Tras la “revolución de los claveles” de abril de 1974, que puso fin a la dictadura portuguesa, fue muy celebrada la frase de Santiago Carrillo, el entonces secretario general del Partido Comunista de España (PCE) exiliado en París, que señaló que “en España todas las comparaciones son portuguesas”. Se refería a si había opciones de que algo similar pudiera ocurrir en España, donde se endurecía la dictadura de Franco, pero a quien todavía le quedaba un año y medio de vida. La frase tuvo gran éxito porque el golpe de Lisboa fue inesperado y porque, pese a ser vecinos, los dos países nos estudiamos poco. Como si estuviéramos de espaldas, ellos mirando al Atlántico y nosotros al Mediterráneo.

Pero, además de la belleza del país y la amistad de sus gentes, la economía portuguesa tiene muchos focos de interés para nosotros. Uno de ellos es el de sus cuentas públicas y, en particular, la evolución de su deuda pública. En el Gráfico 1 presento la evolución de la ratio de deuda pública en términos del PIB a cierre de año para ambos países desde 2013. Tomo este año porque supone el punto de partida de la recuperación económica tras la crisis financiera iniciada en 2008, seguida de la crisis de deuda soberana de la eurozona, el rescate de Portugal en 2010 y el del sector financiero español en 2012. Antes de entrar en el análisis económico, conviene recordar la gestión política en ambos países en estos años: en España gobernó el PP hasta 2018, primero con mayoría absoluta y desde 2016 en minoría hasta la moción de censura, y el PSOE desde entonces, con diferentes mayorías parlamentarias. En Portugal gobernaron los conservadores hasta 2015 y los socialistas con una coalición de izquierdas hasta 2024, en que volvió a ganar la derecha. Es decir, en ambos países los partidos de izquierda han tenido una responsabilidad relevante en la gestión pública.

En 2013 la deuda pública en Portugal se mantuvo en torno al 130% del PIB, 30 puntos por encima de la española, que Rajoy había subido hasta el 100%, tras el 70% heredado del gobierno de Zapatero. Ninguno de los dos países pareció tomarse como objetivo la reducción del endeudamiento hasta 2016. A partir de ese año, Portugal, con un gobierno socialista, reduce esa ratio en 15 puntos, hasta el 116% en 2019. España apenas lo reduce en 4 puntos en ese mismo período. Después vino la pandemia y, con gobiernos socialistas en ambos países, no se escatimaron esfuerzos para hacer frente a los costes de la misma. El endeudamiento subió 18 puntos en Portugal y 21 en España, un esfuerzo comparable y avalado por las instituciones europeas y los mercados financieros.

Pero es en la pospandemia donde vuelven a repetirse las diferencias entre uno y otro país. Desde 2020 hasta 2025, último año disponible, el endeudamiento se recorta 44 puntos en Portugal y apenas 19 puntos en España. Al terminar 2022 se produce un acontecimiento histórico: la deuda pública de Portugal se sitúa por debajo de la española por primera vez desde que ambos países ingresaron en el euro en 1999. Para entender esta evolución dispar del stock acumulado de deuda conviene acudir al flujo que alimenta ese stock: el déficit público, algo que recojo en el Gráfico 2.

Desde 2013 a 2015, ambos países tenían un déficit parecido, en torno al 6% del PIB. Pero, con la llegada de los socialistas al gobierno, Portugal se embarcó en una política de reducción del déficit público, consiguiendo un saldo prácticamente cero en 2018 y un pequeño superávit en 2019. Por el contrario, España siguió manteniendo un déficit del 3%, con los últimos presupuestos prorrogados del gobierno Rajoy. Ambos países generan un déficit importante con la pandemia, en 2020, algo superior el español, pero en 2022 Portugal vuelve a enjuagar sus cuentas públicas, volviendo casi al saldo equilibrado ese año, y superávits significativos desde esa fecha, por ejemplo, el 1,1% del PIB en 2023. España esos años seguía peleando por alcanzar el déficit del 3% del PIB. En 2025, último ejercicio completo disponible, España alcanzó un déficit del 2,4% del PIB, suficiente para cumplir el objetivo de estabilidad y lograr una modesta reducción de la ratio de deuda.

Alguien puede pensar que quizás Portugal lo ha tenido más fácil que España porque su economía ha crecido más. Pero no es así. Desde 2013 a 2021 ambas economías crecieron prácticamente lo mismo en términos reales: un 11% acumulado en España y un 10,6% en Portugal. Y desde 2022 a 2025, plena expansión para los dos países, la economía española ha crecido un 16% acumulado y la portuguesa un 15%. Es decir, en términos “estructurales” o “ajustado por ciclo”, tiene un mérito adicional la evolución del déficit público de nuestros vecinos. ¿Y cómo ha conseguido Portugal reducir el déficit público? ¿Por el lado de los impuestos o el gasto? En la tabla a continuación presento un resumen de los promedios de ingresos y gastos públicos en términos de PIB para ambos países en los subperíodos considerados.

Portugal ha mantenido sus ingresos públicos constantes en relación al PIB, en torno al 43%. El esfuerzo de reducción del déficit no se ha basado en aumento de ingresos, sino en una reducción del gasto, de casi 4 puntos anuales en términos de PIB. Por el contario, España, pese a que sigue teniendo su presión fiscal por debajo de la portuguesa (al contrario de lo que muchos piensan), ha reducido su déficit público aumentando los ingresos. El gasto no sólo no se ha reducido, sino que incluso ha aumentado, un punto anual en promedio en los últimos años.

Para resumir, los socialistas en ambos países parecen asumir más protagonismo en la reducción del déficit y deuda públicos, en comparación con la inacción de los conservadores. Pero nuestros vecinos portugueses se han tomado mucho más en serio ese objetivo y han demostrado que son compatibles las políticas de izquierdas con la reducción del endeudamiento público sin subir los impuestos.

El proyecto de ley que permitiría a las comunidades autónomas solicitar al Estado que asuma más de 83.000 millones de euros de su deuda pública seguirá adelante en el Congreso. Este jueves, la Cámara Baja rechazará las enmiendas a la totalidad con las que PP y Vox pretendían detener la tramitación de la iniciativa presentada por el Gobierno. Y lo hará con los votos a favor de PSOE y Sumar, pero también de todo el resto de sus socios, incluido en esta ocasión Junts, que aunque mostró sus reservas por una quita que ve insuficiente, también confirmó que se opondrá a derribarla al inicio su camino parlamentario como exigían derecha y ultraderecha, que consideran que la norma está fundamentalmente diseñada en favor de Catalunya y en detrimento del resto de comunidades.

El debate de este jueves en el Congreso volvió a evidenciar lo polémica que es, desde que fue presentada hace unos meses, la ley elaborada por el Gobierno para asumir una parte importante de la deuda contraída por las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Todas las autonomías gobernadas por el PP —11 de las 17— se han mostrado críticas con la opción de que el Estado reduzca una parte de su pasivo, a pesar de que la ley establece que solo se podrían beneficiar de esta medida las comunidades que así lo soliciten y de que la reducción de la deuda no tendría contrapartidas.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, mostró su estupefacción ante esta posición adoptada por el PP en su defensa de la ley este jueves en el Congreso. “Siete de cada diez euros [de la deuda que se condonaría] benefician a comunidades gobernadas por el PP”, recordó España, que explicó que Andalucía sería la que más beneficiada por la quita en términos absolutos seguida de la Comunidad Valenciana, mientras Canarias sería la comunidad que más reduciría su deuda en términos proporcionales: un 50%. “Hablen ustedes con la Comunidad Valenciana, que tiene un ratio de deuda del 40,4%, hablen con los representantes de la Región de Murcia, la segunda más endeudada, y explíquenles por qué, por razones estrictamente partidistas, ustedes prefieren que sigan soportando esa carga financiera”, espetó.

“Imaginemos una familia que tiene una hipoteca de 250.000 euros y a la que, un día, su banco le comunica que va a asumir 100.000 euros de esa deuda. ¿Alguien cree que esa familia abandonaría la oficina del banco diciendo que no quiere que le reduzcan la hipoteca que tiene? Nadie lo entendería”, argumentó igualmente España, que aseguró que tampoco es comprensible que eso ocurra “cuando el Estado asume una parte de la deuda de una comunidad autónoma”. “Podemos debatir los criterios técnicos y las cantidades, pero resulta difícil de explicar que alguien se oponga a que disminuya la deuda que tiene su institución con los ciudadanos de su territorio”, lamentó.

“Un pago para salvar a Sánchez”

No obstante, el PP se mostró crítico con lo que considera un intento del Gobierno de maquillar el endeudamiento de las administraciones públicas, ya que la ley no contempla una condonación, sino la asunción por parte del Estado de una parte del pasivo de las comunidades. “La deuda global del Reino de España seguirá siendo la misma, lo que cambia es el titular del recibo”, denunció a este respecto el diputado popular Juan Bravo, que también argumentó que la medida premia a las comunidades que han hecho una mala gestión de sus recursos y perjudica al resto. Bravo, asimismo, defendió “la reforma del sistema de financiación” autonómica “para poner fin a la discriminación que sufren las comunidaes peor financiadas”.

Sin embargo, el argumento estrella utilizado por el PP desde hace meses contra esta ley, que también esgrimió Bravo en el debate de este jueves, es que no responde a criterios técnicos, sino a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. “Solo hay una comunidad autónoma que le compra esta propuesta: Cataluña. Tiene en contra hasta a sus comunidades autónomas, Asturias y Castilla la Mancha”, espetó el diputado del PP, que calificó la norma como “un pago para salvar a Sánchez” acordado “en noviembre de 2023” con ERC.

En la misma línea se expresó el parlamentario de Vox Pablo Sáez, que aseveró que la ley de condonación de la deuda autonómica no “una reforma del sistema de financiación”, “un modelo consensuado” o “una revisión seria de incentivos fiscales”, sino “una operación extraordinaria pactada con grupos independentistas” para resolver “un problema estrictamente político”: la investidura de Sánchez. “Este proyecto de ley demuestra que la igualdad entre españoles queda subordinada a la negociación política con determinados socios parlamentarios”, denunció Sáez, que además coincidió con el PP al afirmar que la norma premia “la mala gestión” y sostuvo que, en realidad, “la deuda no desaparece, tan solo se transfiere de un gobierno a otro”, por lo que “habrá contribuyentes que asumirán la factura de la deuda acumulada por un gobierno autonómico que no es el suyo”.

Junts acusa de “visión anticatalana” a las otras dos derechas

Esta postura de PP y Vox provocó el rechazo frontal de un Junts que acusó a las dos formaciones —a las que, en los últimos tiempos, ha unido sus votos en múltiples ocasiones para derribar iniciativas promovidas por el Gobierno o sus socios— de querer “impulsar la acción recentralizadora del Estado” por su “visión anticatalana”. “El FLA es un invento del PP” durante los años de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo “para someter la voluntad política de las comunidades, y en especial la de la Generalitat de Catalunya”, espetó el diputado independentista Josep Maria Cruset, que sostuvo que dicho instrumento “es una muestra más de cómo los gobiernos españoles, sea cual sea su color político, aprovechan en cualquier ocasión para estrangular a los catalanes, en este caso ahogando al Govern con una mano mientras le obligaban con la otro a mendigar los recursos del FLA”.

Pese a esas duras críticas, Cruset afirmó que su grupo permitirá que continúe la tramitación del proyecto de ley para que el Estado asuma parte de la deuda de las comunidades. “Pero atención: en la tramitación habrá que poner solución a muchas de las deficiencias de la propuesta actual”, advirtió el diputado de Junts, que exigió la quita total y no parcial de la deuda de Catalunya y sostuvo que existe un agravio comparativo de su comunidad con otras como Andalucía, en términos absolutos la más beneficiada de la condonación. “¿Por qué proponen que se rebaje sólo un 19% la deuda de Catalunya y en cambio que se rebaje un 50% la deuda de Andalucía? ¿Van ustedes, diputados de ERC y del PSC, a impulsar un nuevo agravio contra Catalunya?”, espetó.

El Congreso de los Diputados debatirá este jueves el proyecto de ley que permitirá condonar alrededor de 83.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades del régimen común que lo soliciten, que en el caso de Extremadura alcanza los 1.718 millones, lo que supone reducir la deuda un 32% respecto al cierre de 2023.

El Gobierno recuerda que el proyecto ya fue rechazado por los gobiernos autonómicos en los que participa el PP, como también se rechazó que Extremadura cuente con un margen presupuestario de 128 millones.

Además, señala que le permitirá a Extremadura un ahorro en el pago de intereses de 49 millones, lo que supondrá liberar recursos para dedicar al Estado del bienestar.

El denominado proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, que fue aprobado por el Gobierno el 9 de diciembre de 2025 fruto del pacto del Ejecutivo de Pedro Sánchez con ERC, tiene la intención de corregir el sobreendeudamiento en el que incurrieron las administraciones autonómicas durante la crisis financiera y mejorar su posición a la hora de salir a los mercados.

Como explicó aquel día la entonces portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, Andalucía, con 18.791 millones de euros, sería la comunidad con la mayor condonación, seguida de Cataluña (17.104), la Comunidad Valenciana (11.210) y Madrid (8.644).

Entre las 15 comunidades de régimen común -todas salvo Navarra y País Vasco- podrían ahorrarse aproximadamente 6.700 millones de euros en intereses, con lo que tendrían capacidad de reforzar los servicios públicos, según ha repetido el Gobierno desde entonces.

Unos argumentos que no han convencido a las comunidades gobernadas por el PP, a pesar de que la mayor parte de la quita -siete de cada diez euros- les beneficiaría a ellas, puesto que la consideran una “trampa” que en realidad penaliza a los territorios que menos deben.

La medida sí es respaldada por las comunidades gobernadas por el PSOE, incluido el Ejecutivo castellanomanchego de Emiliano García-Page, enfrentado al Gobierno de Sánchez por la propuesta de financiación autonómica, pero que en este caso si entiende cumplidas sus expectativas.

Pese a mantener algunas reticencias, JxCat permitirá que se tramite el proyecto en el Congreso e intentará, en la tramitación parlamentaria, “introducir mejoras” para elevar el porcentaje de condonación a Cataluña, según ha explicado el secretario general de esta formación, Jordi Turull.

Hace apenas un mes, Corea del Sur simbolizaba el entusiasmo inversor por la IA. Durante todo 2025, de hecho. Pero algo huele en su emblemático Índice Kospi que recuerda a la crisis monetaria de 1997. La atmósfera bursátil regional se ha deteriorado, hasta hacer cundir el nerviosismo desde comienzos de julio. Tras dispararse más de un 250% en un año, el MSCI Korea (Morgan Stanley Capital International), que controla la evolución de activos de compañías surcoreanas accesibles a inversores internacionales y determina sus flujos de capital, se ha contraído más del 30% desde sus máximos de junio. Con episodios de volatilidad desconocidos desde 1998. Ni siquiera unos beneficios récord de Samsung Electronics y SK Hynix han bastado para frenar una ola de ventas que cuestiona las valoraciones reales de las multinacionales del sector de los semiconductores.

Pero si el mayor de los tigres asiáticos –economía comparable en tamaño a la española– se está desmarcando del fervor inversor por la IA, en el que los chips han pasado a ser la estrella de las cotizaciones con Nvidia ya destacada como la empresa con mayor capitalización, Japón está protagonizando un viraje mucho más silencioso. Pero potencialmente más trascendental.

El rendimiento del bono soberano a 30 años ha escalado a máximos en tres décadas mientras el Banco de Japón (BoJ) desmantela, sin prisa pero sin pausa, la política monetaria ultra-expansiva, con tipos pegados a cero, que instauró hace treinta años para combatir la deflación y reanimar el gasto de un consumidor. Propenso hasta límites insospechados, al ahorro.

Este cambio de registro ha generado un verdadero interrogante inversor. Y no solo en el parqué japonés. También en las plazas internacionales. La cuestión no gira tanto en torno a averiguar cuánto y en qué momento el BoJ encarecerá el precio del dinero –asunto ya descontado– como en saber lo que ocurrirá si aseguradoras, bancos y fondos de pensiones japoneses comienzan a repatriar parte de los billones de dólares invertidos en EEUU y Europa.

A primera vista, ambos episodios no parecen conectados. Al fin y al cabo, el escenario bursátil en Asia podría entenderse como una corrección por un episodio febril agudo de la IA en un telón de fondo que augura el final del dinero barato en Japón. Pero el mercado empieza a consensuar que son dos actos de una misma pieza teatral: la de que el ahorro asiático –pilar neurálgico del sistema financiero internacional de las últimas tres décadas–, ha emprendido un giro de guion que retrotrae a los inversores a la crisis financiera de 1997. Desencadenada por la caída libre del bath tailandés y que contagió a la práctica totalidad de las divisas de los tigres asiáticos de forma fulminante, en una especie de carrera competitiva por ganar atractivo monetario que hizo saltar por los aires las frágiles costuras de sus economías.

Similitudes y diferencias de la crisis del 97

La comparación resulta inevitable, aunque, de momento, engañosa. Entonces, el problema fue la escasez de dólares y la fragilidad de los mercados emergentes. En la actualidad, sin embargo, el riesgo es de otra índole. Asia acumula exceso de ahorro, Japón sigue siendo el gran acreedor global y Corea del Sur presenta un patrón productivo sólido, alejado, aunque no del todo, de los viejos conglomerados industriales –chaebols– protegidos institucional y financieramente desde Seúl. De modo que la inquietud no reside ahora en un déficit de capital, como en los noventa, sino, más bien, en los daños colaterales de un cambio brusco de timón de esos flujos inversores.

De hecho, la fragilidad del MSCI Korea ha impulsado la predicción de la volatilidad a 60 días hasta su cota más alta desde 1998; incluso por encima de los registros del colapso crediticio de 2008. Tanto, que los denominados mecanismos automáticos de suspensión de la negociación (circuit breakers) se han activado siete veces este año. Algo sin parangón en el último cuarto de siglo.

El nerviosismo imperante resulta todavía más llamativo porque llega cuando los resultados y los fundamentos empresariales son extraordinariamente sólidos. Samsung acaba de multiplicar por 19 su beneficio trimestral y SK Hynix ha protagonizado la mayor salida a Bolsa de una empresa foránea en EEUU con una captación de 26.500 millones de dólares, lo que ha propiciado que su CEO, Kwak Noh-Jung, aventure que la escasez mundial de memorias avanzadas para IA podría prolongarse más allá de 2030.

Sin embargo, ni unas ganancias históricas ni unas perspectivas de demanda excepcionales han impedido que los inversores cuestionen unas valoraciones que parecían tener crecimientos sin límites. Por el contrario, esta semana ha ganado adeptos la consigna de mercado de diferenciar entre acciones de compañías de circuitos integrados con modelos de IA realmente vanguardistas o con exceso de equipaje inversor. Síntoma que se aprecia en el índice SOX norteamericano, que integra a firmas con el sello chip, y que revela una trayectoria plana desde finales de marzo. Los semiconductores han sustituido al software como el enfant terrible del boom tecnológico.

A más de mil kilómetros de Seúl, otro mercado aparentemente tranquilo, como el japonés, envía señales de alerta. En este caso, por el rendimiento de su bono soberano a 30 años, que ha rozado máximos inéditos desde los noventa, lo que refleja la brusquedad del volantazo monetario del BoJ y que parece acuñar el epitafio a las compras masivas de deuda y renovar los controles de la curva de rendimientos en su mercado de deuda. El cambio es gradual, pero supone el final del mayor experimento monetario de la historia contemporánea: tres décadas de dinero gratis, sin tipos.

Cambio de tercio inversor

Este viraje tiene implicaciones cruciales. Más allá de las fronteras de Japón. Durante décadas, el exceso de ahorro del país del sol naciente ha avalado gran parte de la deuda federal americana y soberana europea. Aseguradoras, bancos y gigantes como el Government Pension Investment Fund (GPIF) –el mayor fondo público de pensiones del mundo– mantienen billones de dólares invertidos en bonos del Tesoro, deuda europea y otros activos internacionales. Pero si, como ocurre ahora, las rentabilidades del bono doméstico nipón continúan aumentando, una porción de ese capital regresará a Japón, elevará el coste de financiación de gobiernos y de empresas en Occidente y alterará el equilibrio que durante años ha sostenido los mercados globales.

Esta coincidencia –una bolsa tecnológica con alteraciones extremas como la surcoreana, junto al despertar del mercado de deuda japonés– es la que ha emitido el sónar inversor hasta alterar el ánimo de gestores, bancos de inversión y bancos centrales. No parece que porque se avecine un episodio crítico inminente. Pero sí porque ambos casos se encaraman a una misma longitud de onda, la de que el ahorro asiático, más trascendental de lo que se interpreta en Occidente, está virando sus hojas de ruta.

Es decir, no hay pánico a otro estallido financiero como el de 1997 que, por otro lado, surgió casi de la nada, sin que ningún gendarme multilateral, como el FMI, o inversor de postín, alertara de ello. Entre otras razones, porque los tigres asiáticos –y Japón, China o India– no sufren ahora déficits exteriores ni deudas denominadas en dólares o reservas insuficientes de divisas. Aunque Corea del Sur mantenga una banda de fluctuación con cierta rigidez desde que se desplomó el won en 1997. Pero sí una percepción del riesgo que ha pasado del ámbito monetario al mercado de bonos.

Tokio y Seúl han reforzado su atractivo por las reformas en sus gobiernos corporativos, en sus sectores con la vitola de estratégicos tecnológicamente y altamente competitivos en el exterior y por unas divisas que se han depreciado moderadamente, pero lo suficiente para impulsar sus exportaciones.

Sin embargo, y paradójicamente, esa fortaleza les ha reportado otras vulnerabilidades. En Corea del Sur, Samsung Electronics y SK Hynix concentran cerca de dos tercios del índice MSCI Korea, de modo que cualquier corrección en sus cotizaciones amplifica automáticamente los temores del mercado. El auge de los ETF –fondos cotizados– que se centran en un único valor, el elevado grado inversor de los minoristas, y la extraordinaria concentración del capital internacional en los semiconductores, han convertido la bolsa surcoreana en uno de los mercados más sensibles a cualquier cambio de expectativas sobre la IA.

Ni siquiera el comportamiento del won responde a cánones tradicionales. Pese al espectacular ascenso de la renta variable, la moneda surcoreana permanece en su nivel más bajo en relación con el dólar desde 2009. Debido a que muchos fondos foráneos se ven obligados a reducir posiciones y rotar carteras y los inversores surcoreanos siguen suministrando miles de millones de dólares a los índices tecnológicos de Wall Street. Atraídos por bigtechs como Nvidia, Microsoft o Apple.

El capital retorna a Japón, pero huye de la región

El resultado es un flujo constante de salida de capitales que mantiene bajo presión a las divisas. A ello se une el hecho de que, si los bonos japoneses ofrecen retornos altamente atractivos, el incentivo de conservar posiciones en deuda estadounidense, europea o australiana se diluirá de forma significativa.

En otras palabras, el mayor acreedor global –Japón– podría dejar de actuar como estabilizador precisamente cuando las necesidades de financiación de las economías de rentas altas alcanzan niveles históricos, y los ratings de deuda y solvencia de sus compañías comienzan a atisbar unas necesidades de reajuste. Por si fuera poco, Indonesia, Filipinas, Malasia e India han certificado esta semana fugas de capital. También los indicadores chinos, especialmente los tecnológicos. Imbuidos por la pérdida de fuelle de su PIB en el tercer trimestre, que remontó un 4,3% a siete décimas del objetivo, ya oficios, de crecimiento, y las dudas sobre la estabilización de su sector inmobiliario y de los gastos de consumo de hogares y de inversión empresarial.

En medio de una climatología con nubes y claros por un dólar que recupera su músculo perdido en 2025 y que ha vuelto a inaugurar un baile de divisas que, en Asia, despierta pesadillas ocultas.

“El dinamismo de buena parte del continente tendrá que sortear presiones crecientes” alerta el economista jefe para Asia de HSBC, Frederic Neumann, para quien las autoridades monetarias de la región “deberán decidir entre subir los tipos para sostener sus monedas o proteger unas economías amenazadas por la desaceleración”. En sintonía con Christopher Wong, estratega de divisas de OCBC, que advierte de que las intervenciones cambiarias de sus bancos centrales “solo podrán estabilizar temporalmente el mercado mientras persista el voltaje geopolítico y la deuda de las potencias industrializadas siga atenazando sus coyunturas y presupuestos”.

La historia invita a la prudencia, dice Rob Subbaraman, economista jefe de Nomura, al recordar que tanto en la crisis asiática de 1997 como en la de la deuda europea de 2012 las reservas de divisas parecían suficientes “hasta que los mercados cambiaron de opinión”. Cuando aumenta la percepción del riesgo, las primas exigidas por los inversores pueden dispararse en cuestión de semanas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pliega a la táctica de Génova 13 en al menos cuatro asuntos cruciales en el debate político gallego: se opone a la quita de la deuda pública, no negociará bilateralmente una nueva financiación, ha votado en contra de la demanda histórica de traspaso de la autopista atlántica y del uso del gallego en las instituciones estatales. Estas posiciones le sirvieron a la portavoz del BNG, Ana Pontón, para calificar a Rueda del “presidente del no a Galicia”. “Ustedes sí que son los del no a todo”, intentó revolverse el jefe del Ejecutivo con uno de sus tópicos habituales sobre el nacionalismo, pero lo cierto es que el Partido Popular de Galicia y, con él, el Gobierno autonómico ha hecho suya la desaforada guerra sin cuartel de Feijóo contra Pedro Sánchez en estos temas. La sesión de control de este miércoles en el Parlamento de Galicia lo dejó claro.

“Le recuerdo un eslogan del PP, 'Galicia primeiro'”, había comenzado Pontón su intervención, “en realidad es 'el PP primero, Galicia después o Galicia nunca”. El Gobierno gallego, añadió, renuncia a 4.000 millones de euros en la quita de la deuda y no quiere negociar con el Estado “una financiación justa”. También “ha dicho no al gallego”: Alfonso Rueda llevó a su grupo parlamentario a votar en contra de su uso en el Congreso y en el Senado. Finalmente se refirió a la transferencia de la AP-9, cuya concesión a Audasa prorrogó Aznar hasta 2048 en una operación que Europa ha declarado ilegal. “Madrid manda, usted obedece y Galicia pierde. Usted, o mansiño de Génova”, resumió la nacionalista.

El presidente de la Cámara había acumulado las preguntas de la oposición. José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos, había acusado a Rueda de “no gobernar pensando en Galicia, sino en lo que le dictan en Madrid”. Y mencionó la existencia de “un nuevo susurrador en el oído de Rueda”, la extrema derecha: “Votan de la mano de Vox para evitar la transferencia”. Besteiro sintetizó su discurso con una definición de lo que entiende por autogobierna y que, a su juicio, Rueda no ejerce: “Es asumir competencias, no inventar problemas, y aprovechar cada euro para mejorar las condiciones de los nuestros”. Pontón había sido más contundente: “¿Cómo alguien incompetente va a querer competencias?”.

Alfonso Rueda se defendió con una respuesta algo deslabazada. Se esforzó por presentar a los líderes de BNG y PSdeG como delegados de Pedro Sánchez y llegó a calificarlos, “sin el sentido peyorativo”, de tontos útiles. A lo concretó entró, pero únicamente para volver sobre argumentarios ya conocidos y emitidos en numerosas ocasiones. La financiación no se negocia bilateralmente, sino en una conferencia de presidentes. “Una posición de partida que nunca va a mejorar” si la discusión es bilateral. Lo que no ha hecho nunca su gabinete es hacer público el modelo que prefiere, si es que tiene alguno. Sí a la transferencia, “no a la estafa”, que él considera que es el acuerdo refrendado en el Congreso por todos los grupos excepto el PP y Vox. Según la derecha, abre la puerta a que la Xunta tenga que indemnizar a la concesionaria, lo que la izquierda niega. “Hay que tener dignidad y ustedes no la tienen”, apuntó.

Ya en el turno de cierre, el presidente de la Xunta quiso explicar su visión del autogobierno y, para ello, puso algunos ejemplos: la frustrada operación de su gabinete para instalar una macrocelulosa en A Ulloa o lo que denomina “resolver el absentismo”, en realidad reducir el derecho a baja laboral de los trabajadores. “Ustedes sí que son los del no a todo. Ya que traen recados, lleven otro de vuelta”, espetó a la oposición: “Que respeten a los gallegos”.

La celebración, el pasado 4 de julio, del 250 aniversario de la declaración de independencia y, por tanto, del nacimiento de EEUU como nación, ha generado abundante análisis sobre su relativamente breve pero intensa historia en este cuarto de milenio. Sus valores democráticos, el auge de su economía, su carácter innovador y de atracción de talento, su rol en las guerras mundiales y su posterior papel como líder mundial en los últimos 80 años, etc. Y también sobre cómo ello parece desmoronarse en estos momentos.

Pero se ha hablado poco de la calidad de sus estadísticas, sobre todo económicas. Un país que nace en 1776 y a finales de ese siglo ya tiene estadísticas fiables sobre su PIB, empleo, paro, precios o deuda pública. En el caso español, por poner un ejemplo, no tuvimos datos oficiales de contabilidad nacional hasta 1964. Es lógico que, con esta disponibilidad estadística, la economía de EEUU haya sido la más estudiada del mundo. Un ejemplo es la serie histórica de Deuda Pública en términos de PIB desde 1791, que puede encontrarse en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuyo gráfico se presenta a continuación.

La historia de la deuda pública americana es, en cierto modo, la del pensamiento económico de los dos últimos siglos y medio. Desde su nacimiento como nación hasta 1929, el perfil de su deuda pública (en términos de su PIB) siguió un patrón razonable. Se disparaba en los períodos de guerra y se corregía posteriormente de forma completa cuando llegaba la paz. Así, la Guerra de la Independencia (1775-1783) situó la ratio de deuda pública en el 40%, y se tardó casi 50 años en volverla a llevar por debajo del 1% en 1833. Posteriormente, la Guerra de Secesión (“Civil War”), de 1861 a 1865, disparó el endeudamiento público hasta el 30% del PIB en 1866 y, de nuevo hasta 50 años después, en 1916, no se corrigió por debajo del 3%. La Primera Guerra Mundial (1914-1918), provocó un nuevo salto en la deuda pública, otra vez hasta el 33% en 1919. Siguiendo la pauta habitual, el armisticio supuso el inicio del endeudamiento. Pero con la Gran Depresión de 1929, se frena su reducción al alcanzar el 16% del PIB. Y ya no volvería a bajar de ese nivel nunca más.

El motivo es que el pensamiento keynesiano defendía el endeudamiento público no solo como vía para financiar las guerras, sino como herramienta de política fiscal anticíclica. Es decir, contrarrestar desde el sector público las recesiones causadas por las fluctuaciones del sector privado. Es bien sabido que no hay muchas resistencias sociales al endeudamiento en los momentos bajos del ciclo, pero sí las hay a desendeudarse en los períodos de bonanza, recortando gasto o elevando impuestos. Y eso hace que la deuda se acumule en los períodos de crisis y no se reduzca en los de expansión, provocando un movimiento en “escalón” en la ratio de endeudamiento público.

Así, la deuda pública americana crece durante el New Deal de Roosevelt hasta el 40% en 1941. Y ahí llega la Segunda Guerra Mundial y, volviendo al pensamiento original, su financiación vía deuda, que se dispara hasta el 121% del PIB en 1946. Lo que se consideró, hasta hace poco “un récord histórico irrepetible”. Con la llegada de la paz se produce el ajuste del endeudamiento, que fue rápido, pese a las guerras de Corea y de Vietnam. Pero no es un ajuste completo. Su nuevo suelo se alcanza a los 30 años, en 1978, en el 34% del PIB. Y de ahí ya no vuelve a bajar nunca más. Lo que en el primer siglo y medio de historia de EEUU había sido el “techo” de la deuda pública en períodos de guerra, en 1978 se había convertido en el nuevo “suelo”. Los escalones a los que me refería antes.

Y entonces llega Ronald Reagan, con sus promesas de desregular, reducir el peso del sector público y el endeudamiento. Pero éste se dispara a partir de 1980. Sin guerras y sin recesiones. Simplemente por el “reaganomics”, que se basaba en la idea de Laffer de que una reducción de los tipos impositivos aumentaría la recaudación. Algo que resultó ser falso. La combinación de esta política con el aumento del gasto militar asociado a la intensificación de la guerra fría con la agonizante Unión Soviética hizo disparar la deuda pública hasta el 62% en 1988: nada menos que 25 puntos en los dos mandatos de Reagan. Escalada que continuó con Bush padre, en parte por la primera guerra del Golfo tras la invasión de Kuwait por Irak. Bush deja el endeudamiento en el 70% del PIB en 1992. En esa época, la Unión Europea ya consideraba una ratio del 60% como “deseable” y se convirtió en uno de los objetivos de Maastricht.

Y tiene que ser un presidente demócrata, Clinton, el que aborda la reducción del endeudamiento acumulado por los “libertarios” republicanos. Y lo consigue, en parte, pero solo hasta el 53% en 2001, que se convierte en el nuevo suelo de la deuda pública americana. Y, a partir de ahí, viene el desmadre fiscal. Toda la sucesión de presidentes, republicanos y demócratas, han aumentado el endeudamiento, sin ninguna intención de reducirlo hacia ningún nuevo “suelo” de ningún tipo. El “irrepetible” dato del 121% de 1946, tras la Segunda Guerra Mundial fue superado en 2020 durante la pandemia, alcanzándose el 132%. Con Biden, de nuevo los demócratas, hubo un intento de reducción hasta el 120%, que parece que es el nuevo “suelo”, pues con el segundo mandato de Trump ha vuelto a retomar la senda alcista y podría cerrar 2026 en el 126%. Las proyecciones del FMI llevan esta ratio al 142% en 2031.

Muchos se preguntan cómo es posible que los mercados permitan este endeudamiento público en EEUU, cuando buena parte de sus títulos son comprados por residentes de otros países. La clave está en que el dólar siga siendo la moneda de reserva mundial y EEUU mantenga la capacidad de imprimir dólares sin afectar a su tipo de cambio. Pero esto no es eterno. Durará mientras EEUU mantenga el liderazgo de la economía mundial. Cuando se termine, se acabará el “God debt America”. Y pasaremos al “God bless America”…

El Tesoro Público español se prepara para afrontar un mes de julio cargado de actividad financiera con el objetivo de captar liquidez en los mercados. Tras cerrar las operaciones de junio, el organismo ya ha fijado en su calendario las fechas clave para la emisión de nuevos valores de deuda pública a corto plazo. En este contexto, los inversores particulares y grandes instituciones centran su mirada en las próximas subastas que tendrán lugar durante las dos primeras semanas del mes estival. Estas emisiones son especialmente seguidas por quienes buscan refugio en activos de bajo riesgo ante la volatilidad económica actual. 

El organismo emisor mantiene una transparencia absoluta en su planificación anual, permitiendo que los ciudadanos conozcan con antelación los días exactos de las operaciones. De hecho, ya se ha iniciado la cuenta atrás para que los interesados preparen sus peticiones de suscripción. La popularidad de estos instrumentos no ha dejado de crecer debido a la atractiva rentabilidad que vienen ofreciendo en los últimos tiempos. Es un momento crucial para aquellos que desean rentabilizar sus ahorros con la máxima seguridad que ofrece el Estado español.

La primera de las grandes citas en el calendario de julio está programada para el día 7, momento en que se subastarán dos tipos de valores. Se trata de las letras a seis y doce meses, que representan una de las opciones favoritas para el ahorro con vencimiento a medio plazo. Para participar en esta puja, el Tesoro establece fechas límite muy estrictas que los ahorradores deben tener presentes para no quedar fuera. En el caso de realizar la solicitud de forma telemática, el plazo máximo para presentar las peticiones online expira el 3 de julio. Quienes prefieran acudir de manera presencial a las sucursales del Banco de España tienen un margen similar, requiriendo siempre una cita previa. 

El valor nominal mínimo para entrar en esta subasta se mantiene en los 1.000 euros, permitiendo así el acceso a pequeños ahorradores. Es fundamental recordar que estas inversiones se realizan en tramos múltiplos de dicha cantidad, asegurando una estructura de deuda organizada. Estas letras a seis y doce meses suelen atraer el mayor volumen de capital en las subastas del Estado. Exactamente una semana después, el 14 de julio, el Tesoro Público volverá a abrir sus puertas para subastar los otros dos tipos de letras. En esta ocasión, el protagonismo recaerá sobre los títulos con vencimientos más breves e intermedios, concretamente las letras a tres y nueve meses. Esta segunda vuelta mensual completa el cuarteto de instrumentos de deuda a corto plazo que el Estado pone a disposición de los ciudadanos. 

Para esta subasta específica, los inversores disponen de un margen adicional, pudiendo presentar sus peticiones online hasta el día 10 de julio inclusive. Al igual que en la emisión anterior, el proceso garantiza que tanto minoristas como grandes fondos puedan competir en igualdad de condiciones técnicas. Las letras a tres meses son valoradas por su extrema liquidez, mientras que las de nueve meses ofrecen un equilibrio temporal muy demandado. El calendario oficial muestra que la emisión efectiva de estos títulos se producirá el 17 de julio, cerrando el ciclo. Resulta vital para el inversor coordinar sus fondos, ya que el pago de las adjudicaciones debe realizarse en las fechas señaladas.

El funcionamiento técnico de estos valores del Estado se basa en un sistema de emisión al descuento que resulta muy sencillo de comprender. A diferencia de otros productos financieros, las letras del Tesoro no pagan un cupón periódico o intereses anuales de forma explícita. La rentabilidad real para el comprador se genera a través de la diferencia entre el precio de compra y el valor de reembolso. Esto significa que el inversor adquiere cada letra por un importe inferior a su valor nominal de 1.000 euros en el momento inicial. Al llegar la fecha de vencimiento o amortización de la deuda, el Estado abona la totalidad de los 1.000 euros al titular. 

Es decir, si por ejemplo se adquiere un título por 970 euros, la ganancia bruta al finalizar el periodo será de 30 euros por unidad. Este método permite conocer de antemano la rentabilidad mínima que se obtendrá, aportando una gran seguridad al plan de ahorro. Para el cálculo preciso de estos rendimientos se aplican fórmulas financieras estandarizadas que consideran los días exactos hasta el vencimiento. El mercado secundario también permite negociar estos valores antes de que se cumpla su plazo de vencimiento final.

Al participar en una subasta, el inversor tiene la posibilidad de elegir entre realizar una oferta de carácter competitivo o no competitivo. En las ofertas no competitivas, el interesado simplemente indica la cantidad de dinero que desea invertir sin especificar un precio concreto. Bajo esta modalidad, el suscriptor acepta el precio medio ponderado que resulte de la subasta una vez que se hayan resuelto todas las pujas. Por el contrario, en las ofertas competitivas se debe indicar tanto el montante económico como el precio que se está dispuesto a pagar. El Tesoro Público emplea el sistema holandés combinado con el método de subasta convencional para determinar las adjudicaciones finales. Este proceso implica que las ofertas se clasifican de mayor a menor precio, aceptando aquellas que superan el mínimo fijado por el emisor. 

Las peticiones no competitivas son las primeras en ser atendidas por el organismo oficial, asegurando así su colocación prioritaria. Una vez cubierto el volumen previsto, se calcula el tipo de interés medio que regirá para el resto de los participantes. Este mecanismo busca optimizar el coste de la deuda para el Estado y ofrecer condiciones de mercado justas.

Vías para comprarlas

Existen diversas vías para tramitar la compra de estas cuatro letras del Estado, adaptándose a las necesidades de cada perfil de usuario. La opción más ágil actualmente es el servicio de compraventa de valores a través de la página web oficial del Tesoro Público. No obstante, este canal requiere que la suscripción se realice con al menos siete días de antelación respecto a la fecha de subasta. Concretamente, el plazo online se cierra a las 23:00 horas del séptimo día anterior para garantizar la correcta gestión de los fondos. Otra alternativa clásica es acudir físicamente a una de las sucursales del Banco de España distribuidas por todo el territorio nacional. Es indispensable concertar una cita previa y respetar el horario de atención, que suele ser de 8:30 a 14:00 horas. Además, las entidades bancarias privadas también actúan como intermediarios, facilitando el proceso a sus clientes a cambio de posibles comisiones. Para los inversores particulares que no son miembros del mercado primario, se exige a veces un depósito previo como garantía. 

En definitiva, las próximas subastas de julio representan una oportunidad clave para consolidar el ahorro en un producto con respaldo estatal. La tendencia alcista de los intereses en las letras del Tesoro, que han alcanzado niveles máximos desde 2024, justifica el interés masivo. Comparadas con los bonos y obligaciones a largo plazo, las letras ofrecen una flexibilidad temporal que se adapta mejor a la incertidumbre. El inversor conservador valora especialmente la garantía de recuperar su capital principal íntegro junto con la rentabilidad pactada en el proceso. Además, la sencillez del producto evita sorpresas desagradables ligadas a la volatilidad de los mercados de renta variable. 

La deuda pública de Cantabria se situó en 3.216 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 16,9% del Producto Interior Bruto (PIB), según datos publicados este martes por el Banco de España.

La deuda pública cántabra aumentó en un millón de euros respecto al cierre del año pasado (+0,03%) pero se redujo en 19 millones si se compara con el primer trimestre de 2025 (-0,58%), según el Protocolo de Déficit Excesivo.

La cifra actual de deuda, en términos absolutos, es la tercera más baja registrada en Cantabria desde 2019 -después de los 3.234 millones del cuatro trimestre de 2024 y de los 3.215 del trimestre anterior-, y la tercera menor en el primer trimestre del año tras La Rioja (1.888 millones) y Navarra (2.451 millones).

En relación al PIB, la deuda de Cantabria entre enero y marzo asciende al 16,9%, que son tres décimas menos que en último trimestre de 2025 (17,2%) y 1,2 puntos inferior a la del mismo periodo del año anterior, cuando era del 18,1% del PIB. En este caso, hay que remontarse a 2012 para encontrar un volumen de deuda menor en relación al PIB en Cantabria. Sin embargo, en el primer trimestre de 2026, el porcentaje de la comunidad es el séptimo más bajo de las regiones.

La deuda nacional crece un 4,3%

En España, la deuda de las administraciones públicas se situó en el primer trimestre en máximos de 1,740 billones de euros, tras elevarse un 4,3% en términos interanuales, aunque moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101,6% respecto al mismo período del año anterior, 1,7 puntos porcentuales menos.

En términos absolutos, el saldo de la deuda (1,740 billones) aumentó en 72.125 millones de euros, un 4,3% más respecto al primer trimestre del año pasado, al tiempo que registró un incremento de 41.276 millones respecto al cuarto trimestre de 2025, un 2,4% más.

Con estos crecimientos registrados en este primer trimestre del año, el dato avanzado por el Banco de España supera el máximo histórico alcanzado en el tercer trimestre de 2025, cuando la deuda se situó en 1,709 billones de euros.

El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajar por debajo del 100% un año, ya que estaba fijado para final de esta legislatura.

Aunque el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

Cinco CCAA por debajo del umbral

Por lo que respecta a las administraciones territoriales, en el primer trimestre de 2026 la deuda de las Comunidades Autónomas (CCAA) fue de 346.910 millones de euros (20,3% del PIB), con un crecimiento interanual del 2,6%.

Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (8,6%), Canarias (10,5%), País Vasco (11,4%), Madrid (12%) y Asturias (12%).

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40,4%, seguida de la Región de Murcia (31,1%), Cataluña (27,8%) y Castilla-La Mancha (27,6%).

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha propuesto revisar el marco de disciplina presupuestaria aplicable a las comunidades autónomas y ha planteado establecer una regla de gasto autonómica basada en los ingresos no financieros de cada comunidad, que incorpore un mecanismo explícito de reducción de deuda.

Fedea ha publicado este martes un documento de trabajo de Fernando González (Universidad Complutense de Madrid) y Diego Martínez (Universidad Pablo Olavide de Sevilla y Fedea) en el que se aborda la oportunidad que se abre para revisar el marco de disciplina presupuestaria aplicable a las comunidades autónomas tras la recuperación de las reglas fiscales después de la pandemia, según informa Europa Press.

Según han explicado los expertos, la regla de gasto nacional vigente no está suficientemente conectada con un objetivo claro de reducción de la deuda. En la práctica, cumplir la regla puede, en algunos casos, conducir a una posición fiscal neutral, pero no necesariamente a una senda creíble de disminución del endeudamiento.

Esto es especialmente relevante ya que las comunidades autónomas españolas se encuentran entre los gobiernos subcentrales más endeudados de Europa, y algunas mantienen niveles de deuda muy alejados de la referencia legal del 13% del PIB regional --por ejemplo, la Comunidad Valenciana lidera con una ratio del 40,4% en el primer trimestre de 2026--.

Una estimación basada en sus ingresos a futuro

El trabajo propone una regla de gasto autonómica basada en los ingresos no financieros de cada comunidad que incorpora un mecanismo explícito de reducción de deuda. Según han planteado los expertos, el gasto permitido debería evolucionar de acuerdo con una estimación prudente de los ingresos estructurales o tendenciales de cada comunidad autónoma, pero descontando además el esfuerzo necesario para aproximar gradualmente su deuda a un nivel de referencia.

Se plantea un techo de gasto plurianual, preferiblemente alineado con el ciclo político de cuatro años, que permitiría corregir desviaciones dentro del periodo sin convertir cada incumplimiento anual en una nueva base permanente.

La regla propuesta funciona como una “regla de gasto con freno de deuda”. Su lógica es que, a largo plazo, el gasto debe seguir la evolución de los ingresos, pero con una corrección adicional cuando la deuda se sitúa por encima del objetivo. Cuanto mayor sea la distancia entre la deuda observada y la referencia deseada, mayor será el esfuerzo exigido. A la vez, el diseño permite modular la intensidad del ajuste mediante parámetros transparentes: por ejemplo, alargando o acortando el periodo de convergencia hacia el objetivo de deuda.

Las simulaciones realizadas en el estudio para las comunidades muestran que la regla permitiría limitar el crecimiento del gasto y reducir la deuda de forma más previsible que el marco vigente. En el escenario principal, la deuda autonómica agregada se reduciría de forma gradual, con diferencias entre regiones en función de su punto de partida.

El Ayuntamiento de Logroño contratará un préstamo a largo plazo por un importe máximo de nueve millones de euros, tal y como ha aprobado este lunes en sesión extraordinaria la Junta de Gobierno Local, que ha dado el visto bueno al inicio de la licitación para la selección de la entidad financiera contratista.

La contratación de este préstamo permitirá financiar total o parcialmente hasta 63 actuaciones y proyectos de ciudad con importes que van desde los 18.000 euros hasta 760.000 euros.

Entre las inversiones más destacadas en términos cuantitativos, cabe destacar, la mejora de instalaciones de baja tensión (760.000 euros); la mejora el sistema de transporte público a través del programa nacional ‘Ciudades Conectadas’ (552.000 euros); las subvenciones para obras de patrimonio cultural en el centro histórico (510.000 euros); la creación de la nueva rotonda de la calle General Vara de Rey (500.000 euros); la dotación de sistemas de climatización en las escuelas infantiles (524.000 euros) o la renovación de la climatización de La Gota de Leche (500.000 euros) y del Auditorio Municipal (392.000 euros).

En el ámbito de la urbanización el préstamo contempla también actuaciones como la reurbanización de las calles San Gil y San Roque (300.000 euros); la calle Canicalejo (250.000 euros); la plataforma única de la calle Belchite (200.000 euros); la reposición de firmes en diferentes calles de la ciudad (250.000 euros) y en polígonos industriales (350.000 euros); la continuidad en el plan de renovación de la red de suministro de agua (180.000 euros) o las actuaciones para la mejora de tráfico en el entorno de la nueva estación de autobuses (90.000 euros).

El inicio de los trabajos para la renaturalización y la reducción del riesgo de inundación en el barranco de Oyón también están contemplados entre las actuaciones que se cubrirán con este préstamo (150.000 euros), así como diferentes reparaciones en parques y jardines (290.000 euros) y la renovación del suelo y elementos de juego de áreas infantiles de diferentes parques (150.000 euros).

La ampliación del Teatro Bretón (375.100 euros), la instalación de nuevas cámaras de seguridad en la ciudad y en diferentes dependencias municipales (192.000 euros) o la continuidad en el desarrollo del sistema de administración electrónica para la gestión contable (192.340 euros).

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño aprobó el pasado 28 de noviembre un Presupuesto Municipal para 2026 que asciende a 197.250.000 euros. En su apartado de gastos, el documento contempla unos importes totales de 18,5 millones de euros en los capítulos inversores (VI y VII). Dentro de este programa municipal de inversiones, se consignan diversos proyectos de gasto financiados, entre otros, con recursos procedentes de operaciones de crédito como la mencionada.

La Cámara de Cuentas de Aragón dibuja en su informe de fiscalización de 2024 una comunidad que cumple formalmente los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero que arrastra graves problemas estructurales de gestión, liquidez y control interno. Aunque Aragón cerró el ejercicio con un superávit de 185 millones y redujo el periodo medio de pago a proveedores, el órgano fiscalizador advierte de un remanente de tesorería negativo de hasta 682 millones, una deuda pública récord de 9.402 millones y 458 millones de fondos europeos Next Generation aún sin ejecutar. El informe detecta además 35,9 millones en gastos realizados sin contrato, 54,7 millones en facturas sanitarias sin crédito presupuestario y una temporalidad del 45,9% en el empleo público, muy lejos del límite legal del 8%.

El Gobierno de Aragón tuvo que aprobar importantes modificaciones presupuestarias para poder afrontar gastos corrientes que no contaban con dotación suficiente en los presupuestos iniciales. Las mayores tensiones volvieron a concentrarse en el Servicio Aragonés de Salud y en el Departamento de Educación. Según la Cámara, las modificaciones necesarias para cubrir estas insuficiencias ascendieron a 301,75 millones de euros. El grueso corresponde a gasto sanitario y de personal, especialmente en adquisición de bienes corrientes y servicios del SALUD.

El informe conecta además esta situación con otros problemas detectados durante la fiscalización, como el uso recurrente de la cuenta 413 de acreedores pendientes y la necesidad de recurrir al endeudamiento y al Fondo de Liquidez Autonómica para sostener el equilibrio financiero del sistema.

Desequilibrios estructurales

El informe lanza un mensaje claro: Aragón mantiene formalmente el cumplimiento de los grandes indicadores fiscales europeos, pero lo hace sobre una estructura financiera tensionada y con problemas persistentes de gestión. La Comunidad Autónoma registró un resultado presupuestario ajustado positivo de 185 millones y un superávit del 0,24 % del PIB regional en términos de contabilidad nacional. Sin embargo, esa imagen positiva convive con una posición de liquidez muy deteriorada.

La Cámara subraya que el remanente de tesorería consolidado fue negativo en 619 millones de euros y que, aplicando los ajustes de auditoría, el desfase real asciende a 682 millones. Si además se incorporaran todos los gastos pendientes de imputación presupuestaria, el deterioro alcanzaría los 912 millones. Para los auditores, este dato refleja un problema estructural y no coyuntural.

La deuda total de la CA Aragón aumentó en 217 millones respecto a 2023, situándose en 9.402 millones al cierre de 2024, nuevo máximo histórico en términos absolutos, lo que representa el 19% del PIB regional, en el límite comprometido ante la Unión Europea, sin apenas margen adicional.

El informe también alerta del fuerte incremento de los gastos financieros derivados de la subida de tipos de interés. Los intereses de la deuda pasaron de 116 millones en 2023 a 175,6 millones en 2024, un aumento del 52,6%. Además, los auditores advierten de que esta presión continuará creciendo en 2025 por el impacto de los préstamos del FLA contratados en ejercicios anteriores.

La Cámara considera especialmente preocupante que buena parte del endeudamiento siga utilizándose para financiar déficits acumulados de servicios esenciales y gasto corriente, en lugar de inversiones productivas.

El gasto sanitario

Sanidad vuelve a aparecer como el principal foco de presión financiera y contable. El gasto en asistencia sanitaria alcanzó los 2.814 millones de euros, un 12,6% más que el año anterior. Paralelamente, la Cámara detectó al menos 54,7 millones de euros en facturas que no pudieron imputarse al presupuesto por insuficiencia de crédito, principalmente relacionadas con receta farmacéutica y farmacia hospitalaria.

El informe señala que esta práctica es recurrente y se canaliza a través de la cuenta de acreedores por operaciones devengadas, utilizada para desplazar gastos a ejercicios posteriores. La Cámara considera que esta situación vulnera el principio de anualidad presupuestaria y evidencia una insuficiente dotación inicial de determinadas partidas.

Además, el SALUD mantiene problemas importantes de control interno. El 73,1% de las compras de farmacia hospitalaria se realizaron sin expediente de contratación, porcentaje similar al de 2023 y muy superior al registrado antes de 2022. En algunos sectores sanitarios prácticamente toda la compra hospitalaria se realiza mediante adquisición directa.

Uno de los apartados más duros del informe afecta a la contratación pública. Durante 2024 el Gobierno de Aragón aprobó 195 acuerdos de convalidación por valor de 35,9 millones de euros correspondientes a gastos ejecutados sin contrato o sin expediente de contratación adecuado.

La Cámara recalca que no se trata de incidencias aisladas, sino de un problema estructural que se repite año tras año. Entre 2021 y 2024 los gastos convalidados recurrentes suman ya más de 102 millones de euros.

Los auditores identifican casos especialmente graves, como la prórroga extraordinaria del contrato de helicópteros sanitarios o la continuidad durante 18 meses de un servicio tecnológico sanitario con el contrato caducado y sin nueva licitación.

Temporalidad masiva lejos de la legalidad

El informe considera insuficiente la reducción de la temporalidad en el empleo público. La tasa bajó del 50,3 % al 45,9 %, pero continúa enormemente alejada del objetivo legal del 8% fijado por la Ley 20/2021.

La situación afecta a todos los sectores del sector público autonómico: administración general, docentes y personal sanitario. En el ámbito educativo incluso aumentó el número absoluto de trabajadores temporales.

La Cámara recuerda además que el Gobierno de Aragón no publicó el listado completo de plazas afectadas por los procesos de estabilización, tal y como exigía la ley de presupuestos de 2024.

Riesgo de retrasos de los Fondos UE

La ejecución de los fondos Next Generation mejoró respecto a ejercicios anteriores y alcanzó el 53,6% al cierre de 2024. Aun así, permanecen pendientes de ejecutar 458 millones de euros a menos de dos años del cierre definitivo del mecanismo europeo.

Los peores datos corresponden a energía y vivienda, precisamente dos de los programas con mayor dotación económica. La Cámara advierte de que el ritmo actual podría impedir ejecutar la totalidad de los fondos antes de 2026 y aumentar el riesgo de devolución de recursos europeos.

El informe vuelve a detectar importantes deficiencias en la contabilidad patrimonial. Las carreteras autonómicas continúan sin amortizarse correctamente porque nunca se separaron los elementos amortizables de los no amortizables en su registro contable inicial. El valor contabilizado asciende a 637 millones y la Cámara reconoce que el efecto acumulado no puede cuantificarse.

También persisten problemas en el inmovilizado en curso. A cierre de 2024 existían casi 298 millones contabilizados como inversiones en ejecución, aunque muchos de esos activos llevan más de una década registrados sin movimiento y ya están realmente en funcionamiento. Los auditores calculan que solo en los expedientes revisados existe una amortización no contabilizada de al menos 24 millones.

Uno de los pocos apartados claramente positivos es la evolución del periodo medio de pago a proveedores. Aragón redujo el PMP desde los 36,8 días de 2023 hasta 23,6 días en 2024, situándose por primera vez desde 2018 por debajo del límite legal de 30 días.

Sin embargo, la Cámara introduce varios matices. Durante enero y febrero todavía se incumplió el límite legal y, además, el uso creciente del endoso de facturas distorsiona parcialmente el indicador. En 2024 se endosaron facturas por 114 millones de euros, transformando deuda comercial visible en deuda financiera.

La Cámara también critica reiteradamente problemas de transparencia institucional. Diez entidades públicas no rindieron cuentas en 2024, entre ellas la sociedad Pabellón de Aragón 92, que lleva más de veinte años sin formular cuentas sin que se haya procedido a su liquidación.

El informe señala además que el Portal de Transparencia sigue sin publicar información obligatoria sobre gastos convalidados y que varios organismos y fundaciones mantienen deficiencias importantes en publicidad activa y acceso a información pública.

Deterioro acumulativo

El análisis comparativo con 2023 muestra una tendencia preocupante. La deuda continúa creciendo, los gastos financieros se disparan, aumentan los acreedores pendientes de pago y persisten los problemas de contratación y temporalidad.

La conclusión de fondo de la Cámara es que Aragón mantiene una administración funcional y capaz de sostener los servicios públicos esenciales, pero lo hace con una estructura financiera cada vez más tensionada y con problemas estructurales que siguen sin resolverse pese a las advertencias reiteradas de ejercicios anteriores.

Durante el informe, hubo correcciones parciales, pero no una rectificación sustancial del diagnóstico. La Cámara mantiene prácticamente intactas las críticas de fondo en cuanto a presupuestación insuficiente; abuso de modificaciones de crédito; problemas contables; baja ejecución de fondos europeos; debilidades de control interno, y deficiencias de transparencia.

Hasta los recientes ataques iraníes con drones y misiles a territorio israelí, la narrativa económica dominante en el país hebreo era la de un patrón de crecimiento capaz de absorber shocks con notable rapidez. En la actualidad, sin embargo, la guerra abierta desatada contra Irán para afianzar el proyecto del Gran Israel que se ha propuesto imponer Benjamin Netanyahu ha mermado la confianza ciudadana, empresarial e inversora en el poder de resistencia de un PIB tasado en 666.400 millones de dólares, similar al de Argentina, Suecia o Singapur, que empieza a mostrar fisuras profundas y cada vez más estructurales.

El año de conflictividad geopolítica y militar para expandir el sueño del gubernamental Likud y de otros partidos ultraortodoxos en Oriente Próximo e instaurar la hegemonía israelí en la región ha dejado muestras de resiliencia, con un impactante repunte de la actividad del 3,1% en 2025. Muy por encima del 1% del ejercicio precedente, el peor dato en dos decenios, con la excepción de los primeros latidos del ciclo de negocios post-Covid surgido con fórceps monetarios y fiscales en todo el mundo para sacar a la economía global de su hibernación por la pandemia.

Pero el dinamismo israelí encierra un riesgo latente y cada vez más visible. El cheque militar de abordar dos misiones bélicas simultáneas –ocupación del sur de El Líbano y la aniquilación del régimen de los ayatolás en Irán, su enemigo irreconciliable dentro de la región más convulsa del planeta– empieza a alterar sus cuentas públicas.      

La alerta no procede de ningún agente antisemita. Ni de instituciones multilaterales de las que reniega Tel Aviv casi tanto como la Administración Trump. Es el propio Banco Central de Israel el que ha emitido las señales de alarma. El coste acumulado de la guerra equivale ya al 8,6% del PIB, unos 177.000 millones de shekels (57.000 millones de dólares). Pero, además, la coyuntura israelí deja un nítido desequilibrio. “La economía se ha asentado sobre el impulso reciente de su sector exterior, que sigue certificando un sólido rebote que contrasta con un consumo familiar y una inversión empresarial cada vez más débiles” aduce Nicholas Farr, de Capital Economics.

De modo que el PIB continúa instalado en una senda del crecimiento, aunque lo hace “de forma distorsionada, muy dependiente de factores ajenos a su dinámica doméstica y con la necesidad de recibir estímulos extraordinarios para afrontar sus ascendentes gastos en Defensa”, previene Farr.

El FMI, que acaba de rebajar dos décimas (desde febrero) su predicción de crecimiento global en 2026, hasta el 3,1% por “la contracción del flujo energético por Ormuz, daños a infraestructuras energéticas por el conflicto armado y disrupciones en las cadenas de valor y de suministro”, no ha pronosticado una valoración sobre los efectos de la guerra en la economía israelí, que fía a la revisión de los organismos oficiales del país. Pero resulta elocuente su visión previa al comienzo de las hostilidades. En febrero, el Fondo emitió su informe del Artículo VI –diagnósticos anuales a todos sus estados miembros– en el que auguraba un incremento del PIB del 3,5% con tendencia al alza, aunque “condicionada” a la inexistencia de conflictividad bélica regional.

En caso contrario –alertaban sus expertos bajo un escenario en el que la dialéctica geopolítica ya había elevado la tensión militar– “se producirán caídas temporales de inversión y empleo”, según la duración de contienda, y “aumentos graduales y, en ocasiones, exponenciales, del gasto por los costes asociados a la factura bélica”. También en los precios, que experimentarían repuntes desde una inflación “relativamente controlada” en el entorno del 2,6% antes de la guerra.

Economía tecnológicamente avanzada con fuga de talento

“El shock geopolítico mantiene el dinamismo israelí por debajo de su potencial de crecimiento”, al que contribuyen especialmente el alto componente tecnológico de su tejido productivo y su capital humano. El Fondo apostaba por un déficit del 3,9% en 2026, un objetivo loable, aunque insuficiente para reducir su deuda, del 67,2% del PIB al término de 2025, y que llegó a suponer el 99% del PIB al inicio del milenio.

En sintonía con el Banco de Israel, que proyectaba que la economía remontara un 5,2% este año para estabilizar el endeudamiento soberano. Su gobernador, Amir Yaron, avisa ahora de que el incremento del desequilibrio presupuestario y la revisión a la baja del vigor del PIB van a elevar “inevitablemente” la ratio de deuda. La reciente aprobación del gabinete de Netanyahu de un cheque extra de 13.000 millones de dólares para financiar la guerra refuerza esa tendencia.

Pero el conflicto armado no solo acarrea disfunciones fiscales contables. También pone en un brete la inserción internacional de Israel. El deterioro de las relaciones diplomáticas, en especial con ciertos socios europeos, tiene efectos tangibles en unas exportaciones que han descendido en 8 miembros de la UE más críticos con la ofensiva de Tel Aviv en la región. Ya en 2024, las ventas al mercado interior cayeron en 1.000 millones de dólares, mientras que el año pasado se contabilizaron 1.500 millones menos. El propio banco emisor israelí sugiere, no sin un poso de cautela, que “las posiciones políticas están influyendo en los volúmenes comerciales”.

Al desgaste externo, sostén de momento del dinamismo económico actual, se suman las dudas sobre la duración de la guerra con Irán. Las mismas incertidumbres que el FMI menciona con insistencia para justificar la fragilidad de las treguas, la provisionalidad de sus predicciones y los riesgos de que el colapso energético derive en una debacle financiera. Una nota de JP Morgan a clientes introduce una variable decisiva. “El impacto económico mundial y regional dependerá, sobre todo, del tiempo”. A partir del cual, sus analistas presentan un escenario base que varía a medida que el conflicto armado se prolonga e introduce variables como una escalada militar de mayor entidad en Oriente Próximo, cambios en los objetivos militares –como la renuncia tanto de la Casa Blanca como de Tel Aviv, forzado o no por las circunstancias, a un cambio de régimen en Irán– o, la más extendida en el calendario, una deriva hacia una guerra de desgaste.

Las perspectivas sobre este último horizonte son sombrías. Más movilización de reservistas, una mayor disrupción productiva, presiones alcistas sobre los precios y menor margen para recortes de tipos de interés. Con independencia del panorama, el banco de inversión ha reducido su meta el crecimiento para Israel en 2026 al 4,1%, mientras anticipa la implantación de una estrategia monetaria más restrictiva el resto del año. Por la “resiliencia operativa” para conservar su ritmo de actividad “parcialmente y bajo condiciones de guerra” por su rápida capacidad institucional, tecnológica y social a panoramas bélicos, con periodos de transición económica y de flexibilidad productiva adecuados a los cambios coyunturales.

No obstante, “esta resistencia activa contiene límites”, advierten en JP Morgan. Y son de calado estructural. Porque el cóctel de conflictividad duradera, tensiones diplomáticas y posibles fugas de talento preocupa cada vez más a las autoridades del país y amenaza con erosionar una arista esencial de su modelo económico: su marcado perfil innovador con una amplia inserción global.

El ecosistema de alta tecnología israelí es el motor de las exportaciones, el gancho de la inversión extranjera y el acicate de la notable productividad registrada por Tel Aviv en tiempos de paz. O, dicho de otro modo: es el gran amortiguador frente a inestabilidades externas. Una guerra sin cuartel, sin fecha de alto el fuego y con una permanente movilización de reservistas deteriora la fuerza laboral, altamente cualificada, y eleva el riesgo de los inversores internacionales, con los inmediatos efectos reputacionales, de fugas de talento y de corrosión de la ventaja competitiva labrada por Israel en los últimos años.

El banco central habla de amenaza de brain drain (fuga de cerebros) por la guerra en su último informe de situación. Es decir, de temor a salidas masivas de capital humano de alta cualificación técnico-profesional que traerían unos efectos destructivos multiplicadores. Entre otros, menor innovación, arritmias en el crecimiento, déficits fiscal y comercial estructurales, encarecimiento del dinero e impulso de la deuda. Una bomba de relojería que se encargaría de rebajar el atractivo financiero, poner en alerta a las agencias de ratings para reducir las calificaciones soberanas de Israel y limar la capacidad de respuesta gubernamental ante futuras crisis. “La resiliencia israelí tiene un umbral temporal a partir del cual el deterioro se acelerará de una forma no lineal, sino exponencial”, alertan en JP Morgan. Farr, por su parte, enfatiza el probable aumento de los costes crediticios si la tensión bélica y geopolítica se perpetúa. “Sería el detonante de una parálisis de la actividad”.

Privatizaciones en Defensa para costear la guerra

Este temor a la huida de talento y al agravamiento de las tensiones presupuestarias, financieras y tecnológicas por la escalada militar ha empujado ya al gabinete de Netanyahu a acometer una medida poco habitual en Israel. El país digitalmente más avanzado de la región ha decidido que tiene que competir fiscalmente por atraer y fidelizar la destreza profesional. Con incentivos para repatriar pericia tecnológica en plena carrera por la hegemonía de la IA y la economía del dato y el algoritmo. Toda vez que la fuga de trabajadores cualificados ha repuntado en un 45% desde 2023. Dror Bin, de la Autoridad de Innovación israelí, reconoce que “el capital humano es lo que hace que el sector tecnológico, que representa la sexta parte del PIB y más de la mitad del sector exterior, tenga éxito” 

El desgaste económico de la guerra también se vislumbra en el ámbito financiero. La Bolsa de Tel Aviv, tras un repunte inicial ante la expectativa de una guerra corta con Irán, ha perdido parte de las ganancias iniciales. El índice TA-125 ha retrocedido con fuerza en las últimas semanas, a pesar del pulso alcista de esta semana al calor de los vientos favorables a un acuerdo de alto el fuego. Más allá de comportamiento puntuales, los mercados de capital israelíes reflejan con una meridiana nitidez el contagio por el impacto del encarecimiento energético, la ralentización del turismo y los episodios de rampante incertidumbre global.

Aun así, subyacen comportamientos paradójicos como el de la divisa israelí. En general, el shekel ha resistido. Incluso se ha apreciado por momentos, llegando a registrar niveles superiores a las 3 unidades por dólar al comienzo de las operaciones militares. En gran medida, como fruto de la fortaleza de la confianza inversora en su industria tecnológica. Aunque también ha mostrado signos de debilidad. En función de las revelaciones sobre el coste de la guerra que han surgido a cuentagotas. La mayor caída del peso monetario del shekel se produjo en Semana Santa, cuando Tel Aviv admitió que el coste directo superaba ya varias decenas de miles de millones de dólares y que las pérdidas podrían rebasar los 9.000 millones de shekels semanales bajo una climatología adversa de movilización general.

La preocupación del equipo económico de Netanyahu ha llevado al gabinete a estudiar procesos de privatización de firmas estatales estratégicas como Israel Aerospace Industries. “La necesidad de obtener recursos adicionales para Defensa obliga a monetizar activos públicos”, justificaba hace varias jornadas Yali Rothenberg, alto cargo del Ministerio de Hacienda a Financial Times. Y a recibir críticas del mercado por la falta de previsibilidad del gobierno. Eran Yashiv, profesor en la Universidad de Tel Aviv detecta riesgo de erosión en el modelo de “startup nation” de Israel, de una economía abierta a otra más cerrada por falta de planificación de un gabinete al que le obsesiona la victoria militar a cualquier precio.  

En similares términos contesta Daniel Byman, del Center for Strategic and International Studies (CSIS), para quien los conflictos en los que está involucrado Tel Aviv no se ganan solo en el plano militar. Irán -alerta- está logrando desplazar los costes al sistema global, encareciendo la energía y tensionando las economías. Incluso en un escenario de triunfo táctico-militar, “podría darse una derrota económica, aunque sea parcial, de Israel”.

El Tesoro Público español ha diseñado un intenso calendario de subastas para este mes de abril con el objetivo de cubrir sus necesidades de financiación anuales en un entorno marcado por la incertidumbre macroeconómica global y la persistente escalada de la inflación en la eurozona. Esta situación ha provocado que el mercado anticipe posibles subidas en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, lo que se traduce directamente en una mayor rentabilidad exigida por los inversores en los títulos de deuda pública española emitidos recientemente por el organismo. El compromiso del Ministerio de Economía para este ejercicio se mantiene firme en la responsabilidad presupuestaria, buscando aprovechar el buen momento de la economía nacional para atraer capital tanto de grandes instituciones como de pequeños ahorradores particulares que buscan seguridad y rendimientos atractivos en el corto y largo plazo.

La actividad financiera de este cuarto mes del año comenzó el pasado martes con una importante emisión de letras del Tesoro con plazos de amortización fijados en seis y doce meses, respectivamente. A lo largo de la jornada, el organismo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa logró colocar un importe total que ascendió a los 6.439 millones de euros, situándose en el rango máximo de lo previsto inicialmente para dicha operación. La demanda conjunta superó con creces los 8.600 millones de euros, demostrando que el papel español sigue siendo un activo de gran atractivo para los inversores internacionales. Las letras de doce meses lideraron la adjudicación con más de 4.300 millones de euros colocados en el mercado.

Siguiendo con la planificación establecida, el organismo público vuelve a los mercados hoy mismo para realizar una subasta de bonos y obligaciones del Estado con objetivos de adjudicación ambiciosos. El rango previsto para esta operación oscila entre los 5.250 millones y los 6.750 millones de euros, buscando captar capital a medio y largo plazo para financiar la estrategia estatal. Esta segunda cita del mes es crucial para evaluar la confianza de los grandes tenedores de deuda ante los títulos que ofrecen cupones fijos anuales y que representan la mayor parte de las emisiones netas programadas para todo el año. Los inversores estarán atentos para comprobar si se mantiene la tendencia alcista de los tipos marginales de referencia vista en las emisiones anteriores.

Los valores que se subastan este jueves incluyen bonos del Estado a tres años con un cupón del 2,35% y bonos a cinco años con un cupón del 2,60% anual. Además, la oferta se completa con obligaciones del Estado a diez años con un cupón del 3,30 y una referencia especial de obligaciones indexadas a la inflación de la zona euro a diez años con un cupón del 1,15%. Para estas últimas, el principal de la inversión varía según la evolución de un índice de precios, protegiendo así el poder adquisitivo del inversor frente a escenarios de escalada de costes energéticos. Estas emisiones tienen fechas de vencimiento que se extienden hasta el año 2036 para los títulos de mayor duración ofertados actualmente.

La programación del Tesoro Público para la segunda quincena del mes de abril continuará el próximo martes 14 con una nueva convocatoria dirigida a los tramos más cortos de la curva de tipos mediante la emisión de letras. En esta ocasión se subastarán títulos con vencimientos a tres y nueve meses, complementando la oferta de papel comercial realizada al inicio de abril y permitiendo a los ahorradores diversificar sus carteras con plazos inferiores al año. Las peticiones para esta subasta pueden tramitarse tanto de forma competitiva, indicando el tipo de interés deseado, como no competitiva, aceptando el precio medio resultante de la operación según el procedimiento oficial. Esta subasta es tradicionalmente muy seguida por el inversor minorista, que utiliza las letras como una alternativa segura de ahorro frente a otros productos bancarios tradicionales.

Para cerrar el ciclo de subastas ordinarias del mes, el organismo financiero ha fijado una última cita el jueves 16 de abril dedicada nuevamente a los bonos y obligaciones del Estado. Con esta operación se completa el despliegue de deuda previsto para el periodo, buscando consolidar la posición financiera de España y asegurar los fondos necesarios para los compromisos de gasto del Estado. Al igual que en las citas anteriores, las referencias exactas que se emitirán en esta subasta final serán anunciadas oficialmente el viernes inmediatamente anterior a la celebración de la misma para información de los mercados. Es el broche final a un mes de intensa actividad en el que el Tesoro ha navegado con éxito la volatilidad mientras mantiene sus objetivos de captación de capital a medio y largo plazo.

Un trámite sencillo

Dentro de este marco de financiación, el Tesoro continúa impulsando su programa de bonos verdes soberanos, que ya cuenta con un volumen considerable en circulación para proyectos sostenibles. Estos valores son asimilables al resto de la deuda pública, pero están vinculados nocionalmente a gastos en actividades que favorecen la transición ecológica y la protección del medio ambiente bajo criterios muy estrictos. La gran demanda de este tipo de activos sostenibles ha ayudado históricamente al organismo a reducir sus costes de emisión y a ampliar su base de inversores hacia perfiles comprometidos.

Los ciudadanos interesados en participar en estas subastas de abril disponen de diversos canales para adquirir deuda pública de forma sencilla, destacando la posibilidad de abrir cuentas directas en las sucursales del Banco de España. Asimismo, el Tesoro ofrece un servicio de compra y venta a través de su página web oficial para residentes en el territorio nacional que posean un certificado digital o DNI electrónico reconocido. Es importante recordar que el importe mínimo para cualquier petición es de 1.000 euros y que para cantidades superiores se debe operar siempre en múltiplos de esa misma cifra nominal establecida por la normativa vigente. Con estos mecanismos, el Estado garantiza la transparencia y el acceso equitativo a sus valores de renta fija, fomentando la participación del ahorro privado en la financiación pública del país.

Extremadura cerró el año 2025 con 5.207 millones de euros de deuda, el equivalente al 18,5% de su Producto Interior Bruto (PIB), 2,4 puntos menos que al cierre de 2024, según los datos que ha publicado este martes el Banco de España.

Este dato sitúa como comunidad extremeña como la séptima más endeudada en términos PIB, por detrás de Comunidad Valenciana, la más endeudada, con una deuda equivalente al 40,7% de su PIB (el mismo dato que un año antes), Murcia (31,2%, 0,6 puntos menos), Castilla-La Mancha (28,3%, 1,6 puntos menos), Cataluña (28,2%, 1,3 puntos menos) y Extremadura (18,5% y 2,4 puntos menos).

Las comunidades autónomas subieron su endeudamiento en 2025 en 5.698 millones más que al cierre de 2024, hasta los 341.642 millones, el 20,2 % del PIB, nueve décimas menos que un año antes.

Las comunidades autónomas menos endeudadas al final del 2025 fueron Navarra (9,4% de su PIB, 0,9 puntos menos) y Canarias (10,8%, 0,5 puntos menos).

En términos nominales, las deudas más abultadas se concentraron en Cataluña (90.082 millones), Comunidad Valenciana (63.934 millones), Andalucía (40.721 millones) y Madrid (37.825 millones).

España cerró 2025 con un déficit (diferencia entre ingresos y gastos públicos) del 2,2% del producto interior bruto (PIB), la menor tasa desde el estallido de la crisis financiera, y por debajo del objetivo fijado por el Gobierno para el ejercicio, que era del 2,5%. La mejora de este saldo se debe al buen ritmo de la recaudación, que se disparó más de un 10% hasta superar los 325.000 millones de euros.

El Gobierno ha publicado este martes los datos de la Ejecución presupuestaria del año 2025, que arrojan una mejora del saldo público de 8.811 millones y siete décimas menos en comparación con la cifra del 2024, que fue del 2,9%, una vez descontados los efectos en las cuentas públicas de la DANA. En total, esto supone que el Estado registró un déficit de 36.780 millones de euros.

Este 2,2% del déficit supone los menores números rojos en 18 años. El Estado acabó el 2007 con un superávit (es decir, más ingresos que gastos) del 1,9%. Pero la crisis financiera golpeó de lleno a las cuentas públicas en 2008, hundiendo el saldo hasta el -4,9% en solo un año.

El déficit tocó suelo en 2012, cuando registró un 11,5%, y de nuevo en 2020, por los efectos de la pandemia, cuando se hundió hasta el 9,9%. Desde entonces, ha mejorado en 7,7 puntos porcentuales, como subrayan desde el Ejecutivo.

Aun contando con los efectos fiscales de la DANA en las cuentas públicas de 2025, el déficit se sitúa en el 2,4%. Igualmente, la menor cifra desde 2007.

A solo 0,1 puntos del objetivo para 2026

Según destaca el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa, esta es la sexta ocasión en la que el saldo presupuestario mejora el objetivo fijado por el Ejecutivo y, también, todas las previsiones de los organismos nacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco de España o la AIReF.

De hecho, la rebaja del déficit es tan acusada que casi cumple con el objetivo para 2026 (2,1%), lo que da un amplio margen fiscal para financiar las medidas de apoyo en respuesta a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

La ex vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero ya avanzó hace unas semanas que el Gobierno había cumplido con el objetivo del 2,5%. Sin embargo, el adelanto electoral en Andaulcía, donde concurre como candidata, impidió que presentara los datos publicados este martes.

Su sustituto, el ministro Arcadi España, ha subrayado que “España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable”. “No solo es importante reducir nuestro déficit, sino también la forma en que lo hemos logrado. España está mejorando su saldo fiscal sin aplicar recortes sociales”, ha defendido.

Las cuentas públicas registraron un superávit primario (es decir, antes de incorporar el gasto en intereses de la deuda) del 0,21% del PIB, algo que tampoco sucedía desde 2007.

La recaudación del IVA roza los 100.000 millones

Los ingresos tributarios se dispararon un 10,4% el año pasado, lo que en el Ministerio de Hacienda vinculan con el buen ritmo de la economía y la creación de empleo el año pasado, con un mercado laboral que, por primera vez en más de una década, dejó la tasa de paro por debajo del 10%. En total fueron 325.356 millones de euros.

El IRPF fue, de nuevo, el gran impuesto recaudador, con 142.466 millones de euros, un 10,1% más que en el ejercicio 2024.

El IVA, después de recuperar la normalidad tras todas las rebajas fiscales que se aprobaron en respuesta a la crisis inflacionaria por la guerra en Ucrania, también despuntó un 9,9%, hasta rozar los 100.000 millones de recaudación (99.532 millones de euros).

El Impuesto de Sociedades superó en 2025 los 40.000 millones por primera vez desde 2007 y segunda ocasión en la historia de este tributo. Avanzó un 8,1%, hasta los 42.266 millones de euros, todavía por debajo del récord que fijó en 2007, antes de la crisis financiera.

Pero desde el Ministerio de Hacienda defienden que la inflación apenas jugó un papel determinante: apenas 1,3 puntos del 10,4% que avanzó la recaudación se explican por ese motivo.

El Gobierno central asumió todo el ajuste

Por subsectores, fue el Gobierno central quien asumió todo el ajuste de las cuentas públicas, al pasar de un déficit del 2,61% en 2024 al 1,86% en 2025. Los Fondos de la Seguridad Social también mejoraron sus números rojos, del 0,51% del PIB al 0,33% a cierre del año pasado.

Pero las comunidades autónomas empeoraron sus cifras, pasando de un déficit del 0,18% al 0,3%. En total, un desfase de 5.099 millones de euros.

Ocho comunidades autónomas registraron superávit (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco) por nueve que incurrieron en déficit (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunitat Valenciana).

En el caso de las corporaciones locales, que están obligadas a registrar superávit fiscal, este también se moderó ligeramente del 0,45% del PIB en 2024 al 0,31% en 2025.

La deuda pública se recorta al 100,7% del PIB

El Banco de España ha publicado este martes los datos de cierre de año y mejoran en una décima, hasta el 100,7% del PIB, su estimación inicial de hace unos meses.

En concreto, las Administraciones Públicas acabaron 2025 con una deuda pública de 1,698 billones de euros. En términos nominales, esto supone un 4,8% más que a cierre de 2024. Pero medido en ratio de PIB, supone su menor registro desde el primer trimestre de 2020, antes del estallido de la pandemia de COVID-19.

La deuda pública alcanzó su máximo en el primer trimestre de 2021, con un 124,2% del PIB. Desde entonces ha caído más de 23 puntos.

La deuda pública cerró 2025 en el 100,8% del producto interior bruto (PIB), su menor ratio desde marzo de 2020 en pleno estallido de la pandemia, gracias al crecimiento económico y a pesar de que el endeudamiento en términos nominales se incrementó en 78.108 millones de euros.

El Banco de España ha publicado este martes los datos de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas correspondientes al mes de diciembre del año pasado. El montante total rozó los 1,7 billones de euros, con un incremento del 4,8% interanual. Pero, al medirse en relación con el total del PIB, la ratio arroja su menor cifra desde el impacto del COVID-19, lo que muestra que el Estado por fin está recuperado del shock que supuso el confinamiento para las cuentas públicas.

El dato de cierre de año mejora incluso el objetivo que se había marcado el Gobierno para 2026, que era del 100,9% del PIB, de acuerdo con la senda de estabilidad que diseñó el Ministerio de Hacienda para los Presupuestos Generales del Estado, que decayó en el Congreso.

España ha tardado casi cinco años en situarse en un dato similar al de principios de 2020, antes de que el COVID-19 provocara un cerrojazo global y la economía española se hundiera un 11%. El Gobierno desplegó un escudo social frente a los efectos de la pandemia, con ERTEs, ayudas y un refuerzo de los servicios públicos que, sumado a la recesión, disparó la deuda pública hasta el 124,2% del PIB en marzo de 2021.

El Estado debe 1,55 billones de euros

Según los últimos datos publicados este martes, el grueso del endeudamiento corresponde al Estado, con 1,55 billones de euros; seguido de los 341.880 millones de las comunidades autónomas (20,3% del PIB), los 136.179 millones de la Seguridad Social (8,1% del PIB) y los 20.773 millones de las corporaciones locales (1,2% del PIB).

En términos interanuales, el endeudamiento del Estado ha aumentado en 75.630 millones; el de las comunidades autónomas ha crecido en 5.963 millones, en tanto que el de la Seguridad Social ha sumado 10.006 millones. Al otro lado, el de las corporaciones locales se ha recortado en 2.122 millones, en relación con diciembre de 2025.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha pedido este miércoles más “flexibilidad fiscal” a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para poder destinar el “posible superávit” en las cuentas andaluzas a reparar los daños ocasionados por el fuerte temporal que ha azotado a la comunidad estos días, “y que no computen a efectos de déficit ni regla de gasto”, ha asegurado la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España.

España ha anunciado que ha pedido formalmente a la ministra de Hacienda (candidata del PSOE y rival de Moreno en las próximas elecciones autonómicas) permiso para que la Junta pueda “utilizar los posibles remanentes y superávits para la recuperación” de nuestra tierra, en lugar de tener que destinarlos a amortización de deuda.

La consejera portavoz ha señalado que esta medida ya se aplicó cuando se produjo el desastre del volcán de La Palma, pero no ha cuantificado ese supuesto “superávit” en las cuentas andaluzas. De hecho, hasta hoy la Junta nunca había hablado de remanentes al cierre del ejercicio 2025 ni el Ministerio de Hacienda tiene aún confirmado el cierre definitivo del pasado año. Andalucía sí cerró el mes de noviembre de 2025 con un superávit en sus cuentas públicas de 1.310 millones de euros, un 0,58% del PIB, según los datos que difundió entonces la semana pasada el departamento de Montero.

A falta de que se cuantifique la cifra de esos remanentes que la Junta reclama a la ministra de Hacienda, la solicitud que hace hoy Andalucía tiene especial interés por el contexto político en el que se produce. Moreno y Montero se enfrentarán en las urnas en pocos meses y uno de los principales espacios de colisión es la financiación autonómica.

La Junta de Andalucía ha rechazado de plano tanto la quita parcial de la deuda andaluza que ofrece el Ministerio de Hacienda -casi 19.000 millones de euros- como la propuesta del nuevo modelo de financiación diseñado por Montero, que destina a Andalucía 4.846 millones más de los que ahora ingresa, una cifra ligeramente superior a la de Catalunya (4.686 millones).

La consejera de Hacienda ha interpelado esta mañana a Montero, tras la reunión del Consejo de Gobierno, pidiéndole permiso para no tener que gastarse el superávit andaluz en amortizar su deuda, y poder invertirlo en revertir los daños causados por el temporal. Ya por la tarde, en una comparecencia en el Parlamento para explicitar su rechazo al nuevo modelo de financiación, España ha anunciado una nueva cifra: “Andalucía debería recibir 3.253 millones más para igualar los mismos recuros que Catalunya por habitante ajustado”, en referencia al llamado “modelo de financiación Montero-Junqueras”.

535 millones para la recuperación

El Gobierno de Moreno ya ha confirmado que tendrá que mover partidas del Presupuesto de 2026 y de fondos europeos para hacer frente a los destrozos del tren de borrascas en Andalucía, pero no ha cuantificado aún el gasto total ni a cuánto asciende ese hipotético superávit que quiere destinar a la recuperación del territorio.

Tras la primera evaluación de daños en las carreteras de competencia autonómica, la Junta sí ha lanzado una primera cifra de lo que costará reconstruirlas: 535 millones de euros. Para ello, el Ejecutivo andalluz prevé “un plan de actuación inmediata de 260 millones para afrontar la reparación de ese daño en infraestructuras”.

España ha señalado que, una vez que ya el Consejo de Ministros procedió este martes a la Declaración de Zona Catastrófica, la Junta ha “dado un paso más” y se ha pedido pedido por carta que se active de forma urgente el Fondo de Contingencia por parte del Gobierno central, y que éste a su vez demande en Bruselas que se active el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, así como el Fondo de Gestión de Crisis de la Política Agrícola Común (PAC). El PSOE, desde la oposición, ha afeado al Gobierno de Moreno que no ejecute su propio Fondo de Contingencia, “que no se ha tocado desde 2018”.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, España ha señalado que “vamos a necesitar de esas manos que nos tienden tanto la Unión Europea como el Gobierno de España y nosotros vamos a reclamar, porque es nuestra obligación, que haya recursos para la recuperación cuanto antes de nuestra tierra”.

“Si en la emergencia la prevención salvó vidas, en la recuperación, cuanto antes se movilicen todos los recursos que estén disponibles, pues también será mejor”, ha subrayado la consejera portavoz, quien ha indicado que es fundamental que, cuanto antes, las familias puedan recuperar su hogar, hacer frente a las pérdidas de las cosechas y que las empresas afectadas puedan retomar su actividad.

España ha confirmado que Andalucía solicitará todos los “recursos externos” porque las pérdidas serán “millonarias”, y hará falta ese “fondo de solidaridad, fondo de contingencia, recursos de la Unión Europea, del Gobierno de España y también recursos propios”. La consejera ha recordado que Andalucía dispone de los Presupuestos para 2026 ya aprobados, con más de 51.000 milllones de euros. “No todo el mundo tiene presupuesto, por lo tanto, nosotros estamos trabajando desde Hacienda y moveremos las partidas que haya que mover para completar los recursos que, lógicamente, también tengan que poner otras administraciones”.

Después de unas primeras valoraciones sobre la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica (SFA), presentada recientemente por el Gobierno, se precisan conocer más detalles del proyecto para disponer de una visión global del mismo. No obstante, antes de avanzar en su tramitación parlamentaria, puede resultar de interés esbozar posibilidades para que, llegado el caso, el proyecto llegue a buen puerto. Ahora que la propuesta todavía está “tierna”, este artículo pretende debatir sobre la forma de mejorarla y aportarle coherencia.

Solo una aclaración inicial. Considero que abrir nuevas dimensiones en la discusión, como sucederá más abajo, no entorpece, sino que facilita la consecución de acuerdos más equilibrados. Encapsularse en una sola área reduce las posibilidades de compensar a los potenciales perjudicados. Minimizar los agravios comparativos se configura, pues, como un requisito imprescindible, sobre todo vista la nula sincronía entre el Ministerio de Hacienda y la inmensa mayoría de las comunidades autónomas (CCAA).

La idea central sería tomar el grueso de la propuesta de reforma del SFA presentada por el gobierno, aportarle más generalidad y encajarla en otra discusión en curso como es la condonación de deuda autonómica en manos del Estado, sincronizando ambas con la ineludible reforma de las reglas fiscales internas.

El esqueleto del nuevo SFA esbozado por el gobierno contiene una mezcla asumible de corresponsabilidad y equidad hasta la llamada nivelación vertical, inclusive. Se puede discutir si los nuevos porcentajes de cesión son excesivos o si el grado de ordinalidad es más o menos aceptable pero, como estructura conceptual, sirve para un debate ordenado. Por el contrario, los nuevos fondos de IVA Pymes y el Climático no tienen sentido en una discusión sobre federalismo fiscal; son apaños cuyos recursos se pueden reciclar para la nivelación y/o garantizar statu-quo en términos absolutos. Este statu-quo en términos relativos sí debe diluirse progresivamente.

Por otro lado, hace meses se puso en marcha un anteproyecto de ley orgánica para que el Estado asumiera deuda pública de las CCAA. Si bien, a mi juicio, es una iniciativa necesaria para que muchos gobiernos regionales alcancen la autonomía financiera que requiere su condición, la propuesta gubernamental es claramente mejorable, como se ha explicado desde diferentes fuentes.

Repensar las cifras (hay CCAA que no necesitan condonación y otras a las que le resultará insuficiente) y exigir una estricta condicionalidad fiscal para que no se perciba como un premio son, en mi opinión, dos vectores de mejora evidentes. Hay, sin duda, CCAA que cargan con una pesada deuda pública ocasionada en parte por su infrafinanciación relativa. Por consiguiente, sincronizando con sentido la reforma del SFA y la condonación parcial de la deuda se enfrentan simultáneamente causa y consecuencia.

Y una tercera pieza para encajar la reforma integral de las finanzas autonómicas consistiría en renovar la gobernanza fiscal de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Estado y las CCAA llevan siete años sin objetivos de déficit ni deuda pública, y la regla de gasto, desalineada con la europea, adolece serios problemas de diseño, aplicación y coherencia con el resto de reglas. Emprender en estas condiciones una reforma del SFA acompañada de una condonación de deuda autonómica debilitaría la estabilidad financiera del país.

Dotar de credibilidad a la gobernanza fiscal española es un activo en sí mismo. Pero, además, en el contexto de las propuestas ahora lanzadas sobre el SFA y la deuda autonómica, adquiere virtudes adicionales. De un lado, permitiría dosificar la recomposición de recursos que tendría lugar entre el Estado y las CCAA. Con otras palabras, aumentar en 21.000 millones de euros los ingresos de los gobiernos autonómicos en 2027 a resultas de la reforma del SFA no casa bien con que ese dinero rápido y fácil se vaya a gastar de manera eficiente. Además del agujero que provocaría en las arcas estatales.

De otro lado, si la nueva gobernanza fiscal española sigue la senda de la europea, cabe pensar en la definición de objetivos fiscales específicos para cada administración y encaminados a la reducción de deuda pública. Así, las exigencias de consolidación fiscal de cada comunidad autónoma podrían diferir según los recursos que allegarían tras la reforma del SFA, los porcentajes de condonación de que disfrutarían, sus niveles de deuda pública y esfuerzos fiscales previos, entre otros factores.

En definitiva, se trata de aprovechar los grados de libertad de discutir sobre finanzas autonómicas en varias dimensiones. Las más beneficiadas en un aspecto pueden ser sometidas a exigencias más intensas o ganancias menos abundantes en otros. Todo esto que les acabo de exponer resulta viable desde el punto de vista técnico y, con la coherencia necesaria, puede trasladarse en forma de diferentes escenarios al nivel político para tomar decisiones. Es posible que para ello necesitemos menos Consejos de Política Fiscal y Financiera y más trabajo discreto pero efectivo de funcionarios y expertos. 

El Tesoro Público español realiza hoy una nueva subasta de deuda, en bonos del Estado y obligaciones, en una operación que representa la segunda puja de febrero y que pretende situarse en el punto medio del rango de financiación previsto por el organismo. Las diferentes opciones ofrecidas por el Banco de España pretenden dar respuesta a unos inversores interesados por la deuda soberana española en un contexto de mercados financieros dinámicos. El interés de los mercados sigue siendo elevado pese a la incertidumbre económica que marca el inicio del año. Esta subasta consolida la posición de España en los mercados de renta fija durante el ejercicio de 2026.

En concreto, se adjudicarán bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 7 años y 10 meses, con cupón del 0,70% y obligaciones del Estado con una vida residual de 9 años y 9 meses, con cupón del 3,20%. Concretamente, los tipos de interés de referencia de cara a esta emisión se sitúan en el 2,348% para los bonos del Estado a 3 años; en el 2,943% para las obligaciones del Estado a 7 años; en el 1,280% para las obligaciones del Estado indexadas a 7 años y 10 meses y en el 3,204% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 9 años y 9 meses. 

Dentro de las cuatro referencias mencionadas que se emiten hoy, los bonos del Estado a tres años juegan un papel fundamental en la estrategia de captación. Hay que tener en cuenta que, en cuanto a la rentabilidad, el interés marginal se situó en la anterior ocasión en un tipo del 2,348% en la subasta realizada el pasado 15 de enero. Los inversores suelen valorar positivamente estos activos de menor duración para equilibrar sus carteras de inversión. El cupón fijado para esta referencia de deuda se mantiene en el 2,35%, según los datos oficiales. La segunda referencia destacada del día son las obligaciones del Estado a siete años. Este título, que cuenta con un cupón del 3,00% y vence el 31 de enero de 2033, tuvo un interés marginal del 2,943% en la última puja celebrada anteriormente para este mismo activo. 

La subasta de hoy se produce apenas dos días después de que el organismo realizara una operación de mercado exitosa. El pasado martes, el Tesoro Público colocó 6.134,355 millones de euros en letras a seis y doce meses. En aquella ocasión, el volumen adjudicado se situó en el rango alto previsto, demostrando la vigencia del ahorro minorista. En dicha ocasión se registraron rebajas en las rentabilidades marginales ofrecidas por ambas referencias. Las letras a doce meses, que son el plazo estrella para los inversores, situaron su interés medio en el 2,02%. Por su parte, el rendimiento de las letras a seis meses se contrajo levemente hasta situarse en el entorno del 1,97%. La demanda total en esa primera subasta de febrero alcanzó los 9.316 millones de euros entre los inversores. Existe, no obstante, una percepción de que las peticiones pierden algo de fuelle según bajan ligeramente las rentabilidades.

Con la subasta celebrada hoy, el Tesoro español continúa avanzando con paso firme en su programa de financiación para 2026. Hasta la fecha, el organismo ya ha emitido un total de 29.787 millones de euros en deuda a medio y largo plazo. Esta cifra representa ya el 16,8% del objetivo total de financiación previsto para el presente ejercicio en estos plazos. Las necesidades de financiación nueva para todo el año 2026 se han fijado en unos 55.000 millones de euros, por lo que se trata de la misma cuantía neta que se programó para el año 2025, manteniendo la estabilidad presupuestaria. 

Del total de emisiones netas previstas, 50.000 millones corresponderán a bonos, obligaciones y otras deudas de largo plazo. Los 5.000 millones de euros restantes se cubrirán mediante la emisión de las populares letras del Tesoro nacional. La estrategia financiera está condicionada por el buen comportamiento de la economía y la disciplina fiscal. Si se analizan las cifras en términos brutos, el volumen de emisiones totales ascenderá este año a 285.693 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 4,2% respecto al cierre estimado del ejercicio anterior, que fue de 274.242 millones. Este aumento en el volumen bruto está directamente ligado a las mayores amortizaciones de deuda previstas para el recién estrenado 2026. 

De ese total programado, 176.935 millones corresponderán a emisiones brutas de instrumentos de deuda a medio y largo plazo, lo que representa un incremento del 3,1% comparado con lo que se contempló para el programa financiero del 2025. Por otro lado, para las letras del Tesoro se prevé un volumen de 108.758 millones de euros este año. Dicha cifra es casi un 5,9% superior al cierre estimado del año pasado para este tipo de papel corto. El Tesoro debe gestionar estos vencimientos elevados mientras intenta mantener costes de financiación bajos.

Prudencia vs incertidumbre

Un indicador clave de la salud financiera del Estado es la vida media de la deuda en circulación hoy. Actualmente, la vida media de la deuda soberana española se sitúa en los 7,83 años, según los últimos datos. Durante el año 2025, este indicador se mantuvo estable en el entorno de los ocho años por quinto año consecutivo. En concreto, el año pasado cerró con una vida media de 7,93 años, su nivel más alto desde el 2021. Por su parte, el coste medio de la cartera de valores del Tesoro se sitúa actualmente en el 2,318%. Lograr mantener este coste en niveles controlados es uno de los objetivos prioritarios de la Secretaría General del Tesoro. El alargamiento de los plazos de vencimiento ha sido una constante en la gestión de la deuda pública nacional. Esto permite al Estado reducir el riesgo de refinanciación ante posibles episodios de volatilidad.

El escenario geopolítico y económico actual sigue marcando la hoja de ruta de los inversores que acuden a las subastas. La subida del euro frente al dólar ha modificado recientemente las expectativas sobre el futuro de los tipos de interés. A principios de año, el mercado apostaba por subidas de tipos en la segunda mitad de 2026, pero esa idea pierde fuerza. La incertidumbre sobre el precio de las materias primas y los riesgos geopolíticos invitan a la prudencia a los inversores. En este entorno, la deuda pública española se percibe como un refugio seguro con rentabilidades todavía atractivas. La próxima cita para el mercado será el 10 de febrero, con una nueva subasta de letras del Tesoro. En esa ocasión se ofrecerán títulos a tres y nueve meses para seguir completando el programa de captación. El Tesoro confía en que el buen momento de la economía nacional siga respaldando la demanda de sus bonos.

Castilla-La Mancha será la región “más beneficiada” en términos por habitante de la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas. Así lo ha asegurado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, que ha recibido con satisfacción la aprobación por parte del Consejo de Ministros de este martes del proyecto de ley que hará realidad esa quita.

Esta norma, que ha sido remitida al Congreso de los Diputados, permitirá que el Estado asuma 83.252 millones de euros de la deuda existente en las comunidades autónomas.

El Gobierno de España ha informado de que esta medida permitirá “mejorar la situación financiera de las comunidades autónomas, facilitará el acceso a los mercados en mejores condiciones y permitirá un ahorro en intereses de unos 6.700 millones”. Además, afirma que la asunción de deuda sirve para corregir “unos desequilibrios que las cuentas de las CCAA arrastran desde hace más de una década”.

La condonación total ascendería a 83.252 millones de euros, de los que 4.927 millones corresponderían a Castilla-La Mancha. Algo que, según ha afirmado la consejera portavoz, “libera a los castellanomanchegos y a las castellanomanchegas de pagar 760 millones de euros en intereses injustos de una deuda creada, en parte, por la gestión del anterior Gobierno y, en parte, por la infrafinanciación que venimos sufriendo desde que caducó el modelo de financiación autonómica”.

Piden un apoyo “masivo” para la medida

Por eso, Padilla ha insistido en que se trata de una medida que beneficiará a la región, pero en general a todas, por eso, ha pedido que sea apoyada masivamente por el resto de las comunidades autónomas, entre ellas las gobernadas por el Partido Popular. Y en el caso de la oposición en la región, ha solicitado que “apoye este proyecto de ley y que remen a favor de Castilla-La Mancha”.

Por eso, ha concluido asegurando que “los mensajes del Gobierno son de satisfacción y de una petición clara para que se apoye una medida que es buena para todos”, al tiempo que no se ha olvidado de pedir “un nuevo modelo de financiación para que no volvamos a incurrir ninguna comunidad autónoma en deuda por un problema de infrafinanciación como el que estamos sufriendo”.