La Santa Sede investiga la gestión del actual obispo de la Diócesis de Huesca y Jaca, Pedro Aguado, por un posible encubrimiento de abusos sexuales a un menor por parte de un sacerdote escolapio, José Miguel Flores, en una parroquia de México. Los hechos ocurrieron hace dos décadas, cuando el niño tenía 11 años y era monaguillo.

Javier, la víctima denunció los hechos cuando tenía 25 años. Según ha informado TVE, él y su madre buscaron como su interlocutor al actual obispo de Huesca y Jaca, que entonces era Jefe superior de los Escolapios. Según la víctima, Aguado no actuó. La Orden de los Escolapios asegura que se inició una investigación, se adoptaron medidas cautelares y el sacerdote fue expulsado en 2020. La madre de Javier remitió una carta al Papa y también pusieron los hechos en conocimiento de la Iglesia mexicana. La Santa Sede va a investigar el caso.

La Orden de las Escuelas Pías ha expresado en un comunicado, ante las noticias aparecidas relativas a la actuación del entonces Padre General de la Orden, el hoy obispo de Huesca y de Jaca, Monseñor Pedro Aguado, y los responsables de la Orden en México, respecto de los abusos sexuales cometidos por quien fuera religioso y sacerdote escolapio, José Miguel Flores Martínez, en México, ya fallecido, que “los abusos cometidos son motivo de profundo dolor e indignación” y han lamentado “sinceramente que estos reprochables hechos hayan ocurrido en comunidades que estaban bajo nuestra responsabilidad”.

“Pero por encima de todo, reconocemos que estas heridas afectan de manera más profunda y directa a la víctima de tamaño delito. Somos conscientes de que la sanación de las heridas requiere tiempo, respeto y compromiso incondicional, y por eso seguimos reafirmando nuestro deber y responsabilidad de seguir trabajando en la reparación y la creación de un entorno más seguro, confiable y cercano para quienes han sufrido este tipo de abusos”. Asimismo, quieren dejar claro que “la revisión de este asunto por parte de la Santa Sede forma parte de los cauces ordinarios establecidos por la Iglesia para analizar los hechos con rigor y determinar, en su caso, los pasos a seguir. Se trata de una fase usual orientada precisamente a esclarecer lo ocurrido con la mayor transparencia”.

La Orden ha subrayado que en el momento en el que recibió la denuncia respondió de inmediato “iniciando una investigación preliminar y adoptando las medidas cautelares correspondientes, impuestas por el Padre Pedro Aguado, entonces Superior General de la Orden. Terminada la investigación, se presentó un informe completo del caso a la Santa Sede”.

En octubre del 2020, “mediante decreto de la Santa Sede, se impuso al señor Flores, en el marco del procedimiento eclesiástico seguido contra él, la sentencia de dimisión del estado clerical; además se ratificó su expulsión definitiva de nuestra Orden. El señor Flores falleció en el año 2022”.

Durante esos años, la Orden “brindó continuo acompañamiento educativo, económico y pastoral a la víctima, apoyándola en su camino de sanación y recuperación por el daño sufrido. Sin embargo, reconocemos con humildad, que nuestras respuestas y apoyos nunca serán suficientes frente a algo tan terrible y doloroso. Sabemos que siempre hay margen para mejorar la manera en la que acompañamos y apoyamos a quienes han padecido estos abusos”.

También han apuntado que nunca tuvieron conocimiento de que Flores ejerciera el sacerdocio después de su expulsión. “Conocimos, por denuncia de la propia víctima, que en alguna casión lo había hecho. Pero lo conocimos después del fallecimiento y funeral de José Miguel Flores. Los escolapios de México reconocen que la celebración del funeral fue una clara imprudencia pastoral, de la que la Curia General nunca fue informada”.

La Orden destaca que su compromiso principal siempre ha sido y seguirá siendo con las víctimas y la construcción de ambientes seguros. “Reafirmamos nuestros principios de tolerancia cero y hemos fortalecido nuestras medidas de prevención, formación y control en todas nuestras obras, buscando seguridad”. Ha reiterado “su plena disposición a colaborar con las autoridades civiles y eclesiásticas en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos”.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno de los iconos turísticos de Aragón y que tuvo en Semana Santa un pico del 90% de ocupación hotelera, avanza hacia el verano sin resolver dos elementos que distorsionan la temporada: por un lado, la plataforma digital, cuyo nombre y coste se ha puesto en entredicho; por el otro, el retraso prolongado del centro de visitantes de Escalona, aún sin fecha de apertura. Además, sigue habiendo críticas por los problemas con las comunicaciones en la zona.

La nueva web, impulsada por el Gobierno de Aragón con una inversión de 160.000 euros, nació con la intención de ordenar el acceso al parque y mejorar la planificación de las visitas. Sin embargo, su puesta en marcha ha generado críticas tanto por su coste como por su ejecución, a lo que se suma la confusión en torno a su propia identidad.

Bajo denominaciones como 'Pyrenees Ordesa' y el dominio oficial 'pnomp.es', la herramienta ha sido cuestionada por su escasa claridad. El uso de un acrónimo técnico —correspondiente a Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido— y de marcas poco reconocibles aleja la plataforma de la identificación inmediata por parte del visitante y refuerza la percepción de una propuesta más vinculada a la lógica administrativa o promocional que a un servicio público claro y accesible.

La web debería actuar como canal de referencia para la gestión de accesos, transporte y aforos, un papel que su implantación todavía no parece consolidar, si bien se trabaja en mejorar el apartado de avisos de los accesos para que aparezca en portada.

Más allá de la controversia digital, el parque sigue sin contar con una de las infraestructuras llamadas a aliviar la presión sobre sus accesos principales. El centro de visitantes de Escalona, concebido como punto estratégico para redistribuir flujos y reforzar la interpretación del entorno, no estará operativo este verano pese a acumular más de dos años de retraso. Aunque el edificio —que previsiblemente llevará el nombre de Elena Villagrasa Ferrer, directora del parque fallecida recientemente, como homenaje a su trayectoria—, está prácticamente finalizado, pero la falta de contenido museístico y los trámites pendientes continúan aplazando su apertura. “Lo importante —según el presidente de la comarca de Sobrarbe, José Manuel Bielsa—, es que los trabajadores tengan cuanto antes un lugar fijo de trabajo y los visitantes tengan la información clara”.

Mientras, sigue habiendo críticas por los problemas con las conexiones carreteras entre núcleos integrados en el Parque Nacional. Especialmente con la situación de la carretera HU-631, que une los municipios de Puyarruego y Fanlo y que discurre en un tramo por con cañón de Añisclo, el tercer sector más visitado en la zona tras los valles de Ordesa y de Pineta y que desde siempre está lastrado por las dificultades con las comunicaciones. La vía se abrió hace unos días tras permanecer tres meses cerrados, la enésima interrupción en los últimos años.

Días atrás, la diputada autonómica del PSOE Lorena Canales lamentó el “ninguneo permanente y el abandono” del Gobierno regional a quienes viven en el medio rural. “Solo se acuerdan del territorio cuando llega la época turística”, atacó, “pero el resto del año viven en el Sobrarbe y vivimos en toda la provincia de Huesca personas que tenemos los mismos derechos que quienes lo hacen en grandes ciudades”.El Gobierno de Aragón, titular de la carretera, la cerró “con la excusa de evitar riesgos y con explicaciones muy vagas sobre posibles desprendimientos”, explicó Canales. “No podemos tolerar que se cierre una carretera de manera preventiva”, añadió.

Un parque al límite en días punta

Con más de 650.000 visitantes anuales, Ordesa se sitúa entre los espacios naturales más frecuentados del país, con una media diaria que ronda las 1.500 personas en condiciones normales. Sin embargo, esta cifra se dispara en periodos como la Semana Santa o puentes festivos, cuando el parque alcanza niveles próximos a su capacidad máxima. En el valle de Ordesa, el aforo simultáneo se sitúa en torno a las 1.800 personas, un límite que en jornadas punta se roza o se alcanza desde primeras horas del día. Para gestionar esta presión, se activa el transporte obligatorio en autobús desde Torla y se aplican restricciones de acceso que evidencian la alta demanda del enclave.

Ordesa no es solo un atractivo del valle, es un referente para toda la provincia. Más del 50% de las casas de turismo rural de Aragón se encuentran en la provincia de Huesca, donde se registran más de 1.000 alojamientos entre casas y apartamentos rurales de los casi 2.000 de todo Aragón, concentrados en su mayor parte entre las comarcas del Sobrarbe y Ribagorza.

Según el presidente de Asociación Turismo Verde de Huesca, Francisco Parra, los datos de Semana Santa han sido entre “muy buenos” (con el 85% de reservas) y “excepcionales” en el norte de la provincia con lleno absoluto, porque coincidió la campaña de nieve con la de montaña, cosa que no suele ser frecuente. Por ello, los atractivos que ofrece el parque son determinantes para toda la provincia porque genera “una pequeña economía muy interesante para mantener y atraer población al medio rural”, explica Parra.

Entre las comarcas del norte, el turismo que más se vincula al parque es la comarca del Sobrarbe, que es de las pocas que no tiene nieve entre sus recursos turísticos. Sin embargo, ha conseguido marcar la hoja de ruta de ofreciendo paisaje y actividades para todos los gustos. “La oferta de turismo rural es más que un alojamiento estupendo. Hay que renovar, promocionar e impulsar actividades, además de participar en ferias”, expone Parra, quien cita el alto número de ofertas que muestra el entorno del Pirineo para atraer a la amplia variedad de turistas, desde los que reservan menos días enfocando sus vacaciones en varios destinos a los que, muy al contrario, pasan temporadas mayores en familia pensando en vacaciones de descanso y naturaleza.

En el ámbito del Sobrarbe y el entorno directo del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la oferta de Turismo Verde Huesca se concentra en experiencias muy ligadas al paisaje de alta montaña, la identidad rural con experiencias etnográficas, el patrimonio cultural y los recursos naturales propios de esta comarca, destacando actividades como las rutas de BTT en Zona Zero, que aprovechan una red consolidada de senderos en torno a Aínsa.

Este sábado, 18 de abril, se celebra el Gran Trail Sobrarbe que llega a su decimoquinta edición como la gran referencia de este deporte en la comarca. 1.500 los corredores se enfrentarán a cinco recorridos distintos con diferentes distancias, de las cuales, la principal es el Gran Trail, de 69 kilómetros. La prueba se ha consolidado con un fuerte incremento de la participación, casi un 30% más que el año pasado.

Hay proyectos que nacen mirando al cielo, pero con los pies muy firmes en la tierra. En Binaced-Valcarca, una pequeña localidad de la provincia de Huesca, esa mirada se ha transformado en una iniciativa que conecta ciencia, territorio y participación ciudadana. Lo hace, además, superando las limitaciones geográficas, ya que su telescopio no está en el pueblo, sino a casi 400 kilómetros, en Galáctica, el centro de difusión y práctica de la astronomía situado en Arcos de las Salinas (Teruel).

La propuesta, impulsada por el astrofísico y vecino del municipio Mariano Moles, permitirá a vecinos, estudiantes y aficionados observar el universo en remoto, como si se tratara de una misión espacial a pequeña escala.

“La idea es controlar el telescopio desde Binaced, trabajar los datos y generar actividad en torno a la astronomía”, resume Moles, quien asegura que esta iniciativa también ha contado con el respaldo institucional del consistorio de la localidad oscense.

En este sentido, el alcalde Javier Sorinas, además de señalar que “se aprobó en pleno por unanimidad”, recuerda que “es una iniciativa que, desde el principio, se sintió como muy interesante para el pueblo”.

Un telescopio lejos… y a la vez cerca

El proyecto parte de una realidad evidente y es que Binaced no reúne las condiciones óptimas para la observación astronómica. Ni la altitud ni el clima favorecen la calidad del cielo nocturno. Frente a esa limitación, surgió esta solución tecnológica y colaborativa que nace con mucha ilusión y con el ánimo de mantenerse en el tiempo.

El telescopio ya está instalado en Galáctica, un complejo gestionado por el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), dependiente del Gobierno autonómico. Allí, en un entorno privilegiado para la observación, operará el instrumento.

Con él, se ha inaugurado la modalidad de 'hosting' (alojamiento de telescopios) que ofrece Galáctica con la colocación en una de sus cúpulas vacías del telescopio particular de una persona o entidad que puede controlar de forma remota y que se conecta a Internet a través de fibra óptica.

Mientras tanto, en Binaced se habilitará una sala equipada con ordenadores desde la que se podrá controlar el dispositivo en tiempo real, así como una sala de conferencias con un proyector 4K para “no perder calidad” de la imagen y reunir a alrededor de 40 personas a la vez.

“Lo que hacemos es colocar el telescopio allí, donde las condiciones son óptimas, y traer la experiencia aquí mediante control remoto”, resume Sorinas, quien agrega que, al final, “se trata de acercar las estrellas a los vecinos del pueblo”.

El sistema permitirá no solo observar el cielo en directo, sino también trabajar con imágenes grabadas y analizarlas posteriormente. “Se podrá ver incluso durante el día lo que se haya registrado por la noche”, añade el alcalde.

“Gracias a la fibra óptica de alta capacidad, podemos manejarlo desde aquí sin problema”, explica Moles. La experiencia, añade, permitirá no solo observar estrellas, galaxias o nebulosas, sino también trabajar con datos reales, procesar imágenes y desarrollar competencias tecnológicas.

Ciencia ciudadana desde el medio rural

El acceso al telescopio no será ilimitado, pero sí suficiente para generar una dinámica constante. Según el acuerdo entre el Ayuntamiento de Binaced y el CEFCA, el municipio dispondrá de un mínimo de cinco noches al mes para el uso del telescopio. El resto del tiempo será el propio centro el que lo utilice para sus fines.

El objetivo va más allá de la simple observación puntual. Desde el municipio ya se plantea la creación de grupos de trabajo o incluso una asociación que dinamice la actividad. “Queremos que haya continuidad, que no sea solo la novedad inicial”, apunta Moles, a lo que Sorinas añade que “la idea es que tenga recorrido y que la gente se implique”.

La iniciativa ha despertado un interés notable en la zona. Asociaciones locales, centros educativos y vecinos de distintas edades ya se han mostrado dispuestos a participar. “El ambiente es muy receptivo, hay mucha curiosidad”, asegura el astrofísico, que ya ha organizado visitas previas al observatorio de Javalambre con gran acogida.

Detrás de esta iniciativa hay también una red de colaboración institucional. El Ayuntamiento de Binaced ha financiado la adquisición del telescopio, mientras que la adecuación del espacio municipal cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial y la Comarca del Cinca Medio.

El alcalde, Javier Sorinas, destaca el carácter transversal del proyecto: “No es solo para el pueblo, sino para toda la comarca e incluso más allá”. De hecho, ya hay interés por parte de asociaciones de otras localidades cercanas.

Además, el acuerdo con el CEFCA garantiza el mantenimiento técnico del telescopio y su correcto funcionamiento, algo clave para asegurar la viabilidad a largo plazo. “Estamos hablando de una colaboración entre administraciones que coincide en un objetivo común: promover la ciencia y el conocimiento”, subraya Moles.

Más allá de las estrellas

Aunque el eje del proyecto es la astronomía, sus implicaciones son más amplias. Por un lado, introduce a la población en el uso de tecnologías avanzadas y en el análisis de datos científicos. Por otro, abre la puerta a nuevas oportunidades educativas y de divulgación.

Pero también hay una dimensión económica y territorial, ya que, tal y como afirman desde el Ayuntamiento, esta iniciativa puede convertirse en un atractivo más para visitantes. “Es una forma de poner Binaced en el mapa”, reconoce Sorinas, que ve en el telescopio un complemento a otros recursos naturales de la zona.

El proyecto se encuentra ya en su fase final debido a que el telescopio está instalado y las comunicaciones prácticamente listas. Como explica el alcalde, solo falta ultimar los equipos informáticos en Binaced para comenzar las pruebas.

“La primera luz es cuestión de días o semanas”, anticipa Moles, quien añade que, si todo avanza según lo previsto, las primeras observaciones podrían coincidir con las próximas semanas, incluso como parte de eventos locales.

Será entonces cuando Binaced, sin necesidad de moverse, empiece a mirar el universo desde la distancia y cuando la ciencia, lejos de quedarse en las grandes ciudades, encuentre también su lugar en el mapa rural.

Paco Paricio tiene muy claro que un títere no es solo un muñeco. El títere es un objeto de juego intergeneracional, que “coge vida al moverlo” y que, en ocasiones, se convierte en “objeto mediador, mejor que la palabra”. Es la máscara al actor. Un ser inanimado, a priori, pero que se convierte en todo un medio de comunicación. El títere es también protagonista en Abizanda. 

En este pequeño pueblo oscense de menos de 200 habitantes se alzó hace ya dos décadas La Casa de los Títeres, un refugio para la cultura en plena comarca del Sobrarbe, en el Pirineo aragonés. La Casa de los Títeres es, en realidad, la unión de tres casas de pueblo: casa Simona, casa Lecina y casa Maza. Rescatadas de la ruina, se han restaurado transformándose en un teatro, un museo y una residencia de artistas. “Nos parecía en principio una utopía, pero teníamos mucha ilusión. Hemos viajado por todo el mundo y siempre decíamos que nos gustaría tener un teatro donde poder hacer nuestras funciones, que viniera el público a vernos. Luego, acoger todo el material que tenemos precisamente de los viajes, los títeres y los grabados, y poderlo mostrar”, relata Pilar Amorós.

Amorós y Paricio son los creadores de este hogar teatral pirenaico así como los fundadores, directores y miembros de Los Titiriteros de Binéfar. Una compañía que lleva en activo desde hace 50 años y que, por ende, no requiere de mucha presentación. Aunque por entonces ser titiritero estaba visto “como un trauma para nuestros padres”, como explica Paricio, ellos han sido los compañeros de viaje de miles de infancias en el mundo. En la actualidad, son 12 los integrantes de la agrupación, a los que se suman entre seis y siete colaboradores. 

Decenas de países visitados con sus espectáculos, libros —como su último ejemplar 'Juegos y recursos del titiritero'—, discos con más de 170 canciones versionadas (algunas son propias) y, por supuesto, más de 50 obras de teatro, destinadas a un público familiar que no infantil. “Ver reír a padres, abuelos y niños es fantástico. Intentamos que los espectáculos siempre sean para todos los públicos y que no se queden solo en el teatro; sino que, al salir, les quede un poso con el que luego hablar”, detalla Amorós. Por todo ello, no es de extrañar que en el año 2009 fueran galardonados con el Premio Nacional de Teatro para la infancia y la juventud gracias a 'El hombre cigüeña'.

Más allá del teatro

En el interior de casa Simona se encuentra el teatro de este 'hogar titiritero'. Esta sala tiene un aforo de 100 personas y cuenta con gallinero —que no el de aves—, sino ese “conjunto de localidades en la parte más alta”, que define la RAE. Siendo los meses de julio y agosto los más intensos, el escenario acoge actuaciones en festivos y puentes como San Jorge, Todos los Santos o estos días de Semana Santa.

Cabe destacar que no solo actúan los veteranos titiriteros, sino que otros grupos teatrales internacionales se hacen eco entre sus bambalinas, y no solo en este género: “No somos muy fanáticos de que la programación tenga que ser de títeres. Siempre nos gusta que haya de todo, que sea multidisciplinar en todos los sentidos”, indica Amorós.

A casa Simona se suma su museo de títeres, grabados y pinturas teatrales de casa Lecina. Un museo manipulativo con piezas traídas de Francia, Inglaterra, India, China, Vietnam, Brasil, Ucrania… que muchas han sido obtenidas de mercadillos o rastros. De hecho, en sus espectáculos también utilizan este tipo de material, aunque en su mayoría los fabrican y diseñan ellos. Madera, cartón y tela; esas son sus materias primas, pero como advierte Paricio: “Para nosotros es importante los títeres, pero todavía es más importante la historia que vamos a contar y por qué la vamos a contar”.

La tercera es casa Maza, el alojamiento artístico. Además de brindar techo a los artistas que trabajan en La Casa de los Títeres, es refugio de residencias artísticas. Es decir, elencos que huyen del mundanal ruido, buscando un lugar de trabajo inspirativo: “Es un espacio para la creación estupendo: tiene el teatro, una sala de ensayo, alojamiento y, sobre todo, la tranquilidad, el relax… Ese binomio de naturaleza y teatro es muy importante, muy interesante y muy agradable”, declara Amorós. 

Abizanda y los títeres

“Desde siempre, todos los vecinos nos han acogido muy bien. Ellos sienten que es una casa más, un espacio más del pueblo”, analiza Amorós. Así, cada puente de Todos los Santos, la falsa de casa Maza es el escenario de una actividad muy especial. Es el final de una actuación, que culmina con música, vino, dulces preparados por las mujeres abizandinas y memoria. “El año pasado fue muy emocionante porque trajeron fotos de sus padres, de sus abuelos, de cuando se casaron…”.

Y es que la música siempre está presente en los shows de Los Titiriteros de Binéfar. Es una de sus señas de identidad, que ha ido cambiando durante estas décadas: “Hemos evolucionado. Estábamos en el folclore puro y duro, con gaitas y dulzainas, y ahora vamos poniendo algo de electrónica”, agrega Paricio.

Pero si hay algo que es inherente a ellos, como se señalaba al inicio de este texto, es el títere. El títere que ya es emblema de este pueblo de Sobrarbe. Ese objeto para jugar y mediar, pero que también parece cobrar vida propia: “Cuando el títere, no voy a decir protagonista, es personaje de la historia; es lo que yo llamaría teatro de títeres”, sentencia Paricio.

Próximas actuaciones

Con un precio de 10 euros por entrada, La Casa de los Títeres ha acogido estos días varias actuaciones: ‘Niña Jaguar’ de la compañía brasileña Mosaico Cultural, un espectáculo de clown titulado 'A comer…!' de Cía Patri Coronas y Monopájaroverde Circus Company, así como 'El jardín de la alegría' de los propios Titiriteros de Binéfar. Esta última obra protagonizada por la propia Amorós y acompañada por el músico Quiri Aquilué, está inspirada en la cultura tradicional, pero con un aire renovado: “Lo que monto es un jardín con recuerdos, con objetos, con canciones, con mi memoria. La comparto con todos y con el músico que me ayuda efectivamente a ponerla en valor”, aclara la titiritera.

La apertura del centro de salud Ramón y Cajal de Huesca, una infraestructura largamente esperada en el barrio del Perpetuo Socorro, ha derivado en un conflicto político y social que trasciende lo simbólico. Lo que debía ser la culminación de una reivindicación vecinal sostenida durante cuatro décadas se ha visto empañada por una gestión institucional que las asociaciones consideran errática, excluyente y orientada al rédito político del Gobierno de Aragón, en manos del PP.

La Comisión Permanente de la Coordinadora de Asociaciones y Entidades del barrio ha expresado su “firme malestar” por la forma en que el Ejecutivo autonómico organizó la inauguración oficial del centro. El acto estaba previsto en un primer momento para el 27 de febrero, lo que llevó a modificar agendas médicas y cancelar consultas para facilitar la presencia institucional. Sin embargo, el Gobierno de Aragón lo suspendió a última hora alegando “motivos de agenda”, sin ofrecer alternativa ni nueva fecha.

Las consecuencias fueron inmediatas y cuantificables. Según la Coordinadora, se desprogramaron en torno a 200 consultas, afectando tanto a pacientes como a profesionales sanitarios. “Se usurpó el derecho a la asistencia por un protagonismo político”, denuncian, subrayando que la decisión generó “trastornos innecesarios y expectativas frustradas”. La crítica apunta directamente a la planificación: no se trató de una incidencia inevitable, sino de una decisión política que impactó en la atención sanitaria.

El malestar no terminó ahí. Un mes después, el 26 de marzo, el presidente autonómico en funciones, Jorge Azcón; el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero; y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, realizaron una visita institucional al centro. Esa visita, interpretada como una inauguración de facto, se produjo sin convocar a las asociaciones vecinales que habían liderado la reivindicación histórica del equipamiento.

La Coordinadora denuncia que tampoco fueron invitadas otras entidades directamente afectadas por el nuevo centro como las asociaciones de los barrios de Santo Domingo y San Martín o del Casco Antiguo, cuyos vecinos también dependen de esta infraestructura. La exclusión no fue solo social, sino también institucional: no asistieron representantes del anterior Gobierno de Aragón presidido por Javier Lambán, que impulsó el proyecto, ni el subdelegado del Gobierno en Huesca, pese a que la obra ha sido financiada con fondos estatales.

En concreto, el Ministerio de Sanidad aportó 7,5 millones de euros a través del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria aprobado en 2023. El subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, ha denunciado públicamente lo que considera una exclusión deliberada. En un comunicado, lamentó “el esfuerzo reiterado” del presidente Azcón y del consejero Bancalero por evitar la presencia del Gobierno de España en los actos relacionados con el centro. “Lo que es un ejemplo de colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía de Huesca se ha convertido en un ejercicio de promoción personal y política”, afirmó.

Campo añadió un elemento relevante: la inauguración realizada el 26 de marzo no fue comunicada ni a la Subdelegación ni al Ministerio de Sanidad pese a tratarse de una infraestructura financiada íntegramente con fondos estatales y levantada en un solar cedido por el propio Gobierno de España. El propio Azcón reconoció en sus declaraciones la aportación estatal, lo que, según el subdelegado, evidencia que la omisión fue consciente.

Mientras tanto, el Gobierno de Aragón ha defendido las bondades del nuevo centro. Destaca su tamaño, con cerca de 4.000 metros cuadrados, y su capacidad para unificar servicios que antes estaban dispersos. El equipamiento cuenta con 14 módulos de Medicina de Familia, tres de Pediatría, áreas de diagnóstico, salud mental, rehabilitación y cirugía menor, y atiende a más de 17.000 tarjetas sanitarias, aproximadamente el 30% de la población de Huesca.

Sin embargo, estos datos no han servido para neutralizar la crítica de fondo. Las asociaciones vecinales insisten en que el problema no es la infraestructura, sino su instrumentalización política. Recuerdan que el centro no es una iniciativa reciente, sino el resultado de décadas de movilización vecinal. Por ello, consideran especialmente grave haber sido excluidas de los actos institucionales y reclaman que se actúe con “responsabilidad, planificación, transparencia y respeto”.

Pacientes oncológicos sin consulta en Barbastro

El contraste entre la dimensión técnica del proyecto y su gestión política es uno de los ejes del conflicto. La apertura del centro representa una mejora objetiva en la atención primaria de la ciudad, pero la forma en que se ha gestionado su inauguración ha erosionado la relación entre instituciones y tejido social. Ese deterioro se produce en un contexto más amplio de tensión en el sistema sanitario de la provincia, especialmente en el Hospital de Barbastro, cuya situación evidencia problemas estructurales que van más allá de la polémica en la capital.

El episodio más reciente se produjo esta semana, cuando pacientes oncológicos se quedaron sin consulta ni tratamiento de quimioterapia debido a la ausencia de especialistas. El hospital cuenta con tres oncólogos, pero dos están de baja y el único disponible sufrió una indisposición repentina. La falta de previsión impidió activar una alternativa en tiempo útil.

La consecuencia fue que pacientes procedentes de distintas localidades del sector sanitario, con algunas a más de una hora de distancia, tuvieron que regresar a sus casas sin recibir tratamiento. La diputada de Chunta Aragonesista Verónica Villagrasa calificó la situación de “inadmisible”, subrayando el impacto que tiene en personas que dependen de tratamientos continuados.

El Departamento de Sanidad ha explicado que se trata de una incidencia puntual y que el servicio está siendo cubierto con apoyo del Hospital San Jorge. Sin embargo, los problemas de fondo son conocidos y persistentes: dificultades para cubrir plazas, dependencia de refuerzos y una planificación que no siempre responde a las necesidades reales.

A estos problemas asistenciales se suma una crisis interna reflejada en múltiples dimisiones. En los últimos meses han dejado sus puestos el gerente sanitario de Huesca y Barbastro, Luis Canalejo; el director del hospital, Juan Eito; responsables de urgencias, enfermería y otros servicios. La dimisión más reciente es la del jefe de Urgencias, Juan Magallón, tras más de veinte años en el centro.

Aunque el Departamento de Sanidad atribuye estas salidas a “motivos personales”, desde distintos ámbitos se cuestiona esa versión. José Luis Parra, de Chunta Aragonesista Somontano, sostiene que “el goteo de ceses y dimisiones tiene que ver poco con la casualidad” y lo vincula a “la nefasta gestión de Bancalero”. A su juicio, existe una “crisis estructural” en el hospital de referencia para buena parte del Alto Aragón.

Las cifras refuerzan la dimensión del problema. El Hospital de Barbastro atiende a más de 110.000 personas repartidas en más de 8.500 kilómetros cuadrados, incluyendo comarcas como Sobrarbe, Ribagorza o Bajo Cinca. La dispersión geográfica convierte cualquier fallo en la organización sanitaria en un problema de acceso real a la atención. Plataformas ciudadanas y juntas de personal han denunciado “falta de profesionales, planificación y transparencia”, alertando de un “progresivo vaciamiento” del centro. También han criticado recortes de personal en servicios sensibles como la UCI, especialmente en turnos nocturnos.

El Gobierno de Aragón ha respondido anunciando la incorporación de nuevos profesionales: 23 médicos en 2025 y 46 plazas en proceso para 2026. Sin embargo, estas medidas aún no han tenido un impacto tangible en la percepción ciudadana, marcada por episodios como la suspensión de consultas oncológicas o las largas esperas en urgencias.

El Ayuntamiento de Huesca ha finalizado los trabajos de colocación y puesta en valor de los restos arqueológicos hallados en la Avenida de Monreal, que ya pueden ser visitados por la ciudadanía en su ubicación original. La actuación permite contemplar esta singular construcción romana descubierta en los números 1 y 5 de esta vía e incorpora además un panel informativo para facilitar su comprensión y contextualización histórica.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Piedra Casbi, S.L., han contado con un presupuesto de 19.360 euros, IVA incluido, financiados con cargo a la partida de “Participación Ciudadana. Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes de uso general”.

La intervención ha incluido el traslado de los restos, que se encontraban almacenados en dependencias del Gobierno de Aragón, así como su colocación conforme a los planos técnicos y a la documentación arqueológica elaborada durante la excavación iniciada en 2017. Para ello, se ha llevado a cabo el replanteo de los muros, la preparación del terreno y el asentamiento de la sillería, respetando su posición original y utilizando mortero de cal y sistemas de acuñado que garantizan su estabilidad, todo ello bajo supervisión arqueológica.

Los restos corresponden a una gran construcción romana elaborada mediante sillares de roca arenisca de gran tamaño. Aunque solo se conserva una parte, se sabe que tenía forma cuadrangular y que dos de sus laterales medían aproximadamente 24 y 22 metros, respectivamente, con una altura de entre 1,5 y 2 metros. La construcción fue desmontada parcialmente entre los siglos X y XI, ya que sobre ella se levantaron viviendas, calles y otras edificaciones.

Entre sus elementos más destacados figura el tamaño de los sillares, algunos de hasta 1,5 metros de longitud, así como su sistema de labra en espiga, característico de los canteros romanos y visible en la parte exterior de la estructura. Los bloques fueron colocados en seco, sin mortero, lo que pone de relieve la pericia técnica de sus constructores.

La función de este gran depósito, que no estuvo cubierto y cuyo interior era diáfano, sin compartimentación, sigue siendo una incógnita. Durante la excavación se constató que se encontraba colmatado por limos, de los que se recuperó una gran cantidad de vasijas datadas entre los siglos I y II d. C., algunas de ellas en un extraordinario estado de conservación.

La actuación se completa con la instalación de un panel informativo que permite contextualizar históricamente el yacimiento y explicar sus principales características. Este recurso sitúa los restos en el marco de la Osca romana, cuyo periodo de mayor esplendor se desarrolló entre finales del siglo I a. C. y el siglo II d.C., cuando la ciudad, convertida en municipio romano, alcanzó un notable desarrollo urbano, y recuerda que, aunque el núcleo principal se localizaba en el actual casco antiguo, también se han documentado construcciones relevantes en espacios situados fuera de ese ámbito central.

El Hospital Universitario San Jorge de Huesca ha realizado este mes de marzo la primera donación de órganos en asistolia controlada con ECMO de la provincia. Se trata de un hito destacado en el campo de la donación de órganos en Aragón ya que es la primera intervención de este tipo que se realiza fuera de Zaragoza.

La donación en asistolia controlada —o donación tras muerte cardiorrespiratoria— permite obtener órganos válidos de pacientes cuyo corazón se ha detenido, tras confirmar el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria. El uso de un equipo ECMO —oxigenación por membrana extracorpórea— permite oxigenar y preservar los órganos, tras la muerte cardiaca.

Este tipo de procedimiento es una de las apuestas de los sistemas sanitarios para aumentar el número de órganos disponibles para el trasplante. De hecho, en Aragón, en 2025, el 50% de los procesos han sido en donación en asistolia y el otro 50% en muerte encefálica.

El Coordinador de Trasplantes de Aragón, José Ángel de Ayala Fernández, ha felicitado al equipo profesional que ha conseguido este avance. También ha agradecido la generosidad de la familia que ha aceptado la donación de órganos, contribuyendo así a regalar años de vida a otras personas.

El equipo que ha intervenido en esta primera donación en asistolia con ECMO en la provincia de Huesca ha estado compuesto por una veintena de profesionales, tanto del Hospital Universitario San Jorge, como del equipo móvil de ECMO, situado en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Formación y colaboración

De Ayala ha incidido que esta primera donación en asistolia en Huesca ha sido posible gracias a la formación del personal implicado en el Hospital San Jorge, así como a la colaboración del equipo móvil de ECMO, que es la primera vez que sale de Zaragoza para una donación de órganos.

En esta intervención, han participado médicos y enfermeras Intensivistas del Hospital San Jorge, así como personal de quirófano y técnico de Rayos, junto a los coordinadores de trasplantes del Hospital Miguel Servet y del Hospital San Jorge, el coordinador autonómico, dos urólogos, y dos enfermeras perfusionistas del Servet, entre otros profesionales.

“La donación en asistolia es la actual línea de crecimiento para impulsar la donación de órganos”, ha detallado el Coordinador Autonómico de Trasplantes. Según ha dicho, gracias a la preparación previa realizada por los profesionales de Huesca y al trabajo del equipo ECMO del Servet, especializado en la preservación de órganos, ha sido posible implementar esta técnica fuera de Zaragoza.

En estos momentos, la donación en asistolia se realiza en los hospitales Clínico Universitario Lozano Blesa y Universitario Miguel Servet de Zaragoza, a los que se une ahora el Hospital San Jorge de Huesca. También está autorizado el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel.

José Ángel de Ayala ha señalado que este hito se une a otros avances recientes logrados en la provincia de Huesca, como haber obtenido donaciones en 2025, tanto en el Hospital Universitario San Jorge, como en el Hospital de Barbastro, dos en cada uno de estos centros.

La silueta de la fábrica de Inquinosa en Sabiñánigo se alza todavía hoy como un recordatorio persistente de uno de los mayores desastres industriales de Europa. Lo que en su día fue el epicentro de la producción de lindano es hoy un esqueleto de hormigón y hierro que, pese a los planes de las administraciones, se resiste a desaparecer. El proceso para borrar esta 'zona cero' de la contaminación sigue siendo un camino tortuoso tras más de tres décadas, marcado por la complejidad técnica y un baño de realidad presupuestaria que ha transformado una promesa de derribo inminente en un desafío de décadas.

El proceso de desmantelamiento, tras años de avances comedidos como el control de vertederos de Bailín y Sardas, comenzó a acelerarse en agosto de 2020, cuando el Gobierno de Aragón, entonces con el socialista Javier Lambán al frente, declaró la urgencia para la expropiación forzosa necesaria para llevar a cabo las obras de acceso a la antigua fábrica de Inquinosa, en Sabiñánigo. La superficie ocupada por la antigua fábrica también fue declarada como “suelo contaminado”.

Hasta ese momento, la gestión de la ruina estaba hipotecada por la logística: el único acceso era un camino privado de la empresa Ercros, lo que obligaba a trámites diarios que ralentizaban cualquier labor de mantenimiento.

La construcción de este nuevo acceso, finalizada en junio de 2023 con una inversión de 660.000 euros, fue recibida con entusiasmo por el Consistorio. La alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, destacaba entonces la importancia de este paso previo y señalaba que el vial no solo facilitaría el tránsito de maquinaria pesada para el desmantelamiento, sino que en el futuro quedaría integrado en el entramado urbano para ampliar el polígono de Aurín. Hoy, sin embargo, el vial está cerrado y sin uso. La alcaldesa explica que se construyó para acceder a la fábrica y no atravesar el casco urbano y además había un proyecto avanzado de desmantelamiento con un presupuesto de casi 6 millones de euros.

Sin embargo, tras la euforia de la inauguración del vial en 2023, las cifras empezaron a ensombrecer el calendario. Aunque Aragón ya ha destinado más de 85 millones de euros a la lucha contra el lindano desde la década de los 90, el consejero de Medioambiente en funciones, Manuel Blasco, descartó el proyecto en 2025 al ser preguntado en una sesión de control en las Cortes de Aragón y se escudó en un informe técnico de 2016 que cifraba en más de 500 millones el coste para revertir definitivamente toda la contaminación y un plazo de 25 años.

Actuaciones quirúrgicas

A pesar de que en 2023 se presupuestaron 6 millones de euros para avanzar en los trabajos, actualmente el proyecto se ha fragmentado en actuaciones quirúrgicas, como derribos parciales de edificaciones menores, como los vestuarios, que además de lindano contenían amianto y la contención hidráulica que trata de evitar que la contaminación llegue al río Gállego, incluyendo la redacción de proyectos para crear barreras hidrogeológicas y tratar las aguas pluviales antes de que se filtren al subsuelo. Además, se aplican ensayos de 'biorremediación' (uso de microorganismos para limpiar el suelo) con la esperanza de aplicarlos a gran escala. Se están invirtiendo 1,2 millones de euros en seguimiento hidrogeológico y barreras para proteger el agua del río Gállego, garantizando el suministro a las poblaciones de aguas abajo.

La UE aprobó en 2024 un proyecto liderado por Aragón para la descontaminación del lindano, por el que la comunidad aragonesa contará con 400.000 euros para este proyecto que pretende avanzar en la aplicación de técnicas biológicas de descontaminación de suelos. La pasada semana los diez socios europeos del proyecto Naturem para la descontaminación de residuos de lindano que lidera Aragón mantuvieron la última reunión en la que la alcaldesa de Sabiñánigo participó telemáticamente y en la que se comparten avances y técnicas innovadoras mediante una red colaborativa.

La alcaldesa de Sabiñánigo valora positivamente la investigación para la mejora de los suelos con bacterias que degradan los residuos que ya no se pueden trasladar con técnicas ya utilizadas, así como los trabajos de cambio de lámina que protegía las balsas de los vertederos. No obstante, Berta Fernández, lamenta que siguen “sin fecha para el desmantelamiento” y que no saben “cuándo seguirán los trabajos para seguir descontaminando”. A la regidora municipal le gustaría avanzar más rápido en todos los procesos, pudiendo compatibilizar algunos proyectos como el del estudio de suelos y el desmantelamiento. “Me gustaría ver una apuesta más decidida que actualmente no veo y hay que derribar la fábrica que está en pleno casco urbano. Nosotros dimos la cara y queremos cerrar este capítulo que ha marcado a la localidad”.

Calendario futuro

Tras el derribo del edificio de vestuarios en 2025, ya que se encontraba en riesgo de derrumbe por la caída de un árbol, las barreras que se van a poner en funcionamiento, tanto en Sardas como en Bailín en 2027 son barreras biorreactivas con bioestimulación con bacterias autóctonas.

En 2026-2027 se está trabajando en el estudio de los tecnosuelos (suelos artificiales con suelos afectados y residuos de los emplazamientos -como sedimentos de las balsas de escorrentía y carbón activo agotado- y otros productos de bajo valor económico), con una triple finalidad: restauración paisajística, descontaminación de suelos y rocas y reducción de escorrentías del vaso viejo de Bailín.

Según el Gobierno de Aragón, por el momento se están analizando varios aspectos por separado: análisis de biodisponibilidad de material particulado, tolerancia de especies vegetales a distintas concentraciones de HCH, ensayo de nascencia, ensayos de infiltración-capilaridad, etc. Está previsto que en 2027 se pueda iniciar algún piloto de campo en suelos.

Marco legal europeo exigente pero no determinante

En este contexto, el papel de la Unión Europea ha sido relevante, aunque no determinante en términos de solución final. La normativa comunitaria obliga a controlar y reducir la presencia de contaminantes peligrosos como el lindano, especialmente a través de directivas como la del agua o la regulación sobre contaminantes orgánicos persistentes. Estas normas exigen a España garantizar que masas de agua como el Gállego alcancen un buen estado químico y evitar nuevas emisiones de sustancias peligrosas. Sin embargo, no existe una orden concreta que obligue a eliminar completamente la contaminación histórica en un plazo determinado. El enfoque europeo se centra en la prevención, el control y la mejora progresiva, no en la resolución inmediata de problemas heredados de décadas anteriores.

Donde sí ha tenido un impacto claro es en la financiación y en el impulso a la investigación. Los proyectos europeos han permitido desarrollar tecnologías y adquirir conocimiento que difícilmente se habrían conseguido únicamente con recursos propios. Aun así, ese apoyo no sustituye la necesidad de una intervención sostenida por parte de las administraciones nacionales y autonómicas.

El proyecto NATUREM, desarrollado en el marco del programa Interreg Europe, tiene como objetivo principal mejorar las políticas públicas de gestión de suelos contaminados mediante el uso de soluciones sostenibles basadas en la naturaleza. Para ello, reúne a una red de socios europeos formada por el Gobierno de Aragón (España), como entidad líder, junto con regiones y organismos de distintos países, entre ellos Sajonia-Anhalt (Alemania), Île-de-France (Francia), Yugozapaden (Bulgaria), Helsinki-Uusimaa (Finlandia), la región de Bohemia del Sur (República Checa) y la administración ambiental de Macedonia del Norte, además de otros organismos regionales y agencias especializadas hasta completar una decena de participantes.

A través de esta cooperación internacional, el proyecto busca intercambiar conocimientos, desarrollar experiencias piloto y fomentar técnicas como la biorremediación y la fitoremediación, con el fin de sustituir o complementar los métodos tradicionales, más costosos y menos sostenibles.

De este modo, NATUREM contribuye a la restauración de los suelos contaminados, la protección de la salud humana y el avance de las estrategias ambientales de la Unión Europea a largo plazo. En este contexto, el caso de Sabiñánigo se convierte en un ejemplo clave dentro del proyecto, ya que su grave problema de contaminación por lindano sirve como referencia para aplicar y evaluar estas nuevas soluciones, al tiempo que se beneficia del intercambio de experiencias con otras regiones europeas que enfrentan desafíos similares.

Hay historias que comienzan con una fotografía. No una imagen cualquiera, sino una de esas que permanecen durante décadas en una casa familiar sin que nadie sepa muy bien quién es la persona que aparece en ella. Así arranca, en cierto modo, el viaje que ha llevado a la periodista Esther P. Nogarol a reconstruir la vida de un artista casi borrado de la memoria colectiva: Agustín Alamán. “Había una foto en casa con una persona a la que no conocíamos y que nos causaba curiosidad a mis hermanos y a mí”, recuerda. “Mi madre sabía algo, pero no podía darnos muchos datos”. El hallazgo casual de su nombre en internet en 2018 fue el hilo del que tirar.

Ese impulso acabó convirtiéndose en una investigación de largo recorrido y, finalmente, en el libro 'El artista de los tres exilios', editado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses y prologado por Alberto Sabio. “Han sido siete años y la verdad es que es un camino increíble que me ha cambiado la vida”, explica la autora, máster en Historia Contemporánea. “He dado vueltas por España y por Francia buscando en los archivos, he aprendido muchísimas cosas que no sabía”. El resultado es un relato que no solo recupera la figura de Alamán, sino que plantea una pregunta incómoda: cuántos nombres como el suyo siguen todavía en la sombra.

La vida de Agustín Alamán (Tabernas de Isuela (Huesca), 1921-Madrid, 1996) atraviesa el siglo XX marcada por el desarraigo. Hijo y nieto de herreros, su relación con la materia fue temprana. “Antes de dibujar, él ya veía cómo se forjaba un material para crear un volumen”, explica la autora. Esa relación casi física con los materiales, sumada a su oficio de albañil, marcaría toda su obra. La Guerra Civil lo empujó al primero de sus exilios. En 1938 cruzó a Francia, donde conocería los campos de concentración y de trabajo. Tras la liberación, inició una trayectoria artística que lo llevaría a participar en 1947 en la exposición colectiva 'Arte español en el exilio', junto a figuras como Pablo Picasso o Juan Gris.

A partir de ahí, Alamán evolucionó hacia la abstracción, pero su obra desbordó cualquier etiqueta. Pintura, escultura, joyería, cerámica, tapices, collage o diseño: “Era un artista total”, resume. Él mismo se definía como autodidacta, aunque esa etiqueta escondía una enorme capacidad técnica. “Sabía muchísimo más de materiales que muchos de sus compañeros”, señala. “De hecho, eran ellos quienes le preguntaban cómo manejar determinadas técnicas”. En un momento en el que el arte exploraba nuevas cargas matéricas, él dominaba procesos que a otros se les resistían. “A los demás se les caía la materia del lienzo y a él no”, apunta. “Eso dice mucho de su concepción como artista”.

Reconocido en Uruguay

En 1955 emprendió su segundo exilio y se trasladó a Uruguay con su familia. Allí encontró un ecosistema artístico en ebullición y logró el reconocimiento que nunca tuvo en España. “En Uruguay sí que se le conoce”, subraya Esther P. Nogarol. “Ha habido exposiciones en las que ha estado presente y estudios en los que yo me he basado”. En Montevideo se integró en los círculos de vanguardia de los años sesenta y expuso en espacios clave como la Librería Alfa, impulsada por el editor Benito Milla, una figura esencial en su trayectoria. “Sin Benito Milla probablemente no hubiera llegado a nada allí”, afirma la autora. Alamán obtuvo premios importantes, como el del Salón Arcobaleno de Punta del Este en 1961, y desarrolló una obra marcada por el informalismo y el uso de materiales cotidianos. Mientras tanto, en España, su nombre se desvanecía.

El regreso a Madrid en 1970 supuso lo que la autora denomina su tercer exilio. “Es una España todavía franquista”, recuerda. “Yo creo que hay un punto de miedo”. Aunque Alamán no había tenido un papel político activo, su entorno familiar estaba vinculado al anarquismo. “Quizá quiso mantener un perfil bajo”. A ese factor se sumó otro: el contexto de la Transición. “Es como si cada sector tuviera a su exiliado”, reflexiona. Figuras como Dolores Ibárruri, la Pasionaria, o Rafael Alberti concentraron la atención, mientras otros nombres quedaban fuera. Pero también pesó su propia forma de entender el arte. “Tuvo problemas con una galería en Francia y decidió que no iba a tener nunca más marchante”, explica. “Y eso, a la larga, le perjudicó”. En Madrid se centró en la escultura y en trabajos artesanales, y murió en 1996 prácticamente en el anonimato, hasta el punto de que incluso la fecha de su fallecimiento ha circulado incorrectamente durante años.

El libro no solo reconstruye esa trayectoria, sino que la inscribe en un contexto más amplio. “Cuando lees la historia no es solo la de este señor, sino la de un montón de gente increíble que hemos perdido”, afirma. La autora insiste en la idea de la pérdida cultural derivada del exilio. “No es solo que ellos se fueran, es que nosotros los perdimos”. En ese sentido, menciona figuras como el propio Benito Milla, “uno de los grandes editores del boom latinoamericano”, prácticamente desconocido en España. “Editó a Benedetti, a Onetti, tenía a Camus o a Octavio Paz en sus revistas, y nadie le conoce”, lamenta.

Esa reflexión se amplía en una crítica más profunda sobre los vacíos de la memoria histórica en España. “Es un acervo cultural que hemos perdido y pensamos que, como ha pasado el tiempo y se han hecho cosas de memoria, ya está hecho, y falta muchísimo”, advierte. En su opinión, parte de ese vacío tiene que ver con el escaso peso que han tenido determinadas tradiciones políticas en la reconstrucción del relato colectivo. “En parte es por el anarquismo, porque la CNT apenas ha tenido fuerza para dar a conocer a toda esta gente”, señala. Y añade: “Somos ahora los historiadores los que estamos sacando estas historias, que no estaban, y te encuentras con trayectorias increíbles de anarquistas y cenetistas que tuvieron que huir y que tenían un talento enorme, y los perdimos”.

La propia investigación es un ejemplo de ese proceso. “Esto empezó casi por casualidad”, recuerda Esther P. Nogarol. “Y al final se ha convertido en algo que me ha cambiado la vida”. El trabajo de fin de máster que defendió en 2023 fue el punto de partida de un libro que ha querido hacer accesible. “Era un material académico, pero se veía que podía trasladarse a otro lenguaje más ameno”, explica. El proceso de escritura, sin embargo, ha sido más lento de lo que hubiera deseado. “Si pudiera dedicarme solo a la literatura, en dos o tres meses estaría hecho, pero una trabaja, tiene hijos, vida social…”, comenta.

La publicación del libro tiene también una dimensión simbólica. La autora ha querido que sea el territorio de origen de Alamán quien lo dé a conocer. “Me parecía importante que fuera su provincia quien lo presentara al mundo”, afirma sobre la edición del Instituto de Estudios Altoaragoneses. “No voy a obtener beneficios económicos, pero me encanta haberlo hecho así”. La primera presentación será en Huesca el viernes 10 de abril, seguida de Zaragoza, con la intención de llevar después el libro a Madrid, Barcelona, Toulouse y también a Uruguay, donde el artista sí dejó huella.

El proyecto no termina con la publicación. Esther P. Nogarol trabaja ya en la posibilidad de realizar un documental y mantiene abierta la idea de organizar exposiciones que permitan reunir su obra, hoy dispersa entre Europa y América. Mientras tanto, el libro cumple una función esencial: devolver a Alamán al lugar del que nunca debió salir. “Cuando terminas de conocer la historia te preguntas cómo es posible que haya estado olvidado”, dice la autora. La pregunta, en realidad, va más allá de un solo nombre. “¿Cuánta gente puede haber como él?”, plantea. Su libro no ofrece una respuesta cerrada, pero sí abre una vía: la de seguir investigando, recuperando y contando.

Un dicho popular asegura que “seguir a una cabra es aprender que a veces hay que subir para ver más lejos”. Así lo creyeron en la localidad de San Juan de Plan, y de esta idea nace La Estiva, la Escuela de Pastoreo de Aragón. Ubicada en el Valle de Chistau impulsa una formación orientada a la ganadería extensiva y al pastoreo multiactivo, un enfoque que trasciende el simple manejo de cabezas de ganado y combina teoría, práctica de campo y un profundo contacto con el territorio.

Allí donde los rebaños han sido durante siglos moteadores del paisaje, La Estiva es un centro de formación con una esencia muy particular y con una misión clara: generar relevo generacional en un oficio que ha sido sustento y cultura de los pueblos de montaña. Decidieron que para ver más allá de la pérdida de explotaciones ganaderas de ovino, caprino y vacuno, de la falta de jóvenes que quisieran ser pastores y pastoras, y de una sociedad que ni les entiende ni les ampara, tenían que hacer lo que hacen las cabras, subir un poco más para ver más lejos. 

El 24 de febrero arrancaba la 5ª edición de la escuela, cinco años de recorrido a lo largo de los que se han formado medio centenar de nuevos pastores y pastoras, que han pasado por las 860 horas lectivas que integran el programa anual, combinando clases teóricas, prácticas en explotaciones y trabajo en montaña, acompañados siempre de pastores y ganaderos con experiencia. Este nuevo curso se suman 10 nuevos alumnos y alumnas, que han sido seleccionados entre las más de 70 solicitudes de plaza recibidas en esta convocatoria. 

Una formación que combina tradición y adaptación a los nuevos tiempos

La propuesta educativa de La Estiva busca formar profesionales capaces de enfrentar los retos de la ganadería dentro de un contexto de sostenibilidad ambiental, bienestar animal y viabilidad económica. Incluye contenidos sobre reproducción y cuidados sanitarios, manejo de rebaños de ovino, vacuno y caprino, gestión de pastos, silvopastoreo y organización de explotaciones, así como aspectos empresariales como comercialización, la gestión de la ayuda PAC y transformación láctea.

Las clases se extienden desde febrero hasta septiembre, cuando el alumnado se desplaza a los puertos de montaña para practicar trashumancia —el traslado del ganado a pastos de altura— y aprende a orientar a través de mapas, gestionar los ritmos de la montaña y convivir con la naturaleza.

Desde el 24 de febrero al 12 de junio se desarrolla el programa teórico con prácticas en las explotaciones ganaderas –acciones formativas de lunes a viernes–. Además, durante este tiempo el alumnado comparte una semana con una red de explotaciones colaboradoras del valle. A partir de la última semana de junio hasta el 4 de septiembre las prácticas se realizan en montaña, con manejo de ganado en puerto durante cinco días a la semana.

Una escuela para profesionalizar la figura de pastor. El pastoreo no es solo una tradición, es fundamentalmente una actividad económica que, desde el punto de vista social, contribuye a fijar población en el medio rural, sobre todo población joven y mujeres, ya que el perfil del alumnado, 60% hombres y 40% mujeres, va desde 19 hasta 40 años, y cada vez son más las mujeres que deciden acceder al perfil técnico del pastoreo multiactivo que ofrece La Estiva. La escuela recuerda que el Diploma está avalado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y “aporta todos los requisitos formativos exigidos por la administración para el acceso y la incorporación al sector”.

Formadores para formar

San Juan de Plan ha formado a 15 ganaderos para convertirlos en tutores de la primera escuela de pastores de Aragón, un proyecto que arrancaba en primavera de 2021. La formación consistió en “enseñar a los futuros enseñantes de pastor” habilidades de comunicación para saber transmitir sus conocimientos, así como criterios de evaluación de los alumnos. Un total de 15 personas, todas ellas profesionales del sector, pasaron por esta formación que tuvo una duración de 80 horas. 

“Hay que saber de meteorología, nutrición, bienestar animal..., y debemos apoyarlos porque han perdido el reconocimiento social”, ha comentado en varias ocasiones la presidenta de la Fundación Monte Mediterráneo, Andrea-Ernestine Lüdeke. Además de aquellos 15 primeros formadores, “ahora tenemos una veintena más”, apunta el director de la escuela. Y la idea es seguir ampliando el profesorado con una formación específica para disponer de más tutores en puertos de montaña, “en los puertos de montaña hay alumnos con rebaños de ovino o de vacuno a los que desde la escuela les hacemos seguimiento directo, necesitamos más formadores en este ámbito”, aseguran. 

La implicación de los ganaderos de la zona ha sido fundamental

La de San Juan de Plan es la primera y única escuela de pastores en Aragón. En España hay un total de siete y la última, antes de ponerse en marcha La Estiva, se abrió en Canarias. La Fundación Monte Mediterráneo mantiene un convenio de colaboración con el Ayuntamiento desde que la escuela echó a andar. No aporta financiación al proyecto, pero como reconoce el alcalde y director del centro, este vínculo se mantiene activo y es beneficioso para ambas partes desde el punto de vista del apoyo y el compartir experiencias, sobre todo para quienes se forman.  

La Estiva es un proyecto financiado por la comarca de Sobrarbe, la Diputación Provincial de Huesca y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, además del Ayuntamiento de San Juan de Plan, localidad en la que está implantada la escuela. 

La idea nace en 2002, cuando se llevó a cabo una primera experiencia entre Huesca y Olorón, en Francia, “funcionó muy bien, vincularon las prácticas al terreno, pero se acabó la financiación y el proyecto se dejó caer”, lamenta el alcalde de San Juan de Plan. En 2015 un grupo de vecinos con representación política y social en la zona decidió retomar esta iniciativa, trabajando en una idea similar y contando con la experiencia de Federico Fillat, el precursor de la experiencia en 2002, “para evitar que volviera la idea volviera a caer”. 

La principal novedad del proyecto que se puso en marcha hace cinco años fue el carácter de la iniciativa, que va más allá de un proyecto educativo para convertirse también en un programa con implicación directa en el desarrollo rural. “No hay casa en el pueblo que no esté vinculada de alguna forma con la escuela”. San Juan de Plan parte con una ventaja, y es que sigue teniendo una importante base ganadera, y en este sentido su implicación ha sido fundamental. “La gente entró enseguida a formar parte del proyecto”, apunta el director de la escuela, que reconoce que apostar por la participación de “los ganaderos de casa” no solo ha “fortalecido” a la escuela, sino también al pueblo. 

Perfiles diferentes con un mismo objetivo: no dejar morir la ganadería

En el formulario hay una pregunta para clasificar por orden de prioridades “porqué vienes aquí”. En La Estiva el perfil del alumnado no es homogéneo: desde Argentina, Colombia, Andalucía o Galicia, la formación de los alumnos también hace un recorrido interesante: pasando por arquitectos, veterinarios o una bióloga, hasta alumnos que necesitan pisar el suelo y ver el sector desde la perspectiva del medio rural. La escuela es un centro que se ha ido haciendo a sí mismo, aportando herramientas durante la formación que son útiles para mantener vivo y actualizado a un sector fundamental, el de la ganadería extensiva. 

El impacto de esta escuela se deja sentir en cada uno de los que la viven. Para los que vienen, La Estiva ha sido una oportunidad de transformación personal y profesional. Para quienes ya estaban, los del mundo rural, ha sido una forma de entender, como dice Zacarías, joven pastor, que “tenemos que abrir los brazos y hacer hueco a los que vienen de fuera”. Porque como subraya Mª Isabel Bruned, ganadera y tutora, transmitir la herencia ganadera significa ayudar “a que la ganadería no se pierda y que el pueblo siga vivo”.

Un modelo que mira a la ciudad desde el Pirineo

En apenas cinco años de actividad La Estiva ha formado a más de 50 pastores y ganaderos, con una creciente presencia de mujeres y alumnado procedente de distintas partes de España. Las tasas de empleabilidad son elevadas y muchos de los egresados ya están trabajando en explotaciones propias o ajenas, tanto en Aragón como en otras regiones. En la actualidad trabajan en un nuevo certificado de profesionalidad y en ampliar su homologación a otros ámbitos relacionados con el sector. 

La decisión de implicar a los dueños de las explotaciones ganaderas de la zona y, por lo tanto, a las familias de San Juan de Plan, está teniendo un resultado positivo, “muchos de los alumnos se quedan el fin de semana”, asegura Serrano, y así han empezado a formar parte de él, a conocer una forma de vida diferente, los valores propios de las zonas rurales, y eso “también forma parte del aprendizaje”, el de concienciar sobre el respeto y la necesidad de mantener vivos los pueblos, fundamentales para la subsistencia de la ganadería, el cuidado del entorno y el arraigo de las tradiciones y formas de vida más allá de lo urbano. 

Por todo ello, La Estiva también se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la despoblación y el desgaste del medio rural. Su enfoque práctico y arraigado en el territorio propone no solo enseñar un oficio, sino apostar por una economía rural viva, sostenible y conectada con las nuevas generaciones.

Aragón se enfrenta a un escenario donde la gestión de grandes infraestructuras y el estancamiento deportivo amenazan con colisionar de forma estrepitosa. En una apuesta de riesgo extremo, las instituciones aragonesas han comprometido cerca de 175 millones de euros de dinero público en la construcción de la Nueva Romareda y el rescate patrimonial de El Alcoraz, justo cuando el Real Zaragoza y la SD Huesca se arriesgan a perder la categoría y caer al fútbol semiamateur de la Primera RFEF. Esta sangría económica se extiende al asfalto de Alcañiz, donde el circuito de MotorLand se enfrenta a la fragilidad de un contrato de MotoGP que podría desvanecerse, dejando tras de sí importantes infraestructuras, presupuestos exhaustos que ya alcanzan una inversión acumulada de 260 millones de euros, y un modelo de élite que parece haber olvidado por completo la realidad del deporte base en el territorio.

En Zaragoza, el horizonte urbanístico se transforma hoy bajo el peso de las grúas, pero lo que debería ser un símbolo de progreso amenaza con convertirse, según la oposición, en un monumento a la imprudencia financiera. La construcción de la Nueva Romareda se ha proyectado sobre un cimiento de cristal: la supuesta solvencia de un club que sigue vagando por la Segunda División, alejado de los ingresos astronómicos que solo garantiza la máxima categoría del fútbol profesional.

Mientras el hormigón se asienta, las arcas públicas se vacían en una apuesta donde el ciudadano asume el riesgo y el beneficio deportivo es, por ahora, una simple promesa de futuro. Esta sangría económica resulta especialmente hiriente cuando se observa que la inversión pública total comprometida —unos 175 millones de euros ya entre Ayuntamiento y Gobierno de Aragón— triplica el presupuesto anual de toda la Dirección General de Deporte, dejando al resto de disciplinas en una situación de precariedad institucional.

El despliegue de recursos es relevante. La operación principal del nuevo estadio se ha adjudicado por 124,5 millones de euros para el derribo y edificación (consiguiendo una pequeña rebaja sobre la licitación inicial de 138 millones), pero el coste total del proyecto, sumando tecnología, terrenos de juego y urbanización, escalará por encima de los 170 millones.

A esta cifra hay que añadir el peaje de la provisionalidad: el estadio modular del Parking Norte, una “solución temporal” que le costará a la sociedad mixta 12,7 millones de euros. Este gasto se desglosa en una factura que parece una broma pesada para cualquier otra federación deportiva: 5,6 millones solo por el montaje, 3,5 millones en concepto de alquiler y mantenimiento durante dos años, y casi un millón de euros adicional simplemente para hacerlo desaparecer una vez cumpla su función.

El sobrecoste de la Nueva Romareda ha experimentado variaciones importantes respecto a los primeros anuncios, debido principalmente a la inflación de materiales y a la inclusión de proyectos adicionales como el estadio temporal. Algunos informes externos y de la oposición sitúan el coste final real por encima de los 240 millones de euros si se computan los intereses financieros de los préstamos a 75 años y los gastos operativos a largo plazo.

El Alcoraz

En Aragón, el apoyo a las infraestructuras deportivas ha dado mucho que hablar últimamente, sobre todo por el cambio de modelo, al pasar de simples subvenciones a convertir en socio al Gobierno de Aragón o, incluso, propietario de los estadios. Es el caso de la compra de El Alcoraz de Huesca por 24,4 millones de euros, pagado en 5 anualidades (un 20% cada año). El objetivo, permitir que la SD Huesca cumpla con el control económico de La Liga y compensar pérdidas (que rondaban los 15 millones). El estadio pasa a ser de titularidad pública, aunque el club lo sigue gestionando mediante una licencia o concesión hasta que se licite formalmente.

La Nueva Romareda (Real Zaragoza) es un modelo de sociedad mixta. Aquí no hay una “compra”, sino una sociedad limitada (La Nueva Romareda SL) donde tres socios ponen dinero para construir el nuevo estadio. En Huesca, el dinero va “al club” a cambio de la instalación deportiva; en Zaragoza, el dinero público va “a una caja común” para construir una obra nueva desde cero.

El despliegue de recursos evidencia una desigualdad en el reparto de las cuentas autonómicas. Solo la aportación de 76 millones de euros comprometida por el Gobierno de Aragón para el nuevo estadio de la capital, sumada a los 24,4 millones destinados a la adquisición de El Alcoraz en Huesca, supone un desembolso que bloquea cualquier otra mejora estructural en la región.

Mientras estos cheques millonarios se firman con presteza, la partida de la Dirección General de Deporte destinada a la red de instalaciones y polideportivos de las tres provincias apenas cuenta con fondos testimoniales para pequeñas reformas. Es decir, el Ejecutivo autonómico gasta en un solo estadio modular temporal —el portátil del Parking Norte, que cuesta 12,7 millones de euros entre montaje, alquiler y desmontaje— lo mismo que dedica a fomentar el deporte base, escolar y federado de miles de aragoneses durante varios años de legislatura.

No obstante, la distorsión de prioridades se revela también territorialmente. En Teruel, el Estadio de Pinilla, con más de noventa años de historia, ha tenido que esperar décadas para una reforma integral de 16 millones de euros que, aunque financiada mayoritariamente por el Gobierno de Aragón (80% el Gobierno de Aragón y 20%, Ayuntamiento de Teruel), se ha concedido a cuentagotas y tras años de reivindicaciones. Mientras se debate cada euro para que los clubes turolenses dispongan de vestuarios dignos o iluminación adecuada, en Zaragoza se asume con naturalidad un gasto de casi un millón de euros solo por “hacer desaparecer” el estadio provisional cuando ya no sea necesario.

Esta política de “ladrillo y fútbol” configura un modelo donde el fútbol profesional es el único comensal en una mesa de escasez, absorbiendo el capital necesario para que el atletismo, la natación o el baloncesto base dispongan de espacios dignos. Este deporte deja tras de sí un “rastro de promesas incumplidas” en el Plan de Instalaciones Deportivas de la comunidad, que debería haber llegado a todos los municipios y no solo a los dos grandes clubes, según han denunciado varios grupos de la oposición parlamentaria como CHA, Podemos, PSOE y Teruel Existe.

Motorland en ascuas

Aunque el fútbol es el astro, en Aragón hay más proyectos que son un sumidero de ayudas pero sin garantías de resultados deportivos.

El complejo de la Ciudad del Motor de Alcañiz (Teruel) y sede del Gran Premio de Motociclismo de Aragón de los mundiales de MotoGP, Moto2 y Moto3, es un caso distinto porque es una sociedad pública casi en su totalidad (Gobierno de Aragón y Diputación de Teruel), con inyecciones recurrentes que ya suman 260 millones de euros: El Gobierno de Aragón suele inyectar entre 6 y 9 millones de euros anuales para equilibrar las pérdidas operativas y pagar el canon de MotoGP. Es un dinero que “desaparece” cada 31 de diciembre sin generar patrimonio nuevo.

Entre las ayudas específicas de 2025-2026, se han destinado 1,3 millones del FITE (Fondo de Inversiones de Teruel) para mejoras en el circuito y formación.

MotorLand depende totalmente de que Dorna (dueña de MotoGP) quiera seguir viniendo a Alcañiz. Sin el Mundial, el circuito es una instalación inmensa con un retorno social mínimo para la zona.

El Gobierno de Aragón reclama al Gobierno de España que aporte 2 millones de euros anuales para MotorLand, igual que hace con Montmeló. Si esa ayuda no llega y los costes de La Romareda siguen subiendo, el GP de Motociclismo podría dejar de estar “asegurado” a partir de 2027 simplemente porque no habría financiación suficiente.

El sector ganadero ha reaccionado con indignación tras publicarse este viernes la orden que establece los baremos de indemnización por el sacrificio obligatorio de animales frente a la dermatosis nodular contagiosa en Aragón. Lo ha hecho al descubrir que la raza autóctona de Aragón, la parda, que es además la que más ha sufrido la enfermedad y por la que tuvieron que sacrificarse 160 reses, no está incluida.

Aunque el Ejecutivo ha pedido disculpas por el error, asegurando que se rectificará, el director ejecutivo de la Asociación de Criadores de Raza Bovina Parda de Montaña (Araparda), José Manuel Macarulla, ha criticado con dureza “la falta de profesionalidad del Departamento”, al que ha definido como un “ejército de mediocres”.  

Maraculla ha anunciado que llevarán la orden al contencioso-administrativo para que resuelva el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y ha exigido responsabilidades por este “desastre”. La orden reconoce a la raza limusina, que es francesa, cuando la mayoritaria y autóctona de Aragón es la raza parda de montaña. De los ganaderos que tuvieron que sacrificar su ganado, uno contaba con un 99% de raza parda y el segundo, con un 50%, y son los que, con la presente orden, quedarían fuera de las ayudas.

Según el responsable de Araparda, el pasado 11 de marzo se reunieron en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes, pero sin el consejero Javier Rincón. En el encuentro con la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, y otros miembros del gabinete del consejero se les propuso que antes de publicar la orden les enviaran un borrador para comprobar si estaba todo correcto, pero les dijeron que “ni lo habían pensado ni lo iban a hacer”: se limitaron a avanzar que se basarían en la resolución de Cataluña con la crisis porcina. “Entonces no entendimos por qué ocultarlo y ahora, ante esta chapuza, no nos quedaría más remedio que reírnos si no fuera porque somos gente seria no dada a las comedias”, recalca. Además, asegura no sorprenderse del todo “porque ya nos imaginábamos que saldría mal, pero semejante desastre….”.

Además, lamenta que el pasado martes el Departamento les pidiera los certificados de los animales inscritos en el libro genealógico de la raza, a lo que accedieron y la documentación fue enviada. De las 135 reses sacrificadas del primer ganadero, se certificaron 100 ejemplares y, del segundo, que sacrificó casi 150, se han certificado 60 vacas autóctonas (en este listado no se incluyen todos los ejemplares porque no entran animales pequeños o cruzados).

Comportamiento “ejemplar”

Maraculla recuerda que ambos ganaderos, que son familias de tercera y cuarta generación, con explotaciones de dimensión notable, han tenido un comportamiento “ejemplar” y no dudaron en tomar las medidas más drásticas pero necesarias para salvar al resto de la población animal del territorio, “lo que ni se ha reconocido ni valorado por el Departamento”. A juicio del director de Araparda, “esto se ha montado para pagar menos”. Además, desconfía del “error inocente”, dado que la raza pirenaica aparece varias veces a lo largo del texto de la orden. Es “un error burdo y grave”, califica.

José Manuel Maraculla también ha recordado que el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, se reunió al día siguiente de la crisis de Cataluña con los importadores, pero hasta hace pocos días no lo hizo con los ganaderos afectados en Boltaña y cuando se reunió, también con el alcalde de Fiscal, anunció que pagarían 4.200 euros por animal, una cantidad insuficiente, según el sector, al menos en mil euros.

La organización asegura que no va a tolerar que se pague menos y por ello van a recurrir la orden del Gobierno de Aragón pero sin solicitar su suspensión cautelar, ya que lo que pretenden en que los ganaderos cobren “y luego ya habrá tiempo de un juez decida si la cantidad es superior”.

Críticas políticas

Las críticas tampoco se han hecho esperar desde el ámbito político. El diputado socialista Marcel Iglesias ha exigido responsabilidades al Departamento de Agricultura y “una rectificación urgente de la orden de los baremos de indemnización por el sacrificio obligatorio de animales frente a la dermatosis nodular contagiosa para que compense realmente el sacrificio”. Iglesias ha lamentado “la dejadez del Gobierno de Azcón, que no se ha enterado todavía de que la raza afectada es Parda de Montaña y no se ha incluido como tal en la publicación del BOA hoy”.

Iglesias ha señalado que el Gobierno en funciones de Azcón “está a otra cosa y la orden viene a reflejar falta de empatía y de profesionalidad; resulta incomprensible que se equivoquen de raza, no es Pirenaica, es raza Parda de Montaña, y eso que han estado en las explotaciones afectadas”.

El parlamentario indica que en la orden “mantienen la diferencia de valoración con la raza Limusina, una raza que no es autóctona, que es más productiva, pero que es de menor valor para el mantenimiento de las genéticas propias y, sobre todo, que no se han visto afectada en Aragón. Es decir, el Gobierno de Azcón contempla pagar mucha más indemnización por una raza que no se ha visto afectada y no contemplan en la orden la raza de las vacas que se han visto afectadas”. Además, indica que “se debe asimilar la raza Parda a vacas de alto valor genético, de cara a que puedan recibir el valor real de una ganadería extensiva, que es mucho mayor que el mero precio de mercado de los animales”.

Añade a su crítica que en la orden publicada sea un copia y pega de la orden de Cataluña, “no tienen en cuenta la particularidad de Aragón ni de la ganadería extensiva, ya que levantar una explotación de ganadería extensiva no tiene nada que ver con un cebadero, cuesta muchísimos años de trabajo y de selección de los mejores animales. No es de recibo que el trabajo de tantos años de los ganaderos afectados y la apuesta por una raza autóctona como es la vaca Parda de Montaña, no se vea reflejada en esta orden de indemnizaciones como es debido”.

Casi diez horas esperando en la sala de espera de Urgencias del Hospital de Barbastro o visitas “sin solucionar el problema”. Marta —nombre ficticio— acudió al centro hospitalario por indicación de su médica de cabecera, al tener mucha fiebre de manera continua que no bajaba y con antecedentes de una operación y una infección posterior. A pesar de su estado, permaneció esperando todo el día y, según cuenta, no fue la única. 

Esta mujer vive en Benasque, a 87 kilómetros de Barbastro, por lo que cada vez que acude al centro tiene “que pedir a alguien que deje de ir a trabajar y me acompañe, el trayecto es de más de hora y media”, explica. Marta no puede conducir, el 31 de enero le operaron la rodilla y depende de algún familiar para poder acudir al hospital: “No sabes cuántas horas vas a estar, por lo que logísticamente no es tan sencillo”. 

Según relata, diez días después de la operación tuvo fiebre y fue a urgencias por indicación de su médica de cabecera. En esa ocasión, “solo fueron tres horas hasta que fui atendida. Tenía una infección y me volvieron a operar, estuve 18 días ingresada”. Regresó a su casa y, a los días, volvió a tener episodios de fiebre. Cuando subió hasta 38, su médica volvió a recomendarle que fuese a urgencias, tras cuatro horas y media de espera “me miraron y me dijeron que no era de la pierna, me mandaron a casa”. Esa noche, la fiebre subió aún más: “Estaba destrozada, no podía bajar ese día, necesitaba a alguien, me organicé y al día siguiente a las 10:00 estaba en el Hospital, había cinco personas en la sala de espera y vi pasar a todos los que entraban durante el día sin que me llamasen”.

Explica que preguntó en varias ocasiones y que, pese a que le habían dicho que no tomase medicación, se tuvo que tomar algo para la fiebre porque se encontraba muy mal. “A las 19:00 pedí una hoja de reclamaciones y, aún no me había sentado a escribirla y ya me estaban llamando”. A las 22:30 salía del centro: “Esta vez sí que me hicieron muchas pruebas, me miraron muy bien y me recetaron un antibiótico. No critico a los profesionales, sino que está mal gestionado. No puede ser que una persona vaya por una urgencia y se pegue más de doce horas esperando, había gente que había llegado a la vez que yo por la mañana y cuando me fui seguían en la sala de espera”. 

Asegura que esta situación le parece “una barbaridad” y que, si le vuelve a suceder algo así, pedirá una ambulancia: “No me parece normal que en Urgencias haya que esperar tantas horas”, concluye. 

Desde el Departamento de Sanidad explican que se está trabajando “para mejorar las Urgencias”: “A corto plazo, además de contar con el apoyo del sector de Huesca, existen conversaciones muy avanzadas para contar también con el apoyo de los sectores sanitarios de Zaragoza I, Zaragoza II y Zaragoza III”. Han enfatizado que se atienden “todas las urgencias, dando prioridad a los pacientes que presentan una clínica más grave, según el proceso de triaje, de forma que no hay ningún proceso vital comprometido”.

Dimisiones

Las dimisiones y las quejas tanto vecinales como políticas son una constante respecto a este centro. La semana pasada se hizo pública la dimisión del jefe de Urgencias de este centro, Juan Magallón, que se hará efectiva el 1 de abril. Este profesional había desempeñado su actividad en el centro hospitalario durante más de veinte años y, según ha trascendido y comunicó el Departamento de Sanidad, su decisión se debe a motivos personales.

No ha sido la única. La primera fue la del gerente sanitario de Huesca y Barbastro, Luis Canalejo, luego el director del hospital, Juan Eito, el responsable de urgencias Manuel Griabal, y la directora de enfermería, jefes de servicio, supervisora de la UCI, y la jefa de admisión. Así lo recuerda José Luis Parra, desde Chunta Aragonesista Somontano: “El goteo de ceses y dimisiones tiene que ver poco con la casualidad o con los motivos personales que se aducen, sino más bien con la nefasta gestión de Bancalero”. Parra asegura que “la crisis estructural del hospital de referencia para la mitad de los habitantes de las comarcas del Alto Aragón es evidente”.

El PSOE Barbastro ha denunciado en varias ocasiones “la saturación de las urgencias” de este centro lo que, según la formación, “está obligando a derivar pacientes al Hospital San Jorge de Huesca. Una situación de colapso inaceptable que vulnera el derecho que tenemos los barbastrenses y los más de 110.000 altoaragoneses que tienen este centro como referencia sanitaria”. “El Gobierno de Aragón sigue poniendo en riesgo con esta decisión un derecho esencial como es la una atención sanitaria pública, cercana y de calidad. No es de recibo que, ante una urgencia médica, se obligue a recorrer decenas de kilómetros, que superan el centenar desde algunos puntos, con el riesgo que ello conlleva para la salud de los pacientes”, expusieron el pasado mes de febrero.

Ubicado en la Comarca del Somontano, el hospital da cobertura a otras cinco comarcas del Alto Aragón oriental: Sobrarbe, Ribagorza, Cinca medio, la Litera y Bajo Cinca. Atiende a una población que supera las 110.000 personas, repartidas en más de 8500 km². Sin embargo, en los últimos años, las voces que alertan del “progresivo vaciamiento” han crecido, hasta el punto de crear una Plataforma ciudadana que reivindica la mejora del servicio. Recientemente desde la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro, junto a la Junta de Personal, han denunciado la “falta de profesionales, planificación y transparencia” lo que, según denuncian, “está poniendo en riesgo la calidad asistencial del centro”.

Fuentes del Departamento de Sanidad explican que las decisiones que se han presentado han sido “por motivos personales” y que se han producido a lo largo del tiempo: “Por parte del Gobierno de Aragón se está realizando un esfuerzo para mejorar la dotación de médicos en el Hospital de Barbastro”. Exponen que, durante 2025, “se mejoró la plantilla con 23 médicos y en 2026 ya se han elegido las 14 plazas ofrecidas en este hospital de difícil cobertura, cuya incorporación tendrá lugar el 17 de abril, y están en tramitación otras 32. En total, serán 46 plazas de 21 especialidades diferentes”. Aseguran que habrá una tercera convocatoria para plazas de Médicos de Familia, que incluiría también a los profesionales de Urgencias.

La IV Campaña Arqueológica de recuperación y puesta en valor del castillo d'Os Muros de Ayerbe ha arrancado esta semana consolidándose como un proyecto singular en Aragón, tanto por sus avances científicos como por su carácter participativo. Impulsada por la asociación local ZIDMA (Zentro de la Imagen Digital y la Memoria de Ayerbe) y dirigida por el arqueólogo Antonio Alagón Castán, la intervención se desarrolla entre el 21 y el 29 de marzo con un modelo basado en la implicación vecinal y la divulgación.

Lejos de los proyectos académicos tradicionales, esta iniciativa nace del propio municipio. En declaraciones a Europa Press, Antonio Alagón ha explicado que “este es un proyecto que ha surgido de la energía popular, de la gente del pueblo”, quien ha subrayado que fueron los vecinos quienes decidieron actuar ante el deterioro progresivo del enclave. “Veían cómo su castillo cada vez estaba más maltrecho, más deteriorado, y decidieron ponerle freno”, ha añadido.

Ese deterioro tiene raíces profundas. Durante décadas, e incluso siglos, el recinto fue objeto de expolio sistemático. “Aquí era casi un deporte nacional subir a buscar piedras para construir en el pueblo”, ha relatado el arqueólogo. A ello se sumó la persistente leyenda del 'Toro de Oro', un supuesto tesoro oculto que llevó a generaciones de vecinos a excavar sin control. “Esto parecía un conejar, lleno de agujeros por todos lados, con gente buscando ese tesoro”, ha resaltado.

Frente a ese pasado, la campaña actual plantea un cambio de paradigma: de la extracción al conocimiento. “Ahora la gente sube a informarse, a ver qué pasa aquí, a entender que estos muros forman parte de su historia”, ha destacado Alagón.

Excavaciones en la zona norte y nuevos descubrimientos

Los trabajos se centran, un año más, en la zona norte del castillo, considerada la más estratégica del conjunto. Desde este punto se domina visualmente todo el frente de la sierra, en una ubicación clave durante la Edad Media como frontera entre el mundo andalusí y los reinos cristianos.

“Estamos en un territorio de frontera, donde durante décadas se estuvieron vigilando ambos lados, con castillos que se veían entre sí”, ha explicado Alagón, en referencia a enclaves como Loarre o Marcuello. En este contexto, el castillo de Ayerbe adquiere un valor histórico destacado, especialmente en su fase islámica, menos conocida que la cristiana.

Las excavaciones han permitido avanzar en la identificación de estructuras defensivas clave. “Estamos encontrando varias líneas de defensa y, sobre todo, la zona de acceso al castillo”, ha confirmado el director. La localización de una interrupción en la muralla y de elementos arquitectónicos en derrumbe ha permitido confirmar la ubicación de la antigua puerta de entrada, uno de los principales objetivos de la campaña.

Pero uno de los hallazgos más relevantes de este año se ha producido en un promontorio situado frente a esa entrada, que durante años se consideró natural. “Hemos hecho un sondeo y ya hemos identificado al menos tres niveles de construcción”, ha incidido Alagón. Entre ellos, se han detectado estructuras que podrían ir desde intervenciones contemporáneas —posiblemente de la Guerra Civil— hasta niveles más antiguos con sillares de gran tamaño.

“Esto nos confirma que ahí hay algo importante, incluso podría haber una estructura previa al castillo islámico”, ha apuntado. El hallazgo abre nuevas líneas de investigación y refuerza el potencial arqueológico del yacimiento de cara a futuras campañas.

Un laboratorio abierto y formación para voluntarios

La campaña no se limita al trabajo de campo. Este año, como novedad, se habilitará un espacio en Ayerbe para realizar labores de laboratorio, como limpieza, clasificación y estudio de materiales. “La excavación no es solo lo que se ve aquí; hay meses de trabajo posterior analizando piezas, documentación o cartografía”, ha declarado Alagón.

Este espacio también tendrá un carácter formativo. “Queremos que la gente participe, que aprenda cómo se trabaja en laboratorio, que entienda todo el proceso”, ha dicho. En este sentido, el proyecto actúa como una escuela abierta de arqueología, accesible tanto a aficionados como a personas con formación especializada.

El equipo está compuesto sobre todo por voluntarios de Ayerbe y la comarca, aunque también participan perfiles técnicos. “Aquí hay de todo: desde gente del pueblo hasta arqueólogos o restauradores. El mundo rural ha cambiado mucho y hay mucho conocimiento”, ha recordado.

Acercar la arqueología a la ciudadanía

Uno de los pilares del proyecto es su vocación divulgativa. A diferencia de otras excavaciones, el yacimiento está abierto al público durante los trabajos. “Aquí la gente entra, pregunta, se acerca, no hay cintas que lo impidan. Les explicamos todo”, ha afirmado Alagón.

Esta cercanía se refuerza con actividades como la jornada de puertas abiertas prevista para el 28 de marzo o las visitas escolares del CPI Ramón y Cajal. “Los niños suben todos los años y es un recuerdo que les marca. Llegan a casa entusiasmados”, ha añadido.

Además, la campaña incluye iniciativas paralelas como exposiciones, excursiones o encuentros con la comunidad. “Es devolver a la gente lo que es suyo, porque este patrimonio es de todos”, ha apostillado el arqueólogo.

El impacto social es ya visible. “Cada vez tenemos más voluntarios, más gente interesada, incluso turistas que vienen expresamente a ver el yacimiento”, ha apuntado. Un cambio de mentalidad que, según Alagón, es uno de los mayores logros del proyecto: “Hemos pasado de buscar tesoros a valorar una simple cerámica del siglo XII por lo que significa”.

Más allá de la excavación, el proyecto mira ya hacia la conservación del conjunto. “No solo se trata de excavar, sino de consolidar lo que queda”, ha explicado Alagón. En este sentido, se están estudiando futuras intervenciones para estabilizar estructuras en riesgo, como el ábside de la antigua iglesia de San Juan.

Estas actuaciones requerirán nuevas autorizaciones, ya que el enclave cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), lo que obliga a extremar las precauciones. “Tenemos que dejar el lugar mejor de lo que lo encontramos, no podemos permitirnos degradarlo”, ha insistido.

Con esta cuarta campaña, el castillo d'Os Muros sigue recuperando su historia y su lugar en la memoria colectiva de Ayerbe. Un proceso que combina investigación, participación ciudadana y puesta en valor del patrimonio, y que, como ha resumido Antonio Alagón, “demuestra que la arqueología también puede ser una herramienta para unir a un pueblo en torno a su historia”.

La Audiencia Provincial de Huesca ha condenado a 17 años y seis meses de cárcel al acusado de matar con una navaja al joven Fernando Úrbez Sarrablo Castillo en el exterior de un bar en Boltaña, en Huesca, el 2 de octubre de 2023. El jurado declaró al acusado culpable de un delito de asesinato con alevosía.

Sergio Domínguez Elvira fue declarado culpable de asesinato por el tribunal del jurado tras el juicio celebrado el pasado mes de febrero en la Audiencia de Huesca al apreciar por unanimidad que fue el autor de la muerte de la víctima, sobre la base del único testigo ocular de los hechos, pero únicamente por mayoría que su intención desde un primer momento era provocar la muerte del joven. Uno de los puntos clave de la sentencia es la apreciación de la alevosía, basada en la nula capacidad de respuesta de Fernando. El texto judicial subraya que el ataque fue “inesperado, atendiendo a la intensidad y dirección del movimiento utilizado”, lo que, sumado a la embriaguez de la víctima, influyó “decisivamente en la anulación de toda respuesta defensiva”.

La resolución hace especial hincapié en el estado de Fernando, señalando que presentaba una concentración de alcohol de 2,75 g/L. Según la pericial forense citada en el fallo, esta circunstancia “reduce la capacidad de atención o reacción, favoreciendo la sorpresa del ataque”. Por ello, el jurado concluyó que el acusado se aprovechó de estas “condiciones objetivas de indefensión o de imposibilidad de repeler la agresión”.

Respecto a la conducta de Sergio Domínguez Elvira, la sentencia destaca la frialdad tras el apuñalamiento. Testigos presenciales indicaron que, tras clavar la navaja, el acusado “se dio la vuelta y se fue hacía su coche” , alejándose de la plaza “sin realizar ninguna maniobra brusca o anómala”. El tribunal resalta que, a pesar de ser consumidor habitual de sustancias, el día de los hechos “no tenía mermadas sus capacidades, ni tenía afectación alguna en sus facultades intelectivas o volitivas” , basándose en que los testigos lo vieron caminar “recto” y hablar de forma “normal”.

En cuanto al castigo penal, el magistrado justifica la extensión de la pena de cárcel por la “mayor o menor gravedad del hecho” y la “grave repercusión vital, familiar e incluso social” de haber acabado con la vida de un hombre de 28 años.

Además de la prisión y la inhabilitación absoluta , el fallo impone medidas de alejamiento y comunicación por un periodo de “diez años superior a la pena de prisión efectivamente impuesta”. En el ámbito económico, la sentencia fija las indemnizaciones detalladas: 104.372,28 euros para el padre , 100.552,84 euros para la madre y 21.995,93 euros para cada uno de los dos hermanos. El juez concluye que estas cantidades buscan compensar un “desgarro vital, afectivo, humano y familiar de especial trascendencia” que “cercena la proyección vital y rompe la estabilidad emocional” de los allegados.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón a interponer, en su caso, en el plazo de diez días.

Caminar hoy por el centro de Zaragoza o Huesca debería ser, según la ley, una experiencia distinta a la de hace tres años. Sin embargo, el aire que respiran los ciudadanos aragoneses sigue siendo el mismo mientras el reloj político parece haberse detenido. La Cámara de Cuentas de Aragón ha emitido un informe que es, a la vez, una voz de alarma para la salud pública y un duro “tirón de orejas” a la gestión de los ayuntamientos del PP.

Uno de los puntos más sensibles del informe es la falta de atención a quienes más sufren la contaminación. El riesgo para los niños y ancianos (identificados en el informe como sectores más vulnerables) es uno de los puntos más sensibles de la fiscalización, ya que la contaminación del aire es uno de los mayores peligros ambientales para la salud, provocando enfermedades graves y muertes prematuras.

Tampoco se ha pensado suficientemente en el silencio. Los auditores critican que no se hayan creado las llamadas “zonas tranquilas”, con objetivos acústicos más estrictos, cuando el descanso y la reducción del ruido ambiental son fundamentales para el bienestar y calidad de vida.

La exposición prolongada a la contaminación atmosférica, acústica y del tráfico urbano —avalada por estudios de instituciones de referencia como el ISGlobal, la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) y el Observatorio de Salud y Medio Ambiente de DKV/ECODES— provoca graves afecciones sistémicas que trascienden lo respiratorio. En el ámbito fisiológico, se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, hipertensión y una mayor incidencia de ictus, además de asma infantil y reducción del desarrollo cognitivo en menores; mientras que la vertiente acústica actúa como un estresor crónico que deriva en alteraciones del sueño, ansiedad y diabetes. Estos informes subrayan que el impacto es especialmente crítico en colectivos vulnerables (niños, ancianos y embarazadas), vinculando niveles de partículas finas y decibelios por encima de los umbrales de que marca la OMS, con un incremento probado de la mortalidad prematura y los ingresos hospitalarios en entornos urbanos con una gestión deficiente de la movilidad.

Una ley ignorada y un aire que “engaña”

El primer gran fallo es político y legal: los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca incumplieron la obligación legal de tener sus zonas de bajas emisiones (ZBE) listas antes de que terminara 2023. Aunque los argumentos políticos se escudan en que el aire “cumple los límites legales”, el informe advierte de una realidad invisible, pues si se aplicasen los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ambas ciudades suspenderían en salud. Contaminantes como el dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión superan los niveles que la medicina considera seguros para los ciudadanos.

Teruel se queda fuera del análisis debido a su población, ya que no llega al umbral crítico de los 50.000 que obliga a Zaragoza y Huesca por ley estatal. Además, al no tener una industria pesada masiva ni el volumen de tráfico de las otras dos capitales, sus indicadores de calidad del aire suelen estar dentro de los márgenes legales, lo que la exime de la segunda vía de obligatoriedad.

El riesgo de perder millones de euros

En la capital aragonesa, la crítica política se torna técnica y social. La Cámara de Cuentas advierte que la ZBE de Zaragoza se ha diseñado con tantas excepciones que corre el riesgo de ser un proyecto “vacío de contenido”. Con un parque móvil donde el 95% de los vehículos son potencialmente contaminantes, permitir el acceso libre por las noches, los fines de semana o conceder ocho permisos mensuales a coches sin etiqueta convierte la restricción en un espejismo.

Zaragoza se juega la bonificación del transporte público en un pulso político, ya que  mientras Vox celebra haber acabado con las multas de la ZBE, el Ayuntamiento camina sobre la cuerda floja para evitar que el Ministerio le retire los 22 millones de euros que sostienen los descuentos del bus y el tranvía.

Huesca recibió ayudas de los Fondos Next Generation (cerca de 2 millones de euros) destinados a la movilidad sostenible y la digitalización del transporte. Si no demuestra que la ZBE es funcional y cumple con los objetivos de reducción de emisiones, Bruselas podría exigir la devolución íntegra del dinero más intereses si no se cumplen los estrictos hitos de ejecución fijados para finales de 2025. La inacción política inicial ha obligado a una carrera contra el reloj que pone en peligro el dinero de todos los contribuyentes.

La imposición de Vox y las críticas de la oposición

Las ZBE no son solo una cuestión de etiquetas en el parabrisas; son el derecho a una ciudad silenciosa y a un aire que no enferme, pero la ideología se lleva por delante la obligación legal de estas zonas que actúan bajo principios de sostenibilidad urbana y de salud pública.

El desbloqueo de los presupuestos municipales de Zaragoza para este año, logrado en el último momento, tuvo como eje central la ZBE. Vox condicionó su apoyo al presupuesto del PP imponiendo su oposición frontal a la política climática de la Unión Europa y supeditó su aplicación a los niveles reales de contaminación.

Esta decisión deja, en la práctica, sin efecto la ZBE tal y como estaba prevista en la Ordenanza de Movilidad. Los datos de la Red Municipal de Vigilancia de Zaragoza indican que no se superan los límites de los principales contaminantes recogidos en el Real Decreto 102/2011. El argumento ha sido utilizado por Vox para cuestionar la necesidad de aplicar restricciones permanentes al tráfico. Sin embargo, estos datos se apoyan en unos umbrales legales cuya exigencia ha sido ampliamente cuestionada y que, además, serán previsiblemente endurecidos en los próximos años. Pese a ello, Vox ha convertido esta lectura interesada de los datos en la base de su posición política, mientras que el Partido Popular ha terminado asumiendo ese marco para garantizar su estabilidad presupuestaria, aceptando en la práctica vaciar de contenido una medida concebida para anticiparse a los estándares ambientales europeos y proteger la salud pública.

Ante esta situación, el concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Chema Giral, ha alertado de que la modificación de la Zona de Bajas Emisiones en Zaragoza al “tragarse” la alcaldesa, Natalia Chueca, uno de los “postulados negacionistas” del cambio climático de VOX para aprobar el presupuesto de 2026 --a pesar de que era una de las líneas rojas del PP--, pone en riesgo los 22 millones de euros de ayudas estatales en transporte público y, por tanto, “va a repercutir en el bolsillo” de los zaragozanos, ha alertado.

Giral, que ha interpeló a la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad, “no ha conseguido conocer” del Gobierno de la ciudad si tiene previsto proceder a la modificación de la Ordenanza reguladora de ZBE, ha lamentado.

El edil socialista ha recordado que en Valladolid, donde gobierna PP y VOX, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha tumbado esta ordenanza. A ello, se suma el reciente informe de fiscalización sobre la ZBE elaborado por la Cámara de Cuentas de Aragón que contempla que la actual ordenanza “limita” la posibilidad de mejorar la calidad del aire en la ciudad.

El concejal socialista ha mostrado su preocupación por que esos 22 millones de euros para transporte público --de 2025 y 2026-- vienen vinculados a que exista una ZBE en Zaragoza. “Según lo que se le ocurra al Gobierno de Chueca, se pueden perder esas ayudas”, ha alertado, al tiempo que le afeado a Chueca y a la consejera Gaudes que “dijeran antes de la aprobación de presupuestos que la línea roja para esa negociación con Vox era que no se pusiera en riesgo ese dinero”, ha comentado.

“¿Van ustedes a modificar la actual ordenanza? Si la van a modificar, ¿de qué manera y cuándo van a proceder a ella? Más allá de contribuir a mejorar la salud de los ciudadanos y el nivel de calidad del aire, me imagino que lo irán a hacer sin poner en riesgo las ayudas estatales de 22 millones de euros para esta ciudad”, le ha espetado Giral a la consejera Gaudes “sin obtener respuesta” en la Comisión.

Para Giral, resulta “sorprendente” que la ZBE haya sido una de las condiciones de Vox para aprobar el presupuesto, cuando en la aprobación de 2024 no votó en contra de esa ordenación. “Entonces, no les pareció tan mal porque afecta a una zona muy pequeñita, minimalista”, ha recordado y, además, “pueden entrar prácticamente todos los coches, incluso los que tienen más de 25 años pueden estar hasta 15 minutos dentro de esa zona”.

En cuanto a los elementos sancionados, el concejal socialista ha explicado que no habrá cámaras de seguridad hasta que no se produzca la adjudicación a la empresa que se encarga del reglamento estacionado.

Ni vacía ni vaciada: esa es la idea que quiere transmitir Boltaña en el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación, que se celebrará los días 25 y 26 de marzo en esta localidad oscense. Organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el encuentro busca poner en valor las oportunidades que ofrece la España rural para emprender, vivir y desarrollar proyectos personales y profesionales. Un vídeo promocional del congreso recoge esta filosofía y adelanta su objetivo central: “Reivindicar una España rural viva, con oportunidades para emprender, vivir y desarrollar proyectos personales y profesionales”.

El programa reunirá a alrededor de 50 ponentes de distintos puntos de España, desde presidentes de diputaciones y alcaldes de municipios rurales hasta emprendedores, artesanos y creadores de contenido. Entre ellos destacan Francesc Xavier Boya, secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el periodista Manuel Campo Vidal, quien abrirá el congreso con la conferencia 'Ni vacía, ni vaciada: una España rural viva', en la que reflexionará sobre el nuevo relato del medio rural.

Durante dos días se abordarán temas como el acceso a la vivienda, los servicios públicos esenciales, la agricultura y la economía rural, la gobernanza territorial, la digitalización, la cohesión social y la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico 2030, recientemente presentada por el Gobierno de España.

La sesión inaugural contará con la participación de María José García-Pelayo, presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez de la Frontera; Isaac Claver, presidente de la Diputación de Huesca; y José María Giménez, alcalde de Boltaña.

Entre los debates previstos, destacan la discusión sobre la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico 2030, que contará con la participación de alcaldes y presidentes de diputaciones de distintas comunidades autónomas, y un panel sobre servicios públicos esenciales y agricultura, donde se analizará el papel del medio rural como motor económico y social.

Además, se incluyen sesiones sobre emprendimiento digital, innovación en sectores tradicionales, narrativas digitales y redes sociales, cohesión social e igualdad, así como la construcción de un nuevo estatus jurídico para los municipios de menor población.

El congreso concluirá con la lectura de la ‘Declaración de Boltaña’, un documento que recogerá las conclusiones y posicionamientos de los participantes frente a los retos y oportunidades del medio rural. Carmelo Pérez Díez, alcalde de Belchite y presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, y Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP, clausurarán el encuentro.

Las inscripciones para asistir presencialmente siguen abiertas a través de la página web del congreso, que también se retransmitirá en streaming.

El carismático Enrique Villareal, El Drogas, encabeza el cartel del XXXVI Festival Internacional Castillo de Aínsa, cuyos avances se han anunciado tras meses de intenso trabajo. La música folk y de raíz serán igualmente ingredientes esenciales de este certamen anual que llenará de conciertos, teatro, ferias gastronómicas y charlas la agenda cultural de Aínsa del 20 de junio al 12 de julio.

El concierto de El Drogas, uno de los eventos que más público espera concentrar, se celebrará en el foso del Castillo el 4 de julio, mostrando en escena la prolífica trayectoria de un músico intergeneracional que sigue siendo referente irrenunciable del rock en nuestro país. Su presencia en Aínsa animará el comienzo de la temporada estival, junto a los ritmos folklóricos latinoamericanos de Marta Gómez y el espíritu étnico de El Naán, que se darán de la mano en el foso el viernes 3 de julio, así como la particular interpretación de la música tradicional de El Nido, ejemplos todos ellos del empeño por poner en el centro la música folk y de raíz.

El director del Festival Castillo de Aínsa, Dani Escolano, ha destacado estos géneros como parte de la identidad cultural del territorio: “También continuamos apostando por una programación diversa, pensada para públicos con distintas sensibilidades, pero siempre con un punto en común que es la calidad artística de cada propuesta”. En el amplio abanico de posibilidades se escucharán las voces de las gallegas Caamaño & Ameixeiras aderezadas por los sonidos del acordeón cromático y el violín. Ellas actuarán el 11 de julio en el Patio del Museo precediendo a El Nido. “Además, conoceremos las incipientes experiencias de la joven banda Sheckband, un trío familiar de Ucrania que fusiona el jazz contemporáneo con los matices del folk de su país. Vienen para compartir, además de su talento, su historia de vida, en un contexto lleno de dificultades para aprender y evolucionar como músicos”, añade Escolano.

En la programación no faltará la presencia de grupos locales como Leo Susana, afincado en Fiscal, y The Bad Fathers, cuyos miembros se reparten por Sobrarbe, así como la música popular y tradicional de los navarros Puro Relajo, que en sus trece años de trayectoria han ofrecido más de 1.000 conciertos por todo el país. Ellos amenizarán una de las dos ferias gastronómicas que este año se darán cita en la Plaza Mayor de Aínsa.

“Estamos muy orgullosos de volver a presentar una nueva edición del Festival Internacional Castillo de Aínsa, un certamen con 36 años de historia que da empleo a profesionales de la zona, que ayuda a ocupar establecimientos al inicio del verano, y que atrae a públicos de distintas procedencias”, asegura el alcalde Enrique Pueyo. “Este festival cuenta con un presupuesto de alrededor de 145.000 euros. Acogemos, en muchos casos, a artistas emergentes y a otros ya consolidados, como es el caso de El Drogas, pero siempre adaptándonos a nuestras posibilidades con el claro objetivo de acercar la cultura al mundo rural, algo que sería imposible sin el apoyo de instituciones como la DPH”.

El diputado delegado de cultura, Carlos Sampériz, ha puesto de relieve precisamente la importancia de la cultura para fortalecer el medio rural. “La cultura no es un complemento, sino una parte esencial de su identidad y su futuro. Quien se acerca al Festival Castillo de Aínsa no solo asiste a un concierto o a un espectáculo, sino que entra en contacto con una manera de entender el territorio con un casco histórico extraordinario y con una comarca llena de patrimonio y paisajes increíbles”.

Citas arraigadas a la historia de Sobrarbe

Haciendo un guiño especial al público infantil y familiar, pero también local, la programación teatral recae nuevamente en los Titiriteros de Binéfar, que además de seleccionar a compañías reconocidas como La Raspa Artes Escénicas o Ros Beret, volverán a profundizar en la historia de los pueblos y de las gentes del Sobrarbe con los actos Más Sabe el Diablo y Mujeres que Cuentan.

En el primero, el invitado será Paco Parra, presidente de Turismo Verde de Huesca, fotógrafo, aprendiz incansable y gran conocedor de las vicisitudes del medio rural. En el segundo, las mujeres y sus historias de vida acapararán toda la atención para, posteriormente, ceder el testigo al grupo Entreveradas, de Zaragoza, con quienes Paco Paricio compondrá un tema homenaje para las contadoras que este año se presten a formar parte del evento.

Artecor Monegros, otra de las colaboraciones que se inició en 2025, ha estado presente en Huesca para arropar a la dirección en el inicio de la campaña promocional. En 2026 quieren traer al municipio una muestra del arte africano.

“El Festival Castillo de Aínsa es mucho más que una programación de conciertos. Junto a la parte cultural es muy importante la parte social del festival y su vínculo con el territorio y su gente. Por eso, son muchas las actividades paralelas que completan el cartel de 2026”, concluye el director del certamen. Y aunque muchas de esas actividades serán gratuitas, ya se pueden comprar las entradas para los eventos que sí serán de pago, con precios entre los 20 y los 25 euros en internet, alcanzándose los 30 en taquilla en el caso de 'El Drogas'. La organización irá desvelando el resto de las iniciativas en las que actualmente se está trabajando, junto con entidades y empresas públicas y privadas que hacen posible su puesta en marcha edición tras edición.

Más información y venta de entradas en festivalcastillodeainsa.com. 

La Guardia Civil detuvo la madrugada del pasado jueves a tres varones de nacionalidad española, en el marco de una investigación, denominada 'Heliosencia', con la finalidad de esclarecer el asesinato de un joven de 29 años, ocurrido a finales de 2025 en Plasencia de Jalón, si bien responsables de la investigación barajan como principal hipótesis la deuda de dinero y drogas que la víctima tenía contraída con sus asesinos, a los cuales conocía y con dos de ellos quedó el día de autos.

El pasado 2 de diciembre de 2025, unos vecinos hallaron de forma casual el cadáver carbonizado de un varón en un paraje de la localidad de Plasencia de Jalón (Zaragoza) próximo a una planta fotovoltaica, si bien murió por los disparos recibidos previamente en una zona cercana, a donde se trasladó el cadáver. Tras las oportunas gestiones fue identificado, resultando ser un vecino de Urrea de Jalón de nacionalidad española. El grupo criminal está acusado de tres delitos, entre ellos el asesinato, ya que según la Guardia Civil, en el crimen concurren ensañamiento y premeditación. Además, se les acusa de tenencia ilícita de armas y delitos contra la salud pública.

Nada más tener conocimiento del hallazgo del cadáver la Guardia Civil por parte de unos vecinos, se acordonó la zona en el paraje conocido como 'La Lomaza', donde un grupo de agentes especializados realizaron inspección técnica del lugar, para recabar cuantos indicios pudieran contribuir a esclarecer los hechos. Durante semanas se ha llevado a cabo un examen exhaustivo de la zona, donde se han utilizado drones para el mapeo del entorno, y han intervenido efectivos del GEAS (grupo especial de actividades subacuáticas) en la balsa de agua, ubicada cerca del cuerpo. No obstante, en su interior no se ha hallado nada, salvo el terminal móvil de la víctima en sus proximidades, tal como ha explicado el Teniente Coronel y jefe de la Policía Judicial de la Benemérita, Óscar Vergara.

Durante estos meses la Guardia Civil, bajo la supervisión de la Jueza titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de La Almunia de Doña Godina, ha desarrollado una investigación que derivó la pasada madrugada del 12 de marzo en un operativo policial con actuaciones coordinadas en cinco localidades de tres provincias diferentes.

Los investigadores han mantenido numerosas entrevistas con su entorno familiar y de amigos durante estos meses, en lo que se abrieron varias líneas de investigación que han concluido en la “presunta” atribución de la autoría del crimen a los detenidos y en los registros efectuados tras su detención, donde se incautó nuevo material que podría reforzar las primeras conclusiones y aportar mayor carga probatoria para el esclarecimiento del mismo. Vergara no descarta más detenciones, sobre todo relacionadas con el encubrimiento, en una operación que sigue abierta. Sin embargo, no esperan represalias por el crimen.

Así, la madrugada del 12 de marzo, la Guardia Civil desarrolló un operativo policial, robusto y complejo, para detener a los “presuntos” autores en Sabiñánigo (Huesca), Lumpiaque (Zaragoza) y Paterna (Valencia). De forma casi simultánea se efectuaron cinco registros en las localidades zaragozanas de Lumpiaque, Bárboles y Grisén, así como en Paterna (Valencia). En esta última localidad se localizó al tercero de los detenidos, ya que tras el crimen “se autodesterró”, huyendo para refugiare en su entorno familiar.

En las inspecciones de dichos inmuebles se localizaron numerosas armas de fuego, armas blancas, munición de distintos calibres, 12.000 euros en efectivo, distintas cantidades de estupefacientes, tales como marihuana, metanfetamina, sustancia de corte y elementos para la distribución de las sustancias estupefacientes. Además, se hallaron otros indicios relevantes que refuerzan la presunta implicación de los detenidos en el presunto asesinato.

La información recabada en esta operación por parte de los investigadores, sumada a la reconstrucción de los hechos, ha permitido inferir cómo podrían haberse desarrollado los hechos la noche del pasado 2 de diciembre, cuando la víctima se reunió con sus agresores y, tras trasladarse a un camino ubicado en el término municipal de Plasencia de Jalón, recibió varios disparos de arma de fuego cuando trataba de huir de ellos, siendo esta la causa de su muerte. Posteriormente, los miembros del grupo criminal trasladaron el cadáver hasta el lugar donde fue hallado y prendieron fuego a su cuerpo. De forma análoga quemaron el vehículo de la víctima abandonándolo a unos 300 metros del cuerpo.

A los tres detenidos, tres varones españoles de 23, 37 y 53 años, se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal y asesinato. A dos de ellos, se les imputa, además, un delito de tenencia ilícita de armas. Al principal autor del hecho, se le imputa otro delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Quedaron a disposición judicial el sábado 14 de marzo y se ha decretado el ingreso en prisión de todos ellos. La operación Heliosencia (nombre que une `Helio´ (sol) y Plasencia), cuyo secreto judicial ha sido levantado parcialmente, sigue abierta en un proceso “tenaz y meticuloso”, según el delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán.

Lo que parecía el suicidio de una mujer de 53 años en un barranco en Colungo, cerca de Barbastro (Huesca), ha terminado por ser un presunto asesinato machista. La víctima desapareció a mediados de enero en la localidad oscense y hasta este lunes no se había dado a conocer su muerte. El pasado viernes la Guardia Civil detuvo a dos personas: su actual pareja, Juan Julián S. S., y su marido, Carlos Víctor S. A. Ambos han pasado a disposición judicial este lunes: por la tarde, la jueza ha decretado la prisión comunicada y sin fianza para el primero de ellos y la libertad provisional para el segundo.

El cuerpo apareció en el barranco de Las Palomeras de Colungo, bajo el puente situado sobre la carretera A-2205, y la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) inició una investigación para esclarecer los hechos el pasado 18 de enero. La víctima es María Paloma Bardají, cuya desaparición se había denunciado un día antes, hace casi dos meses. Las valoraciones médico-forenses llevaron a la conclusión de que la muerte podría haberse producido de forma violenta.

En la mañana de este lunes tres hombres han pasado a disposición judicial ante la jueza de la plaza nº 2 del Tribunal de Instancia de Barbastro. Los tres han comparecido en calidad de investigados –dos de ellos detenidos por la Guardia Civil–, por su presunta vinculación con el asesinato machista.

La jueza de la plaza nº 2 –sección de instrucción– del Tribunal de Instancia de Barbastro, María Pilar Guillén, ha dictado por la tarde auto de prisión provisional comunicada y sin fianza para Juan Julián S.S. como posible autor de un delito de asesinato y otro de apropiación indebida o administración desleal. En su resolución expresa la instructora que “las diligencias de investigación practicadas hasta el momento permiten apreciar indicios racionales de criminalidad de notable consistencia”. En el mismo auto decreta para este investigado una orden de alejamiento prohibiéndole acercarse a José B. B., tío de la víctima, a menos de 200 metros y comunicarse con él por cualquier medio “debido a la situación de especial vulnerabilidad de este y a los indicios existentes de un posible aprovechamiento patrimonial por parte del investigado”.

El segundo de los investigados (el marido), Carlos Víctor S. A., ha quedado en libertad provisional, con la obligación de comparecer ante el órgano judicial los días 1 y 15 de cada mes y cuantas veces fuera llamado. Se le prohíbe la salida del territorio nacional y se le obliga a entregar su pasaporte. Carlos mantiene su condición de investigado en la causa como posible autor de un delito de asesinato.

Al tercer compareciente de esta mañana la jueza le ha retirado la condición de investigado y el hombre ha quedado en libertad sin cargos. Junto a ellos la juez también ha tomado declaración esta mañana a tres testigos.

Relación sentimental

La investigación judicial se abrió el mismo 18 de enero. Tras identificarse a la víctima, se constató que la mujer mantenía una relación sentimental con el investigado, Juan Julián S. S. Paralelamente se detectaron movimientos bancarios realizados por esta persona desde las cuentas de la víctima y de las de un tío de ella hacia las cuentas de la pareja. Las investigaciones realizadas desvelaron indicios de un posible vaciado y desvío de fondos en beneficio de Juan Julián S. S.

La jueza valora también en su auto que el tío de la víctima, José B. B., de edad avanzada, se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad y dependencia, circunstancias que podrían haber sido aprovechadas por el investigado para la obtención de un poder notarial cuya legalidad es cuestionada en un informe adjuntado a la causa

Según ha confirmado el Ministerio de Igualdad, con este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 13 en 2026 y a 1.356 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La investigación de las personas detenidas es por delito de asesinato en el marco de un delito por Violencia de Género, donde el autor material sería uno de ellos. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha expresado su consternación ante la información que apunta a un posible asesinato machista en la provincia de Huesca y por el que dos personas han pasado este lunes a disposición judicial en el marco de la investigación abierta por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca. “La violencia machista sigue golpeándonos como sociedad y debemos redoblar esfuerzos para erradicarla”, ha instado Azcón en una publicación de su cuenta en la red social X. “Todo mi cariño y mi más sentido pésame para la familia de la víctima”, ha concluido su mensaje.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su más “rotunda condena” y su “absoluto rechazo” ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada piden que se lleven a cabo todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempoy evitar más muertes por este tipo de violencia. La Delegación del Gobierno en Aragón y las tres subdelegaciones provinciales han convocado un minuto de silencio este martes a las 09:30.