En el vasto territorio selvático del Petén, en el extremo norte de Guatemala, se alzan los restos de Naachtun, una antigua ciudad maya donde los arqueólogos han hallado un tablero de patolli único en todo el mundo maya. En lugar de estar grabado en el estuco, el método habitual entre los mayas, este tablero fue construido como un mosaico: cientos de pequeñas teselas cerámicas, alrededor de 478 fragmentos estimados, incrustadas en mortero fresco para delinear sus casillas. La pieza, ubicada bajo la estructura 6L-19 del complejo residencial 6L-13, no solo destaca por su singularidad técnica: también permite, por primera vez, situar con claridad el momento en que se creó y entender cómo este juego pudo integrarse en la arquitectura desde su origen.

El misterio del tablero: ¿cuál era su uso y por qué es tan importante el hallazgo?

El patolli, ampliamente documentado en Mesoamérica, aparece en textos coloniales, códices posclásicos y en decenas de tableros excavados en ciudades mayas. Sin embargo, en el área maya estos tableros siempre habían sido incisos: surcos grabados en suelos y bancos de estuco, con formas que oscilan entre variantes cosmográficas y diseños más simples asociados al entretenimiento.

Su función, a caballo entre lo ritual, lo adivinatorio y lo lúdico, ha sido objeto de debate durante décadas. El hallazgo de Naachtun introduce un elemento disruptivo: demuestra que el juego podía planificarse como parte de un espacio arquitectónico y no como un añadido tardío, una duda frecuente en las investigaciones previas.

Para entender la relevancia del hallazgo es necesario situarlo en Naachtun, una antigua ciudad maya del periodo Clásico ubicada en el norte de Guatemala, en la región del Petén, entre los grandes centros de Tikal y Calakmul. Aunque identificada desde los años veinte, solo desde 2004 se excava de forma sistemática.

Su historia combina un auge temprano ligado a la dinastía Suutz, la construcción de más de 70 monumentos y un papel político relevante en las tensiones geopolíticas del Clásico maya. En este paisaje, el complejo 6L-13 destaca como un conjunto residencial de élite, posiblemente sede de un linaje poderoso con funciones administrativas. Una larga secuencia de ocupación, arquitectura monumental y abundantes saqueos indican su importancia dentro del asentamiento.

Cuándo se halló el tablero

El tablero apareció durante los trabajos de 2023 bajo la estructura 6L-19, parcialmente cubierto por un muro construido con posterioridad. Este detalle estratigráfico es clave: el suelo en el que está incrustado el tablero (Floor 1) corresponde a una fase anterior y no muestra ningún otro elemento asociado. La superposición del muro demuestra que el tablero formó parte del diseño del pavimento original y que quedó, en algún momento, expuesto en un espacio abierto antes de la construcción de la estructura superior. A diferencia de otros ejemplos mayas, cuyo contexto y cronología suelen ser inciertos, aquí puede afirmarse con claridad que el tablero pertenece al momento de creación del suelo, lo que elimina la posibilidad de que fuera un añadido tardío o un gesto ritual aislado.

Así es la pieza

La pieza presenta la forma típica del patolli maya: un rectángulo con una cruz central que divide el espacio en casillas, un patrón estimado de unas 45 casillas, según la reconstrucción digital del diseño. Sin embargo, su técnica de ejecución lo convierte en un caso sin paralelos. Cada casilla está formada por pequeños fragmentos cerámicos, de entre 1 y 3 centímetros, cuidadosamente incrustados en el mortero. 

El análisis digital de las teselas y de sus improntas en el suelo ha permitido reconstruir parte del patrón original y estimar que el diseño completo requirió unos 478 fragmentos. Además, la selección cromática no es casual: todas las teselas conservan un tono rojizo homogéneo, tal vez por visibilidad o por su asociación simbólica con el Este en la cosmología maya. La elección de este material, su cantidad y la precisión del trazado indican una inversión de trabajo muy superior a la observada en los tableros incisos, de ejecución rápida y poco profunda.

El análisis cerámico de los fragmentos recuperados revela que proceden de vasijas diversas, muchas de ellas erosionadas y correspondientes a tipos del Clásico Temprano, como Dos Hermanos Red y Aguila Orange. Esto sugiere que los materiales fueron reutilizados a partir de un basurero doméstico y no fabricados ad hoc.

Aun así, su presencia proporciona un terminus post quem en el siglo V d.C. para la construcción del tablero. Los investigadores advierten que la datación exacta del suelo no pudo establecerse mediante excavación directa, para evitar dañar la pieza, pero el conjunto cerámico apunta a una cronología temprana dentro del corpus de tableros mayas, donde la mayoría corresponde al periodo Clásico Tardío y Posclásico.

Ahora se pueden responder a preguntas que durante años estuvieron en el aire

Este carácter excepcional permite responder a preguntas que durante años han limitado el estudio del patolli en el mundo maya. Los tableros incisos suelen considerarse efímeros, hechos con instrumentos improvisados y sin garantías de durabilidad. El mosaico de Naachtun implica lo contrario: una planificación arquitectónica, una inversión notable de recursos y la intención, al menos teórica, de un uso prolongado.

Además, aporta indicios sobre el significado social del juego: un espacio abierto, quizá techado pero no cerrado, dentro de un complejo residencial de élite donde actividades rituales, administrativas y comunitarias se entrelazaban. También abre nuevas vías para interpretar los vínculos entre simbolismo cardinal, color, orientación y práctica lúdica.

Con todo, los investigadores subrayan que gran parte del potencial del hallazgo dependerá de futuras excavaciones. Falta determinar la función precisa de las estructuras 6L-19 y 6L-20, comprobar si existió una cubierta o un espacio semipúblico asociado y clarificar si el tablero se usó durante toda la vida útil del pavimento o solo en una fase inicial.

Con los niños migrantes esperando en las pistas del aeropuerto para ser enviados a su Guatemala natal, una jueza federal bloqueó temporalmente las deportaciones este domingo, poniéndose del lado de los abogados de los menores, quienes afirmaron que el Gobierno estaba infringiendo las leyes y enviando a sus clientes a un peligro potencial.

El caso se desarrolló durante la noche de un fin de semana festivo en EEUU por el Día del Trabajo este lunes, y saltó de las pistas de Texas a una sala de audiencias en Washington en lo que es el último enfrentamiento sobre la represión de la Administración Trump contra la migración, y el último choque contra las garantías legales que el Congreso de EEUU ha dado a los migrantes vulnerables.

La Administración Trump planea expulsar a casi 700 niños guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos sin acompañantes, según una carta enviada el viernes por el senador Ron Wyden, demócrata por Oregón.

El domingo por la noche, el Gobierno de Guatemala dijo en un comunicado que había propuesto inicialmente el traslado de los menores a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, durante su visita al país en julio.

La preocupación de Guatemala era que cientos de menores pronto superarían la edad para permanecer en los centros de menores donde estaban recluidos y serían enviados a centros de detención para adultos. El Gobierno guatemalteco subrayó que estaba dispuesto a acoger a los menores una vez que se completara el debido proceso en Estados Unidos, siguiendo los protocolos establecidos.

Los niños guatemaltecos que llegaron a la frontera sin sus padres o tutores permanecerán en EEUU durante al menos dos semanas mientras se desarrolla la batalla legal, según la sentencia. “No quiero que haya ninguna ambigüedad”, afirmó la jueza federal Sparkle L. Sooknanan.

Minutos después de la vista, convocada de urgencia, cinco autobuses se detuvieron junto a un avión en el Aeropuerto Internacional Valley de Harlingen, Texas, un centro neurálgico para los vuelos de deportación. Horas antes, las autoridades habían conducido a decenas de pasajeros hacia el avión en una zona restringida. Los pasajeros vestían ropa que se suele utilizar en los centros gestionados por el Gobierno para niños migrantes.

Se esperaba que los 76 niños de los aviones fueran devueltos a los centros supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos antes del final del domingo, según informó el Departamento de Justicia en un escrito judicial.

“La idea de que, en un fin de semana de puente, en plena noche, despertaran a estos niños vulnerables y los subieran a un avión sin tener en cuenta las protecciones constitucionales que les correspondían es algo que debería escandalizar a todos los estadounidenses”, declaró Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, que representa a los niños, tras la vista celebrada el domingo, informa AP.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios sobre la sentencia.

Los hechos recuerdan a un enfrentamiento ocurrido en marzo durante un fin de semana por la deportación de cientos de venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Los defensores de los migrantes imploraron a un juez federal que detuviera las deportaciones que creían inminentes, mientras que la administración Trump guardaba silencio sobre sus planes.

En aquel caso, la justicia intentó bloquear los vuelos, pero estos siguieron adelante, y el Gobierno afirmó que la orden judicial había llegado demasiado tarde.

La administración insistió en que estaba reuniendo a los niños guatemaltecos —a petición de la nación centroamericana— con sus padres o tutores que solicitaban su regreso. Los abogados de algunos de los niños dicen que eso no es cierto, y argumentan que, en cualquier caso, las autoridades tendrían que seguir un proceso legal que no siguieron.

La vista judicial del domingo se celebró en el marco de una demanda presentada en un tribunal federal de Washington, pero también se han presentado acciones legales similares en otros lugares.

El 8 de marzo de 2017 es una fecha marcada en la historia reciente de Guatemala. Esa mañana se produjo un incendio en un centro de protección estatal de menores a las afueras de la capital en el que murieron 41 niñas y adolescentes. Otras 15 sobrevivieron con heridas graves. Las 56 menores habían sido encerradas con candado en una pequeña aula en la que tuvieron que pasar la madrugada. La noche anterior habían tratado de huir del centro, junto con otros jóvenes.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción era una macroinstitución creada 10 años antes, con capacidad para 500 personas, pero que siempre se mantuvo superpoblada. Formaba parte del sistema de protección guatemalteco para albergar a menores de edad que necesitaran amparo del Estado: niños en situación de abandono, víctimas de violencia, de abusos sexuales, de trata, e incluso personas con discapacidad. Todos estos perfiles estaban mezclados: no había un trato especializado.

Durante años, el hogar recibió denuncias de todo tipo. Desde servir comida en mal estado y llevar a cabo maltratos físicos y verbales hasta delitos más graves, como violencia sexual y trata de personas. Testigos de la causa declararon que, de madrugada, trabajadores del centro sacaban a niñas que habían seleccionado previamente y que regresaban horas después, sin poder articular palabra. También se registraron varias muertes violentas dentro del lugar. La Fiscalía guatemalteca nunca investigó en profundidad estos hechos.

Revuelta e incendio mortal

Hartos de la situación, los jóvenes se amotinaron y escaparon en la tarde del 7 de marzo de 2017. Agentes de policía los persiguieron por el bosque aledaño al centro y los llevaron de vuelta a la fuerza. Las niñas y niños esperaron afuera del Hogar Seguro durante horas, de madrugada, con frío y mojados, tras haber cruzado un río de aguas negras para huir.

Esa noche, la policía tomó el control del lugar. Pero los agentes no estaban cualificados y trataron a los adolescentes como criminales. A medianoche, entraron de nuevo en el centro. A los niños los llevaron al auditorio y para las 56 niñas acondicionaron un aula que apenas tenía capacidad para 11 personas acostadas. Ahí, como pudieron, acomodaron unas colchonetas de espuma y la policía cerró la puerta con un candado. La llave quedó a cargo de una subinspectora: Lucinda Marroquín.

Durante la madrugada no las dejaron salir al baño con el pretexto de que estaba estropeado, así que las niñas colocaron algunas colchonetas para delimitar un área más o menos apartada donde hacer sus necesidades. Algunas describirían después que el olor era insoportable. En ese mismo espacio les sirvieron el desayuno la mañana siguiente, en platos de poliestireno.

Desesperada, después de horas hacinadas en el espacio, una de ellas sacó una cerilla y la encendió, para llamar la atención de los policías. El fuego se propagó en segundos. Las colchonetas y los platos desechables ardieron sin control. Las jóvenes pidieron auxilio. “Jefa, jefa, hay fuego”, gritaron, según la reconstrucción que hizo la Fiscalía.

Lucinda Marroquín, la subinspectora, tardó nueve minutos en abrir la puerta. Algunas la escucharon decir: “Que se quemen esas hijas de la gran puta”.

Murieron 41 niñas y adolescentes. La mayoría ahí mismo y otras en hospitales a los que fueron trasladadas. 15 sobrevivieron, algunas con extremidades amputadas y con quemaduras en todo el cuerpo.

Condenas por homicidio, maltrato y abuso de autoridad

Tras el incendio, la Fiscalía inició una investigación penal. Fueron procesadas 11 personas: los máximos responsables de la secretaría a cargo de los albergues de protección, el director del hogar, personal que trabajaba en el mismo, funcionarios de instituciones de apoyo a la niñez, el jefe de operaciones de la policía y la subinspectora que tenía la llave.

Este martes se dictó sentencia contra siete de ellos. La jueza, Ingrid Vannesa Cifuentes, declaró a seis de los acusados culpables. Las penas máximas, de 25 años de prisión, fueron contra Carlos Rodas, el entonces jefe de la Secretaría de Bienestar Social, y contra Santos Torres, el director del Hogar Seguro. Fueron condenados por homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Brenda Chamán, jefa del departamento de protección contra el maltrato de la secretaría, y Lucinda Marroquín, la subinspectora, también recibieron cargos de homicidio culposo.

En la sentencia hubo una ausencia clave: Anahy Keller Zavala, número dos de la secretaría, que, después de presentar varios recursos, logró que el Constitucional la dejara fuera del juicio y retrocediera su proceso al inicio.

El rol por aclarar del expresidente

Los hechos sucedieron mientras Jimmy Morales Cabrera era presidente de Guatemala. Cuando se inició el proceso penal, algunos diputados, familiares de víctimas y ONG solicitaron que la Corte Suprema le retirara la inmunidad para que pudieran incluirlo en la investigación. Argumentaron que, como presidente, era la máxima autoridad y quien debía tomar decisiones ante la crisis. También cuestionaron que hubiera contratado a personas que no eran idóneas para el puesto y que tenían vínculos con Morales, como la subsecretaria Anahy Keller.

Las solicitudes cayeron en saco roto y la Fiscalía no abrió investigaciones contra el dirigente. Ni siquiera cuando este perdió la inmunidad al dejar el cargo.

Ahora, tras la sentencia, la jueza ha ordenado que el Ministerio Público averigüe las vinculaciones de Morales con el incendio. Se basa en las declaraciones de varios testigos que aseguraron que, a través de un asesor, el expresidente ordenó por teléfono que 100 policías llegaran al lugar y se encargaran de la seguridad del mismo.

Según estos testigos, el hecho de que la policía quedara a cargo del Hogar Seguro tuvo un efecto directo en la muerte de las niñas.

El fuego no logró cambiar el sistema

La situación del Hogar Seguro, aunque llevada al extremo, no era muy diferente a la de otros hogares de protección de Guatemala. Y lejos de ser un punto de inflexión y una alerta para cambiar el sistema, el incendio y la muerte de las 41 niñas no supuso acciones de fondo de las instituciones. Por ejemplo, un año después del incendio, en algunos centros los extintores aún se guardaban bajo llave.

El hacinamiento, el maltrato y la comida en mal estado han sido una constante que, aún hoy, continúa en los demás centros estatales. Se han presentado denuncias contra trabajadores de los hogares por amenazas, violencia y coacción. Todos los años, decenas de menores siguen huyendo de las casas de acogida. Algunos han alertado de que los encargados los drogan con medicamentos para mantenerlos tranquilos.

La propia jueza del caso Hogar Seguro ordenó que la Fiscalía investigue esto. Varias de las niñas que murieron en el incendio tenían ansiolíticos y opiáceos en la sangre. Ingrid Cifuentes también indicó que se deben iniciar averiguaciones sobre el maltrato y la negligencia en el centro, previo al incendio.

A falta de un año de que termine su segundo periodo al frente del Ministerio Público de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta parece convencida de no detener su persecución contra actores incómodos.

El golpe más reciente llegó hasta Colombia: una orden de captura contra del exministro de Defensa Iván Velásquez y de la actual Fiscal General colombiana, Luz Adriana Camargo.

Ambos conocen bien el país centroamericano y el historial de Porras. Velásquez fue el último representante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de Naciones Unidas, en la que Camargo trabajó como jefa de investigación y litigio. La CICIG funcionó en Guatemala hasta 2019, cuando el entonces presidente Jimmy Morales anuló el acuerdo con la ONU y nombró non grato a Velásquez.

La comisión acompañó durante más de 10 años a la Fiscalía, antes de la llegada de Consuelo Porras. Ayudó a investigar casos de corrupción por los que se llegó a encarcelar a expresidentes, empresarios y militares. Varios han sido cerrados o puestos en pausa bajo la administración de Porras. Para muchos, las recientes órdenes de captura son un paso más en su venganza contra las personas que revelaron y juzgaron estos casos de corrupción.

La persecución de la fiscal general había tocado hasta ahora a fiscales, jueces, abogados y periodistas guatemaltecos que se han visto forzados a exiliarse para evitar ser encarcelados. Llegó incluso al presidente de Guatemala, a su partido y a su círculo de confianza. Todos han estado en el blanco de Porras. La fiscal general ha logrado que un juez cancele al Movimiento Semilla, de corte progresista, y a su bloque legislativo.

Arévalo no logra apartar a Porras

Bernardo Arévalo, el presidente que fue elegido en 2023 contra todo pronóstico, y Porras mantienen un pulso constante desde antes de que él tomara posesión. En 2023, el Ministerio Público abrió el caso contra su partido para evitar que ganara la segunda vuelta electoral. A partir de ahí, la Fiscalía inició investigaciones contra ministros y congresistas y ha solicitado varias veces —hasta ahora sin éxito— que la Corte Suprema retire la inmunidad al presidente. Human Rights Watch ha acusado a Porras de perseguir al Gobierno “por motivos políticos”.

Arévalo prometió apartar a la fiscal del cargo en un esfuerzo por recuperar las instituciones guatemaltecas, no ha logrado cumplir con su objetivo. En mayo de 2024, presentó una iniciativa de ley en el Congreso para levantar el veto que le impide destituirla. Pero, con un Legislativo donde tiene una representación mínima, el avance del proyecto se ha quedado estancado.

Una parte de la población acusa al presidente de actuar con tibieza. Aunque la Constitución guatemalteca establece que el presidente es quien elige al fiscal general, la ley del Ministerio Público blinda en el cargo a la funcionaria.

Según dijo el propio Arévalo en una reciente entrevista, existe un resquicio legal sujeto a interpretación que podría allanar el camino para despedir a Consuelo Porras, pero la última palabra la tendría la Corte de Constitucionalidad, quien hasta ahora ha favorecido a la fiscal.

El presidente considera que tratar de apartarla del puesto sería como darse un tiro en el pie y lo podría exponer a un “juicio político”. Asegura que nombrará al próximo fiscal en 2026. Hasta entonces, pide paciencia.

La fiscal, lejos de aflojar, no deja de endurecer la persecución. En mayo de este año hizo pública una nueva línea de investigación contra el mandatario y su hermano Martín Arévalo, que trabaja como jefe de asociaciones y enlaces de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). Según la Fiscalía, ambos entregaron el control de los puertos y aeropuertos de Guatemala a empresas chinas, algo que el Ejecutivo rechaza.

La cruzada llega a Colombia

En los últimos días, la persecución de Porras ha cruzado fronteras. Aunque, al menos por ahora, se queda a medio gas.

El fiscal Rafael Curruchiche, la mano derecha de la jefa del Ministerio Público, anunció el lunes que una sala había autorizado la captura de Iván Velásquez y de Luz Adriana Camargo. La Fiscalía solicitó su detención porque los vincula a una “estructura criminal” –acusa a Velásquez de encabezarla– para favorecer a empresarios señalados en el caso Odebrecht. Según Curruchiche, esto “provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales (unos 350 millones de euros)”.

El Ministerio Público ha utilizado el caso Odebrecht como gancho para perseguir a fiscales guatemaltecos. Entre ellos, la exfiscal general Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval, el exfiscal anticorrupción y antecesor de Curruchiche. Ambos están en el exilio.

La fiscalía asegura que ellos hicieron “acuerdos fraudulentos” con acusados del caso, llegando incluso a borrar expedientes. Los exfiscales dijeron esta semana en un comunicado que la persecución en realidad busca beneficiar a exfuncionarios acusados por este mismo caso. También cuestionaron que las órdenes de captura fueron emitidas por una sala de apelaciones que, además de no ser el órgano indicado para hacerlo, ha sido señalada por sus resoluciones contra de la libertad del periodista José Rubén Zamora, hoy encarcelado.

Una de las primeras respuestas ante las órdenes de captura la dio el Ejecutivo de Arévalo, que aseguró que se habían emitido con un “objetivo político”. Se suman, dice el Gobierno, “a la seguidilla de actuaciones” de Consuelo Porras y de jueces “asociados a la corrupción”.

En la misma línea fue la respuesta de Gustavo Petro en Colombia. El presidente dijo que la Fiscalía guatemalteca “responde al crimen”.

Rafael Curruchiche afirmó que solicitó que la Interpol active una alerta internacional, aunque tanto Arévalo como los exfiscales tachan de ilegales las órdenes de captura.

La propia ONU confirmó esta semana que Velásquez y Camargo tienen inmunidad. El secretario general, António Guterres, recordó a través de su portavoz que esta inmunidad tiene que ver con su trabajo en la CICIG, lo que dejaría sin validez las órdenes de captura.

Como represalia ante la persecución, Petro vetó la entrada de la fiscal Consuelo Porras a Colombia. En un consejo de ministros televisado dijo a su canciller que debía emitir un acto administrativo que le prohibiera la entrada a ella y a “sus amigos mafiosos”.

El país sudamericano se suma a las naciones que han sancionado a Porras y a otros fiscales y jueces afines, como Rafael Curruchiche y Fredy Orellana. Los tres han sido tachados de “actores antidemocráticos” por el Departamento de Estado estadounidense (durante la Administración de Joe Biden). El Consejo de la Unión Europea los acusó de “socavar la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder”. En 2024 los sancionó con una congelación de activos y les vetó la entrada y el tránsito por países de la región.

El hallazgo de un majestuoso altar en el yacimiento maya de Tikal acaba de cambiar la historia de la arqueología de Guatemala. Supone una evidencia “contundente” de que existía una interacción entre las culturas maya y teotihuacana, aunque por momentos llegase a ser una relación tormentosa para esta ciudad guatemalteca. El descubrimiento sugiere que hubo un periodo de ocupación o vigilancia, destacan los investigadores de un equipo internacional en el estudio publicado en Antiquity.

La estructura, conocida como Grupo 6D-XV, fue construida a finales del siglo IV d. C. y a la decoración no le falta detalle: cuatro paneles pintados en rojo, negro y amarillo que representan a una persona con un tocado de plumas y flanqueada por escudos o insignias. “Se distingue por su arquitectura de talud-tablero, característica de Teotihuacán”, explica el Ministerio de Cultura de Guatemala en un comunicado. 

En ellos, se puede observar un rostro de ojos almendrados, una nariguera y una orejera doble, una imagen que se asemeja mucho a otras representaciones de una deidad conocida como el Dios de la Tormenta en el centro de México, explican investigadores de la Universidad de Brown, uno de los centros que ha participado en el trabajo. 

“Lo que el altar confirma es que líderes adinerados de Teotihuacan llegaron a Tikal y crearon réplicas de las instalaciones rituales que habrían existido en su ciudad natal. Esto demuestra que Teotihuacan dejó una profunda huella allí”, explica el profesor de ciencias sociales, antropología e historia del arte y la arquitectura en Brown y coautor del artículo, Stephen Houston. 

En esta estructura se representa a una deidad, como era costumbre entre los habitantes teotihuacanos, al contrario de las costumbres mayas, que dedicaban estas construcciones a los gobernantes. 

Los investigadores de Brown, junto con coautores de Estados Unidos y Guatemala, argumentan que el altar pintado no fue obra de un artista maya, sino que creen que fue creado por un artesano altamente capacitado en Teotihuacan, una potencia antigua cuya sede se ubicaba a 1.010 kilómetros al oeste, a las afueras de la actual Ciudad de México.

Tradición, poder y control de Teotihuacan

En un comunicado el coautor y profesor de antropología, arqueología y mundo antiguo en Brown, Andrew Scherer, sostiene que el altar se construyó en una época de ocupación por parte de Teotihuacan. Lo confirman la decoración del exterior de la estructura y también los hallazgos de su interior, porque encontraron a un niño enterrado en posición sentada, una práctica poco común en Tikal, pero habitual en Teotihuacan. 

El hecho de que el altar y el área a su alrededor fueran enterrados posteriormente, consolida la teoría del equipo de investigación de que la presencia de Teotihuacan dejó una imborrable huella en Tikal, donde este hallazgo confirma una fuerte interacción entre la cultura maya y teotihuacana durante el Clásico Temprano (250-550 d. C.).

La Fundación Gabo ha anunciado como ganador del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2024 al periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador y director de elPeriódico, en virtud de sus más de tres décadas “de tenaz y valiente trabajo profesional dedicadas a develar la corrupción y abusos de derechos humanos que han asolado a Guatemala”, según ha informado la organización en un comunicado.

José Rubén Zamora permanece encarcelado desde el 29 de julio de 2022 bajo falsas acusaciones de lavado de dinero. Será el gran homenajeado en la ceremonia de entrega del Premio Gabo 2024, durante el 12º Festival Gabo, en Bogotá, Colombia.

Con este premio, el Consejo Rector del Premio Gabo busca exaltar los 30 años de carrera del fundador y director de los medios de investigación más importantes de Guatemala, y hacer un llamamiento “a la defensa del buen periodismo, encarnado en la figura de Zamora”.

El Consejo Rector del Premio Gabo, compuesto por 13 destacados periodistas, escritores y académicos, decidió entregar este reconocimiento a Zamora por considerarlo el “paradigma de un periodista de investigación y posiblemente el máximo símbolo de la lucha contra la corrupción en el periodismo latinoamericano”, como se lee en el acta con la que sustentó su decisión.

Este reconocimiento del Consejo Rector del Premio Gabo “va mucho más allá de su persona: es un símbolo de la encrucijada democrática que atraviesan Guatemala y otros países de América Latina”, destaca el organismo en su decisión.

“Es un ferviente llamado a buscar nuevas formas para proteger la libertad de prensa en nuestras sociedades y de reivindicar el buen periodismo, un ejercicio inseparable para la vida democrática” que José Rubén Zamora “representa de forma emblemática”.

ElPeriódico, que Zamora fundó en 1996, fue el resultado de un gran esfuerzo personal para crear una alternativa de información a los medios guatemaltecos de vieja data. La posición independiente del medio y su enfoque frontal en la denuncia de la corrupción y en señalar responsabilidades generó numerosas enemistades; como resultado de ello su casa y las dependencias del elPeriódico fueron allanadas y Zamora apresado.

José Rubén ha estado en prisión desde el 29 de julio de 2022. Durante los primeros 17 meses estuvo sometido a condiciones inhumanas y fue condenado en un polémico juicio –denunciado por organismos internacionales por “numerosas vulneraciones de las normas internacionales y regionales”– a seis años de cárcel por lavado de dinero. Sus cuentas bancarias fueron congeladas y, sin dinero, elPeriódico, descrito por el Consejo Rector como “el medio más importante de la historia reciente de Guatemala”, debió cerrar sus puertas en mayo de 2023.

Tres décadas de periodismo valiente

José Rubén Zamora, nacido el 19 de agosto de 1956, proviene de una familia con un legado periodístico notable. Su abuelo, Clemente Marroquín, destacó como periodista en la década de 1920 y fue el fundador del diario La Hora. Alarmado por los ataques y persecuciones sufridos por su abuelo, José Rubén optó por alejarse de los medios de comunicación y enfocarse en sus estudios de Ingeniería Industrial y posteriormente en Banca y Finanzas.

Sin embargo, el estímulo de uno de sus muchos primos activos en el periodismo lo llevó a dirigir su primer medio de comunicación, el Telenoticiero Siete Días, entre 1988 y 1989. En 1990, fundó Siglo Veintiuno, el primer medio de investigación periodística en Guatemala. Durante seis años, lideró y financió este proyecto con el respaldo de empresarios, quienes posteriormente retiraron su apoyo tras la exposición de abusos y violaciones a los Derechos Humanos cometidos por militares.

Las revelaciones de Siglo Veintiuno trascendieron las fronteras de Guatemala y provocaron enfrentamientos con la censura gubernamental, así como secuestros, golpizas y atentados. Tras el intento de autogolpe de Estado del presidente Jorge Serrano Elías en mayo de 1993, surgió un movimiento de resistencia liderado por las denuncias de Siglo Veintiuno que culminó con su derrocamiento. El trabajo riguroso y valiente de José Rubén Zamora al frente de este medio fue reconocido internacionalmente, siendo galardonado con el premio María Moors Cabot y el CPJ International Press Freedom Award en 1995, y nombrado uno de los 50 “Héroes internacionales de la libertad de expresión” por el International Press Institute cinco años después.

Nacimiento del 'elPeriódico'

Siguiendo esa misma pauta, elPeriódico marcó su independencia desde sus inicios con una denuncia frontal y sin eufemismos de la corrupción y sus perpetradores, convirtiéndose en un referente del periodismo guatemalteco, con casi 27 años de incansable denuncia de los delitos del poder corrupto y los crímenes de la guerra civil.

Durante el gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024), Zamora publicó más de 200 investigaciones periodísticas que evidenciaron el alarmante nivel de corrupción en Guatemala, incluso involucrando a personas cercanas al presidente. Algunas de estas investigaciones fueron presentadas en El Peladero, una columna que, aunque escrita con un tono humorístico, mantenía un riguroso compromiso con la verdad y la denuncia del abuso de poder.

A medida que la corrupción y los abusos se intensificaron, la animadversión hacia Zamora y elPeriódico, así como hacia otros periodistas y medios valientes, se potenció. Zamora pagó el precio de ser el símbolo del buen periodismo guatemalteco, cuando un Ministerio Público corrompido emitió la orden de prisión y juicio en su contra.

Con la obtención del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2024, Zamora se une así a un grupo de profesionales ejemplares que han recibido el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo desde su creación en 2013: Giannina Segnini (2013), Javier Darío Restrepo y Marcela Turati (2014), Dorrit Harazim (2015), el equipo de El Faro (2016), Jorge Ramos (2017), Ignacio Escolar (2018), Jesús Abad Colorado (2019), el equipo de Radio Cooperativa (2020), Pedro X. Molina (2021), Juan Villoro (2022) y Jennifer Ávila (2023).

Sobre el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo

Cada año el Consejo Rector de la Fundación Gabo elige a un periodista o equipo periodístico de reconocida independencia, integridad y compromiso con los ideales de servicio público del periodismo, que merezca ser destacado y reconocido como referente por el conjunto de su trayectoria o por un aporte excepcional a la búsqueda de la verdad y el avance del periodismo.

El Consejo Rector está conformado desde marzo de 2023 por: Rosental Alves (Brasil), Jon Lee Anderson (Estados Unidos), Carmen Aristegui (México), Martín Caparrós (Argentina), Carlos Fernando Chamorro (Nicaragua), María Jesús Espinosa de los Monteros (España), Héctor Feliciano (Puerto Rico), Mónica González (Chile), Leila Guerriero (Argentina), Sergio Ramírez (Nicaragua), Germán Rey (Colombia), Luz Mely Reyes (Venezuela) y Natalia Viana (Brasil).

“El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya”. Con estas palabras, Bernardo Arévalo de León, presidente de Guatemala, abría la puerta hace una semana a la posibilidad de destituir a la fiscal general. Era algo que buena parte de la población le había demandado desde que asumió el cargo y a lo que él mismo se había comprometido cuando ganó las elecciones en 2023.

En un mensaje transmitido el pasado 5 de mayo, el mandatario buscó disipar los señalamientos de tibieza contra su Gobierno por no actuar con más contundencia contra Consuelo Porras, que ha liderado investigaciones penales contra exfiscales anticorrupción, jueces y periodistas, y a la que se le atribuyen los intentos por evitar la investidura de Arévalo en enero pasado.

Al día siguiente, Arévalo cumplió con lo que había anunciado. Custodiado por Karin Herrera, su vicepresidenta, por sus ministros y por un grupo de ciudadanos a gritos de “fuera, Consuelo”, el mandatario recorrió a pie los 700 metros que separan el Palacio Nacional del Congreso de la República para entregar, en mano, una reforma a la ley que blinda a la fiscal que le permita apartar a la fiscal de su cargo. “Confiamos en que esta legislatura sepa entrar en la historia poniéndose del lado de la democracia y la justicia”, dijo en una breve rueda de prensa. 

Lo que se presentaba como golpe sobre la mesa, que apuntaba a la posibilidad de un cambio en la fiscalía, se fue diluyendo a lo largo de la semana. El Congreso se reunió el martes, pero no trató la iniciativa por falta de cuórum. La escena volvió a repetirse el jueves por la mañana. Tras más de una hora de retraso, el presidente del Legislativo dio por finalizada la sesión con apenas 41 diputados en el pleno. 

Lo que dice la propuesta de Arévalo

Desde que llegó al cargo, una parte de la población, entre ellas las personas que se encuentran en el exilio por investigaciones abiertas por la Fiscalía, han reiterado a Arévalo la necesidad de que destituyera a Consuelo Porras. Pero la ley se lo impide.

La Constitución de Guatemala sí autoriza al presidente de la República a apartar de su cargo al fiscal general “por causa justificada”. Esto permitió históricamente que el presidente de turno lo cambiara a antojo, por un perfil conveniente.

Pero en 2016 se hicieron varias reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que blindaron el cargo. La entonces fiscal general Thelma Aldana (hoy en el exilio) fue quien presentó la propuesta de reforma. La gestión de Aldana había iniciado investigaciones contra el Gobierno de Otto Pérez Molina cuando él aún estaba en su cargo, así que modificar la ley evitó que el mandatario tomara acciones en su contra. 

Uno de estos cambios estableció que, para que el presidente separe al fiscal general, debe haber una sentencia que confirme que éste cometió algún delito. Esto implica que el puesto de fiscal general sea prácticamente intocable. Especialmente en el contexto actual de Guatemala, en el que buena parte de los tribunales de Justicia están alineados con un sistema corrupto.

Precisamente, comenzar a sanear este sistema es la intención con la que el Gobierno de Arévalo planteó la iniciativa de reforma de ley. El presidente hizo hincapié en que la llegada de un Gobierno progresista no es suficiente. En Guatemala, dijo en su mensaje, sobrevive “una minoría corrupta” y “la amenaza que representa para nuestra democracia es posible por la permanencia de la señora Consuelo Porras en el cargo de fiscal general del Ministerio Público”. Esto, añadió, “anima a las redes político-criminales a resistirse a los avances de la lucha contra la corrupción”.

Así, su propuesta busca encauzar la ley para que el presidente pueda destituir a la jefa del Ministerio Público sin necesidad de que haya una sentencia. En el nuevo documento se propone que “la falta de capacidad, idoneidad y honradez” podrán ser una causa justificada para la remoción. “Estamos corrigiendo un problema que se ha generado a través de estas reformas y evitando que el Ministerio Público quede al margen en una situación de impunidad, porque no rinde cuentas a ninguna entidad”, aclaró Arévalo el lunes en el Congreso.

El mandatario aseguró que propone un mecanismo para evitar que los fiscales generales cometan abusos de poder y que los gobiernos los manejen: “Es una reforma que busca que el Ministerio Público no vuelva a ser utilizado como un arma política por ningún gobierno. No lo haremos nosotros. Y buscamos que no lo hagan los gobiernos que vendrán después”, dijo el pasado domingo.

La iniciativa establece varios supuestos para que el presidente defina si la persona en el puesto de fiscal general tiene o no esa capacidad, idoneidad y honradez. Un detalle importante es que también blinda su decisión: no habrá cabida para ningún recurso contra la misma.

“Si se deja la ley muy abierta, podría ser un riesgo para los futuros fiscales generales”, dice a elDiario.es Edgar Ortiz, abogado especializado en derecho constitucional.

La propuesta del Gobierno de Arévalo envía también un mensaje entre líneas. Anthony Blinken secretario de Estado de Estados Unidos visitó el pasado martes Guatemala y se reunió con el mandatario para abordar temas migratorios. Estados Unidos ha jugado un papel clave en el país centroamericano. En los últimos años, ha sancionado a actores considerados corruptos. Entre ellos, la propia fiscal Consuelo Porras.

El bloqueo en el Congreso

El Congreso debe ahora analizar la iniciativa, trasladarla a una comisión legislativa y comenzar así el proceso interno para aprobarse en pleno, en el que hay una mayoría opositora. Y ahí es donde el Gobierno de Arévalo se enfrentará a su primer reto: lograr los votos necesarios. El bloque legislativo de Semilla, el partido oficial, ya anunció que respaldará la iniciativa. Pero apenas suman 23 escaños y la propuesta necesita 107, por lo que deberá reunir 84 votos.

Algunos congresistas ya se han pronunciado en la red social X, dejando entrever que no se lo pondrían fácil a Arévalo. “Sus conflictos personales no deberían ser abordados en el Congreso de la República”, publicó Sandra Jovel, diputada del partido Valor, con seis diputados, y exministra de Jimmy Morales.

“Nosotros no imponemos ni compramos diputados”, explicó el lunes ante los medios Samuel Pérez, jefe del grupo de Semilla. “Cada bloque va a tener que hacer una reflexión sobre si está de acuerdo con una iniciativa que favorece a la democracia o si se va a posicionar del lado golpista”.

Las ausencias de los diputados opositores en las sesiones del martes y del jueves confirmó las sospechas. No parece haber un interés de la mayoría legislativa en sacar adelante una iniciativa que cambiaría el escenario político de Guatemala.

La fiscal general se parapeta

El día 5 por la noche, hora y media antes de que el Gobierno de Guatemala reprodujera el vídeo de Arévalo, y cuando aún no estaba claro qué comunicaría el presidente, el Ministerio Público anunció a través de un comunicado que presentaría un amparo ante el Tribunal Constitucional. Con este recurso, explicó, buscaba que el Constitucional ordenara al mandatario que se abstuviera de adoptar medidas para “tomar el control del Ministerio Público”.

El comunicado no especificaba cuáles serían estas medidas y únicamente hablaba de una “amenaza real, cierta e inminente” de acciones que “pueden desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida” de la fiscal general. 

El Constitucional, con una mayoría de magistrados afines a Consuelo Porras, analizó el amparo con una rapidez inusual. Antes de la medianoche de ese mismo día, lo admitió a trámite y dio un plazo de tres horas al Ejecutivo de Arévalo para enviar un informe detallado. El martes por la tarde amparó a Porras y ordenó al Gobierno que “se abstenga de todo acto que, fuera del marco constitucional y legal, atente contra el mandato” de la fiscal.

En paralelo a este espaldarazo, Consuelo Porras y su secretario privado, Angel Pineda, comparecieron en una conferencia de prensa en la que, de manera impetuosa y con varias imprecisiones y bulos, la fiscal general cuestionó la lucha anticorrupción de Arévalo y aclaró que “no recibe instrucciones ni en español ni en inglés”.

Porras también advirtió al presidente y a la vicepresidenta Herrera que “no están ni estarán por encima de ley”. La Fiscalía que lidera ha solicitado que se le retire la inmunidad para ambos en el pasado. En la rueda de prensa anunció que no descarta volver a hacerlo.

Quedará por ver esta semana si el Legislativo vuelve a poner en agenda la iniciativa del Gobierno guatemalteco y si, de hacerlo, logra los congresistas mínimos, ya no solo para aprobarla, sino para entrar a analizarla.

La madrugada del 24 de julio de 2021, dos vehículos diplomáticos de la Embajada sueca en Guatemala trasladaron a Juan Francisco Sandoval a la frontera con El Salvador. El hombre que había liderado la Fiscalía Especial Contra la Impunidad durante seis años salía del país, a la fuerza, horas después de que la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, anunciara su destitución.

Durante su gestión, el fiscal había investigado y destapado decenas de casos de corrupción. Se convirtió en un funcionario incómodo para las estructuras criminales incrustadas en el Estado guatemalteco. Tras su despido, Sandoval denunció en una conferencia de prensa que Porras Argueta había obstruido varios expedientes, que podrían involucrar a altos funcionarios del Gobierno, del Congreso y de la Justicia del país.

El exfiscal sospechaba que, después de esos señalamientos públicos, la fiscal general podría tomar represalias y no se equivocaba. Un mes después de su salida de Guatemala, fue emitida la primera orden de captura en su contra. Luego vendrían otras cinco más.

Esa madrugada de julio, a Sandoval le acompañaron varias personas para cerciorarse de que llegara seguro a la frontera. Entre ellas estaba Jordán Rodas, que entonces era procurador de los Derechos Humanos (el defensor del pueblo de Guatemala). Un año después, Rodas terminaría sus cinco años al frente de la institución, durante los cuales cuestionó muchas de las acciones de funcionarios, de diputados y de los presidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Por ello, recibió amenazas. Le habían advertido de que al dejar su cargo comenzarían las acciones en su contra y tendría que irse del país. Así fue.

Los dos exfuncionarios guatemaltecos están hoy en el exilio, al igual que decenas de fiscales, jueces, magistrados, abogados, activistas y periodistas que se han visto obligados a marcharse de Guatemala para garantizar su seguridad y libertad. Tras una gira por Euskadi, organizada por Lumaltik Herriak, hablan con elDiario.es de su experiencia y sus demandas al Gobierno de Bernardo Arévalo de León, que cumplió esta semana cien días en el cargo.

Sandoval lleva casi tres en el exilio y Rodas va para dos. ¿Cómo ha sido el proceso de desarraigo?

Juan Francisco Sandoval: Es complicado. Sobre todo el tema de la supervivencia. Algunos compatriotas y organizaciones internacionales nos han apoyado con trabajos temporales, para ir subsistiendo. La incertidumbre de no programar algo a largo plazo es complicada.

Y después, obviamente, el tema emocional. La distancia, la separación. Eso es lo más difícil. En algún momento, el hecho de que diariamente estuvieran lanzando noticias con el propósito de desprestigiarme era otra carga.

Jordán Rodas: Uno de los factores comunes que tenemos los exiliados es la incertidumbre. Vivimos el día a día. Yo llevo un año y ocho meses de exilio. El primer año fue fundamental el respaldo del gobierno vasco, que me permitió tener una estabilidad. Para afrontar todo esto, cada quien lleva la procesión por dentro de distinta manera. Pero hay algo común: lo difícil que es hacer frente a la lejanía de la familia, de los amigos, porque no es lo mismo el exilio a que tú decidas irte voluntariamente.

Nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra libertad no está garantizada en Guatemala. El poder judicial está cooptado por las mafias.

Desde enero de este año, hay un nuevo escenario en Guatemala con un Gobierno progresista, pero el sistema de justicia sigue siendo el mismo y la fiscal general, Consuelo Porras, continúa en el cargo. ¿Qué esperanzas hay de que la situación en Guatemala cambie?

J. F. S.: Bernardo Arévalo tiene que tomar alguna decisión, aunque eso le ponga en riesgo. Tiene que dar el paso de destituir a Consuelo Porras. Eso va a iniciar una guerra en el ámbito judicial. Va a poner contra las cuerdas a la Corte de Constitucionalidad que, seguramente, como lo ha hecho hasta ahora, legitime todas las acciones de Consuelo Porras. Pero este es un momento interesante: va a empezar el proceso de selección de Altas Cortes [unas comisiones proponen al Congreso los candidatos a magistrados de la Corte Suprema y las cortes de apelaciones].  Entonces Bernardo Arévalo deberá definirse. Es un gobernante progresista, distinto a otros, pero no se puede gobernar en un país en el que los otros organismos del Estado no siguen las reglas de la ley. Por el contrario, están viendo cómo dinamitan el ejercicio del Gobierno.

J. R.: La comunidad internacional no se debe relajar, dar por sentado que cambió el Ejecutivo y que ya todo es miel sobre hojuelas. No, es cuesta arriba. Pero necesitamos el acompañamiento de la comunidad internacional, porque no somos una isla.

No podemos dejar de mencionar la movilización de los pueblos originarios, las autoridades ancestrales que hoy más que nunca están empoderadas. Son los aliados naturales de Arévalo. Ellos salieron a las calles por más de 100 días y estuvieron manifestando para lograr que asumiera [el cargo]. Ahora es cuestión de dirigir sus políticas públicas para los más marginados y olvidados. Lógicamente, Arévalo no tiene una varita mágica, pero sí tiene que dar señales claras de un cambio de rumbo. No se puede andar con medias tintas.

Merecemos y necesitamos una justicia independiente. La fiscal general y otros fiscales y jueces corruptos han sido sancionados por la Unión Europea, por Estados Unidos, por Canadá…

Desde que tomó posesión, Bernardo Arévalo ha sido señalado por su tibieza porque no ha pedido directamente la renuncia de la fiscal general, aunque recientemente el Gobierno presentó una consulta al Tribunal Constitucional para que defina si Consuelo Porras es o no una persona idónea. ¿Cómo lo evalúan ustedes?

J. F. S.: En un primer momento, Arévalo optó por la convivencia pacífica. Pero ya en el ejercicio del cargo lo que pudimos ver es que es imposible. No existe día en que la fiscal general no esté pensando en dejar mal al Gobierno. El trabajo de la Fiscalía debería ser otro, no estar boicoteando la gobernanza. Todos los días los tribunales de justicia y la Corte de Constitucionalidad están poniendo obstáculos al Ejecutivo.

La vía no es una opinión consultiva, porque ya sabemos cuál va a ser el resultado. Tampoco es una denuncia, porque quien tendría que investigar es la misma persona que está poniendo obstáculos al Gobierno y protegiendo actores corruptos.

Claro, no es lo mismo que yo se lo diga desde acá, desde afuera, desde la comodidad de la crítica, a quien tiene que estar en medio de todo gobernando. Pero en todo caso, yo creo que el presidente de la República está en disposición de afrontar estos retos. Sabía que el camino iba a ser muy difícil.

J. R.: También es oportuno mencionar a un actor importante: el sector privado organizado. Las principales cámaras empresariales le han dado oxígeno político a gobiernos corruptos como los de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Son los que han mantenido el status quo judicial, porque les conviene tener una Justicia a su merced, donde ellos deciden quién es la fiscal, donde tienen a los magistrados de las Altas Cortes… y eso debe cambiar.

¿Ya han hablado con Arévalo, desde que asumió su cargo?

J. F. S.: Quienes estamos en Washington DC hemos hablado con el presidente y con otros funcionarios del Gobierno. Puedo ver esa apertura del Gobierno y la disposición de atender las necesidades que tenemos. Existe, creo, una identificación por el hecho de que Bernardo Arévalo haya sido fruto del exilio del expresidente Juan José Arévalo. Creo que no puede ofrecernos más de lo que él puede hacer. Sería una mentira total que nos dijera: “Ya mañana pueden retornar a Guatemala”.

Los dos tienen órdenes de captura vigentes en su contra en Guatemala. ¿Cómo ven las posibilidades de regreso?

J. F. S.: En este momento, es muy difícil. Yo podría tener 20 órdenes de captura, pero sé que son procesos espurios, inventados. Se tienen que caer. Existen colegas que no tienen órdenes de captura, pero están denunciados y no tienen garantía de estar en Guatemala en esas condiciones.

La solución al exilio pasa por tratar de reformar el sistema de justicia y por la salida de Consuelo Porras, que es impostergable. Que se elija a magistrados comprometidos con la justicia. Cuando un funcionario público asume su deber, su compromiso debería de ser con la Constitución y las leyes. Pero en la práctica tratan de cumplir con compromisos que tienen con actores corruptos.

El hecho de que el Gobierno haya requerido a la Organización de Estados Americanos la instalación de un mecanismo de observación de Altas Cortes dice mucho de la importancia que tiene el sistema de justicia. Se habla de injerencias, cuando en realidad lo único que se está pidiendo es que una misión de la OEA se instale en un organismo del que forman parte Guatemala y otros 34 países del continente americano para realizar una labor de monitoreo.

J. R.: Es fundamental que se mantenga la preocupación de la comunidad internacional sobre el tema de los exiliados. Sería importante que Bernardo Arévalo dé a conocer si tiene alguna estrategia al respecto. Hay que ser creativo, si se tiene voluntad real de que retornemos. Podemos aportar mucho aún al país, desde la visión de Justicia como fiscales, magistrados, exjueces y periodistas, que también han tenido que salir.

Tras su salido de Guatemala, Sandoval, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) ha sido liderada por Rafael Curruchiche, un fiscal que ha iniciado casos en contra de periodistas, activistas, investigadores anticorrupción… ¿Qué balance hace después de estos tres años?

J. F. S.: Rafael Curruchiche ha hecho un trabajo mediocre, vengativo, con cero rigor jurídico y nada de tecnicismo en las actuaciones en los tribunales de justicia. El deterioro es total.

Periódicamente realizo un inventario, porque creo que la labor que nos queda es ir documentando los casos en los que han favorecidos a actores corruptos, para cuando tengamos acceso a un verdadero sistema de justicia en Guatemala o en otra parte del mundo. Mire, tengo documentados una cantidad de casos donde la nueva FECI solo se ha preocupado de ver si hay algún error que se haya cometido antes [durante la gestión de Sandoval] y magnificarlo. No se ha preocupado de perseguir a los verdaderos responsables de los hechos.

En su caso, Rodas, tras dejar el cargo como defensor del pueblo, Alejandro Córdova le sustituyó. Él fue quien presentó una denuncia en su contra que le impidió participar en las elecciones de 2023 como candidato por el Movimiento de la Liberación de los Pueblos. ¿Cómo ve a la Procuraduría de Derechos Humanos bajo la gestión de Córdova?

J. R.: Podríamos decir que hay un silencio cómplice. Él está en una actitud complaciente, que le cae bien al sistema porque no hace recomendaciones, no se pronuncia, no presenta recursos de amparo… No hace nada y encima le incrementan el presupuesto.

Otro asunto que creo que no tenemos que dejar de mencionar es el tema de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es la única universidad pública del país, maneja un 5% del presupuesto nacional, tiene iniciativa de ley y presencia en 50 instituciones del Estado e, incluso, llega a tener a un magistrado titular y un suplente en la Corte de Constitucionalidad. Es importante recuperarla. Hoy por hoy, esta universidad tiene un rector ilegítimo. Ya el Departamento de Estado de Estados Unidos lo sancionó como un actor corrupto, no democrático.

De hecho, en los últimos años el Departamento de Estado de EEUU ha ejercido una presión sobre funcionarios guatemaltecos a los que califica de corruptos, a través de la llamada “lista Engel”. ¿Prevén un cambio de rumbo si Donald Trump lograra recuperar la presidencia?

J. F. S.: La perspectiva de un eventual gobierno republicano es preocupante. El actual Gobierno de Estados Unidos ha arropado al de Bernardo Arévalo pero, en 2016, que Donald Trump ganara la presidencia tuvo consecuencias muy graves para Guatemala.

La situación que estamos viviendo de exilio tuvo su génesis en aquel gobierno de Trump, que le puso presión a Guatemala en distintos asuntos. Quitó el apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad, al esquema anticorrupción, apoyó y respaldó al gobierno de Jimmy Morales… Teniendo este antecedente, yo lo veo con preocupación.

J. R.: Los gobiernos conservadores de derecha tienen un discurso de doble moral con el tema de la agenda antiglobalista en política exterior. Jimmy Morales, por ejemplo, trasladó la Embajada de Israel [de Tel Aviv] a Jerusalén, como un guiño a la política norteamericana. Lo que tiene que tener claro el Gobierno estadounidense, ya sea demócrata o republicano, es que lo importante aquí es que la institucionalidad prevalezca.

Existen riesgos de un cambio, pero ahí se tiene que ver que la corrupción y la impunidad generan migración. Y Estados Unidos no podría con un nuevo gobierno autoritario corrupto, con la justicia tomada, porque después hay consecuencias. Tenemos que estar atentos a lo que pasa en la política exterior de Estados Unidos y la Unión Europea tendría que acompañar muy de cerca el proceso de la elección de Cortes y nuestro regreso a Guatemala como exiliados.

El gobierno de Suiza acaba de anunciar sanciones en contra de cinco funcionarios guatemaltecos por intentar impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo de León. ¿Creen que España debería de tomar más medidas contra actos de corrupción por parte de funcionarios guatemaltecos?

J. R.: El anterior embajador de España en Guatemala (José María Laviña Rodríguez), más que un embajador parecía un operador de las grandes empresas españolas. Se desmarcó de pronunciamientos del G-13, el grupo de países que manifestó su preocupación por la situación de la Justicia en Guatemala. España e Italia se desmarcaron. En el caso de Italia, con un gobierno conservador, no causó sorpresa, pero España debería ser coherente en Guatemala. Estar atentos a la política exterior y no ser complacientes. Jugar un papel protagónico.

J .F. S.: Un par de días antes de mi salida de Guatemala yo tuve una reunión con los embajadores de la Unión Europea, pero el embajador español parecía como si yo fuera su enemigo, me cuestionaba... Me llamaba mucho la atención porque era una posición totalmente contraria a la que tenían los otros embajadores europeos.

¿Qué más creen que debería hacer el Gobierno de España?

J .F. S.: La Unión Europea es un actor muy importante, pero creo que con respecto a las situaciones de Guatemala y de América Latina, España es el país que tiene los vínculos históricos desde todas las perspectivas. Debería de abanderar y liderar acciones con respecto a Guatemala, por esa cercanía.

J. R.: España tendría que ser nuestro aliado natural. Además, ahora ya se puede aplicar el acuerdo de libre asociación entre la Unión Europea y Centroamérica en cuestión de derechos humanos. Podría ser una herramienta para imponer sanciones económicas a aquellas empresas que fomenten el autoritarismo y la persecución a los exiliados. Estas empresas exportan sus productos a Europa, pero son cómplices de políticas judiciales que limitan nuestros derechos humanos. Esperamos que la comunidad internacional no baje la guardia respecto a Guatemala.

Pocas horas de calma ha tenido el recién investido presidente de Guatemala, que tomó posesión el pasado domingo tras una tensa jornada en el Congreso, donde el Gobierno saliente llevó a cabo los últimos intentos para evitar el traspaso de poderes.

El máximo tribunal del país ha aceptado este miércoles un amparo provisional en contra de la elección de la nueva junta directiva del Congreso, presidida por el diputado Samuel Pérez Álvarez, del partido socialdemócrata y ganador de las elecciones Movimiento Semilla.

Aunque la decisión del Tribunal Constitucional no afecta a la investidura de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta de la República, el amparo obliga a repetir la elección de la presidencia de la Cámara, que se prevé que tenga lugar este jueves en la primera sesión plenaria de la nueva legislatura.

La decisión se dio a conocer tras avalar el recurso presentado por la diputada opositora Sandra Jovel, quien perdió la elección a la presidencia del Congreso el pasado domingo. La resolución del alto tribunal se sustenta en la suspensión de los diputados del Movimiento Semilla ordenada el pasado julio por el juez Fredy Orellana, acusado por Estados Unidos de corrupción y de socavar la justicia. En el marco de una investigación judicial por un supuesto caso de falsificación de firmas durante el proceso de fundación del partido, el juez impuso la suspensión de la personalidad jurídica de la formación. 

Tras esta orden judicial, ahora la Corte Constitucional avala que los diputados electos en el Congreso son independientes y no pueden asumir cargos en la junta directiva o comisiones legislativas. La resolución del máximo tribunal se produce tras meses de persecución judicial contra el Movimiento Semilla, el partido de izquierdas ganador de las elecciones que lleva meses denunciando un intento de golpe de Estado en su contra.

Nuevo revés judicial

El Gobierno electo del presidente Bernardo Arévalo afronta su primera crisis institucional tan solo cuatro días después de asumir el cargo. Después de una tensa jornada vivida el domingo pasado en la constitución del Congreso, el diputado de Semilla Samuel Pérez logró la presidencia de la Cámara con 92 diputados a favor de los 160 escaños totales. 

Pese a que su formación solamente cuenta con 23 representantes, estos consiguieron llegar a acuerdos con otras bancadas y sumar los votos necesarios. Fueron precisamente estos apoyos los que permitieron a la bancada de Semilla presentar una moción después de que la Junta Calificadora los declarara como independientes y, posteriormente una lista respaldada por una mayoría que proponía al diputado de Semilla como nuevo presidente del Congreso. 

La candidatura perdedora, que obtuvo tan solo 75 votos, fue la de la diputada Sandra Jovel, quien presentó un recurso ante el Constitucional subrayando que los miembros de Semilla habían sido declarados independientes por la justicia y no podían asumir la presidencia del Congreso. Jovel, del partido Valor de la excandidata presidencial Zury Ríos –hija del dictador Efraín Ríos Montt– es aliada a la agrupación política Vamos, formación del presidente saliente, Alejandro Giammattei.

Junto a ella, otras cuatro personas más han interpuesto acciones de amparo ante el Tribunal Constitucional pidiendo la nulidad de la junta directiva del Congreso. Entre ellas destaca la Fundación Contra el Terrorismo, una asociación de ultraderecha que ha intentado torpedear en diversas ocasiones la investidura del nuevo gobierno. 

El alto tribunal ordena ahora repetir la elección de la junta directiva del Congreso “para garantizar la efectiva instalación de esta legislatura”, según anuncia en un comunicado emitido durante la tarde de este miércoles.

Una investidura caótica

El Parlamento se convirtió el pasado domingo en protagonista durante la jornada de investidura del nuevo Ejecutivo. Las sospechas de un posible golpe de Estado que impidiera la toma de posesión sobrevolaban el ambiente, después de que una comisión legislativa pusiera obstáculos para otorgar las credenciales a los nuevos diputados electos. Tras más de 12 horas de incertidumbre y tensión, los congresistas lograron jurar el cargo y el nuevo presidente de Guatemala fue investido pasadas las 12:00 de la noche.

La suspensión de Semilla es parte del pulso que mantiene la Fiscalía y políticos opositores contra todo el proceso electoral que dio la victoria a Arévalo. Mientras tanto, organizaciones sociales y movimientos indígenas ya han convocado concentraciones frente a la sede de la Corte Constitucional. Estas se producen después de 105 días de movilizaciones impulsadas por las comunidades indígenas en defensa de la democracia, que terminaron tras formalizarse la investidura.

A la espera de una sentencia firme y de la nueva votación programada para el día de hoy, la bancada de Semilla continuará con minoría en el Congreso y deberá seguir tejiendo alianzas con el resto de fuerzas políticas para asegurarse la gobernabilidad del país.

En Guatemala hay un dicho que se repite con cada cambio de Gobierno: “El 14 a las 14”. La frase, acuñada por un partido político como lema hace unas cuantas campañas electorales, hace referencia a que, cada cuatro años, el 14 de enero a las 14.00 horas, el nuevo presidente de Guatemala debe tomar posesión. 

Pero a las dos de la tarde de este domingo, ni Bernardo Arévalo había asumido el cargo como presidente ni el nuevo Congreso había jurado sus cargos. En su lugar, una comisión legislativa, formada en su mayoría por diputados afines al gobierno saliente, se reunía, a puerta cerrada, para decidir qué congresistas podrían tomar sus escaños y cuáles no. 

Esta Junta Calificadora, que debía llevar a cabo un simple procedimiento administrativo de revisión de credenciales, se demoró más de la cuenta porque decidió, arbitrariamente, que los nuevos diputados debían entregar un documento que no es requisito para asumir el cargo.

A media reunión, enfurecidos, varios diputados electos por el partido Semilla, del nuevo presidente Arévalo, irrumpieron a la fuerza en la sala e increparon a los congresistas. “En este momento, cualquier retraso al proceso de transmisión del poder debe considerarse un altercado contra la democracia”, dijo Jonathan Menkos, congresista semillista y a quien Bernardo Arévalo anunció como su próximo ministro de Finanzas.

Las sospechas de un posible golpe de Estado que impidiera que el presidente y el Legislativo tomaran posesión volvieron a rondar este domingo en Guatemala. 

Maniobras de la derecha judicial

Esta idea no era baladí. En el último año, desde que se convocaron las elecciones Generales de 2023, magistrados, jueces, abogados y fiscales movieron los hilos para garantizar una continuidad de actores afines al Gobierno de Alejandro Giammattei. un presidente señalado por corrupción, por favorecer a personas cercanas y atacar a la prensa. 

Se trató de un proceso electoral atípico, en el que las Cortes guatemaltecas entraron en el juego para eliminar de la contienda a candidatos a la presidencia que se habían presentado como una alternativa y una posibilidad de cambio y que destacaban en las encuestas o habían tenido respaldo popular en el pasado.

Para la primera vuelta, el 25 de junio, se perfilaban como posibles competidores en una segunda elección tres personas: Sandra Torres (candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, señalada de financiación electoral ilícita y de tener vínculos con el narcotráfico); Manuel Conde Orellana (exdiputado de Vamos, el partido oficial, y la carta del expresidente Giammattei); y Zury Ríos (hija del exdictador Efraín Ríos Montt, y quien prometía un gobierno “provida”). 

Obstáculos por sistema

Pero pasó lo que nadie esperaba ni se había atrevido a pronosticar. Bernardo Arévalo, candidato del progresista Movimiento Semilla, logró los votos necesarios que le garantizarían participar en la segunda vuelta el 25 de agosto, y en la que arrasó contra Sandra Torres, su competidora. 

Los siguientes siete meses, desde el momento en el que el binomio de Bernardo Arévalo y Karin Herrera se coló en la segunda vuelta, hasta que finalmente tomaron posesión de sus cargos este domingo, se convirtieron en una carrera de fondo. 

Cada semana surgían obstáculos que ponían en duda que el 14 de enero ambos pudieran asumir sus cargos.

Comenzaron con denuncias de partidos políticos que acusaron al Tribunal Supremo Electoral de gestar un fraude y exigieron un recuento de votos que demoró la oficialización de resultados. 

Esto escalaría hasta un caso abierto por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), una unidad del Ministerio Público que en sus inicios destapó casos de corrupción de alto impacto, pero que en los últimos años se ha dedicado a perseguir arbitrariamente a exfiscales, jueces, abogados y periodistas. 

La fiscalía llegó a allanar las oficinas del Tribunal Electoral y a llevarse las cajas donde se resguardaban las papeletas con los votos, mientras los magistrados electorales intentaban impedirlo.

Orden de suspensión del Movimiento Semilla

En paralelo, y a petición de la misma Fiscalía, el juez penal Fredy Orellana, ordenó la suspensión del Movimiento Semilla, a pesar de que no estaba entre sus competencias y de que legalmente los partidos políticos en Guatemala no pueden suspenderse hasta que finaliza el proceso electoral. 

Esta orden del juez, que fue anulada por el Tribunal Constitucional, hizo peligrar los escaños de Semilla en el Congreso. Que los diputados asumieran como independientes implicaba que no pudieran presidir comisiones legislativas ni formar parte de la Junta Directiva.

El pasado noviembre, de nuevo, la FECI presentó un caso penal por la toma de la universidad pública de Guatemala, que en 2022 fue ocupada por manifestantes en contra del fraude en la elección del rector. La FECI señaló, con unas pruebas muy vagas, que varios miembros del partido Semilla habían participado en esta ocupación.

En enero, a pocos días de la toma de posesión del nuevo Gobierno, surgió el rumor de que Herrera sería detenida por este caso, a pesar de contar con la inmunidad que le da su cargo. Las aguas volvieron a su cauce cuando la Corte de Constitucionalidad amparó a la vicepresidenta y ordenó a las autoridades que se abstuvieran de emitir una orden de captura en su contra. 

Persecución

“A pesar de que nos persiguieron, les digo que ha llegado el momento de cumplir el propósito que en democracia se nos designó. Tomar conciencia y convertirla en un porvenir para todos los que amamos a Guatemala y nos queremos quedar aquí, con nuestra familia”, dijo Herrera la madrugada del 15 de enero, desde el balcón del Palacio Nacional, un par de horas después de que finalmente tomara posesión. Herrera dio el discurso ante cientos de personas que se habían quedado en la Plaza de la Constitución. 

Las palabras de la vicepresidenta hacían alusión a las decenas de personas que se han visto obligadas a exiliarse de Guatemala en los últimos años ante la posibilidad de ser detenidas, como le sucedió a la fiscal Virginia Laparra o al periodista José Rubén Zamora, que continúa en prisión. 

La capacidad de maniobra del “gobierno de cambio”

A pesar de que la mañana de este domingo en Guatemala se presentaba con incertidumbre, finalmente Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieron sus cargos.

También lo hicieron los diputados de Semilla, que presentaron una moción privilegiada, ya que la Junta Calificadora los había declarado como independientes. El recurso fue aprobado en el Pleno Legislativo y les permitió presentar una planilla que proponía a Samuel Pérez como presidente del Congreso y que finalmente fue respaldada por la mayoría. De esta manera, Pérez fue el encargado de juramentar a Arévalo como presidente en la madrugada del lunes.

Empezó así un período de cuatro años de gobierno del Movimiento Semilla, que finalizará el 14 de enero de 2028. En este tiempo, Arévalo se ha comprometido, principalmente, a erradicar la corrupción enraizada en Guatemala. 

En su discurso frente a la ciudadanía, habló de la necesidad de mirar hacia “un presente marcado por el dolor”. 

“El capítulo de la historia que acabamos de transitar no nos llena de orgullo. Ha dejado ver a una minoría corrupta que persiste en mantener las cosas como están. Enfrentamos desafíos monumentales para erradicar las prácticas de corrupción que han permeado nuestro país. Enfrentamos obstáculos para liberar al Estado de aquellos que lo han capturado durante años utilizándolo como botín político”, dijo Arévalo.

Oposición en el Legislativo

Uno de esos obstáculos que mencionó se encuentra, precisamente, en el Legislativo. Desde que se proclamó presidente, ha estado en duda la capacidad de maniobra que tendrá Arévalo en el Congreso, tanto para pasar iniciativas de ley como para aprobar partidas presupuestarias. Semilla apenas cuenta con 23 de los 160 diputados.

De todos modos, el reciente apoyo de los congresistas a la nueva junta directiva presidida por Semilla podría ser una señal de que el Gobierno tendrá una puerta entreabierta en el Legislativo, aunque este respaldo ha tenido consecuencias para algunos diputados.

Manfredo Marroquín, analista político de la organización Acción Ciudadana, considera que esto va a depender de la capacidad de negociación que tenga la bancada. 

“Si hacemos un balance, creo que Arévalo tiene más fortalezas que obstáculos. Tiene un apoyo internacional y de la sociedad muy fuertes. Esos dos capitales políticos deberían poder vencer cualquier obstáculo”, afirma Marroquín. El analista recuerda que uno de sus grandes retos será mantener el apoyo de los pueblos indígenas, que fueron quienes buscaron garantizar su mandato e impulsaron un Paro Nacional que comenzó en octubre de 2023 y que mantuvo un plantón frente a la Fiscalía hasta este domingo.

Oposición de la Fiscal General

Precisamente, Arévalo tendrá que convivir buena parte de su mandato con la Fiscal General, María Consuelo Porras, que ha liderado las investigaciones en contra de su partido, ha buscado quitarle la inmunidad y ha sido incluida en la lista de actores corruptos del Departamento de Estado de Estados Unidos. 

El presidente aseguró que se reunirá con Porras –a quien acusó hace meses de liderar un golpe de Estado– para pedirle su renuncia. Aun así, la fiscal no ha dado muestras de querer dejar el cargo.

“El reto más inmediato es buscar cómo sacar a la Fiscal General del camino. Es una funcionaria que está dedicada a darle golpe de Estado y él no puede permitir que siga en el cargo”, dice Manfredo Marroquín. 

Para la analista política Marielos Chang, uno de los grandes desafíos de Arévalo también será luchar contra la corrupción sin tener al Ministerio Público a su lado. Según Chang, Arévalo tendrá que optar por otros caminos: “Teniendo la presidencia del Congreso de su lado, pueden pasar reformas interesantes, como al sector de la justicia, de servicio civil, de transparencia…”.

“El otro reto va a ser brindar un servicio público de calidad, para lo que va a necesitar contratar a personas claves. El problema es que las personas idóneas quizás no han trabajado en el Gobierno y tampoco hay incentivos económicos para hacerlo”, añade Chang.

Quedará por ver ahora si el espíritu del “sí se pudo” con el que le dieron la bienvenida a Arévalo cientos de personas, tanto en el Teatro Nacional donde tomó posesión como en la Plaza de la Constitución (y que él mismo coreó), se logra mantener en los próximos cuatro años. 

La incertidumbre y la tensión se han apoderado de las horas previas a la investidura del nuevo presidente electo de Guatemala. Con más de ocho horas de retraso, Bernardo Arévalo de León, ganador de los comicios celebrados en agosto de la mano del partido socialdemócrata Movimiento Semilla, ha tomado posesión como presidente.

“Nunca más el autoritarismo”, ha dicho nada más ser investido jefe del Estado del país centroamericano, tras un tormentoso proceso de transición en el que el Ministerio Público, y algunos jueces y parlamentarios de la Legislatura que acaba de terminar, han tratado de impedir que asumiera el cargo. “El pueblo de Guatemala ha demostrado su sabiduría, e instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad han protegido el deseo soberano de los guatemaltecos de vivir en democracia”, ha dicho en su primer discurso el presidente.

Arévalo de Léon ha recibido la banda presidencial de manos del presidente del Congreso, Samuel Pérez Álvarez, debido a que el mandatario saliente, Alejandro Giammattei, se ha ausentado de la ceremonia. Ha ingresado al Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, donde se ha celebrado la investidura, al son del concierto para violín y orquesta La Primavera, del compositor italiano Antonio Vivaldi.

Los intentos del gobierno saliente por impedir la investidura del nuevo Ejecutivo han prevalecido hasta el último momento, tras varios meses en los que el Ministerio Público (Fiscalía) ha tratado de inhabilitar por la vía judicial al partido socialdemócrata. La última de estas maniobras se ha producido en la sesión previa del Congreso en la que debían jurar el cargo los nuevos diputados. En medio de tensiones, la Junta Calificadora se negaba a aceptar las credenciales de diversos representantes electos, en lo que los diputados de Semilla calificaban como un nuevo intento de impedir la transición del gobierno. “Se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder”, declaraba Arévalo en la red social X.

Ante la incertidumbre generada por estos últimos acontecimientos, los jefes de Estado, cancilleres y funcionarios de alto nivel que viajaron a Guatemala al traspaso de mando presidencial emitieron una declaración conjunta en apoyo al presidente y exigiendo que se llevara a cabo el traspaso de poderes. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha mandado su apoyo al presidente electo de Guatemala en un mensaje publicado en la red social X. “La voluntad del pueblo de Guatemala, libremente expresada en las urnas, en un proceso electoral transparente, debe ser respetada”, ha dicho. 

Finalmente, el Movimiento Semilla, que cuenta con una minoría de diputados en el Congreso –23 de 160– ha conseguido los apoyos necesarios para revertir la decisión judicial y el diputado semillista Samule Pérez, de 31 años, ha sido elegido presidente del Parlamento guatemalteco.

Por su parte, el presidente saliente –Alejandro Giammattei– aseguraba a través de la red social X que “ante el riesgo de llegar a media noche sin iniciar los actos protocolarios, en este momento hice entrega de los símbolos de la Presidencia para que se me dé por separado del cargo como lo establece la Constitución de la República”.

Un traspaso de poderes lleno de obstáculos judiciales

Con un discurso anticorrupción y muchas expectativas de cambio, Arévalo asume la presidencia reemplazando a Giammattei, quien cuenta con uno de los niveles de aprobación más bajos del continente, según diversas encuestas. “Dejamos un mejor país del que encontramos” y nos vamos “con la frente en alto”, aseguró Giammattei el viernes al entregar el balance de su mandato. Atrás deja una legislatura marcada por acusaciones de corrupción y persecución judicial contra opositores. En los últimos años, decenas de fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos han sido encarcelados o han tenido que exiliarse.  

El presidente electo triunfó en la primera vuelta electoral del mes de junio, y ganó el balotaje con el 60,9% del respaldo popular dos meses después contra todos los pronósticos, que situaban como favorita a la elite política tradicional del país. Desde la inesperada victoria del Movimiento Semilla, el Ministerio Público encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, se convirtió en el protagonista del proceso electoral. Mediante un gran abanico de casos judiciales, han buscado durante meses ilegalizar la formación política e impedir la investidura del presidente electo y su vicepresidenta Karin Herrera. 

El pasado septiembre, Arévalo acusó públicamente a la jefa de la Fiscalía de encabezar un intento de golpe de Estado en su contra. La denuncia se produjo tras darse a conocer una investigación del Ministerio Público contra el partido por una supuesta falsificación de firmas en el proceso de fundación de la organización política 

Estos intentos de obstaculizar la voluntad popular fracasaron porque se toparon con una gran resistencia interna y con una condena directa de la comunidad internacional. Dentro de Guatemala, los movimientos indígenas junto con otros sectores sociales llevan más de 100 días de movilizaciones con el objetivo de defender la democracia y los resultados expresados en las urnas. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y Estados Unidos también han tenido un papel importante denunciando cada ofensiva judicial de la Fiscalía e imponiendo sanciones a los actores señalados por corrupción. 

Aunque la asunción de poderes supone una pequeña victoria para Semilla que hace pocos meses nadie se imaginaba, la mayoría de analistas coinciden en señalar que la persecución judicial no cesará tras el 14 de enero. El nuevo gobierno electo deberá afrontar en los próximos meses las causas penales que la Fiscalía mantiene abiertas y que buscan limitar la acción de gobierno.

En este sentido, Arévalo manifestaba hace semanas que “una de las primeras acciones, si no la primera, será exigirle la renuncia a la señora fiscal general”, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por participar en hechos significativos de corrupción.

Arévalo, un sociólogo con perfil internacional, encabeza una formación política socialdemócrata que surge de la llamada “primavera de 2015”, una ola de protestas contra la corrupción del Gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Durante la presentación del nuevo gobierno anunciada esta misma semana, paritario por primera vez en la historia del país, Bernardo Arévalo aseguraba que tienen como desafío principal “rescatar” las instituciones públicas que se encuentran “debilitadas por la corrupción”.  

Una legislatura con todo en contra

Además de afrontar la persecución judicial, el nuevo ejecutivo deberá gobernar con una minoría en el Congreso, ampliamente controlado por fuerzas conservadoras. Con tan solo 23 diputados de 160, la toma de posesión marca el inicio de una nueva legislatura que no va a ser fácil para la formación izquierdista. La necesidad de buscar coaliciones y entendimientos con otras formaciones políticas será uno de los grandes retos que deberán afrontar si quieren desarrollar su programa político.  

El país que recibe el nuevo presidente se encuentra bajo un importante deterioro democrático, cuenta con el 60% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza y con uno de los índices de desigualdad más altos del continente. Además de evitar los impedimentos legales para llevar a cabo su acción de gobierno, Arévalo deberá gestionar las grandes expectativas que un amplio sector de la población ha depositado en su gobierno del cambio. 

Entre estos sectores se encuentra el movimiento indígena, quien ha liderado los más de 100 días de protestas frente a los intentos judiciales de invalidar las elecciones. En este sentido, el anuncio de su gabinete decepcionó a este sector al constatar que entre los nuevos ministros solo hay una persona indígena, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roque. En un país en el que los pueblos originarios representan el 42% de los más de 17 millones de habitantes, uno de los grandes retos del nuevo Gobierno será no dejar de lado a estas comunidades tradicionalmente ignoradas por las elites políticas. Aunque las autoridades comunales aseguran que otorgan un voto de confianza al nuevo gobierno, afirman que fiscalizaran muy de cerca la acción del ejecutivo. 

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió el pasado 14 de diciembre un recurso de amparo definitivo que exhorta al Congreso a llevar a cabo la toma de posesión del nuevo presidente. El fallo de la máxima corte llegaba justo un mes antes de la investidura, programada para el 14 de enero. El progresista Bernardo Arévalo se ha sometido a una persecución constante desde antes de las elecciones por parte de la vieja élite del país y la Fiscalía intenta suspender su partido, el Movimiento Semilla.

Desde que el socialdemócrata Bernardo Arévalo ganó la presidencia del país el pasado 20 de agosto, la Fiscalía impulsó una serie de casos judiciales que buscan cancelar y deslegitimar los resultados. Según la mayoría de los analistas, se trata de un intento de golpe de Estado “técnico” y es una muestra más de persecución política y de la deriva autoritaria que ha vivido el país en los últimos años.

Aunque la resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala allana el camino para que el 14 de enero de 2024 se efectúe la toma de posesión del nuevo presidente electo, el analista político y miembro de la asociación de Analistas Independientes de Guatemala (AIG) Luis Fernando Mack advierte que el fallo del alto tribunal no extingue los esfuerzos del Ministerio Público por evitar la investidura. Como él, diversos analistas consultados por este medio coinciden en sostener que la persecución política contra Semilla no cesará.

Sin embargo, Arévalo se prepara para la toma de posesión y se espera que el 8 de enero anuncie su Gabinete de Gobierno. “Se vienen grandes cosas”, declaró el pasado fin de semana el presidente electo. “Hemos reunido un equipo de hombres y mujeres sumamente profesionales, comprometidos con Guatemala y que lo darán todo por ti y tu familia”, añadió confiado en que jurará el cargo.

Persecución judicial

El Movimiento Semilla, encabezado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, fue la gran sorpresa de las pasadas elecciones presidenciales. Con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y la recuperación democrática de las instituciones, la formación logró obtener un respaldo popular del 60,9% en la segunda vuelta presidencial.

La victoria de los socialdemócratas ha desafiado las formas tradicionales de hacer política y ha logrado romper con la correlación de fuerzas de la clase política y económica dominante del país. Específicamente, contra el denominado “pacto de corruptos”, término que utilizan la mayoría de analistas políticos del país para referirse a la coalición de funcionarios, políticos, militares, empresarios y estructuras criminales que han cooptado la mayoría de instituciones del Estado en favor de su propio interés. 

Sin embargo, desde su inesperado pase a la segunda vuelta a finales de junio, el Movimiento Semilla empezó a sufrir una campaña de persecución política y judicial con el objetivo de deslegitimar su victoria electoral e impedir la investidura.

La Fiscalía, encabezada por Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, sancionados por Estados Unidos por corrupción y por “socavar la justicia”, abrieron una investigación contra el partido por una supuesta falsificación de firmas en el proceso de fundación de la organización política. A la persecución penal se le han sumado allanamientos a la sede del Movimiento Semilla y a la del Tribunal Supremo Electoral, así como la suspensión temporal del partido.

A los pocos días de su triunfo electoral, Arévalo de León denunció en rueda de prensa que se estaba impulsando un “golpe de Estado mediante acciones espurias, ilegítimas e ilegales en distintas instancias” con el objetivo de “impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente”.

En este sentido, Luis Mack sostiene que los casos judiciales abiertos contra el partido son un “chantaje” que busca limitar la capacidad de gobernar del nuevo ejecutivo y tratar de evitar, mediante la represión y el miedo, que desarrollen todo su programa político de cambio. A su vez, toda la campaña de desprestigio contra Semilla “tiene el objetivo de socavar la legitimidad del nuevo gobierno antes de que ejerza, un discurso que ha ido calando paulatinamente entre la población”, asegura Mack.

Un gobierno débil y amenazado

Tras el 14 de enero, el principal desafío de Arévalo será la gobernabilidad. En caso de ser investido, el nuevo presidente electo deberá afrontar los diversos procesos judiciales abiertos en su contra. Un partido suspendido por la justicia y dos solicitudes por parte del Ministerio Público de retirar la inmunidad judicial del presidente, prevén que la persecución judicial se prolongue en el tiempo.

Para diversos analistas y expertos, además, se vislumbra un Gobierno débil en términos legislativos. Con un Congreso ampliamente controlado por fuerzas conservadoras, en el que la bancada de Semilla cuenta con apenas 23 diputados de 160, las esperanzas de cambio del nuevo gobierno pueden verse muy limitadas. Los socialdemócratas se verán obligados a establecer un proceso de diálogo con los distintos sectores sociales y políticos para generar grandes acuerdos alrededor de políticas públicas y reformas que son necesarias para el país.

Mientras tanto, la conflictividad institucional y tensión política que se prevé que se viva en los próximos meses va a coexistir con las expectativas y las esperanzas de cambio que Arévalo ha generado entre una mayoría de guatemaltecos.

Las claves de la investidura

El país centroamericano ha vivido el proceso electoral más convulso desde los Acuerdos de Paz firmados en 1996, lo que ha puesto en alerta a la comunidad internacional, empezando por la Organización de Estados Americanos (OEA), la misión de observación electoral de la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos.

Los diferentes organismos internacionales han exigido a las autoridades de Guatemala que garanticen la investidura del presidente electo. A las recientes sanciones económicas interpuestas por Estados Unidos contra diferentes operadores de justicia del país, se suma la condena explícita del Parlamento Europeo contra el “intento de golpe de Estado” y las maniobras del Ministerio Público para invalidar el resultado de las elecciones.

A nivel nacional, los ataques contra Semilla y el orden democrático también han sido contrarrestados por una gran movilización social. Tras un paro nacional que mantuvo al país colapsado durante más de un mes, las comunidades indígenas y organizaciones sociales, aunque con menos capacidad de movilización, continúan con las protestas frente a las sedes de organismos oficiales. Según Mack, estos dos elementos han sido clave para evitar que se consolide la cancelación de Semilla.

Sin embargo, la incertidumbre continúa gobernando en Guatemala. A pesar de que hay señales que indican que la investidura se producirá, continúan existiendo indicios de que en los días y horas previas al traspaso de poderes podría haber alguna acción que impida la toma de mando, asegura el analista político. Con la mayoría de instituciones gubernamentales y de justicia cooptadas por la oposición, son muchas las posibilidades de que los sectores conservadores del país lleven a cabo alguna argucia legal que acabe con la voluntad popular expresada en las urnas.

Todos los días a las 16:30 horas, Virginia Laparra se mete en la ducha para no escuchar el candado. Ese ruido significa que ya no puede salir más al pequeño espacio donde entran algunos rayos de sol, donde puede leer o estirar las piernas, en la cárcel de máxima seguridad de Ciudad de Guatemala donde cumple condena. A esa hora, cuentan a las presas y vuelven a cerrar la puerta para que no salgan durante la noche. Entonces, suena el candado. Un día más. Ya lleva 19 meses en prisión.

“Su condición clínica se está agravando. Antes de ser detenida, presentaba un cuadro de claustrofobia. El nivel de estrés, ansiedad, depresión y otras enfermedades emocionales aumenta”, dice en una entrevista con elDiario.es Wendy Geraldina López, abogada guatemalteca y defensora de derechos humanos de la comunidad maya kaqchikel, durante una visita a Madrid.

López forma parte del equipo de defensa legal de Laparra, exfiscal anticorrupción condenada a cuatro años de prisión por un delito de abuso de autoridad tras un proceso que, según han documentado entidades como Amnistía Internacional (AI), no tiene fundamento y estuvo plagado de irregularidades. Hace pocos meses, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró que la de Laparra es arbitraria y exigió su liberación, mientras que AI considera que se trata de una presa de conciencia y está encarcelada en represalia por su labor de investigación de casos de corrupción.

“No ha cometido ningún delito”

La exfiscal fue detenida a la salida de su trabajo a finales de febrero de 2022. “¿Por qué una orden de captura? Nada más que para tenerla en prisión, que fuera ese trofeo”, dice López. Laparra era jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, al oeste de Guatemala, y había trabajado con representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo independiente respaldado por la ONU y disuelto en 2019, que había cooperado con la Fiscalía para desactivar algunas de las mayores redes de corrupción en el país.

La abogada guatemalteca necesita sacar papel y boli, y dibujar un esquema para aclarar la maraña de procesos judiciales en contra de la exfiscal Laparra. Son al menos dos y se desprenden de su denuncia contra un juez por compartir información confidencial en 2018. “No debería ser considerado delito, al contrario, no denunciar sería también delito. Ella no ha cometido ningún delito”, dice la abogada, quien señala que el caso estuvo “en manos de jueces corruptos” y hubo una “violación al derecho de defensa”.

¿Cuándo quedará en libertad? El equipo legal, según explica la letrada, deposita su esperanza en dos opciones diferentes. En el mejor de los casos, obtener la llamada revisión de las medidas de coerción, es decir, “que se evalúe que, por la pena y el delito, puede enfrentarse al proceso” desde su casa con su familia, que salga de la cárcel y espere la resolución del recurso de casación presentado ante la Corte Suprema de Justicia. La otra opción es que salga en unos cinco meses por la aplicación del beneficio de la mitad de la condena.

Mientras que el primer escenario le da la oportunidad de seguir con su defensa, el segundo, según considera su equipo, equivale “prácticamente a aceptar la condena”. “No queremos aceptarla porque nos parece totalmente injusto. Saldría siendo culpable”.

No obstante, también muestra cierto escepticismo sobre el futuro del recurso de casación. “Virginia representa una enemiga política para los magistrados de la Corte Suprema, tiene mucha información de cómo se manejaba el sistema de Justicia”. La abogada muestra una fotografía de la exfiscal, con gesto sonriente y custodiada por cuatro guardias del sistema penitenciario. “Siempre va con un fuerte equipo de guardias del sistema penitenciario, siempre es bajo estas condiciones. Si eso no es silenciar, ¿qué es?”.

Denuncia, asimismo, que Laparra tiene visitas limitadas en la cárcel, no puede hablar con su familia –que no vive en la capital– y tardaron cuatro meses en tratarle una enfermedad ginecológica. 

A finales de agosto, el equipo jurídico de Laparra sufrió un nuevo revés con la detención de Claudia González, que ejercía su defensa legal junto a López –así como del también fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval. González, que trabajó en su día para la CICIG, está también procesada por un supuesto caso de abuso de autoridad. “Es únicamente el deseo de tenernos en prisión, todo ello revestido de legalidad. Tenemos un común denominador, somos abogadas. Incluso yo tengo procesos en mi contra, en mi caso por defender a Virginia. ¿Cuándo me va a tocar a mí?”, pregunta López.

¿Teme ser detenida también? “No sé lo que puede pasar. Mi denuncia lleva nueve meses y no hay nada. En Guatemala es delito hasta que respiremos”, responde. “Somos defensoras, somos abogadas. No soy una criminal y ellas tampoco son criminales como para hacer este tipo de acciones”, dice. “Hay toda una red de corrupción. Estar en contra de toda esa estructura estatal es ser opositor y están persiguiéndonos por eso”. 

Tres opciones

La abogada es clara al enmarcar los procesos de “criminalización” de sus compañeras en la campaña de persecución de profesionales jurídicos, entre ellos los que trabajaron o cooperaron con la CICIG, lo cual ha despertado la preocupación de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas –este último ha criticado la “continua erosión del Estado de Derecho” en Guatemala.

López explica que decenas de fiscales, jueces y magistrados que han contribuido a la lucha contra la impunidad están siendo criminalizados desde el año pasado. “Guatemala nos ofrece tres opciones: exilio, cárcel o muerte civil. Con la muerte civil, logran que se silencie tu voz y que, incluso estando vivo, te desaparezcan de todo el entorno social y estés recluido en el peor de los olvidos para que ya no existas”, dice la letrada.

“Hay varios patrones: nos ven como enemigos políticos; la Fundación Contra el Terrorismo y la Procuraduría General de la Nación se encargan de presentar las denuncias contra los fiscales o los exoperadores de Justicia; desconocen totalmente todo tipo de pronunciamiento de organismos internacionales; hay un respaldo total por parte de la Corte Suprema de Justicia, que vemos coludida con el Congreso de la República, el Ministerio Público y, obviamente, el Gobierno central, que no se pronuncia y tacha de injerencia internacional, la observación del debido proceso por parte de los entes internacionales”. 

“Necesitamos que los ojos del mundo miren a Guatemala, que nos apoyen”, dice la abogada, que antes de viajar a Madrid en septiembre pasó por Ginebra. “Reclamo que haya un debido proceso y que los gobiernos fiscalicen de una mejor forma los fondos que se dirigen a nuestro país”. Denuncia que muchos compañeros “han recibido amenazas directas del 'pacto de corruptos'”, que define como el grupo de actores –jueces, magistrados, diputados, funcionarios– que están al servicio de mantener la corrupción en el país centroamericano.

“Estamos en un momento de autoritarismo”

La defensora guatemalteca expresa asimismo su preocupación por el momento político que atraviesa el país, que también ha sido objeto de condena por parte de la comunidad internacional. Desde que el candidato progresista Bernardo Arévalo de León avanzó a la segunda vuelta por la presidencia, la Fiscalía ha intentado inhabilitar su partido, Semilla. Arévalo de León se impuso en las elecciones el 20 de agosto, pero ha suspendido temporalmente el proceso de transición después de que la Fiscalía actuara contra el Tribunal Supremo Electoral en lo que él ha calificado como “un golpe de Estado”.

“Estamos en un momento de autoritarismo. Hay una explicación probablemente política y es que la persona que ganó, en este caso Bernardo Arévalo, no va a cambiar el Estado de la noche a la mañana, pero sí va a fijar los pilares que pueda establecer un Estado democrático, una base para que se pueda refundar. Es la esperanza de todos”, dice López. “Semilla representa esa voz de Guatemala, ese grito de que estamos cansados, el despertar de muchos jóvenes y también de muchas personas adultas”.

Precisamente, esta semana se han registrado protestas encabezadas por comunidades indígenas en varios puntos del país, en contra de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, que ha sido sancionada, junto al resto de la cúpula de la Fiscalía, por Estados Unidos por “socavar” la Justicia en su país desde 2021. Los manifestantes piden ahora su dimisión por intentar interferir en el resultado de las presidenciales, después de que la semana pasada la Fiscalía decomisó cientos de actas de votos de los comicios, en un nuevo allanamiento –el cuarto– del Tribunal Supremo Electoral.

Está previsto que Arévalo de León, junto a su compañera de fórmula, Karin Herrera, tome posesión el próximo 14 de enero. Pero a la abogada le cuesta ser optimista sobre la transición debido a las acciones de la Fiscalía. “Hay una consigna dentro del país: o se da la toma de posesión o el pueblo se levanta. Y ese levantarse creo que va a traer mucha sangre. Sería lo peor”, dice.

“Alejandro Giammattei ha dicho que va a entregar el poder el 14 de enero a quien sea, y eso es muy peligroso. Si legalmente Semilla no está, ¿a quién se lo va a entregar? ¿Al Congreso? En Guatemala se escucha que puede ser al diputado del partido oficial Manuel Conde. No me atrevo a decir si se dará o no la toma de posesión de Arévalo”.

En Guatemala, a una joven de 17 años que padece anemia le resulta complicado amamantar a su hijo de apenas once meses. En Francia, en el XIII arrondissement de París, siete centenares de estudiantes universitarios se agolpan en una cola que nace de una asociación solidaria a la espera de una cesta de alimentos gratis. Son tan solo dos de las caras del hambre que la fotógrafa y periodista Lys Arango ha plasmado en una exposición fotográfica que se puede visitar a las afueras del palacio de congresos Europa de la ciudad de Vitoria. “El hambre ha sido desde siempre causa de revoluciones y cambios sociales”, explicaba la fotógrafa, que ha querido inmortalizar con sus fotografías una problemática que en Guatemala deja a la mitad de los niños con una desnutrición crónica y que en Francia aboca a hasta ocho millones de personas a la precariedad alimentaria.

Son, según cuenta Arango en el texto que acompaña a las fotografías de la exposición, más de 800 millones las personas que a lo largo y ancho del planeta viven en una situación de inseguridad alimentaria, y la cantidad no deja de aumentar por culpa de las guerras y de la inflación. Cada una de esas personas, con sus particularidades y un hambre que se explica por diferentes motivos, tiene una historia diferente, con su nombre y sus apellidos. Uno de esos nombres es Nagbe, que, acompañado del apellido Ballok, es el de una mujer de 67 años, originaria de Costa de Marfil y que desde 2020 vive en una habitación de un hotel social de París, parca en metros cuadrados. Ha de cocinarse la comida allí mismo, en condiciones precarias, pues no tiene acceso a una cocina. En una situación similar se encuentra una mujer beninesa, que hace su vida en otra habitación social y que, además de alimentarse ella misma, ha de dar de comer a otras dos bocas, las de sus dos hijos. En el encuadre captado por Arango, la sangre del pescado, ya troceado, se desliza por los bordes de un lavabo en el que los platos y los cubiertos encajan como piezas de un tetris que se repite cada día.

Arango, que siempre pone el foco —ya sea a través de las fotografías o de las palabras— sobre asuntos sociales, ha abordado con sus trabajos un abanico tan amplio de temas como la migración climática en Guatemala, los efectos del conflicto armado sobre la población de la República Centroafricana o las limitaciones a la movilidad que se impusieron en España con motivo de la pandemia de COVID-19. En esta última exposición, ha aunado instantáneas tomadas en dos lugares tan lejanos como Francia y Guatemala, pero al mismo tiempo acercados por un problema tan universal como es el hambre.

En Guatemala, el problema del hambre está muy ligado a otras de las preocupaciones que asolan al país. Entre las fotografías de Arango, se puede ver a un bebé que duerme solo en el suelo de una casa de una región cafetera mientras su familia trabaja y también a una madre joven, de apenas 17 años, a la que la anemia le hace complicado amamantar a su joven hijo. Esos problemas se arrastran con la edad. A unos pocos metros, como si esa distancia representara el salto de unos pocos años, un niño de 9 años, de nombre Marcos Alexander, carga leña de camino a casa. “El abandono escolar en el Corredor Seco [una región de Guatemala] es muy alto y se debe sobre todo a las consecuencias de la desnutrición: disminuye la capacidad de concentración de los niños, que terminan dejando la escuela. En Guatemala, el 49,8% de los niños sufre desnutrición crónica, esto es, uno de cada dos”, explica Arango con palabras.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala revocó este domingo la suspensión del partido Movimiento Semilla, con el cual ganó la presidencia el pasado 20 de agosto el académico Bernardo Arévalo de León. La decisión fue oficializada mediante un memorial en el que mantienen con vida al partido de Arévalo de León mientras se mantenga vigente el proceso electoral, y además instan a los tres poderes del Estado al “respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas”. El partido Movimiento Semilla había sido suspendido el pasado 28 de agosto por el Registrador de Ciudadanos del mismo Tribunal Supremo Electoral, y dicho dictamen dio paso a que la Junta Directiva del Congreso desconociera dos días después al partido de Arévalo de León.

La revocación de la suspensión fue firmada el sábado por los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, quienes inicialmente el pasado 28 de agosto se habían desligado de la decisión del Registrador de Ciudadanos, uno de los funcionarios a su cargo en la entidad. El motivo original de la suspensión del Movimiento Semilla es una orden del juez séptimo penal Fredy Orellana, a solicitud del Ministerio Público. 

Debido a la suspensión del partido, el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, aseguró el viernes que Guatemala se encuentra envuelto en un “golpe de Estado” con el objetivo de evitar su investidura en enero próximo. Arévalo de León señaló a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, como una de las principales promotoras del mencionado “golpe de Estado”, junto al fiscal Rafael Curruchiche, la Junta Directiva del Congreso, el juez Orellana y a “otros actores corruptos”.

Persecución penal desde julio

El presidente electo por el partido Movimiento Semilla acusó al Ministerio Público por la persecución en contra de la agrupación política desde el 12 de julio, después de obtener el segundo puesto en las elecciones generales del 25 de junio. La persecución penal ha incluido allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y a la sede del mismo Movimiento Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas en la creación del partido en 2018. 

Arévalo de León explicó el viernes que “el grupo de políticos y funcionarios corruptos, que se niegan a aceptar este resultado, han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”. De acuerdo al actual diputado, dicho “golpe de Estado” se está “llevando a cabo paso a paso, mediante acciones espurias, ilegítimas, e ilegales, en distintas instancias, cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente”.

El académico hizo un llamado a toda la población “a unir fuerzas en defensa de la democracia y del respeto irrestricto a la voluntad popular” para “derrotar a las fuerzas golpistas que pretenden mantenernos sumergidos en la corrupción, la impunidad y la pobreza”. El sábado, miles de guatemaltecos protestaron en el centro de la capital en contra de Porras y del Ministerio Público. La investidura de Arévalo de León está programada para el próximo 14 de enero, en reemplazo del actual mandatario, Alejandro Giammattei.

En primera vuelta, Ecuador decidió el domingo que el balotaje presidencial se disputará entre la hija política de Rafael Correa, la también economista Luisa González, y el empresario Daniel Noboa, hijo del también empresario millonario Álvaro Noboa, cinco veces candidato presidencial.

En segunda vuelta, Guatemala dio el mismo domingo la presidencia de la República al político y académico Bernardo Arévalo, hijo del ex presidente centrosocialista Juan José Arévalo, que venció a su contrincante, la empresaria derechista Sandra Torres, exesposa y viuda del expresidente Álvaro Colom.

Debut de la izquierda guatemalteca

En ambos casos, en Ecuador y en Guatemala, las cuatro figuras rivales son de familias políticas cuya presencia recubre el entero siglo XXI y, en el caso de Arévalo, se remonta al corazón del siglo XX, y aún más atrás. En los dos casos, son del mundo empresarial privado las candidaturas de la derecha y son académicas las candidaturas de la izquierda.

Pero la novedad está en Guatemala: por primera vez en tres cuartos de siglo habrá en el Palacio Nacional de la Cultura (sede del Ejecutivo) un presidente democrático que no responde a las antiguas derechas tradicionales autoritarias.

De candidatura menospreciada en las encuestas, Bernardo Arévalo se erigió el domingo 20 de agosto en la gran sorpresa nacional e internacional. El también sociólogo y doctor en Filosofía, y candidato del partido Movimiento Semilla ya había ido en contra de todos los pronósticos cuando logró meterse al balotaje para disputarle la presidencia a la favorita de los sondeos, la mujer de negocios y candidata de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.

Los sondeos también vacilaron, antes de la segunda vuelta presidencial, sobre cual de los dos saldría triunfante. Sin embargo, esta vez, el segundo de la primera vuelta fue el primero de la segunda. Arévalo venció, la izquierda ganó. Es más, computado el 99,8% de las mesas electorales y considerando el total de votos emitidos, un 58,04% daba a Arévalo la victoria sobre Torres con unos 20 puntos porcentuales de diferencia.

Cuando el actual gobernante Alejandro Giammattei -otro empresario derechista más, repudiado como ningún otro al fin de su período- entregue el mando al vencedor del balotaje del domingo, Guatemala tendrá otro presidente, que gobernará el país por cuatro años.  

Guatemala 1944-2023 y 2024-2028

La historia de la familia Arévalo tiene raíces profundas en la historia de Guatemala. Juan José Arévalo, padre de Bernardo, fue el militar, elegido democráticamente para ejercer la Presidencia del país entre 1944 y 1951, como candidato designado por la Junta Militar emergente de la revolución que derrocó al general Jorge Ubico.

Arévalo padre completó su mandato y su gobierno de un socialismo benigno, que evitaba cualquier alineación con el comunismo, en aquellos tiempos de caliente Guerra Fría. Tras el derrocamiento orquestado por la CIA de su sucesor y correligionario, Jacobo Árbenz, en 1958 Juan José Arévalo se vio obligado a permanecer en el exilio en Uruguay, donde nació Bernardo, quien regresaría a Guatemala en la década de 1970 con toda su familia.

Diez años después, Bernardo ingresó en la Cancillería. Su carrera diplomático lo llevó a ser viceministro entre 1994 y 1995, además de embajador en España. Posteriormente, trabajó en organizaciones de distintos continentes y fue asesor en diversos temas en la ONU y en instituciones de políticas públicas y académicas en EEUU.

Cuando pasó de la vida diplomática y académica a la política activa, Arévalo participó en el movimiento social de protesta que en 2015 exigió la renuncia del entonces presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, cuyas causas de corrupción y, sobre todo, aquella corrupción que quedaba a salvo del procesamiento judicial, secuestraban mente y cuerpo de la opinión pública movilizada.

Fue entonces cuando formó, junto a otras figuras intelectuales, el flamante partido, de doctrina socialdemócrata, ecologista y progresista: el Movimiento Semilla.

Con el nuevo partido, Arévalo fue precandidato presidencial en 2019, pero renunció a su candidatura para promover a la exfiscal Thelma Aldana, quien finalmente no pudo participar de las elecciones de ese año. Fue elegido diputado al Congreso, donde su actuación se dirigió principalmente a temas y problemas relacionados con la seguridad, las relaciones exteriores y los derechos humanos.

Ideológicamente, Arévalo se ubica como un candidato de izquierda moderada y ha centrado su mensaje en esta campaña en la necesidad de combatir la corrupción en su país, con la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción. Arévalo pretende hacer frente al problema de seguridad en Guatemala con el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y el control de las cárceles.

En la letra, ni uno solo de esas promesas faltaban en la plataforma y las arengas hoy caducas de su contrincante. Tras la victoria del domingo, Arévalo le aseguró a su rival (favorita en el interior rural del país asistido por un denso y personalista sistema clientelar) y a toda la ciudadanía que él trabajará por el respeto de sus derechos y la atención de sus necesidades.

Un elemento clave, sin embargo, faltaba en el plan de Sandra Torres, mientras que es una prioridad en el programa del presidente electo Bernardo Arévalo para 2024-2028: la generación de empleo mediante la inversión en obra pública.

En una jornada histórica para el país centroamericano, el partido Movimiento Semilla logra vencer en segunda vuelta a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Con un discurso anticorrupción y crítico con el sistema, el académico Bernardo Arévalo obtuvo el 58% de los votos frente al 37% de su rival, una candidata conservadora y continuista con el Gobierno actual. 

Más de 4 millones de guatemaltecos –el 45% del padrón electoral– han asistido a las urnas en una de las elecciones más convulsas desde la instauración de la democracia en 1986. Considerada por muchos ciudadanos como un referéndum sobre la democracia, los resultados de esta contienda eran decisivos para poner freno a la deriva autoritaria que ha vivido el país en los últimos años. 

El Movimiento Semilla fue la gran sorpresa de la primera vuelta de las elecciones celebradas el 25 de junio al quedar en segunda posición sin que ninguna encuesta lograra pronosticarlo. Surgido de la llamada “primavera de 2015”, una ola de protestas contra la corrupción del Gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti, el partido ha conseguido ilusionar a un electorado desmovilizado y capitalizar el voto de descontento. Durante la primera vuelta electoral, el voto nulo fue la opción mayoritaria elegida por el 17% de los ciudadanos. 

El binomio presidencial encabezado por Arévalo y la docente y científica Karin Herrera han hecho de la lucha contra la corrupción su punta de lanza durante la campaña electoral. Con un discurso político centrado en la recuperación democrática de las instituciones públicas, han logrado generar esperanzas de un cambio en el país, sobre todo entre la población joven.

Por su parte Sandra Torres, ex primera dama durante el Gobierno de Álvaro Colom, buscaba por tercera vez llegar a la presidencia del país. Lejos de los postulados iniciales socialdemócratas, la presidenciable ha pasado a ser una candidata conservadora y vista como parte del establishment. De su lado están grupos de veteranos militares, líderes evangélicos y sectores derechistas del país.

Tras conocerse los resultados, el presidente Alejandro Giammattei ha felicitado a Arévalo a través de su cuenta de Twitter y le ha invitado a “iniciar la transición ordenada al día siguiente de que los resultados queden oficializados”, en referencia a la transferencia del poder que tendrá lugar el próximo 14 de enero. 

Una contienda marcada por la persecución política

La contienda se desarrolló en medio de un contexto de regresión autoritaria por parte del actual Gobierno contra fiscales, jueces, organizaciones y periodistas. En los últimos años, decenas de opositores que han denunciado la corrupción han sido encarcelados o han tenido que exiliarse.

Tras las inhabilitaciones iniciales de tres candidatos punteros en las encuestas que tenían un discurso antisistema, la persecución judicial por parte del Ministerio Publico se ha centrado en el Movimiento Semilla. Primero, la Corte Constitucional ordenó arbitrariamente una revisión de las actas electorales de la primera vuelta. Tras semanas de incertidumbre, las autoridades electorales no encontraron mayores inconsistencias en los resultados. La persecución judicial contra Semilla continuó a través de una denuncia por parte del fiscal Rafael Curruchiche –incluido en la lista de sancionados del departamento de Estado de EEUU por corrupción– que reclamaba la inhabilitación del partido. El motivo, un supuesto caso de firmas falsas en el momento de la constitución del partido. A la denuncia le siguieron allanamientos por parte de la policía a la sede del partido Semilla y al Tribunal Supremo Electoral, en busca de archivos relacionados con el proceso en curso. 

Este frágil contexto institucional se vio nuevamente dañado durante las primeras horas de la jornada electoral. Blanca Alfaro, una magistrada del Tribunal Supremo Electoral, declaró que tenía intención de renunciar a su cargo debido a amenazas y presiones. Gabriel Aguilera, otro magistrado del poder electoral, afirmó que también había recibido amenazas.

El futuro de Semilla

En los últimos días, el fiscal Rafael Curruchiche, ha afirmado que podría suspender al partido de Arévalo después de las elecciones del domingo y emitir órdenes de arresto para algunos de sus miembros. “No descartamos allanamientos, órdenes de aprehensión o solicitudes de antejuicio después del 20 de agosto”, declaraba el fiscal Curruchiche tres días antes de las elecciones. 

La judicialización de la política ha ido acompañada de una narrativa de fraude impulsada por la candidata Sandra Torres. En las últimas horas la candidata de la UNE ha intensificado el discurso y las acusaciones de manipulación de los resultados electorales por parte de los socialdemócratas. En un comunicado emitido a las 23:30 hora local, el Comité Ejecutivo del partido informaba que no fijará una postura relativa a la aceptación de los resultados “hasta que se esclarezcan los resultados” y señaló “irregularidades” en el proceso electoral“.

En el terreno político, se abre una nueva etapa en Guatemala en la que el partido de Arévalo tendrá que gobernar con una mayoría de la oposición en el Parlamento. Según Luis Fernando Mack, analista político y miembro de la asociación de Analistas Independientes de Guatemala (AIG), uno de los principales retos del partido va a ser “tener las condiciones políticas necesarias para hacer cambios, puesto que no va a tener ni las condiciones institucionales ni legales optimas, tiene a todo el sistema en contra”.

Tras la jornada electoral, se abren muchas incógnitas e incertidumbres sobre el futuro político del país más grande de Centroamérica. Por el momento, los ciudadanos han elegido poner freno al auge del autoritarismo. 

Miles de simpatizantes se congregan en la céntrica Plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala. Pancartas, gritos de “Sí se puede” y mucho optimismo en el acto de final de campaña del Movimiento Semilla. “En esta plaza donde estamos hoy, hace ocho años nos encontramos y nos unimos detrás de un anhelo: sacar a los corruptos del poder”, exhorta a los asistentes Bernardo Arévalo, candidato presidencial. Esa misma plaza fue el escenario del surgimiento del partido tras la llamada “primavera de 2015”, una ola de protestas contra la corrupción del Gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti. 

Más de 9 millones de guatemaltecos están habilitados para votar en unas elecciones marcadas por el deterioro del Estado de derecho y la falta de independencia del Poder Judicial. El partido de centro-izquierda y anticorrupción Movimiento Semilla se enfrentará a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), candidata conservadora y defensora del statu quo. 

La primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el 25 de junio, estuvo marcada por el voto de rechazo al sistema político. El voto nulo, que superó el 17% de los sufragios, fue el gran triunfador de la noche electoral. Sin embargo, la sorpresa la dio el Movimiento Semilla, que contra todo pronóstico logró el 11,8% de los votos. La ex primera dama Sandra Torres, fue la candidata más votada, con el 15,8% de los sufragios.

Los analistas consideran que Semilla ha logrado captar el voto de hartazgo y descontento ciudadano frente a la corrupción y el Gobierno autoritario de Alejandro Giammattei. En los últimos años, decenas de fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos han sido detenidos o han tenido que exiliarse señalando una persecución política en su contra. 

Con un discurso político centrado en la recuperación democrática de las instituciones públicas, el partido ha logrado situarse primero en las encuestas, que le otorgan un 65% de la intención de voto.

Hostigamiento, persecución y denuncias judiciales

El mensaje anticorrupción del candidato socialdemócrata logró romper con la correlación de fuerzas de la clase política y económica dominante del país. Sin embargo, las esperanzas de cambio de los partidarios de Semilla se vieron rápidamente truncadas. 

La noche del viernes 30 de junio, cinco días después de la celebración de la primera vuelta, nueve partidos políticos cercanos al oficialismo denunciaron un supuesto fraude ante la Corte de Constitucionalidad. El máximo tribunal aceptó el amparo y dejó en pausa la oficialización de los resultados hasta resolver las discrepancias. Tras cuatro días de revisión de escrutinios que mantuvieron al país en vilo, el cotejo de datos terminó sin variaciones relevantes. La narrativa de fraude no tenía sustento. 

Lejos de terminar, la batalla para dejar fuera de la contienda a los socialdemócratas no había hecho más que empezar. Tras días de suspenso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó los resultados de la primera vuelta. Sin embargo, el anunció llegó solo una hora después de que el Ministerio Público (fiscalía) presentara una denuncia contra Semilla. En un video difundido por redes sociales, el fiscal Rafael Curruchiche –sancionado por Estados Unidos por obstaculizar investigaciones sobre actos de corrupción– solicitaba la suspensión inmediata del partido. 

La denuncia interpuesta sostenía que más de 5,000 ciudadanos fueron adheridos “ilegalmente” al partido y que sus actas de adhesión contenían firmas de 12 personas fallecidas.

A la denuncia le siguieron allanamientos por parte de la policía a la sede del partido Semilla y al Tribunal Supremo Electoral, en busca de archivos relacionados con el proceso en curso. 

Los pronunciamientos por parte de organizaciones nacionales e internacionales que pedían respetar el orden constitucional y los resultados electorales no se hicieron esperar. Tras días de incertidumbre, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a favor de Semilla y protegió al partido para evitar su suspensión. 

Luis Fernando Mack, analista político y miembro de la asociación de Analistas Independientes de Guatemala (AIG) dice a elDiario.es que “se trata de la utilización del derecho y del sistema judicial para perseguir fines políticos y perseguir al oponente”. 

Aunque el amparo fue una buena noticia para la organización, la Corte no cerró la posibilidad de que sean perseguidos penalmente en un futuro. “No descartamos allanamientos, órdenes de aprehensión o solicitudes de antejuicio después del 20 de agosto”, declaraba el fiscal Curruchiche este jueves al ser preguntado por periodistas. 

Sandra torres y el divorcio de la socialdemocracia

El proceso judicial abierto contra Semilla ha sido utilizado por Sandra Torres para criticar a su adversario. La campaña de la UNE, asegura Mack, “está basada en la mentira, la desinformación y la descalificación del adversario. Se trata de una campaña destructiva”. Un ejemplo son los ataques constantes a Semilla, a quien acusa de querer aprobar el matrimonio homosexual, legalizar el aborto o querer convertir al país en un régimen comunista como Venezuela. 

La ex primera dama durante el Gobierno de Álvaro Colom busca por tercera vez llegar a la presidencia del país. Sin embargo, la candidata ha dado un giro completo en su ideología y la de su partido. Lejos de los postulados iniciales cuya base eran la socialdemocracia y el fortalecimiento del Estado, la presidenciable ha pasado a ser una opción del sistema conservador. De su lado están grupos de veteranos militares, líderes evangélicos y sectores derechistas del país. 

Este cambio de rumbo político no ha sido bien recibido por parte del electorado, quien la percibe principalmente como una candidata oportunista y poco fiable, asegura Mack. Su imagen también se vio dañada tras ser procesada y enviada a prisión durante cuatro meses en 2019 acusada de asociación ilícita y financiación electoral irregular.

La punta de lanza de su campaña son los programas de apoyo a familias empobrecidas. Con medidas asistencialistas como la entrega de bolsas solidarias de víveres o la reducción de impuestos a la canasta básica, ha logrado un fuerte arraigo territorial en el interior del país.  

Estas medidas sociales, sin embargo, no desdibujan el hecho de que Torres pertenece al “pacto de corruptos”, término con el que los analistas guatemaltecos se refieren a los partidos y sectores de poder que, desde su perspectiva, han cooptado a las instituciones del Estado para que actúen a su favor.

Esperanza frente la deriva autoritaria

“Los resultados de estas elecciones pueden cambiar la deriva autoritaria que vive al país”, asegura el analista político Manfredo Marroquín a elDiario.es. 

El éxito del partido de Arévalo, defiende Marroquín, se debe a dos factores clave. En primer lugar, “la expulsión de la contienda de tres candidatos con un discurso antisistema, que prácticamente le dejó todo el espacio de la izquierda anti statu quo al Movimiento Semilla”. En segundo lugar, la candidatura socialdemócrata “era la única opción no contaminada por la corrupción que ha logrado captar el voto de la esperanza, el de la posibilidad de un cambio real”. Luis Mack añade que otro factor clave ha sido el voto joven, un voto novedoso, convencido y entusiasmado. 

En la primera vuelta, la candidatura obtuvo sus principales apoyos en un votante de clase media, urbano con cierto nivel educativo y principalmente joven. En contraposición, obtuvo menos apoyo en el interior del país, donde no tenía vasos comunicantes con organizaciones sociales campesinas ni con las comunidades indígenas.

Sin embargo, de cara a la segunda vuelta se perfila un escenario político muy diferente. La campaña de persecución política en su contra y las esperanzas de cambio que han calado en el electorado pueden beneficiar a la candidatura de Arévalo. Según los analistas, el Movimiento Semilla probablemente logre capitalizar el voto nulo y el voto de descontento de todo el país.

En este sentido, las últimas encuestas publicadas muestran una distribución de la intención del voto muy similar según la región, la edad y el nivel educativo del votante, factores que pasarían a ser irrelevantes a la hora de elegir el voto por Semilla. 

Incertidumbre tras las elecciones

La preocupación por el devenir de los acontecimientos políticos ha llegado a la Organización de Estados Americanos. En una visita oficial esta pasada semana, el secretario general logró el compromiso de todos los poderes del Estado de respetar el resultado electoral y la entrega del poder. Sin embargo, muchos sectores, incluido el propio Movimiento Semilla, temen que una victoria de Arévalo no garantice que sea investido el próximo 14 de enero. 

Más allá de la persecución judicial en curso que amenaza con inhabilitar el partido, en las últimas horas la candidata de la UNE ha intensificado la narrativa de fraude electoral. En diversos videos difundidos en las redes sociales oficiales, Torres ha asegurado que le van a robar las elecciones. Estos mensajes contrastan con la filtración de un vídeo en la que una dirigente de la UNE exige a fiscales de mesa del partido que impugnen mesas electorales el día de las votaciones. 

Mientras tanto, los guatemaltecos aguardan expectantes ante una deriva que puede sentar un precedente para futuras elecciones, en las que la incertidumbre sea la norma.

La que hace unos días era descrita como la culminación de la regresión democrática en Guatemala tuvo un alto. La Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país, ha respaldado la decisión del Tribunal Supremo Electoral y ha confirmado una segunda vuelta, que se celebrará el 20 de agosto, entre Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla. 

El máximo tribunal de Guatemala emitió este jueves un dictamen en el que anuló cualquier suspensión en contra de la agrupación política de izquierdas Semilla, como había solicitado y conseguido el Ministerio Público ante un juez penal un día antes.

Impase desde las elecciones

El proceso estaba en un impase, que se venía arrastrando desde el 25 de junio, cuando tuvo lugar la primera vuelta electoral en Guatemala. En esa votación, la ciudadanía decidió que la conservadora Torres y —ante una sorpresa generalizada— el progresista Arévalo debían disputarse la presidencia.

Pero una serie de recursos legales detuvieron la oficialización de resultados por parte del órgano electoral. El primero, un amparo planteado por nueve partidos políticos que, disconformes con el resultado, se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad para exigir un recuento de votos. La Corte resolvió en ese momento a favor de los partidos, y ordenó que se revisaran las disconformidades y, de ser necesario, se hiciera el recuento de votos. Esto encendió las alertas de la población. 

El tribunal constitucional es una institución cuestionada en el país. Sus magistrados son señalados por formar parte de un sistema cooptado, que ha emitido fallos que han favorecido a personajes sombríos. Por ejemplo, durante la elección de Fiscal General, realizada en 2022, la Corte ordenó que en el listado de elegibles debía incluirse a la fiscal María Consuelo Porras, quien finalmente fue reelecta y quien ha sido señalada por el Departamento de Estado de Estados Unidos por socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción.

Durante el proceso electoral actual, este tribunal, junto con la Corte Suprema de Justicia –cuyos magistrados debieron entregar el poder hace cuatro años–, ha jugado un papel clave para eliminar a candidatos incómodos para el sistema que despuntaban en las encuestas; o para favorecer a otros, como Zury Ríos, hija del exdictador Ríos Montt, quien por prohibición constitucional no tenía permitido participar en las elecciones.

Por esta razón, el hecho de que la Corte fallara a favor de estos partidos abría la puerta, según analistas, a un posible fraude. Pero esto no ocurrió. Después de la revisión de las actas de votación, la Corte Suprema de Justicia confirmó que el Tribunal Electoral había cumplido con lo ordenado por el Constitucional y dio vía libre para que se oficializaran los resultados. 

Horas de tensión e incertidumbre

Este miércoles, minutos antes de la conferencia de prensa en la que se confirmaría a los candidatos a presidente que pasarían a segunda vuelta, la Fiscalía anunció que un juzgado de Guatemala había suspendido al Movimiento Semilla. 

El juez a cargo, Fredy Orellana, ganó notoriedad en los últimos meses en Guatemala: es quien procesó penalmente al periodista José Rubén Zamora, quien condenó a dos de sus abogados y quien solicitó una orden de captura en contra de Juan Francisco Sandoval, fiscal anticorrupción que hoy está en el exilio. 

La decisión del juzgado fue anunciada por Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), una dependencia del Ministerio Público que durante años investigó casos de corrupción y que hoy, tras el desmantelamiento de la institución, se ha dedicado a promover acciones penales contra jueces, fiscales, periodistas y ahora partidos políticos. Curruchiche, igual que Porras, también forma parte de la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos.

La resolución, sin precedentes en Guatemala, encendió las alarmas de la ciudadanía, de organizaciones, sector privado, universidades y de la comunidad internacional, que advirtieron que este podría considerarse como el último movimiento de una regresión democrática en Guatemala y confirmaba lo que muchos actores han cuestionado en los últimos años: el deterioro del Estado de Derecho.

La mañana del jueves, la tensión aumentó después de que la fiscalía se presentara en la sede del Tribunal Supremo Electoral para realizar un allanamiento. Los fiscales, acompañados de policías con pasamontañas, se llevaron los archivos con las hojas de afiliación y adhesión del Movimiento Semilla, que estaban resguardadas en el Registro de Ciudadanos. 

Desde que Curruchiche anunció la resolución que suspendía al Movimiento Semilla, abogados guatemaltecos especializados en derecho constitucional recalcaron que hacía aguas legalmente. 

La Ley Electoral y de Partidos Políticos, la norma que rige los procesos electorales en Guatemala, señala claramente que ningún partido político puede ser suspendido durante la contienda. Esto sería confirmado un día después por Ramiro Muñoz, responsable del Registro de Ciudadanos —la entidad que se encarga de inscribir a candidatos y partidos—, quien anunció que habían presentado un amparo en contra de la resolución del juez, ya que estaba fuera de su competencia.

El miércoles por la tarde, algunos analistas se atrevían a hablar de un intento de golpe de Estado en Guatemala. Oswaldo Samayoa, abogado integrante del Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Seguridad (FOSS), dijo al medio digital Ocote: “En este momento estamos en un golpe de Estado técnico a la Constitución de Guatemala”. Samayoa advirtió que “la Corte de Constitucionalidad debería revocar de oficio esa resolución del juez por ser inconstitucional”.

No actuó de oficio, ni revocó la resolución del juez, por ahora, pero el máximo órgano constitucional sí recalcó que la segunda vuelta debe celebrarse en Guatemala, el 20 de agosto y con los dos candidatos que el TSE oficializó: Sandra Torres y Bernardo Arévalo.

¿Y ahora qué?

Con esta nueva resolución de la Corte de Constitucionalidad, el proceso sigue ahora su curso. Aunque la institución también dio a entender que la Fiscalía puede continuar con la persecución penal, según expertos, esta resolución implica que ya no hay marcha atrás y no caben más acciones para detener el proceso electoral en Guatemala.

Edgar Ortiz, abogado constitucionalista y analista político, explica a elDiario.es que el fallo echa por tierra el impasse en el que estaba el proceso. “La Corte tenía suficientes herramientas para poner fin a este problema o para alargarlo más, y dio un mensaje interesante. Hay que reconocer que tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Corte de Constitucionalidad, al momento de que se puso la línea roja, no la cruzaron y se pararon con firmeza en momentos cruciales”, dice. 

Por su parte, el Tribunal Electoral, un órgano que también ha sido duramente cuestionado durante este proceso, y cuyos magistrados incluso fueron señalados por recibir supuestos sobornos del Gobierno, también se reafirmó en su decisión. En un comunicado, reiteró los resultados oficiales y remarcó que no aceptará ningún intento de interferir en el proceso electoral mediante la judicialización del mismo.

El TSE descarta por ahora que vayan a tomar acciones legales en contra de la Fiscalía y del juzgado. Por su parte, Bernardo Arévalo confirmó que ya han planteado una denuncia en contra del fiscal Curruchiche. El partido también ha anunciado que ha presentado una querella en contra de Fredy Orellana, por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, resoluciones violatorias de la constitución y prevaricato. El recurso se suma al que la organización Acción Ciudadana había presentado la mañana de ayer, también en contra de Orellana, Curruchiche y Porras.

En redes sociales, tanto cuentas anónimas que durante los últimos meses han anticipado acciones de la Fiscalía, como miembros de la llamada Fundación Contra el Terrorismo —una organización cuestionada, que ha interpuesto denuncias contra jueces, fiscales y periodistas—, han hecho hincapié en que la Corte deja la puerta abierta a que la persecución penal contra Semilla continúe. 

Sin embargo, Ortiz recalca que la resolución de la Corte no da la opción a más recursos legales en materia electoral. “La Fiscalía puede seguir actuando contra Semilla, pero lo penal no puede afectar a lo electoral”, dice el experto. 

Desde horas de la mañana, en Guatemala se organizaron varias manifestaciones en respaldo al Movimiento Semilla y en contra de la decisión de la Fiscalía y del juez. Durante horas, la ciudadanía exigió la renuncia de Porras y de Curruchiche, en Ciudad de Guatemala, en otros municipios del país y en ciudades del extranjero donde se encuentran personas exiliadas. Para hoy viernes hay convocadas más acciones ciudadanas. 

A pesar de las dudas en torno a la participación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala del candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo de León, éste asegura que concurrirá a los comicios, después de haber recibido el respaldo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) frente a la decisión judicial de suspender legalmente al partido izquierdista.

Arévalo de León ha afirmado este jueves en su cuenta de Twitter que el Movimiento “está en la segunda vuelta”: “No vamos a acatar órdenes expresamente ilegales e instamos al TSE a continuar resguardando el proceso electoral como lo hizo ayer”. El candidato ha asegurado que la voluntad de los ciudadanos “tiene que expresarse sin perder la esperanza por un país mejor”.

“¡Que el abuso y la indignación no nuble nuestro propósito!”, ha instado Arévalo de León en un tuit.

Por su parte, el TSE ha reafirmado hoy en un comunicado “su compromiso inquebrantable de garantizar y defender el voto como un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía”.

La Fiscalía General de Guatemala informó este miércoles de la suspensión de Semilla, pero el TSE confirmó minutos después que el partido y su candidato, Arévalo de León, se enfrentarán en la segunda vuelta electoral a la ex primera dama Sandra Torres, la más votada en la primera vuelta del 25 de junio.

El candidato de Semilla fue la gran sorpresa en esa primera vuelta, ya que las encuestas pronosticaban para él el séptimo u octavo puesto, pero logró situarse detrás de Torres gracias al apoyo en las áreas urbanas.

El movimiento nació de las manifestaciones contra la corrupción que vivió Guatemala en 2015, que culminaron con la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), actualmente en prisión.

A la medianoche de ayer, integrantes del Movimiento Semilla interpusieron un amparo preventivo en la Corte de Constitucionalidad (el máximo tribunal del país) para evitar el cumplimiento de la orden del juez de suspender la personalidad jurídica de la formación, según el periódico guatemalteco Prensa Libre.

Semilla está acusada de financiación electoral ilícita y de la utilización de firmas falsas. El juez encargado del caso contra Arévalo de León es el mismo que juzgó uno de los casos contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín, condenado a mediados de junio a seis años de cárcel por un supuesto caso de blanqueo de capitales en un proceso plagado de irregulares, según ha denunciado el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), entre otras organizaciones.

Zamora fue arrestado en su casa en julio de 2022, tan solo cinco días después de lanzar fuertes críticas por corrupción contra el presidente Alejandro Giammatei y su círculo íntimo.

A los desarrollos legales de ayer, se suma este jueves el registro efectuado por la Fiscalía en la sede del TSE: “La Fiscalía Especial contra la Impunidad se encuentra desarrollando diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias”, ha informado a través de sus cuentas de comunicación oficiales, según la Agencia EFE.

El fiscal general, Rafael Curruchiche, que fue sancionado por Estados Unidos en 2022 acusado de crear falsos casos en contra de exautoridades, había anunciado ayer la suspensión de Semilla en un mensaje en vídeo, en el cual explicó que se base en el caso 'Corrupción Semilla'.

La actuación de la Fiscalía no tiene precedentes en el país centroamericano, que ha sido escenario de una creciente deriva autoritaria en los últimos años y, según algunas organizaciones sociales, es un intento de “golpe electoral” similar a un “golpe de Estado”.

El TSE no se libró de las críticas y de las acusaciones de fraude por la suspensión de tres candidaturas antes de la primera vuelta, incluida la de la líder maya Thelma Cabrera. El tribunal tenía que confirmar esta semana los resultados de esa primera cita con las urnas, después de que el día 1 de julio la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (máximo tribunal del país) ordenara una nueva revisión de las actas electorales, que se llevó a cabo entre los días 4 y 6.