El opaco acuerdo anunciado el pasado fin de semana por Donald Trump para dar acceso privilegiado a Estados Unidos al petróleo de Venezuela tiene derivadas españolas. Una es el impacto que puede tener para Repsol el nuevo panorama energético que se abre en ese país; otra, el relevante papel que se atribuye en la operación al controvertido magnate local Alejandro Betancourt, investigado por un presunto desfalco multimillonario en la petrolera estatal PDVSA y con importantes intereses económicos en España.

No está claro si Repsol formará parte de lo que Trump define como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, sin “coste alguno para el contribuyente estadounidense”, según el actual inquilino de la Casa Blanca. Del pacto, muy criticado por la oposición venezolana, se conocen solo algunas grandes cifras: EEUU tendrá el control mayoritario de 17 yacimientos no identificados que representan más de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano, un 21,7% de los 300.000 millones de barriles estimados en el país, que tiene las mayores reservas de crudo del planeta.

Se desconoce qué empresas participarán, cuáles serán exactamente los campos incluidos ni de qué forma EEUU ejercerá ese “control mayoritario”. Tampoco se sabe quién o quienes asumirán las inversiones necesarias y cómo se desglosará la participación de Estados Unidos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha asegurado que el acuerdo supondrá 209.000 millones de dólares en impuestos y 100.000 millones de inversión para poner al día la maltrecha infraestructura petrolera del país, que mantendrá la “soberanía sobre sus recursos”.

El pasado sábado, la sustituta de Nicolás Maduro, encarcelado desde enero por EEUU, aseguró que tendrá una vigencia de 25 años y permitirá elevar la producción del país por encima de 1,5 millones de barriles diarios, frente a los 1,2 millones actuales. “Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol, Eni, Shell o BP, entre otras. Queremos ser una potencia energética”, aseguró Rodríguez.

La española, que no comenta el posible impacto del acuerdo anunciado por Trump, llegó a revalorizarse este lunes más de un 3% y lideró las subidas en el Ibex con un alza del 2,6%, impulsada por la cotización del Brent. El petróleo de referencia para Europa llegó a superar los 90 dólares durante la sesión tras reanudarse los ataques entre EEUU e Irán por primera vez desde julio, en una tendencia que, unida al encarecimiento del gas o el euríbor, ha propiciado la cuesta de septiembre más dura en años en España.

Repsol, que es la compañía más alcista del Ibex este 2026 (sus acciones han repuntado más de un 80%), catapultada por la crisis en Oriente Medio y su impacto en los precios energéticos, recuperó en abril el control de sus operaciones petroleras en Venezuela. En junio firmó un acuerdo de intenciones con el Ministerio de Hidrocarburos y la estatal PDVSA para analizar la posibilidad de explorar y desarrollar Horcón, una nueva zona petrolífera situada al sureste del lago de Maracaibo con “grandes expectativas”, según dijo en julio a los analistas el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.

En enero, días después del secuestro del anterior presidente venezolano, Imaz trasladó a Trump en un encuentro en la Casa Blanca que la compañía estaba preparada para invertir de manera significativa en Venezuela. Repsol asegura que puede triplicar su producción de hidrocarburos en el país caribeño en tres años, hasta los 135.000 barriles diarios, con un incremento de la producción bruta de petróleo en un año y un aumento del 10% en la producción de gas, si se dan las condiciones adecuadas, y utilizando los ingresos que se obtengan en el país (el pago en especie con cargamentos por la producción).

En mayo Repsol recibió el primer cargamento de gas procedente de Venezuela al amparo de las nuevas licencias de exportación de EEUU y del marco acordado con el gobierno venezolano, vinculado a la producción de gas del yacimiento Cardón, y prevé cuatro cargamentos adicionales para 2026: uno destinado a financiar la inversión necesaria para aumentar la producción de gas [clave para la generación eléctrica en el país] en aproximadamente un 10%, y otros tres para monetizar la producción actual.

La multinacional española opera en Venezuela desde 1993. Produce gas en el activo Cardón IV, operado al 50% con la italiana Eni, que se destina exclusivamente para uso interno en el país: proporciona más del 30% del suministro de gas de Venezuela, y sirve para abastecer las plantas de generación de energía eléctrica del país. También produce petróleo, con una producción bruta aproximada de 45.000 barriles diarios, principalmente en el activo Petroquiriquire, cuya propiedad es 60% PDVSA y 40% Repsol.

La petrolera española lleva años intentando cobrar una millonaria deuda en Venezuela. A junio, las cuentas comerciales pendientes de PDVSA con Repsol alcanzaban 4.080 millones, de los que 3.295 millones permanecen provisionados, mientras que la financiación concedida asciende a otros 1.036 millones, con provisiones de 622 millones.

El polémico 'bolichico'

En el acuerdo entre Caracas y Washington sí se da por descontada la participación de Alejandro Betancourt, uno de los principales exponentes de los denominados 'bolichicos', la generación de empresarios venezolanos con conexiones políticas que se hicieron multimillonarios con Hugo Chávez, y que en España tiene una investigación abierta en la Audiencia Nacional por blanqueo.

Conocido por ser el principal accionista de Hawkers, multinacional de gafas de sol fundada en Alicante y presente en una veintena de países, a Betancourt, de 46 años, se le acusa, junto con sus socios, de haber sobornado a tres funcionarios de la petrolera estatal venezolana con 42 millones de dólares para defraudar supuestamente 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo. Ese dinero, según pretende demostrar la justicia española, acabó regado en empresas, inversiones e inmuebles de lujo en España.

Entre 2009 y 2011, en época de Chávez, y a través de una empresa sin experiencia previa, Derwick Associates, Betancourt se llevó al menos 11 contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares para construir plantas eléctricas en plena emergencia energética en el país. El sobreprecio de los contratos, según Transparencia Venezuela, rondó los 2.900 millones de dólares. Varias de esas plantas nunca funcionaron como se prometió. Gran parte del país vive todavía hoy a oscuras y sin electricidad varias horas al día.

Hace unos meses, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez Santiago Pedraz a reabrir la investigación contra Betancourt que el magistrado había archivado en marzo al concluir que los hechos ya habían sido enjuiciados en Venezuela. Esa causa deriva de otra abierta en Suiza por blanqueo de capitales, que a su vez proviene de una investigación en Estados Unidos donde sus supuestos cómplices ya fueron condenados.

Hasta mayo de este año, Betancourt tenía prohibido abandonar el Reino Unido (donde está afincado hace años) mientras peleaba para evitar una petición de extradición de Suiza. El Washington Post reveló el pasado jueves que altos funcionarios estadounidenses intervinieron directamente para resolver la causa penal suiza contra él sin que enfrentara cargos y levantar las restricciones de movimiento que le mantenían encerrado en sus dos mansiones en Reino Unido.

Diversos medios han señalado a Betancourt como pieza clave entre las negociaciones entre EEUU y Venezuela para lo que Financial Times definía este lunes como un “inusual” acuerdo que puede convertir a este empresario en el “virrey” petrolero de Trump en el país caribeño a través de su empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), de la que el gobierno estadounidense va a tomar un 35% del capital, según The Wall Street Journal.

Esta compañía, con sede en Barbados, fue cofundada en 2024 por Betancourt y Harry Sargeant III, un magnate energético de Florida y donante republicano. NABEP es uno de los principales operadores privado del sector petrolero en Venezuela. Hace unos días, anunció el fichaje como nueva responsable legal de Sara Chouraqui, ex jefa de la división de fraude y corrupción de la Serious Fraud Office británica.

Además de por su paquete en Hawkers, en España Betancourt es conocido por haber estado vinculado a Auro New Transport, una de las principales compañías propietarias de licencias VTC, de la que fue fundador y Uber compró el 30% en 2025 en una operación que se ha cifrado en más de 200 millones de euros. El denominado virrey petrolero de Trump en Venezuela también fue uno de los socios fundadores del Banco de Dakar, impulsado por Alberto Cortina y otros multimillonarios españoles hace más de una década. Betancourt invirtió asimismo en Playtomic, una plataforma digital para organizar partidos de pádel; en la empresa de pagos digitales Easy Payment Gateway o en la web de búsqueda de empleo Jobandtalent.

Entre sus propiedades inmobiliarias más conocidas en España figura la finca de El Alamín, en Toledo, que cuenta con un castillo y una superficie de 1.400 hectáreas, y que en su día fue subastada por unos 24 millones tras ser expropiada al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, dueño entonces de la quebrada Viajes Marsans.

En 2014 Betancourt un juez de Nueva York absolvió a Betancourt de las acusaciones de corrupción que había formulado un ex alto diplomático estadounidense contra él y otro empresario venezolano, Francisco D'Agostino, cuñado de Luis Alfonso de Borbón, el bisnieto más conocido del dictador Francisco Franco. Últimamente D'Agostino se dedica a promover corridas de toros en Mallorca.

CCOO Ciudad Real ha celebrado un homenaje a las víctimas del accidente en la refinería de Repsol Puertollano del 14 de agosto de 2003 que causó la muerte de nueve trabajadores, hiriendo a otros 10. Un accidente que provocó un cambio en las normas de prevención de riesgos laborales del sector industrial español.

La secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, ha recordado a Mariano, Josep, Roberto, Gil Remigio, Luis, Jesús Ángel, Juan Carlos, Juan de Dios y Tomas, los nueve trabajadores a cuyas familias rotas “volvemos a abrazar hoy con todo nuestro afecto, respeto y memoria sindical”.

Siete muertos este año hasta junio en accidente laboral

La dirigente ha aprovechado para recordar que en el primer semestre del año se han producido en la provincia de Ciudad Real un total de 2.305 accidentes laborales, según ha informado la central sindical.

“Entre enero y junio ya son siete los fallecidos y las familias destrozadas frente a los dos siniestros mortales del pasado año por estas fechas, es intolerable” Serrano ha exigido un cambio de actitud en la patronal “que tiene que dejar de preocuparse de lo que cuestan las bajas y garantizar que sus puestos de trabajo en sus empresas sean seguros”.

“Menos lamentarse por las bajas médicas y más invertir en prevención - ha dicho - porque el ahorro de seguridad para recortar costes termina cobrándose vidas humanas”, ha afirmado, exigiendo la aprobación inmediata, y entrada en vigor, de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

“Mantener la lucha diaria para proteger a quienes hoy están a pie de tajo es el mejor homenaje a los nueve trabajadores de Repsol” ha dicho. “De ahí que la mejor forma de rendirles homenaje sea conquistar derechos como se ha hecho en la reciente huelga del metal ”gracias a la movilización“, ha añadido.

Por último ha hecho mención especial, en estas fechas, a los bomberos y bomberas forestales de GEACAM que arriesgan su vida para salvar las de los demás. “Es inaceptable que estén defendiendo nuestros montes, nuestros pueblos y casas en condiciones límite, sin que se respeten descansos, con retenes mermados y con 120 vacantes sin cubrir solo en en nuestra provincia”, ha concluido.

El precio de los caraburantes se disparó en plena operación salida y continúa durante la operación retorno: ya se acerca a los máximos de 2026. Los datos muestran las cifras actuales, después de que el Gobierno se haya visto obligado a reactivar las rebajas del combustible por la subida del último mes. Así, la rebaja volverá a ser de 20 céntimos por litro en septiembre en lugar de los 5 céntimos previstos para el gasóleo, mientras que la gasolina mantendrá la rebaja prevista.

Las cifras del mapa anterior provienen de los datos remitidos por más de 12.000 estaciones de servicio españolas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se actualizan cada media hora y permiten conocer cómo están evolucionando los precios de los carburantes en todo el país.

En el siguiente gráfico puedes ver cómo evoluciona el promedio del precio del diésel y la gasolina 95 en todas las gasolineras de España.

En el mapa puedes ver los datos en tiempo real con las últimas cifras remitidas por cada estación. El siguiente gráfico te muestra además la brecha de precio medio del diésel en cada provincia, según los últimos datos disponibles:

¿Sabes cuánto cuesta la gasolina en las estaciones de servicio de tu municipio? Busca tu localidad o provincia y descubre cuáles son los establecimientos que venden el combustible más caro y más barato en tu zona.

La evolución de los precios energéticos durante este año ha estado marcada por fuertes oscilaciones, entre ellas las provocadas por la guerra en Irán, con el encarecimiento de los carburantes como una de las principales preocupaciones económicas. Ante esta situación, el Real Decreto-ley 18/2026 contempla una serie de medidas para contener el impacto de la subida de los precios.

Ahora, el Gobierno ha activado las rebajas fiscales ante el aumento de más del 15% de los precios del gasóleo, con el objetivo de reducir el impacto de la subida de los carburantes sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Repsol obtuvo un beneficio neto de 2.201 millones de euros hasta junio, un 265 % más que en el mismo periodo del año anterior, por el efecto patrimonial positivo que refleja la subida de los precios del crudo y derivados sobre el valor contable de las existencias almacenadas.

Con estos beneficios, la compañía supera en solo un semestre los beneficios de todo el 2025 o 2024, años en los que no alcanzó los 2.000 millones. Además, encarrila una posible superación de su récord de 2022, cuando cerró el año con más de 4.000 millones de beneficio.

Según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su resultado neto ajustado, que mide el desempeño de los negocios, ascendió a 2.711 millones, un 134,7 % más en comparativa interanual, en un contexto global volátil y con tensiones en los mercados energéticos fruto de la guerra en Irán.

En su informe de resultados, la multinacional atribuye el avance de su resultado neto a un efecto patrimonial positivo de 823 millones, a diferencia de cuanto sucedió en el primer semestre de 2025, cuando fue desfavorable en 400 millones por la caída de los precios de crudo y productos, y el impacto del apagón peninsular.

En mitad de la incertidumbre geopolítica, Repsol -que no cuenta con activos en Oriente Medio- ha trabajado para asegurar la continuidad del abastecimiento energético en un momento clave para el turismo español, frente al riesgo de una posible escasez de diésel y queroseno, este último empleado en aviación.

“El conflicto en Irán ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad de suministro y el papel esencial del petróleo y el gas para responder a la demanda global”, sostiene el consejero delegado de la energética española, Josu Jon Imaz, en la nota.

En total, la compañía ha destinado 2.400 millones en estos primeros seis meses del año para incrementar sus inventarios y maximizar la materia prima disponible en sus refinerías.

Áreas

Por áreas, el resultado neto ajustado de exploración y producción ('upstream') alcanzó los 673 millones entre enero y junio, un 6,7 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El resultado neto ajustado de industrial fue de 1.683 millones, impulsado por los mayores márgenes de refino, lo que contrasta con los 235 millones del mismo periodo de 2025, impactados negativamente por los apagones eléctricos del ejercicio.

El área de cliente mantuvo su tendencia de crecimiento, con un incremento interanual del 5,1 %, a 369 millones en el semestre, mientras que generación baja en carbono registró un resultado neto ajustado de 6 millones.

En esta primera mitad de 2026, Repsol ha registrado deterioros y provisiones por valor de 1.333 millones, principalmente en el negocio de química y en generación baja en carbono en Chile.

En química, el encarecimiento de las materias primas y la contracción de la oferta por el conflicto en Oriente Medio han agravado la sobrecapacidad y la pérdida de competitividad de esta industria en Europa, y han erosionado los márgenes del negocio.

La deuda neta era de 3.667 millones al cierre del segundo trimestre, 1.133 millones inferior a la registrada hasta marzo, por una sólida generación de caja y la desconsolidación de deuda procedente del acuerdo con la emiratí Masdar para su entrada con un 49,99 % en una cartera renovable en operación en España.

Durante el semestre, la compañía ha realizado una contribución fiscal total de 6.602 millones entre tributos y cargas públicas asimilables, de los cuales el 70 % (4.632 millones), en España.

Más clientes

Entre marzo y junio, Repsol ha incorporado 116.000 nuevos clientes de electricidad y gas, alcanzando los 3,3 millones, un 18 % más en comparativa interanual.

La potencia comercializada por ha crecido un 31 %, a 5.094 gigavatios hora (GWh). Asimismo, el número de clientes digitales ha alcanzado los 11,6 millones al final del semestre, un 15 % más, principalmente en Waylet, su aplicación móvil.

Tras los abonos de enero y julio, la retribución total al accionista se sitúa en 1,051 euros brutos/acción en el año, un 8 % más. A este importe se sumará un pago en enero de 2027 de otros 0,53 euros brutos/acción.

Cuatro barcos de crudo de Venezuela

La energética española Repsol prevé recibir cuatro barcos con crudo procedente de Venezuela en lo que queda de año, de los cuales uno servirá para financiar el 10 % del incremento de la producción de gas y tres, para monetizar la producción actual.

Se sumarán al primer barco que llegó a España el pasado mayo como pago por el gas que Repsol produce en el activo Cardón IV -operado de forma conjunta con la italiana ENI y que sirve para abastecer a las plantas de generación eléctrica del país sudamericano-, según ha informado la compañía en la nota de sus resultados semestrales.

Hasta junio, la producción en Venezuela se ha mantenido en línea con la registrada en el mismo periodo de 2025, y ni los activos ni los empleados de la energética española se han visto afectados por el terremoto que ha asolado el país y que ha llevado a la compañía a movilizar aviones y gestionar contenedores con ayuda.

Para este ejercicio y en el conjunto del grupo, Repsol prevé alcanzar una producción neta global de entre 560.000 y 570.000 barriles equivalentes de petróleo al día (bepd). De hecho, en las primeras semanas de julio, se han superado los 580.000 bepd.

Exposición patrimonial y provisiones

De acuerdo con el anexo del informe financiero remitido al mercado, la exposición patrimonial total de Repsol allí asciende a 361 millones de euros a cierre de este junio -frente a los 276 millones a 31 de diciembre de 2025-, e incluye las cuentas a cobrar con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En total, como deuda pendiente de cobro (incluyendo intereses de mora, totalmente provisionados), existen cuentas comerciales con PDVSA por 4.080 millones de euros (las provisiones son de 3.295 millones) y financiación otorgada por importe de 1.036 millones (provisiones de 622 millones).

En el marco de la licencia general emitida por la Administración estadounidense, Repsol ha firmado en el semestre tres acuerdos con el gobierno venezolano y PDVSA para aumentar la producción de gas natural y de petróleo.

El Ayuntamiento de Telde no tendrá que pagarle a Repsol la indemnización que la petrolera reclamaba por la clausura de una gasolinera en el barrio de Las Remudas en 2015. El consistorio emitió este martes un eufórico comunicado por haberse ahorrado 2.483.833 euros tras una sentencia del Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo) número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que además condena a Repsol al pago de las costas procesales con un límite de 3.500 euros.

La sentencia es de primera instancia, lo que significa que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, extremo que no recoge el comunicado del Ayuntamiento de Telde, que sí explica que el fallo, firmado por la magistrada Esperanza Ramírez Eugenio, no entra en el fondo del asunto, es decir, en los motivos por los que Repsol recurrió ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sino que se rechazan las pretensiones de la petrolera por haber presentado su recurso fuera de plazo.

Lo explica el comunicado emitido este martes por el consistorio teldense: “La magistrada concluye que la reclamación fue presentada fuera del plazo legal de un año previsto para este tipo de acciones. La resolución considera que el acto que originó el eventual daño fue el decreto municipal de 4 de julio de 2014, que ordenó el cese de la actividad y la demolición de las instalaciones, y no el posterior precinto ejecutado en marzo de 2015. En consecuencia, entiende que cuando Repsol formuló la reclamación de responsabilidad patrimonial, el derecho ya había prescrito, por lo que confirma la legalidad de la actuación municipal y desestima íntegramente la demanda”.

Esa explicación no ha sido obstáculo para que el grupo de gobierno haya mostrado una indisimulada satisfacción por la resolución judicial, haya felicitado a la Concejalía de Asesoría Jurídica y a los Servicios Jurídicos municipales “por el trabajo desarrollado durante todo el procedimiento” y el alcalde de la ciudad se haya manifestado proclamando que “la resolución refuerza la seguridad jurídica de la actuación municipal y acredita que el Ayuntamiento actúa conforme al ordenamiento jurídico. Nuestra obligación es defender siempre el interés general y proteger los recursos públicos, y este fallo confirma que esa defensa se ha realizado con rigor y responsabilidad”, ha transmitido a través de un comunicado. 

El Ayuntamiento ha recordado este martes que “la sentencia pone fin, en primera instancia, a un procedimiento ordinario iniciado en 2024 en el que Repsol pretendía que el Ayuntamiento asumiera el coste económico derivado del cierre de una estación de servicio cuya licencia de obras y de actividad había sido anulada años antes por los tribunales al apreciarse defectos en su tramitación administrativa. Tras aquella anulación, el Ayuntamiento ordenó el cese de la actividad, y, ante el incumplimiento de esa orden, procedió posteriormente al precinto de las instalaciones”. 

La petrolera reclamaba ante la justicia que se declararan nulos los decretos municipales que rechazaron su reclamación de responsabilidad patrimonial y que el Ayuntamiento fuera condenado a una indemnizarla con 2,48 millones de euros, más los intereses y la actualización correspondiente, por los perjuicios que, a su entender, le ocasionó el cierre de la gasolinera y de sus instalaciones complementarias tras la anulación judicial de las licencias urbanísticas y de actividad.

Las grandes energéticas españolas han vendido en el último lustro activos de energías renovables en todo el mundo (fotovoltaica, eólica e hidráulica) por más de 12 gigavatios (GW) de potencia, equivalente a una docena de reactores nucleares. Con ello han ingresado más de 15.000 millones de euros, aunque el importe de algunas operaciones no es público.

Esta estrategia de rotación de activos (en muchos casos, participaciones minoritarias) busca reducir riesgo, liberar capital, controlar la deuda y financiar nuevas inversiones, en un momento en el que las grandes eléctricas están frenando inversiones millonarias en renovables para lanzarse a invertir en redes y aprovechar la esperada electrificación de la economía.

La tendencia se ha acelerado en los últimos dos años, con la rentabilidad de muchas plantas bajo creciente presión y las energías limpias en el punto de mira de la ola reaccionaria en países como Estados Unidos.

En España, la demanda eléctrica no termina de remontar y a la espera de que despegue el almacenamiento, se están multiplicando los precios cero o negativos en el mercado mayorista, especialmente en los momentos de más sol. Los hogares españoles se han ahorrado en su factura eléctrica 10 euros al mes en la crisis energética por el cierre del estrecho de Ormuz gracias a las renovables, pero el sector se está viendo muy penalizado. En especial, plantas fotovoltaicas, sobre todo las más recientes, que muchas veces carecen de un suelo de precio aunque tengan su energía comprometida con contratos bilaterales (conocidos como PPAs).

La más activa en la venta parcial o total de proyectos ha sido Iberdrola. La mayor eléctrica europea, pionera en renovables y uno de los líderes mundiales del sector, cerró 2025 con un aumento del 3,8% en su potencia verde instalada (el menor desde 2018), hasta 46,1 GW. Desde 2021 se ha desprendido de más de 5 GW en unas veinte transacciones.

Destaca la venta, en abril, de 1.232 megavatios (MW) eólicos y fotovoltaicos en México a Cox, de Enrique Riquelme, rival de Florentino Pérez en las recientes elecciones a la presidencia del Real Madrid. La transacción, de 4.000 millones de dólares (unos 3.400 millones de euros), incluyó 1.368 MW de ciclos combinados y cogeneración.

En los últimos años Iberdrola ha cerrado alianzas con grandes inversores institucionales para compartir la propiedad de estos activos. En España, tiene junto a la aseguradora Mapfre unos 450 MW fotovoltaicos y eólicos. En enero de 2023 se alió con el fondo soberano de Noruega (Norges Bank), el mayor del mundo, para invertir más de 2.000 millones en la Península, con una cartera de 2,5 GW.

La alianza más significativa es la que tiene con Masdar, fondo soberano de Abu Dhabi protagonista de varias operaciones, con el que anunció en diciembre de 2023 (en el marco de la COP28) un acuerdo para coinvertir 15.000 millones en el desarrollo de proyectos de eólica marina e hidrógeno verde en mercados clave como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, con el compromiso de triplicar la capacidad renovable a 2030.

Hasta ahora, los acuerdos con el fondo emiratí se han limitado a eólica marina. En junio de 2025, pactaron coinvertir 5.200 millones al 50% en el megaparque East Anglia 3 (1,4 GW), frente a la costa de Suffolk (Reino Unido), la mayor inversión de la década en esta tecnología. En julio de 2023 pactaron destinar 1.600 millones a Baltic Eagle (476 MW), en Alemania. Masdar se baraja como posible comprador del 49% de East Anglia 2 (960 MW), valorado en 5.000 millones, para el que Iberdrola busca socio. En la primera fase (East Anglia 1) se asoció en 2019 con el fondo Macquarie.

En el Báltico alemán, la multinacional vasca ha vendido en los últimos años el 49% de otros dos complejos eólicos marinos: en Wikinger, inaugurado en 2018 (350 MW), dio entrada en septiembre de 2022 a Energy Infraestructure Partners (EIP) por 700 millones; y en Windaker (315 MW), a la japonesa Kansai por 627 millones en diciembre de 2024. En EEUU, acaba de culminar junto al fondo Copenhagen Infrastructure Partners su primer complejo con esta tecnología allí, Vineyard Wind (806 MW), que Donald Trump ha intentado torpedear. Y ha vendido a Dominion Energy el arrendamiento del suelo del futuro parque eólico offshore Kitty Hawk North, que prevé 800 MW en su primera fase.

En febrero de este año, Iberdrola vendió sus activos terrestres en Francia (118 MW eólicos y una cartera renovable de 639) al grupo Technique Solaire; recientemente se ha desprendido de su negocio en Hungría (158 MW) y cerca de 700 MW hidroeléctricos en Brasil, Austria y España. Hacia 2023 vendió el 49% de dos fotovoltaicas de 100 MW en Extremadura a la gestora Aleph, de la familia Botín.

La caja resultante financiará la gran apuesta de los últimos años, las redes de transporte y distribución: en la última actualización del plan estratégico de Iberdrola (de septiembre pasado) concentran el 65% de los 58.000 millones que prevé invertir hasta 2028.

A la mitad

Por su parte, Repsol parte de una posición mucho más rezagada en renovables. Este año, la petrolera ha recortado a la mitad, hasta 10 GW (ahora tiene 6 GW) el objetivo de potencia para 2030 que fijó su Plan Estratégico 2021-2025. En 2022, tras vender a EIP y Crédit Agricole Assurances un 25% de Repsol Renovables (operación que valoró el 100% de ese negocio en 4.383 millones), pagó 560 millones por Asterion Energies, con una cartera de 7,7 GW en España, Italia y Francia. La energética, que entonces tenía solo 1,6 GW verdes instalados, estaba en posición compradora y en septiembre de 2023 pagó 715 millones por Connect Gen, con 20 GW en proyectos eólicos, solares y de almacenamiento en EEUU.

Ahora Repsol suma ya ocho rotaciones de activos renovables por 3.850 MW en España y EEUU. Acaba de vender a Masdar por unos 150 millones el 49,99% de una cartera en España con 705 MW eólicos y fotovoltaicos que entraron en funcionamiento en 2025 y el primer trimestre de 2026, más 500 MW de posibles proyectos de hibridación (eólica, solar y almacenamiento en baterías). La transacción recortará su deuda neta en 700 millones y no tendrá impacto “significativo” en resultados, según el grupo.

Se suma a la venta a Stonepeak, en abril de 2025, del 46,3% de una cartera de 777 MW solares y de almacenamiento en EEUU, incluyendo su mayor fotovoltaica hasta entonces, Frye, en Texas (632 MW); y tres operaciones con Pontegadea (de Amancio Ortega) entre 2021 y 2023: 635 millones por el 49% de 1.100 MW fotovoltaicos y eólicos en España.

Posible exclusión

En este goteo de operaciones destaca también Acciona, que analiza la posible venta parcial o total de la división de energía que sacó a cotizar hace cinco años. Ahora estudia excluirla de Bolsa, como hizo Iberdrola en 2011 con su filial de renovables tras sacarla a cotizar en 2007. La de Acciona vale actualmente unos 7.500 millones, frente a los más de 14.000 millones que llegó a alcanzar en 2022, con el gas en niveles estratosféricos tras la invasión de Ucrania.

El grupo de la familia Entrecanales cerró 2025 con 14,6 GW renovables instalados, un 4,9% menos. Desde 2024 se ha desprendido de casi 2,7 GW de capacidad renovable en España, Perú, Costa Rica, Sudáfrica, Estados Unidos y México, por casi 3.300 millones.

Destaca la venta, a finales del año pasado, a Mexico Infrastructure Partners (MIP), del 49% de su cartera fotovoltaica de 1,3 GW en EEUU y dos parques eólicos en México con 321 MW, por unos 855 millones; trece parques eólicos con 440 MW en España (con 351 MW potenciales de hibridación) que vendió hace un año a OPDE por 530 millones; y la venta en 2025 de su negocio hidráulico (626 MW) en España por 1.000 millones, con casi 500 millones de plusvalías.

La compradora de esa cartera fue Endesa, que tiene unos 11,3 GW renovables. La filial del grupo semipúblico italiano Enel, antaño socio de Acciona en la antigua eléctrica pública española, ha protagonizado dos grandes operaciones con Masdar. En julio de 2024 Endesa vendió al fondo emiratí el 49,99% de EGPE Solar, que agrupaba sus plantas fotovoltaicas en operación (unos 2 GW), por 817 millones. La transacción incluyó un PPA para vender toda la energía generada por un plazo de 15 años y “una posible hibridación futura” de almacenamiento por hasta 0,5 GW adicionales.

Masdar y Endesa firmaron entonces un acuerdo no vinculante para explorar una potencial alianza dirigida al desarrollo conjunto de proyectos de generación renovable en España. El año pasado el emirato compró a la eléctrica otro 49,99% de cuatro fotovoltaicas con 446 MW por 184 millones.

Por último, Naturgy formalizó en julio de 2025, por un importe que no desveló, la venta de una cartera de nueve proyectos fotovoltaicos y de baterías en Estados Unidos, según recogía el informe anual de 2025 de la energética. El documento advertía de incertidumbres regulatorias tras la llegada de Trump, con “un giro en la política energética nacional orientada a la protección de la generación convencional y la relajación en los compromisos del país en la lucha contra el cambio climático”.

El grupo ha reclasificado como “disponibles para la venta” sus activos renovables en Chile. Allí opera el parque eólico Cabo Leones II (206 MW) y la fotovoltaica San Pedro (106 MW), ambos en el desierto de Atacama. Naturgy anunció en julio de 2021 un ambicioso plan de crecimiento en renovables: pasar de 5 GW operativos en ese momento a “más de 14 GW” en diciembre de 2025. El plan no se ha cumplido: el pasado ejercicio tenía 8,1 GW verdes instalados (de ellos, 5,7 GW en España).

Este verano los famosos convierten en Soletes esos sitios asequibles que recomendarían a un amigo. Actores como Javier Gutiérrez, Leonor Watling, Irene Escolar, Tamar Novas, Natalia de Molina, Fele Martínez o Marta Hazas; y músicos como Fangoria, Viva Suecia, Los Secretos, Alcalá Norte, Siloé, Kase O, Niña Polaca o Florent de Los Planetas son algunos de los recomendadores.

Decenas de personalidades relevantes han propuesto más de 250 Soletes, de los cuales dos se encuentran en Castilla-La Mancha. El grupo Fangoria ha seleccionado el restaurante de carretera Los Chopos, en la localidad albaceteña de La Gineta, y el humorista José Mota aconseja comer en La Plaza, en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).

Los Chopos, situado en el kiómetro 55, de la A-31 hacia Alicante se presenta como un lugar en el que parar a picar algo, donde comer en su restaurante o incluso elegir uno de sus salones para celebraciones.

La Plaza se sitúa como su nombre indica, en la Plaza Mayor de esta localidad manchega, con una amplia terraza y una carta pegada a la tierra.

Según ha señalado la organización, la Entrega de Soletes de los Famosos se ha celebrado en El Cortijo La Loma, en La Isleta del Moro dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar el lunes 22 de junio, un enclave muy frecuentado por famosos en busca de desconexión y privacidad.

Antonio Resines tomando un salpicón junto al Cantábrico en la terraza de Joseín (Comillas) y Toni Acosta bañando las papas arrugadas con mojo picón en Casa África, frente a la playa de El Roque de las Bodegas, en Taganana, al norte de Tenerife. Isabel Coixet pidiendo un honey don’t cry al bartender de Oblicuo, la coctelería con sonido de alta fidelidad, en Barcelona, y la banda Alcalá Norte atacando una hamburguesa en Crítico, sin salir de su barrio madrileño de Ciudad Lineal.

Los lugares cerca del mar que desvelan los famosos no pueden ser más apetecibles: a Silvia Abril le encanta Punta Roca by Tibu-Ron, en Castelldefels, porque se come “muy rico casi con los pies en el agua”; la escritora Elvira Lindo sugiere la paella del chiringuito de su pueblo (Ademuz, Valencia); la actriz Clara Alvarado nos lleva a la costa asturiana, a Playa Madre en Caravia; el grupo argentino Miranda! recomienda la cocina vasca frente a la costa alicantina de Lorea; y la escritora Lana Corujo apuesta por la terraza de La Raspa, en Arrecife (Lanzarote).

“Todos buscamos sitios agradables y asequibles en los que relajarnos y gozar de las vacaciones, igual que los personajes del mundo de la cultura que con generosidad nos han revelado sus lugares favoritos. Además, han querido poner en valor esos pequeños negocios en los que se trabaja con ganas para hacernos desconectar y que tanto se merecen un reconocimiento” dice María Ritter, directora de Guía Repsol.

Más de 250 Soletes repartidos por todas las comunidades para seguir la incesante actividad de cada famoso. Donde paran en carretera durante las giras, toman algo después de ensayar o comen con el equipo en parajes increíbles durante los rodajes. 

Sin embargo, cuando cogen vacaciones, muchos eligen el sur: los atardeceres y el pescado de La Loma, en Chiclana de la Frontera, de Carlos Sobera, el pisto con huevo y papas en la playa de El Palmar de Venta Molina, en Vejer de la Frontera, que recomiendan Los Nikis, o Costamarga, en Aguamarga (Almería), donde recala la presentadora Isabel Jiménez.

A los músicos les tiran los chiringuitos con música en directo: Arde Bogotá y el Rockola Summer Club, en La Azohía (Murcia); Pez Limón en la playa de Cabo de la Plata, en Zahara, donde Pablo Carbonell también se anima a coger la guitarra y Sanguijuelas del Guadiana, que solo recomiendan un sitio fuera de su tierra extremeña: O Chiringo en la playa de la Magdalena, en Cedeira (A Coruña). 

También helados

Los helados son un pecado refrescante y muy veraniego. A Leonor Watling y a Irene Escolar les gustan los de Hijos de la Luna, en Santander. Hijos de la Nata, en Barcelona, es la preferida de Carlos Sadness e Isabel Coixet. El favorito del escritor Antonio Muñoz Molina es el de leche merengada en Antigua Lechería (Valencia). El diseñador Modesto Lomba no se resiste a un helado de fruta en No Ni Na (Ayamonte, Huelva), lo mismo que la cantante Marilia Monzón en Heladora la Única (Gáldar Las Palmas).

Para salir de bares en la capital el actor Fele Martínez y el humorista Miguel Maldonado coinciden en el bar Los Tiernos de La Latina, y la presentadora Verónica Dulanto y la actriz Marta Hazas eligen la terraza del Picalagartos, en Gran Vía. La coctelería Marrufo es punto de encuentro de músicos como Niña Polaca, Miss Caffeina y Anni B Sweet. Antonio Carmona se refugia en el Kiosko Moret, en el parque del Oeste y el grupo catalán Dorian siempre vuelve a Barrutia y el 9, en el barrio de Las Salesas. En Zara, la histórica casa de comidas, a la que es asidua Alaska de toda la vida, tienen hasta un plato con su nombre.

Algo parecido sucede en Barcelona, donde la ruta empezaría desayunando en Flor de Gràcia con la actriz Natalia de Molina; continuaría con un vino de Zim en el Gòtic, pista de Axel Pi, de Sidonie; comiendo en Els 4 Gats como Elefantes; y terminaría con una focaccia en Il Palato de El Clot, siguiendo las indicaciones del periodista gastronómico Mikel López Iturriaga.

Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo.

Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Ya son más de 5.000 las cafeterías, bares, restaurantes, puestos de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas que lucen en la puerta su distintivo amarillo.

La calificación de los Soletes nació en junio de 2021 para apoyar a la hostelería y reconocer a quienes, durante la pandemia, mantuvieron la alegría cotidiana con gestos tan sencillos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

El Sindicato de Trabajadores (STR) ha presentado una demanda ante el Juzgado de lo Social de Ciudad Real contra la modificación de estructura organizativa “implantada” por la dirección del Complejo Industrial de Repsol Puertollano.

Según informa, la decisión llega después de la finalización de un proceso iniciado por la empresa el pasado mes de marzo, “que se ha desarrollado con escasa transparencia y sin una voluntad real de negociación con la representación de los trabajadores”.

Repsol asegura que no habrá despidos

Por su parte, Repsol ha defendido que su estrategia no implica en ningún modo despidos y dice que responde a una adaptación de su estructura organizativa para adecuar su esquema actual a los retos de transformación industrial del complejo, garantizando la seguridad y la eficiencia, mientras que el personal que ocupa los puestos que se modifican será reubicado a otras posiciones.

No lo ve igual el STR, que asevera que durante todo el proceso manifestaron su oposición a los cambios planteados por la dirección, “advirtiendo reiteradamente de las consecuencias que podrían tener sobre la seguridad de las personas y de las instalaciones”.

Los sindicatos del comité de empresa sostienen que estos cambios supondrán la “eliminación” de 36 puestos de trabajo en el complejo petroquímico de Puertollano, 17 en Fuels, 14 en Materials y cinco en RLESA.

“Llevamos meses trasladando a la empresa nuestra preocupación por una reorganización que entendemos que reduce garantías operativas en un entorno industrial de alta complejidad y no compartimos ni el fondo ni la forma en la que se ha llevado a cabo este proceso”, señalan desde el STR.

El sindicato considera que la dirección ha optado por imponer “unilateralmente” una medida que afecta a la organización del trabajo sin atender las advertencias realizadas por los representantes de los trabajadores. Por ello, ha decidido acudir a los tribunales para que sea la justicia quien determine si esta modificación se ajusta a derecho y si resulta compatible con la realidad operativa y económica del complejo industrial.

“Cuando se agotan las vías de diálogo y negociación, corresponde a los tribunales analizar si las decisiones empresariales cumplen los requisitos legales exigibles. Nuestra obligación es defender la seguridad, las condiciones de trabajo y el interés de la plantilla”, reitera.

El STR asegura que seguirá informando a los trabajadores y trabajadoras sobre la evolución del procedimiento judicial y mantiene su compromiso de actuar “frente a cualquier medida que considere perjudicial para la seguridad industrial o los derechos laborales de la plantilla”.

Las instituciones vascas trabajan en la búsqueda de un sistema que permita mejorar los avisos a la ciudadanía sobre situaciones que, pese a no tener impacto en la salud o el medio ambiente, pueden generar preocupación social. Es el caso de episodios de malos olores o llamas “mayores” en las chimeneas de la refinería de Petronor en Muskiz, según ha explicado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

Zupiria ha comparecido esta semana en el Parlamento Vasco para informar, a petición de EH Bildu, sobre las medidas que tiene previsto adoptar ante las fugas de benceno y otros incidentes registrados en los últimos meses en Petronor. El titular de Seguridad ha explicado que el Gobierno, así como las diputaciones forales y los ayuntamientos de la zona, han coincidido en la necesidad de “darle una vuelta” a la política de comunicación en torno a las situaciones en las que, pese a no tratarse de fugas o emisiones contaminantes peligrosas, puedan producir una cierta preocupación entre la población, informa Europa Press.

En el caso de Petronor, ha explicado que este tipo de situaciones son operaciones de la refinería que puedan causar olores o llamas “mayores” en sus chimeneas “que no tengan otra consecuencia” más allá de la inquietud que pueden generar en los ciudadanos si no están avisados previamente de ellos. “Igual esto habría que publicarlo y comunicarlo de forma adecuada a través de alguna nota”, ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que los Departamentos de Salud, Medio Ambiente y Seguridad ya empezaron a trabajar en esta cuestión desde el pasado mes de marzo, y que se han mantenido reuniones con los ayuntamientos de la zona de Muskiz. En esos encuentros -ha añadido- se analizaron las actuaciones que se llevaron a cabo el día de la fuga de benzeno “para ver si se podían mejorar”. Además, se ha creado un grupo de trabajo y se ha elaborado un diagnóstico con los departamentos de Salud y Medio Ambiente y con el área de Protección Civil.

El consejero ha indicado que “la propia empresa es consciente de esta situación y ha aprobado algunas medidas para mejorar la comunicación” sobre ciertos eventos que “aunque no afecten de forma especial al medio ambiente” generen ruidos, olores y llamas. De esa forma, ha explicado que el Gobierno “ha analizado la situación y va a revisar todos los procedimientos que sean necesarios para ver en qué se puede mejorar”. Asimismo, ha reconocido la necesidad de “reforzar los mecanismos de vigilancia”.

Repsol pondrá en marcha en Puertollano (Ciudad Real) la que será su segunda planta de combustibles 100% renovables en la península ibérica. Este complejo industrial tiene una capacidad para producir 200.000 toneladas al año, que se suman a las 250.000 toneladas anuales de combustibles renovables de la planta de Cartagena.

Con esta nueva unidad, la compañía “avanza en la transformación de sus centros industriales, orientados a una producción basada en la economía circular, capaces de generar productos esenciales para la sociedad con menor huella de carbono”, señalan desde Repsol.

Para desarrollar este proyecto en Puertollano, Repsol ha invertido 130 millones de euros transformando una unidad de refinería que procesaba materia prima de origen fósil en una instalación capaz de utilizar aceite de cocina usado y otros residuos de la industria agroalimentaria.

Las 200.000 toneladas anuales de combustibles de origen orgánico fabricados en esta planta —en este caso, diésel renovable— “pueden utilizarse de forma inmediata en coches, camiones y barcos, aprovechando las infraestructuras de repostaje existentes. Su uso evitará la emisión de 700.000 toneladas de CO2 al año, considerando todo el ciclo de vida del producto, en comparación con los combustibles convencionales a los que sustituyen”, explican.

El director del Complejo Industrial de Repsol en Puertollano, Antonio Lorenzo, ha señalado: “El inicio de la producción de esta planta supone un paso más en la apuesta de Repsol por los combustibles líquidos de origen renovable, así como en la transformación de nuestro complejo, con el objetivo de consolidarse como un centro industrial de referencia en economía circular y en combustibles renovables”.

Este proyecto “es uno de los más ambiciosos desarrollados en los últimos años en el centro industrial de Puertollano y evidencia la apuesta de Repsol por la industria, la generación de empleo de calidad y soluciones que contribuyan a reforzar la independencia energética de España”, ha subrayado Antonio Lorenzo.

Apuesta por la industria

La inversión ha tenido un “importante impacto directo” en el tejido industrial y el empleo local: durante la fase de construcción y puesta en marcha se han movilizado más de 650.000 horas de trabajo, con la participación de unas 80 empresas auxiliares, la mayoría de la comarca, y una presencia media diaria de más de 110 personas, con picos de más de 250 trabajadores.

La integración de la nueva unidad en el esquema productivo del complejo ha sido “uno de los principales logros del proyecto”. Para ello, se han instalado grandes equipos de proceso como reactores diseñados específicamente para este tipo de producción, y se han adaptado servicios auxiliares e infraestructuras logísticas ya existentes.

Además, la nueva unidad utilizará hidrógeno renovable para reducir aún más la huella de CO2 del diésel generado, “hasta en un 98% respecto del combustible de origen mineral”. El hidrógeno renovable se producirá en el complejo industrial sustituyendo el gas natural ‒del que se obtiene el hidrógeno convencional‒ por un gas de origen biológico producido a partir de residuos. Para conseguir esta integración, Repsol ha invertido 16 millones de euros adicionales.

Combustibles renovables, una apuesta estratégica de Repsol

Los combustibles renovables son uno de los pilares de la estrategia multienergética de Repsol para descarbonizar la movilidad. Pueden utilizarse directamente en los motores actuales, sin necesidad de realizar modificaciones en los vehículos ni en las infraestructuras de distribución y repostaje.

Repsol ya comercializa su Diésel Nexa origen 100% renovable en más de 1.600 estaciones de servicio de España y Portugal, y continúa ampliando esta red para facilitar el acceso a soluciones de movilidad con menor huella de carbono.

Además, la compañía produce en el Complejo Industrial de Puertollano biojet o combustible sostenible de aviación (SAF) a partir de residuos orgánicos, que se distribuye a las principales aerolíneas y contribuye a la descarbonización de un sector clave como el transporte aéreo.

Proyectos únicos en España

En los últimos cinco años Repsol ha invertido en Puertollano cerca de 800 millones de euros en proyectos de transformación y de futuro, “que van a permitir incrementar la competitividad y la apertura de nuevos mercados del complejo industrial”, exponen.

Entre los proyectos desplegados en este centro, destaca la instalación de una planta única en la península ibérica para fabricar polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE, por sus siglas en inglés), un denominado “superpolímero” por sus propiedades de alta resistencia, comparables a las del acero y que se utiliza para la fabricación de prótesis médicas o textiles para defensa. Se espera que esta nueva planta entre en operación en las próximas semanas.

A estos proyectos se suman otros desarrollos industriales que ya están permitiendo fabricar productos de alto valor añadido y reforzar la competitividad del centro, como la gama de materiales plásticos reciclados Reciclex o la producción de poliol reciclado a partir de espumas de colchón, una instalación equipada con tecnología única en España.

El Gobierno vasco asegura que no existen “evidencias” que demuestren que la actividad de Petronor sea la causa directa de enfermedades en la población de la zona. Así lo ha afirmado en el Parlamento Vasco el director de Salud Pública y Adicciones, Guillermo Herrero. No obstante, sí ha reconocido que existe “preocupación” al respecto, sobre todo después de los últimos incidentes en la refinería, que se siguen investigando por parte del Ejecutivo, que ha ampliado los controles ante cualquier posible incidencia.

Herrero, que ha comparecido ante la comisión de Salud a petición de EH Bildu, ha reconocido que se pueden mejorar los protocolos de actuación y la comunicación de las instituciones con la empresa, aunque he defendido la actuación de la dirección de Salud Pública en el caso de la fuga de benceno del pasado 26 de febrero, que supuso pedir a la población que permaneciera en sus casas.

El director de Salud Pública y Adiccionesse ha referido a las estadísticas e indicadores de salud de la población en los municipios cercanos a la refinería de Petronor, ubicada en Muskiz, y ha señalado que la incidencia de diferentes enfermedades no es diferente a la de otros núcleos urbanos de la Margen Izquierda, por lo que considera que no se puede constatar que salud de los residentes en esta zona se esté viendo perjudicada debido a la actividad de la refinería. “En principio, no tenemos ninguna evidencia que pueda asociar que exactamente la empresa, la refinería, sea la causante de ninguna cosa concreta”, ha indicado y ha señalado que la incidencia de las enfermedades en la zona es “multifactorial”, como ocurre en otros lugares y “a veces se da en los hombres un determinado dato y no se da en las mujeres; o se da en otras zonas donde no hay empresas. O sea, no podemos plantear una conclusión”, ha añadido. “Esto no quiere decir que no nos preocupe, que sigamos investigando, controlando e intentando mejorar en todo lo que hay margen de mejora”, ha insistido.

En este sentido, ha afirmado que “en general” el estado de salud en Abanto y Muskiz “presenta similitudes con respecto a las zonas de la Margen Izquierda, tanto en mujeres como en hombres, o sea se comporta de una forma muy similar”, mientras que las zonas de la Margen Derecha -con un nivel socioeconómico superior- “presentan mejores indicadores de salud, sobre todo en hombres”. De todas formas, ha indicado que es importante mantener un control sobre estas cuestiones para reducir estas desigualdades de salud, según la zona en la que se viva, y porque hay muchas enfermedades que se presentan con un decalaje de varias décadas, como está ocurriendo en estos momentos con el amianto.

Por otra parte, respecto a los indicadores de contaminación en el entorno de la planta, ha subrayado que las cifras medias anuales, en la mayor parte de los casos, “se mantienen significativamente por debajo de los niveles establecidos en la normativa de calidad de aire”, incluso por debajo de los que se pedirán en 2030, cuando la legislación europea se prevé que será más restrictiva.

En cuanto la respuesta que se dio a la población por parte del Gobierno en el episodio de la fuga de benceno, ha defendido que se actuó correctamente, aunque siempre hay margen de mejora, lo mismo que en relación a la comunicación y traspaso de información entre la empresa y el Ejecutivo, aunque ha señalado que la comunicación con la empresa se lleva a cabo a través de Medio Ambiente.

Tras la comparecencia del director de Salud Pública la comisión de Salud ha debatido una proposición no de ley presentada por EH Bildu que instaba al servicio de epidemiología de Salud Pública a realizar un estudio epidemiológico sobre el estado de salud de la población de Abanto-Muskiz tomando como base los determinantes de la salud y analizando las variables ambientales con el fin de elaborar una estrategia concreta dirigida a esta zona en colaboración con los ayuntamientos para mejorar la salud de la población local y eliminar las desigualdades en salud. La proposición no ha salido adelante y la comisión ha aprobado la enmienda de PNV y PSE-EE en la que se insta a “mantener y reforzar la vigilancia de la salud a través del Observatorio de Salud, que en un futuro próximo quedará integrado en Osasungintza” para toda la comunidad autónoma, desechando planes específicos para la zona. Osasungintza es un nuevo organismo, la agencia vasca de Salud Pública, cuya puesta en marcha fue adelantada por este periódico.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha pronosticado este jueves que “en las próximas semanas y meses” va “a haber periodos digamos de complejidad de suministro” de productos petrolíferos en Europa como consecuencia de la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán. Pero ha afirmado que en España “estamos mejor pertrechados” gracias a la potente red de refinerías del país.

En la junta de accionistas de Repsol, el primer ejecutivo de la mayor petrolera española ha explicado que el recorte de suministro global en volúmenes y en porcentaje, de unos 11-12 millones de barriles diarios de petróleo (en torno al 11% del total), es algo “inédito”, ni siquiera comparable a la crisis de 1973.

Imaz ha subrayado la “responsabilidad” y el “firme compromiso de Repsol con el suministro de la energía que España y Portugal necesitan”. Ha recordado que antes de la crisis existía “cierto déficit” de queroseno en España: el país consumía unos 156.000 barriles diarios y producía unos 120.000. Pero desde “el primer día” y sin preguntar “a nadie”, Repsol ha invertido “más de 1.500 millones de euros desde el 1 de marzo” para traer “el queroseno que necesita la economía española”, y ahora tiene un excedente de un 20% respecto a las necesidades del país.

Según Imaz, aun “si mañana hubiese un acuerdo” para reabrir Ormuz de forma “inmediata”, llevaría “dos-tres meses” normalizar los flujos sin conocer aún los daños en las infraestructuras. En los últimos dos meses y medio la compañía ha “invertido fuertemente” para reforzar sus inventarios y afrontar las necesidades “que van a venir”. “Hemos hecho los deberes”, ha dicho el ejecutivo, que ha confiado en que “Europa aprenda la lección” y tenga una mentalidad “abierta a todas las energías” tras esta crisis energética.

El ejecutivo vasco ha dicho que la exposición de Repsol a Venezuela “puede ser una oportunidad” y que ahora “no es el momento” de empezar a recuperar la millonaria deuda de ese país con la petrolera española. Ha avanzado que el proyecto Pikka en Alaska (Estados Unidos) va a empezar a producir “en los próximos días”. Y ha recordado que entre 2008 y 2010, cuando las refinerías en Europa “estaban cerrando” [“Italia pasó de 14 a ocho”], el entonces primer ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau, hizo una “apuesta personal” para realizar una inversión multimillonaria en la refinería de Cartagena.

Sistema “modélico”

Durante su discurso a los accionistas, el presidente no ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau, ha explicado que en esta crisis España está “mejor que la media de Europa”, como “modelo” en desarrollo de renovables y en infraestructuras de gas natural, gracias a su privilegiada red de regasificadoras, y un sistema de refino “modélico” en el que Repsol ha invertido más de 15.000 millones en los últimos 15 años “sin apoyo público” y “sin reconocimiento público”, que “puede producir queroseno cuando Europa no puede”.

Brufau ha subrayado que en ese periodo se han cerrado 35 refinerías, con una reducción de capacidad del 20%. “Hay voces que se congratulan” de la fortaleza del refino español y “esta casa es la artífice”. “Aunque sea tarde”, este reconocimiento “bienvenido sea”.

Ha señalado que la crisis de Ormuz “pone de manifiesto nuestras vulnerabilidades”, al retirar el 11% de la oferta de crudo y poner en tensión la balanza entre oferta y demanda. Si en la crisis de 1973 Europa se lanzó a desarrollar la nuclear, promover la exploración de hidrocarburos en el Mar del Norte y desarrollar la eficiencia energética, ahora “lo que oigo” es que “la solución” es “sustituir” petróleo por renovables. “¿Esta gente sabe lo que dice?”, ha dicho: equivale a “sustituir una energía que ya está asentada” por otra que “necesita todavía mucho desarrollo”.

El ejecutivo catalán ha arremetido contra el “dislate” de prohibir el fracking en una Europa que ha dejado a su industria “fuera de competitividad”. Ha señalado que “sería feliz” si la regulación europea sobre la transición energética “no se plantease como una confrontación de energías”, de renovables “en contra del resto”, porque “el planeta las necesita todas”, en un contexto en el que las emisiones en el planeta “van a seguir creciendo”.

Brufau ha pedido “relanzar los lazos trasatlánticos” y ha repasado un contexto geopolítico en el que “han saltado por los aires” las normas del multilateralismo. La lucha entre EEUU y China por el liderazgo mundial va “a marcar el camino a Europa”, que “no está en esta competencia” y ve cómo es “crítica” la seguridad energética, la defensa o el acceso a las materias primas, y paga la energía 2,5 veces más cara que esos dos bloques.

Mientras, han “perdido protagonismo” los objetivos climáticos, de los que Europa “pretende ser el adalid”, pese a ser “irrelevante” para las emisiones globales. Brufau ha reprochado a la UE la “poca inteligencia” de no haber diversificado sus fuentes de suministro de petróleo, el informe Drahi es “un gran diagnóstico pero nos falta estrategia”. Mientras, EEUU está “haciendo su trabajo” en la reducción de emisiones sin recurrir a imposiciones y confiándolo a sus empresas y ciudadanos, ha explicado. El ejecutivo de Mollerusa ha recordado que el 81% de la matriz energética global sigue dependiendo de los combustibles fósiles “a pesar de todos los apoyos que ha tenido” de los reguladores. Y la electrificación ha ganado un peso “irrelevante” desde 2017.

Repsol obtuvo un beneficio neto de 929 millones de euros en el primer trimestre del año, un 154% más respecto a los 366 millones del mismo periodo del ejercicio anterior, tras registrar un efecto patrimonial positivo de 593 millones por la revalorización del valor de sus inventarios en un contexto marcado por la subida del precio del crudo y los productos petrolíferos tras el conflicto en Oriente Próximo.

El resultado neto ajustado del grupo, que mide la marcha de los negocios, alcanzó los 873 millones, un 57% superior a los 557 millones del mismo periodo del año pasado.

La mayor petrolera española indicó que estos resultados “reflejan la volatilidad del contexto global, sobre todo tras el inicio del conflicto en Irán, que ha generado una disrupción física de productos energéticos, ha incrementado las fluctuaciones de precios y trastocado las cadenas de suministro mundiales”.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 2.613 millones, un 110% más.

Sin activos en Oriente Medio, Repsol señaló que ha destinado en el trimestre 1.200 millones de euros para aumentar sus inventarios con el fin de fortalecer el suministro energético de España.

Durante el trimestre, el flujo de caja de las operaciones (FCO) de la energética se situó en 1.042 millones y, excluyendo la variación negativa del fondo de maniobra, fue de aproximadamente 2.400 millones y superó a las inversiones netas, intereses, minoritarios, el pago de 0,50 euros brutos por acción del pasado 14 de enero, así como la adquisición de acciones propias bajo el actual programa de recompra de acciones de Repsol por importe de 350 millones, lanzado en marzo de 2026.

La deuda neta de Repsol al final del primer trimestre se situó en 4.800 millones de euros, 313 millones de euros superior a la de finales de 2025. El ratio de apalancamiento del grupo que pilota Josu Jon Imaz se situó en el 14,3%, frente al 14% al final del cuarto trimestre de 2025.

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves la concesión administrativa para la ocupación de los terrenos de montes de utilidad pública que serán necesarios para que Repsol ejecute la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo, un proyecto de más de 720 millones de euros.

En su reunión semanal, el Ejecutivo ha autorizado ese nuevo trámite, que se aprueba por 50 años, para la puesta en marcha de un actuación, que ha sido declarada de Proyecto Interés Común por la Comisión Europea.

La concesión autoriza a Repsol la ocupación de una superficie de 656.000 metros cuadrados correspondiente a distintos montes de utilidad pública, que, según informa el Gobierno en un comunicado, es necesaria para infraestructuras vinculadas al proyecto, como accesos, instalaciones hidroeléctricas, líneas eléctricas, servidumbres y elementos auxiliares.

El acuerdo establece, además, un régimen detallado de condiciones técnicas, ambientales y de seguridad, así como la obligación de restauración y revegetación de los terrenos afectados una vez finalizadas las obras, con el objetivo de minimizar el impacto paisajístico y ambiental.

También, este jueves, el Ejecutivo cántabro fijado las indemnizaciones económicas para las entidades locales propietarias de esos terrenos y las aportaciones al Fondo de Mejoras de los montes, garantizando la compensación correspondiente y el retorno ambiental al territorio.

“El Gobierno de Cantabria refuerza su compromiso con la transición energética, el desarrollo de infraestructuras estratégicas y la compatibilización del impulso a las energías renovables con la protección del dominio público forestal y del entorno natural”, añade el Ejecutivo en su comunicado.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado no incoar un procedimiento sancionador y archivar las actuaciones seguidas contra Repsol, Moeve –antigua Cepsa– y BP por las denuncias presentadas por las asociaciones de operadores independientes por posibles prácticas anticompetitivas mediante descuentos conjuntos en 2022, en plena crisis energética por Ucrania, al considerar que no hay indicios de infracción.

En concreto, el regulador investigaba las denuncias presentadas por dos asociaciones del sector –AESAE (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas) y ACIH (Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos)–, que acusaron a las tres grandes petroleras de haber abusado de su posición de dominio colectiva y realizado prácticas colusorias para aumentar sus cuotas de mercado en el contexto de las subidas de precios de los carburantes por la invasión rusa de Ucrania.

Las prácticas denunciadas eran, por un lado, incrementar los precios de venta mayorista a las gasolineras independientes (low cost) –las que les compran el carburante– y, por el otro, aplicar descuentos a sus clientes en la venta minorista mediante tarjetas de fidelización y pago.

Sin indicios de posición de domicio colectiva

No obstante, tras la investigación, el organismo presidido por Cani Fernández no ha hallado indicios de la existencia de intercambios de información ni concertación entre Repsol, Moeve y BP. Asimismo, considera que no hay indicios de la existencia de una posición de domino colectiva entre dichas compañías.

En lo que respecta al intercambio de información, la CNMC indicó que BP y la entonces Cepsa supieron de las políticas de descuentos que Repsol pensaba adoptar a través de los medios de comunicación e información pública. Además, añadió que ambas compañías se vieron negativamente afectadas por una pérdida de clientes, parte de ellos captados por Repsol.

Por otro lado, el regulador subrayó que Repsol tenía una capacidad de refino en 2022 muy superior a la de sus rivales y unas mayores cuotas de mercado, “no actuando junto con BP y Cepsa como una única entidad colectiva desde el punto de vista económico”.

La CNMC recordó que, en un procedimiento sancionador distinto finalizado el pasado mes de enero, sí sancionó a Repsol con 20,5 millones de euros por haber abusado de su posición de dominio en el mercado mayorista de distribución de combustibles de automoción a estaciones de servicio.

En este caso, consideró responsable a la empresa de un estrechamiento de márgenes consistente en aplicar, entre otras conductas, políticas de retención de volumen y de incremento de precios de venta del Gasóleo A (GOA) a sus rivales (gasolineras independientes) en dicho mercado, mientras que, en el mercado minorista de venta de combustibles de automoción en estaciones de servicio, realizó una campaña de descuentos en el precio del GOA a clientes profesionales que superaba las prestaciones que estaba obligada a aplicar en virtud de las medidas aprobadas en su día por el Gobierno.

Por su parte, Repsol rechazó “de forma tajante” la sanción de 20,5 millones de euros a diversas de sus filiales del área de venta de carburantes y la prohibición de participar en contratos públicos impuesta por la CNMC, al considerar que se apoyaba “en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022”, marcado por la crisis tras la invasión de Ucrania por Rusia.

Además, la energética afirmó que recurriría ante la jurisdicción contencioso-administrativa la multa para hacer “valer todos estos argumentos en su impugnación”.

CCOO Industria ha denunciado que, cerca de cumplirse un año desde que estalló el conflicto de Eserman Puertollano, debido al ERE extintivo planteado por la empresa y auspiciado por Repsol Puertollano, “argumentando una supuesta modificación productiva”, ninguna de las personas que se quedaron en la calle haya sido contratada por la empresa Katoen.

El secretario general de CCOO Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, ha recordado que gracias “a la lucha de la clase trabajadora” de Eserman, promovida y organizada por el sindicato, se consiguió acordar prejubilaciones para 19 personas e indemnizaciones por encima de lo que marca la ley para el resto de los 34 trabajadores y trabajadoras que conformaban la plantilla.

No obstante, en un intento de procurar a estas 34 personas una alternativa laboral, dado que todas tienen una edad en la que necesitan seguir trabajando, CCOO habló con Repsol, con la empresa Katoen que iba a asumir el servicio, con el Ayuntamiento de Puertollano y con la Junta de Comunidades para que, a la hora de hacer contratación, se contará con estas personas.

Según indica el sindicato, en aquel momento, tanto Ayuntamiento como la Junta de Castilla La Mancha se comprometieron a buscar soluciones, “pero a día de hoy no tenemos nada”.

“No escatimaron titulares comprometiéndose a hacer todo lo que estuviera en su mano para recolocar o recualificar a los trabajadores, con el fin de buscarles una salida profesional. El alcalde llegó incluso a decir que el personal de la nueva empresa Katoen serían trabajadores de Puertollano y de Eserman. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido, porque Katoen no ha contratado a ningún trabajador de Eserman y ha seguido contando sus trabajadores desplazados desde otros lugares”, ha señalado Víctor Manuel Arias.

“Es una falta de respeto”

Ante esta realidad, CCOO sostiene que ninguna administración ha cumplido con su palabra, dejando a estos trabajadores de Eserman “desamparados”.

“No es admisible que después de procesos tan duros y traumáticos, como son los ERE, las partes implicadas no respondan a los compromisos adquiridos. Consideramos que es una falta de respeto a quienes defendemos los intereses de las personas trabajadoras, pero sobre todo, a las personas trabajadoras”, ha añadido el secretario general de CCOO Industria, Juan Cuevas.

“No podemos olvidarnos de que detrás de todo está una multinacional como Repsol que, lejos de su imagen y predicamento de Responsabilidad Social Corporativa, castiga de manera continua a las personas trabajadoras de las subcontratas”, ha añadido.

Al hilo de esto, CCOO Industria demanda un debate sobre la subcontratación, porque conflictos como el de Eserman evidencian que debería ser una figura a extinguir en nuestro ordenamiento laboral.

“Lejos de cumplir con la expectativa de eficacia y especificidad, se usan como artilugio legal para reducir drásticamente las condiciones y seguridad en el empleo de las personas trabajadoras”.

Por último, Comisiones Obreras insta a las partes que en su momento aseguraron estar implicadas “a que busquen y den soluciones, porque el único actor que ha dado la cara por las personas trabajadoras ha sido Comisiones Obreras”.

Repsol está batiendo récords de gasto en lobby en Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Las declaraciones remitidas al registro público que gestiona el Senado de EEUU reflejan que en 2025 la mayor petrolera española destinó 1,46 millones de dólares a actividades de cabildeo para tratar de influir a su favor en los legisladores de ese país, clave para la multinacional.

La cifra, nuevo récord anual, es discreta comparada con los miles de millones de euros que Repsol se juega en Venezuela, país convertido por Trump en una suerte de protectorado tras el secuestro ilegal de Nicolás Maduro el pasado enero.

Esos 1,46 millones están muy por encima de los 480.000 dólares que gastó en estas actividades en EEUU el año pasado Grifols (otra multinacional española con una fuerte presencia allí), los 220.000 dólares de Ferrovial o los 90.000 de Avangrid (filial de Iberdrola).

El cálculo incluye cantidades declaradas por Repsol y dos firmas especializadas contratadas por la multinacional española para esas tareas, los despachos estadounidenses Bracewell y Dentons.

El último informe trimestral que la petrolera acaba de remitir al Senado apunta a que la tendencia alcista de Repsol ha continuado entre enero y marzo de 2026, con un gasto directo (sin recurrir a intermediarios) de 280.000 dólares (otro récord frente al anterior máximo de 260.000 dólares del último trimestre de 2025) al que se suman 60.000 dólares pagados entre enero y marzo de este año por Repsol al bufete Dentons.

Por primera vez esta firma ha reconocido gestiones de lobby para la española no solo ante los legisladores, sino ante la propia “Oficina de la Casa Blanca”, como ya hizo el año pasado la firma Bracewell. Hasta entonces, nunca se había incluido esta mención en los documentos que la petrolera y sus asesores llevan años depositando en el Senado de EEUU.

El despacho oval apareció en 2025 por primera vez en las declaraciones de Repsol junto a otras instancias oficiales habituales en estos formularios, como el Senado, la Cámara de Representantes o el Departamento de Energía de EEUU. Las gestiones buscan influir en las políticas climáticas y energéticas de la Administración federal, la regulación de las energías renovables o la captura de carbono, entre otras cuestiones.

Con el demócrata Joe Biden, uno de los asuntos que se mencionaba era la situación de Venezuela. Ya entonces este país estaba en caída libre y se había convertido en un gran quebradero de cabeza para Repsol. Un problema que se agravó sobremanera después de que, en marzo de 2025, Trump endureciera las sanciones al régimen de Maduro y prohibiera exportar crudo a la española y otras petroleras internacionales para estrangular aún más la economía venezolana.

El récord trimestral de gastos en lobby de finales de 2025 se alcanzó en vísperas de la captura de Maduro por orden de Trump. Días después, en una reunión en la Casa Blanca junto a otros ejecutivos de la industria petrolera con intereses en el país caribeño, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, prometió al presidente estadounidense “triplicar” su producción de petróleo en Venezuela.

Esta semana, la petrolera ha reafirmado esa promesa, que implica un salto histórico en su producción de crudo en ese país, marcándose un plazo de tres años. 

El pasado jueves, Repsol anunció un acuerdo con el Gobierno de Delcy Rodríguez, la “estupenda” presidenta venezolana, en expresión de Trump, para retomar el control de sus operaciones de extracción de petróleo en este país.

Venezuela alberga las mayores reservas de petróleo del mundo pero requiere inversiones que el propio Trump ha cifrado 100.000 millones para revitalizar su industria de extracción tras décadas de abandono, corrupción y sanciones.

Las exportaciones de crudo venezolano permitirán a la petrolera española empezar a recuperar los más de 4.500 millones en fondos que tiene inmovilizados allí. Esta cifra incluye créditos pendientes con la estatal PDVSA y facturas pendientes de cobrar por suministro de gas. Repsol podrá apuntarse beneficios multimillonarios en los próximos ejercicios si revierte las provisiones que dotado en los últimos años para cubrirse de ese riesgo.

El expresidente del PNV afirmó en su reunión con Trump de enero que en los últimos 15 años la compañía ha invertido 21.000 millones de dólares en operaciones petrolíferas y gasísticas en suelo estadounidense, en lugares como Texas, Pensilvania, Alaska o, según dijo literalmente Imaz, el “Golfo de América”, término que Trump y su Gobierno emplean para referirse al Golfo de México.

La petrolera, que estudia cómo sacar a cotizar en EEUU su negocio de extracción de petróleo, vio cómo en marzo su cotización tocaba máximos de la última década tras lanzar Trump su guerra contra Irán, otro miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como Venezuela.

El conflicto ha cerrado al tránsito marítimo el estrecho de Ormuz, bloqueando el paso a un 20% del gas y el petróleo que consume el planeta, en una crisis energética que este viernes alivió momentáneamente el anuncio de Irán de que abrirá ese paso mientras dure la tregua entre Israel y Líbano, lo que se tradujo en un desplome de la cotización del petróleo, con la consiguiente caída de Repsol en Bolsa.

Un tercio del total

La multinacional española tiene en Estados Unidos desde hace años un destino muy relevante. Allí cuenta con un enorme yacimiento por explotar en Alaska, uno de sus proyectos estratégicos más importantes a nivel mundial. EEUU es el segundo país que más inversión recibe en el nuevo plan estratégico de Repsol.

La española ya concentra buena parte de su producción en un país cuyo errático presidente niega el cambio climático, desprecia las energías renovables y ha hecho de la perforación en busca de hidrocarburos una de sus banderas con su famoso “Drill, baby drill”. 

En 2025, la multinacional que preside Antonio Brufau tenía 1.966 pozos productivos de crudo y gas natural en Estados Unidos de los que extrajo 67 millones de barriles equivalentes de petróleo, más que en ningún otro país. Esta cifra supone un 33,5% de la producción neta total de líquidos y gas natural de Repsol del pasado ejercicio.

Ese récord de 1,46 millones de gasto en lobby en 2025 está un 15,8% por encima de los 1,26 millones de 2024, con el demócrata Biden todavía como presidente. Estas cifras contrastan con los apenas 200.000 dólares que Repsol declaró en estas actividades en todo el ejercicio 2015. Ese año se produjo la adquisición de Talismán Energy, con la que Repsol se volcó en Estados Unidos tras la expropiación de su antigua filial argentina, YPF.

Las cantidades declaradas en EEUU superan ampliamente los menos de 900.000 euros anuales de los que informa la multinacional española en el registro de Transparencia de las autoridades europeas, equivalente al estadounidense. En España esta información no se publica, al no estar regulada esta actividad (hay un proyecto de ley pendiente de aprobación en el Congreso). 

Repsol ha recuperado el control de sus operaciones petroleras en Venezuela tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de ese país, según ha avanzado Financial Times y ha confirmado este jueves la compañía.

En un comunicado, la mayor petrolera ha anunciado que ha acordado las condiciones para incrementar su producción de petróleo en el país caribeño. El acuerdo con el gobierno venezolano y con la estatal PDVSA “permitirá retomar el control de las operaciones en el activo de petróleo de Petroquiriquire [de la que tiene un 40% y PDVSA, el 60%], incrementar su producción de petróleo en el país y garantizar los mecanismos de pago”, explica Repsol.

La producción de petróleo de la multinacional española en Venezuela asciende actualmente a unos 45.000 barriles brutos al día, principalmente en Petroquiriquire. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha prometido aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años, “si se siguen dando las circunstancias necesarias y utilizando los ingresos que se obtengan en el país”.

El mes pasado, Repsol y la italiana ENI firmaron otro acuerdo estratégico con las autoridades venezolanas y PDVSA para garantizar la sostenibilidad de la producción de gas natural durante todo 2026 en el activo Cardón IV (participado al 50% por las dos compañías) y reforzar la estabilidad a largo plazo de las operaciones en ese enclave, fundamental para el suministro eléctrico de Venezuela.

La firma de estos acuerdos se produce después del permiso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, en sus siglas en inglés), que autoriza a Repsol y a sus subsidiarias a participar en transacciones vinculadas a las operaciones de crudo y gas en Venezuela con el gobierno venezolano, PDVSA y sus entidades afiliadas. Esta licencia “representa un hito regulatorio que reconoce la trayectoria de Repsol como operador responsable y confiable en el país”, destaca la petrolera.

Secuestro de Maduro

Repsol firmó un pacto con Venezuela en 2023 para continuar operando sus instalaciones en el país, pero éste expiró cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó la licencia de Repsol y otras empresas occidentales en 2025 al régimen de Nicolás Maduro, secuestrado por EEUU el pasado enero.

El acuerdo forma parte de los esfuerzos de EEUU para reconstruir la industria petrolera del país tras la detención de Maduro, para el que se estima que será necesario invertir unos 100.000 millones de dólares. El acuerdo se anuncia tras el alcanzado esta semana entre Chevron y Caracas, que permite a la compañía estadounidense expandir significativamente sus operaciones en el país.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y fue uno de los principales productores de crudo en la década de 1990, pero la mala gestión, la corrupción y las sanciones estadounidenses han provocado que la producción caiga a un millón de barriles diarios, desde un máximo de aproximadamente 3,5 millones de barriles diarios.

Repsol, que empezó a operar en Venezuela en 1993, es uno de los mayores inversores extranjeros en el país latinoamericano. El yacimiento Petroquiriquire cuenta con tres campos petrolíferos terrestres que producen alrededor de 45.000 barriles diarios.

Hasta hace poco, las gasolineras de Repsol –empresa petrolera con mayor número de estaciones de servicio en España– ofrecían tres tipos de combustibles: gasolina, diésel y GLP. En 2023, sumó una cuarta variedad: los carburantes ‘100% renovable’, disponible en 2026 en 1.500 puntos de venta en todo el país. En su página web, la compañía explica que se trata de un combustible que se fabrica sin usar una sola gota de petróleo. Está hecho a base de “aceites vegetales usados y otras materias primas como son los restos agrícolas o forestales”, lo que permite “cero emisiones netas en uso”.

Para sorpresa de muchos conductores, este combustible que Repsol desliga de su producción fósil se ha encarecido también con la guerra que Estados Unidos e Israel han desatado en Oriente Medio. Los precios han subido igual o más que la gasolina y el diésel tradicional, dependientes de un petróleo que, por la parálisis del estrecho de Ormuz –por donde circula el 20% del crudo consumido en todo el mundo– ha superado los 100 dólares el barril, un precio crítico para la economía global, según economistas e internacionalistas.

Es decir, lejos de desacoplarse del mercado fósil, la evolución de este combustible “renovable” ha sido prácticamente paralela en los carteles de precios de todas las gasolineras. Según datos difundidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los primeros 15 días de marzo, antes de la rebaja del IVA por parte del Gobierno, la gasolina 95 subió de 1,498 a 1,769 euros por litro (+27 céntimos), mientras que la gasolina ‘renovable’ pasó de 1,702 a 1,938 euros (+23,6 céntimos). En el caso del diésel, la opción en teoría renovable trepó más de 40 céntimos: de 1,642 a 2,049 euros.

Como era de esperar, esta incongruencia generó malestar en muchos conductores, entre ellos Adolfo Díaz Bautista, profesor de Derecho Romano de la Universidad de Murcia. En sus redes sociales, preguntó por qué “si el diésel renovable es de origen vegetal y no procede del petróleo ha subido a casi 2 euros por litro a partir de la guerra de Irán”. Cuando la consulta se viralizó –tuvo más de 400.000 visualizaciones en la red social X–, Repsol contestó a través de su cuenta oficial: “A pesar de que el Diesel Nexa origen 100% renovable se produce a partir de materias primas orgánicas, su precio, como el del resto de combustibles, está ligado a los mercados energéticos internacionales”.

Greenwashing industrial

Otra gasolinera que en España ofrece estos combustibles es Moeve (exCepsa). La empresa explica que lo obtiene mediante procesos de hidrotratamiento de aceites y grasas, que se trata “de la solución energética inmediata para la descarbonización” y que está ayudando a reducir las emisiones en “sectores difíciles de electrificar”, como el transporte terrestre, marítimo y la maquinaria agrícola.

Para Ismael Morales, responsable de Política Climática en Fundación Renovables, “el diésel 100% renovable no existe, es realismo mágico que solo ellos creen para marcar un relato en la población que no es real”. Su análisis es que la problemática va mucho más allá de esta paradoja, de precios acoplados sin ninguna justificación.

La lupa, dice, hay que ponerla en el “retardismo climático” y en el “greenwashing industrial”, un posicionamiento que le está sirviendo al sistema automovilístico “para no reconvertir su cartera a vehículos eléctricos, principalmente porque se han quedado fuera de la carrera respecto a las nuevas marcas procedentes de China”.

Por un lado, tener un diésel ‘100% renovable’ implica mantener los vehículos con motor de combustión, por lo que la contaminación y la emisión de partículas no se elimina. “Es decir, la calidad del aire sería igual de mala que actualmente, algo que mejora ampliamente con los motores eléctricos”, explica este experto. El segundo punto sí es el precio, “que siempre va a ser más elevado que la electricidad, porque la cadena de valor del subproducto para generar ese biodiésel va a ser muy dependiente de los combustibles fósiles para su transporte, procesado y distribución”.

“De fondo, no tenemos veracidad de que se trata de un combustible 100% renovable al no haber auditorías constantes y externas. Estamos ante una tapadera para continuar extrayendo y quemando gas o petróleo. A día de hoy, apostar por esos combustibles en el transporte por carretera y no por la electricidad, es un error gravísimo a nivel climático que no podemos permitirnos”.

Emisiones, dependencia externa y fraudes

Francisco del Pozo Campos, ingeniero industrial especializado en mecánica y responsable de gas fósil en Greenpeace, aclara que los biocombustibles emiten una cantidad similar de CO₂ al de los carburantes fósiles en el momento de la combustión. Se suelen considerar “erróneamente neutros en carbono” ya que estas sustancias liberan el CO₂ que ya habían absorbido en el ciclo de vida de la planta de la que proceden.

“Realmente no son neutros en carbono, dado que tiene emisiones ligadas al cultivo o residuos del que proceden, incluido emisiones ligadas a los fertilizantes y tractores necesarios para el cultivo, los medios de selección y cribado de los residuos, el transporte hasta la planta de refinado, el proceso de refinado y distribución posterior hasta las gasolineras. Para algunos cultivos, estudios científicos han señalado que en realidad los agrocombustibles emiten más CO₂ si se tiene en cuenta la cadena completa de producción y la deforestación”, explica.

Coincide Marcos Raufast, responsable de Aviación en la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes). Señala que en “condiciones óptimas”, con materia prima local, estos biocombustibles pueden llegar a reducir hasta el 70% de su huella de carbono en su ciclo de vida.

Bosco Serrano Valverde, responsable de combustibles sostenibles para aviación y sector marítimo de la organización Transport & Environment (T&E), detalla que el 80% del biocombustible que consume España, a base de palma y soja, se importa. Brasil e Indonesia son los principales mercados. “Es muy importante diferenciar el origen de la materia prima que se utiliza para producirlos. Actualmente, la producción de combustible de origen biológico está en auge. Pero estos biocombustibles, producidos a partir de residuos o cultivos, cuentan con un preocupante potencial de fraude, escasez de materia prima y dependencia del exterior”, aclara Ecodes en su informe El futuro verde de la aviación en España.

Lo que ocurre, explica Raufast, es que ante “la alta demanda de estas materias primas”, se han empezado a detectar falsificaciones en los envíos –aceite de palma virgen como usado– y cambios en los usos de las tierras de los países productores, deforestando bosques antiguos y liberando grandes sumideros de carbono, “incrementando el cambio climático y reduciendo la biodiversidad”.

Competencia por el territorio, el agua y los alimentos

Los biocombustibles de primera generación proceden de cultivos alimentarios como el maíz y la caña de azúcar, mientras que los de segunda generación –los que se venden en las gasolineras españolas– se obtienen de vegetación no comestible y residuos agrícolas.

Greenpeace considera que ambos carburantes son una “solución dañina para el clima” por materias primas que casi siempre proceden de la agricultura intensiva, con un impacto perjudicial en los territorios. “Restan espacio y agua para el cultivo de comida, lo que encarece los alimentos”, subraya Del Pozo. Esta competencia representa un riesgo extra para una seguridad alimentaria que, producto de la guerra, empieza a estar en jaque por la escasez de fertilizantes y el aumento de todos los costes asociados a las cosechas.

Según un estudio de 2023 encargado por T&E, Europa destina a cultivos para biocombustibles una superficie de tierra equivalente al tamaño de Irlanda. Esa tierra podría servir para alimentar a 120 millones de personas o podría absorber el doble de CO₂ si se devolviera a la naturaleza. Los autores de esta investigación concluyen que se necesitaría solo el 2,5% de estas tierras para generar la misma cantidad de energía con paneles solares.

El Congo es un ejemplo del impacto de los biocombustibles en el territorio. En los últimos años, varias petroleras europeas se instalaron para cultivar ricino, una planta no alimentaria (crece en tierras degradadas) que sirve como materia prima para estos carburantes. Sin embargo, ante la necesidad de escalar la producción, estas empresas están invirtiendo en cultivos comestibles, como girasol y soja, perjudicando la seguridad alimentaria local.

“Actualmente, destinamos vastas extensiones de tierra a cultivos que luego quemamos con nuestros coches. Es un despilfarro escandaloso. Estas tierras podrían alimentar a millones de personas o, si se devolvieran a la naturaleza, constituirían sumideros de carbono ricos en biodiversidad. Los biocombustibles derivados de cultivos son probablemente la mayor tontería que se haya promovido jamás en nombre del clima”, resume, Maik Marahrens, director de biocombustibles de T&E.

El comité de empresa de Repsol Materials (Química) en Puertollano ha convocado este viernes a toda la plantilla a una concentración donde han mostrado su rechazo al proceso de modificación de estructura de la empresa.

La concentración ha tenido lugar en las puertas de acceso de PEBD (Alcudia) de 13.30 a 15.30 horas y a ella se ha sumado el Comité de Repsol Fuels (Refino). Ya el pasado 26 de marzo protagonizaron otro acto de protesta por la misma razón.

Más protestas el martes

Además, los comités han convocado más protestas para el próximo martes. Ese día los trabajadores marcharán entre las 5.30 y las 10.00 horas desde la rotonda de entrada de Euromaster. Ya por la tarde se concentrarán ante el Ayuntamiento de Puertollano a las 18 horas.

Estas movilizaciones dan continuidad a las realizadas las semanas pasadas por ambos Comités de Empresa, en las que cerca de un centenar de trabajadores y trabajadoras mostraron su “preocupación” por el proceso de reorganización planteado por la Dirección, que contempla cambios en la estructura del centro, señalan los sindicatos en un comunicado.