“Si la mesa decide que tiene que llevarlo a Fiscalía tiene el apoyo del grupo parlamentario Vox”. Así se ha pronunciado este miércoles el portavoz del partido de extrema derecha en las Corts, José María Llanos, en relación con el informe jurídico de los letrados del parlamento valenciano en el que se plantean varias medidas que se podrían aplicar contra las profesoras que fueron expulsados en la última sesión de control del pasado 21 de mayo por protestar y lanzar billetes de 200 euros con la cara del presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca. Mientras se les expulsó de la zona de invitados sin que opusieran resistencia, uno de ellos lanzó un chaleco al hemiciclo.

Tanto Vox como el PP, con mayoría en la mesa, tendrán la última palabra sobre las medidas disciplinarias que se adoptarán, entre ellas, poner una denuncia en la Fiscalía. Sin embargo, a preguntas de los medios, la portavoz adjunta del grupo popular, Nieves Martínez, no ha querido pronunciarse sobre la decisión que adoptarán en la próxima reunión de la Mesa prevista para la semana que viene: “En estos momentos desconocemos el contenido del informe jurídico por lo que no podemos pronunciarnos”, ha explicado.

Por su parte, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha acusado a populares y ultras de ejercer “violencia institucional contra los colectivos que son víctimas de sus políticas, es una vergüenza”, ha manifestado al tiempo que ha mostrado su apoyo al profesorado.

Por su parte, el síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, ha lamentado que “ante una protesta pacífica en la que no se interrumpió a ningún orador, desde la presidencia de estas Corts una vez más se intenta acallar la protesta, reprimir y amenazar a personas que únicamente estaban manifestando su defensa de la escuela pública”.

Como ha avanzado elDiario.es, el informe interno propone, entre las posibles medidas, sancionar a Compromís —el grupo parlamentario que invitó a las tres docentes— con la prohibición de invitar a terceras personas a la tribuna del hemiciclo durante un número de sesiones que determinaría la Mesa.

Respecto a las docentes, el letrado cita dos precedentes —uno de Les Corts Valencianes y otro del Parlamento Vasco— y apunta a que la protesta podría encajar en un posible delito contra las instituciones del Estado o de desórdenes públicos. Sobre este último supuesto, matiza que podría no concurrir, al considerar que la protesta educativa “no tiene la intensidad de los precedentes”. En cualquier caso, sería la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, de Vox, también a propuesta de la Mesa, quien pondría los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

La Mesa de Les Corts Valencianes estudia un informe del departamento jurídico con el que decidirá si sanciona a las tres docentes que protestaron en defensa de la educación pública durante la sesión de control al president de la Generalitat del pasado 21 de mayo. El letrado del Parlamento plantea varias medidas que podría aplicar la presidenta, Llanos Massó, de Vox, a propuesta de los miembros de la Mesa, donde PP y la ultraderecha tienen mayoría. Fuentes del parlamento valenciano han explicado que todavía no se ha decidido nada y que, previsiblemente, en la próxima reunión del órgano del parlamento valenciano se propondrá una resolución.

El informe interno propone, entre las posibles medidas, sancionar a Compromís —el grupo parlamentario que invitó a las tres docentes— con la prohibición de invitar a terceras personas a la tribuna del hemiciclo durante un número de sesiones que determinaría la Mesa. Respecto a las docentes, el letrado cita dos precedentes —uno de Les Corts Valencianes y otro del Parlamento Vasco— y apunta a que la protesta podría encajar en un posible delito contra las instituciones del Estado o de desórdenes públicos. Sobre este último supuesto, matiza que podría no concurrir, al considerar que la protesta educativa “no tiene la intensidad de los precedentes”. En cualquier caso, sería la presidenta de Les Corts, también a propuesta de la Mesa, quien pondría los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

En el precedente de Les Corts Valencianes, la condena a dos sindicalistas de UGT que protestaron contra el Consell de Eduardo Zaplana durante un pleno del año 2000 se saldó con una multa de 350 euros por un delito contra las instituciones del Estado. En el caso del Parlamento Vasco, dos activistas fueron condenados a nueve meses de prisión, también por un delito contra las instituciones del Estado.

En el caso de las tres docentes —que el propio informe considera de “menor intensidad” que los dos precedentes—, las huelguistas gritaron “consellera, dimisión” y lanzaron chalecos con el lema Docents en lluita, además de billetes falsos de 200 euros con el rostro de la consellera, María Carmen Ortí, y del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en referencia a la propuesta de subifa salarial a los docentes que los sindicatos y la inmensa mayoría de profesoras y maestros han rechazado. Las tres mujeres abandonaron el hemiciclo acompañadas por trabajadores de Les Corts sin oponer resistencia. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional adscritos a la Generalitat procedieron a identificarlas.

La presidenta Llanos Massó no presidió las Corts ese día por un asunto familiar y fue el vicepresidente Alfredo Castelló, del PP, quien tuvo que lidiar con la protesta, que duró unos pocos segundos.

La Mesa de les Corts Valencianes estudia un informe del departament jurídic amb què decidirà si sanciona les tres docents que van protestar en defensa de l'educació pública durant la sessió de control al president de la Generalitat del passat 21 de maig. El lletrat del Parlament planteja diverses mesures que podria aplicar la presidenta, Llanos Massó, de Vox, a proposta dels membres de la Mesa, on el PP i l'ultradreta tenen majoria. Fonts del parlament valencià han explicat que encara no s'ha decidit res i que, previsiblement, en la pròxima reunió de l'òrgan rector de la cambra es proposarà una resolució.

L'informe intern proposa, entre les possibles mesures, sancionar Compromís —el grup parlamentari que va convidar les tres docents— amb la prohibició de convidar terceres persones a la tribuna de l'hemicicle durant un nombre de sessions que determinaria la Mesa. Respecte a les docents, el lletrat cita dos precedents —un de les Corts Valencianes i un altre del Parlament Basc— i apunta que la protesta podria encaixar en un possible delicte contra les institucions de l'Estat o de desordres públics. Sobre aquest últim supòsit, matisa que podria no concórrer, en considerar que la protesta educativa “no té la intensitat dels precedents”. En qualsevol cas, seria la presidenta de les Corts, també a proposta de la Mesa, qui posaria els fets en coneixement de la Fiscalia.

En el precedent de les Corts Valencianes, la condemna a dos sindicalistes d'UGT que van protestar contra el Consell d'Eduardo Zaplana durant un ple de l'any 2000, es va saldar amb una multa de 350 euros per un delicte contra les institucions de l'Estat. En el cas del Parlament Basc, dos activistes van ser condemnats a nou mesos de presó, també per un delicte contra les institucions de l'Estat.

En el cas de les tres docents —que el propi informe considera de “menor intensitat” que els dos precedents—, les vaguistes van cridar “consellera, dimissió” i van llançar jupetins amb el lema “Docents en lluita”, a més de bitllets falsos de 200 euros amb el rostre de la consellera, María Carmen Ortí, i del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en referència a la proposta de pujada salarial als docents que els sindicats i la immensa majoria de professores i mestres han rebutjat. Les tres dones van abandonar l'hemicicle acompanyades per treballadors de les Corts sense oposar resistència. Posteriorment, agents de la Policia Nacional adscrits a la Generalitat van procedir a identificar-les.

La presidenta Llanos Massó no va presidir les Corts aquell dia per un assumpte familiar i va ser el vicepresident Alfredo Castelló, del PP, qui va haver de bregar amb la protesta, que va durar uns pocs segons.

En enero de 2024, el expresidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón anunció una auditoría general del sector público con el objetivo de poner fin al “malgasto” en el que, según denunciaba de forma insistente una y otra vez, había incurrido el Botànic liderado por el socialista Ximo Puig en sus ocho años de mandato. El objetivo de esta medida era “detectar duplicidades e ineficiencias en el sector público”, o como también repitieron hasta la saciedad tanto él como los diferentes responsables de su Consell y del PP, eliminar “grasa política”.

Así, para tratar de dejar en evidencia al anterior ejecutivo de izquierdas liderado por Ximo Puig y por Mónica Oltra, a quienes acusó en los meses previos a las elecciones de tener “el Consell más caro de la historia”, Mazón inició el mandato en agosto de 2023 con 121 altos cargos, incluidos el presidente y sus consejeros y consejeras.

Casi tres años después, la “grasa” que desde el PP pregonaban que iban a limpiar en forma de gasto público se ha multiplicado. Con la diferencia de que el segundo Gobierno del Botánico estaba formado por tres partidos (PSPV, Compromís y Unides-Podem) y actualmente el PP gobierna en solitario.

Pese a esta circunstancia, según los últimos datos publicados en el portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana, el actual Consell que preside Juan Francisco Pérez Llorca cuenta con 160 altos cargos, lo que representa un coste salarial de 12,1 millones de euros. Son 39 altos cargos más que cuando Mazón inició la legislatura. En mayo de 2023, último mes del Botánico, el Gobierno valenciano de Ximo Puig contaba con 150 altos cargos con un impacto de 10,2 millones de euros para lar arcas públicas.

Aunque a esta cifra se sumara el coste salarial de los asesores, más numerosos en la época de Puig, la cifra total de gasto de la actual estructura seguiría siendo igualmente superior. Así, en la última etapa del Botánico había 116 asesores que suponen un coste de 6,1 millones. Por lo tanto, el gasto total en esa estructura, con los altos cargos, se elevaría a 16,3 millones. En el caso de Pérez Llorca, cuenta todo su Consell con 93 asesores con un coste de 5,2 millones, mientras que Mazón se autoimpuso un límite de 72. Sumado a los altos cargos, da un total de 17,3 millones de euros.

Como informó elDiario.es, el Gobierno valenciano que presidía Carlos Mazón aprobó en diciembre de 2023 un complemento salarial que para este ejercicio 2026 supone incrementos de hasta 25.000 euros brutos anuales para algunos de sus consellers y altos cargos. De esta forma, se aprobó el llamado complemento personal, un incentivo para mejorar el salario a cargos de otras administraciones que tienen mejor remuneración y que acceden a trabajar en el Gobierno valenciano, pese a tener un sueldo más bajo. En virtud de este complemento, la merma económica por trabajar en la Generalitat Valenciana se reduce.

El PSPV calificado al Consell de Pérez Llorca de “profundamente indecente”

Al respecto, el portavoz del PSPV en las Corts, José Muñoz, ha calificado al Consell de Pérez Llorca de “profundamente indecente”, puesto que “es capaz de regatear a los docentes valencianos ofreciéndoles 75 euros más en 2026, mientras ahora hemos visto cómo se subieron los sueldos nada más llegar a la Generalitat en 2023, con aumentos salariales a los altos cargos de hasta el 36%, es decir, de hasta 25.000 euros más de una tacada, mientras la nómina de cargos se ha incrementado en una decena”.

Muñoz ha añadido: “Tenemos el Gobierno valenciano más caro de la historia, que supone un desembolso de más de 12 millones al año, casi 50 millones por legislatura, solo en altos cargos. Eso son cerca de 2 millones más que el último Consell del Botànic. Es una vergüenza y una indecencia. Porque se desmonta una vez más de las mentiras del PP en la Generalitat, que vino con un discurso miserable y de antipolítica, contra lo que llaman la grasa política, y ahora resulta que al Consell del PP y Vox le sube el colesterol, y el malo”.

El portavoz socialista ha comentado que “ya no es una cuestión de si los altos cargos del PP y Vox son los más caros de la historia” sino que “lo dramático es que el Consell del Ventorro, el Consell más incompetente, negligente y frívolo que hemos tenido los valencianos, es también el más caro” y se ha preguntado “a qué se dedica” el ejecutivo de Pérez Llorca porque “están vaciando la sanidad pública, desviando masivamente recursos a la privada; están raquitizando la educación pública, mientras engordan la privada y a los centros que segregan; y están recortando derechos y prestaciones sociales”.

Para Muñoz, “el Consell de Mazón y su suplente Pérez Llorca, apoyado por Vox, es una gran mentira, un gran fraude en el que todas y cada una de las promesas que les llevaron a la Generalitat en 2023 se han demostrado como una gran mentira y un timo político”.

El PP valenciano tendrá una aspirante a presidir Nuevas Generaciones de España, los cachorros del partido conservador. La candidata, que llevaba días recogiendo avales para optar a este importante cargo orgánico, es Candela Anglés, diputada en las Corts Valencianes y una persona que tiene buena sintonía con la dirección del presidente valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca. Antes, fue también una persona muy afín al defenestrado Carlos Mazón.

Candela Anglés tendrá que competir con el candidato de Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Dancausa, y contra el candidato murciano Landaburu. La presencia de una valenciana a optar a NNGG del PP es muy llamativa, porque Alberto Núñez Feijóo tiene bloqueado el congreso regional por el que se debería elegir a Pérez Llorca como presidente. En estos momentos, el PP valenciano está dirigido por una gestora y el expresidente de la Generalitat Francisco Camos ya ha anunciado que se presentará a competir contra el actual presidente de la Generalitat.

Anglés, que pertenece al PP del pequeño municipio castellonense de Càlig, ha anunciado en sus redes sociales su candidatura. Politóloga de formación, ha dicho que se presenta porque quiere presidir una organización “con voz propia” y favorecer el “cambio a la mafia del sanchismo”. “Debemos unirnos para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa”, ha explicado en un vídeo colgado en redes sociales.

El PP y Vox han registrado en las Corts Valencianes una propuesta de dictamen con las conclusiones de la comisión de investigación sobre la dana de 2024 que viene derivar la práctica totalidad de la responsabilidad al Gobierno central, mientras que pasa de puntillas por los flagrantes errores y omisiones de la Generalitat Valenciana, pese a tener todas las competencias delegadas en materia de protección civil.

Aunque el documento aún no es definitivo puesto que se pueden presentar enmiendas, no se prevén cambios sustanciales, por lo que el dictamen definitivo se aprobará previsiblemente en la última sesión de la comisión que tendrá lugar el 27 de mayo.

El documento de PP y Vox, de 126 páginas, señala que existía cobertura legal para que el Estado hubiera asumido la dirección de la emergencia y critica tanto las “deficiencias” en la información meteorológica e hidrológica transmitida durante la emergencia como la falta de ejecución por el Gobierno central de infraestructuras hídricas en zonas de riesgo.

Además, dedica gran parte de las conclusiones a derivar la responsabilidad de la gestión de la catástrofe al Gobierno por no haber declarado la emergencia nacional que se puede activar a petición de la autonomía o de oficio por el ejecutivo central, algo que no hizo porque el expresidente Carlos Mazón se opuso. De hecho, en su comparecencia para presentar su dimisión afirmó que uno de sus errores fue no pedir la declaración de emergencia nacional, reconociendo además que hizo caso omiso a la recomendación de su líder Alberto Núñez Feijóo.

A ello se une que tanto la jueza instructora como la Audiencia de Valencia han avalado por activa y por pasiva que la Generalitat Valenciana era la responsable de gestionar la catástrofe. De hecho, en uno de sus autos, la magistrada del juzgado de Catarroja que investiga el caso afirmó que “las víctimas no necesitaban la emergencia nacional sino la acción de la Administración autonómica”, es decir, que se les avisara con tiempo.

Las conclusiones también recurren al bulo del apagón informativo, amplia y reiteradamente desmontado por ambas instancias judiciales: “A lo largo de la Comisión, existe una coincidencia al concluir que la toma de decisiones se desarrolló en un contexto de elevada incertidumbre, derivado de deficiencias en la transmisión de datos hidrológicos, limitaciones en los sistemas de predicción y problemas en la integración de la información en tiempo real. Esta situación ha sido descrita como un auténtico apagón informativo, especialmente en relación con la información procedente de la Confederación Hidrográfica del Júcar”.

Sin embargo, en base a la misma información, la Universitat de València suspendió sus clases, lo mismo que diversos ayuntamientos como el de Utiel, y la Diputación de Valencia mandó a todos sus funcionarios a casa por las previsiones de la Aemet, las mismas que sirvieron a la embajada de Japón para recomendar el 28 de octubre, un día antes de la dana, a sus ciudadanos ubicados en la provincia que se preparan para una situación de emergencia,

Además, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mandó a Emergencias numerosos correos de pluviometría y de caudales por superación de umbrales. Uno de los primeros ingenieros en declarar como testigo en el juzgado, en concreto el ingeniero de caminos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Francisco Vallés, destacó el papel de la Aemet: “Sus predicciones tenían que haberse tenido en cuenta. Hay que tomarse en serio a Aemet, que hizo un gran papel avisando desde días anteriores”.

Por último, atribuye también el escrito de conclusiones un amplio apartado para las obras hidráulicas no ejecutadas. Si bien es cierto que atribuye a la responsabilidad a “los sucesivos gobiernos de la nación”, la realidad es que como evidenció el vicepresidente para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) dejó sin ejecutar las obras de encauzamiento por los recortes derivados de la crisis económica, lo que, en consecuencia, hizo caducar la declaración de impacto ambiental y obligó a tramitarla de nuevo.

El dictamen afirma que “la información recabada durante la Comisión permite sostener que la ejecución de una parte sustancial de estas actuaciones habría contribuido de manera significativa a reducir tanto la magnitud de las avenidas como el impacto de sus efectos sobre la población, las infraestructuras y los bienes afectados”.

El mismo perito de la UPV, Francisco Vallés, declaró al respecto: “Se hubiera conseguido más con una buena gestión de la emergencia incluso que con las actuaciones porque [dada] la capacidad para la que estaban pensadas [las infraestructuras] se hubiera desbordado, más tarde, pero se hubiera desbordado”. 

Recientemente, la Audiencia de Valencia avaló a la jueza de Catarroja al concluir que no existía ninguna norma que impusiera “la ejecución de trabajos u obras en los cauces para evitar las consecuencias de incrementos de caudal como los que se produjeron con ocasión de la dana de 29 de octubre de 2024”.

Por lo que respecta a las responsabilidades de la Generalitat, se han incluido tan solo algunas referencias que hablan de “una falta de dirección a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada sobre la evolución hidrológica de los barrancos y caudales que estaba en posesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar”.

El PP i Vox han registrat en les Corts Valencianes una proposta de dictamen amb les conclusions de la comissió d’investigació sobre la dana del 2024 que deriva gairebé tota la responsabilitat al Govern central, mentre que passa de puntetes pels flagrants errors i omissions de la Generalitat Valenciana, malgrat tindre totes les competències delegades en matèria de protecció civil.

Tot i que el document encara no és definitiu, perquè s’hi poden presentar esmenes, no es preveuen canvis substancials, per la qual cosa el dictamen definitiu s’aprovarà previsiblement en l’última sessió de la comissió que tindrà lloc el 27 de maig.

El document del PP i Vox, de 126 pàgines, assenyala que hi havia cobertura legal perquè l’Estat haguera assumit la direcció de l’emergència i critica tant les “deficiències” en la informació meteorològica i hidrològica transmesa durant l’emergència com la falta d’execució pel Govern central d’infraestructures hídriques en zones de risc.

A més, dedica gran part de les conclusions a derivar la responsabilitat de la gestió de la catàstrofe al Govern per no haver declarat l’emergència nacional que es pot activar a petició de l’autonomia o d’ofici per l’executiu central, cosa que no va fer perquè l’expresident Carlos Mazón s’hi va oposar. De fet, en la seua compareixença per a presentar la dimissió va afirmar que un dels seus errors va ser no demanar la declaració d’emergència nacional, i va reconéixer a més que va fer cas omís a la recomanació del seu líder Alberto Núñez Feijóo.

A això s’uneix que tant la jutgessa instructora com l’Audiència Nacional han avalat per activa i per passiva que la Generalitat Valenciana era la responsable de gestionar la catàstrofe. De fet, en una de les seues interlocutòries, la magistrada del Jutjat de Catarroja que investiga el cas va afirmar que “les víctimes no necessitaven l’emergència nacional, sinó l’acció de l’Administració autonòmica”, és a dir, que se’ls avisara amb temps.

Les conclusions també recorren a la faula de l’apagada informativa, desmuntada àmpliament i reiteradament per totes dues instàncies judicials: “Al llarg de la Comissió, hi ha una coincidència a concloure que la presa de decisions es va desenvolupar en un context d’elevada incertesa, derivat de deficiències en la transmissió de dades hidrològiques, limitacions en els sistemes de predicció i problemes en la integració de la informació en temps real. Aquesta situació s’ha descrit com una autèntica ”apagada informativa“, especialment pel que fa a la informació procedent de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer”.

No obstant això, sobre la base de la mateixa informació, la Universitat de València va suspendre les classes, el mateix que diversos ajuntaments com el d’Utiel, i la Diputació de València va enviar tots els seus funcionaris a casa per les previsions de l’Aemet, les mateixes que van servir a l’ambaixada del Japó per a recomanar el 28 d’octubre, un di abans de la dana, als seus ciutadans situats a la província que es preparen per a una situació d’emergència,

A més, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) va enviar a Emergències nombrosos correus de pluviometria i de cabals per superació de llindars. Un dels primers enginyers a declarar com a testimoni en el jutjat, en concret l’enginyer de camins de la Universitat Politècnica de València (UPV), Francisco Vallés, va destacar el paper de l’Aemet: “Les seues prediccions haurien d’haver-se tingut en compte. Cal agafar-se de debò l’Aemet, que va fer un gran paper avisant des de dies anteriors”.

Finalment, atribueix també l’escrit de conclusions un ampli apartat per a les obres hidràuliques no executades. Si bé és cert que atribueix la responsabilitat als “successius governs de la nació”, la realitat és que, com va evidenciar el vicepresident per a la Recuperació Econòmica i Social, Francisco José Gan Pampols, el Govern de Mariano Rajoy (2011-2018) va deixar sense executar les obres de canalització per les retallades derivades de la crisi econòmica, cosa que, en conseqüència, va fer caducar la declaració d’impacte ambiental i va obligar a tramitar-la de nou.

El dictamen afirma que “la informació recaptada durant la Comissió permet sostindre que l’execució d’una part substancial d’aquestes actuacions hauria contribuït de manera significativa a reduir tant la magnitud de les avingudes com l’impacte dels seus efectes sobre la població, les infraestructures i els béns afectats”.

El mateix perit de la UPV, Francisco Vallés, va declarar sobre aquest tema: “S’hauria aconseguit més amb una bona gestió de l’emergència fins i tot que amb les actuacions, perquè, [atesa] la capacitat per a la qual estaven pensades [les infraestructures] s’hauria desbordat, més tard, però s’hauria desbordat”.

Fa poc, l’Audiència de València va avalar la jutgessa de Catarroja en concloure que no hi havia cap norma que imposara “l’execució de treballs o obres en els llits per a evitar les conseqüències d’increments de cabal com els que es van produir en ocasió de la dana de 29 d’octubre de 2024”.

Pel que fa a les responsabilitats de la Generalitat, s’han inclòs tan sols algunes referències que parlen d’“una falta de direcció a l’hora d’exigir, contrastar i reclamar de manera constant informació actualitzada sobre l’evolució hidrològica dels barrancs i els cabals que estava en possessió de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer”.

El PP i Vox van anunciar el 5 de maig passat el tancament de la comissió d’investigació de la dana en les Corts Valencianes després d’haver comparegut tan sols 32 de les 96 persones previstes segons el càlcul de l’oposició, és a dir, un 33%. Entre els que finalment no declararan hi ha persones clau com l’exconsellera Salomé Pradas o la cúpula d’Emergències el dia de la dana, entre ells el subdirector Jorge Suárez.

Així doncs, el pròxim 27 de maig, en l’onzena i última sessió, es votarà l’escrit de conclusions pactat pel PP i per Vox que deriva tota la responsabilitat de la catàstrofe al Govern i quedarà definitivament tancada.

Per a tractar d’impedir-ho, tenint en compte de la gran quantitat de compareixents que quedaven per declarar davant les Corts, tant el PSPV com Compromís van presentar diverses iniciatives amb l’objectiu que, com a mínim es votara en les Corts. Però des de Vox i sobretot des del PP no semblen disposats al fet que diputats de les zones afectades, l’expresident Carlos Mazón o l’actual cap del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca, queden retratats votant en contra de continuar investigant. Així doncs, la dreta i l’extrema dreta han frenat les iniciatives esmentades presentades en la junta de portaveus i en la Mesa de les Corts.

D’una banda, el PSPV va tractar que almenys es debatera i es votara en les Corts prorrogar els treballs de la comissió d’investigació per dos dies. La primera, sol·licitant en la junta de portaveus que s’incloguera en l’ordre del dia del ple d’aquesta setmana esdevingut els dies 20 i 21 de maig. No obstant això, va ser directament rebutjat pel PP i Vox. Paral·lelament, els socialistes van presentar una proposició no de llei urgent per a debatre en les Corts la necessitat d’aprovar una pròrroga, però populars i ultres van sol·licitar un informe jurídic per a retardar la decisió. Així doncs, en celebrar-se el ple següent els dies 3 i 4 de juny, una vegada ja haja finalitzat la comissió d’investigació (es liquida el 27 de maig), no s’escaurà debatre una pròrroga.

Davant els terminis tan ajustats, la diputada de Compromís, Isaura Navarro, juntament amb el també diputat valencianista, Jesús Pla, va elevar una proposta a la Mesa de les Corts per a crear una nova comissió d’investigació dirigida a “esbrinar les responsabilitats polítiques derivades de la gestió del Consell des de l’avís especial de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) fins a l’actualitat i que incloga com a objecte de la investigació les mesures adoptades abans, durant i després per cadascuna de les conselleries que conformaven i conformen el Consell”.

A aquesta petició, novament la Mesa va respondre tirant pilotes fora i dilatant la resposta: “Amb independència de sol·licitar un informe a l’Assessoria Jurídica sobre la viabilitat d’admetre a tràmit la proposta de creació d’una comissió d’investigació l’objecte de la qual coincideix substancialment amb el d’una altra que no ha conclòs els seus treballs, ha acordat suspendre la tramitació de la iniciativa a aquest efecte que la reformuleu incorporant-hi un termini concret d’acabament dels treballs, en aplicació de l’article 52.1 del Reglament”.

La Mesa, també amb majoria del PP i de Vox, ja deixa entreveure que es tracta d’una comissió molt semblant a la que es tancarà d’ací a poc, per la qual cosa tot apunta que la proposta no serà admesa i no es votarà en les Corts.

Per al síndic del PSPV, José Muñoz, el veto del PP i Vox a la pròrroga de la comissió d’investigació sobre la dana suposa “un insult a les víctimes” i evidencia que la prioritat del Consell és “amagar la veritat i continuar protegint Mazón i a un govern que va fer desistiment de funcions el dia de la tragèdia”.

“Aquesta decisió va contra la memòria de les víctimes i demostra l’absoluta feblesa del president de la Generalitat”, ha afirmat Muñoz, que també ha denunciat que el “corró antidemocràtic” del PP impedirà que Pérez Llorca, Mazón i els diputats populars de les comarques afectades “es retraten votant en contra que continuen els treballs de recerca”.

En aquest sentit, el dirigent socialista ha assegurat que, una vegada més, queda clara la voluntat del PP de “no investigar i tirar terra sobre la gestió de la dana”, amb l’objectiu de continuar protegint Mazón i un Consell que continua “aferrat als seus càrrecs malgrat la seua actuació negligent”.

Per part seua, la diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha lamentat que “el PP i Vox tornen a utilitzar la seua majoria en la Mesa del parlament per a impedir el debat sobre la nova comissió d’investigació, que evidencie les seues vergonyes; ni tan sols les 230 víctimes, les evidències de mentides del Consell, la pèssima gestió de la dana, han sigut prou perquè es treballara en la comissió d’investigació per a saber la veritat i prendre mesures reals perquè no torne a passar”.

Per a Navarro, “el poble valencià mereix saber la veritat i el PP i Vox li ho neguen, perquè la comissió ha sigut un esperpent que culminen amb un dictamen en què no caben més mentides” i ha afegit: “Urgeix una comissió que realment treballe, cride a comparéixer tots els membres del Consell i els alcaldes que van gestionar l’emergència, vertaders experts que permeten obtindre conclusions útils per a la ciutadania, i no mentides”.

El PP y Vox anunciaron el pasado 5 de mayo el cierre de la comisión de investigación de la dana en las Corts Valencianes tras haber comparecido tan solo 32 de las 96 personas previstas según el cálculo de la oposición, es decir, un 33%. Entre los que finalmente no declararán hay personas clave como la exconsellera Salomé Pradas o la cúpula de Emergencias el día de la dana, entre ellos el subdirector Jorge Suárez.

Así, el próximo 27 de mayo, en la undécima y última sesión, se votará el escrito de conclusiones pactado por el PP y por Vox que deriva toda la responsabilidad de la catástrofe al Gobierno y quedará definitivamente cerrada.

Para tratar de impedirlo, habida de cuenta de la gran cantidad de comparecientes que quedaban por declarar ante las Corts, tanto el PSPV como Compromís presentaron diversas iniciativas con el objetivo de que, como mínimo se votara en las Corts. Pero desde Vox y sobre todo desde el PP no parecen dispuestos a que diputados de las zonas afectadas, el expresidente Carlos Mazón o el actual jefe del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca, queden retratados votando en contra de seguir investigando. Así, la derecha y la extrema derecha han frenado las mencionadas iniciativas presentadas en la junta de portavoces y en la mesa de las Corts.

Por un lado, el PSPV trató de que al menos se debatiera y se votara en las Corts prorrogar los trabajos de la comisión de investigación por dos días. La primera, solicitando en la junta de portavoces que se incluyera en el orden del día del pleno de esta semana celebrado los días 20 y 21 de mayo. Sin embargo, fue directamente rechazado por el PP y Vox. Paralelamente, los socialistas presentaron una proposición no de ley urgente para debatir en las Corts la necesidad de aprobar una prórroga, pero populares y ultras solicitaron un informe jurídico para retrasar la decisión. Así, al celebrarse el siguiente pleno los días 3 y 4 de junio, una vez ya haya finalizado la comisión de investigación (se finiquita el 27 de mayo), no habrá lugar a debatir una prórroga.

Ante lo ajustado de los plazos, la diputada de Compromís, Isaura Navarro, junto al también diputado valencianista, Jesús Pla, elevó una propuesta a la mesa de las Corts para crear una nueva comisión de investigación dirigida a “averiguar las responsabilidades políticas derivadas de la gestión del Consell desde el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta la actualidad y que incluya como objeto de la investigación las medidas adoptadas antes, durante y después por cada una de las consellerias que conformaban y conforman el Consell”.

A esta petición, nuevamente la mesa respondió tirando balones fuera y dilatando la respuesta: “Con independencia de solicitar un informe a la Asesoría Jurídica sobre la viabilidad de admitir a trámite la propuesta de creación de una comisión de investigación el objeto de la cual coincide sustancialmente con el de otra que no ha concluido sus trabajos, ha acordado suspender la tramitación de la iniciativa al efecto que la reformuláis incorporando un plazo concreto de acabado de los trabajos, en aplicación del artículo 52.1 del Reglamento”.

La mesa, también con mayoría del PP y de Vox, ya deja entrever que se trata de una comisión muy parecida a la que se va a cerrar en breve, por lo que todo apunta a que la propuesta no será admitida y no se votará en las Corts.

Para el síndic del PSPV, José Muñoz, el veto de PP y Vox a la prórroga de la comisión de investigación sobre la DANA supone “un insulto a las víctimas” y evidencia que la prioridad del Consell es “ocultar la verdad y seguir protegiendo a Mazón y a un gobierno que hizo dejación de funciones el día de la tragedia”.

“Esta decisión va contra la memoria de las víctimas y demuestra la absoluta debilidad del president de la Generalitat”, ha afirmado Muñoz, quien también ha denunciado que el “rodillo antidemocrático” del PP impedirá que Pérez Llorca, Mazón y los diputados populares de las comarcas afectadas “se retraten votando en contra de que continúen los trabajos de investigación”.

En este sentido, el dirigente socialista ha asegurado que, una vez más, queda clara la voluntad del PP de “no investigar y echar tierra sobre la gestión de la DANA”, con el objetivo de seguir protegiendo a Mazón y a un Consell que continúa “aferrado a sus cargos pese a su negligente actuación”.

Por su parte, la diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha lamentado que “el PP y Vox vuelven a utilizar su mayoría en la mesa del parlamento para impedir el debate sobre la nueva comisión de investigación, que evidencie sus vergüenzas; ni siquiera las 230 víctimas, las evidencias de mentiras del Consell, la pésima gestión de la DANA, han sido suficientes para que se trabajara en la comisión de investigación para saber la verdad y tomar medidas reales para que no vuelva a suceder”.

Para Navarro, “el pueblo valenciano merece saber la verdad y el PP y Vox se lo están negando puesto que la comisión ha sido un esperpento que culminan con un dictamen en el que no caben más mentiras” y ha añadido: “Urge una comisión que realmente trabaje, llame a comparecer a todos los miembros del Consell y los alcaldes que gestionaron la emergencia, a verdaderos expertos que permitan obtener conclusiones útiles para la ciudadanía, y no mentiras”.

Acuerdo entre el PP y Vox sobre el plan de trabajo de la comisión de investigación de las Corts por las presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas protegidas del residencial Les Naus de Alicante.

La mesa de la comisión, con mayoría de ambos partidos, ha acordado este viernes llamar a declarar al alcalde popular, Luis Barcala, a cambio de no citar a ningún responsable del Gobierno valenciano, ni tan siquiera a la consellera de Vivienda, Susana Camarero, ni al expresidente Carlos Mazón como responsable de los cambios normativos que redujeron los controles y bajo los que se produjeron las presintas irregularidades.

En la propuesta inicial del grupo popular de las Corts no figuraba ningún miembro del Consell y tampoco Luis Barcala, mientras en la de Vox sí que se incluía al primer edil de Alicante, pero no así a responsables del Gobierno valenciano. De esta forma se desprende que ha habido un acuerdo por el que se llama a comparecer a Barcala a cambio de evitar el desgaste de los responsables autonómicos, así como de Mazón, en un interrogatorio en las Corts.

Al respecto, la diputada del PSPV, María José Salvador, ha denunciado que “una vez más se asiste a una no comisión de investigación como sucedió con la dana” al tiempo que ha lamentado que “es un teatro del PP y de Vox que tienen mayoría en la mesa y que han tardado tres meses en llegar a un acuerdo y presentar un plan de trabajo”.

Salvador ha considerado que la discusión sobre la inclusión de Barcala entre los comparecientes “ha retrasado el acuerdo en el plan de trabajo y finalmente el PP acepta que venga a cambio de no vengan Mazón, Camarero ni Pérez Llorca que son fundamentales para la investigación” puesto que “la normativa que rige el proceso de adjudicación es de la Generalitat y el señor Mazón, con Susana Camarero de consellera, aprobó un decreto que modificó los controles en las adjudicaciones, mientras que Pérez Llorca dijo que iba a introducir nuevos controles y no lo ha hecho”.

Por su parte, la diputada de Compromís, María Josep Calabuig, ha criticado que sigue sin haber un calendario para las comparecencias y que “faltan tres de los cuatro máximos responsables porque no están ni la consellera de Vivienda, Susana Camarero, ni el máximo responsable del decreto que ha abierto la puerta a esta presunta estafa, Carlos Mazón, ni al actual presidente que ha heredado esta normativa y no ha hecho nada, Juan Francisco Pérez Llorca”.

Calabuig ha lamentado que están en las Corts para investigar, pero “los máximos responsables de la normativa vigente que ha propiciado esta situación no vendrán porque entre el PP y Vox se tapan las vergüenzas” y ha considerado que “es una falta de respeto para las 76.000 personas que están en lista de espera para obtener una vivienda protegida”.

El Govern valencià que presidia Carlos Mazón va aprovar el desembre del 2023 un complement salarial que per a aquest exercici 2026 suposa increments de fins a 25.000 euros bruts anuals per als seus consellers i alts càrrecs. No obstant això, l’actual executiu que presideix Juan Francisco Pérez Llorca porta al límit la vaga del professorat i s’ha plantat en un increment de 2.800 euros bruts anuals en un horitzó de dos anys a raó de 75 euros per a enguany, 75 més el que ve i 50 euros més el 2028. I tot això amb el pretext que no hi ha diners per a més.

L’article 30 de la Llei de pressupostos per a l’exercici 2024 diu: “Les retribucions, exclosos els triennis, dels alts càrrecs que reunisquen la condició de personal funcionari seran, a la seua elecció, les establides en la Llei de pressupostos per als alts càrrecs de la Generalitat o les equivalents a les retribucions que li corresponguen en el lloc de treball que exercira en la seua Administració de procedència (...) sense que en cap cas puguen ser superiors, en conjunt i còmput anual, a les establides en la Llei de pressupostos per al president de la Generalitat, incrementades en un 15%”.

D’aquesta manera, van incloure aquest nou apartat en l’article 30 que en la pràctica és l’anomenat complement personal, un incentiu per a millorar el salari a personal d’altres administracions que tenen millor remuneració i que accedeixen a treballar en el Govern valencià, malgrat tindre un sou més baix. En virtut d’aquest complement, la minva econòmica per treballar en la Generalitat Valenciana es redueix.

El Govern del Botànic ja va posar damunt la taula aquesta opció, però finalment no va arribar a aplicar-la per falta d’acord entre el PSPV, Compromís i Unides-Podem. De fet, el PP i Vox s’hi van oposar frontalment quan es va debatre la iniciativa, però no Ciutadans, que sí que eren favorables.

El cas és que el PP no s’ho va pensar dues vegades i, malgrat les seues crítiques, ho va aprovar en els seus primers pressupostos. Segons el portal de transparència de la Generalitat, el complement el cobren una trentena de consellers i alts càrrecs amb pujades que van de 5.262 euros bruts anuals a 25.630 euros que cobra Álvaro Cuadrado, sotssecretari de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Presidència. El complement es calcula aplicant un sou base al sou de l’actual cap del Consell (sense complement per residència), Juan Francisco Pérez Llorca, cosa que fa un total de 96.392 euros. La diferència entre aquesta quantitat i el sou base del càrrec en qüestió és el complement personal. Si el sou en l’anterior lloc de treball és inferior a 96.392 euros, el complement és la diferència entre el seu sou base en la Generalitat i el que percebia anteriorment.

En aquest sentit, el primer conseller que figura en la llista dels que perceben la quantitat més gran d’aquest complement és el de Sanitat, Marciano Gómez, que té un sou base de 71.403 euros, més un complement personal de 17.626 euros (cosa que vol dir que en la seua ocupació anterior percebia 89.000 euros). Juntament amb els 9.185 que percep de triennis, fan un sou total de 98.215 euros bruts anuals.

En la mateixa línia, des del PP es van mostrar molt crítics amb cada pujada anual que aprovava el Govern del Botànic per a tot el sector públic de la Generalitat Valenciana (incloent-hi el president, consellers i alts càrrecs), pujades que marcava el Govern per a tot el sector públic.

Mazón mateix, que cobrava 10.000 euros més a l’any que Ximo Puig com a president de la Diputació d’Alacant, es va mostrar bel·ligerant amb la pujada del 4% dels salaris del Govern autonòmic prevista en la llei de pressupostos per a l’any 2023, any en què Ximo Puig va perdre les eleccions i va finalitzar la seua etapa com a president cobrant 89.619 euros (78.222 euros de sou base més 11.000 euros de complement d’habitatge). Actualment, Pérez Llorca cobra 95.554 euros bruts anuals (83.819 euros de sou base i 11.734 de plus d’habitatge), és a dir, quasi un 7% més que Puig, precisament per l’aplicació dels mateixos increments que marca el Govern i que abans criticaven.

Per exemple, la consellera d’Educació, Carmen Ortí, percep 78.210,60 euros bruts anuals (71.387 de sou base i 6.807 de triennis), quasi 10.000 euros més que la consellera d’Educació del Botànic, Raquel Tamarit (Compromís).

Sobre aquest tema, el portaveu del PSPV en les Corts, José Muñoz, va criticar dijous que el Consell diga que no té diners quan “han apujat el sou un 36% a tots els seus alts càrrecs, la consellera cobra 10.000 euros més que la seua predecessora i el secretari autonòmic d’Educació 23.000 euros més que l’anterior” i va afegir que “tenen diners per a apujar-se el sou ells mateixos”. Amb això, va recordar que Pérez Llorca “ofereix als professors 75 euros, mentre que blinda la seua dona en la Diputació de València amb un sou de 52.000 euros” i va reclamar que “es deixe d’excuses, accepte el nou model de finançament i done resposta a un carrer que està incendiat pel fracàs de les seues polítiques”.

El Gobierno valenciano que presidía Carlos Mazón aprobó en diciembre de 2023 un complemento salarial que para este ejercicio 2026 supone incrementos de hasta 25.000 euros brutos anuales para algunos de sus consellers y altos cargos. Sin embargo, el actual ejecutivo que preside Juan Francisco Pérez Llorca está llevando al límite la huelga del profesorado y se ha plantado en un incremento de 2.800 euros brutos anuales en un horizonte de dos años a razón de 75 euros para este año, otros 75 el que viene y 50 euros más en 2028, tras 16 años con el sueldo congelado, sin aplicarles ni tan siquiera el IPC. Y todo ello bajo el pretexto de que no hay dinero para más.

El nuevo apartado del artículo 30 de la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2024 dice: “Las retribuciones, excluidos los trienios, de aquellos altos cargos que reúnan la condición de personal funcionario serán, a su elección, las establecidas en la Ley de Presupuestos para los altos cargos de la Generalitat o las equivalentes a las retribuciones que le correspondan en el puesto de trabajo que viniese desempeñando en su administración de procedencia (...) sin que en ningún caso puedan ser superiores, en su conjunto y cómputo anual, a las establecidas en la Ley de Presupuestos para el President de la Generalitat, incrementadas en un 15%”.

De esta forma, se aporobó el llamado complemento personal, un incentivo para mejorar el salario a cargos de otras administraciones que tienen mejor remuneración y que acceden a trabajar en el Gobierno valenciano, pese a tener un sueldo más bajo. En virtud de este complemento, la merma económica por trabajar en la Generalitat Valenciana se reduce.

El Gobierno del Botánico ya puso sobre la mesa esta opción, pero finalmente no llegó a aplicarse por falta de acuerdo entre el PSPV, Compromís y Unides-Podem. De hecho, el PP y Vox se opusieron frontalmente cuando se debatió la iniciativa, no así Ciudadanos que sí fue favorable en el primer Botánico. Después modificó su postura.

El caso es que el PP no se lo pensó dos veces y a pesar de sus críticas, lo aprobó en sus primeros presupuestos. Según el portal de transparencia de la Generalitat, el complemento lo cobran una treintena de consellers y altos cargos con subidas que van de los 5.262 euros brutos anuales a los 25.630 euros que cobra Álvaro Cuadrado, subsecretario de la vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia.

El complemento se calcula aplicando un aumento del 15% al sueldo base del actual jefe del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca, lo que da un total de 96.392 euros. La diferencia entre esta cuantía y el sueldo base del cargo en cuestión es el complemento personal. Si el sueldo en el anterior puesto de trabajo es inferior a los 96.392 euros, el complemento es la diferencia entre su sueldo base en la Generalitat y lo que percibía anteriormente.

En este sentido, el primer conseller que aparece en la lista de los que perciben la mayor cuantía de este complemento es el de Sanidad, Marciano Gómez, que cuenta con un sueldo base de 71.403 euros, más un complemento personal de 17.626 euros (lo que quiere decir que en su anterior empleo percibía 89.000 euros). Junto a los 9.185 que percibe de trienios, dan un sueldo total de 98.215 euros brutos anuales.

En la misma línea, desde el PP se mostraron muy críticos con cada subida anual que aprobaba el Gobierno del Botánico para todo el sector público de la Generalitat Valenciana (incluidos el presidente, consellers y altos cargos), subidas que marcaba el Gobierno para todo el sector público.

El mismo Mazón, que cobraba 10.000 euros más al año que Ximo Puig como presidente de la Diputación de Alicante, se mostró beligerante con la subida del 4% de los salarios del Gobierno autonómico prevista en la ley de presupuestos para el año 2023, año en que Ximo Puig perdió las elecciones y finalizó su etapa como presidente cobrando 89.619 euros (78.222 euros de sueldo base más 11.000 euros de complemento de vivienda). Incluso llegó a pedir la congelación del sueldo del jefe del ejecutivo. Actualmente, Pérez Llorca cobra 95.554 euros brutos anuales (83.819 euros de sueldo base y 11.734 de plus de vivienda), es decir, casi un 7% más que Puig, precisamente por la aplicación de los mismos incrementos que antes criticaban.

Por ejemplo, la consellera de Educación, Carmen Ortí, percibe 78.210,60 euros brutos anuales (71.387 de sueldo base y 6.807 de trienios), casi 10.000 euros más que la consellera de Educación del Botànic, Raquel Tamarit (Compromís). Su secretario autonómico, Daniel McEvoy, cobra 23.000 euros más que su homólogo en el Botánico, Miquel Soler.

Al respecto, el portavoz del PSPV en las Corts, José Muñoz, criticó este jueves que el Consell diga que no tiene dinero cuando “han subido el sueldo un 36% a todos sus altos cargos, la consellera cobra 10.000 euros más que su predecesora y el secretario autonómico de educación 23.000 euros más que el anterior” y añadió que “tienen dinero para subirse el sueldo a ellos mismos”. Con ello, recordó que Pérez Llorca “ofrece a los profesores 75 euros mientras que blinda a su mujer en la Diputación de Valencia con un sueldo de 52.000 euros” y reclamó que “se deje excusas, acepte el nuevo modelo de financiación y de respuesta a una calle que está incendiada por el fracaso de sus políticas”.

El PP y Vox han registrado este lunes en Les Corts Valencianes una propuesta de dictamen con las conclusiones de la comisión de investigación sobre la dana de 2024 que han calificado de “serio y riguroso”, mientras que la oposición lo ha considerado “una ignominia” y lo han comparado con el del accidente de metro de 2006.

Los grupos parlamentarios registraron el pasado viernes sus escritos de conclusiones y este lunes se ha reunido la ponencia de la comisión para elaborar una propuesta conjunta, que finalmente han acordado el PP y Vox, que tienen la mayoría, y a la que ahora se pueden presentar enmiendas para debatirlas junto al dictamen el 27 de mayo.

Un dictamen de 126 páginas

El documento de PP y Vox, de 126 páginas, señala que existía cobertura legal para que el Estado hubiera asumido la dirección de la emergencia y critica tanto las “deficiencias” en la información meteorológica e hidrológica transmitida durante la emergencia como la falta de ejecución por el Gobierno central de infraestructuras hídricas en zonas de riesgo.

Concluyen que la magnitud de la tragedia, en la que murieron 230 personas, responde a “la concurrencia acumulativa de fallos, carencias y déficits mantenidos durante décadas en distintos niveles de la acción pública”, como obras proyectadas sin ejecutar, “insuficiencias” en los sistemas de información y alerta, o “deficiencias de coordinación”, y pide una estrategia integral de prevención.

Por lo que respecta a la Generalitat, se han incluido las frases de Vox que hablan de “una falta de dirección a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada sobre la evolución hidrológica de los barrancos y caudales que estaba en posesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar”.

PP y Vox: conclusiones con rigor y respeto

El síndic del PP, Fernando Pastor, ha señalado que han intentado hacer un trabajo “lo más serio y riguroso posible”, teniendo en cuenta que el Gobierno de España “ha dado la espantada” y no ha comparecido en este órgano, lo que en su opinión es “una burla” para la comisión, para los familiares de las víctimas y para “el pueblo valenciano”.

Además, ha acusado a Compromís de haberse pasado un año “de circo y teatro” en esta comisión de investigación para luego no presentar sus conclusiones, lo que a su juicio es “patético, es impresentable y no es estar a la altura de lo que el pueblo valenciano merece y espera de los políticos”.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha explicado que el dictamen que han aprobado en la ponencia es el de su partido “con alguna ampliación documental”, y ha defendido “la rigurosidad, el respeto a las víctimas y el análisis profundo” que ha hecho Vox.

Frente a ello, Llanos ha criticado “el berrinche de la izquierda”, con un PSPV que ha presentado 24 páginas “con insultos” y Compromís “una página y media”, y les ha acusado de “reírse del pueblo valenciano”.

La oposición: una ignominia y para la basura

Por el contrario, el síndic socialista, José Muñoz, ha calificado de “delirante” un dictamen con el que el PP y Vox “intentan sostener un relato de hechos que ya ha sido desmentido por la Audiencia Provincial de Valencia, que ya dejó claro que no hubo ningún apagón informativo” y que emula al del accidente de metro de València de 2006.

“Es la ignominia máxima”, ha afirmado Muñoz, para quien lo más “inaceptable” es que ese dictamen va “en contra de la memoria de las víctimas” y ha acusado a Vox de “tragar de una manera deplorable” con una comisión que “solo ha echado tierra sobre la verdad”, que es que la tragedia se debió “a la inacción y la ineptitud” del Consell del PP.

Para la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro el dictamen “ofende” a toda la ciudadanía valenciana, con “sus mentiras” y al intentar “eludir las responsabilidades” políticas que tenía la Generalitat, además de que “no dice nada” de dónde estaba el entonces president, Carlos Mazón, o del retraso del envío del Es-Alert a la población.

“Es para tirarlo a la basura: es una ignominia, una vergüenza y un listado de mentiras”, ha aseverado Navarro, quien ha considerado que es “completamente absurdo” y “una fantasía absoluta”, que se va a aprobar porque el PP y Vox tienen la mayoría en la comisión, “pero lo que no tienen es la razón”.

Deduccions en el cost del gimnàs per a rendes de fins a 60.000 euros i al mateix temps traves per a desgravar-se determinades despeses a famílies de persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn de l’espectre autista, trastorns del neurodesenvolupament o discapacitat mental.

Encara que sembla un contrasentit, és el que han aprovat el PP i Vox en el marc del Decret llei 14/2025, del 26 de desembre, del Consell, de mesures urgents davant la hiperregulació, col·loquialment, Simplifica II.

Com va informar elDiario.es, en la normativa esmentada es van introduir diverses novetats pel que fa a les deduccions autonòmiques. Una implicava afegir l’afegitó “reconegut de manera permanent” en les diferents desgravacions vigents per a persones amb una discapacitat intel·lectual o mental reconeguda igual o superior al 33%. Per exemple, l’apartat C de la llei de deduccions va quedar redactat així: “Per naixement, adopció, acolliment o delegació de guarda, durant el període impositiu, d’una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o un grau de discapacitat intel·lectual o mental reconegut de manera permanent igual o superior al 33%”.

L’afegitó “reconegut de manera permanent” figura també en els apartats H, I. L i N de la mateixa normativa que es refereixen a deduccions per als contribuents que convisquen amb ascendents majors de 65 anys amb un grau de discapacitat intel·lectual o mental superior al 33%; per la contractació d’empleats de la llar per a la cura de persones també amb un grau de discapacitat intel·lectual o mental superior al 33%; així com per les quantitats destinades a l’adquisició o l’arrendament de l’habitatge habitual sempre per a aquest col·lectiu de persones amb discapacitat.

El Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) ja va advertir el mes de març passat que l’afegitó esmentat podria deixar fora de les deduccions 18.000 famílies de persones autistes, perquè en molts casos les discapacitats inclouen data de revisió per criteris evolutius i no es poden considerar “permanents”.

Després de la informació publicada per aquest diari, el PP i Vox van pactar una esmena d’aproximació per la qual s’ha eliminat l’afegitó del reconeixement “permanent”, però tan sols de l’apartat C de la normativa. A més, inclou que el canvi s’aplica de manera retroactiva perquè permeta les desgravacions de l’exercici 2025. Fonts populars han explicat a elDiario.es sobre això que, com que la resta de les desgravacions estan enfocades a persones majors de 65 anys, no afecta les famílies de xiquets, que són els que més canvis poden registrar en les valoracions de la discapacitat.

No obstant això, des del Cermi no comparteixen aquest criteri i exigeixen que es corregisquen també la resta dels articles. En un informe elaborat el 14 de maig passat i remés al grup popular, encara que consideren positiva l’esmena que corregeix l’apartat C, justifiquen la necessitat que s’aplique en la resta de la normativa per a evitar traves en les desgravacions.

Segons explica a elDiario.es el president de la institució, Luis Vañó, “la garantia jurídica no pot dependre d’una futura interpretació administrativa flexible, sinó d’una redacció legal expressa, clara i plenament alineada amb el Reial decret 888/2022, del 18 d’octubre, amb la Constitució Espanyola i amb la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i amb els principis d’igualtat, seguretat jurídica, bona administració i no-discriminació”.

Vañó insisteix que “l’existència d’una data de revisió en el certificat de discapacitat no significa que la discapacitat siga transitòria, sinó que respon a criteris tècnics de seguiment, especialment freqüents en la infància i l’adolescència” i adverteix: “L’esmena corregeix parcialment aquest problema pel fet de modificar la lletra c), eliminant l’exigència de permanència en aquest supòsit concret. No obstant això, no aborda de manera integral la resta dels preceptes en què la mateixa expressió o lògica restrictiva pot continuar generant inseguretat jurídica”.

Encara que alguns supòsits puguen referir-se a ascendents majors de 65 anys, “això no elimina completament el risc jurídic”, perquè “també en edats adultes o avançades pot haver-hi certificats revisables, revisions tècniques pendents o situacions en què el certificat no utilitze expressament la fórmula permanent”. En tot cas, “el problema és més evident en les deduccions vinculades a habitatge habitual o arrendament, on no necessàriament concorre un límit d’edat de 65 anys”.

Per tant, afirma Vañó, “l’argument que la permanència no seria excloent en determinats supòsits per estar referits a persones majors, no és prou per a tancar la qüestió des de la perspectiva de la seguretat jurídica” i insisteix que “la norma ha d’afirmar de manera clara que l’existència de data de revisió en el certificat o la resolució de reconeixement de la discapacitat no impedeix aplicar els beneficis fiscals autonòmics mentre aquest certificat siga vigent en la data de meritació de l’impost”.

Finalment, el Cermi valora positivament la retroactivitat prevista en l’esmena, en la mesura en què pretén evitar perjudicis en la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2025.

No obstant això, “resulta recomanable completar aquesta previsió amb una disposició transitòria operativa que regule expressament l’aplicació a declaracions ja presentades, la possibilitat de rectificació d’autoliquidacions”.

Crítiques del PSPV

La portaveu de serveis socials del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, Silvia Gómez, ha censurat “el bunyol legislatiu del Consell d’El Ventorro, que ha corregit hui, gràcies a la denúncia dels socialistes valencians, la tremenda crueltat fiscal que suposava deixar sense la deducció autonòmica les famílies amb fills amb discapacitat intel·lectual o mental superior al 33%”. “Només amb fills, adoptats, en acolliment o delegació de guarda de xiquets amb trastorn de l’espectre autista (TEA) hi ha 18.000 famílies afectades que es quedaven sense aquestes ajudes, mentre el Consell es vana de finançar el gimnàs a contribuents amb ingressos superiors a 60.000 euros. Aquesta és la política fiscal del PP i Vox, marcada per la mateixa frivolitat i incompetència amb què van gestionar la dana del 2024”, ha recriminat la diputada del PSPV.

Silvia Gómez ha fet referència a l’esmena d’aproximació que han presentat el PP i Vox per a eliminar la restricció a aquesta deducció introduïda mitjançant el Decret llei 14/2025, del 26 de desembre de 2025, del Consell, contra la hiperregulació. Com que els decrets llei entren en vigor quan els aprova el Consell, aquesta restricció és vigent i impedeix en l’actual campanya de la renda del 2025 a les 18.000 famílies amb fills amb TEA acollir-se a aquesta rebaixa fiscal.

Segons Gómez, “estem davant un bunyol legislatiu i fiscal vergonyós, que no té disculpa i davant el qual ni Pérez Llorca ni ningú del PP ha eixit a demanar perdó a totes les famílies que han d’afrontar tantes dificultats i que això complica encara més el seu dia a dia”, ha lamentat la parlamentària socialista.

“El PP i Vox han aconseguit el que semblava impossible: portar a les Corts un projecte contra la burocratització que generarà a les famílies amb més problemes més burocràcia i tot un maldecap, amb declaracions complementàries de l’IRPF i revisions de la renda ja presentada”, recrimina Silvia Gómez.

La diputada del PSPV-PSOE adverteix, no obstant això, que la rectificació del PP i Vox és “parcial”, ja que la retallada a aquesta rebaixa fiscal continuarà vigent en altres deduccions fiscals en què acollir-se a aquest alleujament tributari es condiciona al fet que la discapacitat intel·lectual o mental superior al 33% estiga “reconeguda de manera permanent” i no en revisió.

Gómez subratlla que el PP “encara té el tràmit del debat final del projecte de llei davant del ple de les Corts, en què esperem que algú demane perdó pel desastre legislatiu perpetrat pel PP juntament amb Vox, que s’acarnissen contra les persones amb discapacitat perquè no els importen gens ni mica, mentre són escrupolosos eliminant controls davant l’urbanisme salvatge que promouen”.

Deducciones en el coste del gimnasio para rentas de hasta 60.000 euros y al mismo tiempo trabas para desgravarse determinados gastos a familias de personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, trastornos del neurodesarrollo o discapacidad mental.

Aunque parece un contrasentido, es lo que han aprobado el PP y Vox en el marco del Decreto-ley 14/2025, de 26 de diciembre, del Consell, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, coloquialmente, Simplifica II.

Como informó elDiario.es, en la mencionada normativa se introdujeron varias novedades en lo que a las deducciones autonómicas se refiere. Una de ella implicaba añadir la coletilla “reconocido de manera permanente” en las diferentes desgravaciones vigentes para personas con una discapacidad intelectual o mental reconocido igual o superior al 33%. Por ejemplo, el apartado C de la ley de deducciones quedó redactado así: “Por nacimiento, adopción, acogimiento o delegación de guarda, durante el período impositivo, de una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, o un grado de discapacidad intelectual o mental reconocido de manera permanente igual o superior al 33%”.

La coletilla “reconocido de manera permanente” figura también en los apartados H, I. L y N de la misma normativa que se refieren a deducciones para los contribuyentes que convivan con ascendientes mayores de 65 años con un grado de discapacidad intelectual o mental superior al 33%; por la contratación de empleados del hogar para el cuidado de personas también con un grado de discapacidad intelectual o mental superior al 33%; así como por las cantidades destinadas a la adquisición o arrendamiento de la vivienda habitual siempre para este colectivo de personas con discapacidad.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ya advirtió el pasado mes de marzo que la mencionada coletilla podría dejar fuera de las deducciones a 18.000 familias de personas autistas puesto que en muchos casos las discapacidades incluyen fecha de revisión por criterios evolutivos y no se pueden considerar “permanentes”.

Tras la información publicada por este diario, el PP y Vox pactaron una enmienda de aproximación por la que se ha eliminado la coletilla del reconocimiento “permanente”, pero tan solo del apartado C de la normativa. Además, incluye que el cambio se aplica de forma retroactiva para que permita las desgravaciones del ejercicio 2025. Fuentes populares han explicado a elDiario.es al respecto que al estar enfocadas el resto de desgravaciones a personas mayores de 65 años no afecta a las familias de niños que son los que más cambios pueden registrar en las valoraciones de la discapacidad.

Sin embargo, desde el Cermi no comparten este criterio y exigen que se corrijan también el resto de artículos. En un informe elaborado el pasado 14 de mayo y remitido al grupo popular, aunque consideran positiva la enmienda que corrige el apartado C, justifican la necesidad de que se aplique en el resto de la normativa para evitar trabas en las desgravaciones.

Según explica a elDiario.es el presidente de la institución, Luis Vañó, “la garantía jurídica no puede depender de una futura interpretación administrativa flexible, sino de una redacción legal expresa, clara y plenamente alineada con el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, con la Constitución Española y con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con los principios de igualdad, seguridad jurídica, buena administración y no discriminación”.

Vañó insiste en que “la existencia de una fecha de revisión en el certificado de discapacidad no significa que la discapacidad sea transitoria, sino que responde a criterios técnicos de seguimiento, especialmente frecuentes en la infancia y adolescencia” y advierte: “La enmienda corrige parcialmente este problema al modificar la letra c), eliminando la exigencia de permanencia en dicho supuesto concreto. Sin embargo, no aborda de forma integral el resto de preceptos en los que la misma expresión o lógica restrictiva puede seguir generando inseguridad jurídica”.

Aunque algunos supuestos puedan referirse a ascendientes mayores de 65 años, “ello no elimina completamente el riesgo jurídico” puesto que “también en edades adultas o avanzadas pueden existir certificados revisables, revisiones técnicas pendientes o situaciones en las que el certificado no utilice expresamente la fórmula permanente”. En todo caso, “el problema es más evidente en las deducciones vinculadas a vivienda habitual o arrendamiento, donde no necesariamente concurre un límite de edad de 65 años”.

Por tanto, afirma Vañó, “el argumento de que la permanencia no sería excluyente en determinados supuestos por estar referidos a personas mayores no resulta suficiente para cerrar la cuestión desde la perspectiva de la seguridad jurídica” e insiste en que “la norma debe afirmar de forma clara que la existencia de fecha de revisión en el certificado o resolución de reconocimiento de la discapacidad no impide aplicar los beneficios fiscales autonómicos mientras dicho certificado se encuentre vigente en la fecha de devengo del impuesto”.

Por último, el Cermi valora positivamente la retroactividad prevista en la enmienda, en la medida en que pretende evitar perjuicios en la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2025.

No obstante, “resulta recomendable completar dicha previsión con una disposición transitoria operativa que regule expresamente la aplicación a declaraciones ya presentadas, la posibilidad de rectificación de autoliquidaciones”.

Críticas del PSPV

La portavoz de servicios sociales del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Silvia Gómez, ha censurado “la chapuza legislativa del Consell del Ventorro que ha corregido hoy, gracias a la denuncia de los socialistas valencianos, la tremenda crueldad fiscal que suponía dejar sin la deducción autonómica a las familias con hijos con discapacidad intelectual o mental superior al 33%”. “Solo con hijos, adoptados, en acogimiento o delegación de guarda de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) hay 18.000 familias afectadas que se quedaban sin estas ayudas, mientras el Consell se jacta de financiar el gimnasio a contribuyentes con ingresos superiores a 60.000 euros. Esta es la política fiscal del PP-Vox, marcada por la misma frivolidad e incompetencia con la que gestionaron la Dana de 2024”, ha recriminado la diputada del PSPV.

Silvia Gómez ha hecho referencia a la enmienda de aproximación que han presentado PP y Vox para eliminar la restricción a esta deducción introducida mediante el Decreto Ley 14/2025, de 26 de diciembre de 2025, del Consell, contra la hiperregulación. Como los decretos ley entran en vigor en cuanto los aprueba el Consell, esa restricción está vigente e impide en la actual campaña de la renta de 2025 a las 18.000 familias con hijos con TEA acogerse a esa rebaja fiscal.

Según Gómez, “estamos ante una chapuza legislativa y fiscal vergonzosa, que no tiene disculpa y ante la que ni Pérez Llorca ni nadie del PP ha salido a pedir perdón a todas las familias que tienen que afrontar tantas dificultades y que esto viene a complicar todavía más su día a día”, ha lamentado la parlamentaria socialista.

“PP y Vox han conseguido lo que parecía imposible: traer a las Corts un proyecto contra la burocratización que va a generar a las familias con más problemas más burocracia y todo un quebradero de cabeza, con declaraciones complementarias del IRPF y revisiones de la renta ya presentada”, recrimina Silvia Gómez.

La diputada del PSPV-PSOE advierte, no obstante, que la rectificación del PP y Vox es “parcial”, ya que el recorte a esta rebaja fiscal seguirá vigente en otras deducciones fiscales en las que acogerse a este alivio tributario se condiciona a que la discapacidad intelectual o mental superior al 33% esté “reconocida de manera permanente” y no en revisión.

Gómez subraya que el PP “todavía tiene el trámite del debate final del proyecto de ley ante del pleno de las Corts, en el que esperamos que alguien pida perdón por el desastre legislativo perpetrado por el PP junto con Vox, que se ensañan contra las personas con discapacidad porque no les importan lo más mínimo, mientras son escrupulosos eliminando controles frente al urbanismo salvaje que promueven”.

El Govern valencià va anunciar el 26 de febrer passat la posada en marxa de la nova Oficina Valenciana d’Inclusió (OVI) durant el període 2026-2029. Aquest servei, segons va informar la Conselleria d’Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat que dirigeix la vicepresidenta Susana Camarero, va nàixer amb l’objectiu d’oferir atenció especialitzada a les persones migrants, afavorir la igualtat de tracte i la prevenció dels delictes d’odi, garantint drets i promovent la plena igualtat en la societat valenciana.

L’OVI integra les prestacions que anteriorment oferien per separat el servei IgualaT, centrat en la igualtat de tracte i no-discriminació, i el servei Atles, enfocat en l’atenció de persones migrants. D’aquesta manera, el nou servei garanteix, sota un únic marc d’atenció, l’accés a informació, l’assessorament i l’atenció a víctimes o persones relacionades amb situacions discriminatòries, així com informació bàsica i atenció especialitzada en matèria d’inclusió social.

No obstant això, dins de la seua agenda ultra i després de posar damunt la taula el debat de la prioritat nacional, el grup parlamentari Vox en les Corts Valencianes ja ha posat el focus sobre aquesta entitat. En plena negociació dels pressupostos autonòmics amb el PP, els d’Abascal van presentar el 7 de maig passat una proposició no de llei (PNL) de tramitació urgent per mitjà de la qual insten el Consell a “eliminar la recent iniciativa denominada Oficina d’Inclusió (OVI) i dedicar els recursos emprats per a crear i desenvolupar aquesta a polítiques dirigides a millorar els serveis públics de la Comunitat Valenciana”. A més, exigeixen “rebutjar qualsevol iniciativa, independentment de l’Administració de què provinga, que fomente i facilite la immigració massiva”.

Segons l’exposició de motius de la PNL “el bipartidisme ha impulsat una agenda política centrada en estructures administratives supèrflues i projectes de marcat caràcter ideològic que no responen a les necessitats reals dels valencians” i afig que “iniciatives com l’Oficina d’Inclusió impulsada per la Conselleria d’Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat, és una mostra de com els recursos públics podrien destinar-se a facilitar el dia a dia dels ciutadans en compte de polítiques d’escassa utilitat”.

D’altra banda, afirma que “amb la crisi immigratòria actual d’Espanya, sembla evident que tindre iniciatives que fomenten i faciliten l’efecte crida no és una cosa prioritària per als valencians, que pateixen les seues conseqüències cada dia”.

Sobre això, a preguntes d’elDiario.es, tant des de Vox com des del PP i des de la Conselleria d’Igualtat han mantingut silenci. La veritat és que la PNL està en plena vigència i es podria debatre i votar en el pròxim ple previst per al 3 de juny, llevat que s’aprovaren abans els pressupostos autonòmics i s’hi incloguera la mesura.

Fa poc, Vox va fer marxa arrere i va renunciar a portar de moment a les Corts Valencianes la seua proposta per a exigir la prioritat nacional en l’accés als serveis públics, per considerar que, en aquests moments, l’àmbit on correspon plantejar aquesta qüestió és el municipal, un canvi de postura que es va vincular a la negociació dels comptes de la Generalitat.

El Gobierno valenciano anunció el pasado 26 de febrero la puesta en marcha de la nueva Oficina Valenciana de Inclusión (OVI) durante el periodo 2026-2029. Este servicio, según informó la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad que dirige la vicepresidenta Susana Camarero, nació con el objetivo de ofrecer atención especializada a las personas migrantes, favorecer la igualdad de trato y la prevención de los delitos de odio, garantizando derechos y promoviendo la plena igualdad en la sociedad valenciana.

La OVI integra las prestaciones que anteriormente ofrecían por separado el servicio IgualaT, centrado en la igualdad de trato y no discriminación; y el servicio Atlas, enfocado en la atención de personas migrantes. De este modo, el nuevo servicio garantiza, bajo un único marco de atención, el acceso a información, el asesoramiento y la atención a víctimas o personas relacionadas con situaciones discriminatorias, así como información básica y atención especializada en materia de inclusión social.

Sin embargo, dentro de su agenda ultra y tras poner sobre la mesa el debate de la prioridad nacional, el grupo parlamentario Vox en las Corts Valencianes ya ha puesto el foco sobre esta entidad. En plena negociación de los presupuestos autonómicos con el PP, los de Abascal presentaron el pasado 7 de mayo una proposición no de ley (PNL) de tramitación urgente por medio de la cual instan al Consell a “eliminar la reciente iniciativa denominada Oficina de Inclusión (OVI) y dedicar los recursos empleados para crear y desarrollar la misma a políticas dirigidas a mejorar los servicios públicos de la Comunidad Valenciana”. Además, exigen “rechazar cualquier iniciativa, independientemente de la Administración de la que provenga, que fomente y facilite la inmigración masiva”.

Según la exposición de motivos de la PNL “el bipartidismo ha impulsado una agenda política centrada en estructuras administrativas superfluas y proyectos de marcado carácter ideológico que no responden a las necesidades reales de los valencianos” y añade que “iniciativas como la Oficina de inclusión impulsada por la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, es una muestra de cómo los recursos públicos podrían destinarse a facilitar el día a día de los ciudadanos en lugar de a políticas de escasa utilidad”.

Por otro lado, afirma que “con la crisis inmigratoria actual de España, parece evidente que contar con iniciativas que fomenten y faciliten el efecto llamada no es algo prioritario para los valencianos, que sufren sus consecuencias cada día”.

Al respecto, a preguntas de elDiario.es, tanto desde Vox como desde el PP y desde la Conselleria de Igualdad han guardado silencio. Lo cierto es que la PNL está en plena vigencia y se podría debatir y votar en el próximo pleno previsto para el 3 de junio, salvo que se aprobaran antes los presupuestos autonómicos y se incluyera la medida.

Recientemente, Vox dio marcha atrás y renunció a llevar de momento a las Corts Valencianes su propuesta para exigir la prioridad nacional en el acceso los servicios públicos, por considerar que, en estos momentos, el ámbito donde corresponde plantear esta cuestión es el municipal, un cambio de postura que se vinculó a la negociación de las cuentas de la Generalitat.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, se ha pronunciado este miércoles por primera vez desde que arrancó la huelga del profesorado ante los medios de comunicación sobre las movilizaciones y la reunión que se ha anunciado para este jueves entre los sindicatos y la consellera de Educación, Carmen Ortí, en la que se tratará de avanzar en busca de un acuerdo.

Sin embargo, Pérez Llorca ha dejado entrever que aún no hay ningún documento por escrito con propuestas concretas y que la falta de recursos económicos como consecuencia de la infrafinanciación (pese a que renunció a la propuesta del Gobierno que supone 3.669 millones de euros adicionales) o del fondo de nivelación puede ser un escollo.

Al respecto, el jefe del Consell ha comentado que “la propuesta de la Generalitat es diálogo, llegar a entendimiento, ser sensatos, tener sentido común y que pensemos todos que estamos hablando de educación, y la educación debe de dejar la política a un lado y tenemos que centrarnos en que sea cada vez más eficaz y más eficiente”.

Pérez Llorca ha asegurado que “cada una de las propuestas que han hecho los sindicatos van a ser atendidas y va a abrirse un diálogo sobre ellas; estamos hablando de eliminar burocracia, algo en lo esta administración está siendo ejemplar, de dotar más recursos para la educación especial, claro que sí, de los ratios, del plan de climatización, en esa línea estamos trabajando, está todo encima de la mesa”.

El presidente ha recordado que en la primera reunión que se hizo con los sindicatos “el planteamiento de la Generalitat fue garantizar que los estudiantes de bachiller y que tenían que hacer las pruebas de acceso a la universidad se les garantizara la evaluación y se levantaron de la mesa”. Después, “la Justicia nos dio la razón porque fuimos con sensatez y con sentido común, por lo tanto si lo tenemos todos llegaremos a acuerdos”.

Sobre la demanda de subidas salariales el jefe del Consell ha destacado que los propios profesores dijeron que “lo menos importante para ellos es el salario, eso lo han dicho todos los sindicatos, en eso también estamos dispuestos a hablar, pero lo primero si lo menos importante son los salarios, es atender lo que ellos y nosotros consideramos importante, que es quitar la política de las aulas y que haya más rigor técnico y profesional”.

En cuanto a los fondos que serán necesarios para satisfacer todas las demandas cifradas por Ortí en 2.400 millones y si se incluirá en los nuevos presupuestos que se están negociando, Pérez Lloca ha comentado que “todos los años en políticas sociales, en educación, en sanidad, esta administración hace un presupuesto focalizado en estos pilares que son fundamentales, es cierto que si llegan las transferencias del Estado tendremos más fondos, si ese fondo de nivelación estuviera en marcha por parte del Gobierno tendríamos más fondos, es cierto que si tuviéramos un nuevo modelo de financiación tendríamos más fondos; a pesar del ninguneo económico del Gobierno seguimos trabajando para dar unos servicios públicos de calidad”.

Carpetada definitiva a la comissió d’investigació de la dana en les Corts Valencianes. El PP i Vox donen per liquidades les tasques d’indagació sobre els errors que es van cometre en la gestió de la riuada que va deixar 230 morts el 29 d’octubre de 2024. Encara que la setmana passada ja van rebutjar una petició de pròrroga de l’oposició, el PSPV tornarà a insistir-hi en el pròxim ple, mentre Compromís exigeix una altra comissió.

Així doncs, les comissions creades tant en el Congrés dels Diputats com el Senat continuen vigents, alhora que la instrucció judicial. No obstant això, en la Diputació de València i en les Corts s’han donat ja per tancades i estan a l’espera de l’escrit de conclusions.

El cas de la cambra valenciana és especialment flagrant, perquè la investigació es tanca un any després d’haver-se creat sense que hi hagen anat a declarar el 67% de les persones que es va acordar citar en el pla de treball, entre elles els responsables directes de la gestió de l’emergència, és a dir, l’exconsellera Salomé Pradas i el seu número dos, Emilio Argüeso. Tampoc els responsables tècnics de la cúpula d’Emergències, com el subdirector Jorge Suárez o l’excap dels bombers, José Miguel Basset.

Sobre aquest tema, la presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals Dana 29 d’Octubre, Rosa Álvarez, ha insistit a preguntes d’elDiario.es que es tracta d’“un nou maltractament” a les víctimes que provoca una nova “revictimització a les famílies”. Des del seu punt de vista, el tancament de “la comissió fake” és la prova que ha sigut “una pantomima” que no hi havia voluntat per investigar res: “Es va crear perquè no podia ser l’única administració que no en fera, tot i que és la responsable de la gestió de les emergències, però és increïble que els màxims responsables com van ser Pradas i Argüeso no hi hagen comparegut”.

Per a Álvarez, encara és més vergonyós que el PP i Vox volgueren tancar la comissió citant l’excomissionat del Govern per a la reconstrucció, José María Ángel, que va dimitir després de fer-se públic que hauria falsificat el seu títol. Per a la presidenta de l’associació de víctimes és “una burla, perquè aquesta persona, independentment del que haja passat amb el seu títol, en el temps que va estar en la Generalitat com a número dos d’Emergències va demostrar la seua vàlua, tant de bo haguera estat ell al capdavant de la dana, com ho va estar el 2019 en la del Baix Segura o quan el setembre de 2023 va haver-hi una alerta i va convocar una reunió de preemergència amb dies antelació”.

La portaveu de l’associació Víctimes de la Dana 29 d’Octubre de 2024, Mariló Gradolí, ha comentat des del primer moment han considerat que la vertadera investigació “és la del jutjat de Catarroja”, ja que “és l’únic espai on es treballa amb rigor jurídic, contrast de proves i accés a la documentació objectiva”.

Amb tot i això, ha afegit que pensen que les comissions d’investigació de les diferents administracions “han de servir per a ampliar informació, però sobretot per a extraure aprenentatges i evitar que una tragèdia així torne a repetir-se”, per la qual cosa des del seu punt de vista la comissió de les Corts ha confirmat el que deien: “Ha sigut una comissió l’objectiu de la qual no ha sigut descobrir la veritat, sinó simplement autojustificar-se amb les seues pròpies mentides i relats”.

Només declaren 32 dels 96 compareixents citats

La creació d’aquesta comissió d’investigació es va aprovar el 28 de novembre de 2024, un mes després de les inundacions, a proposta de Vox i amb els vots a favor del PP, Compromís i en contra del PSPV, però no es va constituir fins al 27 de gener de 2025, amb Vox en la presidència i el PP en la vicepresidència.

Va caldre esperar al 5 de maig perquè aprovara el pla de treball –el del PP i Vox–, amb 127 peticions de documentació i 85 compareixents, com els presidents del Govern i del Consell, Pedro Sánchez i Carlos Mazón, diversos ministres i consellers, l-exconsellera Salomé Pradas i el seu ex-número dos, Emilio Argüeso, i 17 alcaldes de la zona dana.

En la tercera reunió de la comissió, al juny, es va modificar el pla de treball per a incloure-hi les associacions de víctimes, que no estaven en la llista inicial, cosa que va elevar a 96 els compareixents, i es va establir que una vegada cada tres setmanes acolliria compareixences, començant per tècnics i experts i no per les víctimes, com demanava l’oposició.

Entre juliol del 2025 i maig del 2026, aquesta comissió d’investigació haurà celebrat set sessions dedicades a compareixences –l’última serà dilluns–, amb un format en què primer han parlat els grups tres minuts cadascun, a continuació qui declarava quinze minuts, i finalment els grups i el declarant per sis minuts.

Al novembre, hi va acudir el primer polític: Carlos Mazón, després d’haver anunciat la seua dimissió com a president de la Generalitat. En la sisena sessió, el mes d’abril passat, va ser el torn de tres consellers, els vicepresidents Susana Camarero i Vicente Martínez Mus i el conseller Miguel Barrachina.

La comissió d’investigació de les Corts Valencianes sobre la dana va celebrar dilluns la seua última sessió dedicada a compareixences, amb el comissionat de la Generalitat per a la Recuperació després de la dana, Raúl Mèrida, el portaveu de la Confederació Espanyola de la Policia Nacional, David Gutiérrez, i el director general de Qualitat i Educació Ambiental, Jorge Blanco. L’excomissionat del Govern José María Ángel no ha acudit a la compareixença.

Crítiques del PSPV i de Compromís

El síndic socialista, José Muñoz, ha qualificat d’“indigne” el tancament “en fals” de la comissió d’investigació i ha avançat que en el pròxim ple portaran la petició de pròrroga de les sessions, atés que no ha comparegut “ningú de la cúpula d’Emergències”, per la qual cosa ha instat el PP i Vox a “recapacite” la seua decisió de tancar ja la comissió.

La diputada de Compromís Isaura Navarro ha afirmat que és “un dia trist per a la democràcia valenciana” perquè el PP i Vox “donen per liquidada” la comissió malgrat que falten compareixents i documentació, perquè “mai han volgut que se sàpia” què va passar, i ha qualificat d’“escàndol” que no hagen comparegut l’exconsellera d’Interior ni el seu número dos.

Navarro ha anunciat que, després d’haver-los rebutjat la pròrroga, demanaran una nova comissió d’investigació perquè “realment es puga saber” què va passar, en què es va fallar i es determinen les responsabilitats polítiques, amb un format de pregunta-resposta i en què compareguen totes les persones que van estar al càrrec de l’emergència.

El PP i Vox critiquen l’absència del Govern

El síndic del PP, Nando Pastor, ha acusat l’oposició d’actuar “a la desesperada” per a intentar “tapar les seues pròpies vergonyes” per les absències de representants del Govern d’Espanya en aquesta comissió, de la qual s’“han burlat” i no han tornat resposta, quan “estaven obligats moralment a vindre a donar la cara”.

Ha acusat de “xarradors” els diputats de l’oposició per a afirmar que falta documentació sobre la dana; ha acusat l’esquerra d’“hipocresia i cinisme” amb aquesta comissió, i ha indicat que ara cal treballar a aconseguir un dictamen de conclusions “seriós i rigorós”.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha afirmat que el seu partit i el PP ja fa un any que intenten que vinguen a les Corts tots els membres del Govern central “que van tindre responsabilitats directes en la riuada, però cap ha volgut comparéixer”, des de Pedro Sánchez a ministres, la delegada del Govern o responsables d’organismes estatals.

El comissionat de la Generalitat assegura que es va fer “un esforç titànic”

El comissionat de la Generalitat per a la recuperació després de la dana del 2024, Raúl Mérida, ha afirmat dilluns que, després de la tragèdia, l’executiu valencià va fer “un esforç titànic, malgrat, no gràcies a”, perquè la “pressió del Govern” d’Espanya va arribar a ser moltes vegades “total i absolutament asfixiant”.

“Van ser dies dramàtics, i no serviran de res si no n’aprenem”, ha opinat el comissionat, per a qui l’aprenentatge d’aquest “autèntic tsunami mediambiental” hauria d’implicar treballar tots “conjuntament i lleialment”, ja que és moment “de sumar i no de restar”, i de “deixar la confrontació per a un altre dia”.

El portaveu del sindicat Confederació Espanyola de la Policia Nacional (CEP), David Gutiérrez, ha indicat que després de la catàstrofe “no van arribar els recursos a temps i alguns ni tan sols van arribar per la falta de voluntat política” del president del Govern, Pedro Sánchez.

Carpetazo definitivo a la comisión de investigación de la dana en las Corts Valencianes. El PP y Vox dan por finiquitadas las labores de indagación sobre los errores que se cometieron en la gestión de la riada que dejó 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024. Aunque la semana pasada ya rechazaron una petición de prórroga de la oposición, el PSPV volverá a insistir en el próximo pleno, mientras Compromís exige una nueva comisión.

Así, las comisiones creadas tanto en el Congreso de los Diputados como el Senado siguen vigentes, al tiempo que la instrucción judicial. Sin embargo, en la Diputación de Valencia y en las Corts se han dado ya por cerradas y están a la espera del escrito de conclusiones.

El caso de la cámara valenciana es especialmente flagrante puesto que la investigación se cierra un año después de haberse creado sin que hayan ido a declarar el 67% de las personas que se acordó citar en el plan de trabajo, entre ellas los responsables directos de la gestión de la emergencia, es decir, la exconsellera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso. Tampoco los responsables técnicos de la cúpula de Emergencias, como el subdirector Jorge Suárez o el exjefe de los bomberos, José Miguel Basset.

Al respecto, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29 d’octubre, Rosa Álvarez, ha insistido a preguntas de elDiario.es en que se trata de “un nuevo maltrato” a las víctimas que provoca una nueva “revictimización a las familias”. Desde su punto de vista el cierre de “la comisión 'fake'” es la prueba de que ha sido “una pantomima” de que no había voluntad por investigar nada: “Se creó porque no podía ser la única administración que no la hiciera cuando es la responsable de la gestión de las emergencias, pero es increíble que los máximos responsables como fueron Pradas y Argüeso no hayan comparecido”.

Para Álvarez aún es más vergonzoso que el PP y Vox quisieran cerrar la comisión citando al excomisionado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel, quien dimitió tras hacerse público que habría falsificado su título. Para la presidenta de la asociación de víctimas es “una burla porque esta persona, independientemente de lo que haya pasado con su título, en el tiempo que estuvo en la Generalitat como número dos de Emergencias demostró su valía, ojalá hubiera estado él al frente de la dana, como lo estuvo en 2019 en la de la Vega Baja o cuando en septiembre de 2023 hubo una alerta y convocó una reunión de preemergencia con días antelación”.

La portavoz de la asociación Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, Mariló Gradolí, ha comentado desde el primer momento han considerado que la verdadera investigación “es la del juzgado de Catarroja” puesto que “es el único espacio donde se está trabajando con rigor jurídico, contraste de pruebas y acceso a la documentación objetiva”.

Aun así, ha añadido que piensan que las comisiones de investigación de las distintas administraciones “deben servir para ampliar información, pero sobre todo para extraer aprendizajes y evitar que una tragedia así vuelva a repetirse” por lo que desde su punto de vista la comisión de las Corts ha confirmado lo que venían diciendo: “Ha sido una comisión cuyo objetivo no ha sido descubrir la verdad, sino simplemente autojustificarse con sus propias mentiras y relatos”.

Solo declaran 32 de los 96 comparecientes citados

La creación de esta comisión de investigación se aprobó el 28 de noviembre de 2024, un mes después de las inundaciones, a propuesta de Vox y con los votos a favor del PP, Compromís y en contra del PSPV, pero no se constituyó hasta el 27 de enero de 2025, con Vox en la presidencia y el PP en la vicepresidencia.

Hubo que esperar al 5 de mayo para que aprobara el plan de trabajo -el de PP y Vox-, con 127 peticiones de documentación y 85 comparecientes, como los presidentes del Gobierno y del Consell, Pedro Sánchez y Carlos Mazón, varios ministros y consellers, la exconsellera Salomé Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso, y 17 alcaldes de la zona dana.

En la tercera reunión de la comisión, en junio, se modificó el plan de trabajo para incluir a las asociaciones de víctimas, que no estaban en la lista inicial, lo que elevó a 96 los comparecientes, y se estableció que una vez cada tres semanas acogería comparecencias, empezando por técnicos y expertos y no por las víctimas, como pedía la oposición.

Entre julio de 2025 y mayo de 2026, esta comisión de investigación habrá celebrado siete sesiones dedicadas a comparecencias -la última será este lunes-, con un formato en el que primero han hablado los grupos tres minutos cada uno, a continuación quien declaraba quince minutos, y finalmente los grupos y el declarante por seis minutos.

En noviembre, acudió el primer político: Carlos Mazón, tras haber anunciado su dimisión como president de la Generalitat. En la sexta sesión, el pasado mes de abril, fue el turno de tres consellers, los vicepresidentes Susana Camarero y Vicente Martínez Mus y el conseller Miguel Barrachina.

La comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana celebró este lunes su última sesión dedicada a comparecencias, con el comisionado de la Generalitat para la Recuperación tras la dana, Raúl Mérida, el portavoz de la Confederación Española de la Policía Nacional, David Gutiérrez, y el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco. El excomisionado del Gobierno José María Ángel no ha acudido a la comparecencia.

Críticas del PSPV y de Compromís

El síndic socialista, José Muñoz, ha calificado de “indigno” el cierre “en falso” de la comisión de investigación y ha adelantado que en el próximo pleno llevarán la petición prórroga de las sesiones, dado que no ha comparecido “nadie de la cúpula de Emergencias”, por lo que ha instado al PP y Vox a “recapacitar” su decisión de cerrar ya la comisión.

La diputada de Compromís Isaura Navarro ha afirmado que es “un día triste para la democracia valenciana” porque el PP y Vox “dan por finiquitada” la comisión pese a que faltan comparecientes y documentación, porque “nunca han querido que se sepa” lo que ocurrió, y ha calificado de “escándalo” que no hayan comparecido la exconsellera de Interior ni su número dos.

Navarro ha anunciado que, tras haberles rechazado la prórroga, van a pedir una nueva comisión de investigación para que “realmente se pueda saber” lo que pasó, en qué se falló y se determinen las responsabilidades políticas, con un formato de pregunta-respuesta y en la que comparezcan todas las personas que estuvieron al cargo de la emergencia.

PP y Vox critican la ausencia del Gobierno

El síndic del PP, Nando Pastor, ha acusado a la oposición de actuar “a la desesperada” para intentar “tapar sus propias vergüenzas” por las ausencias de representantes del Gobierno de España en esta comisión, de la que se “han burlado” y han dado “la callada por respuesta”, cuando “estaban obligados moralmente a venir a dar la cara”.

Ha acusado de “charlatanes” a los diputados de la oposición por afirmar que falta documentación sobre la dana; ha acusado a la izquierda de “hipocresía y cinismo” con esta comisión, y ha indicado que ahora hay que trabajar en conseguir un dictamen de conclusiones “serio y riguroso”.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha afirmado que su partido y el PP llevan un año intentando que vengan a las Corts todos los miembros del Gobierno central “que tuvieron responsabilidades directas en la riada, pero ninguno ha querido comparecer”, desde Pedro Sánchez a ministros, la delegada del Gobierno o responsables de organismos estatales.

El comisionado de la Generalitat asegura que se hizo “un esfuerzo titánico”

El comisionado de la Generalitat para la recuperación tras la dana de 2024, Raúl Mérida, ha afirmado este lunes que, después de la tragedia, el Ejecutivo valenciano hizo “un esfuerzo titánico, a pesar de, no gracias a”, porque la “presión del Gobierno” de España llegó a ser muchas veces “total y absolutamente asfixiante”.

“Fueron días dramáticos, y de nada van a servir si no aprendemos”, ha opinado el comisionado, para quien el aprendizaje de este “auténtico tsunami medioambiental” debería pasar por trabajar todos “conjunta y lealmente”, ya que es momento “de sumar y no de restar”, y de “dejar la confrontación para otro día”.

El portavoz del sindicato Confederación Española de la Policía Nacional (CEP), David Gutiérrez, ha indicado que tras la catástrofe “no llegaron los recursos a tiempo y algunos ni siquiera llegaron por la falta de voluntad política” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.