Hasta los recientes ataques iraníes con drones y misiles a territorio israelí, la narrativa económica dominante en el país hebreo era la de un patrón de crecimiento capaz de absorber shocks con notable rapidez. En la actualidad, sin embargo, la guerra abierta desatada contra Irán para afianzar el proyecto del Gran Israel que se ha propuesto imponer Benjamin Netanyahu ha mermado la confianza ciudadana, empresarial e inversora en el poder de resistencia de un PIB tasado en 666.400 millones de dólares, similar al de Argentina, Suecia o Singapur, que empieza a mostrar fisuras profundas y cada vez más estructurales.

El año de conflictividad geopolítica y militar para expandir el sueño del gubernamental Likud y de otros partidos ultraortodoxos en Oriente Próximo e instaurar la hegemonía israelí en la región ha dejado muestras de resiliencia, con un impactante repunte de la actividad del 3,1% en 2025. Muy por encima del 1% del ejercicio precedente, el peor dato en dos decenios, con la excepción de los primeros latidos del ciclo de negocios post-Covid surgido con fórceps monetarios y fiscales en todo el mundo para sacar a la economía global de su hibernación por la pandemia.

Pero el dinamismo israelí encierra un riesgo latente y cada vez más visible. El cheque militar de abordar dos misiones bélicas simultáneas –ocupación del sur de El Líbano y la aniquilación del régimen de los ayatolás en Irán, su enemigo irreconciliable dentro de la región más convulsa del planeta– empieza a alterar sus cuentas públicas.      

La alerta no procede de ningún agente antisemita. Ni de instituciones multilaterales de las que reniega Tel Aviv casi tanto como la Administración Trump. Es el propio Banco Central de Israel el que ha emitido las señales de alarma. El coste acumulado de la guerra equivale ya al 8,6% del PIB, unos 177.000 millones de shekels (57.000 millones de dólares). Pero, además, la coyuntura israelí deja un nítido desequilibrio. “La economía se ha asentado sobre el impulso reciente de su sector exterior, que sigue certificando un sólido rebote que contrasta con un consumo familiar y una inversión empresarial cada vez más débiles” aduce Nicholas Farr, de Capital Economics.

De modo que el PIB continúa instalado en una senda del crecimiento, aunque lo hace “de forma distorsionada, muy dependiente de factores ajenos a su dinámica doméstica y con la necesidad de recibir estímulos extraordinarios para afrontar sus ascendentes gastos en Defensa”, previene Farr.

El FMI, que acaba de rebajar dos décimas (desde febrero) su predicción de crecimiento global en 2026, hasta el 3,1% por “la contracción del flujo energético por Ormuz, daños a infraestructuras energéticas por el conflicto armado y disrupciones en las cadenas de valor y de suministro”, no ha pronosticado una valoración sobre los efectos de la guerra en la economía israelí, que fía a la revisión de los organismos oficiales del país. Pero resulta elocuente su visión previa al comienzo de las hostilidades. En febrero, el Fondo emitió su informe del Artículo VI –diagnósticos anuales a todos sus estados miembros– en el que auguraba un incremento del PIB del 3,5% con tendencia al alza, aunque “condicionada” a la inexistencia de conflictividad bélica regional.

En caso contrario –alertaban sus expertos bajo un escenario en el que la dialéctica geopolítica ya había elevado la tensión militar– “se producirán caídas temporales de inversión y empleo”, según la duración de contienda, y “aumentos graduales y, en ocasiones, exponenciales, del gasto por los costes asociados a la factura bélica”. También en los precios, que experimentarían repuntes desde una inflación “relativamente controlada” en el entorno del 2,6% antes de la guerra.

Economía tecnológicamente avanzada con fuga de talento

“El shock geopolítico mantiene el dinamismo israelí por debajo de su potencial de crecimiento”, al que contribuyen especialmente el alto componente tecnológico de su tejido productivo y su capital humano. El Fondo apostaba por un déficit del 3,9% en 2026, un objetivo loable, aunque insuficiente para reducir su deuda, del 67,2% del PIB al término de 2025, y que llegó a suponer el 99% del PIB al inicio del milenio.

En sintonía con el Banco de Israel, que proyectaba que la economía remontara un 5,2% este año para estabilizar el endeudamiento soberano. Su gobernador, Amir Yaron, avisa ahora de que el incremento del desequilibrio presupuestario y la revisión a la baja del vigor del PIB van a elevar “inevitablemente” la ratio de deuda. La reciente aprobación del gabinete de Netanyahu de un cheque extra de 13.000 millones de dólares para financiar la guerra refuerza esa tendencia.

Pero el conflicto armado no solo acarrea disfunciones fiscales contables. También pone en un brete la inserción internacional de Israel. El deterioro de las relaciones diplomáticas, en especial con ciertos socios europeos, tiene efectos tangibles en unas exportaciones que han descendido en 8 miembros de la UE más críticos con la ofensiva de Tel Aviv en la región. Ya en 2024, las ventas al mercado interior cayeron en 1.000 millones de dólares, mientras que el año pasado se contabilizaron 1.500 millones menos. El propio banco emisor israelí sugiere, no sin un poso de cautela, que “las posiciones políticas están influyendo en los volúmenes comerciales”.

Al desgaste externo, sostén de momento del dinamismo económico actual, se suman las dudas sobre la duración de la guerra con Irán. Las mismas incertidumbres que el FMI menciona con insistencia para justificar la fragilidad de las treguas, la provisionalidad de sus predicciones y los riesgos de que el colapso energético derive en una debacle financiera. Una nota de JP Morgan a clientes introduce una variable decisiva. “El impacto económico mundial y regional dependerá, sobre todo, del tiempo”. A partir del cual, sus analistas presentan un escenario base que varía a medida que el conflicto armado se prolonga e introduce variables como una escalada militar de mayor entidad en Oriente Próximo, cambios en los objetivos militares –como la renuncia tanto de la Casa Blanca como de Tel Aviv, forzado o no por las circunstancias, a un cambio de régimen en Irán– o, la más extendida en el calendario, una deriva hacia una guerra de desgaste.

Las perspectivas sobre este último horizonte son sombrías. Más movilización de reservistas, una mayor disrupción productiva, presiones alcistas sobre los precios y menor margen para recortes de tipos de interés. Con independencia del panorama, el banco de inversión ha reducido su meta el crecimiento para Israel en 2026 al 4,1%, mientras anticipa la implantación de una estrategia monetaria más restrictiva el resto del año. Por la “resiliencia operativa” para conservar su ritmo de actividad “parcialmente y bajo condiciones de guerra” por su rápida capacidad institucional, tecnológica y social a panoramas bélicos, con periodos de transición económica y de flexibilidad productiva adecuados a los cambios coyunturales.

No obstante, “esta resistencia activa contiene límites”, advierten en JP Morgan. Y son de calado estructural. Porque el cóctel de conflictividad duradera, tensiones diplomáticas y posibles fugas de talento preocupa cada vez más a las autoridades del país y amenaza con erosionar una arista esencial de su modelo económico: su marcado perfil innovador con una amplia inserción global.

El ecosistema de alta tecnología israelí es el motor de las exportaciones, el gancho de la inversión extranjera y el acicate de la notable productividad registrada por Tel Aviv en tiempos de paz. O, dicho de otro modo: es el gran amortiguador frente a inestabilidades externas. Una guerra sin cuartel, sin fecha de alto el fuego y con una permanente movilización de reservistas deteriora la fuerza laboral, altamente cualificada, y eleva el riesgo de los inversores internacionales, con los inmediatos efectos reputacionales, de fugas de talento y de corrosión de la ventaja competitiva labrada por Israel en los últimos años.

El banco central habla de amenaza de brain drain (fuga de cerebros) por la guerra en su último informe de situación. Es decir, de temor a salidas masivas de capital humano de alta cualificación técnico-profesional que traerían unos efectos destructivos multiplicadores. Entre otros, menor innovación, arritmias en el crecimiento, déficits fiscal y comercial estructurales, encarecimiento del dinero e impulso de la deuda. Una bomba de relojería que se encargaría de rebajar el atractivo financiero, poner en alerta a las agencias de ratings para reducir las calificaciones soberanas de Israel y limar la capacidad de respuesta gubernamental ante futuras crisis. “La resiliencia israelí tiene un umbral temporal a partir del cual el deterioro se acelerará de una forma no lineal, sino exponencial”, alertan en JP Morgan. Farr, por su parte, enfatiza el probable aumento de los costes crediticios si la tensión bélica y geopolítica se perpetúa. “Sería el detonante de una parálisis de la actividad”.

Privatizaciones en Defensa para costear la guerra

Este temor a la huida de talento y al agravamiento de las tensiones presupuestarias, financieras y tecnológicas por la escalada militar ha empujado ya al gabinete de Netanyahu a acometer una medida poco habitual en Israel. El país digitalmente más avanzado de la región ha decidido que tiene que competir fiscalmente por atraer y fidelizar la destreza profesional. Con incentivos para repatriar pericia tecnológica en plena carrera por la hegemonía de la IA y la economía del dato y el algoritmo. Toda vez que la fuga de trabajadores cualificados ha repuntado en un 45% desde 2023. Dror Bin, de la Autoridad de Innovación israelí, reconoce que “el capital humano es lo que hace que el sector tecnológico, que representa la sexta parte del PIB y más de la mitad del sector exterior, tenga éxito” 

El desgaste económico de la guerra también se vislumbra en el ámbito financiero. La Bolsa de Tel Aviv, tras un repunte inicial ante la expectativa de una guerra corta con Irán, ha perdido parte de las ganancias iniciales. El índice TA-125 ha retrocedido con fuerza en las últimas semanas, a pesar del pulso alcista de esta semana al calor de los vientos favorables a un acuerdo de alto el fuego. Más allá de comportamiento puntuales, los mercados de capital israelíes reflejan con una meridiana nitidez el contagio por el impacto del encarecimiento energético, la ralentización del turismo y los episodios de rampante incertidumbre global.

Aun así, subyacen comportamientos paradójicos como el de la divisa israelí. En general, el shekel ha resistido. Incluso se ha apreciado por momentos, llegando a registrar niveles superiores a las 3 unidades por dólar al comienzo de las operaciones militares. En gran medida, como fruto de la fortaleza de la confianza inversora en su industria tecnológica. Aunque también ha mostrado signos de debilidad. En función de las revelaciones sobre el coste de la guerra que han surgido a cuentagotas. La mayor caída del peso monetario del shekel se produjo en Semana Santa, cuando Tel Aviv admitió que el coste directo superaba ya varias decenas de miles de millones de dólares y que las pérdidas podrían rebasar los 9.000 millones de shekels semanales bajo una climatología adversa de movilización general.

La preocupación del equipo económico de Netanyahu ha llevado al gabinete a estudiar procesos de privatización de firmas estatales estratégicas como Israel Aerospace Industries. “La necesidad de obtener recursos adicionales para Defensa obliga a monetizar activos públicos”, justificaba hace varias jornadas Yali Rothenberg, alto cargo del Ministerio de Hacienda a Financial Times. Y a recibir críticas del mercado por la falta de previsibilidad del gobierno. Eran Yashiv, profesor en la Universidad de Tel Aviv detecta riesgo de erosión en el modelo de “startup nation” de Israel, de una economía abierta a otra más cerrada por falta de planificación de un gabinete al que le obsesiona la victoria militar a cualquier precio.  

En similares términos contesta Daniel Byman, del Center for Strategic and International Studies (CSIS), para quien los conflictos en los que está involucrado Tel Aviv no se ganan solo en el plano militar. Irán -alerta- está logrando desplazar los costes al sistema global, encareciendo la energía y tensionando las economías. Incluso en un escenario de triunfo táctico-militar, “podría darse una derrota económica, aunque sea parcial, de Israel”.

El Tesoro Público español ha diseñado un intenso calendario de subastas para este mes de abril con el objetivo de cubrir sus necesidades de financiación anuales en un entorno marcado por la incertidumbre macroeconómica global y la persistente escalada de la inflación en la eurozona. Esta situación ha provocado que el mercado anticipe posibles subidas en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, lo que se traduce directamente en una mayor rentabilidad exigida por los inversores en los títulos de deuda pública española emitidos recientemente por el organismo. El compromiso del Ministerio de Economía para este ejercicio se mantiene firme en la responsabilidad presupuestaria, buscando aprovechar el buen momento de la economía nacional para atraer capital tanto de grandes instituciones como de pequeños ahorradores particulares que buscan seguridad y rendimientos atractivos en el corto y largo plazo.

La actividad financiera de este cuarto mes del año comenzó el pasado martes con una importante emisión de letras del Tesoro con plazos de amortización fijados en seis y doce meses, respectivamente. A lo largo de la jornada, el organismo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa logró colocar un importe total que ascendió a los 6.439 millones de euros, situándose en el rango máximo de lo previsto inicialmente para dicha operación. La demanda conjunta superó con creces los 8.600 millones de euros, demostrando que el papel español sigue siendo un activo de gran atractivo para los inversores internacionales. Las letras de doce meses lideraron la adjudicación con más de 4.300 millones de euros colocados en el mercado.

Siguiendo con la planificación establecida, el organismo público vuelve a los mercados hoy mismo para realizar una subasta de bonos y obligaciones del Estado con objetivos de adjudicación ambiciosos. El rango previsto para esta operación oscila entre los 5.250 millones y los 6.750 millones de euros, buscando captar capital a medio y largo plazo para financiar la estrategia estatal. Esta segunda cita del mes es crucial para evaluar la confianza de los grandes tenedores de deuda ante los títulos que ofrecen cupones fijos anuales y que representan la mayor parte de las emisiones netas programadas para todo el año. Los inversores estarán atentos para comprobar si se mantiene la tendencia alcista de los tipos marginales de referencia vista en las emisiones anteriores.

Los valores que se subastan este jueves incluyen bonos del Estado a tres años con un cupón del 2,35% y bonos a cinco años con un cupón del 2,60% anual. Además, la oferta se completa con obligaciones del Estado a diez años con un cupón del 3,30 y una referencia especial de obligaciones indexadas a la inflación de la zona euro a diez años con un cupón del 1,15%. Para estas últimas, el principal de la inversión varía según la evolución de un índice de precios, protegiendo así el poder adquisitivo del inversor frente a escenarios de escalada de costes energéticos. Estas emisiones tienen fechas de vencimiento que se extienden hasta el año 2036 para los títulos de mayor duración ofertados actualmente.

La programación del Tesoro Público para la segunda quincena del mes de abril continuará el próximo martes 14 con una nueva convocatoria dirigida a los tramos más cortos de la curva de tipos mediante la emisión de letras. En esta ocasión se subastarán títulos con vencimientos a tres y nueve meses, complementando la oferta de papel comercial realizada al inicio de abril y permitiendo a los ahorradores diversificar sus carteras con plazos inferiores al año. Las peticiones para esta subasta pueden tramitarse tanto de forma competitiva, indicando el tipo de interés deseado, como no competitiva, aceptando el precio medio resultante de la operación según el procedimiento oficial. Esta subasta es tradicionalmente muy seguida por el inversor minorista, que utiliza las letras como una alternativa segura de ahorro frente a otros productos bancarios tradicionales.

Para cerrar el ciclo de subastas ordinarias del mes, el organismo financiero ha fijado una última cita el jueves 16 de abril dedicada nuevamente a los bonos y obligaciones del Estado. Con esta operación se completa el despliegue de deuda previsto para el periodo, buscando consolidar la posición financiera de España y asegurar los fondos necesarios para los compromisos de gasto del Estado. Al igual que en las citas anteriores, las referencias exactas que se emitirán en esta subasta final serán anunciadas oficialmente el viernes inmediatamente anterior a la celebración de la misma para información de los mercados. Es el broche final a un mes de intensa actividad en el que el Tesoro ha navegado con éxito la volatilidad mientras mantiene sus objetivos de captación de capital a medio y largo plazo.

Un trámite sencillo

Dentro de este marco de financiación, el Tesoro continúa impulsando su programa de bonos verdes soberanos, que ya cuenta con un volumen considerable en circulación para proyectos sostenibles. Estos valores son asimilables al resto de la deuda pública, pero están vinculados nocionalmente a gastos en actividades que favorecen la transición ecológica y la protección del medio ambiente bajo criterios muy estrictos. La gran demanda de este tipo de activos sostenibles ha ayudado históricamente al organismo a reducir sus costes de emisión y a ampliar su base de inversores hacia perfiles comprometidos.

Los ciudadanos interesados en participar en estas subastas de abril disponen de diversos canales para adquirir deuda pública de forma sencilla, destacando la posibilidad de abrir cuentas directas en las sucursales del Banco de España. Asimismo, el Tesoro ofrece un servicio de compra y venta a través de su página web oficial para residentes en el territorio nacional que posean un certificado digital o DNI electrónico reconocido. Es importante recordar que el importe mínimo para cualquier petición es de 1.000 euros y que para cantidades superiores se debe operar siempre en múltiplos de esa misma cifra nominal establecida por la normativa vigente. Con estos mecanismos, el Estado garantiza la transparencia y el acceso equitativo a sus valores de renta fija, fomentando la participación del ahorro privado en la financiación pública del país.

Extremadura cerró el año 2025 con 5.207 millones de euros de deuda, el equivalente al 18,5% de su Producto Interior Bruto (PIB), 2,4 puntos menos que al cierre de 2024, según los datos que ha publicado este martes el Banco de España.

Este dato sitúa como comunidad extremeña como la séptima más endeudada en términos PIB, por detrás de Comunidad Valenciana, la más endeudada, con una deuda equivalente al 40,7% de su PIB (el mismo dato que un año antes), Murcia (31,2%, 0,6 puntos menos), Castilla-La Mancha (28,3%, 1,6 puntos menos), Cataluña (28,2%, 1,3 puntos menos) y Extremadura (18,5% y 2,4 puntos menos).

Las comunidades autónomas subieron su endeudamiento en 2025 en 5.698 millones más que al cierre de 2024, hasta los 341.642 millones, el 20,2 % del PIB, nueve décimas menos que un año antes.

Las comunidades autónomas menos endeudadas al final del 2025 fueron Navarra (9,4% de su PIB, 0,9 puntos menos) y Canarias (10,8%, 0,5 puntos menos).

En términos nominales, las deudas más abultadas se concentraron en Cataluña (90.082 millones), Comunidad Valenciana (63.934 millones), Andalucía (40.721 millones) y Madrid (37.825 millones).

España cerró 2025 con un déficit (diferencia entre ingresos y gastos públicos) del 2,2% del producto interior bruto (PIB), la menor tasa desde el estallido de la crisis financiera, y por debajo del objetivo fijado por el Gobierno para el ejercicio, que era del 2,5%. La mejora de este saldo se debe al buen ritmo de la recaudación, que se disparó más de un 10% hasta superar los 325.000 millones de euros.

El Gobierno ha publicado este martes los datos de la Ejecución presupuestaria del año 2025, que arrojan una mejora del saldo público de 8.811 millones y siete décimas menos en comparación con la cifra del 2024, que fue del 2,9%, una vez descontados los efectos en las cuentas públicas de la DANA. En total, esto supone que el Estado registró un déficit de 36.780 millones de euros.

Este 2,2% del déficit supone los menores números rojos en 18 años. El Estado acabó el 2007 con un superávit (es decir, más ingresos que gastos) del 1,9%. Pero la crisis financiera golpeó de lleno a las cuentas públicas en 2008, hundiendo el saldo hasta el -4,9% en solo un año.

El déficit tocó suelo en 2012, cuando registró un 11,5%, y de nuevo en 2020, por los efectos de la pandemia, cuando se hundió hasta el 9,9%. Desde entonces, ha mejorado en 7,7 puntos porcentuales, como subrayan desde el Ejecutivo.

Aun contando con los efectos fiscales de la DANA en las cuentas públicas de 2025, el déficit se sitúa en el 2,4%. Igualmente, la menor cifra desde 2007.

A solo 0,1 puntos del objetivo para 2026

Según destaca el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa, esta es la sexta ocasión en la que el saldo presupuestario mejora el objetivo fijado por el Ejecutivo y, también, todas las previsiones de los organismos nacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco de España o la AIReF.

De hecho, la rebaja del déficit es tan acusada que casi cumple con el objetivo para 2026 (2,1%), lo que da un amplio margen fiscal para financiar las medidas de apoyo en respuesta a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

La ex vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero ya avanzó hace unas semanas que el Gobierno había cumplido con el objetivo del 2,5%. Sin embargo, el adelanto electoral en Andaulcía, donde concurre como candidata, impidió que presentara los datos publicados este martes.

Su sustituto, el ministro Arcadi España, ha subrayado que “España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable”. “No solo es importante reducir nuestro déficit, sino también la forma en que lo hemos logrado. España está mejorando su saldo fiscal sin aplicar recortes sociales”, ha defendido.

Las cuentas públicas registraron un superávit primario (es decir, antes de incorporar el gasto en intereses de la deuda) del 0,21% del PIB, algo que tampoco sucedía desde 2007.

La recaudación del IVA roza los 100.000 millones

Los ingresos tributarios se dispararon un 10,4% el año pasado, lo que en el Ministerio de Hacienda vinculan con el buen ritmo de la economía y la creación de empleo el año pasado, con un mercado laboral que, por primera vez en más de una década, dejó la tasa de paro por debajo del 10%. En total fueron 325.356 millones de euros.

El IRPF fue, de nuevo, el gran impuesto recaudador, con 142.466 millones de euros, un 10,1% más que en el ejercicio 2024.

El IVA, después de recuperar la normalidad tras todas las rebajas fiscales que se aprobaron en respuesta a la crisis inflacionaria por la guerra en Ucrania, también despuntó un 9,9%, hasta rozar los 100.000 millones de recaudación (99.532 millones de euros).

El Impuesto de Sociedades superó en 2025 los 40.000 millones por primera vez desde 2007 y segunda ocasión en la historia de este tributo. Avanzó un 8,1%, hasta los 42.266 millones de euros, todavía por debajo del récord que fijó en 2007, antes de la crisis financiera.

Pero desde el Ministerio de Hacienda defienden que la inflación apenas jugó un papel determinante: apenas 1,3 puntos del 10,4% que avanzó la recaudación se explican por ese motivo.

El Gobierno central asumió todo el ajuste

Por subsectores, fue el Gobierno central quien asumió todo el ajuste de las cuentas públicas, al pasar de un déficit del 2,61% en 2024 al 1,86% en 2025. Los Fondos de la Seguridad Social también mejoraron sus números rojos, del 0,51% del PIB al 0,33% a cierre del año pasado.

Pero las comunidades autónomas empeoraron sus cifras, pasando de un déficit del 0,18% al 0,3%. En total, un desfase de 5.099 millones de euros.

Ocho comunidades autónomas registraron superávit (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco) por nueve que incurrieron en déficit (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunitat Valenciana).

En el caso de las corporaciones locales, que están obligadas a registrar superávit fiscal, este también se moderó ligeramente del 0,45% del PIB en 2024 al 0,31% en 2025.

La deuda pública se recorta al 100,7% del PIB

El Banco de España ha publicado este martes los datos de cierre de año y mejoran en una décima, hasta el 100,7% del PIB, su estimación inicial de hace unos meses.

En concreto, las Administraciones Públicas acabaron 2025 con una deuda pública de 1,698 billones de euros. En términos nominales, esto supone un 4,8% más que a cierre de 2024. Pero medido en ratio de PIB, supone su menor registro desde el primer trimestre de 2020, antes del estallido de la pandemia de COVID-19.

La deuda pública alcanzó su máximo en el primer trimestre de 2021, con un 124,2% del PIB. Desde entonces ha caído más de 23 puntos.

La deuda pública cerró 2025 en el 100,8% del producto interior bruto (PIB), su menor ratio desde marzo de 2020 en pleno estallido de la pandemia, gracias al crecimiento económico y a pesar de que el endeudamiento en términos nominales se incrementó en 78.108 millones de euros.

El Banco de España ha publicado este martes los datos de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas correspondientes al mes de diciembre del año pasado. El montante total rozó los 1,7 billones de euros, con un incremento del 4,8% interanual. Pero, al medirse en relación con el total del PIB, la ratio arroja su menor cifra desde el impacto del COVID-19, lo que muestra que el Estado por fin está recuperado del shock que supuso el confinamiento para las cuentas públicas.

El dato de cierre de año mejora incluso el objetivo que se había marcado el Gobierno para 2026, que era del 100,9% del PIB, de acuerdo con la senda de estabilidad que diseñó el Ministerio de Hacienda para los Presupuestos Generales del Estado, que decayó en el Congreso.

España ha tardado casi cinco años en situarse en un dato similar al de principios de 2020, antes de que el COVID-19 provocara un cerrojazo global y la economía española se hundiera un 11%. El Gobierno desplegó un escudo social frente a los efectos de la pandemia, con ERTEs, ayudas y un refuerzo de los servicios públicos que, sumado a la recesión, disparó la deuda pública hasta el 124,2% del PIB en marzo de 2021.

El Estado debe 1,55 billones de euros

Según los últimos datos publicados este martes, el grueso del endeudamiento corresponde al Estado, con 1,55 billones de euros; seguido de los 341.880 millones de las comunidades autónomas (20,3% del PIB), los 136.179 millones de la Seguridad Social (8,1% del PIB) y los 20.773 millones de las corporaciones locales (1,2% del PIB).

En términos interanuales, el endeudamiento del Estado ha aumentado en 75.630 millones; el de las comunidades autónomas ha crecido en 5.963 millones, en tanto que el de la Seguridad Social ha sumado 10.006 millones. Al otro lado, el de las corporaciones locales se ha recortado en 2.122 millones, en relación con diciembre de 2025.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha pedido este miércoles más “flexibilidad fiscal” a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para poder destinar el “posible superávit” en las cuentas andaluzas a reparar los daños ocasionados por el fuerte temporal que ha azotado a la comunidad estos días, “y que no computen a efectos de déficit ni regla de gasto”, ha asegurado la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España.

España ha anunciado que ha pedido formalmente a la ministra de Hacienda (candidata del PSOE y rival de Moreno en las próximas elecciones autonómicas) permiso para que la Junta pueda “utilizar los posibles remanentes y superávits para la recuperación” de nuestra tierra, en lugar de tener que destinarlos a amortización de deuda.

La consejera portavoz ha señalado que esta medida ya se aplicó cuando se produjo el desastre del volcán de La Palma, pero no ha cuantificado ese supuesto “superávit” en las cuentas andaluzas. De hecho, hasta hoy la Junta nunca había hablado de remanentes al cierre del ejercicio 2025 ni el Ministerio de Hacienda tiene aún confirmado el cierre definitivo del pasado año. Andalucía sí cerró el mes de noviembre de 2025 con un superávit en sus cuentas públicas de 1.310 millones de euros, un 0,58% del PIB, según los datos que difundió entonces la semana pasada el departamento de Montero.

A falta de que se cuantifique la cifra de esos remanentes que la Junta reclama a la ministra de Hacienda, la solicitud que hace hoy Andalucía tiene especial interés por el contexto político en el que se produce. Moreno y Montero se enfrentarán en las urnas en pocos meses y uno de los principales espacios de colisión es la financiación autonómica.

La Junta de Andalucía ha rechazado de plano tanto la quita parcial de la deuda andaluza que ofrece el Ministerio de Hacienda -casi 19.000 millones de euros- como la propuesta del nuevo modelo de financiación diseñado por Montero, que destina a Andalucía 4.846 millones más de los que ahora ingresa, una cifra ligeramente superior a la de Catalunya (4.686 millones).

La consejera de Hacienda ha interpelado esta mañana a Montero, tras la reunión del Consejo de Gobierno, pidiéndole permiso para no tener que gastarse el superávit andaluz en amortizar su deuda, y poder invertirlo en revertir los daños causados por el temporal. Ya por la tarde, en una comparecencia en el Parlamento para explicitar su rechazo al nuevo modelo de financiación, España ha anunciado una nueva cifra: “Andalucía debería recibir 3.253 millones más para igualar los mismos recuros que Catalunya por habitante ajustado”, en referencia al llamado “modelo de financiación Montero-Junqueras”.

535 millones para la recuperación

El Gobierno de Moreno ya ha confirmado que tendrá que mover partidas del Presupuesto de 2026 y de fondos europeos para hacer frente a los destrozos del tren de borrascas en Andalucía, pero no ha cuantificado aún el gasto total ni a cuánto asciende ese hipotético superávit que quiere destinar a la recuperación del territorio.

Tras la primera evaluación de daños en las carreteras de competencia autonómica, la Junta sí ha lanzado una primera cifra de lo que costará reconstruirlas: 535 millones de euros. Para ello, el Ejecutivo andalluz prevé “un plan de actuación inmediata de 260 millones para afrontar la reparación de ese daño en infraestructuras”.

España ha señalado que, una vez que ya el Consejo de Ministros procedió este martes a la Declaración de Zona Catastrófica, la Junta ha “dado un paso más” y se ha pedido pedido por carta que se active de forma urgente el Fondo de Contingencia por parte del Gobierno central, y que éste a su vez demande en Bruselas que se active el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, así como el Fondo de Gestión de Crisis de la Política Agrícola Común (PAC). El PSOE, desde la oposición, ha afeado al Gobierno de Moreno que no ejecute su propio Fondo de Contingencia, “que no se ha tocado desde 2018”.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, España ha señalado que “vamos a necesitar de esas manos que nos tienden tanto la Unión Europea como el Gobierno de España y nosotros vamos a reclamar, porque es nuestra obligación, que haya recursos para la recuperación cuanto antes de nuestra tierra”.

“Si en la emergencia la prevención salvó vidas, en la recuperación, cuanto antes se movilicen todos los recursos que estén disponibles, pues también será mejor”, ha subrayado la consejera portavoz, quien ha indicado que es fundamental que, cuanto antes, las familias puedan recuperar su hogar, hacer frente a las pérdidas de las cosechas y que las empresas afectadas puedan retomar su actividad.

España ha confirmado que Andalucía solicitará todos los “recursos externos” porque las pérdidas serán “millonarias”, y hará falta ese “fondo de solidaridad, fondo de contingencia, recursos de la Unión Europea, del Gobierno de España y también recursos propios”. La consejera ha recordado que Andalucía dispone de los Presupuestos para 2026 ya aprobados, con más de 51.000 milllones de euros. “No todo el mundo tiene presupuesto, por lo tanto, nosotros estamos trabajando desde Hacienda y moveremos las partidas que haya que mover para completar los recursos que, lógicamente, también tengan que poner otras administraciones”.

Después de unas primeras valoraciones sobre la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica (SFA), presentada recientemente por el Gobierno, se precisan conocer más detalles del proyecto para disponer de una visión global del mismo. No obstante, antes de avanzar en su tramitación parlamentaria, puede resultar de interés esbozar posibilidades para que, llegado el caso, el proyecto llegue a buen puerto. Ahora que la propuesta todavía está “tierna”, este artículo pretende debatir sobre la forma de mejorarla y aportarle coherencia.

Solo una aclaración inicial. Considero que abrir nuevas dimensiones en la discusión, como sucederá más abajo, no entorpece, sino que facilita la consecución de acuerdos más equilibrados. Encapsularse en una sola área reduce las posibilidades de compensar a los potenciales perjudicados. Minimizar los agravios comparativos se configura, pues, como un requisito imprescindible, sobre todo vista la nula sincronía entre el Ministerio de Hacienda y la inmensa mayoría de las comunidades autónomas (CCAA).

La idea central sería tomar el grueso de la propuesta de reforma del SFA presentada por el gobierno, aportarle más generalidad y encajarla en otra discusión en curso como es la condonación de deuda autonómica en manos del Estado, sincronizando ambas con la ineludible reforma de las reglas fiscales internas.

El esqueleto del nuevo SFA esbozado por el gobierno contiene una mezcla asumible de corresponsabilidad y equidad hasta la llamada nivelación vertical, inclusive. Se puede discutir si los nuevos porcentajes de cesión son excesivos o si el grado de ordinalidad es más o menos aceptable pero, como estructura conceptual, sirve para un debate ordenado. Por el contrario, los nuevos fondos de IVA Pymes y el Climático no tienen sentido en una discusión sobre federalismo fiscal; son apaños cuyos recursos se pueden reciclar para la nivelación y/o garantizar statu-quo en términos absolutos. Este statu-quo en términos relativos sí debe diluirse progresivamente.

Por otro lado, hace meses se puso en marcha un anteproyecto de ley orgánica para que el Estado asumiera deuda pública de las CCAA. Si bien, a mi juicio, es una iniciativa necesaria para que muchos gobiernos regionales alcancen la autonomía financiera que requiere su condición, la propuesta gubernamental es claramente mejorable, como se ha explicado desde diferentes fuentes.

Repensar las cifras (hay CCAA que no necesitan condonación y otras a las que le resultará insuficiente) y exigir una estricta condicionalidad fiscal para que no se perciba como un premio son, en mi opinión, dos vectores de mejora evidentes. Hay, sin duda, CCAA que cargan con una pesada deuda pública ocasionada en parte por su infrafinanciación relativa. Por consiguiente, sincronizando con sentido la reforma del SFA y la condonación parcial de la deuda se enfrentan simultáneamente causa y consecuencia.

Y una tercera pieza para encajar la reforma integral de las finanzas autonómicas consistiría en renovar la gobernanza fiscal de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Estado y las CCAA llevan siete años sin objetivos de déficit ni deuda pública, y la regla de gasto, desalineada con la europea, adolece serios problemas de diseño, aplicación y coherencia con el resto de reglas. Emprender en estas condiciones una reforma del SFA acompañada de una condonación de deuda autonómica debilitaría la estabilidad financiera del país.

Dotar de credibilidad a la gobernanza fiscal española es un activo en sí mismo. Pero, además, en el contexto de las propuestas ahora lanzadas sobre el SFA y la deuda autonómica, adquiere virtudes adicionales. De un lado, permitiría dosificar la recomposición de recursos que tendría lugar entre el Estado y las CCAA. Con otras palabras, aumentar en 21.000 millones de euros los ingresos de los gobiernos autonómicos en 2027 a resultas de la reforma del SFA no casa bien con que ese dinero rápido y fácil se vaya a gastar de manera eficiente. Además del agujero que provocaría en las arcas estatales.

De otro lado, si la nueva gobernanza fiscal española sigue la senda de la europea, cabe pensar en la definición de objetivos fiscales específicos para cada administración y encaminados a la reducción de deuda pública. Así, las exigencias de consolidación fiscal de cada comunidad autónoma podrían diferir según los recursos que allegarían tras la reforma del SFA, los porcentajes de condonación de que disfrutarían, sus niveles de deuda pública y esfuerzos fiscales previos, entre otros factores.

En definitiva, se trata de aprovechar los grados de libertad de discutir sobre finanzas autonómicas en varias dimensiones. Las más beneficiadas en un aspecto pueden ser sometidas a exigencias más intensas o ganancias menos abundantes en otros. Todo esto que les acabo de exponer resulta viable desde el punto de vista técnico y, con la coherencia necesaria, puede trasladarse en forma de diferentes escenarios al nivel político para tomar decisiones. Es posible que para ello necesitemos menos Consejos de Política Fiscal y Financiera y más trabajo discreto pero efectivo de funcionarios y expertos. 

El Tesoro Público español realiza hoy una nueva subasta de deuda, en bonos del Estado y obligaciones, en una operación que representa la segunda puja de febrero y que pretende situarse en el punto medio del rango de financiación previsto por el organismo. Las diferentes opciones ofrecidas por el Banco de España pretenden dar respuesta a unos inversores interesados por la deuda soberana española en un contexto de mercados financieros dinámicos. El interés de los mercados sigue siendo elevado pese a la incertidumbre económica que marca el inicio del año. Esta subasta consolida la posición de España en los mercados de renta fija durante el ejercicio de 2026.

En concreto, se adjudicarán bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 7 años y 10 meses, con cupón del 0,70% y obligaciones del Estado con una vida residual de 9 años y 9 meses, con cupón del 3,20%. Concretamente, los tipos de interés de referencia de cara a esta emisión se sitúan en el 2,348% para los bonos del Estado a 3 años; en el 2,943% para las obligaciones del Estado a 7 años; en el 1,280% para las obligaciones del Estado indexadas a 7 años y 10 meses y en el 3,204% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 9 años y 9 meses. 

Dentro de las cuatro referencias mencionadas que se emiten hoy, los bonos del Estado a tres años juegan un papel fundamental en la estrategia de captación. Hay que tener en cuenta que, en cuanto a la rentabilidad, el interés marginal se situó en la anterior ocasión en un tipo del 2,348% en la subasta realizada el pasado 15 de enero. Los inversores suelen valorar positivamente estos activos de menor duración para equilibrar sus carteras de inversión. El cupón fijado para esta referencia de deuda se mantiene en el 2,35%, según los datos oficiales. La segunda referencia destacada del día son las obligaciones del Estado a siete años. Este título, que cuenta con un cupón del 3,00% y vence el 31 de enero de 2033, tuvo un interés marginal del 2,943% en la última puja celebrada anteriormente para este mismo activo. 

La subasta de hoy se produce apenas dos días después de que el organismo realizara una operación de mercado exitosa. El pasado martes, el Tesoro Público colocó 6.134,355 millones de euros en letras a seis y doce meses. En aquella ocasión, el volumen adjudicado se situó en el rango alto previsto, demostrando la vigencia del ahorro minorista. En dicha ocasión se registraron rebajas en las rentabilidades marginales ofrecidas por ambas referencias. Las letras a doce meses, que son el plazo estrella para los inversores, situaron su interés medio en el 2,02%. Por su parte, el rendimiento de las letras a seis meses se contrajo levemente hasta situarse en el entorno del 1,97%. La demanda total en esa primera subasta de febrero alcanzó los 9.316 millones de euros entre los inversores. Existe, no obstante, una percepción de que las peticiones pierden algo de fuelle según bajan ligeramente las rentabilidades.

Con la subasta celebrada hoy, el Tesoro español continúa avanzando con paso firme en su programa de financiación para 2026. Hasta la fecha, el organismo ya ha emitido un total de 29.787 millones de euros en deuda a medio y largo plazo. Esta cifra representa ya el 16,8% del objetivo total de financiación previsto para el presente ejercicio en estos plazos. Las necesidades de financiación nueva para todo el año 2026 se han fijado en unos 55.000 millones de euros, por lo que se trata de la misma cuantía neta que se programó para el año 2025, manteniendo la estabilidad presupuestaria. 

Del total de emisiones netas previstas, 50.000 millones corresponderán a bonos, obligaciones y otras deudas de largo plazo. Los 5.000 millones de euros restantes se cubrirán mediante la emisión de las populares letras del Tesoro nacional. La estrategia financiera está condicionada por el buen comportamiento de la economía y la disciplina fiscal. Si se analizan las cifras en términos brutos, el volumen de emisiones totales ascenderá este año a 285.693 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 4,2% respecto al cierre estimado del ejercicio anterior, que fue de 274.242 millones. Este aumento en el volumen bruto está directamente ligado a las mayores amortizaciones de deuda previstas para el recién estrenado 2026. 

De ese total programado, 176.935 millones corresponderán a emisiones brutas de instrumentos de deuda a medio y largo plazo, lo que representa un incremento del 3,1% comparado con lo que se contempló para el programa financiero del 2025. Por otro lado, para las letras del Tesoro se prevé un volumen de 108.758 millones de euros este año. Dicha cifra es casi un 5,9% superior al cierre estimado del año pasado para este tipo de papel corto. El Tesoro debe gestionar estos vencimientos elevados mientras intenta mantener costes de financiación bajos.

Prudencia vs incertidumbre

Un indicador clave de la salud financiera del Estado es la vida media de la deuda en circulación hoy. Actualmente, la vida media de la deuda soberana española se sitúa en los 7,83 años, según los últimos datos. Durante el año 2025, este indicador se mantuvo estable en el entorno de los ocho años por quinto año consecutivo. En concreto, el año pasado cerró con una vida media de 7,93 años, su nivel más alto desde el 2021. Por su parte, el coste medio de la cartera de valores del Tesoro se sitúa actualmente en el 2,318%. Lograr mantener este coste en niveles controlados es uno de los objetivos prioritarios de la Secretaría General del Tesoro. El alargamiento de los plazos de vencimiento ha sido una constante en la gestión de la deuda pública nacional. Esto permite al Estado reducir el riesgo de refinanciación ante posibles episodios de volatilidad.

El escenario geopolítico y económico actual sigue marcando la hoja de ruta de los inversores que acuden a las subastas. La subida del euro frente al dólar ha modificado recientemente las expectativas sobre el futuro de los tipos de interés. A principios de año, el mercado apostaba por subidas de tipos en la segunda mitad de 2026, pero esa idea pierde fuerza. La incertidumbre sobre el precio de las materias primas y los riesgos geopolíticos invitan a la prudencia a los inversores. En este entorno, la deuda pública española se percibe como un refugio seguro con rentabilidades todavía atractivas. La próxima cita para el mercado será el 10 de febrero, con una nueva subasta de letras del Tesoro. En esa ocasión se ofrecerán títulos a tres y nueve meses para seguir completando el programa de captación. El Tesoro confía en que el buen momento de la economía nacional siga respaldando la demanda de sus bonos.

Castilla-La Mancha será la región “más beneficiada” en términos por habitante de la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas. Así lo ha asegurado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, que ha recibido con satisfacción la aprobación por parte del Consejo de Ministros de este martes del proyecto de ley que hará realidad esa quita.

Esta norma, que ha sido remitida al Congreso de los Diputados, permitirá que el Estado asuma 83.252 millones de euros de la deuda existente en las comunidades autónomas.

El Gobierno de España ha informado de que esta medida permitirá “mejorar la situación financiera de las comunidades autónomas, facilitará el acceso a los mercados en mejores condiciones y permitirá un ahorro en intereses de unos 6.700 millones”. Además, afirma que la asunción de deuda sirve para corregir “unos desequilibrios que las cuentas de las CCAA arrastran desde hace más de una década”.

La condonación total ascendería a 83.252 millones de euros, de los que 4.927 millones corresponderían a Castilla-La Mancha. Algo que, según ha afirmado la consejera portavoz, “libera a los castellanomanchegos y a las castellanomanchegas de pagar 760 millones de euros en intereses injustos de una deuda creada, en parte, por la gestión del anterior Gobierno y, en parte, por la infrafinanciación que venimos sufriendo desde que caducó el modelo de financiación autonómica”.

Piden un apoyo “masivo” para la medida

Por eso, Padilla ha insistido en que se trata de una medida que beneficiará a la región, pero en general a todas, por eso, ha pedido que sea apoyada masivamente por el resto de las comunidades autónomas, entre ellas las gobernadas por el Partido Popular. Y en el caso de la oposición en la región, ha solicitado que “apoye este proyecto de ley y que remen a favor de Castilla-La Mancha”.

Por eso, ha concluido asegurando que “los mensajes del Gobierno son de satisfacción y de una petición clara para que se apoye una medida que es buena para todos”, al tiempo que no se ha olvidado de pedir “un nuevo modelo de financiación para que no volvamos a incurrir ninguna comunidad autónoma en deuda por un problema de infrafinanciación como el que estamos sufriendo”.

Balears perdrà 153,4 milions d'euros de marge de despesa després que el Congrés dels Diputats, amb els 178 vots de PP, Vox, Junts i UPN, hagi rebutjat els objectius d'estabilitat marcats pel Govern espanyol entre 2026 i 2028, primer pas per a l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat del proper any.

En conjunt, Hisenda estima que entre 2026 i 2028 les Comunitats Autònomes perdran 5.485 milions de marge fiscal. L'Executiu central, amb la reducció dels nombres vermells de les Administracions, era el que assumia el major ajust, deixant a les autonomies un marge de despesa del 0,1% del PIB durant els tres anys, traduït en un total de 5.485 milions de capacitat de despesa.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, va rebutjar des d'un primer moment la condonació de deute plantejada pel Govern central sota l'al·legat que el que necessiten les illes és “un nou sistema de finançament”. Les regions governades pel PP van fer front comú contra la senda d'estabilitat plantejada, que l'Executiu ha avançat que tornarà a presentar com a pas previ a l'aprovació dels comptes de 2026, previsiblement a principis del proper any.

La líder balear ha expressat en diverses ocasions la necessitat de revisar el model de finançament, fent especial èmfasi en el fet que, si Balears és avui una de les CC.AA. que més diners aporta, no hauria d'acabar rebent menys que altres amb menor capacitat fiscal. També insisteix que aquesta reforma s'ha de debatre en una taula multilateral -no en acords bilaterals-. “Rebutgem de ple el joc de trilerisme de la condonació”, va arribar a afirmar.

Malgrat els marges d'endeutament autoritzat, tant els dos pressupostos autonòmics aprovats sota la presidència de Prohens (2024 i 2025) com l'últim sostre de despesa s'han elaborat sense la previsió de recórrer a dèficit. De fet, Balears va tancar 2024 amb un superàvit de 114 milions d'euros, equivalent al 0,26% del PIB, segons les dades remeses per la comunitat al Ministeri d'Hisenda. Així mateix, a la fi d'aquell mateix any les illes van continuar reduint el seu deute, situant-la en 8.426 milions d'euros (un 18,8% sobre el PIB), la qual cosa, tal com va subratllar el vicepresident primer, Antoni Costa, va suposar la millor xifra absoluta des de 2015 i la dada més baixa en relació amb el PIB en els últims 12 anys.

Des del Govern defensen que no depenen del marge de dèficit per a poder sostenir els seus comptes públics i asseveren que la pèrdua del marge autoritzat no altera el full de ruta pressupostari previst per als pròxims exercicis.

Respecte al marge de despesa, per comunitats, Madrid serà la regió que perdrà un major marge de despesa entre 2026 i 2028, d'uns 1.088 milions, mentre que a Catalunya serà de 1.038,7 milions i a Andalusia, de 731,4 milions, segons els càlculs del Departament que dirigeix María Jesús Montero.

Li segueixen Comunitat Valenciana (509,9 milions); Galicia (280,8 milions); Castella i Lleó (256,7 milions); Canàries (200,5 milions); Castella-la Manxa (193,3 milions); Aragó (169,6 milions); Balears (153,4 milions); Regió de Múrcia (144,2 milions); Astúries (103,3 milions); Extremadura (91,5 milions), Cantàbria (60,7 milions) i La Rioja (38,6 milions).

El Ministeri d'Hisenda tornarà a portar la mateixa senda en properes dates, i si es torna a rebutjar, el Govern central seguirà endavant amb la presentació de Pressupostos de 2026 utilitzant la senda d'estabilitat que va remetre a la Comissió Europea el 2024 en el marc del pla fiscal estructural a mig termini exigit després de l'entrada en vigor de les noves regles fiscals europees.

Així les coses, la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, confia a poder presentar el projecte de Pressupostos de 2026 al Congres a principis o mitjans del primer trimestre de l'any que ve, de manera que els comptes públics poguessin estar aprovats al llarg del mes d'abril o maig.

Balears perderá 153,4 millones de euros de margen de gasto después de que el Congreso de los Diputados, con los 178 votos de PP, Vox, Junts y UPN, haya rechazado los objetivos de estabilidad marcados por el Gobierno entre 2026 y 2028, primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

En conjunto, Hacienda estima que entre 2026 y 2028 las Comunidades Autónomas van a perder 5.485 millones de margen fiscal. El Ejecutivo central, con la reducción de los números rojos de las Administraciones, era el que asumía el mayor ajuste, dejando a las comunidades autónomas un margen de gasto del 0,1% del PIB durante los tres años, traducido en un total de 5.485 millones de capacidad de gasto.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, rechazó desde un primer momento la condonación de deuda planteada por el Gobierno bajo el alegato de que lo que necesitan las islas es “un nuevo sistema de financiación”. Las regiones gobernadas por el PP hicieron frente común contra la senda de estabilidad planteada, que el Ejecutivo central ha avanzado que volverá a presentar como paso previo a la aprobación de las cuentas de 2026, previsiblemente a principios del próximo año.

La líder balear ha expresado en varias ocasiones la necesidad de revisar el modelo de financiación, haciendo hincapié especialmente en que, si Balears es hoy una de las CCAA que más dinero aporta, no debería acabar recibiendo menos que otras con menor capacidad fiscal. También insiste en que esta reforma debe debatirse en una mesa multilateral -no en acuerdos bilaterales-. “Rechazamos de plano el juego de trilerismo de la condonación”, llegó a afirmar.

Pese a los márgenes de endeudamiento autorizado, tanto los dos presupuestos autonómicos aprobados bajo la presidencia de Prohens (2024 y 2025) como el último techo de gasto se han elaborado sin la previsión de recurrir a déficit. No en vano, Balears cerró 2024 con un superávit de 114 millones de euros, equivalente al 0,26 % del PIB, según los datos remitidos por la comunidad al Ministerio de Hacienda. Asimismo, a finales de ese mismo año las islas continuaron reduciendo su deuda, situándola en 8.426 millones de euros (un 18,8 % sobre el PIB), lo que, tal como subrayó el vicepresidente primero, Antoni Costa, supuso la mejor cifra absoluta desde 2015 y el dato más bajo en relación con el PIB en los últimos 12 años.

Desde el Govern defienden que no dependen del margen de déficit para poder sostener sus cuentas públicas y aseveran que la pérdida del margen autorizado no altera la hoja de ruta presupuestaria prevista para los próximos ejercicios.

Respecto al margen de gasto, Madrid será la región que perderá un mayor margen de gasto entre 2026 y 2028, de unos 1.088 millones, mientras que en Catalunya será de 1.038,7 millones y en Andalucía, de 731,4 millones, según los cálculos del Departamento que dirige María Jesús Montero.

Le siguen Comunidad Valenciana (509,9 millones); Galicia (280,8 millones); Castilla y León (256,7 millones); Canarias (200,5 millones); Castilla-La Mancha 193,3 millones); Aragón (169,6 millones); Balears (153,4 millones); Región de Murcia (144,2 millones); Asturias (103,3 millones); Extremadura (91,5 millones); Cantabria (60,7 millones) y La Rioja (38,6 millones).

El Ministerio de Hacienda volverá a llevar la misma senda en próximas fechas, y si se vuelve a rechazar, el Gobierno seguirá adelante con la presentación de Presupuestos de 2026 utilizando la senda de estabilidad que remitió a la Comisión Europea en 2024 en el marco del plan fiscal estructural a medio plazo exigido tras la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas.

Así las cosas, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en poder presentar el proyecto de Presupuestos de 2026 en el Congreso a principios o mediados del primer trimestre del año que viene, de manera que las cuentas públicas pudieran estar aprobadas a lo largo del mes de abril o mayo.

La austeridad era para los otros. Aunque Alemania siempre ha dado lecciones a los demás países de ortodoxia presupuestaria, en 2025 va a cerrar el año con un déficit por encima de España. Todavía resuenan las llamadas de atención de la entonces canciller alemana, Angela Merkel, cuando durante la gran crisis advertía a España de que “debería hacer más” para reducir sus números rojos o cuando amenazaba con que “aquellos que no hagan sus deberes no recibirán nuestro apoyo”.

La Comisión Europea ha hecho públicas este lunes sus previsiones económicas de otoño en las que señala que España acabará 2025 con un déficit del 2,5%, por debajo de Alemania, que terminará el año con unos números rojos del 3,1%. Además, nuestro país también sale mejor parado que Francia, con el 5,5%, o Italia, que cerrará este ejercicio con un 3% de déficit. Ya nadie se acuerda de que España era colocada entre el grupo de los PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) por los problemas de deuda y déficit que sufrió durante la crisis financiera.

Pero, además, esta situación se va a repetir en los próximos dos años. Mientras que España va a rebajar el déficit al 2,1% del PIB en 2026 y 2027, Alemania lo va a incrementar al 4% y el 3,8% en esos dos ejercicios mientras que en Francia aumenta hasta el 4,9% y el 5,3%, respectivamente. Entre otras cosas, porque España se va a mantener a la cabeza del crecimiento del PIB entre las cuatro principales economías de la zona euro en el periodo 2025-2027.

A la hora de buscar las razones para esta caída del endeudamiento en España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, subrayó este lunes en la comisión mixta para la Unión Europea en el Congreso, que la buena marcha de la economía española impulsada por los fondos europeos “se está haciendo de manera equilibrada porque el Plan [de recuperación] está permitiendo cuadrar el círculo, es decir, ser capaces de crecer, de hacerlo de manera fuerte, robusta, sostenida y además hacerlo con un elemento de responsabilidad fiscal. Es decir, con una reducción de nuestra ratio de déficit sobre PIB, una reducción de nuestra ratio de deuda sobre PIB, también diferencialmente mayor que la de nuestros principales socios”.

De hecho, Bruselas explicó sobre España que “tras un fuerte crecimiento en la primera mitad de 2025, la expansión económica continuó en el tercer trimestre” debido a “la fuerte contribución del consumo privado y la inversión”. La Comisión añadió que “se espera que la actividad económica se mantenga robusta” hasta 2027, donde “la demanda interna será el principal motor de crecimiento, impulsada principalmente por el consumo privado y el buen desempeño de la inversión” y que “el gasto de los consumidores se beneficie de mayores ganancias en el poder adquisitivo y un crecimiento adicional del empleo en un contexto de migración interna sostenida”.

Los principales riesgos para España vienen del exterior, es decir, del escaso desarrollo económico de socios comerciales como Alemania o Francia, que suelen ser nuestros mercados principales de exportaciones: están relacionados con “la actividad económica más débil de lo esperado por parte de los principales socios comerciales de España” y por “una desaceleración de los flujos migratorios más pronunciada”, que podría reducir el dinamismo del mercado laboral.

Con estos mimbres, el Gobierno anunció este lunes que mantendrá la flexibilidad para las Comunidades Autónomas y permitirá que incurran en un déficit del 0,1% del PIB en los próximos tres ejercicios, de acuerdo con la senda de estabilidad que propondrá la vicepresidenta María Jesús Montero durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este martes.

Cuerpo añadió que “el objetivo para el año 2025 es llegar a ese 2,5% de déficit sobre PIB, que supone un superávit en términos primarios, es decir una vez que quitamos los gastos asociados a los intereses de la deuda. Esto es importantísimo porque genera un efecto bola de nieve positivo en cuanto a la sostenibilidad de la deuda, ya no solo por un mayor crecimiento, sino también por este elemento de responsabilidad fiscal”.

Aunque la situación de crisis en la que estaba sumergida la Unión Europea en 2011 no es comparable a la actual, entonces España cambió el artículo 135 de la Constitución para incluir que el Estado y las Comunidades Autónomas no podrían incurrir en un déficit estructural por encima de los límites de la Unión Europea, cuyo listón está en el 3%. Sin embargo, Alemania ha respondido a su crisis económica con un cambio constitucional, pero en sentido contrario con la excusa de los gastos en defensa y las infraestructuras: se acaba con el “freno de la deuda”, una disposición de la Constitución que imponía un endeudamiento máximo del 0,35% del PIB al Gobierno federal y prohibía el déficit a los estados federados.

La Comisión Europea ha señalado en sus previsiones que “Alemania ha pasado por un prolongado período de estancamiento económico”, ya que desde la pandemia de covid-19, “ha registrado una de las recuperaciones más débiles entre las economías avanzadas” con “una continua pérdida de cuotas de mercado de exportación, notablemente frente a China”. Aunque “se espera que los aranceles y la alta incertidumbre global sigan pesando sobre la inversión y las exportaciones” de Alemania, en Bruselas se confía en que “estos efectos se vean contrarrestados por un mayor gasto público, que apoyará el consumo y la inversión en general, especialmente en 2026 y 2027”. Es decir, combatir la crisis con más gasto en lugar de más austeridad.

En el caso de Francia, donde al bajo crecimiento económico se suma la crisis institucional y política que atraviesa, la Comisión apunta que “la incertidumbre económica y política interna afectará el crecimiento del PIB real, que se espera que alcance el 0,9%” en 2026. Mientras que en 2027 “se proyecta que la actividad económica ganará impulso”, con un crecimiento del PIB real al 1,1%, “respaldado por una disminución de la incertidumbre y una postura fiscal ligeramente expansiva”. Es decir, se va a aumentar también el gasto público para lograr un mayor incremento del PIB.

Reducción de deuda frente a subida en Alemania y Francia

Respecto a la deuda, mientras que Alemania y Francia la aumentan entre 2025 y 2027, España la reduce. La Comisión Europea destaca que en España “se espera que la deuda siga disminuyendo, ayudada por un crecimiento económico sostenido”, de manera se quede “en el 100% en 2025, gracias al crecimiento del PIB nominal que supera el costo del servicio de la deuda”, mientras que “impulsada por la reducción del déficit, se espera que la ratio siga disminuyendo en 2026 y baje del 100% por primera vez desde 2019”, hasta el 98,2% en 2026 y 97,1% en 2027.

Mientras, en Alemania ya se pasó el trauma de rebasar el 60% del PIB de deuda, limite que impone la UE, Bruselas apunta que “se espera que aumente al 63,5% en 2025, al 65,2% en 2026 y al 67,0% del PIB en 2027”. El caso de Francia es más preocupante. La Comisión Europea avisa de que “después de aumentar hasta el 113,2% del PIB en 2024, se proyecta que la ratio de deuda pública siga aumentando a lo largo del horizonte de previsión, alcanzando el 120% del PIB para 2027”. Según Bruselas, “este aumento se debe principalmente a los altos déficits primarios y al aumento de los pagos de intereses, que compensarán con creces el efecto reductor de la deuda del crecimiento nominal”.

La reducción del déficit y de la deuda también va a tumbar uno de los principales argumentos del Partido Popular para atacar el Gobierno de Pedro Sánchez. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, llegó a decir este lunes que “estamos además mucho peor que hace siete años, cuando el Partido Popular dejó de gobernar”. Atendiendo a los datos, en 2018 el PIB creció un 2,4%, cinco décimas menos que la previsión para este año; se cerró con un déficit del 2,5%, que es el mismo con el que se espera acabar en 2025; la deuda pública fue del 99,8% del PIB, frente al 100% del PIB que se prevé que termine este ejercicio, mientras que la tasa de paro en 2018 fue del 14,4% y la de 2025 terminará en el 10,4%.

Finlandia sigue siendo el país más feliz del mundo, según la lista elaborada por las Naciones Unidas, gracias, en parte, al sólido sistema del Estado del Bienestar que ha sabido construir la nación nórdica. Sin embargo, esta imagen de Finlandia contrasta con el estado actual de su economía, que en los últimos años está luchado contra el incremento de la deuda pública, la pobreza y el aumento del desempleo (10,2% en la segunda mitad de 2025, la segunda más alta de la Unión Europea, solo por debajo de España).

Finlandia, en el pasado, fue una de las economías que competía por ser comparada con el resto de sus vecinos nórdicos, pero lleva una década en medio de un declive industrial que empezó con la caída del gigante de la telefonía móvil Nokia en el año 2009. Siguió después la crisis de la COVID-19, y desde entonces que el PIB del país no crece, el desempleo aumenta y las cuentas públicas están cada vez más desequilibradas.

Con este contexto, el gobierno, formado por una coalición entre partidos de derecha y extrema derecha liderada desde 2023 por el conservador Petteri Orpo, ha hecho de la reducción del gasto público su prioridad. Pero los severos recortes en el presupuesto estatal comienzan a tener graves consecuencias sociales, sin que haya perspectivas en el horizonte de que el nivel del endeudamiento público disminuya.

La deuda pública no deja de aumentar

El objetivo del gobierno a largo plazo es reducir la deuda pública, que se prevé que se elevará hasta el 86% del PIB a finales del año 2025. Esto ha provocado la primera recalificación de su deuda en casi una década por parte de la agencia Fitch Ratings, pasando de AA+ a AA. A su vez, el crecimiento económico del país tampoco termina de arrancar, situándose en el 0,2% del PIB, sin que prácticamente haya experimentado cambios desde 2019, lo que lo sitúa como uno de los más débiles de la UE.

Tras las elecciones generales de 2023, el nuevo gobierno anunció un programa para reducir 9.000 millones de euros del presupuesto estatal en ocho años, unos recortes que se preveían de 6.000 millones antes de 2027. El anuncio fue seguido por una reforma laboral muy criticada por los sindicatos, con la promesa de crear 100.000 empleos nuevos que tampoco se han materializado. A pesar de la austeridad, las predicciones del Fondo Monetario Internacional seguían anunciando el aumento de la deuda hasta más del 90% en los próximos años, por lo que en abril de 2024 el gobierno presentó un plan adicional de recortes de 3.000 millones de euros en el gasto público antes de 2028.

La cara más visible en la ejecución de los recortes es la ministra de Finanzas y líder de la formación de extrema derecha, Riikka Purra. En las intervenciones de la controvertida ministra asegura que los finlandeses, un país tradicionalmente frugal, apoyan las medidas de austeridad, aunque las últimas encuestas muestran que dos tercios de los ciudadanos no están de acuerdo con la política del gobierno.

Presupuesto disparado en defensa

Sin que los recortes ya anunciados fueran suficientes, el gobierno presentó hace unas semanas la ley de presupuestos para 2026, que incluye una restricción presupuestaria adicional de 1.000 millones de euros: “Hemos elaborado los presupuestos en un entorno económico deficiente y, por lo tanto, hemos tenido que volver a realizar recortes de gastos, aunque inicialmente pensábamos que las principales decisiones de austeridad ya habían pasado”, anunció el primer ministro Petteri Orpo.

Entre las nuevas medidas para reducir el gasto público se han incluido la reducción de la ayuda al desarrollo, la suspensión de las ayudas a los municipios para la acogida de refugiados, la disminución de las subvenciones a los gobiernos locales y la congelación del presupuesto de las universidades, aunque el mayor recorte se lo llevan los planes de construcción de vivienda social.

Con todo, las restricciones presupuestarias aún resultan más polémicas tras la decisión del gobierno de reducir el impuesto marginal sobre la renta a los más ricos, una medida que solamente beneficiará al 2% de los finlandeses que cobran más de 100.000 euros al año. Medidas como esta van de acuerdo con la línea del gobierno conservador de reducir la carga de los impuestos a los ciudadanos, que es del 42,4%, una de las cifras más altas en la UE por encima de la mediana comunitaria del 33,9%.

A su vez, la partida presupuestaria para la defensa es de las pocas que han incrementado en los últimos años, con un aumento de 6.000 millones para el siguiente año. Tras el inicio de la guerra en Ucrania y el ingreso del país en la OTAN, Finlandia prevé gastar el 3% de su PIB en defensa antes del año 2029.

Los efectos de estos recortes ya son palpables entre los más vulnerables, según revelaba un estudio elaborado por el Instituto Finlandés de Salud y Bienestar. El estudio señalaba que las políticas de austeridad han hecho caer a 110.000 personas por debajo del umbral de la pobreza, entre ellas 27.000 niños: “Los recortes agravarán aún más la pobreza entre la población vulnerable”, advertía Jussi Tervola, uno de los responsables del estudio.

La deuda seguirá creciendo en los próximos años

El economista de la Universidad de Turku, Jouko Vilmunen, expone que anteriormente la economía también estaba endeudada, “pero entonces teníamos una solución milagrosa, el gigante Nokia, que en su apogeo representaba el 4% del PIB, pero su cierre causó un enorme déficit en las finanzas públicas”, dice Vilmunen.

El economista defiende que el país tiene las bases establecidas para una buena economía, con una población con estudios, buenas infraestructuras y servicios que funcionan. “Sin embargo, el modelo industrial, basado en las exportaciones y el procesamiento de la madera, está obsoleto”, dice. Como ejemplo de ello, la demanda de papel ha caído un 70% desde el año 2007, pero, a pesar de eso, la industria forestal sigue siendo una de las más importantes del país.

El economista Jussi Systa, del think tank Kalevi Sorsa Foundation, con sede en Helsinki, coincide en que “el modelo de crecimiento finlandés se basaba principalmente en las exportaciones, sobre todo de madera y de electrónica de consumo. Pero los gobiernos no han sabido compensar la pérdida de ingresos”, dice.

Systa explica que el profundo déficit que arrastra el país y el insuficiente crecimiento económico, sumado a una menor recaudación fiscal, ha provocado la caída de los ingresos del estado, por lo que “en los próximos años, la deuda seguirá aumentando”, unas perspectivas que coinciden con los pronósticos hechos por el gobierno.

En cuanto a la política de recortes para reducir la deuda, el economista admite que “Me preocupa que esto genere un círculo vicioso que impida la consolidación de la economía”, dice Systa, quien añade: “Para que nuestra economía se recupere de forma adecuada, necesitamos inversiones que impulsen una producción más compleja para la exportación y medidas que fortalezcan la demanda interna. A eso añadiría gravar a quienes tienen mayor riqueza para aumentar los ingresos públicos”, termina diciendo.

Las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a los presupuestos de Castilla-La Mancha para el próximo año 2026 han quedado rechazadas este jueves en el pleno de las Cortes regionales. Al no contar con el respaldo de la mayoría de la Cámara, el Proyecto de Ley continuará su tramitación con un nuevo periodo de enmiendas parciales.

Los socialistas han votado en contra de ambas enmiendas a la totalidad, el PP ha rechazado la de Vox, y este último se ha abstenido al votar la enmienda a la totalidad del PP.

En el debate parlamentario, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha cargado contra el PP, al decir que parece haber elaborado su enmienda a la totalidad con una versión “muy barata” de Inteligencia Artificial, mientras que a Vox le ha reprochado presentarse como los “patriotas” cuando mandan a Madrid “el dinero de los castellanomanchegos”.

Ha criticado que los 'populares' no han sabido preguntar a “ChatGPT” para elaborar su enmienda a la totalidad. “Si utilizan la inteligencia artificial deben hacerlo con programas serios”, ha ironizado el consejero.

Además, ha tildado de “despropósito” el hecho de que el PP aluda al “principio de exactitud presupuestaria” en su emienda a la totalidad, un concepto que no ha encontrando en ninguna de “las leyes de Hacienda de las comunidades autónomas”, que tampoco se ha encontrado en las normas presupuestarias de ningun país de la Unión Europea.

Este criterio, según Ruiz Molina, parece corresponder a “la Constitución de Perú” porque es un lenguaje, el utilizado por el PP, que a Ruiz Molina le ha sonado “más a sudamericano”.

El titular de Hacienda, en el mismo tono, se ha referido a la enmienda a la totalidad de Vox, la de “de los patriotas”, que curiosamente, mandan “el dinero del contribuyentes” de la región a Madrid “y perdemos el rastro”.

“Tiene narices que hablen de patriotismo, quienes utilizan los impuestos de los castellanomanchegos para mandarlo a Madrid”, ha lamentado Ruiz Molina, que se ha congratulado por que las Cortes descubran “hasta una malversación de caudales públicos”, de lo que no ha querido acusar a Vox, pero por lo que deberían dar explicaciones. “Dios me libre”, ha afirmado el consejero.

Vox, según Ruiz Molina, presenta “una Castilla-La Mancha en ruinas”, y desprende “xenofobia, racismo” y su posición “en contra del cambio climático” en su enmienda a la totalidad.

Tras esta contestación a PP y Vox, Ruiz Molina ha defendido que el objetivo del Gobierno regional para el 2026 “es que no se incremente el endeudamiento de la comunidad autónoma”, con independencia del margen que se fije para las comunidades autónomas en relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria para el 2026.

Los presupuestos contemplan 12.903 millones de euros, un 1,5% más respecto al presupuesto de 2025 --187 millones-- que tienen “una importante reducción de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por importe del 12%” y que se seguirá reduciendo, ya que la región es “la tercera comunidad autónoma que mejor viene ejecutando estos fondos”.

En este punto, ha hecho alusión a la convocatoria del Gobierno central al Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo lunes. Sobre la condonación de la deuda, ha insistido en que si sale adelante, que no lo sabemos, supondría “una reducción de 4.927 millones de euros, con un ahorro de intereses estimado en 760 millones de euros”, cifra que no le gusta ni a Partido Popular ni a Vox.

Asimismo, se ha retrotraído a los informes de las agencias crediticias y del Banco de España para recalcar que “ofrecen una imagen de nuestra región cada vez más solvente y segura para los inversores”.

Por su lado, el presidente del Grupo Parlamentario Vox David Moreno ha señalado que el actual proyecto de ley de presupuestos no presentan la previsión que las familias de Castilla-La Mancha necesitan, porque “son cuentas al servicio de la propaganda globalista y antifamilia, de las cesiones a las agendas de las élites extranjeras”.

Ha dicho que desprecian a los “vecinos honrados” de la región que contribuyen con su trabajo, con su consumo y con su patrimonio al sostenimiento de una estructura “desmedida, abusiva e ineficiente”.

“Siguen por la misma senda, con el mismo estilo presupuestario, con los mismos derroches, los mismos despilfarros, y dejando de un lado a las familias, que son las que están sufriendo las consecuencias desastrosas de sus políticas”, ha reprochado Moreno.

Asimismo, ha acusado al PP de ser “el partido socialista azul” o una “filial del PSOE”. “Si dicen exactamente lo mismo que dice el Partido Socialista en sus discursos, la conclusión es nítida. Es que ustedes, el Partido Popular, son exactamente lo mismo que el Partido Socialista”, ha incidido.

Por su lado, el diputado del PP Juan Antonio Moreno Moya ha señalado que la enmienda a la totalidad de Vox se acuse a los grupos de esta Cámara de corrupción institucional. “Hasta aquí hemos llegado, esto es traspasar una línea”, le ha dicho a David Moreno.

“Si ustedes quieren hablar de corrupción, les recomiendo prudencia, porque quizá la encuentren en su casa, de modo que no escupan al cielo porque saben lo que puede ocurrirles”, ha aseverado el diputado del PP.

A pesar de esta primera crítica, ha admitido que el PP coincide con Vox “en la ruina económica en la que se ha sumido a esta región” por parte del presidente regional, Emiliano García-Page y en que cada día los castellanomanchegos tienen “cada día peores accesos a los servicios públicos”.

En el análisis del PP, coincide con Vox “en muchas partes”, pero hay dos cuestiones que no tolerará: “La corrupción institucional y el ataque al campo castellanomanchego”.

Para defender la enmienda a la totalidad del PP, el diputado Santiago Serrano ha comenzando bromeando con que la iban a acompañarla de una “caja de Paracetamol” para paliar los dolores de cabeza del consejero. Ya centrado en la crítica a las cuentas, ha acusado al PSOE de presentar partidas presupuestarias con inversiones repetidas.

“De 324 actuaciones identificadas, 138 aparecen en al menos dos ejercicios consecutivos y 47 permanecen inalteradas desde el año 2023”, es decir, papel mojado“, ha criticado Serrano, añadiendo que nuevamente se repiten inversiones que se contabilizan en más de 213 millones.

“Lo hacen habitualmente. Presupuestan, hacen la carta a los Reyes Magos, el anexo de inversiones y nuevas contrataciones que luego no cumplen o ejecutan de una manera ridícula”, ha remarcado el diputado del PP.

Por su lado, la diputada del PSOE Silvia Fernández ha señalado que la enmienda a la totalidad de Vox es “un ataque directo sin fundamento al Gobierno regional y sistemático a Castilla-La Mancha”, fundamentados “en un programa político nacional que dista mucho de la realidad de la región y de sus intereses”. “Su enmienda a la totalidad es simplemente un panfleto político”.

Respecto a la del PP, Fernández ha afirmado que sus diputados “se empeñan continuamente en desprestigiar a la región y defender la gestión de Cospedal”. Ha invitado a los 'populares', tras su denuncia de inversiones repetidas, a que hagan una “comparativa” con los de su etapa de gobierno, detacando que las cuentas del año que viene tienen “un ahorro fiscal” de 84 millones de euros, 60 millones de incentivos contra la despoblación o 22 millones de euros para ayudas a personas con discapacidad, entre otras inversiones.

Las nuevas condiciones de financiación regional que estarán en vigor entre 2026 y 2028 permitirán a todas las comunidades autónomas salir a los mercados, pero no con las mismas condiciones: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha no podrán emitir deuda.

En el caso de Castilla-La Mancha, aunque cerró 2024 con superávit, mantenía una ratio de deuda por encima del umbral permitido, en concreto un 29% de su PIB.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha incluido en su observatorio de deuda publicado esta semana un análisis sobre la reforma de los mecanismos de financiación autonómica, incluidas las nuevas condiciones de salida a los mercados aprobadas en julio por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

Estas condiciones, que estarán en vigor entre 2026 y 2028, pretenden facilitar la vuelta a los mercados de todas las comunidades autónomas tras más de una década de mecanismos extraordinarios con los que el Estado ha auxiliado a las regiones que, desde la crisis financiera, habían tenido problemas para financiarse.

En este periodo transitorio todas las comunidades autónomas podrán recurrir tanto al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas -que incluye la Facilidad Financiera (FF) y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)-, como a los mercados, pero no en las mismas condiciones, que dependerán de la situación fiscal de cada región.

Entre las nuevas condiciones se prevé también que todas las comunidades autónomas puedan adherirse al mecanismo de Facilidad Financiera y salir del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que impone condiciones más estrictas, salvo aquellas que incumplan el periodo medio de pago a proveedores, una circunstancia en la que actualmente solo se encuentran Comunidad Valenciana y Murcia.

La calma precede a la tempestad. El dicho, muy habitual al analizar escenarios económicos o bursátiles, ha sorteado en verano los negros presagios que el mercado venía desvelando desde el retorno Donald Trump a la Casa Blanca. Las vacaciones fueron casi de sueño estival desde la óptica bursátil, con subidas que rozan las cotas históricas en Wall Street, solo interrumpidas por nuevos frentes comerciales dentro de las hostilidades desatadas por el presidente norteamericano y la Casa Blanca. Sin embargo, según varios analistas parece cuestión de tiempo que la economía prepare un baño de realidad y rebaje la temperatura a la fiebre inversora por la IA que ha diluido la aversión al riesgo mientras insufla aire a una burbuja tecnológica que recuerda a la crisis de las punto.com, aunque con sus propias cumbres borrascosas en el horizonte.

La inflación es la última pieza que ha aparecido en el punto de mira de los analistas para advertir de la existencia de riesgos sistémicos a la vista. En especial, en el G-7, con EEUU como catalizador de los precios, pero con Reino Unido como su socio más inflacionista –con un IPC en el 3,7%, casi el doble del límite estatutario del Banco de Inglaterra (BoE) y con visos de instalarse en un círculo vicioso a los ojos del FMI– y Japón acomodando su cesta de la compra por encima del 3% después de decenios de deflación.  

“La mayor parte del sobrecoste de precios de la espiral arancelaria de la Administración Trump ya recae sobre las empresas americanas y deja una repercusión gradual de las facturas sobre los consumidores que se traduce en claras presiones alcistas en el IPC”, afirma a Reuters el profesor de Harvard, Alberto Cavallo. Una lectura que la Casa Blanca se apresuró a revertir; en línea con la lectura oficial trumpista de que el peaje aduanero y las medidas proteccionistas las sufragarán los sectores exteriores extranjeros y que las rebajas de tipos de una Reserva Federal sometida a interferencias constantes a su independencia contribuirán a dinamizar de nuevo la economía y el mercado laboral. “Las firmas foráneas ya diversifican sus cadenas de valor, adecúan sus estrategias corporativas a los aranceles recíprocos y sectoriales y están trasladando su producción a EEUU”, acaba recalcando uno de sus portavoces.   

Sin embargo, el consenso va por otros derroteros. Habrá más que probables subidas de precios en los meses otoñales.

Cavallo y su equipo de investigadores han rastreado el precio de casi 360.000 productos, desde alfombras hasta café, y concluyen que los costes de las importaciones se han encarecido un 4% desde el inicio de la escalada arancelaria, a principios de marzo, y los de los bienes made in USA, otro 2%. Muy en especial, mercancías adquiridas del exterior con déficit productivo en EEUU o que proceden de mercados altamente penalizados por las tarifas recíprocas como Turquía, India o Brasil, cuyos exportadores han elevado sus envíos en dólares para corregir sus efectos, aunque también, en paralelo, para abordar la depreciación del billete verde americano, la moneda que domina los flujos comerciales. Esta tendencia sugiere, según el Budget Lab de la Universidad de Yale, que los sectores exteriores extranjeros “no están absorbiendo prácticamente nada de sus nuevos costes arancelarios”, en contra de las consignas lanzadas desde Washington.

Algunas firmas como Reed Smity, dedicadas a investigación de Comercio Internacional, aseguran que las tres cuartas partes de las empresas europeas, asiáticas y de Oriente Próximo que venden a EEUU han subido precios con el propósito de mantenerlos en el futuro. En la práctica totalidad de industrias y rúbricas. Para Stephen Miran, nuevo gobernador de la Reserva Federal (Fed) nombrado a dedo por Trump y, hasta este verano, su máximo asesor económico, minimiza estas prácticas, que interpreta como “cambios relativos en los costes de ciertos bienes”. A pesar de que para su ahora jefe y todavía presidente de la Fed, Jerome Powell, los aranceles ya añaden entre 3 y 4 décimas a una inflación subyacente que navega en el 2,9%, igual que el índice general. O de que la autoridad monetaria haya emprendido las rebajas de tipos que el mercado espera que inauguren una etapa neutral desde la actual, dentro de niveles considerados restrictivos.

El impulso inflacionista estadounidense también se aprecia en Reino Unido. El FMI acaba de dar a la economía británica su peor pronóstico de precios para 2025 y 2026, con registros de alzas del 3,8% en los meses estivales, dentro del espectro industrializado. Con Japón y su desbaratada cesta de la compra, con el arroz como producto casi de lujo, a su estela, marcando un 3,1% y las perspectivas de Alemania situando su IPC aún por encima del corsé del 2%. Del mismo como que los de mercados emergentes como México, India o Turquía.

‘Estanflación’ con bolsas, déficits y deudas sin control

En S&P insinúan otra reaparición de la estanflación, ese fenómeno de bajo crecimiento y elevados precios que tanto desconcierta a los bancos centrales por perturbar sus cálculos para determinar el precio del dinero. Su última encuesta global de gestores de compras de empresas muestra contracción de pedidos exportadores desde junio, con el sector exterior de la UE cayendo hasta un 4,4% interanual, y el alemán liderando estos descensos con un 20,1% en agosto. Mientras la OMC sitúa el perjuicio sobre el comercio de mercancías en un leve crecimiento del 0,5% e ING anticipa un retroceso del 17% de las ventas europeas a EEUU en el actual bienio y una corrección de 3 puntos del PIB de la UE entre 2026-27. “El impacto arancelario aún no se ha materializado, ni en la economía americana ni en la global, pero será visible en los próximos meses”, augura su economista Ruben Dewitte.

El FMI, por su parte, alerta de otro fantasma en ciernes: “Una corrección bursátil desordenada con inestabilidad financiera global” si los bancos centrales “no mantienen la cautela y flexibilizan sus estrategias monetarias ante los riesgos arancelarios”. Así lo avisa Tobias Adrian, responsable del poderoso departamento de Mercados del Fondo, que incide en que los mercados se sienten demasiado cómodos con la sobrevaloración de activos –en especial, los vinculados a la IA– las guerras comerciales, el elevado voltaje geopolítico y, en el caso de las economías de rentas altas, con sus enormes déficits y deudas acumulados.  

“Los modelos de valoración [del FMI] indican que los precios de los valores de riesgo están muy por encima de los fundamentos de la economía real, lo que incrementa la probabilidad de shocks adversos” en un clima en el que, además, el crédito corporativo está “bastante ajustado” y la IA catapulta una concentración “histórica” de capitalizaciones en las bolsas. Esta tendencia –deja entrever Adrian– apunta a una peligrosa burbuja escondida bajo un contexto de resiliencia de la actividad que choca con “las perspectivas sombrías a medio plazo y niveles de vida estancados” en el G-7. También la OCDE alerta de los precios. La inflación de su órbita saltó al 4,1% en agosto con repuntes en 15 de sus 38 socios. Pese a que en la zona del euro aún se mantiene moderada, según Eurostat, tras el impulso de 2 décimas sobre el 2% de septiembre, que estrecha el margen de nuevas rebajas de tipos al BCE.

Este panorama ha agudizado el debate fiscal. Porque detrás de esta coyuntura subyace un doble foco de tensión. El G-7 navega con sus finanzas desencajadas: déficit de caja del 6% y una deuda promedio del 110%. Sin que los ingresos arancelarios en EEUU, que se han disparado un 296% respecto a agosto de 2024, avalen el deseo de Trump de cubrir parte del agujero fiscal de EEUU, ya que el desfase presupuestario sigue en el 5,9%. Ni mucho menos corregir la deuda soberana más abultada del club más selecto del planeta: 37,5 billones de dólares.

Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase, resalta cada vez que puede, su temor a un estallido de esta bomba de relojería americana porque, a su juicio, “ni los aranceles ni las recetas proteccionistas resolverán el déficit”. Medidas de especial gravedad –apunta Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates–, en un momento en el que el oro sigue escalando, el dólar continúa en caída libre y se consolida la idea de una burbuja de la IA.

Suma vigilancia desde los mercados

Las agencias de rating tampoco tienen reparos en alertar sobre la displicencia fiscal del G-7 y en extremar la vigilancia sobre sus cuentas públicas. Ya han rebajado sus notas a EEUU y a Francia, estrechan el cerco a Japón y Reino Unido y otean a Italia y Canadá. Solo Alemania parece estar inmunizada. Hasta ahora, porque las ínfulas expansionistas en los gastos militares y en los planes de infraestructuras del canciller Friedrich Merz ha obligado a Berlín a acudir al crédito para avalar hasta 850.000 millones de euros de un presupuesto dirigido también a abordar una reconversión industrial en toda regla, que impulsará su deuda por encima del 60% del PIB por primera vez en la historia del euro.

Las presiones sobre las obligaciones de pago de las economías avanzadas también están en los puntos de mira de los inversores de bonos. Los repuntes en los rendimientos de las emisiones a largo plazo corroboran que sus déficits son insostenibles y que sus deudas demuestran que sus gobiernos viven por encima de sus posibilidades; es decir, de sus ingresos. The Economist acaba de alertar de que la productividad de la IA no generará por sí misma la capacidad financiera que necesitan sus sociedades envejecidas para sostener sus sistemas de pensiones.

Dalio se apunta a las subidas fiscales y a la moderación del gasto para que la economía americana no se paralice. Mientras Gabriel Zucman y Thomas Piketty enfatizan su idea de gravar en Francia a los ultra-ricos con el 2% de su riqueza y Nassim N. Taleb, autor de El Cisne Negro, se cuestiona si la deuda federal no será un cisne blanco -crisis que se esconde a simple vista- cuando los pagos de sus intereses son la partida más cuantiosa del presupuesto estadounidense.

El problema es que la mayor presión impositiva no concuerda con las promesas electorales. En Alemania, el Bundesbank demanda más inmigrantes, mientras Merz comprueba que la actividad no arranca, las cuentas se resienten y los neonazis de AfD ganan popularidad con sus lemas de frenar la llegada de extranjeros y aminorar la tributación, y se lanza a proclamar el control de la afluencia de extranjeros.

Mientras Kimberly Clausing y Maurice Obstfeld, del Center for Economic and Policy Reserach (CEPR) tildan de “locura fiscal” la idea de Trump de combinar recortes en la renta con aumentos arancelarios, porque EEUU corre el riesgo de que el sistema tributario “sea ineficiente, menos progresivo y propenso al abuso” y porque los peajes a la importación “generan estanflación”.

“Los costos de financiación soberana de Francia dentro de la Unión Europea han seguido deteriorándose. Durante la gran crisis en Europa, los países con mayor tensión financiera —Portugal, Italia, Grecia y España— fueron etiquetados con el infame acrónimo 'PIGS'. Hoy, los costos de financiación a 10 años de estos países están por debajo de los de Francia”. Con este informe de los analistas de Muzinich&Co muestran cómo la crisis política que tiene a Francia acogotada tiene también una complicada derivada económica que cada vez preocupa más a los países miembros de la Unión Europea, ya que es la segunda economía de la UE y hay miedo a un contagio sistémico por sus problemas de deuda.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, lanzó una hoja de ruta como inicio de su mandato en el que anunció la suspensión de la polémica reforma de las pensiones “hasta las elecciones presidenciales”, previstas para 2027. Esta renuncia le permitió solventar dos mociones de censura presentadas por Francia Insumisa (LFI) y por Agrupación Nacional (RN), el partido de Marine Le Pen, gracias a que los socialistas se desmarcaron del resto de la izquierda para salvar al primer ministro de Emmanuel Macron.

Sin embargo, tumbar la reforma de las pensiones va a suponer un coste de 2.200 millones de euros en total durante los próximos dos años, según publica Bloomberg, lo que va a añadir más presión a un país al que los analistas han puesto en vigilancia por su excesiva deuda.

Lecornu presentó un presupuesto para 2026 con el objetivo de reducir el déficit público al 4,7% el próximo año, frente al 5,4% de 2025, y volver a situarse por debajo del 3% en 2029. Francia es uno de los nueve Estados miembros de la Unión sujetos a un procedimiento de déficit excesivo. El objetivo del Gobierno francés es “iniciar una reducción de la deuda a partir de 2028”, aunque se prevé que la deuda llegue al 115,9 % del PIB al final de 2025 (+2,7 puntos con respecto a 2024). Es el tercer Estado miembro más endeudado de la UE, por detrás de Grecia e Italia y el quinto país en el que la deuda ha aumentado más (+3,5 puntos) en el primer trimestre de 2025. Francia ahora paga 67.000 millones de euros anuales solo en pagos de intereses de su deuda.

El problema para el Gobierno francés es que hay poca confianza en que las medidas propuestas sean suficientes para rebajar la deuda. Ulrike Kastens, economista para Europa de DWS, explica que “Francia parece estar en camino de tener el mayor déficit presupuestario de todos los miembros de la zona del euro, independientemente de las maniobras políticas y parlamentarias que puedan producirse en los próximos días y semanas”.

¿Qué le pasa a la economía de Francia?

Philippe Waechter, economista jefe de Ostrum (Natixis) explica que “la economía francesa está en crisis porque carece de los recursos que le permitirían converger hacia un crecimiento sin desequilibrios a medio plazo”. Las previsiones son que Francia crezca entre un 0,6% y un 0,8% en 2025.

Los desequilibrios de la economía francesa “son evidentes”, a juicio del economista jefe de Ostrum. Por un lado, “el perfil del PIB potencial es demasiado limitado para poder eliminar el déficit público a largo plazo. En las proyecciones a medio plazo de Bercy [Ministerio de Economía francés], el déficit se mantiene en el 3%, lo cual no es natural”, mientras que por otro lado, “la deuda pública ha estado aumentando casi continuamente desde su punto más bajo en 1975. Esto refleja el desajuste entre las necesidades del modelo social y la capacidad de la economía para producir un nivel suficiente de ingresos”.

“Las soluciones propuestas son insuficientes para imaginar que sean sostenibles. Aumentar los impuestos no es una buena idea, aunque haya cuestiones de justicia fiscal. Recurrir a la deuda para reactivar la economía e imaginar que esto será suficiente para revertir la tendencia podría ser risible, dados los fracasos de experimentos anteriores. Esta configuración, sin ninguna solución real, no es sostenible a largo plazo”, argumenta Waechter para explicar el callejón sin salida donde se ha metido Francia con su crisis política y económica. “La situación en Francia preocupa a los socios europeos”, concluye el economista jefe de Ostrum.

En Francia ya se visualizan las escasas expectativas a que haya una solución a corto plazo. Clément Inbona, gestor de fondos de LFDE, añade que “en las cifras de septiembre que publicó el INSEE, la confianza empresarial se acercaba ya a su nivel más bajo desde el final de la crisis del COVID. En cuanto a los hogares, su tasa de ahorro es ya la más alta desde la década de 1970 (sin contar el periodo de la pandemia), señal de que su confianza en el futuro ya está tocada”.

Y cuando Francia enferma, el resto del continente lo padece. “La situación política de Francia es un lastre, no sólo para el propio país, sino para el conjunto de la Unión Europea. Nuestra previsión de crecimiento de la eurozona para 2026 es de un moderado 1,1%. En Europa, un aumento adicional de la inestabilidad geopolítica y de los riesgos fiscales –con Francia como clave– podría deteriorar el sentimiento a largo plazo y el clima de inversión”, señala Vincenzo Vedda, director de Inversiones de DWS.

Rebajas de calificación crediticia

El problema es que la desconfianza puede agigantarse en las próximas semanas. “Sobre la mesa sigue estando la posibilidad de que Moody's o S&P rebajen la calificación crediticia de Francia de aquí a finales de año, lo que haría pasar a Francia de la categoría AA a A ante los inversores internacionales”, recuerda Xavier Chapard, estratega de LBP AM.  Fitch ya rebajó la calificación crediticia de largo plazo de Francia a A+ desde AA- con el argumento de que “la deuda seguirá aumentando, reflejando déficits fiscales primarios persistentes, sin un horizonte claro para la estabilización de la deuda”.

“Si Francia sufre nuevas rebajas, se reducirá la demanda de bonos del Tesoro francés (conocidos como OAT) por parte de bancos centrales extranjeros”, señala un informe de UniCredit, con las duras consecuencias que podría suponer para la financiación de las cuentas públicas de Francia.

Francia es el mayor emisor de deuda pública de Europa con cerca de 3 billones de euros en circulación. “Las tensiones políticas en Francia han provocado un aumento en los diferenciales de los bonos. La presión hasta ahora se ha limitado a Francia y deja intacta la convergencia general de los diferenciales soberanos. Los inversores han interpretado este episodio como un problema específico del país, pero la situación requiere una vigilancia estrecha en los próximos meses porque una escalada podría tener implicaciones más amplias para la zona euro”, añaden en el informe de Unicredit.

Aunque Francia pierda su estatus de doble A en las calificaciones crediticias seguirá dentro del umbral de inversión. El problema es que hay grandes firmas de inversión como BlackRock, Vanguard o Legal & General que tienen productos de inversión que solo operan con productos con una calificación de doble A o superior. Si Francia pierde esta calificación podría provocar una salida de inversores que conduciría a agigantar la crisis, según publica Bloomberg.

A pesar de los riesgos de contagio sistémico o precisamente por ello, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha pasado de puntillas por las implicaciones de la crisis francesa. El pasado martes, Lagarde aseguró que “no veía signos de desorden” en el mercado de bonos de la zona euro a pesar de la crisis presupuestaria en curso en Francia. “Ya dije anteriormente que estamos monitoreando los mercados financieros, que estamos observando los diferenciales..., pero no hay nada desordenado en este momento”. Ahora bien, también dejó claro de que si hay problemas “hay herramientas” para responder.

“Deberíamos estar preocupados. La eurozona no es estable en este momento. La única razón por la que los mercados no están aún más nerviosos es por la esperanza de que el BCE intervenga y compre bonos franceses para estabilizar el mercado. Pero esa esperanza podría estar mal fundada, porque el BCE tiene que tener cuidado de no socavar su credibilidad”, avisa Friedrich Heinemann, economista del Centro Leibniz de Investigación Económica Europea (ZEW), en unas declaraciones recogidas por la agencia DW.

Ninguno de los presidentes autonómicos del PP se acogerá a la quita de deuda aprobada por el Gobierno de España. Estas palabras de la portavoz Ester Muñoz el pasado mes de septiembre, marcando la posición para los barones 'populares' en las comunidades autónomas, ha saltado a la palestra durante el Debate sobre el Estado de la Región 2025 en Castilla-La Mancha.

Este viernes, durante la segunda jornada de debate parlamentario, una propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular ha sido interpretada por el PSOE como un “desmarque” por parte del PP que dirige Paco Núñez, en contra de las instrucciones del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

El secretario de Organización Socialista Sergio Gutiérrez asegura en una publicación en las redes sociales que el PP castellanomanchego apoya la quita de deuda para las comunidades autónomas y que además lo hace en la misma línea por la que apuesta el Gobierno de Emiliano García-Page. Es decir, que la quita de deuda se realice “con criterios objetivos y comunes para todas las comunidades autónomas”, sin privilegios para comunidades históricas como Catalunya. Así reza el texto de la resolución del PP que se debatirá, entre otras muchas, en las Cortes de Castilla-La Mancha.

La línea de Génova es no aceptar ninguna quita. La posición de Paco Núñez ha girado hasta coincidir con la del PSOE: criterios objetivos e igualdad entre regiones. Bienvenidos, ahora a defenderlo en Génova. ¿Forzarán una votación en el seno del PP?“, les ha preguntado Gutiérrez.

Ha sido en concreto en la resolución número 5 del PP sobre ejecución presupuestaria y deuda pública, en el apartado 2.

Desde el PP se han apresurado a negarlo por la misma vía, las redes sociales. Lo ha hecho el portavoz adjunto y de Hacienda 'popular' Santiago Serrano. “Yo entiendo que ayer fue un día duro para vosotros, que estáis cansados y que de comprensión lectora vais regular. También de memoria porque no es la primera vez que lo planteamos.Te animo a leerlo otra vez, con calma; sobre todo la parte que dice que rechazamos cualquier privilegio como el que habéis acordado con los separatistas”, ha respondido el diputado del PP.

Gobierno, PP y PSOE se enzarzan sobre la condonación de deuda

Sobre esta cuestión también ha salido a la palestra la portavoz del Gobierno regional Esther Padilla. “Dicen que hay que apoyar la quita de la deuda, bienvenidos, pero vuelven a evidenciar contradicciones”, ha reiterado.

La portavoz del Ejecutivo de Emiliano García-Page ha valorado la primera jornada de ayer de debate parlamentario y ha dicho que “lo peor” se produjo “cuando avanzó el día y el post debate mostró lo que hace el PP. Es el peor PP, que manipula e inventa noticias. Lo hicieron ayer con algo tan fácil de demostrar con el vídeo completo”, en alusión a la difusión en las redes sociales, por parte del PP, de un vídeo recortado de un momento de la intervención del presidente regional, en el que hablaba de su condición de “socialista”. Pedro Sánchez, una vez más, se coló en el debate en el Parlamento regional.

Por contra, el 'popular' Santiago Serrano, ha reiterado la apuesta del partido por “una reestructuración ordenada y justa de la deuda pública autonómica, evitando privilegios singulares como la condonación de la deuda a Catalunya que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Frente a las críticas socialistas, sostiene que la propuesta es “coherente” con la posición expresada por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha defendido la reestructuración de la deuda, “pero no su perdón” para garantizar la igualdad entre todos los españoles. 

“En septiembre ya planteamos esta misma propuesta al PSOE de Castilla-La Mancha, y votaron en contra. Hoy, esos mismos que rechazaron una solución justa están apuntalando a Sánchez y defendiendo una quita de deuda que no deja de ser la antesala del cupo catalán”, ha señalado el diputado regional.

 Serrano ha advertido de que esta medida supone “una venta a trozos” de la caja común de financiación de las comunidades autónomas, “con el único objetivo de que Sánchez siga en el poder y contentar a separatistas y rupturistas”.

 Igualmente, ha lamentado que Page y sus ocho diputados en el Congreso, con Sergio Gutiérrez a la cabeza, estén “sosteniendo con sus votos” estas políticas de privilegio que perjudican directamente a Castilla-La Mancha.

 Pese a la explicación del PP, la portavoz socialista Ana Isabel Abengózar ha insistido en la “incoherencia” del PP y le ha preguntado: “¿Hoy entonces qué hacemos con la quita de la deuda? Hoy sí la apoyan, ayer no la querían”.

“La realidad es que para Castilla-La Mancha esa quita de la deuda - además somos la región más beneficiada de todas las regiones- le vendría muy bien, porque ya lo hemos explicado innumerables ocasiones, significa ahorro en intereses. 700 millones”, aseguraba, para señalar el destino del dinero de la condonación de deuda: “Invertir en ese fortalecimiento de los servicios públicos que hoy dicen ustedes que quieren defender con cada una de sus resoluciones, pero lo cierto es que se cebaron, los recortaron y los maltrataron cuando gobernaron”.

El interés del bono español a diez años ha cerrado este jueves al 3,087% y ha comprimido el diferencial respecto al bono alemán del mismo plazo hasta los 51,8 puntos, consolidando así su nivel más bajo desde finales de 2009.

Según los datos del mercado consultados por Europa Press, la prima de riesgo española acumula varias semanas a la baja, perforando niveles de cercanía al bono alemán inéditos desde 2009, gracias a la mejora de la calificación crediticia de España en las últimas semanas por parte de las agencias de 'rating'.

En concreto, las agencias Moody's y Fitch elevaron hasta 'A3' y 'A', respectivamente, la calificación de España a finales de septiembre, siguiendo así la estela de S&P Global Rating, quien había revisado previamente al alza la nota de solvencia de España desde 'A' a 'A+'. Estas modificaciones han coincidido en el tiempo con la mejora de las previsiones de crecimiento para España por parte de organizaciones internacionales.

Así, este pasado martes el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza sus expectativas de crecimiento para la economía española en 2025 y de cara al próximo año, con un ritmo de expansión previsto del 2,9% este año, cuatro décimas más de lo anticipado previamente, y del 2% en 2026, lo que implica una mejora de dos décimas respecto del último pronóstico de la institución con sede en Washington.

De este modo, a pesar de que las proyecciones de crecimiento del FMI suponen una desaceleración respecto del aumento del 3,5% del PIB en 2024, España se situará este año como la gran economía desarrollada con mejor desempeño a nivel mundial, mientras que el próximo curso sólo crecería una décima menos que Estados Unidos (2,1%) y casi el doble que la zona euro (1,1%).

La mejora de la previsión del FMI para 2025 supera incluso las expectativas del propio Gobierno español, que en septiembre revisó una décima al alza su pronóstico de crecimiento para este año, desde el 2,6% al 2,7%, mientras que mantuvo en el 2,2% la previsión para 2026 y en el 2,1% la correspondiente para cada uno de los dos años posteriores.

La evolución de la deuda en Europa

En esta coyuntura sobre la prima de riesgo nacional también ha tenido que ver la propia evolución de la deuda alemana, cuyo rendimiento ha cerrado esta jornada al 2,569%, aunque ha llegado a superar el 2,8% en algún momento del año al calor de los planes de gasto en infraestructuras y defensa del canciller Friedrich Merz.

Por otra parte, la inestabilidad política en Francia y las dudas del mercado en torno a su equilibrio presupuestario han propiciado que el interés de la deuda gala cotice en el 3,333%, con la prima respecto al 'bund' germano en los 76,4 puntos.

La combinación de facturas sin cobro revertido de la gran pandemia, la espiral inflacionista y las distorsiones económicas, comerciales y geopolíticas que han emergido en el orden global desde la invasión rusa de Ucrania le ha generado una dura indigestión a Francia. Desde luego, de mayor intensidad que la de alguno de sus aliados más próximos.

Cabe destacar que el Gobierno galo de Sébastian Lecornu ha superado este jueves las dos mociones de censura que amenazaban su continuidad, en sendas votaciones que han hecho evidente la importancia de la posición del Partido Socialista, que no sin polémica ha optado por conceder un mínimo tiempo al primer ministro tras su promesa de retrasar la puesta en marcha de la reforma de las pensiones.

La calidad emisora de Italia prácticamente igualaba en la jornada de este jueves a la del Estado francés, ya que el rendimiento de sus bonos a diez años ha cerrado en el 3,356%. Grecia ha concluido en el 3,208%, por debajo tanto de Italia como de Francia.

Los inversores se están lanzando a comprar activos como el oro, el bitcoin y las acciones ante la preocupación por la deuda pública, la independencia de los bancos centrales y la debilidad de las principales divisas, como el dólar. A esta tendencia se le ha dado incluso un nombre: el comercio de la devaluación. Pero, ¿qué significa?

La devaluación es el acto de reducir la calidad o el valor de algo. Enrique VIII fue el responsable de uno de los ejemplos más notorios de la historia: la “gran devaluación”, en la que la cantidad de oro y plata de las monedas se sustituyó por metales básicos más baratos, como el cobre, para financiar su lujoso estilo de vida y las guerras con Francia y Escocia. Esto le valió el apodo de Old Coppernose (Viejo Nariz de Cobre) cuando la plata comenzó a desgastarse en las monedas que llevaban su efigie.

El comercio de devaluación moderno consiste en que los inversores se alejan de las monedas fiduciarias, como el dólar, en favor de activos “más sólidos” que proporcionan seguridad frente al riesgo de una inflación galopante.

El comercio, un tema candente en los mercados este mes, está impulsado por la preocupación de que los gobiernos no quieran o no puedan frenar su endeudamiento mediante recortes del gasto y subidas de impuestos. La preocupación es que los políticos puedan tomar el control de sus bancos centrales, permitiéndoles mantener déficits elevados de forma persistente y dar prioridad a la financiación de la deuda frente a la estabilidad de los precios.

¿Por qué está tan de moda el comercio de la devaluación?

La preocupación por las monedas fiduciarias —emitidas por los gobiernos sin el respaldo de un activo tangible como el oro— lleva años aumentando. Pero el interés por la cuestión de la devaluación se ha acelerado como consecuencia de las políticas comerciales y fiscales de la Administración Trump, que amenazan con elevar la ya enorme deuda nacional estadounidense por encima de los 37 billones de dólares actuales.

El entusiasmo por esta estrategia ha aumentado a medida que los inversores han observado cómo los bancos centrales recortaban los tipos de interés a pesar de que la inflación sigue por encima del objetivo: Trump ha exigido encarecidamente recortes sustanciales en los costes de financiación de Estados Unidos.

El cierre del Gobierno estadounidense, la incapacidad de Francia para acordar un presupuesto y el hecho de que el próximo primer ministro de Japón apoye un gasto público agresivo se han sumado a las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda en las grandes economías.

Los temores sobre la impresión de dinero han estado circulando desde que los bancos centrales comenzaron sus paquetes de estímulo durante la crisis financiera. Pero la confianza general en el sistema financiero mundial parece estar debilitándose aún más, en un mundo de crecimiento más débil y deudas crecientes.

¿Cómo están actuando los inversores ante la devaluación?

Están gastando más de sus reservas de moneda fiduciaria en activos que no se pueden imprimir, como metales preciosos y bitcoins.

Se trata del “patrón habitual de devaluación del dólar frente a activos de reserva alternativos en medio de la disfunción de Washington”, según los analistas de JP Morgan esta semana.

Las entradas en los fondos cotizados en bolsa vinculados al oro alcanzaron un máximo histórico en el último trimestre, según datos del Consejo Mundial del Oro, en un contexto de incertidumbre macroeconómica y geopolítica.

¿Qué impacto está teniendo?

Los precios de algunos activos están alcanzando niveles máximos. El oro ha tenido más altibajos que una estrella de rock de los años 70 este año, alcanzando los 4.000 dólares la onza por primera vez el miércoles. Ha subido un 50% durante 2025.

El bitcoin también está teniendo un año espectacular, con una subida de más del 20% desde enero, alcanzando por primera vez el lunes la marca de los 125.000 dólares.

Sin embargo, el dólar, que sustenta el sistema financiero mundial, ha caído alrededor de un 9% desde principios de año frente a una cesta de otras monedas, ya que su condición de moneda de reserva mundial se ha visto sometida a presión.

Ken Griffin, fundador y director ejecutivo del fondo de cobertura Citadel, afirmó esta semana que los inversores estaban buscando formas de “desdolarizar y reducir el riesgo de sus carteras frente al riesgo soberano de Estados Unidos”.

“La inflación está muy por encima del objetivo y muy por encima del objetivo en todas las previsiones para el próximo año. Y es parte de la razón por la que el dólar se ha depreciado alrededor de un 10% en la primera mitad de este año. Es la mayor caída del dólar estadounidense en seis meses, en 50 años”, declaró Griffin en la conferencia sobre el futuro de los mercados globales de Citadel Securities.

Los costes de financiación a largo plazo de los gobiernos también han aumentado, ya que los inversores han rechazado los bonos a largo plazo por temor a que la inflación erosione su valor. Según datos recientes del Deutsche Bank, esta es la peor década registrada para los bonos del Estado.

La debilidad del dólar estadounidense y el auge de los activos alternativos alimentan las especulaciones de que el bitcoin podría servir como activo de reserva creíble junto con el oro.

“Una asignación estratégica de bitcoines podría convertirse en la piedra angular moderna de la seguridad financiera, repitiendo el papel que desempeñó el oro en el siglo XX”, sugirieron esta semana Marion Laboure y Camilla Siazon, de Deutsche Bank, quienes predijeron que es probable que ambos activos figuren en los balances de los bancos centrales en 2030.

¿Durará o acabará en lágrimas?

Goldman Sachs ha pronosticado que el oro seguirá subiendo durante el próximo año, y ha elevado su previsión de precio para finales de 2026 a 4.900 dólares la onza.

Hay muchos expertos que advierten de que los precios de los activos han subido demasiado este año, impulsados por el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA). Las comparaciones con el auge de las puntocom de finales de la década de 1990 son frecuentes. Pero lo que sube tiene la costumbre de seguir subiendo, antes de que todo se eche a perder.

El multimillonario gestor de fondos de cobertura Paul Tudor Jones sugirió esta semana que podríamos ver una subida de los precios de las acciones antes de que el mercado alcista alcance su punto máximo. “Mi opinión es que se dan todos los ingredientes para que se produzca algún tipo de colapso. La historia se repite mucho, por lo que creo que volverá a ocurrir algo similar. En todo caso, ahora hay mucho más potencial explosivo que en 1999”, afirmó en declaraciones a la CNBC.

El oro también está actuando como refugio ante la preocupación de que el auge de las acciones de inteligencia artificial pueda colapsar, ya que las grandes empresas de IA anuncian una ola de acuerdos interconectados o “circulares”.

Las acciones de estas empresas se han disparado este año, impulsando a los mercados bursátiles en general a nuevos máximos, en el marco del fenómeno Fomo (miedo a perderse algo, en sus silgas en inglés), ya que los inversores intentan aprovechar el auge de la IA.