El defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, se cree fielmente la institución. Síndic de Greuges desde 2019, el exportavoz del PSPV en la Cámara se muestra muy crítico con el funcionamiento de los servicios sociales, algo que ya hizo con el gobierno de izquierdas, y especialmente preocupado con el problema de la vivienda. En los casi ocho años que lleva encabezando la institución estatutaria ha emitido cientos de resoluciones sobre problemas de la población más vulnerable, y alerta de que la falta de respuesta lleva a la desafección política. “Evidentemente no se está haciendo todo lo que se debería hacer por sacar de su situación a las personas que están en situación de vulnerabilidad. A veces es tan simple como respetar las leyes”, sostiene.

Luna presentó la memoria anual en las Corts a finales de marzo, en un acto en el que alertó de la deriva institucional de la Cámara, gobernada con mayoría de PP y Vox, que ha reformado el reglamento y vertido numerosos ataques sobre organismos estatutarios.

Cuando presentó la memoria en Corts, alertó de una deriva institucional peligrosa. ¿A qué se refería?

Comentaba en concreto la reforma del reglamento de la Cámara, que introduce una serie de cambios que amenazan, de alguna manera, el control presupuestario de las instituciones estatutarias. De acuerdo con el reglamento de las Corts, cuando se rechazan las enmiendas de totalidad al presupuesto, quedan fijados los estados de gastos de las diferentes partes de la Administración; eso ya no se puede mover. Sin embargo, con la reforma del reglamento hacen una excepción y dicen que excepto los de las instituciones estatutarias. Esto, cuando se ha oído en algún debate anterior el intento de recorte a la Academia Valenciana de la Llengua, nos pone sobre aviso de que se puede intentar algún tipo de recorte a los presupuestos de las instituciones estatutarias.

En relación con el Síndic de Greuges, además, establece que la presentación de la memoria anual se hará ante la comisión de peticiones de la Cámara [antes se hacía en el Pleno]. Evidentemente, no tiene la misma repercusión pública ni política si el debate de la memoria anual del Síndic se hace ante el Pleno que si se hace ante una comisión reducida. Además de eso, está el hecho constatado de que durante el año 2025 no nos han llamado a exponer la memoria del año 2024, que se ha quedado sin exponer a las Corts.

¿Es la primera vez que una memoria se queda sin exponer?

No, ha ocurrido otras veces, pero siempre ha tenido que ver con circunstancias excepcionales. Por ejemplo, con la pandemia o en los años electorales. La disolución de las Corts suele coincidir, y entre el debate de investidura y la constitución de gobierno, en esos años, a veces no ha habido exposición del informe anual. Este año 2025 no hay un motivo que lo justifique.

¿Hay un interés en ocultar, o en no dar tanta visibilidad a las críticas que hace el Síndic?

No quiero juzgar intenciones. El hecho es el hecho, y el hecho es que el Síndic recoge las quejas, que en este año han sido 5.600 de los ciudadanos, y expone el contenido de esas quejas y las alternativas, las soluciones o las recomendaciones en relación con cada una de ellas. Eso es lo que no se ha permitido durante el año 2025, que el síndic vaya a exponer a las Corts.

¿Es una institución incómoda?

Sí, su propia naturaleza, con este Gobierno y con todos. Con los gobiernos municipales y las diputaciones. Nosotros recogemos quejas de los ciudadanos, no recogemos alabanzas. Necesariamente es una institución incómoda.

También realizan quejas de oficio, 12 en el último año.

El año 2025 es un poco extraño para nosotros, porque hicimos tres quejas de oficio que luego refundimos en un informe especial, y eso nos limitó las posibilidades de abrir quejas de oficio en otros sectores.

En este sentido, el PP les ha acusado, de cierta manera, de politizar la institución, de hacer una especie de oposición. Después de que presentara la memoria, el portavoz del PP hizo un comentario sobre la posibilidad de devolver remanentes de la institución a la Cámara. ¿Esto lo interpretan como una amenaza?

No, yo no interpreto nada como amenaza. El tratamiento de los remanentes está en la ley del Síndic, y por tanto, si quieren que haya otro tipo de tratamiento, que la modifiquen.

Buena parte de las quejas tienen que ver con el empleo público...

Ha tenido que ver mucho con los procesos de regularización que ha habido en la Administración. Nosotros no entramos en cuestiones de legalidad ordinaria, sí que entramos en lo que es la defensa de derechos fundamentales, en el derecho fundamental a una buena Administración se aplica tanto a los ciudadanos como a los empleados públicos. Este año el problema ha sido que muchos han visto vulnerados sus derechos a la hora de oposiciones, concursos, el respeto a las normas fundamentales del derecho de acceso a la función pública mediante los principios de publicidad, mérito y capacidad.

Uno de los informes especiales tenía que ver con vivienda pública, son más de 400 quejas de vivienda...¿Qué recomendaciones se han hecho en este sentido?

Son amplias las recomendaciones. Llevamos muchos años discutiendo la situación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana. El primer problema es la escasez de vivienda pública. La Ley de Función Social de la Vivienda, que está en vigor desde el año 2017, ya estableció un mandato de que se fuera ampliando el parque de vivienda pública. No se ha producido esa ampliación.

El segundo problema tiene que ver con que la ley establece el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, algo que no pasa en otras comunidades autónomas. En la Constitución, el artículo 47 reconoce el derecho a la vivienda como un principio rector de la política social y económica del Gobierno, pero en la Comunitat Valenciana la ley va un paso más allá y reconoce el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo cuando uno está en determinadas circunstancias de vulnerabilidad. Eso quiere decir que si yo reúno los requisitos de vulnerabilidad que establece la ley, si voy a un juzgado y planteo un pleito contra la Generalitat, me tienen que dar una vivienda o una solución alternativa.

Como la Generalitat no tiene viviendas suficientes, la salida que daba la ley es una ayuda al alquiler de manera que el ciudadano pueda tener una vivienda alternativa gracias a esa ayuda. En este asunto nos hemos encontrado con un problema: después de una larga batalla con el Gobierno anterior, al final introdujo un procedimiento para regular ayudas extraordinarias al alquiler en situaciones de vulnerabilidad, que se estuvo aplicando en los años 2023 y 2024. Eso despareció en los presupuestos del 2025, que son los que están en vigor. El grave problema en estos momentos es que una persona solicita una vivienda, se encuentra en situación de vulnerabilidad, no le dan una vivienda porque no hay, y tampoco hay un procedimiento para solicitar esa ayuda al alquiler en situación de emergencia.

La conselleria nos ha reconocido que fue un error que desapareciera ese procedimiento. Planteó que en el decreto ley de simplificación se iba a introducir; sin embargo, se aprobó el decreto y no se ha introducido.

"El grave problema en estos momentos es que una persona vulnerable solicita una vivienda, no se la dan porque no hay, y tampoco hay un procedimiento para solicitar ayudas al alquiler en situación de emergencia"

Hay muchos ciudadanos, sobre todo en materia de vivienda, que acuden al Síndic porque la Administración ni siquiera le responde a sus demandas. ¿Estas peticiones se han incrementado en los años que han fiscalizado?

De hecho, prácticamente se han aumentado al 100% en los últimos cuatro años las quejas de vivienda. El problema que estamos detectando este año 2026 es que la consellería no solamente no responde a ciudadanos, sino que tampoco nos responde a nosotros. Desde que empezó el año, de 20 resoluciones, la consellería no nos había respondido en 15.

En servicios sociales también hay un volumen importante de quejas. ¿Sucede lo mismo?

Los ciudadanos vienen aquí cuando han solicitado, por ejemplo, la declaración de dependencia, o han solicitado la rentabilidad e inclusión o discapacidad, y han pasado dos años y no han recibido ningún papel de respuesta. Entonces acuden al Síndic. Al Síndic, en estos casos, sí que se les suele contestar por parte de la conselleria.

Si tomamos como referencia el año 2019, cuando usted asume el cargo, del volumen de quejas y en función de su tipología, ¿Se puede desprender un deterioro de los servicios públicos u obedece a otras cuestiones?

Creo que los servicios sociales claramente no funcionan, hay un error de diseño. La ley de servicios sociales que está en vigor establece formalmente una cierta autonomía de los ayuntamientos, pero en la práctica los ayuntamientos están permanentemente tutelados por la consellería, controlados en su autonomía. Pero el control en las administraciones públicas supone burocracia, hacer informes y discutir esos informes. Eso va desde la financiación de los servicios sociales a los ayuntamientos, a través de los contratos programas, hasta la aplicación del derecho a la dependencia o de la renta valenciana de inclusión. La burocracia que genera el sistema de servicios sociales que tenemos es ingente y eso lastra su funcionamiento. De las quejas que recibe el Sindic, el 47% aproximadamente, son de servicios sociales.

La burocracia que genera el sistema de servicios sociales que tenemos es ingente y eso lastra su funcionamiento

Resultan también significativas las quejas que tienen que ver con la falta de transparencia de los ayuntamientos. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de València, donde son los concejales de la oposición los que tienen que acudir al Sindic, o entidades sociales como las asociaciones de vecinos, que terminan acudiendo a la institución porque el Ayuntamiento no les facilita una información.

Es una constante de muchos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, no solo del Ayuntamiento de València, y es una constante que no tiene que ver con colores políticos. Al Síndic acuden ciudadanos a los que no se les ofrece la información pública a la que tienen derecho, y también acuden concejales de todos los partidos políticos del espectro a los que no se les facilita la información pública a la que tienen derecho. Desde luego que pasa en el Ayuntamiento de Valencia, pero también pasa en otros ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.

En esas resoluciones han abroncado a los ayuntamentientos sobre lo que implica la opacidad. Por ejemplo, en una respuesta reciente sobre emergencias, relativa a las actas del Cecopal (el centro de coordinación municipal), decían que si no se publicaban estos documentos los mecanismos de control son muy complicados.

Sin transparencia no hay democracia. Y como yo soy convencido de que la gestión pública en democracia funciona mucho mejor que en dictadura, creo que la transparencia es fundamental.

La queja sobre el Cecopal es muy curiosa, porque la primera queja por las actas la presentó ante el Sindic el Partido Popular cuando estaba en la oposición. Y le dimos razón. Y ahora, estando el PP en el gobierno local, ha sido la oposición la que ha presentado la misma queja en relación con las actas, donde hemos sostenido la misma tesis, lógicamente, porque nosotros no cambiamos de criterio en función de quién esté gobernando.

¿Cómo está afectando esta opacidad de los ayuntamientos a los derechos de la oposición, a la fiscalización?

En el fondo depende de creerse o no creerse la democracia. La democracia supone, en el Estado de Derecho en concreto, el pensar que el que está en la oposición tiene el mismo derecho que tú a conocer la información pública y el mismo derecho que tú a acceder al gobierno en las siguientes elecciones. Si uno no se cree eso, no se cree la democracia.

Hay otra cuestión que tiene que ver con la transparencia y que también ha sido bastante polémica en el Ayuntamiento de València, que es la negativa del consistorio y del concejal responsable de contratación a compartir información relativa a las empresas con las que trabaja en su actividad privada. ¿Qué análisis hace de esa negativa?

Ahí se ha producido una disparidad de criterios entre el Síndic y el Ayuntamiento de València. El Síndic ha entendido que, en la medida en que el concejal se abstiene en un procedimiento de contratación, debe de informar a lo que nosotros entendemos como su inmediato superior administrativo del motivo de la abstención, para lo cual tiene que dar el nombre de la empresa a la que hace referencia. El Ayuntamiento no lo entendió así. Si se hubiera informado, evidentemente sería información pública y la oposición tendría derecho a conocerla. El Ayuntamiento sostiene que no es información pública y que la oposición no tiene que conocerla. Nosotros mantuvimos nuestro criterio hasta el final y no ha habido acuerdo.

También mantuvieron una discrepancia sobre el uso del coche oficial de la alcaldesa, reclamado también por la oposición, que el consistorio rechazó por razones de seguirdad.

Nosotros argumentamos que si se pedían trayectos que se habían realizado en el pasado, evidentemente las razones de seguridad no podían ser acogidas.

¿Debería clarificarse más en la legislación sobre transparencia qué información debe ser pública? ¿Es un problema de interpretación o es un problema de voluntad?

Yo creo que está bastante claro. Cualquiera que respete lo que son los conceptos fundamentales de la vida democrática, tiene que entender claramente lo que es información pública y lo que no es con las leyes españolas.

Otra cuestión que motivó un informe especial a raíz de quejas de las entidades sociales ha sido el tema de los empadronamientos sociales, del trato que se da a las personas sin hogar. ¿Las administraciones autonómica, local y estatal están fallando a las personas más vulnerables?

Evidentemente no se está haciendo todo lo que se debería hacer por sacar de su situación a las personas que están en situación de vulnerabilidad. A veces es tan simple como respetar las leyes. En los empadronamientos, la norma establece claramente que a los tres meses de haber solicitado el empadronamiento, si no se ha producido respuesta, el silencio es positivo. Tanto la persona debe de quedar empadronada y debe recibir una respuesta en ese sentido en el plazo de tres meses. Si luego se demuestra que la persona no reside en el municipio, el ayuntamiento tiene que iniciar un procedimiento de nulidad de oficio del acuerdo de empadronamiento, pero la norma es clarísima.

Hemos abierto quejas en el Ayuntamiento de València y en otros ayuntamientos también. La última que abrimos, cuyo cierre está en la memoria del año 2025 precisamente, el Ayuntamiento aceptó las recomendaciones del síndic de establecer unos protocolos y de dotar de suficiente personal y medios al área de empadronamiento para que se pueda resolver el tema.

Evidentemente no se está haciendo todo lo que se debería hacer por sacar de su situación a las personas que están en situación de vulnerabilidad. A veces es tan simple como respetar las leyes.

En estos ya casi ocho años que lleva al frente de la institución, ¿qué balance se puede hacer respecto al funcionamiento del Estado de Bienestar, de la cobertura de estos derechos? ¿Evoluciona favorablemente? ¿Hay problemas estructurales?

Yo creo que no evoluciona favorablemente. Tenemos un Estado de Bienestar bastante potente, pero que requiere de unos análisis del resultado de las políticas de bienestar que creo que nos están haciendo de la manera rigurosa en que se debería hacer, y no por falta de datos o por falta de estudios, sino por falta muchas veces de coordinación, colaboración política entre diversas fuerzas políticas para replantearse la manera de abordar algunas situaciones de vulnerabilidad.

La falta de respuesta de las administraciones, tanto al ciudadano como al propio Síndic, ¿Alimentan como cierto clima de desafección o de desconfianza en las instituciones?

Si el ciudadano acude en demanda de algún tipo de prestación o de reconocimiento o de derecho a la administración pública y la administración no le responde, pues evidentemente el ciudadano contento no va a estar, y no va a estar contento con el sistema. Y eso implica desafección.

En 2027 vence su mandato. ¿Qué prevé?

La ley establece que no es renovable el mandato. Creo que razonablemente el mandato debería de acabarse cuando toque, que es en diciembre de este año, para lo cual tiene que ponerse de acuerdo una mayoría suficiente de diputados de la Cámara. Mientras tanto, yo estaré aquí al pie del cañón y desde luego con el mismo tesón que el primer día que entre aquí. Mientras sea síndic, bien en plenitud de mandato, bien en funciones, actuaré con la misma voluntad y con la misma dedicación.

Creo que las instituciones públicas requieren de un mínimo de seriedad y de rigor. Y no voy a dejar descabezada una institución como el Síndic de Greuges, que a mí me parece una institución fundamental para un Estado de derecho, un Estado democrático como el nuestro.

¿Qué legado te gustaría dejar o haber dejado en estas dos legislaturas?

Aquí se deja un estilo de trabajo, una manera de afrontar los problemas y luego el que venga detrás establecerá el suyo, que podrá coincidir con lo que yo haya hecho en algunos supuestos y en otros no.

El Gobierno valenciano que dirige el presidente Carlos Mazón incrementa su estrategia de confrontación con el ejecutivo central a cuenta de la reubicación de los menores no acompañados que han llegado en los últimos meses a las Islas Canarias.

Como ha informado elDiario.es, diversos alcaldes y alcaldesas han recibido una carta de la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, por medio de la que se les pregunta si tienen disponibilidad para acoger a alguno de los 571 menores que llegarán a la Comunitat Valenciana. Una de las receptoras de la misiva, la alcaldesa socialista de Altura, Rocío Ibáñez, se mostró crítica al considerar que supone una delegación de responsabilidades en los municipios.

Al respecto, desde Servicios Sociales han explicado que han enviado estas cartas para que colaboren indicando las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en sus municipios, en los que se pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados. Sin embargo, no han especificado si las han enviado a todos los ayuntamientos y, de no ser así, los criterios que han seguido a la hora de elegir a qué localidades se remitían.

“Abrimos una vía de diálogo con los municipios, con carta a alcaldes cuando se ha confirmado el reparto, y les explicamos la gestión de estos repartos, les trasladamos la información para conocer su disponibilidad de recursos. Al contrario que el Gobierno, que nos impone a las comunidades autónomas repartos invadiendo nuestras competencias”, han comentado.

Las mismas fuentes han informado de que han enviado cartas “al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo para informar sobre las actuaciones del Gobierno para el traslado de menores sin contar con capacidad y alertar del riesgo de ruptura del el sistema de protección de la Comunitat”.

Además, han recordado que han recurrido el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo ante el Tribunal Constitucional, así como las diferentes normas que lo desarrollan, como la del decreto de capacidad con la que se va a solicitar la suspensión cautelar,

Desde Servicios Sociales han lamentado que se han reunido “con las entidades sociales que se ocupan de la atención a menores las cuales han mostrado su preocupación ante la incapacidad para atender a más jóvenes en el sistema” y han recordado que “la Generalitat lleva semanas pidiendo colaboración a distintos organismos dado los pasos que va dando el Gobierno para cumplir su amenaza, sin atender a razones, sin diálogo y sin recursos”.

Al respecto, han vuelto a cargar contra el ejecutivo de Pedro Sánchez al asegurar que “incumple su obligación legal y la sentencia del Tribunal Supremo durante 5 meses, para atender a 1.200 menores que piden asilo, y al mismo tiempo amenaza y chantajea a las comunidades autónomas con el traslado de 4.000 menores”. Un traslado que “pretende romper el sistema de acogida que tenemos en la Comunitat Valenciana y que ofrece recursos para una atención integral y de calidad, después de aumentar en un 62% las plazas en los últimos años, hasta 319, y tener el sistema ya tensionado, al 160% de su capacidad”.

Sobre la acogida de menores migrantes por parte de las comunidades autónomas, Diana Morant ha destacado que la vicepresidenta Camarero ha admitido que estamos en menos “del 30% de la capacidad que debería asumir la Comunitat Valenciana” y le ha exigido “que haga su trabajo, que se dejen de excusas y que cumplan con su responsabilidad”: “Los gobiernos estamos para poner soluciones a las distintas crisis que van apareciendo, y ahora ante la crisis migratoria lo que se exige es solidaridad en la acogida y responsabilidad en la asunción de sus competencias”, ha señalado Morant.

“La Comunitat Valenciana es una tierra solidaria, tenemos por población capacidad de sobra para asumir la acogida de estos niños y estaríamos hablando de solo cubrir el 60% de las capacidades que le tocaría a la Comunitat Valenciana”, ha dicho Morant.

La Conselleria de Servicios Sociales que dirige la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, asegura que “en línea con el arduo trabajo de desarrollo normativo para ampliar la protección de los menores”, trabaja en la “actualización de Instrucciones y Protocolos, también en la relativa a publicación de imágenes para elevar al máximo nivel cualquier actuación que pueda dar lugar en el marco de las nuevas tecnologías y medios”.

La Directora General de Infancia y Adolescencia, Angélica Such, se pronunció en estos términos tras denunciar el síndic del PSPV, José Muñoz, que desde Servicios Sociales se había hecho caso omiso a las recomendaciones del Síndic de Greuges, que en una resolución del pasado mes de marzo concluyó que la publicación de fotos de un grupo de menores tutelados durante una visita a Bioparc Valencia junto a Camarero había vulnerado sus derechos.

En la mencionada resolución, el Síndic recomendó a la conselleria, entre otras cuestiones, “la elaboración de un protocolo que garantice que, hechos como los que son objeto de la presente queja, que vulneran derechos de los menores, no puedan quedar nuevamente lesionados”.

La administración tenía un plazo de un mes para contestar al Síndic si iba a tener en cuenta sus recomendaciones, pero pasado ese plazo, no hubo respuesta: “Otorgamos a la Conselleria el plazo de un mes para que manifestara expresamente si aceptaba o no nuestras consideraciones y, en su caso, señalara las medidas para hacerlas efectivas. La resolución de consideraciones fue notificada el 07/03/2025 y ha transcurrido el plazo de un mes sin recibir en esta institución el informe solicitado”, dice el escrito de cierre del caso, firmado el pasado 30 de abril.

Los socialistas hicieron pública este jueves el escrito del defensor del pueblo valenciano y acusaron a Camarero de despreciar e ignorar una resolución del Síndic de Greuges que le exige elaborar un protocolo para garantizar la protección de los derechos de los menores tutelados por la Generalitat. El portavoz socialista, José Muñoz, recordó que el Síndic, a raíz de la denuncia de los socialistas tras un vídeo subido a las redes sociales de la vicepresidenta Camarero en el que aparecían imágenes de menores tutelados por la Generalitat, censuró esta práctica: “Es una vergüenza que la responsable de los servicios sociales no solo cometa este error gravísimo, sino que se niegue a enmendarlo y no ponga en marcha un protocolo para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar”, dijo.

En respuesta a estas declaraciones, la Directora General de Infancia y Adolescencia, Angélica Such, aseguró que la conselleria contestó al Síndic, tanto en el escrito inicial como en el de resolución en el mes de mayo, que la Instrucción 3/2023, que entró en vigor el 14 de junio de 2023 para organismos, entidades, recursos y personas en contacto con personas menores de edad y que actúen en el ámbito de la infancia y la adolescencia, abarca todos los posibles ámbitos de actuación en relación con la publicación o difusión de imágenes, audios y grabaciones de personas menores de edad tuteladas por la Generalitat Valenciana o sujetas a medidas judiciales. Sobre la falta de respuesta puesta de manifiesto por el Síndic, fuentes de la conselleria han explicado a esta redacción que se dio traslado fuera de plazo, con unos pocos días de retraso.

En dicho escrito al Síndic, la conselleria indica que “a pesar de considerar que en ningún momento ha existido vulneración alguna de los derechos de los menores, tal y como argumentamos en el informe que se envió a esta Institución en la tramitación de esta queja, es voluntad de esta Conselleria evitar cualquier acción que pueda generar conflicto o controversia en la que se puedan ver afectados los menores, aunque fuera de manera meramente tangencial y, en este sentido, velaremos por evitar circunstancias que puedan dar lugar a interpretaciones controvertidas”. Y añade: “Es por ello -ha continuado- que esta Conselleria, en línea con el arduo trabajo de desarrollo normativo para ampliar la protección de los menores, trabaja en la actualización de Instrucciones y Protocolos, también en la relativa a publicación de imágenes para elevar al máximo nivel cualquier actuación que pueda dar lugar en el marco de las nuevas tecnologías y medios”.

“Recomendamos que, teniendo en cuenta el dilatado periodo de tiempo transcurrido desde la solicitud presentada con fecha 18/2/2025, se dicte y notifique al autor de la queja la correspondiente resolución motivada, facilitando información y adoptando las medidas necesarias para publicar en el portal de transparencia municipal los listados de pisos turísticos con licencia municipal de la ciudad de Valencia para conocimiento de toda la ciudadanía”.

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, se pronuncia en estos términos en la resolución firmada el pasado 16 de julio, a la que ha tenido acceso elDiario.es. El documento viene motivado por una queja presentada por la Asociación de Vecinos y Vecinas del Cabanyal-Canyamelar ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de València tras diversas reuniones mantenidas con diversos responsables municipales, e incluso con la alcaldesa de València, María José Catalá.

En su queja, la entidad vecinal pone de manifiesto que “la proliferación de viviendas turísticas (VT) en el Cabanyal-Canyamelar, supone actualmente un problema muy grave por su repercusión en el mercado de alquiler residencial” y lamenta que “la abundancia de estas viviendas, aunque no es la única causa, ha contribuido notablemente a la reducción de la oferta de pisos en alquiler y, en consecuencia, al aumento de los precios”. Como resultado, los “hijos y nietos” de los vecinos del barrio “no pueden acceder a una vivienda, a pesar de su deseo de residir aquí, debido tanto a la escasez como al elevado coste de las mismas”.

A continuación, lamentan que “en reuniones mantenidas los días 18 de diciembre de 2023, 14 de enero de 2025 y 29 de enero de 2025, hemos solicitado a los representantes municipales, incluida la señora Alcaldesa, que se hagan públicos los listados con las direcciones de las VT que disponen de licencia municipal. Hasta el momento no hemos recibido una respuesta satisfactoria”.

Por último, añaden que “el pasado 18 de febrero de 2025 presentamos por escrito una solicitud formal para la publicación de dichos listados, justificando detalladamente los motivos por los que consideramos que esta información debe ser accesible. Estos listados no solo facilitarían la denuncia de las VT ilegales, sino que también permitirían a los usuarios asegurarse de que los alojamientos que contratan cumplen con la normativa y cuentan con las condiciones de habitabilidad y seguridad exigidas por el Ayuntamiento para la concesión de la licencia”.

Por todo ello, solicitan al Ayuntamiento que se haga público el mencionado listado y que aumente “de manera urgente y eficaz las inspecciones de viviendas turísticas con el fin de cerrar y sancionar aquellas que operan ilegalmente. Consideramos que en la actualidad se está incurriendo en una clara dejación de funciones”.

A estas cuestiones, el Ayuntamiento contesta que, respecto a las denuncias presentadas por la Asociación, “se están llevando a cabo las actuaciones legales y procedimentales necesarias para la comprobación y cese en su caso de las viviendas turísticas que no disponen de título habilitante para ejercer la actividad”. Sobre la publicación del listado, afirma el Consistorio que “se trata una información que para ser publicada debe ser tratada previamente, lo que ha imposibilitado, hasta el día de la fecha su posible publicación”.

La asociación vecinal cuestiona la respuesta dada por el Ayuntamiento al Síndic al constatar que el 26 de diciembre de 2023 presentaron “la primera solicitud de revisión de documentación de una vivienda turística; en junio de 2024, es decir, hace un año, se habían presentado un total de 145 solicitudes, y a día de hoy se han alcanzado las 427. De todas ellas, solo se han abierto 269 expedientes y hemos recibido notificación de las actuaciones realizadas en 128 casos (datos aproximados extraídos de la Carpeta Ciudadana de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de València)”, por lo que “no parece que se haya actuado con mucha eficiencia”.

Ante las exposiciones de las dos partes, el Síndic concluye que “teniendo en cuenta que la solicitud de información fue presentada con fecha 18/2/2025, esta institución considera que el Ayuntamiento de Valencia ha tenido tiempo más que suficiente para terminar de elaborar dichos listados y mantenerlos diariamente actualizados, ya que no se trata de una compleja tarea informática”.

Respecto a las actuaciones de inspección y sanción desarrolladas por el Ayuntamiento de València para impedir el funcionamiento de las viviendas turísticas que no cuentan con la preceptiva licencia municipal, “en el referido informe municipal que tuvo entrada en esta institución el 20/6/2025, no se ofrece ningún dato, por lo que se ignora la actividad municipal desplegada en este ámbito”.

El defensor del pueblo valenciano considera que “el aumento de viviendas de uso turístico ilegales puede ocasionar conflictos de convivencia con los residentes locales” por lo que “se hace necesario incrementar la transparencia de las viviendas turísticas legales para proteger los derechos y la armonía de quienes habitan en estas zonas”.

Por este motivo, recomienda “publicar en el portal de transparencia municipal los listados de pisos turísticos con licencia municipal de la ciudad de Valencia para conocimiento de toda la ciudadanía” y que se incrementen “las medidas legales de inspección y sanción para impedir el funcionamiento efectivo de viviendas turísticas ilegales, difundiendo información general sobre el número de actuaciones desarrolladas en este ámbito”

Por último, recuerdan al Ayuntamiento “el deber legal de contestar motivadamente las solicitudes de acceso a la información pública en el plazo máximo de un mes”.

Desde la asociación vecinal se han mostrado satisfechos con la resolución. Su presidente, Daniel Adell, ha comentado: “El Síndic no solo nos da la razón sino que va más allá e indica una ilegalidad continuada durante meses el no atender a la solicitud de información que debe ser pública: las licencias VT concedidas y en vigor, como cualquier otra actividad económica en la ciudad. Una información que teníamos derecho a recibir no antes de que acabara marzo y no tenemos aún. Y para la que no se nos da fecha”.

Compromís critica la inacción de Catalá

El concejal de Compromís Ferran Puchades ha asegurado que esta resolución del Síndic de Greuges “evidencia una vez más que la alcaldesa de València, María José Catalá, arrastra los pies en todo lo referente a la inspección, la instrucción de expedientes y las sanciones a los miles de apartamentos ilegales que crecen como setas por toda la ciudad a pesar de una moratoria, que es puro papel mojado”.

“Catalá se ha negado a crear una unidad especializada de policía turística para inspeccionar con agilidad viviendas de uso turístico sin licencia, las sanciones se producen a cuentagotas y no da cuenta del estado de la tramitación de expedientes sancionadores”, ha explicado Puchades.

En este sentido, el edil valencianista ha recordado que Compromís ha recibido más de 4.000 denuncias a través de la web quenotetiren.com donde se puede denunciar de manera anónima la actividad de pisos turísticos y las obras ilegales para abrir nuevos en la ciudad de València.

“Del análisis de los hechos descritos y la normativa aplicable se deduce que la actuación del Ayuntamiento de València podría afectar al derecho de acceso a la información pública y a los derechos de las personas migrantes y de los menores”. El Síndic de greuges se pronuncia así en la resolución de la apertura de investigación [documento completo al final de la información] tras la denuncia realizada por el PSPV sobre varios casos detectados en centros de acogida dependientes del Consistorio que preside María José Catalá (PP) en los que se separa a unidades familiares, dejando sin plaza al padre de familia, y dando asistencia tan solo a la madre y a los hijos.

El escrito del defensor del pueblo valenciano recoge un resumen de la denuncia de la concejala socialista, Maite Ibáñez, en el que pone de relieve que “el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con la Obra Mercedaria de València (OMV) con la finalidad de ofrecer acogida integral a familias en situación de vulnerabilidad social”. Según el citado convenio, prorrogado por última vez el pasado 27 de diciembre, “la acogida se llevaría a cabo en la residencia 'El Torreón' (ubicada en Rocafort) con un total de 20 plazas”.

Tras denunciar que los servicios municipales le han denegado la información solicitada sobre la actividad del centro, relata que se personó en la residencia el pasado 12 de marzo: “Durante la visita a la residencia al centro de acogida El Torreón, pude constatar que, a instancias de la Concejalía de Servicios Sociales como el Centro de Atención a la Inmigración (CAI) del Ayuntamiento de València, se están separando familias de migrantes. Concretamente, varias de las mujeres acogidas en el centro me manifestaron permanecer en la residencia 'El Torreón' en compañía de sus hijos menores (en alguno de los casos menores recién nacidos), pero sin sus cónyuges (progenitores de los menores) debido a que los Servicios del Ayuntamiento y el CAI les denegaron la acogida en dicho centro por el simple hecho de ser varones. Es más, el Ayuntamiento no ofreció a estos hombres un lugar de acogida alternativo, sino que, simplemente, se les dejó en lista de espera para poder ser acogidos en el momento que hubiera disponibilidad”.

Sin embargo, siempre según el relato que recoge el escrito del Síndic, “hasta ese momento, estas personas se ven abocadas a vivir en la calle y separadas de sus familias. Estos hechos fueron reconocidos por la Directora del Centro de atención a la inmigración (CAI) y el Jefe de Sección de Inmigración; Convivencia y Cooperación quienes lo intentaron justificar con una ausencia de recursos suficientes para atender a todas las personas”. La edil socialista destaca además que el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la entidad que gestiona el centro establece que se ofrecerá “acogida integral a familias en situación de vulnerabilidad social”.

En relación con lo anterior hay que tomar en consideración que, “al negarse que los padres puedan convivir con sus cónyuges e hijos, se hace imposible que el personal de acogida pueda prestar los servicios más básicos y acciones de inserción laboral a las mujeres acogidas ya que, al estar solas con sus hijos menores, se ven obligadas a dedicar todo su tiempo al cuidado de los menores”.

A continuación, el Síndic recoge la respuesta que dio el 19 de febrero la Concejalía de Bienestar Social respecto a las solicitudes de información, en la que explica que “la contestación a esta cuestión provoca que los Servicios de esta Concejalía dediquen un tiempo extraordinario que obstaculiza la labor diaria”.

Al respecto, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha acusado de “racismo institucional” al Gobierno de Catalá por estar mandando “a personas a dormir a la calle, separándolas de sus hijos y de sus hijas y contradiciendo cualquier tipo de respeto a los derechos humanos e incluso a los derechos de la infancia”. Por su parte, Maite Ibáñez ha calificado las políticas de Catalá en materia de inmigración de “crueldad” y ha detallado que los socialistas han denunciado dos casos concretos de separación de menores de sus padres en centros municipales, aunque ha subrayado sus sospechas de que esta práctica puedan ser generalizadas.

Ibáñez ha recordado que las listas de espera tanto del CAI como del CAST se han disparado desde 2023 igual que el número de atención a personas sin hogar, que ha pasado de 184 a 341. Al mismo tiempo, ha denunciado, el Ayuntamiento cerraba el Casal d’Esplai de Rocafort con 48 plazas, renunciaba al recurso del Torreón con otras 20 plazas, cierra el centro del Carmen y pone en riesgo las instalaciones de Benimàmet porque ninguna entidad quiere atender las condiciones impuestas. 

Desde el gobierno municipal la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, sostiene que la prioridad del gobierno es atender a las familias vulnerables y ha acusado a la izquierda de no construir albergues en sus ocho años de Gobierno. Torrado ha anunciado que a partir de mayo el centro de atención a las urgencias sociales va a pasar a abrirse durante todo el año para atender a familias en situación de necesidad. Este centro ubicado en la calle de Santa Cruz de Tenerife se va a ampliar para atender a 25 personas y familias. Además, la ONG Fundación Conciénciate abrirá un nuevo centro para atender a familias, lo mismo que San Juan de Dios que “en breve” habilitará un centro de acogida para familias “este año”.

Compromís denuncia la eliminación de ayudas directas

La concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València, Lucía Beamud, ha denunciado que el gobierno de Catalá ha eliminado las ayudas nominativas destinadas a cinco entidades que trabajan activamente por la convivencia y la integración de las personas migrantes en nuestra ciudad. 

Según la edil, estas entidades (Moviment per la Pau, La Casa Grande, València Acull, Asociación Intercultural Candombe y Movimiento contra la Intolerancia) desarrollan desde hace años el proyecto 'Xarxa Apuja el To contra el Racisme', que involucra a los centros educativos en la lucha contra la xenofobia y la promoción de la convivencia intercultural. Según Beamud, el Gobierno de Catalá ha decidido eliminar drásticamente estas ayudas y pasarlas a un sistema de concurrencia competitiva a partir del curso 2025-2026.

Para Compromís, este movimiento no es casual. Se trata de una nueva muestra de cómo la política municipal está totalmente condicionada por los postulados de la extrema derecha, en una línea idéntica a la seguida por Carlos Mazón desde la Generalitat Valenciana. “El pacto del PP con Vox ha tenido consecuencias directas sobre los colectivos más vulnerables, y las personas migrantes vuelven a ser el blanco de estos recortes ideológicos”, denunció Beamud.

“Durante el año 2024, el número de quejas correspondientes a la materia de Servicios Sociales ha experimentado un incremento de prácticamente un 50%, en relación con el ejercicio de 2023. Es un incremento descomunal que debe hacer saltar todas las alarmas. De entre estas quejas, la inmensa mayoría corresponden a la gestión de la dependencia, seguidas de las referidas a la diversidad funcional o discapacidad y de las que tienen que ver con la aplicación de la Renta Valenciana de Inclusión”.

El informe presentado este martes por el Síndic de Greuges, Ángel Luna, y entregado a la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, se expresa en estos términos para exponer la grave situación de los servicios sociales en lo que la tramitación de las prestaciones de la Ley de Dependencia y de la Renta Valenciana de Inclusión. Precisamente, el sindicato UGT denunció este lunes la eliminación del blindaje de estas dos prestaciones, mientras la Conselleria de Servicios Sociales achaca los problemas a la herencia del Gobierno del Botánico.

Según el documento, en materia de servicios sociales se presentaron el pasado año 1.888 quejas, un 47,9% más que en 2023, y en materia de transparencia un total de 432, un 10,9% más, siendo el segundo motivo por el que más reclamaciones se pusieron.

Según el informe, “hace años que el Síndic viene reclamando la revisión de los procedimientos que se aplican, especialmente, en la gestión de la dependencia y de la renta valenciana de inclusión, demostrada la ineficacia de los existentes”.

Sin embargo, denuncia que “sigue el trasiego de expedientes entre las administraciones locales y la Conselleria de Servicios Sociales, con viajes de ida y vuelta sucesivos, dando lugar al retraso de las resoluciones de reconocimiento de derechos y a la desesperación de la ciudadanía”. Cuando las quejas llegan al Síndic, “el estado de ánimo de los afectados es de exasperación” y se pregunta: “¿De verdad no se puede hacer un esfuerzo por simplificar los procedimientos para hacerlos más ágiles, como venimos reclamando en los cientos de resoluciones que dictamos cada año en estas materias?”.

También la gestión de las valoraciones de discapacidad o diversidad funcional está provocando “retrasos en el reconocimiento de derechos que vulneran, de manera excesiva, los mandatos legales”. De acuerdo con los datos facilitados por la propia Conselleria de Servicios Sociales, “en el momento de redactar este Informe anual los expedientes pendientes de resolver que han excedido el plazo legal para hacerlo superan los 50.000, en toda la Comunitat Valenciana”. Una cifra “escandalosa, se mire como se mire”. Dada la gravedad de la situación, el Síndic ha decidido abrir una queja de oficio sobre el tema.

En relación con los datos referidos al ejercicio de 2024, “lo primero que debe ser objeto de consideración es el importante aumento que se ha producido tanto en el número de consultas como en el número de quejas presentadas por la ciudadanía”. En términos generales, el crecimiento de las consultas ha superado el 30%, situándose en más de 18.600, mientras que el de las quejas ha superado el 20%, alcanzando las 4.770.

“Es arriesgado aventurar los motivos de esta extraordinaria evolución. Por un lado, se puede considerar como la consecuencia de un mayor conocimiento de la institución, o de un aumento de la confianza en la misma, por parte de los sectores sociales más necesitados de su intervención. Por otro, el análisis de las diferentes materias nos puede dar una pista sobre la naturaleza de los problemas que mayor impacto tienen sobre la eficacia de los derechos de valencianos y valencianas”, dice el informe.

“Deficiencias” en residencias de mayores

Por otra parte, el Síndic de Greuges ha citado “otros problemas” de la ciudadanía que ha abordado durante 2024, entre ellos “la atención residencial a la que tienen derecho las personas mayores”. Al respecto, ha avisado de que cuando existen “deficiencias en las infraestructuras y servicios o cuando la Administración no actúa adecuadamente” esta situación “afecta el bienestar y las necesidades de estas personas”.

De hecho, ha concretado, “muchas” de las quejas recibidas señalan “el deterioro de las instalaciones y el incumplimiento de los contratos”, lo que deja a los mayores en “una situación de vulnerabilidad y afecta a su salud y seguridad”.

Asimismo, se han constatado “retrasos” en la asistencia sanitaria --realización de pruebas e intervenciones quirúrgicas y aplicación de tratamientos médicos-- entre las quejas recibidas a lo largo de 2024 en materia de sanidad, al igual que en años anteriores. En este sentido, UGT también ha denunciado la eliminación del límite del 85% de plazas concertadas en las futuras residencias privadas.

La Conselleria de Servicios Sociales lo achaca a la herencia del Botánico

La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, señaló este martes que las quejas presentadas al Síndic de Greuges en esta materia son “los últimos coletazos de la gestión del Botánico” y de “su ineficacia” y recalcó que “evidentemente hay que mejorar la situación”. “Partimos de una situación muy complicada y estamos trabajando por mejorar”, ha subrayado.

Sin embargo, según los datos publicados en la web de la conselleria, el Gobierno del Pacto del Botánico cogió el sistema de la dependencia con una lista de espera de 46.496 personas, primer dato del registro de septiembre de 2015 (el acuerdo de Gobierno se firmó dos meses antes). El 2 de mayo de 2023, mes en el que se celebraron las elecciones autonómicas, alcanzó su registro más bajo con 10.257 personas en espera.

Al respecto, Camarero señaló que el informe del Síndic es del año 2024 y “por lo tanto, habla de las quejas producidas también en los años anteriores”. En concreto, explicó que una de las quejas es por la falta de plazas residenciales como “hemos dicho por activa y por pasiva desde este Gobierno” porque “tenemos 24.000 plazas residenciales que se necesitan y que, por culpa de la ineficacia del Gobierno del Botánic, hoy no están a disposición de los valencianos”. Así, ve “normal” que los valencianos “tengan todo derecho a solicitar esas plazas” y ha recalcado que desde este nuevo Gobierno están “trabajando” para solucionarlo.

Respecto a las quejas por dependencia, recalcó que el número de personas atendidas en el sistema a 1 de enero del 25 marca un “récord histórico de 168.429 personas atendidas en el sistema” y “660 millones destinados”, lo que ha permitido “reducir la lista de espera en un 20%, 20.653 personas más en el sistema”.

Preguntada por si no hace autocrítica respecto a los datos que arroja el informe, replicó: “Evidentemente, nosotros trabajamos por obtener los mejores servicios sociales y por eso hemos incrementado el número de personas atendidas en el sistema de dependencia y estamos trabajando para la reducción de las listas de espera, en una mejor renta valenciana de inclusión, y en que los expedientes de discapacidad se revisen y se tengan en el menor tiempo posible y que no tengan que esperar hasta dos años o incluso más”.

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha censurado la “falta de colaboración, coordinación y cooperación” entre las distintas administraciones que, a su juicio, ha quedado demostrada con la DANA que el pasado 29 de octubre arrasó gran parte de la provincia de Valencia y ha considerado “claramente” que existen “responsabilidades que incumben a las autoridades autonómicas” de la Generalitat por su gestión de la emergencia provocada por las inundaciones.

En esta línea, ha advertido de la gravedad de la “polarización política” y de que esta está “enconando las relaciones entre dirigentes políticos de diferentes administraciones” en la Comunitat Valenciana. “Cuando no se saluda al vecino, difícilmente se va a colaborar con él”, ha reflexionado.

De este modo lo ha expuesto este martes en rueda de prensa tras hacer entrega de su Informe Anual del ejercicio 2024 a la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó. Un año, según ha asegurado, que ha estado marcado por la riada que “entre muertos y desaparecidos” se ha cobrado la vida de 228 personas y que ha puesto de manifiesto el “fracaso” de las administraciones a la hora de garantizar la protección del derecho a la vida.

Luna ha reprochado esta “falta de colaboración, coordinación y cooperación” a “todas las administraciones” y ha denunciado las condiciones “difíciles” en las que se mueve el proceso de reconstrucción. En este punto, ha indicado que en “condiciones normales” su institución hubiera “investigado” lo ocurrido el 29 de octubre, pero ha esgrimido que las actuaciones judiciales en marcha “impiden que podamos interferir” en este cometido.

“Hay una actuación judicial en marcha y no voy a interferir, pero sí que digo que hubiera debido haber investigado situaciones porque creo que hay responsabilidades que incumben a autoridades autonómicas claramente”, ha sostenido. Dicho esto, ha rechazado dar su “opinión” al respecto. “Esto no va de opiniones”, ha añadido el Síndic.

“La responsabilidad es de quien es”

En este punto, ha mencionado el Plan Territorial de Emergencias de la Generalitat y ha asegurado que este documento recoge que “corresponde a la Generalitat la dirección del mismo en situaciones de emergencia 0, 1 y 2”. También dice, ha continuado, que el director de la emergencia es “la persona titular de la conselleria” de este ramo, que es “a quien corresponde determinar la información que debe facilitarse a la población en relación a la situación de emergencia”.

Según ha incidido el Síndic, respecto al comité de dirección el mencionado plan establece que estará “integrado por un representante de la Generalitat y por uno del Estado” y “a continuación dice que el representante de la Generalitat en el Cecopi --Centro de Coordinación Operativa Integrado-- actuará en calidad de director del plan siempre y cuando no se declare de interés nacional”.

“En lo que está claro no cabe interpretación”

Dicho esto, ha manifestado: “Como dicen los clásicos, in claris non fit interpretatio (en lo que está claro no cabe interpretación)”. “Es una lectura literal, no es mi opinión, es lo que dice el Plan de Emergencias”, ha zanjado. Preguntado por si, con todo ello, se ha referido a la actuación de la Generalitat, el Síndic de Greuges ha asegurado que, “evidentemente, la responsabilidad de la dirección de la emergencia es de quien es”.

En cualquier caso, Ángel Luna ha subrayado que se trata de una “cuestión de comportamientos” y de “relaciones entre responsables políticos de diferentes niveles”. “Nos hemos dotado de un Estado compuesto, de un Estado autonómico compuesto con competencias a diferentes niveles. Y si en un Estado compuesto no hay colaboración, es un fracaso porque no hay otra alternativa. O colaboración o fracaso. Y el fracaso lo están empezando a tener los ciudadanos de manera muy clara”, ha avisado.

El Síndic ha vinculado esta situación con la “desafección” de la ciudadanía con la política y, ante este escenario, ha pedido a los responsables de las administraciones públicas “hacer un esfuerzo por sentarse a hablar y trabajar juntos”. “Yo no lo estoy viendo (...) y ahí están todas las administraciones, todas tienen que trabajar sobre todo en una situación de catástrofe”, ha lamentado.

Paralelamente, Luna se ha referido también a la ley de Protección Civil y, al respecto, ha subrayado que esta norma establece mandatos “muy claros” respecto a “las actitudes que tienen que manifestar los responsables políticos ante situaciones de catástrofe”. Dicho esto, ha lamentado que con la gestión de la DANA “no se ha dado cumplimiento a lo que establece” la misma, algo que “los ciudadanos han percibido”.

“Reconstrucción” de los comportamientos políticos

A su juicio, esta situación -“no tengo ninguna duda”, ha dicho- es producto de “la deriva y la confrontación que estamos viviendo no solo en nuestro país en los últimos años”, pero, ha incidido, se manifiesta “en toda su crudeza especialmente en situaciones de catástrofe”. “Lo primero en lo que hay que pensar es en colaborar, no en establecer relaciones tensas y difíciles”, ha señalado.

Por todo ello, ha llamado a las distintas administraciones y a sus responsables a centrarse en la labor de reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones, al tiempo que ha reclamado también “la reconstrucción de comportamientos políticos de la gente que está al frente de las instituciones”.

“Si ante situaciones como esta no somos capaces de dar un giro y decir que vamos a actuar de otra manera, tenemos una muy mala salida”, ha avisado. “Reconstrucción, sí; y reconstrucción de los comportamientos políticos, también”, ha resumido.

Con la DANA “no hemos pasado la prueba”

En este contexto, según ha recalcado Luna, “la capacidad de protección de las personas y bienes es uno de los elementos que caracterizan y diferencian un Estado y una administración avanzada, desarrollada y moderna de un Estado y una administración antigua e incapaz de proteger a sus ciudadanos ante una situación de catástrofe”.

Y para el Síndic, “no cabe duda de que, con la DANA, nosotros no hemos pasado la prueba”. “No podemos presumir de estar entre los Estados avanzados que reaccionan de manera preventiva y eficaz”, ha sostenido, para advertir de que esto es “lo más grave”, puesto que el “primer derecho a proteger es la vida”.

Finalmente, ha llamado la atención de lo sucedido “después de la pasada del agua”, tras haber mantenido desde la institución diversas reuniones con profesionales que han estado “en primera línea” en la lucha contra los efectos de la DANA. Todos ellos, ha indicado Luna, les han trasladado que han vivido una situación “caótica”.

“A raíz de las quejas presentadas desde asociaciones de carácter social o personas individuales, esta institución ha intervenido en relación con el alta en el Padrón Municipal de Habitantes de quienes, residiendo de manera efectiva en el municipio de València, están afectados por situaciones especiales de alojamiento (residencia en infraviviendas o ausencia total de techo, entre otros)”.

La queja de oficio abierta por el Síndic de Greuges se pronuncia en estos términos en relación a la denuncia realizada el pasado mes de julio por Compromís según la cual el Ayuntamiento de València gobernado por el PP y por Vox no estaría empadronando a las personas vulnerables, pese tener la obligación legal de hacerlo. En concreto, según aseguró la concejala valencianista, Lucía Beamud, los días 3 y 10 julio se denegaron un total de 110 peticiones especiales de padrón de personas vulnerables.

Al respecto, el defensor del pueblo valenciano considera esta cuestión de especial preocupación puesto que el constar en este registro “afecta de manera particularmente intensa a quien se encuentra en situación de riesgo de exclusión o de especial vulnerabilidad, porque es necesaria para el acceso a servicios básicos como, por ejemplo, sanidad, educación, vivienda pública, dependencia, inserción o formación laboral”.

Añade el Síndic Ángel Luna que esta cuestión ya ha sido tratada en otras quejas y que como consecuencia de ellas “el Ayuntamiento de València se comprometió a dar solución a estos casos de manera proactiva, aplicando la normativa vigente en la materia, los criterios de la Resolución de 17 de febrero de 2020, por la cual se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal (Boletín Oficial del Estado de 02/05/2020) y del Protocolo municipal en materia de empadronamientos especiales, aprobado por el Ayuntamiento el 21/10/2022, textos decididamente favorables al alta en el Padrón en aquellas situaciones, incluida la aplicación del silencio administrativo positivo. Es decir, dar de alta a las personas afectadas si, agotados tres meses desde la solicitud de alta, no ha sido dada respuesta expresa”.

Por lo tanto, añade Luna en su escrito, “es un momento adecuado para valorar el estado actual de esta cuestión” por lo que inicia una “actuación de oficio” por la cual requieren al Ayuntamiento de València información sobre “el estado actual de aplicación del protocolo municipal en materia de empadronamientos especiales, aprobado por el Ayuntamiento el 21/10/2022; el criterio municipal respecto a las personas que residen de manera efectiva en el municipio, pero en situación especial de alojamiento (asentamientos, sin vivienda o sin título, o semejantes); si se les da de alta en el padrón de habitantes y en caso de que no fuera así, cuáles son los motivos que justifican la negativa”.

Además, pregunta si “se ha negado el alta en el padrón de habitantes a varias personas” conforme denunció Beamud; si “se aplica en la actualidad el régimen del silencio positivo en caso de que, transcurridos tres meses desde la solicitud de alta, no haya habido resolución municipal; en qué casos exige el Ayuntamiento a las personas en la situación antes descrita el empadronamiento para el acceso a trámites y servicios municipales; y cuál es la posición actual del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad respecto a las cuestiones anteriores”.

Para la concejala de Compromís, Lucía Beamud, “la queja abierta de oficio por el Síndic evidencia que posiblemente estemos ante el Gobierno más cruel e inhumano que ha tenido esta ciudad; es absolutamente alarmante cómo la alcaldesa María José Catalá y su Gobierno tratan de ocultar y denegar derechos a las personas más vulnerables y necesitadas de la capital valenciana”.

Según Beamud, “la denegación de los empadronamientos especiales es muy preocupante porque al hacerlo están negando el derecho a estas personas a acceder a servicios básicos en igualdad de condiciones que el resto de la población como, por ejemplo, sanidad, educación, vivienda pública, dependencia, inserción o formación laboral” y ha advertido: “A todo esto hay que añadir la vinculación que han hecho concejales de Catalá de la pobreza con la delincuencia, la instalación de estanques en el río Turia para expulsar a las personas sin techo sin dar ninguna solución habitacional, la denegación del reparto de alimentos en el antiguo cauce del río o el cierre de recursos ya existentes que daban refugio a familias que habían sido desahuciadas de sus casas”.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha fitxat aquest mes de setembre una experta en infància i adolescència, la que va ser cap de Qualitat i Innovació en els Serveis Socials de l’Ajuntament d’Elx, Paqui Gadea. La incorporació de Gadea ha sigut gràcies al fet que la institució estatuària ha creat una altra plaça d’assessor de lliure designació que se suma als 26 que ja tenia aprovats en la Relació de Llocs de treball (RPT) del 2022 d’un total de 40 llocs de treball. És a dir, quasi el 70% de les places cobertes són personal eventual triat a dit, cosa que difereix de la línia marcada per la justícia europea que ha obligat Espanya a reduir la temporalitat. Més encara, la major part de les administracions espanyoles ja han iniciat processos d’estabilització del personal. Fonts de la Sindicatura han defensat que el nou lloc ha sigut pactat amb els sindicats i respon a l’augment d’un 30% de les queixes ciutadanes.

El nou lloc d’assessor que se suma a la plantilla es va publicar en el Diari Oficial el 16 d’agost passat i l’escollida ja es va poder incorporar a la faena aquest 2 de setembre. Gadea s’incorpora a l’equip de 17 assessors que ajuden a investigar les queixes que arriben al síndic. La retribució d’aquests 17 llocs és d’un mínim de 70.000 euros bruts anuals, que es correspon amb 66.700 euros bruts anuals de sou base i complements de destinació i específics i el complement de carrera professional, que oscil·la entre 3.600 i 14.500 euros anuals. En aquest sentit, des de la Sindicatura van precisar que aquests assessors han incrementat el seu volum de treball perquè fan les tasques que abans elaboraven els oficials i que consisteix a participar en tot el procés de queixa, des que és rebuda en la Sindicatura fins que es publica en la web.

Aquests llocs d’assessors en el Síndic de Greuges s’han triat històricament per un pacte entre el PP i el PSPV-PSOE. De fet, molts dels ocupants actuals dels llocs han sigut alts càrrecs de governs de tots dos partits o vinculats a aquests. S’exigeix un títol universitari per a poder ocupar la plaça i, segons fonts de la Sindicatura de Greuges, des que Ángel Luna va ser elegit al capdavant de la institució, s’intenta que tots siguen funcionaris de carrera. És el cas de l’última incorporació, que ja treballava 30 anys en l’Ajuntament d’Elx. Però també és cert que, quan hi haja un nou acord per al nou síndic, la RPT permet la possibilitat de nomenar fins a 27 persones i no caldrà que siguen funcionaris. Només un acord de la majoria de les Corts Valencianes. En les funcions designades per a aquests assessors, segons l’RPT, només es reflecteix un escarit “funcions expressament qualificades de confiança o assessorament especial”.

Els altres llocs de càrrecs eventuals triats a dit són les persones que treballen en les tasques de secretaria de la Sindicatura –amb menys retribucions per ser categoria C1–, l’equip de comunicació, el xofer i una tècnica d’Atenció Ciutadana. Les places que s’han tret a concurs públic són les d’oficial de gestió, traducció o atenció ciutadana. Els dos informàtics són llocs catalogats com a laborals.

L’actual síndic, Ángel Luna, ha fet una llavada de cara important a la institució. Tant en els anys del Pacte del Botànic com ara, ha incrementat el nombre de tramitacions de queixes (fins a 3.500 el 2023), la major part sobre serveis socials. La institució es renova cada sis anys, i en queden dos de mandat al titular actual.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha fichado este mes de septiembre a una experta en Infancia y Adolescencia, la que fuera jefa de Calidad e Innovación en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elche, Paqui Gadea. La incorporación de Gadea ha sido gracias a que la institución estatuaria ha creado una nueva plaza de asesor de libre designación que se suma a los 26 que ya tenía aprobados en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2022 de un total de 40 puestos de trabajo. Es decir, casi el 70 % de las plazas cubiertas son personal eventual elegido a dedo, lo que difiere de la línea marcada por la Justicia europea que ha obligado a España a reducir la temporalidad. Es más, la mayoría de administraciones españolas ya han iniciado procesos de estabilización del personal. Fuentes de la Sindicatura han defendido que el nuevo puesto ha sido pactado con los sindicatos y responde al aumento de un 30% las quejas ciudadanas.

El nuevo puesto de asesor que se suma a la plantilla se publicó en el Diario Oficial el pasado 16 de agosto y la elegida ya se pudo incorporar al trabajo este 2 de septiembre. Gadea se incorpora al equipo de 17 asesores que ayudan a investigar las quejas que llegan al Síndic. La retribución de estos 17 puestos es de mínimo 70.000 euros brutos anuales que se corresponde con 66.700 euros brutos anuales de sueldo base y complementos de destino y específicos y el complemento de carrera profesional que oscila entre los 3.600 y los 14.500 euros anuales.

En este sentido, desde la Sindicatura precisaron que estos asesores han incrementado su volumen de trabajo porque realizan las tareas que antes elaboraban los oficiales y que consiste en participar en todo el proceso de queja. Desde que es recibida en la Sindicatura hasta que se publica en la web.

Estos puestos de asesores en el Síndic de Greuges han sido elegidos históricamente por un pacto entre PP y PSPV-PSOE. De hecho, muchos de los actuales ocupantes de los puestos han sido altos cargos de Gobiernos de ambos partidos o vinculados a los mismos. Se exige un título universitario para poder ocupar las plaza y, según fuentes del Síndic de Greuges, desde que Ángel Luna fue elegido al frente de la institución se intenta que todos sean funcionarios de carrera. Es el caso de la última incorporación, que llevaba 30 años trabajando en el Ayuntamiento de Elche.

Un acuerdo de la mayoría de las Corts Valencianes

Pero también es cierto que, cuando haya un nuevo acuerdo para el nuevo Síndic, la RPT permite la posibilidad de nombrar hasta 27 personas y no será necesario que sean funcionarios. Solo un acuerdo de la mayoría de las Corts Valencianes. En las funciones designadas para estos asesores, según la RPT, solo se refleja un escueto “funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”.

Los otros puestos de cargos eventuales elegidos a dedo son las personas que trabajan en las labores de secretaría del Síndic -con menores retribuciones al ser categoría C1-, el equipo de comunicación, el chófer y una técnica de Atención Ciudadana. Las plazas que se han sacado a concurso público son las de oficial de gestión, traducción o atención ciudadana. Los dos informáticos son puestos catalogados como laborales.

El actual Síndic, Ángel Luna, le ha dado un importante lavado de cara a la institución. Tanto en los años del Pacte del Botànic como ahora, ha incrementado el número de tramitaciones de quejas (hasta 3.500 en 2023), la mayoría sobre servicios sociales. La institución se renueva cada seis años, quedándole dos de mandato al actual titular.

El Síndic de Greuges, homólogo valenciano del Defensor del Pueblo, ha dictado una resolución en la que apremia a la Conselleria de Servicios Sociales, dirigida por la popular Susana Camarero, a agilizar el régimen de visitas de una menor tutelada con los dos padres que la acogieron durante cinco años, que actualmente ostentan la guarda preadoptiva de la hermana pequeña de la niña. Se trata del matrimonio homosexual que denunció la campaña de odio en redes sociales propiciada por la agitadora ultra Cristina Seguí a consecuencia de la cual tuvieron que abandonar su lugar de residencia. La Fiscalía y la acusación particular piden cuatro años y medio de prisión a Seguí, al borde del banquillo en esta causa, por tres presuntos delitos contra la intimidad, al considera que difundió datos en canales de extrema derecha que permiten identificar a la niña y lanzar “comentarios despreciativos” por la orientación sexual del matrimonio acogedor.

La hermana mayor, tras cinco años acogida por el matrimonio, fue entregada a sus abuelos maternos en cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Supremo (TS), dictada el 25 de octubre de 2023. Su hermana biológica, también en situación de desamparo, está actualmente acogida en guarda preadoptiva por el mismo matrimonio. La tutela de las menores ha estado inmersa en media docena de procedimientos judiciales impulsados por los abuelos paternos, incluyendo una querella contra la Conselleria de Igualdad.

Tras la ejecución de la sentencia del TS, que acordaba el acogimiento familiar permanente de la hermana mayor por parte de los abuelos maternos, los informes del Equipo de Intervención con Infancia y Adolescencia de un ayuntamiento y de una psiquiatra del Hospital La Fe de València desaconsejaron el inicio de las visitas con el matrimonio argumentando que se comprometía la estabilidad emocional de la niña y la consolidación del acogimiento.

Así, la Comisión de Adopción y Alternativas Familiares de la Generalitat Valenciana acordó el 27 de abril de 2023, por unanimidad, delegar la guarda con fines de adopción de la hermana pequeña en favor del matrimonio. El pasado 25 de enero, el mismo organismo propuso ampliar la adopción abierta a contactos con la hermana mayor y con un segundo hermano, en una visita mensual supervisada de dos horas en un Punto de Encuentro Familiar.

Sin embargo, el matrimonio que acogió a la hermana mayor durante un lustro planteó una queja ante el Síndic de Greuges para tratar de agilizar las visitas contempladas, al considerar que “se estaban vulnerando los derechos tanto de las menores como de ellos mismos”, según indica una resolución del organismo del pasado 14 de agosto.

El Síndic de Greuges sostiene que la conselleria que dirige la popular Susana Camarero no le dio cuenta de un informe y de un acuerdo de la comisión técnica de medidas de protección jurídica del menor para establecer las visitas con el matrimonio, “que no se habían llevado a cabo”, según recuerda.

En sus conclusiones de la investigación, el organismo dirigido por Ángel Luna advierte de que “no entra a valorar las actuaciones judiciales realizados en el caso y que motivaron el cese del acogimiento” de la hermana mayor con las personas promotoras de la queja.

Aunque los encuentros entre los tres hermanos se iniciaron el pasado 11 de junio, los anteriores acogedores de la hermana mayor, con la que convivieron “durante cinco años”, aún no la han visto.

La resolución considera que se están incumpliendo varios artículos de la ley autonómica de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia relativos a las relaciones con familiares y personas allegadas. También al derecho de la menor “a ser informada de su situación y a ser oída y escuchada en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté afectada”.

“Transcurridos más de seis meses desde que se produjo la separación entre la menor de edad objeto de esta queja y sus entonces acogedores, la niña no solo no ha tenido contacto alguno con ellos, sino que además desconoce que la intención de estos ha sido, desde el principio, de cumplir con la resolución judicial, pero sin romper la relación y el vínculo afectivo con ella”, afirma el Síndic de Greuges.

El organismo concluye que la Conselleria de Servicios Sociales “incumple” la obligación de garantizar el derecho de la menor a que se favorezca su “continuidad biográfica y a conocer sus orígenes y su historia personal”, tal como establece la legislación específica en la materia.

Los técnicos que desaconsejaron las visitas, recuerda la resolución, reconocieron que el matrimonio que la acogió durante un lustro (“la mayor parte de su vida”) eran “personas significativamente importantes” para la niña.

“El tiempo transcurrido desde que se produjo la separación de la menor de edad y sus antiguos acogedores, y el que reste hasta que se acuerde, en su caso, la programación de visitas, están poniendo en entredicho la necesaria agilidad en la toma de decisiones, teniendo en consideración el irreversible efecto del paso del tiempo en el desarrollo infantil, que debe primar en las políticas públicas de infancia y adolescencia, y que supone uno de sus principios rectores”, afirma el Síndic de Greuges.

El organismo también manifiesta que “sorprende” que la denegación oficial de las visitas se escude en el “actual clima de beligerancia entre los solicitantes y los abuelos y actuales acogedores de la menor” sin que la Conselleria de Asuntos Sociales señale si “está mediando ante esta presunta situación para que se resuelvan las discrepancias”.

La resolución, además de recordarle al departamento autonómico varias obligaciones legales, recomienda que las decisiones que afecten a la infancia y adolescencia “se adopten de forma colegiada, interdisciplinar y con la necesaria agilidad”. También sugiere que se convoque “a la mayor brevedad posible” la comisión que debe acordar el régimen de visitas entre la familia promotora de la queja y la menor de la que fueron acogedores para que “pueda iniciarse sin más dilación y en condiciones acordes a la relevancia de la relación previa entre ellos”.

“Recomendamos que se conteste de manera clara, directa, completa y motivada a la siguiente pregunta formulada con fecha 6/3/2024 sobre la compatibilidad de la alcaldesa con el ejercicio de una actividad privada: ¿Cuántas horas de docencia, del total para las que tiene concedida la declaración de compatibilidad la señora alcaldesa, ha consumido desde el inicio del curso académico 2023-2024 a los efectos de verificar que efectivamente cumple los requisitos fijados en la mencionada autorización?”. El Síndic de Greuges, Ángel Luna, se pronuncia en estos términos en la resolución publicada el pasado 25 de junio (documento completo al final de la información) en respuesta a una queja planteada por la concejala de Compromís Eva Coscollá, al considerar que se habían vulnerado sus derechos a la obtención de información al haber dirigido la mencionada pregunta a alcaldía sin haber obtenido la información requerida.

La pregunta pretende fiscalizar si la alcaldesa de València, María José Catalá, con una compatibilidad en vigor para dar clases en la Universidad Internacional de València (VIU) que privatizó en su etapa como consellera de Educación, cumple con las horas de docencia que tiene autorizadas según esa compatibilidad que le permite mantener el 100% de su sueldo como primera edil.

Ante esa situación, Coscollá se dirigió al Síndic que ha reconocido su derecho a obtener los datos solicitados, en contra del criterio de los servicios jurídicos municipales: “Esta institución, dicho sea con todos los respetos, no comparte la interpretación municipal mantenida en el sentido de que el recurso de amparo no cabe en el caso de las preguntas porque están reguladas en otro capítulo del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) diferente al capítulo I del título I, concretamente, en el capítulo II del título VII. Hay que tener en cuenta que las preguntas, además de perseguir otras finalidades, también pueden tener por objeto acceder a la información pública. Dicho en otras palabras, que el derecho de información reconocido a los cargos electos en el artículo 11 del ROP también puede ser ejercido a través de las preguntas, no solo mediante la presentación de solicitudes de acceso”.

Por este motivo, el defensor del pueblo valenciano recomienda también que, “de conformidad con el principio que consiste en efectuar una interpretación favorable al ejercicio de los derechos fundamentales, el derecho de amparo de la alcaldía tutele y proteja el derecho de información de lo concejales ejercido a través de la presentación de solicitudes o de preguntas cuando en estas se solicitan datos e informaciones preexistentes”.

“Lealtad con las instituciones”

La concejala de Compromís Eva Coscollà espera que “esta vez por fin la alcaldesa sea leal con las instituciones y ejerza sus funciones con respeto y responsabilidad y conteste de manera clara, directa, completa, y motivadamente, a la pregunta que formulamos en su momento y que ha sido ignorada hasta ahora, sobre la compatibilidad que tiene concedida para el ejercicio de la docencia como profesora de la Universidad Internacional Valenciana (VIU)”.

Según Coscollà, “simplemente tiene que comunicar cuántas horas ha consumido del crédito de horas de docencia en la universidad que privatizó cuando era consellera de Educación y para las cuales tiene concedida la compatibilidad por parte del Ayuntamiento. Es muy sencillo, son unos datos concretos que a buen seguro constan en el expediente administrativo y que son necesarios para garantizar el correcto cumplimiento de la ley”.

La concejala de Compromís ha considerado que “esta actitud no haría más que asimilar a la señora Català con la actitud contumaz que viene practicando el portavoz municipal de Vox, Juan Manuel Badenas, y sus contestaciones a una institución estatutaria como es la Sindicatura de Greuges”. Y ha añadido: “Desde Compromís confiamos en que todavía quede un pequeño margen de diferencia con su socio ultraderechista”.

Desde la coalición valencianista no entienden el “encabezonamiento de la alcaldesa, que está torciendo y forzando toda la maquinaria administrativa del Ayuntamiento, para negar una información a la cual la ciudadanía tiene derecho a acceder y que, de una manera u otra, se llegará a saber”, ha dicho Coscollà.

Catalá siempre ha evitado hacer público su sueldo como profesora de la VIU, más allá de remitirse a lo publicado por este medio en relación a los 7.300 euros que cobran otros profesores con su misma dedicación.

Como informó este diario, como consellera de Educación en 2013, Catalá vendió el 70% de la VIU por cuatro millones de euros tras haber invertido el Consell desde su creación 34 millones de euros y su valor se multiplicó a los pocos días de seleccionar la oferta del grupo Planeta Planeta tras aprobar la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca) nuevas titulaciones.

“Recomendamos al Ayuntamiento de València que se adopten todas las medidas que haga falta para dejar sin efecto la modificación de los estatutos de la Fundación València Activa, teniendo en cuenta la grave y específica situación de desigualdad en que se encuentran las mujeres respecto de los hombres en el mercado laboral, que mantenga como objetivo específico de la Fundación la redacción estatutaria anterior a la modificación (promover y facilitar la igualdad de oportunidades para el acceso de la mujer al mercado laboral) y que respeto el uso no sexista del lenguaje”.

El Síndic de Greuges se muestra así de contundente (documento completo al final de la información) en respuesta a la queja planteada por Compromís tras la modificación de los estatutos de la fundación València Activa. El patronato de la entidad que depende del área de Empleo y Formación que dirige el segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, y que preside la alcaldesa María José Catalá, aprobó el pasado mes de marzo con el voto en contra de sindicatos y patronal y haciendo uso del voto de calidad la modificación de un artículo para eliminar el término “mujer” quedando de la siguiente forma: “Promover y facilitar la igualdad de oportunidades para el acceso de todas las personas al mercado laboral”.

La portavoz de la formación valencianista Papi Robles junto con la concejala Lucía Beamud, han dado a conocer la resolución del Síndic de Greuges, que han calificado de “demoledora”. De hecho, Robles ha destacado que “el informe del Síndic pone de relieve la vergonzosa y posiblemente acción prevaricadora de este gobierno contra la igualdad entre hombres y mujeres”.

En su resolución, el Síndic nombra hasta seis leyes o acuerdos que se han vulnerado como la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, ley valenciana para la igualdad entre mujeres y hombres, hasta tres sentencias del Constitucional, el Reglamento Municipal para el Uso no Sexista del Lenguaje o el Plan Marco de Igualdad entre mujeres y hombres aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.

También arremete contra el Gobierno municipal y la Conselleria de Justicia, que aceptó este cambio de estatutos, por ignorar todos los informes sobre desigualdad laboral. Señala expresamente que “el Ayuntamiento de València guarda silencio en relación a los cambios producidos en el mercado de trabajo sobre la desigualdad entre las mujeres y los hombres porque esos cambios, en realidad, no existen. Las mujeres siguen sufriendo una grave desigualdad en el mercado de trabajo”.

En este sentido, la concejala Lucía Beamud asegura que “el Ayuntamiento de València no ha podido facilitar al Síndic de Greuges ningún informe que justifique estos cambios en los estatutos de València Activa que dejan a las mujeres valencianas desprotegidas y nos abocan a la temporalidad y la precariedad porque no existen datos objetivos que lo justifican”. Por eso, considera que se trata de una cuestión ideológica, “María José Català y la consellera de Justicia han vulnerado la ley y lo han hecho deliberadamente, como así lo ha demostrado la resolución de la sindicatura”.

Entre las recomendaciones, el Síndic insta al Ayuntamiento a que “se impulse el procedimiento de elaboración de una guía de uso no sexista del lenguaje y las imágenes por parte de la Fundación València Activa para su aplicación durante este año 2024”.

El Ayuntamiento de Valencia está obligado a responder por escrito en un plazo no superior a un mes, y esa respuesta, como indica la sindicatura, “tendrá que manifestar, de forma inequívoca, su posicionamiento respecto a las recomendaciones o sugerencias contenidos en la presente resolución”.

Ante todo esto y con esta resolución del Síndic en mano, la portavoz de Compromís Papi Robles ha anunciado que “denunciaremos esta modificación estatutaria ante la Fiscalía”. Para Robles, “este gobierno misógino vive obsesionado con que las mujeres no conseguimos ni un derecho más y quitarnos todo lo que hemos conseguido” y advierte que “no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.

Críticas del PSPV

El concejal socialista Javier Mateo ha exigido a Catalá que actúe “de una vez por todas” contra el borrado de las mujeres en las políticas de empleo en vez de tratar de engañar a los valencianos y valencianas. “Al final, ha tenido que venir el Síndic de Greuges a exigirle que corrija el borrado de las políticas activas de empleo para la mujer en los estatutos de València Activa ante su inacción. Ha intentado engañar a todo el mundo asegurando que no se estaba eliminando ninguna de las políticas activas de empleo para la mujer, pero no ha conseguido que el Síndic caiga en sus trampas”, ha manifestado tras conocer su resolución en la que le exige que recupere los estatutos de la Fundación València Activa del gobierno progresista.

“Como venimos denunciando de manera reiterada los socialistas en el Ayuntamiento de València, la señora Catalá gobierna en contra de las mujeres también en materia laboral. Venimos denunciando el borrado sistemático de las mujeres en las políticas activas de empleo e incluso de los propios estatutos de la Fundación València Activa. Un borrado que celebraron sus socios ultra el vísperas del 8 de marzo con la complicidad de Catalá, que no puso ni un reparo”, ha apuntado Mateo.

El concejal socialista ha considerado la resolución del Síndic de Greuges de “nuevo rapapolvo para la señora Catalá porque le advierte de que debe dejar sin efecto aquel acuerdo de sus socios ultra y recuperar las políticas de empleo a favor de la mujer y a favor de la igualdad”.

No es extraño que el Síndic de Greuges, Ángel Luna, sea crítico con la Administración Pública autonómica. Lo lleva siendo desde que es el máximo representante de la institución, en 2019. Pero este miércoles ha sido la primera vez que el Pleno de las Corts Valencianes escuchaba una intervención del defensor del pueblo valenciano, y todas las formaciones han recibido un buen rapapolvo.

Luna, que fue portavoz socialista y lleva en la institución estatutaria desde 2014, no se ha cansado en repetir desde entonces que la administración autonómica y local necesita ser más ágil, que tiene obligación legal de responder a las consultas y reclamaciones de los ciudadanos y que los sistemas de prestaciones públicas y servicios sociales necesitan una revisión. En su comparecencia de este miércoles, en pleno y no en comisión a raíz de una modificación en la ley de la institución, el defensor del pueblo, que ha presentado su memoria anual de gestión, ha insistido en que los ciudadanos necesitan una respuesta de las instituciones.

Pese a la ausencia de los consellers -ninguno de los diez se encontraba presente-, Luna ha recriminado a la Generalitat Valenciana el sistema “absolutamente burocratizado” de atención a personas en situación de vulnerabilidad que “está llevando al colapso a los servicios municipales” en la valoración del grado de dependencia y de discapacidad o en la tramitación de la renta valenciana de inclusión.

“El lunes vi con envidia la presentación del plan Simplifica para la actividad económica. ¿Para cuándo un plan Simplifica en servicios sociales para resolver los problemas de los ciudadanos más vulnerables? Podría estar bien que alguien que merece una declaración de discapacidad la tenga lo antes posible”, planteó a los diputados. La complejidad de los trámites y la lentitud “desespera a los ciudadanos” y “nadie asume la responsabilidad del problema”, mientras los funcionarios “se pasan la vida rellenando formularios y llevando papeles de un sitio a otro”, sin poder centrarse en su trabajo de valoración de expedientes.

El defensor del pueblo apunta a otras carencias, como el torpedeo entre administraciones públicas de distinto signo político, que se pasan la pelota unas a otras sobre cuestiones competenciales y se encallan en la crítica recíproca. “Me preocupa la polarización”, ha dicho, para reflexionar: “Hemos hecho un Estado compuesto y necesitamos grupos políticos capaces de colaborar, estén donde estén. Si no, los temas que están a caballo entre distintas administraciones están llamados al fracaso”.

Luna también ha puesto el foco en las denuncias por falta de acceso a la información de los representantes de la oposición. Según ha enunciado, las quejas por opacidad han crecido un 60% en un año, desde las pasadas elecciones municipales. En Ayuntamientos como el de València, la institución considera que alcaldía vulnera sus derechos al reducir su capacidad de control a la oposición. “Los concejales de la oposición tienen derecho a acceder a la información”, algo que lleva cuatro años reclamando, además de una reforma de la ley de régimen local. “Es necesaria una ley de buena administración para que funcione mejor”, ha instado.

También considera especialmente grave la falta de respuesta de los ayuntamientos a los ciudadanos y a las propias quejas del Síndic. “La mitad de las quejas que recibimos tienen un problema de fondo, pero pasan meses y años y los ciudadanos no saben nada de su escrito; si se está tramitando o no”, afea, al tiempo que ha retado a los diputados a hacer comparecer a los alcaldes que ejercen el mutismo. Entre ellos, está el Ayuntamiento de Benidorm, Cheste, Montcada y Benaguacil. De manera contundente, el portavoz ha reclamado a los diputados tomarse en serio su trabajo. Y ha concluido: “Es la muerte de la democracia si no sabemos respetar las reglas”.

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha denunciado que la administración pública sigue siendo un “territorio hostil” para el ciudadano y ha alertado de que no se ha notado “ningún cambio significativo” en este 2023 en el que ha habido un nuevo gobierno al frente de la Generalitat Valenciana. Sí ha advertido Luna de los “retrocesos” en materia de transparencia en ayuntamientos tras las elecciones municipales.

Así lo ha manifestado el síndic en declaraciones tras la presentación de su Informe Anual 2023 en las Corts, donde ha destacado los casos de consistorios como València, Benidorm, Sant Joan d'Alacant, Cheste o Moncada, en los que los grupos de la oposición refieren falta de acceso a documentación. “Evidentemente somos conscientes de que la polarización política puede estar detrás de estos comportamientos pero no se justifica”, ha añadido.

El síndic, asimismo, ha criticado las “preocupantes” limitaciones del acceso a documentos que sufren los concejales de los grupos de la oposición, y ha criticado que se asiste a “excusas de todo tipo, desde problemas de aplicaciones informáticas, pasando por las socorridas referencias a la protección de datos y terminando por interpretaciones artificiosas de los reglamentos locales”.

Sin embargo, Luna ha señalado que estas excusas “no valen”. “Facilitar el acceso a la información a los cargos públicos de la oposición no exige ni medios ni esfuerzo, simplemente es cuestión de voluntad política”.

Menos colaboración en la administración local

Las entidades locales, según el síndic, colaboran menos que los departamentos del Consell y lo hacen solo en un 64,9% de los casos, frente al 78,44% de las consellerias. Dentro del Consell, al que se dirigieron 1.758 quejas, es la de Igualdad (tanto con el Botànic como con el PP y Vox) la que más recibe.

En concreto, el informe desglosa las quejas entre el 1 de enero y el 17 de julio, cuando gobernaba el Botànic; y del 17 de julio al 31 de diciembre, con el nuevo Consell de PP y Vox. Tanto la antigua Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas como la actual de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda son las que más quejas han recibido con 644 la primera y 544 la segunda.

Mientras Aitana Mas dirigía el departamento, se colaboró en 558 de las 644 quejas y no se hizo en 86. Con Susana Camarero al frente se atendieron 370 quejas y no se colaboró en 174. Además, es el único departamento que aparece como “administración obstaculizadora” de la acción del síndic, tanto con una como con otra consellera.

Luna ha explicado que, como ya se advirtió en 2022, el departamento bajo Aitana Mas se oponía a trasladar al síndic las actas de las inspecciones de los centros de menores, mientras que tras la llegada de Susana Camarero se comenzó con la misma dinámica, aunque ahora se está revertiendo.

Queja de oficio

El síndic abrirá una queja de oficio a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda si continúan aumentando las listas de espera en el mes de marzo, ya que considera que su incremento está “injustificado” tras elevarse de 13.342 personas en julio de 2023 a 18.580 en enero de 2024. Luna ha mostrado preocupación por este incremento, que ha calificado de “inquietante”, así como “exagerado e injustificado”, aunque ha abogado por esperar al dato de marzo para decidir si abrirá queja de oficio o no.

Esta situación, que se remonta a más de una década atrás, ha provocado que esta institución investigara el tema de oficio, además de las numerosas quejas y consultas que hemos recibido a instancias de parte. “Lejos de haberse reducido el problema, su incidencia se ha incrementado en los últimos meses”, ha manifestado.

Los recordatorios legales del síndic para las solicitudes de reconocimiento de grado de discapacidad, que la Administración está obligada a resolver en un plazo de tres meses por tratarse de un procedimiento declarado de emergencia ciudadana, “caen reiteradamente en saco roto”.

Además, continúan sin dotarse de los recursos materiales, económicos y personales a los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad. Especialmente, destaca la situación extraordinaria que sufre el Centro de Valoración de Alicante, con una demora media superior al año.

Centros de menores

El síndic se ha mostrado contundente a la hora de remarcar “la realidad en que se encuentran los recursos materiales y humanos de la mayoría de los centros de niños, niñas y adolescentes; el impago a las entidades que los gestionan; el hacinamiento de los menores migrantes; las carencias en el sistema de salud mental o en las plazas disponibles para el acogimiento familiar en sus distintas modalidades; así como la gestión de las necesidades y expectativas de las familias adoptivas y acogedoras” que “constituyen una muestra de hasta qué punto están siendo omitidos derechos, principios y garantías de la infancia”.

Este estado de cosas “sólo puede ser calificado como alarmante y exige la inmediata puesta en marcha de medidas urgentes y eficaces”, ha manifestado. Por todo ello, resulta “aún más decepcionante” comprobar que el informe de impacto en la infancia y adolescencia que acompaña a los Presupuestos del 2024, “no cuantifica ni precisa soluciones tangibles a las carencias de medios materiales y humanos” o a la “acumulación de tareas”, con las que “tantas veces nos responde la Administración para justificar las negligencias que le advertimos”.

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha denunciat que l’Administració pública continua sent un “territori hostil” per al ciutadà i ha alertat que no s’ha notat “cap canvi significatiu” aquest 2023 en què hi ha hagut un nou govern al capdavant de la Generalitat Valenciana. Sí que ha advertit Luna dels “retrocessos” en matèria de transparència en ajuntaments després de les eleccions municipals.

Així ho ha manifestat el síndic en declaracions després de la presentació del seu Informe Anual 2023 en les Corts, on ha destacat els casos de consistoris com València, Benidorm, Sant Joan d’Alacant, Xest o Montcada, en què els grups de l’oposició refereixen falta d’accés a documentació. “Evidentment, som conscients que la polarització política pot estar darrere d’aquests comportaments, però no es justifica”, ha afegit.

El síndic, així mateix, ha criticat les “preocupants” limitacions de l’accés a documents que pateixen els regidors dels grups de l’oposició, i ha criticat que s’assisteix a “excuses de tota mena, des de problemes d’aplicacions informàtiques, passant per les socorregudes referències a la protecció de dades i acabant per interpretacions artificioses dels reglaments locals”.

No obstant això, Luna ha assenyalat que aquestes excuses “no valen”. “Facilitar l’accés a la informació als càrrecs públics de l’oposició no exigeix ni mitjans ni esforç, simplement és qüestió de voluntat política”.

Menys col·laboració en l’Administració local

Les entitats locals, segons el síndic, col·laboren menys que els departaments del Consell i ho fan només en un 64,9% dels casos, davant del 78,44% de les conselleries. Dins del Consell, a què es van dirigir 1.758 queixes, és la d’Igualtat (tant amb el Botànic com amb el PP i Vox) la que més en rep.

En concret, l’informe desglossa les queixes entre l’1 de gener i el 17 de juliol, quan governava el Botànic, i del 17 de juliol al 31 de desembre, amb el nou Consell del PP i Vox. Tant l’antiga Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives com l’actual de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge són les que més queixes han rebut, amb 644 la primera i 544 la segona.

Mentre Aitana Mas dirigia el departament, es va col·laborar en 558 de les 644 queixes i no es va fer en 86. Amb Susana Camarero al capdavant, es van atendre 370 queixes i no es va col·laborar en 174. A més, és l’únic departament que figura com a “Administració obstaculitzadora” de l’acció del síndic, tant amb una consellera com amb l’altra.

Luna ha explicat que, com ja es va advertir el 2022, el departament sota Aitana Mas s’oposava a traslladar al síndic les actes de les inspeccions dels centres de menors, mentre que després de l’arribada de Susana Camarero es va començar amb la mateixa dinàmica, encara que ara va revertint-se.

Queixa d’ofici

El síndic obrirà una queixa d’ofici a la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge si continuen augmentant les llistes d’espera el mes de març, ja que considera que el seu increment està “injustificat” després d’elevar-se de 13.342 persones el juliol del 2023 a 18.580 el gener del 2024. Luna ha mostrat preocupació per aquest increment, que ha qualificat d’“inquietant”, així com “exagerat i injustificat”, encara que ha advocat per esperar a la dada de març per a decidir si obrirà queixa d’ofici o no.

Aquesta situació, que es remunta a més d’una dècada arrere, ha provocat que aquesta institució investigara el tema d’ofici, a més de les nombroses queixes i consultes que hem rebut a instàncies de part. “Lluny d’haver-se reduït el problema, la seua incidència s’ha incrementat en els últims mesos”, ha manifestat.

Els recordatoris legals del síndic per a les sol·licituds de reconeixement de grau de discapacitat, que l’Administració està obligada a resoldre en un termini de tres mesos per tractar-se d’un procediment declarat d’emergència ciutadana, “cauen reiteradament en sac foradat”.

A més, continuen sense dotar-se dels recursos materials, econòmics i personals els Centres de Valoració i Orientació de la Discapacitat. Especialment, destaca la situació extraordinària que pateix el Centre de Valoració d’Alacant, amb una demora mitjana superior a un any.

Centres de menors

El síndic s’ha mostrat contundent a l’hora de remarcar “la realitat en què es troben els recursos materials i humans de la major part dels centres de xiquets, xiquetes i adolescents, l’impagament a les entitats que els gestionen, l’amuntegament dels menors migrants, les mancances en el sistema de salut mental o en les places disponibles per a l’acolliment familiar en les diferents modalitats, així com la gestió de les necessitats i les expectatives de les famílies adoptives i acollidores”, que “constitueixen una mostra de fins a quin punt s’ometen drets, principis i garanties de la infància”.

Aquest estat de coses “només pot qualificar-se d’alarmant i exigeix la posada en marxa immediata de mesures urgents i eficaces”, ha manifestat. Per tot això, resulta “encara més decebedor” comprovar que l’informe d’impacte en la infància i l’adolescència que acompanya els pressupostos del 2024 “no quantifica ni precisa solucions tangibles a les mancances de mitjans materials i humans” o a l’“acumulació de tasques”, amb què “tantes vegades ens respon l’Administració per a justificar les negligències de què l’advertim”.

La figura del Síndic de Greuges es un tesoro que tenemos en Catalunya. Por supuesto, no se trata de una institución única, más bien al contrario: forma parte de un amplio acervo de ombudsman, defensorías de derechos humanos que velan por el buen funcionamiento de la administración y el bienestar de las personas en todo el mundo. Naciones Unidas las denomina “Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH)”, apostilla que “desempeñan una función esencial en la promoción y el seguimiento de la aplicación eficaz de la normativa internacional de derechos humanos en el plano nacional” y se rigen por los Principios de París. Sin embargo, su existencia a nivel regional y local no está tan extendida. Incluso podemos decir que no son pocos los lugares cuya presencia es desconocida o sus actuaciones pasan desapercibidas. No es el caso de Catalunya, donde los dieciocho años de Rafael Ribó en el ejercicio del cargo han sido sumamente prolíficos, con informes y declaraciones relevantes para la agenda política y social.

En España, más allá del Defensor del Pueblo a nivel estatal –reglado por el artículo 54 CE–, contamos con nueve instituciones autonómicas de esta índole en la actualidad. Cabe tener en cuenta que en 2013 se suprimieron, por razones de austeridad y “eficiencia administrativa”, los defensores del pueblo de Castilla la Mancha y de La Rioja, y que hace un año Vox promovió –sin éxito– la supresión de la figura andaluza. A nivel local, existen también defensorías y sindicaturas locales, agrupadas en el Fòrum de Síndics i Defensories Locals (con 41 sindicaturas de Catalunya y 6 del resto del Estado), con una alta implicación y posicionamiento a favor de los derechos humanos desde el municipalismo.

El pasado 31 de mayo, Ribó impartió una conferencia sobre “el estado de los derechos en Catalunya”. A este acto de cierre del mandato asistió una curiosa amalgama de entidades y movimientos sociales, personalidades de la política institucional, periodistas y cargos públicos, símbolo del importante rol que el Síndic ha tenido durante este tiempo. Ciertamente, el final de su mandato no ha estado exento de polémica: por un lado, por su firme apoyo al derecho a la autodeterminación de Catalunya, cuya voz ha resonado a nivel internacional y hasta en Naciones Unidas. Por otro lado, por la dificultad para conseguir un relevo institucional: ha tenido que permanecer durante casi tres años en el cargo con el mandato expirado, consecuencia del desacuerdo político entre los grupos parlamentarios que lo eligen. 

Sin embargo, para las personas que trabajamos en los derechos humanos, hay un tercer elemento que es clave en su cierre de mandato y que el Síndic no pierde ocasión de enarbolar: la conformación de la Estructura de Derechos Humanos de Catalunya, en 2017, con una amplia representación de entidades sociales y expertos/as. La tarea principal de dicha Estructura fue la creación del Plan de Derechos Humanos de Catalunya: un documento ambicioso e innovador, aprobado en diciembre de 2019 tras un vasto proceso de participación social. Con tal de que dicho plan no se quede en un cajón,  desde la propia Estructura se ha apostado por la elaboración de indicadores para cada uno de los objetivos que permitan evaluar el grado de implementación del mismo. 

Ahora bien, estos primeros pasos tan valiosos mermarán mucho su capacidad de incidencia si las instituciones públicas no se toman en serio la difusión del Plan y su seguimiento. Publicitar la existencia del Plan de Derechos Humanos y realizar una campaña en medios de comunicación sobre el avanzado marco de defensa de los derechos de la ciudadanía es, a día de hoy, una tarea pendiente por parte del gobierno catalán. Mientras tanto, a nivel estatal, el Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes y Memoria Democrática está elaborando el II Plan Nacional de Derechos Humanos, tras diez años de inexplicable vacancia desde que caducó el anterior (2008-2012).

Parece que, por un lado, los derechos humanos importen poco, y es necesario el impulso de la sociedad civil para la aprobación de planes y su seguimiento. Sin embargo, por otro lado, el nombramiento de aquellas personas que tienen que velar por su cumplimiento acostumbra a generar importantes disputas. Recientemente, así sucedió con el Defensor del Pueblo estatal, nombrado Ángel Gabilondo con cuatro años de retraso, con la Sindicatura local de la ciudad de Barcelona o con el dilatado relevo de Rafael Ribó, y basta ver la mencionada propuesta de Vox para Andalucía. En un contexto de guerra, crisis económica y ascenso de la ultraderecha, los próximos años serán clave para consolidar nuestras estructuras de derechos humanos. Esta tarea, si bien debe nutrirse del trabajo conjunto con entidades y organizaciones, no puede depender de su insistencia, capacidad y buena voluntad: es urgente fortalecer las INDH a nivel estatal, autonómico y local y desplegar los planes con una financiación adecuada, tal y como ha recomendado en múltiples ocasiones Naciones Unidas.

Nuevo acuerdo parlamentario entre el PSC y los dos partidos del Govern, ERC y Junts, sobre los órganos y cargos vinculados a la Cámara. Las tres formaciones han registrado este martes tres proposiciones de ley para reducir y limitar los mandatos del Síndic de Greuges (defensor del pueblo), de los miembros del Consejo de Garantías y del director de la Oficina Antifraude, que pasarán de tener un periodo de ejercicio de 9 años a uno de 6 y que, además, no podrán ser reelegidos para el mismo puesto. Estas medidas se llevarán a cabo mediante la modificación de los artículos correspondientes de las leyes de cada organismo.

Este acuerdo está estrechamente vinculado al que ya suscribieron en diciembre los tres partidos para renovar los organismos caducados, un pacto incluyó también el nombramiento de la nueva cúpula de TV3 y Catalunya Ràdio, nombrada la semana pasada. Pero, para que los nuevos cargos del Síndic y Garantias comenzasen su andadura con estas nuevas reglas, el Parlament debía acometer las reformas legales antes de su nombramiento en firme, que es lo que ahora se lleva a la Cámara. Los partidos prevén aprobarlo por lectura única en las próximas sesiones.

Pese a que el documento consensuado entonces ya abría la puerta a una reducción de mandatos, hasta ahora no se había concretado la duración del periodo de validez de los cargos y tampoco la prohibición de renovar los periodos más allá del primero. El pacto actual impedirá por ejemplo situaciones como la que vivió el Síndic de Greuges, a cuyo frente se ha situado Rafael Ribó desde 2004, los últimos tres años ya con el mandato caducado.

En el caso de Garanties, como estos cambios afectarían a sus nueve miembros, algunos de los cuales tienen el mandato vigente, la reforma legal establece cómo deben renovarse, una vez acaben su periodo legal. Además, se dispone que haya tres miembros que de forma excepcional alarguen su mandato tres años más, para que el ente no se renueve completamente si no que continúen haciéndose por tercios.

Para el director de la Oficina Antifraude se establece lo mismo que para el Síndic: una reducción de mandato, de nueve a seis años. Con todo, el actual titular, Miguel Ángel Gimeno, fue elegido en 2016, por lo que tiene mandato legal hasta 2025, que no será modificado de forma retroactiva por esta norma. Será el siguiente designado, por tanto, quien comience con el mandato de 6 años que se acuerda ahora.

La vicepresidenta y titular de Igualdad del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha solicitado comparecer en el Parlamento autonómico para explicar el informe sobre abusos a menores tutelados en centros de acogida, centros socioeducativos y en régimen de acogimiento familiar en la Comunitat Valenciana. La también portavoz del Gobierno autonómico ha remitido un escrito a las Corts Valencianes, que decidirán este martes la fecha de su comparecencia en la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que opera cuando no hay periodo de sesiones ordinario.

La solicitud de comparecencia se enmarca en la campaña iniciada por el PP a raíz de un documento del Síndic de Greuges, el equivalente valenciano al defensor del pueblo, sobre abusos en menores tutelados, en respuesta a una queja del propio PP sobre la falta de protocolos de detección. El informe, elaborado con los documentos de la Conselleria de Igualdad y a los que el PP ha tenido acceso, señala que el Gobierno autonómico ha detectado en el último año 175 casos con sospecha de violencia sexual en menores sobre los que existe alguna medida de protección. Tanto el dirigente del partido en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, como el dirigente nacional, Pablo Casado, han exigido a Ximo Puig y Pedro Sánchez “depurar” responsabilidades en el Gobierno valenciano y su portavoz en las Corts Valencianes, Maria José Catalá, considera que la gestión “se ha convertido en un escándalo” porque “el 72% [de los menores víctimas] estaban en acogimiento residencial”. Los populares asocian estos casos detectados con la condena a un educador, exmarido de la vicepresidenta, por abusar de una menor tutelada en 2017 y desde el PSPV cargan contra el “uso partidista” de los casos.

El documento del Síndic de Greuges, que es el exdiputado socialista Ángel Luna, resume la información que el departamento de Oltra facilitó ante los requerimientos de la institución. De los datos recabados por los servicios de protección de menores se desprende que la mitad de los abusos a menores tutelados se han producido por personas con algún parentesco con la víctima, que más de la mitad de los presuntos agresores son mayores de edad y que ningún presunto agresor es un profesional del sistema de protección. En concreto, en 145 casos se investiga a personas ajenas al sistema y en 26 de ellos se desconoce; mientras que en cuatro se investiga a profesionales de centro educativo, actividades de ocio y relacionados.

El documento del Síndic, anexo a la resolución que responde a la petición del PP, subraya que “el 9,7% de los casos notificados se produjeron en el interior del centro residencial, mientras que el 42,7% se produjeron en el domicilio familiar de la víctima”. El texto remitido por la conselleria de Oltra indica expresamente que, en los detectados en un centro “todos los casos acaecidos han sido provenientes de otras personas menores de edad residentes”.

El informe de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, al que ha tenido acceso elDiario.es, recalca que las derivaciones realizadas incluyen diferentes causas. “Además de posibles agresiones sexuales se han realizado derivaciones por situaciones de abuso sexual (acoso sexual, tocamientos y conductas sexuales inadecuadas)”, que también se derivan a valoración psicológica, aunque no sean delictivos. El informe del Síndic recoge este dato señalando que “la diversidad de formas en las que se producen estos abusos ha ido diversificando”, y cita la difusión de contenido sexual de terceros sin consentimiento y el grooming -acoso que implica el contacto entre un adulto y un menor para involucrar al segundo en actos sexuales-. Tanto el informe de Luna como el del departamento de Oltra señalan que existen casos contabilizados que responden a “conductas sexuales inadecuadas no delictivas” y que, en los casos en los que el supuesto agresor es menor de 14 años -y por tanto inimputable- también se han trasladado a Fiscalía. En concreto, se han interpuesto 118 denuncias judiciales de los 175 casos detectados y trasladados a la Fiscalía.

Transparencia en la publicación de datos

En 2020 Igualdad estableció la obligatoriedad de contar con una base de datos específica que recoja aquellos relativos a denuncias y procedimientos abiertos relacionados con violencia sexual a menores con medidas de protección, de los 4.000 menores bajo tutela pública en la Comunitat Valenciana. Los recursos de infancia y adolescencia están obligados a comunicar expresamente desde febrero de 2020 “cualquier comunicación que haga el niño o niña de haber sufrido algún tipo de abuso o agresión”, sean estos hechos “cometidos o sufridos” en el hogar, residencia, unidad externa o fuera del recurso, “por parte de las personas menores de edad acogidas o jóvenes atendidas, del que se tenga conocimiento por cualquier medio” y que afecten directamente a las personas acogidas o atendidas por el sistema público. El documento destaca una serie de actividades e información facilitada a los propios menores para que sean conscientes de sus derechos y de los recursos disponibles si sufren o conocen algún abuso o agresión.

Los abusos sexuales a menores tutelados se han convertido en una pugna política en las distintas autonomías. Los populares cargan duramente contra los gobiernos de coalición liderados por el PSOE en Baleares y en la Comunitat Valenciana -en este caso, un departamento de titularidad de Compromís-, mientras que, en el caso de la red de explotación de menores en la Comunidad de Madrid, la formación ha pedido que la investigación se trate con respeto, recordando que los menores tutelados son personas de una vulnerabilidad extrema.

El síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, ha advertido formalmente al alcalde de Oliva, David Gonzàlez (Compromís), que si en el plazo de 10 días no remite el informe que le ha solicitado tres veces acudirá a Fiscalía por “desobediencia”.

El requerimiento en cuestión se refiere al realizado por un vecino de Oliva que se dirigió al síndic en septiembre de 2019 afirmando que el Ayuntamiento de Oliva no le contestaba a un escrito en el que le pedía que cumpliera una sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo de 2018, que obliga al cese de estacionamiento de camiones trailers en una parcela.

En su queja el vecino señalaba que, a pesar del tiempo transcurrido desde la fecha de presentación del citado escrito, no había recibido ninguna respuesta, motivo por el que solicitó la intervención del Síndic. Des este modo desde la sindicatura se señala que el pasado 17 de septiembre el Síndic solicitó al Consistorio un informe de la situación. Y se repitió la situación, ninguna respuesta, a lo que el Síndic reiteró el requerimiento el 23 de octubre y el 28 de noviembre, obteniendo la misma falta de respuesta.

Ante esta situación, el pasado 18 de febrero el Síndic envió una carta certificada con acuse de recibo dirigida al alcalde de Oliva para comunicarle que, si transcurridos 10 días hábiles no remite el informe solicitado, su falta de respuesta se declarará actitud obstaculizadora de la investigación de esta institución y se remitirá al Ministerio Fiscal.

El Alto Comisionado recuerda que ya anunció que llevaría ante el Ministerio Fiscal a las autoridades que no respondan reiterademente a sus peticiones de información, entorpeciendo así su labor de investigación en defensa de los derechos de los ciudadanos. Así el Síndic suraya que el Código Penal señala que será castigado como “reo del delito de desobediencia” la autoridad que obstaculice la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que estos soliciten.