La derecha sigue de fiesta en Bolivia. A dos días de la toma de posesión del nuevo presidente, el centroderechista Rodrigo Paz Pereira, la expresidenta Jeanine Áñez Chávez (2019-2020), de la derecha conservadora, ha salido este jueves de prisión por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al cabo de casi cinco años recluida por su participación en el golpe que derivó en su llegada al cargo tras la caída del izquierdista Evo Morales.

La absolución de Áñez deriva de una revisión extraordinaria de la sentencia condenatoria, según la cual la exmandataria no debió ser juzgada por la vía ordinaria, sino mediante un juicio parlamentario de responsabilidades. La decisión ha vuelto a dividir las aguas de la política boliviana entre los que celebran la resolución judicial, por considerarla una forma de reparación del castigo infligido a la exmandataria, y quienes creen que su libertad consolida la impunidad de su gobierno transitorio, implicado en al menos 37 muertes extrajudiciales durante sus primeros días de mandato.

El gobierno saliente de Luis Arce, de la formación Movimiento al Socialismo (MAS), detuvo a la también exsenadora por Beni, en el noreste del país, en marzo de 2021. Áñez estaba presa desde entonces, primero de forma preventiva y luego con sentencia. Su condena no se debió a las muertes violentas registradas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, ejecutadas por fuerzas militares bajo su mando, sino por un proceso que observó su actuación “contraria a la ley” al asumir la primera magistratura boliviana el 12 de noviembre de 2019.

La orden de libertad también ha vuelto a poner en debate el supuesto oportunismo político de los actores del sistema judicial boliviano, a los que distintos sectores acusan de dictaminar la excarcelación de la expresidenta para estar a tono con los gobernantes electos y las principales fuerzas políticas emergentes de las elecciones de agosto y octubre de 2025, de derecha y centroderecha.

A través de su cuenta de Facebook, la expresidenta, encerrada en el penal paceño de Miraflores, expresó su gratitud al TSJ: “Por haber escuchado mi verdad, la verdad que es pública y de todos”, escribió. Horas antes, a través de la misma red social, había escrito: “Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó. Lo hice con conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio”.

Antes que a Áñez, a finales de agosto, el mismo TSJ resolvió liberar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exdirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, quienes también habían sido apresados por su supuesta implicación en las protestas que desencadenaron en la renuncia de Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Mientras la exoneración de los dos primeros se produjo unos días después de la primera vuelta electoral, en la que la izquierda fue prácticamente barrida del mapa político boliviano, la de Áñez se ha ejecutado a dos días de que asuma el cargo el nuevo presidente, Rodrigo Paz, y con la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de mayoría derechista ya en funcionamiento. La exmandataria ha sido invitada al acto.

Después de la estrepitosa derrota de la izquierda boliviana en las elecciones generales, la derecha ha ido imponiendo su agenda en la vida institucional del país. Además de las señaladas resoluciones judiciales, el presidente electo Paz se ha acercado al gobierno de Estados Unidos y se ha reunido con su secretario de Estado, Marco Rubio.

Durante los gobiernos del MAS liderados por Morales y Arce, Bolivia y EEUU redujeron sus relaciones a la mínima expresión. En cambio, Paz ha expresado su voluntad de restablecer plenamente la colaboración entre ambas naciones. Al mismo tiempo, el ganador de las elecciones, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, ha polemizado públicamente con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, otrora aliado incondicional de las administraciones izquierdistas bolivianas.

Otra muestra de la derechización de la política boliviana ha sido la reciente reposición de la Biblia y el crucifijo cristiano como símbolos para presidir los actos de juramento en la Cámara de Diputados, una disposición que contradice a la propia Constitución vigente, en la que Bolivia se asume un país laico. Fue Áñez la última gobernante boliviana que asumió el poder blandiendo la Biblia, y en su trayectoria en redes acumula un historial de exacerbadas afirmaciones ultracatólicas.

Justicia politizada

Jeanine Áñez, había sido sentenciada a 10 años de prisión en 2022 por asumir “inconstitucionalmente” la presidencia de Bolivia en 2019, un caso conocido como “Golpe 2”. La nueva resolución, tras un recurso extraordinario de revisión de sentencia, señala que no debió ser sometida a un juicio ordinario, sino a un procedimiento parlamentario. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, exclamó en X tras anunciar la decisión: “¡Por una justicia independiente!”.

Al margen de los criterios técnicos, persiste la sospecha de que los altos magistrados bolivianos operan movidos por impulsos más políticos que jurídicos. La socióloga Luciana Jáuregui interpreta que las resoluciones para liberar a Camacho y Áñez están directamente influenciadas por los cambios recientes en la política boliviana. “La justicia, lejos de resarcir sus déficits, lo que hace es poner de manifiesto la falta de independencia del Órgano Judicial”, dice la académica, formada en la Universidad Mayor San Simón de Bolivia y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador.

La investigadora duda de la cualidad reparadora del proceder del TSJ y cree, por el contrario, que “erosiona más la legitimidad del órgano judicial y refuerza la percepción de parcialidad y descomposición estructural del sistema, dado que los tribunales actúan como instrumentos de presión y legitimación política”. Es más, la investigadora apunta que, con sus decisiones políticas, la justicia boliviana está contraviniendo “las recomendaciones internacionales”.

Masacres e impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) para investigar la violencia que, ya con Áñez en el Gobierno boliviano, se saldó con muertes, heridos y torturas principalmente perpetrados por tropas militares. En su “Primer informe - Seguimiento a las recomendaciones del GIEI”, publicado en 2023, la CIDH precisó que el grupo “identificó que al menos 37 personas habrían perdido la vida en distintos lugares del país y que centenares de personas habrían resultado heridas, tanto física como psicológicamente”.

Más de 20 de las 37 bajas perecieron en las masacres de Sacaba (Cochabamba), del 15 de noviembre de 2019, y de Senkata (El Alto-La Paz), del 19 de noviembre del mismo año, donde afines al expresidente Evo Morales y contrarios al gobierno transitorio fueron reprimidos con armamento letal.

Áñez siempre defendió su derecho a un juicio parlamentario de responsabilidades por tratarse de delitos presuntamente cometidos durante el ejercicio de altas funciones. El gobierno de Arce no disponía de mayoría para activar el procedimiento, por lo que promovió juicios ordinarios como el que acabó sentenciándola a 10 años de cárcel en 2022.

Mientras la expresidenta, la derecha y sus acólitos celebran el dictamen de la justicia boliviana, las víctimas, familias y la izquierda denuncian el agravamiento del clima de impunidad en el país. Rodrigo Pacheco, experto en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, considera que la conducta judicial está lejos de resolver las tensiones políticas reinantes. “La sensación de que la impunidad se ha impuesto sobre la justicia por los hechos de violencia del 2019 va a adherirse a la memoria histórica de los sectores populares que apoyaron los procesos contra Áñez, Camacho y Pumari, y va a generar una reacción de descontento hacia el Estado y sus nuevos operadores”, advierte.

Bolivia vivió desde noviembre de 2019 una verdadera montaña rusa política. Los que estaban arriba pasaron a estar abajo y, más tarde arriba de nuevo, casi sin transición. 

La última imagen de esta saga es la de la expresidenta interina Jeanine Áñez aprehendida en su residencia en Beni, en el oriente del país, y trasladada a La Paz, donde quedó detenida de forma preventiva. Una foto publicada en la prensa la muestra detrás de unas rejas hablando presumiblemente con sus abogados.

Sin duda, hay muchos delitos que podrían ser imputados a la exsenadora, que saltó de manera sorpresiva a la presidencia del Estado después del derrocamiento de Evo Morales y la renuncia de los presidentes de ambas cámaras en medio de un clima social extremadamente violento hacia los militantes del Movimiento al Socialismo (MAS). La asunción de Áñez no se ajustaba a la letra de la Constitución y fue justificada, entonces, con una jurisprudencia derivada de una Carta Magna anterior, con el argumento de que el centro del poder no podía quedar vacío.

La expresidenta fue detenida tras una denuncia de la diputada del MAS Lidia Patty, que involucra a varios exfuncionarios y otras figuras políticas en la megacausa llamada “golpe de Estado”. También fueron detenidos algunos de sus exministros, mientras que otros de sus colaboradores, como el otrora símbolo del ala dura de su gobierno, Arturo Murillo, se encontraban ya fuera de Bolivia. Para unos “finalmente se va a hacer justicia”. Para otros, incluida la propia Áñez, se trata solo de una venganza política.

Más allá del análisis fino de los juristas, es posible enmarcar la causa en un contexto más amplio: la falta de independencia del poder judicial boliviano, que no disimula su seguidismo al poder político de turno, lo que, sumado a la corrupción, lo ubica como el poder del Estado con menos prestigio en el país. En este marco, estas “megacausas atrapatodo”, con imputaciones sobre “sedición”, “terrorismo” y “conspiración”, son particularmente funcionales, ya que se arma un cúmulo de acusaciones, siempre imprecisas, de delitos ya de por sí problemáticos. Por eso no fue casual que cuando cayó Evo Morales lo llenaran también de este tipo de procesos. Y fue menos casual aún que cuando el MAS retornó al poder, estos se esfumaran como por arte de magia. Los “antecedentes” escritos en la orden de aprehensión contra Áñez son una lectura política de los eventos de noviembre de 2019, no el fundamento de un arresto.

Por otro lado, la causa “golpe de estado” corre el riesgo de mezclar la incitación al golpe (si es que eso puede probarse de ese modo) con el gobierno que lo sucedió. En lo primero, Áñez y varios de sus ministros no tuvieron ningún papel. Y en lo segundo no lo tuvo el cruceño Luis Fernando Camacho, que sí fue una figura clave de los acontecimientos de noviembre. 

Sin duda, hay razones para juzgar a Áñez y otros miembros de su gobierno, pero mejor sería especificar delitos concretos –por ejemplo respecto de las represiones en Senkata y Sacaba– y no mezclar todo, lo que, al margen de los problemas propiamente judiciales que ello implica, tiene consecuencias políticas: mostrar a un gobierno revanchista, después de haber recuperado el poder de manera incuestionable por la vía electoral.

Como señaló el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, “En el gobierno de Áñez hubo graves violaciones de derechos humanos, incluyendo dos aberrantes masacres. Deben ser investigadas seriamente con pleno respeto al debido proceso. La orden de detención contra Áñez no se refiere a esas masacres sino que la acusa de ‘terrorismo’ sin aportar pruebas”.

En segundo lugar: ¿se va a detener a Luis Fernando Camacho –acusado también en el caso– y que acaba de ganar la gobernación de Santa Cruz con más del 50% de los votos? ¿Y a Iván Arias, ministro de Áñez, que ganó las elecciones para la Alcaldía de La Paz el 7 de marzo? ¿O solo a Áñez, que sacó 15% en Beni y selló su fin político, y a exministros sin peso político?

El argumento para la detención, en un país que hace uso y abuso de las detenciones preventivas, es el riesgo de fuga. En efecto, al no haber certezas de juicios justos, en Bolivia el riesgo de fuga es una constante. El costo de escaparse al exterior es siempre menor al de enfrentar procesos donde la defensa jurídica tiene un papel secundario. Eso es así más allá de quien gobierne, especialmente en el clima polarizado de las ultimas dos décadas. Por eso, Evo hizo bien en exiliarse.

No obstante, bajo el gobierno del MAS se violentó el derecho al refugio en varias ocasiones: dos de ellas fueron con personajes de signo opuesto. Uno fue el senador Roger Pinto, refugiado en la embajada de Brasil durante más de un año, al que nunca se le permitió salir y finalmente fue sacado ilegalmente del país con escándalo incluido en la Cancillería brasileña. Otro es el del exguerrillero italiano Cesare Battisti, entregado en unas pocas horas en medio de una oscura operación entre la policía boliviana y las de Brasil e Italia, seguida de cerca por Jair Bolsonaro y el entonces hombre fuerte italiano Matteo Salvini. Los derechos humanos, lamentablemente, no forman parte del discurso del MAS, aunque durante su gobierno se avanzó mucho en saldar viejas deudas en términos de igualdad. Estos se siguen viendo con sospecha, como si los hubiera inventado la CIA.

El gobierno de Áñez fue revanchista en toda la línea y un gran retroceso para el país. El ministro de Gobierno Arturo Murillo no disimuló su control de la Policía y de la Fiscalía para llenar de procesos al expresidente y perseguir personalmente y con un estilo de matón a cualquier persona vinculada al gobierno anterior. El ministro de Defensa Luis Fernando López hacía gala de un violento discurso anticomunista propio de los años 60 y 70. Y grupos de extrema derecha civiles amenazaban incluso a embajadas. Sin olvidar a columnistas de diarios y analistas que hacían de comparsa y convencían a todos de que “el MAS tenía un rechazo del 70%”. En ese marco, las masacres de Sacaba y Senkata son delitos mucho más concretos ante los cuales las antiguas autoridades deberían responder ante la justicia. Pero precisamente porque la izquierda denuncia lawfare por todos lados, debería ser cuidadosa con eso cuando está en el poder. 

La crisis boliviana de 2019 tuvo muchas dimensiones: el no reconocimiento de un referéndum en 2016, movilizaciones callejeras masivas, respuestas oficiales confusas frente a denuncias de “fraude” sobreactuadas, amotinamiento policial (la policía se suele sumar cada vez que hay conflicto), conspiraciones políticas varias y crisis interna del bloque de poder articulado por el MAS (por eso no hubo movilizaciones en su apoyo).

Todo eso derivó en lo que con Fernando Molina llamamos una “contrarrevolución” (con unos militares que al “sugerir” la renuncia del presidente transformaban todo ese paquete en “golpe”). Por diversas razones –torpezas propias, divisiones en el bloque anti-MAS, COVID-19– ese proceso no pudo consolidarse. Y la dinámica posterior mostró que estaba lejos de constituir un régimen pinochetista, como algunos creían en el exterior. Muchos de ellos me apostaron que Áñez y su gente nunca jamás dejarían que el MAS volviera al poder, incluso ganando. Era obvio que no podrían impedirlo si el MAS ganaba. Lo cierto es que las elites tradicionales del occidente boliviano están debilitadas sin retorno y las de oriente (Santa Cruz) carecen de vocación y prestigio nacional. Por eso el bloque indígena-plebeyo-popular del MAS pudo volver a ganar las elecciones, por paliza, un año después. Y por eso el Congreso no fue disuelto tras la caída de Evo.

El propio papel de la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, es interesante de destacar y muestra que la lectura de lo ocurrido en 2019/2020 es resistente a las simplificaciones excesivas: como otros diputados, fue más pragmática que Evo y los exiliados frente al nuevo gobierno, al que reconoció. Hubo en ello una mezcla de realismo político, la voluntad de varios parlamentarios de seguir cobrando sus dietas, y el reconocimiento de que entonces el clima no favorecía una rebelión popular para reponer al MAS en el poder. Considerada “funcional” a Áñez, Copa no fue elegida como candidata a alcaldesa de El Alto. Por eso compitió hace dos semanas por fuera y, en esta ciudad que resistió con fuerza a Áñez, obtuvo más del 65% y 40 puntos de diferencia sobre el candidato del MAS. 

Salvo que el lawfare sea siempre “del otro”, un gobierno con una buena imagen dentro y fuera del país como el de Luis Arce Catacora quizás no gane mucho victimizando a quienes perdieron. Y el país tampoco gane nada repitiendo las peores dinámicas de una justicia que en la imagen popular aparece muy cerca de la extorsión y a años luz de cualquier imagen de la balanza.

Como dijo un analista cercano al oficialismo, con este juicio desprolijo el gobierno responde a una demanda de sectores de base del MAS, que lo acusaban de “blando”, pero le da la espalda a gran parte del electorado, que no quiere más polarización. Sin duda, se podía haberse impulsado un juicio a Añez que fuera más legítimo.

PS

El Gobierno de Bolivia ha detenido en la madrugada de este sábado a Jeanine Áñez en la ciudad de Trinidad, en el amazónico departamento del Beni, para su traslado a la ciudad de La Paz. “Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, señaló Del Castillo en su cuenta en de Twitter.

La Fiscalía de Bolivia emitió este viernes una orden de aprehensión contra la expresidenta interina por los supuestos delitos de “sedición y terrorismo”, relacionados con la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

Por su parte, Jeanine Añez, denuncia en Twitter lo que considera “un acto de abuso y persecución política” del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). “Me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos”, escribió la expresidenta en Twitter.

Desde la tarde de este viernes agentes de la Policía y la Fiscalía permanecían a las afueras de la residencia de Áñez en la ciudad de Trinidad, para proceder a la detención de la exmandataria. Estaba en paradero desconocido, pero ahora está previsto que el ministro de Gobierno llegue a La Paz con la expresidenta Áñez al hangar de la Fuerza Aérea Boliviana.

La misma Áñez ya reveló en sus redes sociales las órdenes de captura que estaban en su contra y sobre varios de sus exfuncionarios, como los exministros interinos de Energía: Álvaro Guzmán y de Energía Álvaro Coímbra. Fueron detenidos este viernes en Trinidad y luego los trasladaron en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana a la terminal internacional de El Alto.

Ambos fueron llevados con un fuerte resguardo policial hasta las instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en el centro de la ciudad de La Paz, y posteriormente en una camioneta de la Policía hasta la Fiscalía, donde está previsto que presten declaración en las próximas horas. Las órdenes de arresto también se extendieron contra los exministros de Gobierno Arturo Murillo, de Presidencia Yerko Núñez, de Defensa Fernando López varios ex jefes militares y policiales.

El expresidente Evo Morales ha vuelto este lunes a Bolivia a poco de que se cumpla un año de su exilio del país denunciando que era forzado por un golpe de Estado. Morales ha cruzado desde Argentina la frontera en la localidad boliviana de Villazón, donde le esperaba un multitudinario recibimiento.

El expresidente boliviano fue despedido en un acto masivo en La Quiaca, en el lado de Argentina, país en el que estuvo desde el pasado 12 de diciembre previo paso por México tras dejar un mes antes Bolivia, a donde vuelve un día después de que haya retomado el poder su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS). Al acto ha asistido el presidente argentino, Alberto Fernández, quien lo despidió antes de cruzar a Bolivia, donde iniciará una caravana hasta llegar el miércoles a Chimoré.

De Chimoré salió el pasado 11 de noviembre de 2019 Evo Morales hacia México, tras anunciar el día antes que renunciaba a la presidencia del país forzado, según explicó, por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras.

La investidura del presidente de Bolivia, Luis Arce, ha supuesto este domingo el retorno del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales al poder, después de un año del golpe de Estado y de la investidura de una senadora de la oposición, Jeanine Áñez, como presidenta del país. Arce ha sido investido en una ceremonia en el Palacio Legislativo en La Paz ante líderes como el rey Felipe VI, el vicepresidente Pablo Iglesias y los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Colombia, Iván Duque; y de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

Arce, quien fue ministro de Economía durante doce de los casi catorce años de Gobierno de Evo Morales, ha jurado el cargo con la mano en el corazón, mientras que su vicepresidente, el aimara David Choquehuanca, lo ha hecho con el puño izquierdo en alto, la señal que identifica al MAS.

Arce fue elegido con el 55,1% de la votación en las elecciones generales del pasado 18 de octubre, que se repitieron un año después de ser anuladas las que habían dado entonces ganador para un cuarto mandato consecutivo a Evo Morales.

Morales ha cruzado este lunes por la mañana la frontera con Bolivia después de casi un año viviendo en Argentina, en un acto que contó con la presencia del presidente argentino Alberto Fernández. “No dudaba que íbamos a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto, algo tan histórico y tan inédito, gracias a la unidad del pueblo boliviano y de muchas autoridades y exautoridades del mundo”, ha asegurado Morales desde el puente que conecta la ciudad argentina de La Quiaca con la localidad de Villazón en Bolivia, en donde cientos de personas celebraron su regreso.

Acusa al anterior Gobierno de sembrar “la muerte”

Luis Arce ha comenzado su intervención ante la Asamblea Legislativa de Bolivia denunciando que hace un año se “escamoteó la voluntad popular” expresada en las urnas. El nuevo presidente ha arremetido en su discurso contra el Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, senadora opositora que se autoproclamó presidenta, al que ha tildado de “Gobierno de facto” y ha acusado de pisotear la democracia, sembrar “la muerte, el miedo, la discriminación” y perseguir a políticos y sindicalistas afines al MAS incluso con grupos “paramilitares”.

La entonces senadora opositora Áñez asumió el poder el 12 de noviembre de 2019, después de que Morales anunciara su renuncia forzada por presiones de militares y policías.

Recuperación económica

Arce ha mencionado, entre sus principales retos, la recuperación económica. El presidente ha advertido que el país padece una profunda recesión no solo por la pandemia mundial de la COVID-19, sino por lo que ha considerado una pésima gestión del Gobierno saliente.

Choquehuanca ha sido más conciliador en su discurso, en el que ha abogado por recuperar las raíces culturales, buscar coincidencias con la oposición y por que ya no haya “más abuso de poder”.

Protesta y críticas opositoras

El acto ha estado matizado por la protesta del principal grupo de oposición en el Parlamento boliviano, Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente y excandidato Carlos Mesa, en contra de un cambio del reglamento del Legislativo que consideran que favorece al MAS y limita a la oposición.

Los legisladores de CC se han manifestado en plena ceremonia con pancartas que reclamaban “¡No al abuso de poder! Dos tercios es democracia”, para luego retirarse del Parlamento junto a Mesa, en medio de gritos e insultos del oficialismo.

La protesta responde a la actitud “absolutamente prepotente e inaceptable del MAS que, aprovechando el cierre de la anterior legislatura, ha modificado los reglamentos de las dos Cámaras”, ha dicho Mesa.

En las recientes elecciones generales, el MAS logró la mayoría parlamentaria, pero no pudo revalidar los dos tercios que ostentó en los dos últimos periodos legislativos. Los parlamentarios salientes cambiaron el reglamento para que el Legislativo pueda aprobar con mayoría simple asuntos como el ascenso de cargos militares y policiales, o la designación de embajadores. El MAS justificó que las modificaciones buscan agilizar la labor legislativa, pero la oposición considera que fue una maniobra para mantener el control en la Asamblea.

Ese gran especialista en comunicación que era Vicente Romano llamaba a la publicidad la “industria del reclamo”. Es un clásico que cualquier causa social termina siendo absorbida por el mercado, es decir, termina convertida en material para el reclamo. Recordemos el famoso ejemplo de la foto del Che, icono todavía hoy de camisetas y tazas. Ahora le ha tocado al feminismo. Una vez incorporadas al feminismo la reina Letizia, Patricia Botín y Ana Rosa Quintana, solo queda que las empresas hagan caja en nombre de la lucha por la igualdad de la mujer. Y para eso está la publicidad, la industria del reclamo.

Si eres de los que se indignan porque las mujeres cobran menos que los hombres, la compañía de juguetes estadounidense Hasbro ha creado para ti Mrs Monopoly, una versión del Monopoly que, según señala la caja, es “el primer juego en el que las mujeres ganan más que los hombres”. Según las instrucciones, a la hora de repartir ese primer dinero para comenzar a jugar, las mujeres tendrán más, en concreto 1.900 dólares, 400 más que los jugadores del sexo masculino, que empezarán con 1.500. Y a la hora de pasar por la casilla de salida las mujeres reciben más dinero que los hombres, 240 dólares frente a los 200 de ellos. Revolución feminista resuelta, es verdad que el mundo real las mujeres cobran menos, pero qué más da, ya está el mundo virtual para resolverlo. Ah, y si estás en contra del feminismo no hay problema, la compañía Hasbro te sigue vendiendo la clásica versión de Monopoly, sin concesiones feministas. No se descarta una versión para los militantes de Vox, donde sean los hombres (no emigrantes, se entiende) quienes cobren más al inicio y cada vez que pasen por la casilla de salida.

La industria cinematográfica tampoco va a ser menos. El cartel promocional de la última entrega de la saga de Star Wars , El ascenso de Skywalker, incluía la frase: “Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género”. Todo empieza porque en 2011 el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, en colaboración con el Instituto de la Mujer,estableció esta distinción para las obras que cumplieran determinadas condiciones. La idea parecía ser buena, pero ya se sabe cómo es el mercado, al final una superproducción de Walt Disney termina haciendo negocio con la calificación. O lo que es peor, llegan los de Vox con su alharaca vociferando que se está imponiendo la ideología de género y hasta consiguen que el Twitter oficial de Star Wars retire el tuit donde destacaban la recomendación del Ministerio de Cultura.

El feminismo puede dar juego publicitario incluso para vender un golpe de Estado. Ahí está la portada de Forbes con la imagen de Jeanine Añez, la senadora boliviana que, sin haberse presentado a ninguna elección presidencial y perteneciendo a un partido que sacó el 4,24% de los votos en las elecciones presidenciales, acaba siendo presidenta de Bolivia gracias a los militares. “El poder es femenino”, es el titular a toda página sobre la foto de Añez que ocupa la totalidad de la portada. Y esta es la presentación: “Jeanine Añez Chávez hace historia como la segunda mujer presidente de Bolivia y la primera de origen beniano [del Departamento de Beni]. Habló con Forbes a días de asumir el mundo del país”. Un ejemplo de empoderamiento femenino, eso sí, con uniformes militares masculinos detrás. Pero eso no lo cuentan en la portada de Forbes.

Y llegamos a la prueba más palpable, tangible y vibrable de la liberación feminista: Satisfyer. La periodista María Palmero recuerda que “todo empezó en verano del 2019” con un reportaje feminista que se publicó en uno de los medios digitales más leídos del país. Lo cierto es que lo hicieron de forma inteligentísima: tenían testimonios de mujeres reales, datos, gráficos y vídeos. Las mujeres posaban sonrientes con sus Satisfyer en las manos. Se presentaba al aparato como un acto de revolución sexual, en pleno siglo XXI, y se decía dónde comprarlo“. La prensa le ha llegado a denominar ”el juguete sexual feminista de moda“ . El marketing se encargaba de calificar la maquinita como el símbolo del empoderamiento femenino con todo el traqueteo de comentarios y opiniones: la que se borra del Tinder, los hombres que ya no son necesarios, el fin del tabú de la masturbación femenina... Lo triste es que tenga que haber llegado el negocio de un aparato masturbador femenino para que muchas mujeres descubran su cuerpo y sus orgasmos, y no digamos los hombres. Y, peor todavía, que eso (comprarlo) sea revolución y feminismo.

La conclusión está clara. En las causas sociales habrá que hacer como recomendaba el misterioso Garganta Profunda a los periodistas del Washington Post que investigaban el Watergate, seguir la pista del dinero. Así podremos saber cuánto hay de reivindicación social y cuánto de negocio publicitario.

Miembros de las Fuerzas de Seguridad bolivianas volvieron a protagonizar un incidente con la delegación diplomática española este viernes. Los hechos se produjeron durante el traslado al aeropuerto de los cuatro policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO) que regresan a España y a los que el Gobierno de Jeanine Áñez acusa de haber intentado acceder el 27 de diciembre a la Embajada mexicana “encapuchados” y “presumiblemente armados” para facilitar la huida del país de ministros del Ejecutivo de Evo Morales que allí se refugian.

Durante el trayecto hacia el aeropuerto de La Paz, decenas de policías bolivianos siguieron al grupo de españoles y a su regreso interceptaron los dos vehículos, con matrícula diplomática, que habían trasladado a los policías del GEO. Los policías bolivianos registraron los coches y fotografiaron los rostros y pasaportes de los dos diplomáticos españoles que los conducían, han informado a eldiario.es fuentes de la seguridad del Estado.

Los incidentes se reprodujeron en el interior del aeropuerto de La Paz cuando los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) superaron el control de seguridad. En la zona de embarque les aguardaban medios de comunicación locales que pudieron filmar y grabar a los policías españoles, cuyas identidades están especialmente protegidas por integrar un grupo de élite de la Policía.

Entre los informadores se encontraba también un equipo del digital español okdiario.com que filmó a los policías del GEO mientras uno de sus periodistas les preguntaba en voz alta: “¿Sois miembros del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Habéis recibido alguna directriz de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias? ¿Cuánto dinero habéis cobrado de fondos reservados por hacer esta misión? ¿Por qué estáis huyendo a la una y media de la madrugada? ¿Por qué intentasteis acceder encapuchados a la embajada (mexicana)?”. Los agentes del GEO salieron finalmente hacia España pasadas las 7 de la mañana del viernes (hora española).

El vicepresidente de Vox, Víctor González Coello de Portugal, y el eurodiputado de la formación ultraderechista Hermann Terstch también se encuentran en el país sudamericano desde hace varios días. Ambos se reunieron con el nuevo Gobierno boliviano y dieron una rueda de prensa con los titulares de Defensa e Interior, máximos responsables del operativo policial, en la que todos se comprometieron a investigar el suceso del 27 de diciembre “hasta las últimas consecuencias”.

La operación de acoso de este viernes tiene lugar apenas 24 horas después de que el Ejecutivo de Jeanine Áñez hiciera pública su voluntad de superar el conflicto diplomático con España, abierto a raíz de la visita de la encargada de Negocios de la Embajada española, Cristina Borreguero, y el cónsul en La Paz, Álvaro Fernández, a la Embajada mexicana el pasado 27 de diciembre. El Ejecutivo boliviano ha anunciado que quiere enviar a España a un alto representante para solventar el conflicto.

Los diplomáticos españoles realizaron la visita del 27 de diciembre acompañados de miembros del GEO, como es habitual en países que viven situaciones de inestabilidad, caso de Bolivia desde que se produjera el golpe de Estado contra Evo Morales. Los GEO tienen entre sus misiones la protección de las delegaciones españolas en el extranjero y los policías que participaron en ese dispositivo habían llegado a Bolivia para reforzar la seguridad de la delegación española en el citado contexto.

Las autoridades bolivianas han asegurado que los policías españoles participaban, junto a los diplomáticos, en un operativo para sacar de la Embajada mexicana a dos miembros del Ejecutivo de Evo Morales. El Gobierno de Pedro Sánchez ha negado esa versión y ha calificado la visita como un encuentro “de cortesía”.

El Ejecutivo boliviano ha intentado difundir la versión de que fueron los vecinos de una urbanización exclusiva de La Paz, donde está ubicada la Embajada mexicana, los que reaccionaron espontáneamente a la presencia de los policías españoles “encapuchados”.

Según la reconstrucción de los hechos que ha podido hacer eldiario.es, los cuatro GEO dejaron el lugar después de trasladar a los dos diplomáticos españoles. Policías de uniforme les ponían dificultades para acceder a la Embajada mexicana y otros de paisano les intentaban identificar. Así, decidieron retirarse y esperar a que los diplomáticos españoles les requirieran para volver al lugar y trasladarlos de nuevo a la Embajada española.

Cuando fueron llamados y regresaron a la Embajada mexicana ya había en el lugar individuos de paisano protestando contra su presencia, insultándoles e incluso uno se tiró contra el capó del coche intentando simular un atropello. Los policías se retiraron del lugar y comenzaron a ser seguidos por un vehículo sin distintivos que intentó sacarles de la calzada. El vehículo de los policías sufrió daños, pero los agentes salieron ilesos.

La Embajada española tuvo que pedir entonces al Ministerio de Asuntos Exteriores boliviano que se encargara de trasladar a sus dos diplomáticos desde la Embajada mexicana a la española. Dos fotos difundidas posteriormente por redes sociales de miembros del Cuerpo Nacional de Policía fueron tomadas desde ese coche del Ministerio de Exteriores boliviano que trasladó a los diplomáticos españoles. En los últimos días se han filtrado en redes sociales identidades y fotografías de todos los miembros del equipo de seguridad de la Embajada española en La Paz.

El Ejecutivo boliviano ha declarado personas non gratas a los dos diplomáticos españoles así como a la embajadora mexicana en el país. En respuesta, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho lo propio con tres diplomáticos bolivianos acreditados en nuestro país.

El líder de la oposición en España, Pablo Casado, se ha alineado con las tesis del Gobierno ultra de Bolivia y ha solicitado la comparecencia parlamentaria de los ministros de Interior y Defensa en funciones, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, para aclarar por qué los GEO españoles acudieron “armados” a la Embajada mexicana. Casado vinculó el hecho a las negociaciones para la formación de Gobierno y añadió que “gerifaltes” del Gobierno de Morales que están en la Embajada mexicana “tienen mucha información sobre el germen de Podemos”.

El Gobierno interino de Bolivia busca una forma de resolver la crisis con España por su decisión de expulsar a dos diplomáticos españoles enviando un alto representante a su embajada en Madrid. A pesar de este acercamiento, el Gobierno formado tras el golpe de Estado que apartó del poder a Evo Morales insiste en defender la medida que desencadenó la tensión con España y que ha sido rechazada por la Unión Europea.

El Gobierno de Áñez declaró este lunes “personas no gratas” a la encargada de Negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero; al cónsul español, Álvaro Fernández; y a varios diplomáticos mexicanos, entre los que se encuentra la embajadora en La Paz, María Teresa Mercado, dándoles 72 horas para dejar el país.

El Gobierno interino señaló que varios funcionarios españoles habían tratado de acceder en la mañana del viernes en coches de la embajada, de forma “clandestina” y junto a individuos “encapuchados” y “presumiblemente armados”, a la residencia de la embajadora de México en aquel país, María Teresa Mercado.

La encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, acudió a primera hora de la mañana del viernes a la embajadora de México, en lo que el Gobierno español ha definido de “visita de cortesía”, después de que el país azteca hubiera denunciado un incremento de la presencia policial boliviana en torno a la residencia de Mercado y la propia Embajada en días anteriores, desencadenando un cruce de reproches entre los dos países.

Al término de la visita, los vehículos en los que llegó Borreguero no pudieron regresar hasta la residencia de la embajadora mexicana para recogerla, ya que la Policía boliviana se lo impidió, presuntamente por la presencia de personas encapuchadas en ellos y “presumiblemente armadas”, según denunció la canciller boliviana, Karen Longaric, que no serían otra cosa que los agentes encargados de la seguridad del personal diplomático español.

La visita fue vista por algunos sectores en el país andino como un intento de sacar de allí a los asilados políticos, algo que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español se ha negado rotundamente.

Rechazo de la UE a la actuación de Bolivia

Este martes, último día de 2019, la Delegación de la UE en Bolivia rechazó la decisión del Gobierno interino de declarar “personas no gratas” a Borreguero y Fernández. La Unión Europea considera que la expulsión de funcionarios diplomáticos es “una medida extrema e inamistosa que debe reservarse a situaciones de gravedad”.

En ese sentido, la Delegación europea ha instado a Bolivia a ofrecer explicaciones “a la mayor brevedad” sobre su actuación y sus decisiones tras celebrar una reunión de jefes de misión de los Estados Miembros para conocer de parte de España lo sucedido.

La primera autoridad boliviana en responder al pronunciamiento europeo fue el ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, que defendió la decisión del Gobierno de Jeanine Áñez de declarar “personas no gratas” a ambos funcionarios y a la embajadora de México en el país.

Núñez insistió en que la medida no era en contra de España o México, países con los que “siempre” se buscarán tener una buena relación bilateral. “Queremos que, así como respetamos, también nos respeten la soberanía en Bolivia”, aseguró ratificando la versión boliviana sobre el incidente del pasado viernes.

La Cancillería boliviana asegura en un comunicado su deseo de “superar este impás a la brevedad y mantener estrechas relaciones con el Reino de España”. “Para este cometido, el Gobierno Constitucional de Bolivia acreditará en la Embajada de Bolivia en Madrid a un alto representante diplomático”.

Los ojos de Primitivo Quisbert se inyectan de sangre y se llenan de lágrimas al ver la cara hinchada y sin vida de su hijo. Trata de entender por qué un enfrentamiento político que siente lejano ha condenado al joven a una muerte temprana. “Es tan doloroso, señor. Tan, tan doloroso” dice el carpintero, de 61 años, entre sollozos. “Solo mire lo que le han hecho a mi niño”.

Ante él, sobre el banco de madera de una iglesia, yace también el cuerpo de otro de los al menos ocho bolivianos asesinados el martes en El Alto después de que la crisis política que azota Bolivia pasara a cobrarse víctimas mortales. Es el cadáver de Pedro Quisbert Mamani, trabajador en una fábrica de 37 años y padre de dos hijos.

Alrededor de él asoman bajo sábanas y banderas los pies de otros cinco cuerpos que pueden identificarse porque alguien ha escrito sus nombres en folios y los ha dejado sobre los cadáveres. “Joel Colque Patty, 22”. “Devi Posto Cusi, 34”. “Antonio Ronald Quispe Ticona, 23”. “Clemente Eloy Mamani Santander, 23”. “Juan Jose Tenorio Mamani, 23”.

Alguien había puesto tres vasos de usar y tirar sobre las baldosas para recoger las gotas de sangre que manaban sin parar de una herida de bala abierta en la parte trasera de la cabeza del joven.

“Fue un tiro en la nuca, mira cómo sale la sangre”, le dice su padre a uno de los forenses, vestidos con traje y máscara blancos, que se disponen a practicar autopsias a los cuerpos justo frente al altar de la iglesia. “Crié a mi hijo con todo el amor y ahora me toca enterrarlo ¿Sabe lo que supone esto para mí?”. “¿Criar, educar… y luego enterrar?”

Evo Morales, exiliado en México, se ha referido a lo sucedido en El Alto como una “masacre”. “En Bolivia están matando a mis hermanos y hermanas”, dijo Morales el miércoles durante una conferencia de prensa en México. “Este es el tipo de cosas que hacían las dictaduras militares tradicionales”.

El Gobierno provisional de derechas que ha asumido el poder después del derrocamiento de Morales el pasado 10 de noviembre rechaza las acusaciones contra el ejército por los asesinatos del martes. Pero los muertos estaban participando en un enfrentamiento entre militares y partidarios de Morales frente a un depósito de combustible que los manifestantes bloqueaban.

El Ministro de Defensa, Fernando López, dijo a la prensa que sus fuerzas “no han disparado una sola bala” y acusó a los manifestantes de ser “terroristas” a las órdenes de Evo Morales. En El Alto, una ciudad ubicada junto a la capital, La Paz, y considerada feudo de Evo Morales, la población no alberga dudas respecto a la culpabilidad del Gobierno en lo que consideran una masacre de trabajadores inocentes.

“No podemos permitir que nos sacrifiquen así” grita Joana Quispe, de 40 años, una de las miles de manifestantes indígenas que tapona las calles, repletas, alrededor de la iglesia de San Francisco de Asís para protestar por los asesinatos.

Frente al edificio –una modesta construcción de ladrillo–, el ambiente es tenso, de furia y resistencia; de ataques constantes contra la presidenta interina Jeanine Áñez y la coalición derechista en la que se apoya. “Nuestro Gobierno es racista” gritaba enfurecido Benito Mamani, de 56 años. “Están pisoteando la democracia. Esta señora presidenta tiene que irse”.

La zona parece un escenario de guerra debido a las patrullas de las fuerzas de seguridad, fuertemente armadas y las barricadas improvisadas con bloques de cemento, señales, neumáticos ardiendo y restos de coches desguazados que han logrado levantar los habitantes de esta comunidad en las montañas.

Y dentro de la iglesia, la misma ira. “El mundo debe conocer la verdad”, pide Aurelio Miranda, de 54 años. “Lo que ha pasado fue una masacre… usaron armas de guerra. No pensaron en las consecuencias. Por eso hay tantos muertos”. “Siento mucho dolor como boliviano por ver que otros bolivianos están sacrificando a sus hermanos”, añade.

Primitivo Quisbert está aún demasiado afectado por su pérdida como para hacer acusaciones. Mientras a su alrededor todo son gritos de “¡Justicia!, ¡Justicia!, ¡Justicia!”, él habla de cómo su familia se estaba preparando para un nacimiento y no para un funeral.

La mujer de su hijo muerto está embarazada de ocho meses. Ese hijo ya nunca conocerá a su padre. “No militamos en ningún partido. No nos interesa esto. Somos personas humildes, trabajadoras, ¿Cómo pueden matarte como si fueras un perro?” se preguntaa Quisbert.

En la pared, justo sobre el padre de luto, al lado de la morgue improvisada en el altar, escrita con elegantes letras metálicas se lee la oración por la paz de San Francisco de Asís:

'Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.

Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.

Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.

Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.

Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.

Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.

Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.

Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría'.

“Aquí llevo toda la noche. Junto a mi hijo. No puedo dejar que se vaya”, lamenta Quisbert.

Cindy Jimenez Becerra en El Alto y Jo Tuckman en Ciudad de México contribuyeron a este reportaje.

Traducido por Alberto Arce

El Parlamento de Bolivia ya tiene los proyectos para agilizar las nuevas elecciones, con las que se busca pacificar un país donde la violencia tras los anteriores comicios supera los treinta muertos, a los que se llora con rabia.

La autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, aparecía a primera hora a las puertas del Parlamento en La Paz advirtiendo de que iba a llamar a las urnas por decreto, como sucedió en la anterior crisis de semejante gravedad en el país en 2005. Mientras, en la vecina ciudad de El Alto se lloraba a los muertos que la Defensoría del Pueblo sospecha que pudieron caer por disparos de militares, aunque el Gobierno provisional lo niega.

“Si la Asamblea no permite que lo hagamos de esa manera legal, pues buscaremos otro mecanismo”, avisaba Áñez, al frente del Ejecutivo tras el golpe de Estado, a un Parlamento con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales. El MAS respondió al pulso poco después presentado un anteproyecto para acelerar las elecciones, que en Bolivia requieren un proceso de tres meses, con una propuesta que incluso plantea la cita con las urnas para el 12 de enero de 2020.

El texto busca de forma “excepcional” acortar plazos para ir a nuevas elecciones “lo más antes posible”, en una señal clara del partido ante el Gobierno interino, como la definió la presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, Eva Copa.

La propuesta del MAS es que un nuevo órgano electoral fije un calendario para nuevos comicios con el mismo censo electoral y partidos políticos que en los comicios fallidos del 20 de octubre, aunque con la posibilidad de otros candidatos.

Al anteproyecto del MAS le salió en la tarde la alternativa del Gobierno interino, un proyecto de ley que apuesta por un nuevo padrón electoral, nuevas candidaturas políticas y sin pasar por las primarias.

“Que Dios permita que tengamos elecciones transparentes, que Dios ilumine a la Asamblea Legislativa”, exclamó Áñez antes de dar salida al proyecto desde el palacio de Gobierno al vecino Parlamento.

Una paz que no llega

Unos y otros repitieron una vez más que los comicios son la vía para traer al país una paz que no llega. Mientras los políticos jugaban sus bazas en La Paz, arriba en El Alto se lloraba a los últimos ocho muertos en la violencia que no cesa en Bolivia desde los fallidos comicios del 20 de octubre, que suma 32 muertos y 770 heridos según datos oficiales.

El dolor y la rabia eran evidentes en el barrio alteño de Senkata, que empezaba a despedir a las víctimas fatales de los disturbios en la víspera frente a una refinería de gas. Los ánimos estaban exacerbados en la parroquia San Francisco de Asís, donde los cuerpos de varios de los fallecidos yacían sobre las bancas del templo mientras avanzaba el trabajo de médicos forenses.

“Lo han matado a mi hermano como a un perro, yo me siento dolido. Anoche lloré toda la noche, estoy seco, toda mi familia ha llegado y hasta ahora no podemos aceptar la muerte”, confesó a Efe uno de los familiares. La gente está “con la sangre hirviendo”, exclamaba otro familiar, que exigía que las autoridades “respondan por nuestros muertos”.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia tiene indicios de que las fuerzas de seguridad dispararon a civiles en un operativo de desbloqueo a una planta de combustible que dejó al menos ocho muertos y decenas de heridos. La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, declaró a Efe que “una señal del Gobierno clara tiene que ser no dejar que esto quede en la impunidad”.

Bolivia vive a dos velocidades. Una semana después del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y la toma de posesión de Jeanine Áñez como presidenta, el país vive entre los sucesos trágicos que marcan el día a día y la batalla de un futuro en las urnas. La convocatoria de unas nuevas elecciones es clave para la pacificación del país y la solución en la que los principales actores políticos parecen coincidir. Sin embargo, hasta llegar a que sean los votos los que dicten quién ha de hacerse cargo de Bolivia todavía quedan demasiados pasos y una cruenta partida de ajedrez.

Este martes hay convocada una sesión de la Asamblea Plurinacional a la que tanto la presidenta del Senado, Eva Copa, y del Congreso, Sergio Choque, ambos del Movimiento al Socialismo (el partido de Evo Morales), han llamado a los representantes opositores a que participen para tratar la convocatoria de nuevas elecciones generales. Sin embargo, desde el gobierno de facto de Áñez no acaban de estar convencidos de poder llegar a un acuerdo con el MAS y valoran convocar elecciones vía decreto presidencial saltándose los acuerdos parlamentarios.

Así lo ha asegurado este lunes el ministro de la Presidencia: “Si vemos que hay dificultades para poder convocar las elecciones, una de las sugerencias que va a hacer el Ministerio de la Presidencia a la señora presidenta es que de manera inmediata convoquemos elecciones a través de algún otro instrumento legal”. Las negativas a acudir a una asamblea dominada por los masistas se debe también a la posibilidad de que rechacen la renuncia de Evo Morales, que sigue sin haber sido votada en las cámaras.

Si las elecciones se convocasen de manera unilateral por el gobierno de los contrarios a Morales se darían sin llegar a acuerdos fundamentales como una elección consensuada de los órganos electorales. El Tribunal Supremo Electoral es considerado como el cuarto poder del país y en los siguientes procesos estará vigilado con lupa después de las acusaciones de la Organización de Estados Americanos de fraude de las pasadas elecciones de octubre. Según la Constitución, de los siete miembros que integran este órgano electoral, seis son elegidos por la Asamblea Legislativa en la que los partidarios de Evo Morales tienen más de dos tercios de representación, por lo que son indispensables para llegar a un acuerdo.

Durante el lunes se instaló una mesa de negociación auspiciada por la Iglesia y la Organización de las Naciones Unidas entre el actual Ejecutivo, los dirigentes afines a Evo Morales y los sectores sociales. Esta mediación intenta precisamente encauzar un acuerdo para la celebración en un plazo de tres meses de unas “elecciones transparentes”, tal y como declaró la Conferencia Episcopal en un comunicado, así como pacificar el país, que lleva una veintena de muertos en la última semana desde que Áñez asumiera como presidenta, según las organizaciones sociales.

Pese al papel que tiene el Parlamento boliviano como forma de rechazo al mandato de Áñez, tanto Evo Morales desde el exilio como sus seguidores en la calle son los que tienen el protagonismo. Las movilizaciones continúan y el fin de semana una de ellas acabó con al menos nueve muertos en Cochabamba a causa de la represión de las Fuerzas Armadas por órdenes del Gobierno. De hecho, el propio Ejecutivo emitió una orden en la que eludía de responsabilidades penales a los militares en este tipo de hechos. El Gobierno español, por su parte, se ha unido a la ONU y ha pedido una investigación de lo sucedido y ha rechazado el uso represivo de la violencia contra los manifestantes. Las autopsias han confirmado que las muertes de nueve personas en la jornada más trágica fueron por proyectiles de armas de fuego.

Batalla entre Morales y Áñez

Evo Morales sigue dando entrevistas a los medios internacionales y cargando contra el golpe de Estado de Áñez en casi un diálogo constante entre el ex mandatario y la nueva presidenta desde la distancia. Si una le acusa de querer llevarle a la justicia por fraude y corrupción, él responde que está buscando la manera legal de volver a Bolivia. Si Áñez dice que son los jueces los que decidirán la candidatura del MAS a las próximas elecciones, Evo responde que renuncia a su candidatura, pero que quiere acabar su mandato que termina el 22 de enero y que todavía sigue siendo el presidente porque no se ha votado su renuncia. Si la presidenta saca a los militares, el líder cocalero dice que él puede lograr la pacificación del país.

La partida de ajedrez está en las declaraciones de Morales y en las acciones del gobierno post-golpe que, pese al anuncio de transitoriedad e interinidad, toma decisiones tan importantes como romper relaciones diplomáticas con la Venezuela de Maduro, reconocer la presidencia de Juan Guaidó, salir de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA) o cambiar el nombre del periódico estatal de Cambio por Bolivia. Áñez también ha cambiado la cúpula de las Fuerzas Armadas sustituyendo al comandante en jefe que pidió la renuncia de Morales y ha enseñado a la prensa la habitación presidencial del primer presidente indígena intentando señalar el lujo de una cama y un baño privado.

Curiosamente la batalla mediática entre Evo y Áñez se da entre dos personas que seguramente no estarán en las próximas elecciones al frente de sus respectivas fuerzas electorales. La propia Áñez dijo nada más asumir el poder que no se presentaría a las elecciones y falta por ver si habrá un gran conglomerado de todos los contrarios a Evo, si se seguirán manteniendo las candidaturas del 20 de octubre (hubo tres con más del 4% que se presentaban como contrarios a Morales) o si habrá alguna nueva candidatura proveniente de los comités cívicos en torno a personalidades como Luis Fernando Camacho.

La comunidad internacional se divide entre aquellos que denuncian un golpe de Estado en Bolivia, como es el caso de Rusia, Venezuela, Uruguay, México y Cuba, entre otros; aquellos que celebran a voz en grito la salida de Morales y combaten la narrativa del golpe, principalmente EEUU o Brasil; y aquellos que se han puesto de perfil limitándose a pedir elecciones y estabilidad, léase la Unión Europea.

El caso de Rusia es uno de los más peculiares. Aunque califica lo ocurrido como un golpe de Estado, a su vez reconoce a Jeanine Áñez como presidenta interina hasta la convocatoria elecciones.

“Está claro que precisamente ella será considerada como mandataria de Bolivia en el período hasta que se elija al nuevo presidente”, señaló el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. Sin embargo, Riabkov añadió que Rusia considera “todo lo que precedió al cambio de poder como acciones que de hecho equivalieron a un golpe de Estado” . Más tarde, la portavoz del ministerio aclaró: “No se trata de un reconocimiento de que lo que ha ocurrido en Bolivia ha sido un proceso legal”.

En el otro extremo, EEUU. “Seguro que han visto declaraciones de Morales y sus seguidores afirmando que es una víctima de un golpe, a pesar de que lo que demuestran todos estos acontecimientos es que el pueblo boliviano simplemente ha tenido suficiente de un gobierno que ignora la voluntad de sus votantes”, afirmó un alto cargo del Departamento de Estado en una rueda de prensa celebrada el pasado lunes. “[El Gobierno] continuó la agitación para alimentar esta falsa narrativa que simplemente está dañando la democracia boliviana”, añadió.

Unos de esos a los que se refiere el Departamento de Estado es Bernie Sanders, candidato demócrata a la presidencia. “Al fin y al cabo fueron los militares los que intervinieron en ese proceso y le pidieron que se fuera. Cuando interviene el Ejército, en mi opinión, eso se llama golpe”. Más tarde, Mike Pompeo, el secretario de Estado, celebró la proclamación de Áñez como nueva mandataria boliviana: “EEUU aplaude a la senadora Jeanine Áñez por dar un paso adelante como presidenta interina”.

“España condena que el proceso abierto ayer hacia una nueva convocatoria electoral se haya visto distorsionado por la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía sugiriendo a Evo Morales que presentara su renuncia a la Presidencia, lo que hizo más tarde”, afirmó el Ministerio de Exteriores en un comunicado el pasado lunes recordando que el expresidente había anunciado una repetición electoral. “Esta intervención retrotrae a momentos ya pasados de la historia latinoamericana”, añadió en referencia a los golpes de Estado y juntas militares que han gobernado durante décadas en el continente.

España también ha condenado el decreto del nuevo Gobierno que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal tras el golpe si actúan “en legítima defensa o en estado de necesidad”. “Las labores de orden público a cargo de la Policía y de las Fuerzas Armadas deben realizarse dentro de la legalidad boliviana y del derecho internacional”, sostiene el ministerio en un comunicado de este lunes. España ha solicitado la apertura de una investigación independiente sobre las muertes durante las protestas.

La UE, en una equidistancia habitual, se limitó a pedir nuevas elecciones, aunque ello se ha traducido en un apoyo implícito a la presidenta autoproclamada. “La UE apoya una solución institucional que permita a un liderazgo interino preparar nuevas elecciones y evitar un vacío de poder”, afirmó la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, horas después de la proclamación de la presidenta.

El secretario general de la ONU, António Guterres, hizo un llamamiento a las partes “para que se comprometan a lograr una solución pacífica de la crisis actual y a garantizar elecciones transparentes y creíbles”. Poco antes de conocerse la dimisión de Morales, la Oficina de las Naciones Unidas en Bolivia publicó un comunicado en el que se unía “a las voces de la sociedad boliviana por restablecer el orden y la paz social”.

Por su parte, China ha solicitado que el conflicto se resuelva en el marco de la Constitución. “China espera que todas las partes en Bolivia puedan resolver sus discrepancias en el marco de la Constitución y la ley para restablecer lo más temprano posible la estabilidad política y social”, señaló el portavoz de la cancillería china, Geng Shuang.

Condena desigual en Latinoamérica

Una de las reacciones que más han resonado ha sido la del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien protagonizó uno de los momentos más tensos del Consejo Permanente de la organización el pasado martes. En su declaración, sostuvo que quien ha cometido un golpe fue Morales, acusándolo de fraude en las elecciones del 20 de octubre. “La sangre en la manos es de aquellos que cometieron el fraude electoral, la OEA no dio un golpe de Estado, dieron un golpe de Estado quienes se robaron la elección declarando un triunfo en primera vuelta”, aseveró el diplomático uruguayo. 

Aquel mismo día, más de una decena de países de la OEA pidieron la convocatoria de nuevos comicios en Bolivia “lo más pronto posible”, al mismo tiempo que evitaron calificar de golpe de Estado la salida de Morales de la presidencia. Respaldaron la declaración 15 de los 34 países miembros: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela [representada por un delegado del líder opositor Juan Guaidó].

Tras la renuncia de Evo Morales se sucedieron una cascada de declaraciones por parte de los líderes aliados del mandatario boliviano condenando abiertamente el golpe de Estado. Es el caso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de Nicaragua, Daniel Ortega o de Cuba, Miguel Díaz-Canel. También se ha sumado esta condena Uruguay, cuyo canciller ha asegurado que el país solo reconoce “a presidentes surgidos de elecciones”, en referencia a Jeanine Áñez. 

Especial papel ha tenido México, uno de los Estados más contundentes en denunciar un golpe en Bolivia que, además, ha concedido asilo a Evo Morales. “En Bolivia hay una operación militar en curso, la rechazamos, es similar a aquellos trágicos hechos que ensangrentaron nuestra América Latina el siglo pasado. México mantendrá su posición de respeto a la democracia y las instituciones. Golpe no”, ha dicho el canciller mexicano Marcelo Ebrard. También han evitado dar su respaldo a Áñez porque, dicen, el Gobierno mexicano “no reconoce gobiernos” extranjeros. “Se está en una compleja transición en Bolivia. Queremos que se respete la voluntad del pueblo boliviano y que debe manifestarse por los cauces constitucionales”, aseguró la embajada del país norteamericano en Bolivia.

Tanto el Gobierno del presidente saliente Mauricio Macri en Argentina como el de Jair Bolsonaro, en Brasil, han rehusado calificar lo ocurrido como un golpe, a diferencia de los líderes políticos Alberto Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva, que se sumaron a la ola de denuncias. Mientras el canciller argentino aseguraba que “no están los elementos para definir como un golpe de Estado”, el presidente ultranacionalista brasileño se desmarcaba alegando que “la palabra golpe es usada mucho cuando la izquierda pierde. (...) Yo no voy a entrar en esa narrativa”. Macri ha reconocido como “ referencia de autoridad” en Bolivia a Áñez, pero evitó apoyarla como presidenta provisional. Bolsonaro, por su parte, se apresuró a felicitar a la senadora opositora tras su proclamación.

A pesar de subrayar la “relación estrecha, cordial, incluso de amistad con el presidente Evo Morales”, el Gobierno peruano también ha esquivado referirse a lo ocurrido en Bolivia como un golpe de Estado. “Nosotros quisiéramos que pronto se normalice la situación en el hermano país de Bolivia, que logre estabilizarse cumpliendo las leyes y la Constitución”, ha dicho el presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien ha asegurado que respeta “las decisiones que toma Bolivia para lograr normalizar su situación”.

Tampoco se ha posicionado el Ejecutivo de Colombia, aunque sí ha reconocido a Áñez como Presidenta interina de Bolivia y, dicen “la acompaña en su propósito de avanzar hacia una pronta realización de elecciones libres, transparentes y con observación internacional”, señaló un comunicado de la cancillería. Ecuador, que se había limitado a reclamar el “restablecimiento de la paz” y a subrayar “serios errores” en las elecciones, posteriormente “auguró éxitos” al nuevo Gobierno “en especial en su cometido de restablecer la paz en todo el territorio boliviano, en el marco de la Constitución y las leyes nacionales”.

Jeanine Áñez tomó posesión el martes declarándose una presidenta transitoria y prometiendo elecciones “cuanto antes”. Sin embargo, los tres días desde su nombramiento tras el golpe de Estado a Evo Morales no han sido desaprovechados por la nueva mandataria boliviana que se ha olvidado de su periodo de provisionalidad hasta unos nuevos comicios y ha ido tomando decisiones de un calado muy importante que podrían afectar a la política nacional, pero también a las relaciones internacionales del país no sólo en el hoy, sino en un todavía incierto futuro.

Áñez entró en el puesto prometiendo devolver la Biblia al Palacio. Sus primeras imágenes como presidenta fueron con el libro sagrado de los cristianos en la mano lo que supone un retroceso a antes de la Constitución de 2009 en la que se establece la laicidad del Estado. Esto es, la separación del poder eclesiástico y de influencia de la Iglesia de todo lo que tenga que ver con las Administraciones Públicas. Asimismo, esta toma de poder la hizo en el Palacio Quemado, la antigua sede de gobierno antes de que Morales mandase construir la Casa Grande del Pueblo, un imponente edificio que se encuentra justo detrás.

Pero esa imagen es puro simbolismo comparadas con las otras decisiones que Áñez ha tomado o que plantea tomar. El mismo día de la toma, quien le anudaba la banda era el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman. Hoy, para hablar del hombre que provocó la renuncia de Evo Morales hay que hacerlo en pasado. La mandataria cambió en su primer día de gobierno la cúpula militar sustituyendo a Kalima, quien se le consideraba un aliado de Morales hasta que el domingo pidió la marcha del presidente, por el general Carlos Orellana Centellas.

En tres días de gobierno, el gobierno boliviano también ha mostrado su predisposición hacia las críticas a los medios de comunicación y a la petición de encarcelamientos. La nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, amenazó a la prensa nacional y a la internacional con acusarla de sedición “si no cumplen con su trabajo”. “Algunos periodistas, bolivianos y extranjeros, que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder ante la ley boliviana”, explicó la responsable gubernamental. Estas acusaciones también se dirigieron hacia antiguos ministros y funcionarios del país. El ministro de Gobierno anunció “una cacería” contra su predecesor al que acusó de haber estado sembrando la violencia en el país.

Ha sido en política exterior y especialmente relacionado con Venezuela donde Áñez ha dejado su impronta sin importarle el calificativo de “transitorio” que le puso ella misma a su mandato. De los primeros reconocimientos internacionales que tuvo al jurar su cargo fue el de Juan Guaidó, proclamado presidente de Venezuela por la Asamblea Nacional en la que hay mayoría opositora. Vía Twitter él felicitó a la nueva presidenta y ella le invitó a nombrar un nuevo embajador en el país lo que en ese momento suponía una quiebra con el gobierno de Maduro y el reconocimiento expreso de Guaidó como máximo dirigente venezolano.

A esto se añadió este viernes el anuncio por parte de la canciller interina, Karen Longaric, que el país rompía relaciones con el Ejecutivo venezolano. El motivo que esgrimió Longaric fue que había venezolanos vinculados con la embajada del país en La Paz que estaban “atentando contra la seguridad interna de Bolivia”. Asimismo, señaló que el actual gobierno será “consecuente” con los principios democráticos de respeto a los derechos humanos y la carta democrática de la Organización de Estados Americanos.

La responsable de la diplomacia boliviana también anunció la marcha del país andino del ALBA, la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe que ideó el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y a la que se unió Bolivia en cuanto Evo Morales subió al poder. Bolivia se añade ahora a Ecuador que en 2018 decidió salir tras la crisis de refugiados venezolanos. Ahora mismo, el grupo está compuesto por Antigua y Barbuda, Cuba, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Dominica, San Vicente y las Granadinas y la propia Venezuela además de Haití como observador.

El rechazo entre el nuevo gobierno boliviano y el ALBA es mutuo. Los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América acordaron calificar la salida del poder de Evo Morales y la llegada de Áñez como un “golpe de Estado consumado de la oligarquía boliviana”, acusaron al ejército boliviano de violentar el orden constitucional y reclamaron el regreso de Evo Morales al que consideran como el presidente legítimo del país.

Asimismo, también deslizó la posibilidad de abandonar la cada vez más debilitada Unasur. Este proyecto que intentaba integrar a todo el continente latinoamericano, especialmente durante el periodo de gobiernos progresistas en países como Brasil y Argentina, tuvo un papel fundamental en la crisis del Oriente boliviano en 2008 cuando las tres regiones de la ‘media luna’ (Beni -de donde es Áñez-, Pando y Santa Cruz) iniciaron una revuelta autonomista contra Morales. En ese momento, la determinación de los socios de Unasur fue clave para frenar la insurgencia.

Por último, la autoproclamada presidenta del país puso además en duda que Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo pudieran presentarse en las elecciones que debe convocar.  “El tribunal deberá decidir si el MAS puede participar o no”, explicó la nueva mandataria del país acusando al partido del ex presidente de causar un golpe de Estado con el intento de fraude electoral. Morales convocó nuevas elecciones tras el informe preliminar de la OEA, unas elecciones que siguen sin tener fecha, pero que tienen como límite el 22 de enero, día en que acaba el mandato constitucional de las cortes. Mientras tanto, Áñez seguirá tomando medidas.

El Senado ha elegido por unanimidad este jueves como presidenta a Eva Copa, del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales. Lo ha hecho en presencia y con el apoyo de cuatro senadores opositores. “Hemos podido consensuar las bancadas de oposición y oficialismo con el único objetivo de poder viabilizar las nuevas elecciones lo antes posible, poder pacificar a nuestro país y, sobre todo, defender la democracia”, dijo tras jurar el cargo Copa, conocida por su activismo por los derechos de la juventud y las mujeres.

En caso de vacío de poder, el presidente de la Cámara de Senadores es el segundo en la línea de sucesión del jefe de Estado en Bolivia, tras el vicepresidente del país y por delante del presidente del Congreso. La presidencia del Senado había quedado vacante por la renuncia de Adriana Salvatierra, también del MAS. En este contexto, Áñez, que era segunda vicepresidenta de la cámara, se proclamó mandataria interina de Bolivia en un pleno casi vacío.

Se trata de un nuevo capítulo en el sistema parlamentario boliviano que replantea la asunción de poderes en el país después de que, el miércoles de madrugada, los 74 diputados presentes en el Congreso (73 del Movimiento al Socialismo y una de la oposición) consiguieron entrar de noche en la Cámara Baja tras los primeros impedimentos policiales y votaron un nuevo presidente del Congreso. Sergio Choque consiguió los votos de los suyos y se convirtió en la cuarta autoridad del país, que le daría derecho a ocupar la presidencia en caso de vacío de poder, hecho que todavía no ha reclamado. Tampoco lo ha hecho la nueva presidenta del Senado.

Los nombramientos de Choque y Copa son el contrapoder al de Jeanine Áñez. Bolivia, al igual que España, tiene un sistema parlamentario bicameral. Esto es, tiene dos cámaras: Senado y Congreso. Si habitualmente toda la atención política la tiene el presidente, en este momento de incertidumbre estas asambleas se han convertido en uno de los puntos clave de esta crisis. Así, en una se trabaja para que el golpe de Estado contra Evo Morales triunfe y obtenga una justificación a partir de los recovecos legales, y en otra para que los seguidores del mandatario asilado en México puedan montar un instrumento que haga de contrapeso a la autoproclamada presidenta.

El martes, los diputados opositores convocaron la Asamblea Legislativa. El objetivo era votar la renuncia de Evo Morales como presidente y Álvaro García Linera como vicepresidente para hacerlas oficiales, así como intentar nombrar una nueva dirección tanto en el Congreso como en el Senado. Sin embargo, la sesión no se produjo. La ausencia de los diputados socialistas (que tienen dos tercios de la representación), que señalaron no contar con las garantías mínimas para poder trasladarse, hizo que el primer intento quedase en nada ante la falta de quórum establecida en este caso en la mitad más uno: 65 de 130.

Por la tarde, volvería a ocurrir lo mismo con la diferencia de que la oposición sí que iniciaría la sesión y proclamaría el 'ascenso' de Áñez de vicepresidenta segunda a presidenta del Senado ante las renuncias de los dos cargos superiores. Inmediatamente asumiría la jefatura del Estado, justificándose en el vacío de poder ante las dimisiones de Evo Morales y su vicepresidente, que no se habían votado por la mañana.

El riesgo de 'venezolanización'

Con el nombramiento de Eva Copa, el Congreso y Senado recomponen su directiva tras la cascada de dimisiones y se amortigua el riesgo de que las dos cámaras parlamentarias del país vivieran sin reconocerse. En estos momentos, los que sí se contraponen son el poder legislativo y el ejecutivo, con la consiguiente dualidad. Por ejemplo, en su primera intervención como presidente del Congreso de los Diputados, Sergio Choque pidió a los policías y a las Fuerzas Armadas que dejen de reprimir a los manifestantes que piden la vuelta de Evo Morales. Sin embargo, en estos momentos, las fuerzas de seguridad responden a los mandos de Jeanine Áñez, a quien ayudaron a llegar al poder tras pedir la renuncia del anterior presidente.

Antes de que el Senado nombrara nueva presidenta, el politólogo Diego Ayo señalaba que uno de los escenarios posibles es que “exista una conflagración mutua y que convivan dos presidencias como en Venezuela”. La comparación con el país de Nicolás Maduro es una constante por parte de la derecha boliviana que quiere calificar a Evo Morales de dictador y de querer perpetuarse en el poder. En Venezuela la Asamblea Nacional, donde tiene mayoría la oposición, nombró presidente a Juan Guaidó y desconoció a Maduro, mientras que para la Asamblea Constituyente el dirigente del país es el hijo político de Chávez.

Esta venezolanización de la situación boliviana se caracterizaría en que una parte importante del país no reconoce a la que se autoproclamó presidenta mientras que otra parte no reconocerá a ningún dirigente que no sea Áñez. En segundo lugar, cada una de las dos cámaras que representan la voluntad popular ha tenido una consideración totalmente opuesta a la situación que vive el país empezando por quién ocupa la jefatura del Estado. Esto podría dificultar mucho la necesidad de acuerdos que marquen el futuro del país que pasa por unas elecciones que el mismo Morales convocó. Entre estos acuerdos está la renovación de los órganos electorales o la fecha de los comicios.

Sin embargo, existen diferencias respecto a la situación que vivió Venezuela hace unos meses. La más clara en lo que se refiere al trabajo parlamentario es que, a diferencia de Venezuela, donde cada bando tiene una presencia mayoritaria en una de las dos cámaras por dos votaciones populares en momentos diferentes; en Bolivia tanto Senado como Congreso tienen mayoría de representantes de izquierdas. Esta mayoría surge de la misma votación: las elecciones de 2014 donde Evo ganó con más del 60% de los votos y expira el 22 de enero.

Ayo señala otros escenarios alternativos que pasan por el “diálogo y el pacto” entre sectores del MAS y los movimientos sociales con sectores de la oposición para establecer un camino hasta las elecciones que deberían celebrarse antes de la fecha señalada. Según quién convoque esas elecciones y con qué condiciones, se podría generar una situación similar a la que llevó a Guaidó a autoproclamarse presidente: que una parte no las reconozca generando una bicefalia al estilo venezolano.

La nueva presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que entró al palacio presidencial con la Biblia en alto y gritando “la Biblia vuelve a palacio”, ha borrado tuits racistas y ultracatólicos tras su nombramiento desencadenado por el golpe contra Evo Morales.

“Aferrado al poder el pobre indio”, tuiteaba la entonces segunda vicepresidenta del Senado tan solo 15 días antes de las elecciones. El texto iba acompañado de una caricatura de Evo Morales agarrado a una butaca y la frase “últimos días”.

Áñez eliminó este tuit entre el miércoles y el jueves, tal y como recoge el web archive, que rastrea y registra periódicamente lo publicado en la red. Áñez se proclamó presidenta este martes.

El 20 de junio de 2013, la ahora presidenta llamó “satánicos” a los indígenas que celebran el Año Nuevo Aymara. “Qué año nuevo aymara ni lucero del alba!! satánicos, a Dios nadie lo reemplaza!”, afirmó. El tuit también fue eliminado entre el 13 y el 14 de noviembre, poco después de asumir la presidencia.

Tan solo un día después, el 21 de junio, Evo Morales, el primer presidente indígena del país, encabezó los rituales con que los indígenas aymaras recibieron el Año Nuevo 5.521 de la cultura andina, coincidente con el solsticio de invierno del hemisferio sur, en las ruinas de Tiahuanaco.

Morales acudió a la celebración junto con el vicepresidente, Álvaro García Linera, que también dimitió tras la renuncia forzada de Morales. En 2009, el expresidente designó esta fiesta como “Año Nuevo Andino Amazónico” y decretó que cada 21 de junio sea festivo nacional. 

“Un cristiano no apoya a un partido político cuyos integrantes por esencia son ateos y adoran falsos dioses”, publicó en un tuit en octubre de 2014.

En 2015, publicó otro tuit que no ha eliminado y en el que critica la celebración de Halloween. “Al diablo no se le rinde culto jamás!!!”, afirma.

Por otro lado, también está circulando un pantallazo de otro tuit racista que utiliza un lenguaje similar a otros tuits de la ahora presidenta y que supuestamente publicó Áñez en 2013. Sin embargo, no existe ningún rastro en internet del tuit, que afirma lo siguiente: “Sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas, la ciudad no es para los indios, que se vayan al altiplano”.

Aric Toler, de la página de investigación Bellingcat, sostiene en un hilo de Twitter que el hecho de que un tuit no haya dejado rastro en ningún archivo de la web no significa que este tuit no haya existido, aunque tampoco existe ninguna prueba de su publicación. 

“No significa nada”, sostiene Toler. “La gran mayoría de los tuits, especialmente de cuentas no verificadas, se pueden eliminar hoy sin dejar ningún rastro en Internet, dado que solo una pequeña fracción quedan archivados”, añade. Toler aclara que otros de sus tuits polémicos que si han dejado rastro no generaron mucho debate público, lo que complica el rastreo de aquellos que podrían haber sido eliminados.

La Constitución boliviana, promulgada por Morales en 2009, establece que la línea de sucesión en caso de la renuncia del presidente recae en, por este orden, el vicepresidente del Gobierno, el presidente del Senado y el de la Cámara baja. Todos los cargos que prevé la Carta Magna han dimitido.

Áñez fue investida sin el cuórum necesario en el Congreso por la ausencia de los representantes del partido de Evo Morales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, emitió tras la proclamación de Áñez un comunicado “considerando la grave situación política y social”.

El órgano afirma que “el funcionamiento del órgano ejecutivo de forma integral no debe verse suspendido”, por lo que el siguiente en la línea de sucesión asume “ipso facto” la presidencia, sin requerir una “ley o resolución” del Congreso.

Rusia ha aceptado este jueves a la senadora Jeanine Áñez como mandataria provisional de Bolivia, aunque mantiene su postura de que las acciones que llevaron a la dimisión de Evo Morales “equivalieron a un golpe de Estado”.

“Está claro que precisamente ella será considerada como mandataria de Bolivia en el período hasta que se elija al nuevo presidente”, ha señalado el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, en Brasilia, citado por la agencia oficial rusa RIA Nóvosti.

Al mismo tiempo, el diplomático ha expresado las reservas de Moscú por la falta de cuórum durante la votación en el Parlamento para aprobar la investidura de Áñez como presidenta interina.

Riabkov ha reiterado que Moscú considera “todo lo que precedió al cambio de poder (en Bolivia) como acciones que de hecho equivalieron a un golpe de Estado”.

“Rusia va a considerar a la señora Áñez como mandataria de Bolivia, pero hasta las elecciones”, ha declarado por su parte en rueda de prensa en Moscú la portavoz del Ministerio de Asunto Exteriores de Rusia, María Zajárova.

La portavoz ha precisado que “no se trata de un reconocimiento de que lo que ha ocurrido en Bolivia ha sido un proceso legal”.

La portavoz ha recordado que Rusia ha expresado su preocupación por la situación en Bolivia y por el hecho de que la disposición del gobierno de Morales a buscar “soluciones constructivas a base de diálogo haya sido arrollada por el desarrollo de los acontecimientos, que siguieron un patrón de golpe de Estado”.

Zajárova ha recomendado a los ciudadanos rusos que planean viajar próximamente a Bolivia esperar a que disminuya la tensión. Para los que ya se encuentran allí, ha solicitado extremar la precauciones, en particular en sus desplazamientos.