañera Elena Cabrera al frente, las escucharon para que dispusieran del tiempo y el espacio necesarios para atreverse a desmontar al todopoderoso Julio Iglesias. 

Todas sabían que era tan difícil como necesario que se supiera la verdad. Las víctimas porque, tras todo lo sufrido, eran conscientes de que lo eran y que el único culpable es él. Atreverse a contradecir la imagen de alguien como Iglesias requería valentía, mucha valentía. Ellas la han demostrado y su coraje probablemente ayudará a otras mujeres, en esas casas o en otras en las que puedan estar pasando cosas parecidas. Sabemos que ha sido doloroso reconstruir todo lo que vivieron dentro de unas mansiones que, según su descripción, escondían un sistema de castas entre las trabajadoras basado en el miedo.  

Tras las fotos en papel couché y ahora las versiones digitales de las secciones del corazón, existía otra realidad, la que Rebeca, una de las víctimas, define como “la casita del terror” porque era, según sus propias palabras, un drama, una cosa horrible. “elDiario.es ha dinamitado el mundo del corazón y todos tenemos que hacer autocrítica”, ha reconocido la periodista Pilar Eyre. 

Es imposible ponerse en el lugar de esas mujeres aunque el primer paso para intentar algo parecido a una reparación es que se conozcan sus testimonios y el mundo sepa cómo se las trataba ahí dentro. Los abusos que denuncian y que había al menos otras dos mujeres que desde el puesto de encargada o jefa del servicio de las mansiones instaban o pedían a las empleadas del servicio doméstico que acudieran a la habitación del cantante para mantener sexo con él en compañía de las jefas, según el relato de una las víctimas. 

Esas encargadas, como en otros conocidos casos, presuntamente no solo habrían permitido que Iglesias se comportase así sino que lo habrían posibilitado. Las víctimas explican que algunas de ellas habrían participado de esta fórmula que, según resumen, las hacía sentir como “esclavas”. Tanto estas como otras trabajadoras de las mansiones han descrito unas fórmulas de contratación y un déficit de derechos laborales que tampoco deberían pasarse por alto. Desde jornadas de 16 horas a obligarlas a estar delgadas o prohibirles tener pareja. Una de las encargadas no ha respondido a los mensajes de elDiario.es y Univision Noticias. Otra de ellas no ha contestado a las preguntas que le hemos formulado, pero ha señalado que no tiene “nada que decir frente a esas acusaciones”.

Sus admiradores alababan al cantante por ser un ‘donjuanista’ y un ‘playboy’. Pero en realidad, al menos dos mujeres le describen como un agresor y eso es lo que debería aparecer destacado a partir de ahora en su biografía, la real, no las hagiográficas. La buena noticia es que Ignacio Peyró, el autor de ‘El español que enamoró al mundo’ (Libros del Asteroide) y su editorial se comprometen a que se publique una nueva edición “revisada y actualizada” tras conocerse las informaciones que estamos desvelando.

Pese a los intentos de recabar las respuestas a las preguntas que hicimos llegar a Julio Iglesias y a sus abogados tanto por email como mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias, a fecha de hoy no las hemos obtenido.

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El PP andaluz ha dado de baja del partido al alcalde de Algeciras y senador nacional de los populares, José Ignacio Landaluce, tras la denuncia formulada contra el por acoso, tráfico de influencias y malversación. Ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, el PSOE lo ha acusado de haber cometido estos delitos contra dos excompañeras.

Así lo han transmitido a este medio fuentes del PP andaluz tras una rueda de prensa ofrecida este viernes en Córdoba por el secretario general del PP-A, Antonio Repullo. El dirigente popular ha confirmado que la petición de baja de Landaluce fue recibida por el partido este jueves. Fuentes del PP en el Senado han indicado a EFE que Landaluce ha registrado su baja del grupo, por lo que tendrá que incorporarse al grupo Mixto.

Fue un día antes, el miércoles, cuando el alcalde de la localidad gaditana remitió a los medios de comunicación un escrito en el que anunciaba su dimisión como presidente del PP de Algeciras y renunciaba a todos los cargos orgánicos que ocupaba tanto en la ejecutiva regional como en la nacional del partido con el objetivo, decía, de que la denuncia contra él no afectara al partido.

Según los estatutos del PP, si se produce una baja como afiliado y este s aforado -tal y como ocurre con Landaluce-, la competencia “exclusiva y excluyente” para instruir y resolver el expediente corresponde al Comité Nacional de Derechos y Garantías, de oficio o a propuesta del Presidente Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional. No obstante, fuentes del PP andaluz han señalado que la baja la ha tramitado el PP de Cádiz.

Landaluce ha abandonado sus puestos orgánicos, pero se mantiene como alcalde de la décima ciudad más grande de Andalucía y como senador. Este jueves, de hecho, estuvo sentado en su escaño en la Cámara Alta, dentro del grupo popular, a pesar de que ya no es militante del partido.

Preguntado por si estos hechos supondrán, además, una investigación interna por parte de la dirección del PP andaluz, desde el partido no han aclarado este extremo. Cuando se hicieron públicos los mensajes de Landaluce contra dos concejalas del Ayuntamiento de Algeciras -publicados y luego despublicados por el agitador Alvise Pérez en sus redes-, el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, anunció una investigación interna. “Cualquier tipo de denuncia que haya sobre mi partido tenemos que investigarla”, dijo, en una entrevista en el programa de Federico Jiménez Losantos.

Asimismo, Repullo ha asegurado que el PP tiene un canal interno para gestionar denuncias de abusos sexuales como ésta, aunque “no le consta” que haya llegado ninguna.

La Fiscalía de Área de Gijón solicita penas que suman nueve años de prisión para un hombre acusado de intentar besar a dos menores en una fiesta infantil de la espuma celebrada en el barrio de Las Maravillas, en Gijón, el 8 de octubre de 2023.

Según el Ministerio Fiscal, el procesado, nacido en 1965, acudió alrededor de las 17:45 horas al recinto festivo instalado en la calle Barreiros. Allí se dirigió primero a un niño de 10 años, al que agarró con fuerza por la parte superior de los brazos para impedir que se marchara y trató de besar en los labios, sin conseguirlo por la oposición del menor.

Sujetando de los brazos

Acto seguido, siempre según el relato fiscal, repitió la conducta con una niña de 9 años, a la que sujetó fuertemente de los brazos con intención de inmovilizarla. En este caso tampoco logró besarla en la boca, aunque sí le dio un beso en la mejilla.

La Fiscalía considera que estos hechos constituyen dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años, uno de ellos en grado de tentativa. Para el delito consumado solicita 6 años de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, la prohibición de aproximación a la menor a menos de 500 metros durante 8 años, la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, y diversas inhabilitaciones: 6 años para el ejercicio de la patria potestad, tutela o guarda; 12 años para cualquier actividad profesional o no que implique contacto directo y regular con menores; y 7 años de libertad vigilada tras la prisión.

Medidas de alejamiento

Por el delito en grado de tentativa, el Ministerio Público reclama 3 años de prisión, con las mismas medidas de alejamiento del menor afectado durante 5 años, y nuevas inhabilitaciones: 3 años para patria potestad, tutela o guarda; 8 años para profesiones con contacto con menores; y 5 años de libertad vigilada posteriores a la pena de cárcel.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el procesado indemnice a cada menor con 1.000 euros, más intereses, y que asuma las costas procesales. El caso ha quedado visto para sentencia.