Los fondos europeos del denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) han elevado en 1,3 puntos el PIB vasco y han generado 10.000 empleos, según la valoración del Gobierno vasco. El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, del que depende la gestión de estos fondos, ha hecho un balance del proceso de cierre de este programa de ayudas, que se pusieron en marcha en la Unión Europea para superar el impacto socioeconómico de la pandemia de la COVID-19. Torres ha indicado que han movilizado en Euskadi 4.694 millones de euros y han alcanzado a 30.409 beneficiarios, a fecha de finalización del periodo de ejecución de los fondos marcada por el Gobierno de España el 30 de junio de 2026. De esa cuantía, 1.307 millones han sido gestionados por el Gobierno vasco, 2.918 millones proceden de convocatorias de gestión estatal y otros 469 millones corresponden a convocatorias gestionadas por otras comunidades autónomas que han repercutido en Euskadi.

En su intervención en comisión parlamentaria, Torres ha subrayado que estos fondos “han contribuido de forma significativa a la modernización del tejido productivo vasco y al refuerzo de su resiliencia económica, acelerando la recuperación tras la pandemia y apoyando la transición hacia un modelo más sostenible, innovador y competitivo”, y ha destacado el elevado nivel de ejecución en Euskadi. De los 1.307 millones de euros recibidos por el Gobierno vasco, se han comprometido 1.269 millones, lo que supone que el 97% de los recursos ya está asignado a proyectos y se ha ejecutado un 87,1%, lo que equivale a 1.106 millones de euros. “La combinación de un alto nivel de ejecución financiera y un elevado grado de cumplimiento de los objetivos refuerza la posición de Euskadi como una de las administraciones con mayor capacidad para transformar recursos europeos en resultados tangibles para la ciudadanía y el tejido económico”, ha señalado. Este nivel de ejecución ha aumentado en 62 millones de euros desde finales de 2025, algo que ha recordado que es “especialmente relevante porque se concentra en ámbitos estratégicos para la competitividad, la cohesión social y la modernización de los servicios públicos”. En cuanto al dinero no adjudicado, los remanentes, ha señalado que sólo se han devuelto 24 millones, y el resto está pendiente determinar si puede utilizarse.

En lo que se refiere a su distribución por territorios, los fondos adjudicados ascienden a 1.972,8 millones de euros en Bizkaia, 1.363,3 millones en Gipuzkoa y 874 millones en Álava. A ellos se añaden 512 millones vinculados a proyectos con impacto directo en Euskadi cuya territorialización resulta más compleja. El Gobierno autonómico también ha transferido directamente 313,6 millones de euros a diputaciones forales, ayuntamientos y otros organismos públicos para desarrollar actuaciones vinculadas al plan de recuperación. De esta cantidad, 91,4 millones han llegado a ayuntamientos y entidades locales y 86,8 millones a entidades públicas como la EHU, Visesa o Tuvisa, entre otras ha detallado.

Torres ha puesto en valor la participación de las empresas y entidades vascas en los PERTE —proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica— que se han convocado: “Además de gestionar eficazmente los recursos transferidos, nuestras empresas, centros tecnológicos, universidades y entidades han demostrado una notable capacidad competitiva para concurrir y obtener financiación en convocatorias estatales en abierta competencia”. De hecho, Euskadi ha captado cerca de 1.580 millones de euros mediante los diferentes programas, el 7,5% de los 21.138 millones adjudicados en el conjunto del Estado. De esta cantidad, 304,2 millones proceden de convocatorias gestionadas por el Gobierno vasco y 1.275,6 millones han sido obtenidos directamente por empresas y entidades vascas en convocatorias estatales competitivas, es decir, el 8,1% del total estatal.

Los PERTE con mayor impacto económico en Euskadi son el del vehículo eléctrico y conectado, con 623 millones de euros, el de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, con 353 millones, y el de descarbonización industrial, con 165 millones. Desde el cierre de 2025, las empresas y entidades vascas han incrementado en 76 millones los recursos captados a través de estos instrumentos.

La liquidación definitiva del mecanismo continúa pendiente, por lo que las cifras todavía podrían experimentar algunos ajustes durante el proceso final de verificación, certificación y validación, ha recordado Torres. “Los datos ponen de manifiesto que Euskadi ha sabido aprovechar una oportunidad histórica. Hemos alcanzado elevados niveles de ejecución, mantenemos un sólido grado de cumplimiento de los objetivos comprometidos, hemos reforzado nuestra capacidad de captar recursos en las convocatorias más competitivas y hemos logrado que el impacto de estos fondos llegue a todo el territorio y a miles de beneficiarios”, ha concluido.

Desde la oposición, la parlamentaria de EH Bildu, Lamia Arcas, ha pedido que se conozca bien el destino de las inversiones y el uso de los remanentes, así como qué va a pasar con los proyectos puestos en marcha cuando se acabe la financiación extraordinaria europea. Mientras tanto, el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, ha cuestionado que no se hagan informes de evaluación independiente del resultado de estos fondos, y ha señalado que una cosa es “financiar inversiones y otra aumentar la capacidad productiva”. Torres se ha comprometido a realizar dos informes de cierre del programa en el que se actualizarán todos los detalles.

El Grupo Municipal Socialista denuncia la pérdida de más de un millón de euros de fondos europeos por otra deficiente gestión del Gobierno de Conrado Escobar, esta vez en el PERTE del Agua. Los concejales Iván Reinares y Álvaro Foncea han desvelado este viernes en rueda de prensa un nuevo ejemplo más que significativo “de la desastrosa gestión del Partido Popular de Escobar en lo tocante a los fondos europeos”, ha señalado el portavoz Reinares.

El proyecto, presentado conjuntamente por Logroño, Lardero y Villamediana de Iregua, obtuvo a finales del año 2024 una subvención europea de 4,2 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno de Conrado Escobar, que asumía la gestión centralizada de la contratación, por acuerdo de la Junta de Gobierno ha decidio renunciar a la adjudicación del contrato de la Plataforma de gestión del ciclo del agua y sistema de gestión de telemedida, valorado en 1.025.647,26 euros.

Y es que “se trata de la no adjudicación de uno de los pilares más importantes del proyecto del PERTE del agua. Una no adjudicación que supone la no ejecución de esa parte del proyecto y por tanto de la devolución de los fondos correspondientes a esa parte del proyecto”, ha criticado Álvaro Foncea.

Foncea ha explicado que, “tras meses de tramitación y una solicitud de ampliación del plazo de ejecución, el 7 de octubre de 2026 la Junta de Gobierno Local ha decidido no adjudicar el contrato al considerar imposible cumplir los plazos de ejecución y justificación de la subvención”.

En este sentido, el portavoz Iván Reinares ha indicado que “el contrato se tramitó por vía de urgencia” y el Ayuntamiento ha reconocido que “no podía ejecutarlo ni justificarlo a tiempo”. Pero “la imposibilidad objetiva que alegan no es culpa ni del Ministerio ni de Europa, es la consecuencia directa de su propia negligencia y de su pésima planificación”, ha subrayado el edil.

Por su parte, el PSOE considera “especialmente preocupante que, mientras uno de los contratos principales no se adjudica, el Ayuntamiento gastó cerca de 40.000 euros de dinero público en una campaña publicitaria de este proyecto en medios de comunicación”, ha denunciado Reinares.

Y es que “es difícil de explicar que se destine esa cantidad a publicitar un proyecto donde uno de los pilares fundamentales acaba siendo descartado. Antes de invertir dinero público en promocionar una actuación, Escobar debe garantizar que puede llevarla a cabo”, ha considerado el concejal del PSOE.

El Grupo Municipal Socialista, ante esta decisión del Gobierno de renunciar a esta adjudicación teme que dicha decisión pueda afectar a la viabilidad del proyecto en su conjunto, y que los ayuntamientos afectados se vean obligados a devolver el conjunto de la subvención y además asumir el coste de los proyectos ya ejecutados.

En ese sentido, el Grupo Municipal Socialista exige al Gobierno de Escobar que aclare que repercusiones tendrá esta renuncia a la plataforma de gestión del ciclo del agua sobre el conjunto del proyecto. Esta nueva pérdida de fondos europeos se suma a los más de 8 millones de euros devueltos (además del pago de intereses y sanciones) por Escobar que el PSOE ha denunciado anteriormente.

En este sentido, el Ayuntamiento de Logroño ha respondido justificando que “la complejidad técnica de alguna de las actuaciones incluidas en el PERTE motivó la solicitud al Ministerio para la Transición ecológica y el reto Demográfico de una ampliación de plazo referida a dichas actuaciones”. Tras constatar por parte del Ministerio la imposibilidad de dicha ampliación, el Ayuntamiento ha procedido a solicitar el reintegro al Ministerio de los 472.000 euros anticipados para estas medidas. “Además, desde el Consistorio se ha optado por redimensionar técnicamente el proyecto con el objetivo de darle continuidad a la iniciativa en este sentido”, añaden.

Enorme tirón de orejas de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha a los ayuntamientos de las cinco capitales de provincia y de Talavera de la Reina por no desplegar en su totalidad zonas de bajas emisiones (ZBE). En su último informe de fiscalización sobre el cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde se exige la creación de estas áreas para municipios de más de 50.000 habitantes, este órgano desvela un “retraso generalizado” y un panorama “desigual en la región”. De hecho, habla de “riego de ineficiencia en la utilización de los fondos públicos” puesto que muchos de los ayuntamientos recibieron dinero para su puesta en marcha.

Actualmente, la realidad que muestra Castilla-La Mancha es que, de las seis ciudades que están obligadas -Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo-, únicamente Cuenca y Ciudad Real las tienen en funcionamiento, mientras que Albacete y Talavera de la Reina han aprobado las suyas recientemente, aunque todavía no han entrado en vigor. Por su parte, Guadalajara y Toledo todavía carecen de su propia ZBE tras fracasar sus propuestas por diferentes motivos.

En el informe, consultado por este periódico, la Cámara de Cuentas detalla el caso de Guadalajara, donde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declaró el pasado mes de abril la nulidad de su ordenanza reguladora al no quedar acreditada la existencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) previo y vigente que la contemplara, dejando sin cobertura jurídica la norma.

En el caso de Ciudad Real, sin embargo, el documento fiscalizador detalla que sí se aprobó definitivamente el PMUS en noviembre de 2025 y se publicó la ordenanza reguladora de la ZBE el 30 de diciembre de 2025. Actualmente, dispone de plataforma de gestión, control de accesos por cámara y red de sensores de calidad del aire. Pero no ha sido implantada en su totalidad.

Ordenanzas aprobadas, pero sin despliegue completo

Una situación similar se ha producido en Cuenca: el Ayuntamiento aprobó definitivamente su ordenanza en noviembre de 2025, fijando la entrada en vigor y funcionamiento de la zona de bajas emisiones el 1 de enero de 2026 bajo un régimen inicial informativo (sin sanciones inmediatas) que aún no se ha desplegado completamente.

En Albacete, se aprobó inicialmente la ordenanza en abril de 2025, encontrándose en fase avanzada la instalación del equipamiento tecnológico y cámaras, con previsión de finalización durante el año 2026, sin que por el momento se haya implantado.

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ejecutó la instalación de medios técnicos y sistemas de control de accesos, y aprobó inicialmente la ordenanza en octubre de 2025, estando pendiente la aprobación definitiva y publicación del texto final para su efectividad.

Finalmente, Toledo aprobó el proyecto técnico en septiembre de 2025, pero el pleno municipal rechazó la aprobación inicial de la ordenanza en noviembre del mismo año. Posteriormente, los servicios municipales iniciaron la modificación del proyecto técnico para reordenar la tramitación normativa.

La Cámara de Cuentas precisa que entre los motivos aducidos por las entidades locales para explicar las demoras figuran recursos contractuales, complejidad técnica, cautela jurídica tras anulaciones judiciales de ordenanzas en otras ciudades, la no superación de límites de contaminación en mediciones locales o falta de financiación previa.

Pero este órgano que la implantación de las ZBE ha contado con una inyección de recursos procedentes principalmente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR-NextGenerationEU) y de programas autonómicos como el PIMA-CC, así como convenios con el Gobierno castellanomanchego. Y al hilo de ello, destaca un “riesgo relevante de ineficiencia en la utilización de fondos públicos”, dada la desproporción entre la financiación concedida y la falta zonas operativas.

El informe detalla esto último ciudad por ciudad. Albacete recibió 11,6 millones del PRTR estatal y 2,3 millones por otras adjudicaciones. La Cámara de Cuentas destaca el alto volumen de fondos captados para transformación urbana, con “adjudicaciones realizadas” sin contar con la ordenanza aprobada a fecha de marzo de 2025.

Según el documento, Guadalajara, por su parte, recibió 5,6 millones de euros del mismo fondo y también de convenios con el Gobierno autonómico, y otros 6,9 millones de otros convenios. La Cámara destaca el “elevado grado de ejecución de obras”, desarrollo tecnológico y aparcamientos disuasorios. No obstante, recuerda la mencionada resolución judicial y la “alta dependencia de fondos externos”.

En Toledo, son algo más de 3 millones de euros los que el informe recaba derivados del PRTR y otros 3,4 millones de otros convenios. Al respecto, apunta de una “elevada desalineación” ya que, del primer importe, a fecha de marzo de 2025, solo se habían gastado 50.000 euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha indicado que el establecimiento de la ZBE se ha articulado mediante contratos, convenios y actuaciones internas. El importe de las contrataciones asciende a un total de 3,5 millones de euros.

Talavera de la Reina ha realizado, por su parte, adjudicaciones ejecutadas en itinerarios peatonales y ciclocalles, pero “sin contar con proyecto técnico ni ordenanza aprobada”. En total, el informe detalla 2,4 millones asignados del PRTR estatal y 2,3 millones de otros convenios.

En cuanto a la ciudad de Cuenca, el informe detalla que tan solo hay 321.000 euros de fondos públicos asignados para la ZBE. Al respecto, concluye que debido a la falta total de ejecución y justificación del proyecto subvencionado por el programa PIMA-CC, se exigió la devolución del anticipo de 50.000 euros percibido más 6.615 euros en intereses de demora, perdiendo el resto de la ayuda.

Recomendaciones: los ayuntamientos deben priorizar las ZBE

Debido a este panorama, el informe de fiscalización incluye recomendaciones formales dirigidas a estos ayuntamientos. Con carácter general, destaca principalmente la petición de impulsar “con carácter prioritario” la aprobación y puesta en funcionamiento de las ZBE, acelerando la tramitación de los proyectos técnicos y ordenanzas para disponer de zonas plenamente operativas, incluyendo el régimen sancionador. Todo ello, recuerda, exige también garantizar su integración previa en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible y desplegar “sistemas eficaces de control y seguimiento”.

Concretamente, al Ayuntamiento de Guadalajara le insta a tramitar su zona de bajas emisiones garantizando su integración previa en un PMUS vigente, elaborando el preceptivo proyecto técnico, sometiéndolo a información pública y asegurando un adecuado “control jurídico” del expediente.

Hay otra recomendación dirigida a todas las entidades locales, pero en especial al Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Propone reforzar los sistemas de seguimiento y evaluación mediante la disponibilidad de información “periódica, fiable y suficiente” sobre la calidad del aire para medir los resultados alcanzados.

Al Ayuntamiento de Cuenca le propone revisar y completar el proyecto técnico de la ZBE para subsanar deficiencias en su diagnóstico, planificación y diseño, garantizando su coherencia con el planeamiento municipal. Asimismo, le requiere incorporar un plan de comunicación y participación ciudadana, un sistema de seguimiento desarrollado y someter el proyecto al trámite preceptivo de información pública antes de su aprobación definitiva.

Y a todos ellos, la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha recomienda vincular la actividad contractual y las adjudicaciones públicas al desarrollo efectivo de la política de zonas de bajas emisiones, asegurando el cumplimiento estricto de los plazos fijados por los mencionados programas de subvenciones para evitar riesgos de devolución de fondos o cobro de intereses de demora por falta de ejecución.

En sus alegaciones, casi todos los ayuntamientos fiscalizados comunicaron a este órgano la adopción de determinadas actuaciones orientadas a la mejora ambiental y de la movilidad urbana, pero la Cámara lo deja claro: esas medidas “no sustituyen” la obligación legal de implantar una ZBE en los términos exigidos por la normativa.

El Ayuntamiento de Camargo ha sacado a licitación la redacción del proyecto y los servicios técnicos necesarios para la rehabilitación y adaptación de la estructura y los espacios interiores del Centro Cultural La Vidriera, con un presupuesto base de 503.753 euros, IVA incluido.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 4 de noviembre, a las 14:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, ha informado este jueves el Consistorio.

La iniciativa forma parte del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'La Vidriera 360' y permitirá concretar técnicamente la intervención en el edificio y disponer de los profesionales encargados de dirigir y supervisar el desarrollo de las obras. La licitación comprende los servicios de arquitectura y asistencia técnica vinculados a la rehabilitación.

El presupuesto corresponde a la elaboración del proyecto, la dirección de las obras, la coordinación de seguridad y salud y la dirección de ejecución, servicios necesarios para preparar y desarrollar la futura intervención en el centro cultural.

El contrato se divide en tres lotes. El primero, con un presupuesto de 361.669 euros, IVA incluido, comprende la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de las obras de rehabilitación y adaptación de la estructura y los espacios interiores de La Vidriera. El segundo se destina a la coordinación de seguridad y salud durante las obras y cuenta con un presupuesto de 38.750,25 euros, IVA incluido. El tercero, dotado con 103.334 euros, IVA incluido, corresponde a la dirección de ejecución de las obras.

El procedimiento de adjudicación es abierto y permite que las empresas presenten ofertas a uno o varios de los tres lotes. Además de la propuesta económica, los criterios de adjudicación valorarán la experiencia de los profesionales en trabajos similares y, según el lote, el refuerzo del equipo técnico o la formación del personal adscrito al servicio.

La licitación fue publicada el 6 de octubre. Los interesados podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y la documentación complementaria hasta el 23 de octubre, a las 14:00 horas.

Proyecto 'La Vidriera 360' con financiación europea

La rehabilitación del centro cultural forma parte del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'La Vidriera 360', diseñado por el Ayuntamiento de Camargo con una inversión global prevista de 8,2 millones de euros para modernizar el Centro Cultural La Vidriera y regenerar su entorno.

El plan reúne actuaciones dirigidas a mejorar los espacios públicos, la movilidad peatonal y ciclista, la eficiencia energética y la sostenibilidad, así como a incorporar nuevas soluciones tecnológicas a la gestión de los servicios municipales. Su alcance combina la transformación del edificio con intervenciones en su entorno y la modernización de los servicios públicos.

El Ayuntamiento presentó este proyecto en febrero de 2025 y, en octubre de ese mismo año, anunció la obtención de tres millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para contribuir a su ejecución. Camargo fue, junto con Santander, uno de los dos municipios de Cantabria seleccionados en esta convocatoria de financiación europea.

Este proyecto podrá ser cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027, dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL).

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha culminado la instalación de una nueva planta solar fotovoltaica destinada al autoconsumo eléctrico en el Hospital Universitario de Calahorra. La actuación permitirá al centro hospitalario riojabajeño generar parte de la energía que consume mediante una fuente renovable, mejorar en eficiencia y en sostenibilidad energética

La instalación se ha realizado sobre la cubierta del edificio de gestión del Hospital de Calahorra y cuenta con una potencia instalada de 59 kWp/50 kWn. El sistema, basado en módulos de alta eficiencia e inversores trifásicos de última generación conectados a la red IP del centro, tiene una producción estimada de 84.680 kWh anuales.

La planta fotovoltaica combina el suministro de la red eléctrica convencional con la generación solar directa durante las horas de radiación. De este modo, contribuye a optimizar el consumo eléctrico del centro hospitalario y a reducir su huella de carbono. El suministro eléctrico total del Hospital de Calahorra supera los 2,4 millones de kWh anuales.

La instalación dispone además de sistemas avanzados de monitorización y gestión telemática del rendimiento energético, que permiten realizar un seguimiento continuo del funcionamiento de los equipos y asegurar el máximo rendimiento de la planta solar desde su puesta en servicio.

Esta actuación está financiada con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria del Ministerio de Sanidad

Junto a la actuación desarrollada en el Hospital de Calahorra, el despliegue de instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo se ha completado en cinco centros de salud de Atención Primaria de La Rioja: el Centro de Salud Espartero cuenta con una instalación de 37,5 kWp; el Centro de Salud Siete Infantes de Lara, con 59 kWp; el Centro de Salud Cascajos, con 48,5 kWp; el Centro de Salud de Santo Domingo de la Calzada, con 88,5 kWp, y el Centro de Salud de Alfaro, con 22 kWp.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, ha explicado que “la incapacidad de gestión, desidia administrativa y falta de ambición política del Gobierno de Capellán ha provocado una nueva pérdida de fondos europeos”. Esta vez “hablamos de la decisión fulminante de dejar sin efecto la adjudicación del proyecto de Plataforma Agroalimentaria en Red”.

Orradre ha asegurado que este proyecto estratégico “comenzó a gestarse en el año 2023, nació al amparo de los fondos europeos NextGenerationEU, dentro del programa nacional RETECH, y contaba con un presupuesto base para nuestra región de más de 4,3 millones de euros”. Un dinero “que ya había sido adjudicado, con el que el Gobierno ya contaba y que ahora tendrá que devolver con sus correspondientes intereses de demora”.

La portavoz socialista ha señalado que el Ejecutivo regional “se ha escudado en una supuesta cláusula de interés público para dar carpetazo a esta licitación, pero el interés público de los riojanos nunca puede ser perder fondos y recursos”. Orradre ha dicho que “no estamos hablando de un simple programa informático, sino de una herramienta para construir la infraestructura tecnológica que iba a blindar el futuro del sector agroalimentario”.

Al renunciar a este proyecto, el Gobierno regional “está dejando desamparados a nuestros agricultores, ganaderos y bodegueros en plena era de la transformación digital”.

“Este fracaso es responsabilidad de Capellán”

Sara Orradre ha asegurado que el Gobierno “renuncia al desarrollo conjunto del cuaderno digital de campo o a la aplicación de la Inteligencia Artificial y el Big Data para predecir cosechas, controlar plagas y optimizar costes de producción en un momento asfixiante para el campo”. También, nuestra comunidad “se queda fuera de una red interregional de transparencia y trazabilidad que habría dado a los productos riojanos un valor añadido incalculable en los mercados internacionales”.

La portavoz socialista ha indicado que “este fracaso es responsabilidad del Gobierno de Capellán”. Además, este proyecto “implica también a otras comunidades que sí están avanzando”. Así, Castilla-La Mancha, la comunidad coordinadora, “progresa con paso firme, habiendo adjudicado ya millones de euros para su implantación”. En Castilla y León, la Junta “no solo sigue adelante, sino que ya ha puesto nombre y apellidos a su nodo tecnológico mediante la plataforma DATAGIA, inyectando más de 10 millones de euros en su sector”. Y en Extremadura, a través de la Fundación Computaex, “se avanza en la gobernanza y en el espacio de datos agrarios de su territorio”.

Frente a esto, ha dicho Orradre, “nos encontramos la desidia, negligencia y falta de trabajo de Capellán y su Gobierno”. Por eso, desde el PSOE exigen al Ejecutivo regional “que diseñe de inmediato un plan de contingencia tecnológico alternativo” y solicitarán la comparecencia de los consejeros Alfonso Domínguez y Noemí Manzanos ante la Cámara “para que expliquen estos hechos”.

El Gobierno municipal de Zaragoza ha defendido este martes la imputación a dos proyectos financiados con fondos europeos de parte de los salarios de personal eventual, responsables de comunicación, altos funcionarios e incluso de la propia titular de Hacienda y Fondos Europeos. Ante las dudas planteadas por la portavoz socialista en la Comisión de Hacienda, Marta Aparicio, la consejera Blanca Solans ha sostenido que estos gastos estaban contemplados en las bases de las convocatorias y ha atribuido buena parte de los problemas surgidos durante la justificación a la elevada “burocracia” de la Fundación Biodiversidad y al posterior cambio de sus criterios sobre los gastos elegibles.

La controversia afecta a dos subvenciones concedidas en 2022 y 2023 para actuaciones vinculadas al río Huerva, por un importe conjunto superior a cinco millones de euros. Según ha explicado Aparicio a partir de los expedientes, las primeras liquidaciones provisionales de la Fundación Biodiversidad dejaron inicialmente fuera una parte muy importante de los gastos presentados por el Ayuntamiento. En el proyecto de mejora de la biodiversidad del entorno del Huerva solo se aceptaron inicialmente unos 165.000 euros de los más de 3,5 millones justificados, mientras que en el proyecto de restitución paisajística se admitieron en una primera fase alrededor de 1,3 millones de más de tres millones presentados.

La situación cambió después de que el Consistorio aportara documentación complementaria. La Fundación terminó admitiendo como justificados alrededor de 3,1 millones en uno de los proyectos y algo más de 1,2 millones en el otro. Persistieron, sin embargo, distintas minoraciones, entre ellas las correspondientes a actuaciones que finalmente no llegaron a ejecutarse y, sobre todo, una discrepancia de mayor calado sobre los gastos de personal.

Es precisamente ahí donde el PSOE ha puesto el foco este martes, durante del debate de la Interpelación presentada por el grupo en la Comisión extraordinaria de Hacienda y Fondos Locales para que la consejera diera cuenta de los recursos interpuestos por la liquidación definitiva de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, donde Aparicio ha asegurado que el Ayuntamiento imputó a las subvenciones más de 450.000 euros correspondientes a personal de confianza del Gobierno municipal. Entre los salarios cargados parcialmente a los proyectos citó puestos de confianza de Urbanismo, personal eventual de Comunicación –en algunos casos, salarios anuales íntegros–, altos funcionarios, la directora de Comunicación del Ayuntamiento e incluso parte de la retribución de la propia Solans, tal como publicó este diario.

La portavoz socialista no ha cuestionado que el Ayuntamiento recurra las liquidaciones de la Fundación Biodiversidad para tratar de recuperar las cantidades rechazadas. De hecho, ha insistido varias veces en que “respalda” que se defiendan los intereses municipales. Su crítica se ha dirigido a cómo se gestionaron y justificaron las ayudas y, especialmente, a la decisión de cargar a los proyectos europeos salarios que ya forman parte de la estructura ordinaria del Ayuntamiento.

“Si cobra igual todos los meses, si está en el presupuesto, no entiendo qué necesidad tienen de imputar un montón de miles de euros del sueldo de la directora de Comunicación a esta subvención”, ha reprochado Aparicio. La concejala socialista ha cuestionado también por qué la primera justificación provocó un rechazo tan elevado de gastos y ha considerado insuficiente atribuirlo únicamente a las exigencias burocráticas de la Fundación.

Solans ha rechazado de plano esa interpretación. La consejera ha defendido que las bases de las ayudas europeas permitían imputar recursos humanos destinados al proyecto y que no establecían una exclusión del personal eventual. Según su explicación, incorporar estos costes no constituye una irregularidad ni una práctica excepcional, sino una posibilidad expresamente contemplada en este tipo de convocatorias.

“Para la Unión Europea, para los reglamentos, ninguno de estos puestos es peyorativo imputarlos a un proyecto europeo”, ha señalado. Solans ha asegurado además que el Ayuntamiento no agotó siquiera el porcentaje máximo de gastos de personal que podía imputar y ha defendido que los puestos relacionados con Comunicación estaban amparados por la existencia de un plan de comunicación dentro de los proyectos.

De la “excesiva burocracia” al cambio de criterio

La consejera ha explicado también las importantes diferencias entre las primeras cantidades justificadas y las inicialmente aceptadas por la Fundación Biodiversidad. Según Solans, Zaragoza afrontaba por primera vez una convocatoria de esta entidad y se encontró con un estándar documental especialmente elevado. “La Fundación Biodiversidad es excesivamente burocrática en la exigibilidad de los documentos a presentar”, ha afirmado, aunque ha matizado que esa exigencia “no es mala”, sino que responde a un nivel muy alto de justificación.

El Gobierno municipal sostiene, además, que el problema de fondo no reside en haber incluido gastos de personal, sino en que la Fundación modificó posteriormente el criterio con el que determinaba cuáles eran elegibles. Solans asegura que las memorias de los proyectos recogían esos recursos humanos, que las ayudas fueron concedidas sobre esa base e incluso que algunas liquidaciones iniciales reconocieron este tipo de costes antes de que fueran rechazados en la liquidación final.

El Ayuntamiento ha recurrido por ello las liquidaciones. Según la consejera, durante agosto los servicios municipales estudiaron incluso qué vía jurídica podían utilizar porque las resoluciones no incorporaban, según su versión, un pie de recurso. Solans ha añadido que Zaragoza no sería el único municipio afectado y ha asegurado que existen discrepancias similares en otras convocatorias financiadas con fondos europeos.

La responsable municipal ha ido más allá y ha defendido la participación de personal propio del Ayuntamiento en estos proyectos, frente a la externalización a empresas privadas de tareas que, según ha señalado, es habitual en la gestión de fondos europeos. Precisamente, Solans ha situado parte de los problemas surgidos en las liquidaciones en la externalización de los servicios de gestión y verificación, al considerar que las entidades privadas encargadas de revisar los expedientes pueden no interpretar correctamente los criterios y el funcionamiento de las administraciones públicas.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y la concejal Marta Aparicio han exigido este viernes al Gobierno de Natalia Chueca explicaciones por dos cuestiones: los sobrecostes en las obras de renaturalización del río Huerva y la imputación a fondos europeos de las nóminas de puestos de confianza de la alcaldesa. Esto último lo consideran “un nuevo episodio de oscurantismo y falta de transparencia”.

Ranera ha atribuido a “la falta de planificación y la nefasta gestión de Chueca” que el proyecto haya pasado de un presupuesto inicial de 24 millones a superar los 34 millones, un 40% más de lo anunciado. El último incremento, de 2,2 millones, corresponde a la segunda fase. “No vamos a permitir que los ciudadanos paguen una mala gestión del PP”, ha señalado.

La portavoz socialista ha defendido, no obstante, que la actuación es “imprescindible para los zaragozanos”. También ha recordado que fueron gobiernos socialistas los que impulsaron la recuperación de los ríos de la ciudad. “Nada tenemos que decir de que se haga una obra tan importante para Zaragoza. Lo que tenemos que denunciar es la falta de planificación y transparencia del Gobierno de Natalia Chueca”, ha afirmado.

Sobre la financiación europea, Ranera ha advertido de que una eventual pérdida o devolución de fondos por una gestión inadecuada acabaría repercutiendo en las arcas públicas. “Vamos a estar absolutamente vigilantes hasta el último euro, porque es necesaria la transparencia y es necesario que no sigan haciendo chapuzas”, ha dicho.

Aparicio ha explicado que el PSOE pretendía plantear la cuestión en la Comisión de Hacienda, pero no fue posible por la caída del sistema informático del Ayuntamiento. El martes pedirán explicaciones a la consejera Solans sobre “por qué nos estamos arriesgando a poder devolver más de 500.000 euros a la Fundación Biodiversidad por cargar en la subvención sueldos de puestos de confianza del Gobierno de Chueca”.

La concejal ha reclamado que se aclare qué gastos se han imputado a la subvención, con qué justificación y si cumplen las condiciones de la financiación europea. Ha avanzado que, en función de las explicaciones, el grupo tomará “las medidas que consideremos oportunas”.

Justificado con “expedientes técnicos”

En su respuesta, el portavoz del Gobierno de Zaragoza, Víctor Serrano, ha defendido que el incremento de la inversión está justificado “con los expedientes técnicos”. Según él, responde a la ampliación y mejora de las actuaciones, “algunas incluso a petición de la CHE”. “No hay un coste mayor por mala gestión o mala ejecución, sino que hay una mayor inversión para hacer más cosas”, ha asegurado, y ha añadido que tampoco supone “un gran desvío de los cronogramas”.

Respecto a los fondos europeos, Serrano ha explicado que la imputación de sueldos municipales se hizo conforme a las bases publicadas por la Fundación Biodiversidad. Esas bases permitían cargar el 80% de los salarios municipales relacionados con el proyecto, aunque el consejero ha eludido entrar al detalle del gasto, que incluye nóminas anuales enteras de altos cargos municipales. La entidad –perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica– “ha cambiado ahora de criterio”, según su punto de vista, lo que impediría computar hasta 500.000 euros, y el Ayuntamiento ha recurrido la decisión a través de sus servicios jurídicos.

Serrano ha acusado a Ranera de elegir “la controversia y la confrontación institucional para sacar un rédito político” en un asunto que el Gobierno aborda “desde el respeto institucional y la visión técnica”. A su juicio, la portavoz socialista está en una “huida política hacia adelante” que se ha repetido esta semana con el Tiro de Pichón, Alumalsa o el Huerva. Le ha reprochado usar “las tácticas del sanchismo” y elegir “la mentira y la confusión” para hablar de estos temas.

Lío a la vista con la reforma de las riberas del Huerva impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, una iniciativa sufragada con fondos europeos y cuyo coste se ha disparado hasta los 34 millones de euros. La Fundación Biodiversidad –perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y que canaliza desde el Gobierno central estas ayudas– ha rechazado un gasto en nóminas que asciende a 868.000 euros, la mayor parte de cargos de confianza y que en algunos casos incluyen el salario anual entero. Y eso que en varios casos el “parte de horas” registrado muestra que no se dedicó tiempo a esta labor.

El gasto en plantilla que la Fundación Biodiversidad no acepta se enmarca en los proyectos Ciudades, de mejora de la biodiversidad en el entorno del Huerva, y Ríos, Restitución paisajística-hidromorfológica. Y afecta a trece personas: entre ellas, Blanca Solans, actual consejera de Hacienda y Fondos Europeos y antes directora general de Fondos Europeos; su sucesora en este cargo; el coordinador general del Área de Urbanismo; el jefe del Departamento de Gestión de Fondos Europeos; la directora de comunicación del Ayuntamiento, o asesores e interinos con labores de comunicación.

El grado de imputación del gasto objeto de la polémica varía mucho: mientras que de Solans se pasaron apenas 4.000 euros de 2022 y 2023, una parte mínima de su sueldo, el ahora coordinador general de Urbanismo superó el año pasado los 71.000 euros, lo cual supone un elevado porcentaje de sus percepciones totales porque encima tomó posesión del cargo en febrero. Mientras, el salario del jefe del Departamento de Gestión de Fondos Europeos derivado al proyecto del Huerva llegó a 50.232 euros ese año, más de la mitad de su nómina –pública, como todos estos puestos–. Y en el caso de un asesor de comunicación –personal eventual– equivalió el pasado ejercicio a su salario completo, pese a que continuó desarrollando su trabajo normal en el Ayuntamiento.

En total, el gasto en personal cargado por el Gobierno del PP a ambos proyectos europeos y que la Fundación Ecodiversidad no acepta asciende a 858.218,98 euros, encuadrado en cinco ejercicios presupuestarios (de 2022 a 2026). De estos, 456.634 euros son de puestos de confianza. Solo al salario de uno de los asesores de comunicación se han destinado con estos fondos 122.000 euros en cuatro años. A una alta funcionaria municipal de Medio Ambiente, 141.000 euros en el mismo periodo. Y al jefe del Departamento de Gestión de Fondos Europeos, 100.000 euros.

En los dos informes, la Fundación Biodiversidad excluyó los sueldos del personal funcionario y eventual del Ayuntamiento por considerarlo “estructural, ordinario o recurrente” y no financiable con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La Subdirección General de Fondos Europeos, del Ministerio de Hacienda, confirmó esta regla general, pero matizó que el criterio determinante es si el coste estaba previsto en la estimación de origen del Plan de Recuperación.

Y aquí es donde se le abre la puerta al Ayuntamiento de Zaragoza. El Consistorio alegó, por un lado, que las propias bases de estas ayudas permiten imputar hasta el 80% del coste de personal propio no contratado al efecto. Y, por el otro, que existe un cuadro de recursos humanos aprobado desde el origen de la convocatoria y que la Fundación dio por válida una modificación presupuestaria del Ayuntamiento que incorporaba parte del gasto en salarios y que identificaba nominalmente a los empleados.

Sin horas de trabajo en el parte

La propuesta de Acuerdo de Gobierno que recurre la liquidación el pasado 9 de septiembre, por cierto, está precisamente firmada por la consejera Blanca Solans, la directora de Fondos Europeos y el jefe de Gestión de Fondos Europeos, los tres con parte del salario derivado a la reforma del Huerva.

Pero hay más. Según recoge el propio informe, en el primer trimestre de este año se cargó a estos proyectos europeos la nómina de ocho empleados municipales pese a que el propio parte de horas proporcionado por el Ayuntamiento no permitía “verificar” que se dedicara nada de tiempo al proyecto, motivo por el que la Fundación no considera “elegible” este gasto. Según fuentes del Consistorio, la razón de ello es que, por la naturaleza de estos empleos –que incluye a asesores de comunicación pero también a personal laboral y funcionario– y la flexibilidad de las jornadas, resulta imposible que haya un registro horario.

Contactado por este periódico, fuentes de la Fundación Biodiversidad eluden la polémica. “No entramos a valorar públicamente los proyectos”, apuntan.

El Ayuntamiento de Huesca ha tenido que devolver más de cuatro millones de euros de fondos europeos que ya habían sido concedidos para distintos proyectos de la ciudad. Las cuatro partidas suman 4.009.256 euros y corresponden a la rehabilitación del Casino, actuaciones de movilidad sostenible, mejora de los itinerarios escolares y la instalación de placas solares en las naves municipales. El PSOE calcula que el coste para los oscenses supera los 4,5 millones de euros al añadir los intereses y otros gastos asociados y ha cargado contra la gestión de la concejala de Fondos Europeos, María José Cuello: “Se ha convertido en la más cara de la historia de Huesca: su gestión nos ha costado 4,5 millones de euros”, ha señalado la portavoz socialista, Silvia Salazar.

Según la alcaldesa, Lorena Orduna, el Ayuntamiento ha ejecutado 16,8 millones de euros, el 91% de los fondos europeos, y las cantidades reintegradas responden a las condiciones de las convocatorias y a las circunstancias particulares de los proyectos. La respuesta municipal ha ido acompañada del anuncio de una auditoría pública de la gestión realizada durante el anterior mandato socialista, cuyo resultado, según Orduna, se dará a conocer a la ciudadanía. Las actuaciones cuyos fondos han sido devueltos ya no figuran en la página web municipal dedicada a los fondos europeos. Según explica el Ayuntamiento, en ese apartado únicamente aparecen actualmente los proyectos que permanecen activos.

El expediente que más dinero concentra es el del Casino de Huesca. Los 2,63 millones de euros concedidos para su rehabilitación no pudieron ejecutarse dentro del plazo disponible. El Ayuntamiento asegura que solicitó una ampliación al Ministerio, pero que no la obtuvo. Cuello ha señalado que otras ciudades sí dispusieron de más margen para actuaciones similares: “Resulta incoherente que el PSOE responsabilice ahora al equipo de Gobierno municipal cuando el Ministerio no concedió a Huesca la misma flexibilidad que sí ofreció a otras ciudades”.

Los 883.124 euros de movilidad forman parte de una convocatoria de 4,1 millones con la que se financiaron actuaciones en vías ciclables y aparcamientos. El Consistorio sostiene que esa cantidad no responde a una obra que se haya quedado sin hacer, sino a la diferencia entre lo presupuestado inicialmente y el coste final de las actuaciones. El concejal de Urbanismo, Iván Rodríguez, apunta a las bajas producidas en las adjudicaciones y a las certificaciones finales de las obras. También sostiene que parte del material previsto dejó de ser necesario al encontrarse algunos tramos en mejores condiciones de las previstas.

Para el PSOE, esos 883.000 euros tenían otro posible destino. Salazar los ha vinculado con algunas de las actuaciones de movilidad que siguen pendientes en la ciudad: “No puede decirse que no hay dinero para mejorar la movilidad mientras se devuelven 883.000 euros que podrían haberse invertido en los aparcamientos que no se han hecho, en poner en funcionamiento los aparcabicis seguros que permanecen cerrados, en adecuar los puntos de recarga de vehículos eléctricos con la potencia necesaria o en ampliar la red de caminos”.

Los 387.000 euros de los itinerarios escolares estaban ligados a una planificación más amplia de movilidad y a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. Según el Ayuntamiento, para ejecutar la actuación era necesario contar antes con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la propia ZBE y distintos estudios técnicos, lo que terminó haciendo imposible cumplir los plazos.

El último de los proyectos afectados son las placas solares de las naves municipales, con una ayuda de 105.020 euros. Durante la ejecución de las obras apareció amianto en las cubiertas y fue necesario paralizar los trabajos y modificar el contrato para retirarlo. “La manipulación inadecuada del amianto podía poner en riesgo la salud de los trabajadores de la obra, de los empleados de las naves y de los vecinos. Ningún plazo administrativo ni ningún titular político pueden situarse por encima de la seguridad de las personas”, ha defendido Orduna.

El PSOE reclama responsabilidades a la concejala de Fondos Europeos y también a la alcaldesa por mantenerla al frente del área. Orduna, mientras tanto, pretende trasladar el debate a la gestión con la que llegaron a Huesca estas ayudas y a las condiciones en las que se diseñaron los proyectos.

Partidas en blanco por un “error masivo”, salvedades del auditor por cuestiones como un préstamo “vencido” a una patronal integrada en CEOE; cuentas que ahora va a tener que corregir y que en algunos casos se han enviado con años de retraso al Registro Mercantil...

Es el retrato de varias empresas de César Blanco, exdirigente del PP de Ourense con el polémico José Luis Baltar, líder patronal y empresario que, según el Ministerio de Hacienda, se ha adjudicado 127 millones en subvenciones en los últimos años, la mayoría para cursos de formación, en los que está especializado.

Las salvedades del auditor son habituales en sus empresas. Es el caso de las últimas cuentas presentadas hasta ahora (de 2024) por una de sus sociedades en Canarias, Sofbrain SL. Por un lado, por créditos financieros a corto plazo sin intereses de 3,35 millones concedidos a sociedades del grupo de formación de César Blanco, GDoce, que implican que a cierre de 2024 su patrimonio neto y su resultado estaban “infravalorados”, según su auditor, la firma Auren.

Por otro, por el impacto contable de 537.380,05 euros que, según Auren, tuvo la inspección de Hacienda que Blanco cerró “con acuerdo” en julio de 2015, poco después de desvelarla elDiario.es. Esa inspección indagó en los contratos que CEOE le adjudica en un claro conflicto de interés y se saldó con importantes ajustes en las operaciones que facturan entre sí sus empresas. Además, esa firma domiciliada en Las Palmas admitió que “su sede de dirección efectiva puede no estar localizada en Canarias”.

También han propiciado salvedades los créditos concedidos por Moba Skill Training, una de sus sociedades más subsidiadas (más de 27 millones en ayudas desde 2017, según datos de Hacienda), a la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), integrada en CEOE. Blanco ha prestado a esta entidad al menos 370.715 euros a través de dos de sus empresas de los que no consta que haya recuperado nada.

Parte de ese dinero para CEAJE vino de Moba Skill, una de las empresas más antiguas de César Blanco, que la fundó en 2004 en su localidad natal, Nogueira de Ramuin (Ourense), donde fue concejal del PP de 1999 a 2003, como Monte Blanco Agraria Gallega SL. En 2013 el BNG señaló a esta firma en una “posible trama” de alcaldes del PP de Ourense para adjudicar a dedo la contratación de las brigadas municipales de extinción de incendios a empresas vinculadas al partido.

Las cuentas de Moba Skill de 2024 recogen una salvedad del auditor por créditos de 157.000 euros que concedió en octubre de 2022 a CEAJE para “solventar necesidades de tesorería” de esta patronal, con la que las sociedades de César Blanco “colaboran en proyectos” de formación, como indican sus cuentas.

Los créditos inicialmente vencían en abril de 2023, pero el auditor destacó que a cierre de 2024 el préstamo estaba “vencido” y era “de difícil recuperación al no existir evidencia sobre la capacidad financiera de devolución por parte de la sociedad deudora”, sin que la empresa de Blanco dotase ningún deterioro por ello.

Las cuentas de 2025 que Moba Skill acaba de depositar en el Registro Mercantil aclaran que esos créditos ya se prorrogaron en abril de 2023 (hasta el 31 de diciembre de 2024) y que en noviembre pasado, acordó otra prórroga hasta el próximo 31 de diciembre.

“A fecha de formulación de las presentes cuentas no se han percibido los cobros correspondientes a dichos créditos”, pero “el Administrador no considera que existan dudas sobre la cobrabilidad de los mismos”, dicen las cuentas, en este caso sin salvedades. “Todo transcurre dentro de la absoluta normalidad contractual”, recalcan desde GDoce.

Otro tanto ocurrió con su empresa Blar Formación SL, creada en 2021. Esta firma, que solo en 2025 recibió casi 4 millones en ayudas, según Hacienda, prestó en 2023 a CEAJE otros 213.715 euros mediante sendos créditos a corto plazo con un tipo de interés anual del 3,5%. A cierre de 2025 no había recuperado nada, según sus cuentas.

La patronal de los jóvenes empresarios no aclara si a día de hoy ha devuelto algo: “Los préstamos entre entidades privadas tienen carácter confidencial” y “tienen un calendario de pagos pactado de común acuerdo. Estas devoluciones se encuentran a día de hoy en periodo de pago, cumpliéndose estrictamente con lo establecido entre las partes”. “Se prorrogaron de común acuerdo las fechas límites; no se han vencido”, insiste por correo electrónico.

CEAJE, que está obligada por Ley de Transparencia a publicar sus cuentas, al recibir importantes subvenciones, y cuya última memoria (sin datos económicos) es de 2022, indica que firma estos préstamos “de manera puntual” y que no es “inusual conseguir financiación a través de entidades privadas con las que se colabora en otros ámbitos”.

Blanco fue hasta enero presidente interino de la Confederación Empresarial de Ourense, de la que es vicepresidente, y es miembro del comité ejecutivo de Cepyme y de la directiva de CEOE, entre otras patronales. En 2025 fue uno de los apoyos de Ángela de Miguel en la pugna para presidir Cepyme junto a, entre otros, Antonio Garamendi y el entonces presidente de CEAJE, Fermín Albadalejo. Este último dirige desde este año CEOE Campus, la escuela de formación de la gran patronal española.

Otra empresa canaria de Blanco y sus hijos con salvedades en sus cuentas, en este caso por créditos intragrupo sin intereses de 3,6 millones, es Indiplu Europa SL. Esos préstamos implicaban que a cierre de 2024 (último ejercicio disponible) su pasivo estaba “infravalorado” y su patrimonio neto y su resultado, “sobrevalorados en 78.654,85 euros y 102.773,69 euros, respectivamente”, según Auren.

Dedicada a campañas online, en 2024 Indiplu facturó 6,67 millones, de los que 2,4 millones procedieron de empresas de su dueño por “publicidad y Marketing Digital”. Entre sus clientes ajenos a GDoce hay organizaciones empresariales como la Asociación Comarcal de Empresarios de la Zona Norte de Madrid (Acenoma), que en 2025 anunció un convenio con Indiplu para “la difusión de proyectos formativos de alto impacto, como el programa Generación Digital PYMES, financiado por los fondos europeos Next Generation EU”. El grupo no aclara cuántos acuerdos de este tipo tiene.

Ni Indiplu ni Sofbrain aparecen entre las empresas GDoce publicita en su web. Tampoco Clictic SL, contratista habitual de la Administración que desarrolla contenidos digitales y en su web se define como “empresa internacional con sede en Panamá, México, España y Portugal”.

En sus últimas cuentas disponibles, de nuevo, de 2024 (presentadas este año y accesibles a través de Insight View), el auditor de Clictic introdujo salvedades por deudas intragrupo que implicaban que “el activo y el pasivo corriente se encuentra infravalorado en 298.899,07 euros”, y tras no poder comprobar “la razonabilidad” de gastos por facturas pendientes de más de 357.000 euros. “Las operaciones realizadas con empresas del grupo representan un 81,73% sobre el importe total de la cifra de negocios”, destacó Auren.

Foto parcial y borrosa

Salvedades aparte, GDoce no consolida su actividad en una cabecera que aglutine sus negocios y la foto que ofrecen las cuentas disponibles en el Registro Mercantil es parcial. Además, está borrosa: a los retrasos en su presentación (alguna ha enviado este año de golpe sus cuentas de 2023, 2024 y 2025) se suman errores generalizados en la información que contienen varias de ellas.

Entre otras, la que, según Blanco, es su principal sociedad, G12 Grupo Empresarial, que se promociona en redes con la apostilla de “cursos gratis” para desempleados y da nombre a un grupo que se define como “uno de los más importantes del sector, con más de 20 centros homologados repartidos por 17 ciudades de toda España” y “una plantilla de más de 600 trabajadores”.

En plataformas como Axesor o Insight View, las últimas cuentas disponibles de G12 son de 2023, aunque el grupo ha aportado un certificado de la registradora de Pontevedra que acredita que presentó las de 2025 el 30 de julio.

A falta de tenerlas disponibles, las de 2023 incluyen numerosas partidas en blanco, empezando por su plantilla. “La tesorería asciende a 0” y “el importe de la cifra de negocios asciende a 0”, indican. Esto ocurre con otras empresas de formación de Blanco que han recibido millones en ayudas, como Formando por el Éxito SL y la citada Blar Formación SL, o esas dos firmas canarias.

GDoce asegura que no conocía esta situación y remite escritos de una firma de asesoría, Arxil Asesores SL, que explica que esas cuentas “se generaron y enviaron por un error informático del aplicativo de gestión/contable de la asesoría a la hora de presentar las cuentas”. Se enviaron al Registro Mercantil “informes erróneos con datos a 0 generados automáticamente”. Y se omitieron “de forma totalmente involuntaria los informes de auditoría”.

En algunos casos los errores alcanzan a los ejercicios 2022 y 2023, en plena explosión de subvenciones para las empresas de Blanco tras la pandemia, los fondos europeos o el auge de las oposiciones. “La información adjuntada en el aplicativo no se corresponde con lo recibido por el Registro Mercantil, algo totalmente anómalo que obliga a presentar subsanación de todas y cada una de las cuentas anuales de dichos ejercicios”, confirma Arxil.

Se trata de “un error masivo que se generó en todos los envíos de las cuentas anuales de todos nuestros clientes y que no se descubrieron hasta ahora” y “se procederá a la mayor brevedad posible a la subsanación de las cuentas de todas estas empresas en dichos ejercicios” para proporcionar la “imagen fiel” que exige la normativa contable.

“Nos hacemos responsables de los perjuicios económicos que pudieran derivarse de esta problemática y nos comprometemos a solventar estas incidencias a la mayor brevedad posible para que la información que aparezca en el Registro Mercantil sea la correcta”, añade Arxil.

GDoce ha facilitado a elDiario.es otras cuentas de 2023 que de momento no están disponibles en el Registro y recogen que ese año tuvo una cifra de negocios de 6,9 millones, el doble que en 2022, y una plantilla media de 148 personas (99 un año antes). La auditoría está limpia. Para las cuentas de 2024 y 2025 habrá que esperar.

El Mercado de San Blas, la plaza de abastos del casco antiguo de Logroño, ya tiene planes para su segunda planta, sin uso comercial desde hace años. Tras la remodelación, se pondrá en marcha durante 2027 un aula de formación y prácticas en hostelería y restauración dirigida a cocineros y camareros, y una cocina industrial de showcooking de restauración o aula experiencial para aprender a cocinar con prestigiosos cocineros, lo que será un nuevo recurso turístico de primer nivel.

Las obras también han permitido habilitar dos puestos de venta de nueva creación en el interior de la planta baja. También la primera planta alberga ya las instalaciones para la que será la nueva sala de biblioteca gastronómica, de consulta y lectura, no de préstamo, que nace con vocación divulgativa y se concibe como un espacio bibliográfico de consulta de referencia para la gastronomía y alta concina riojana, nacional e internacional. Con 500 ejemplares bibliográficos de recetas populares y cocina internacional de grandes restauradores, se pretende que sea utilizada principalmente por profesionales, turistas y ciudadanos interesados en la temática.

Junto a esta biblioteca, se ha habilitado una ludoteca turística gastronómica, que tendrá por objeto la realización de actividades de ocio y dinamización destinadas al público infantil, relacionadas con la gastronomía local. La gestión de estos dos servicios se levará a cabo mediante un contrato público de prestación de servicios, cuyo pliego se encuentra en redacción.

Hub de Dinamización Empresarial

También la reforma llevada a cabo en el edificio con fondos Next GenerationUE ha permitido, entre otras cosas, adaptar la panta primera, en el lado sur, el que da a la calle El peso, varios espacios independizados dotados de instalaciones para uso administrativo en los que se ubica un nuevo espacio de dinamización empresarial para pymes y profesionales y Hub de Dinamización Empresarial.

Dicho espacio cuenta con una superficie de 771,60 metros cuadrados útiles en los que se han habilitado 36 puestos de trabajo repartidos en diferentes espacios, 8 en la sala de usos múltiples, 2 en cada local individual (hay 8 individuales) y 4 en cada local doble (hay 2 dobles). El Ayuntamiento ha aprobado hoy en Junta de Gobierno el pliego para la gestión de este espacio multifuncional de emprendimiento e innovación, concebido para impulsar nuevas ideas de negocio e iniciativas empresariales, así como prestar apoyo a profesionales y empresas en sus distintas fases de desarrollo. De esta forma, se contribuye a abrir el Mercado de San Blas a nuevas iniciativas empresariales que fomenten la generación de empleo, actividad y tránsito diario de profesionales y clientes.

La concesión se otorgará por un plazo de diez años, con posibilidad de prórroga de un año. En cuanto al régimen económico, la concesión demanial está sujeta a un canon de 14.936,66 euros. El concesionario deberá desarrollar en el espacio, entre otras, las actividades de apoyo a proyectos empresariales, organización de cursos y talleres, dinamización empresarial y networking, además de actividades vinculadas al mercado y acciones de apoyo a los comerciantes del propio mercado.

Fondos europeos para turismo

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha visitado esta mañana el Mercado de San Blas, en el que se han llevado a cabo obras de acondicionamiento y mejora para el desarrollo de nuevos usos en torno a la gastronomía, enoturismo y cultura, así como la revitalización de la Plaza de Abastos como motor del comercio en nuestra ciudad, gracias a la adjudicación de nuevos puestos de venta, en la planta baja y exterior, y la diversificación de la actividad empresarial en un edificio emblemático de la ciudad.

Escobar ha estado acompañado por el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, así como representantes de la Asociación de Puestos del Mercado de San Blas, la Academia Gastronómica de La Rioja, asociaciones profesionales gastronómicas, cocineros, representantes de la Asociación de Panaderos y Repostería, Asociación de Bodegas de Logroño y Comerciantes del Casco Antiguo, así como de las calles Laurel y San Juan.

Las obras de Adecuación turística del Espacio Mercado San Blas han supuesto el acondicionamiento interior en diferentes espacios, en planta baja, primera y segunda del edificio para acoger distintas actividades turísticas que ofrezcan a quien visite Logroño una experiencia gastronómica y culinaria vinculada a la alimentación, con el protagonismo del producto de ‘kilómetro cero’ que ofrecen los establecimientos comerciales del mercado municipal.

Además, se ha pintado y mejorado la accesibilidad de este emblemático edificio histórico. Una de las principales intervenciones realizadas ha sido la de dejar las vidrieras a la vista en la planta segunda, quitando los revestimientos para permitir la entrada de la luz natural. Estas obras han sido ejecutadas en 2026 y financiadas mediante el Convenio de la CAR y el Ayuntamiento de Logroño, “Logroño Enópolis, Capital de la Enoregión” correspondiente al Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en destino La Rioja, con Fondos de la UE por importe de 145.762,75 euros.

Adjudicados puestos de venta

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la adjudicación de la concesión del uso privativo de varios puestos de venta en la Plaza de Abastos, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. Esta adjudicación ha traído críticas porque a un mismo empresario le iban a adjudicar cinco puestos y también porque se estaban usando por estos empresarios antes de su adjudicación definitiva. Por su parte, el Ayuntamiento defiende que el proceso “ha contado con las garantías habituales y los correspondientes informes técnicos y jurídicos favorables de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento.” Se trata de la segunda licitación consecutiva en dos años, la primera fue en 2025 con cuatro puestos también exteriores adjudicados y de próxima apertura, lo que implicará un impulso comercial a la zona con producto kilómetro 0, enológico y gourmet riojano.

Distribuidos en cinco lotes (4 exteriores y 1 interior), la Junta de Gobierno ha adjudicado:

-Lote I (puesto 15 exterior) a la mercantil Sagasta Market, S.L.

-Lote II (puesto 18 exterior), a la mercantil Rituerto 1960 S.L.

-Lote III (puesto 19 exterior) a Rituerto 1960 S.L.

-Lote IV (puesto 22 exterior) a Tamara del Riego Luporini.

-Lote V (puesto interior abierto isleta Nº 10) a la mercantil Mielmelada, S.L.

La Junta de Gobierno ha declarado desiertos cuatro lotes interiores, por falta de licitadores y retirada de ofertas. De los puestos exteriores, todos han quedado adjudicados, de forma que actualmente se encuentran comercializados todos los puestos exteriores, menos el 21, en donde se encontraba la Oficina de Mayores que ha sido trasladada a la Antigua Estación.

Este año, España es la protagonista de un auténtico hito medioambiental y climático. En toda la historia del programa LIFE —el instrumento financiero de la Unión Europea creado en 1992 dedicado de forma exclusiva al medio ambiente y a la acción por el clima— nunca se habían movilizado tantos recursos: hasta 271 millones de euros. El sujeto del esfuerzo es igualmente trascendental. Se trata de la red de humedales españoles, la más diversa de Europa y la tercera más numerosa del mundo, según la Lista Ramsar.

“Durante décadas, los humedales en toda Europa han estado bajo una presión intensa. Están desapareciendo ante nuestros ojos [...] Este trabajo revertirá la degradación ambiental, reconectará a las personas con la naturaleza y ofrecerá beneficios concretos para nuestras economías, nuestras comunidades y nuestra calidad de vida [...]. Me llena de esperanza por el futuro, me emociona por España y me inspira para el resto de Europa”, expresó al respecto en febrero, cuando se presentó el proyecto, Jessica Roswaltz, comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva.

La iniciativa, hija del Plan Estratégico de Humedales aprobado en 2022, pretende restaurar 26.100 hectáreas de zonas húmedas en las 17 comunidades autónomas en el transcurso de una década, logrando así el 130% del objetivo de este plan. “Que todo un Estado se haya volcado en un único ecosistema nos va a convertir en un referente a nivel internacional”, considera Antonio Guillem, ingeniero en Ecotecnología Acuática y uno de los coordinadores del proyecto de la mano de la Fundación Global Nature.

Que todo un Estado se haya volcado en un único ecosistema creo que nos va a convertir en un referente a nivel internacional

Antonio Guillem — Coordinadores de LIFE Humedales

A través de este objetivo la Unión Europea también busca facilitar la aplicación de su legislación medioambiental y climática. Por eso ha aportado 30 millones, mientras se esperan 111 millones más provenientes de fondos complementarios, de los cuales ya se han comprometido 26. Los otros 130,5 los han puesto el Ministerio de Transición Ecológica —impulsor y líder del proyecto—, y el resto de los socios, entre empresas, fundaciones públicas y una docena de comunidades autónomas.

Un punto estratégico para Europa

Debido a la presión humana, la sobreexplotación de acuíferos y ríos, desecación, contaminación, etc., este tipo de ecosistema se ha convertido en el más amenazado del mundo. Desde 1.700 se ha perdido cerca del 87% de estas masas de agua.

España en concreto ya se ha despedido en el último siglo del 60% de su superficie húmeda. Guillem recuerda que “venimos de la Ley Cambó (1918-1985)”, la cual favorecía la desecación de estos espacios por considerarlos insalubres. “Pero son, de hecho, los ecosistemas más productivos que tenemos en nuestro planeta. Son puntos críticos de biodiversidad y generan multitud de servicios ecosistémicos”, apunta.

Almacenan carbono, sostienen sectores como la agricultura, y contribuyen a atenuar las sequías y a controlar las inundaciones, además de actuar como los “riñones del planeta” filtrando el agua, protegiendo la costa o mejorando la calidad del aire. “[Los humedales europeos] ahorran decenas de millones de euros [...] porque reducen los daños que puedan ocasionar las inundaciones y almacenan millones de toneladas de CO2”, aseguró Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante la presentación del LIFE.

Solo el 12% de los humedales en buen estado de conservación

España cuenta con alrededor de 5.000 zonas húmedas de hasta 30 tipos. Del total de enclaves Ramsar —llmados así por la conferencia sobre humedales celebrada en la ciudad iraní en 1971— españoles analizados por el Miteco, solo el 12% se encuentra en un buen estado de conservación. La inacción ante este escenario podría contribuir, entre otras cosas, a la aceleración del calentamiento global, explica la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.

Además, los humedales del país son puntos verdaderamente estratégicos para la conservación de la biodiversidad en toda Europa (y del mundo), ya que facilitan rutas migratorias de multitud de aves entre África y el viejo continente.

Este histórico esfuerzo de restauración, sin embargo, coincide con las negociaciones que se están llevando a cabo en la Unión Europea sobre el próximo presupuesto comunitario 2028-2034, en las que se está planteando una reorganización de los instrumentos de financiación que podría afectar a futuros proyectos similares. Desde la Fundación Global Nature temen que el mecanismo de financiación específico para el medio ambiente del que parte esta gran acción por los humedales se diluya entre otros más amplios.

10 de los 107 enclaves ya están confirmados

En el LIFE Humedales —donde no estarán incluidos ni Doñana ni el Mar Menor, debido a que ya cuentan con sus propios marcos de financiación y actuación— se prevén 280 acciones de restauración en 107 espacios de la Red Natura 2000 de las 17 Comunidades Autónomas.

La Fundación Biodiversidad ha adelantado a elDiario.es que 10 de estos 107 enclaves ya están confirmados: En la Comunidad de Madrid se actuará en la Laguna de Soto de las Juntas y en la Laguna de Soto Gutiérrez; en Castilla-La Mancha en la Laguna de El Hito (Cuenca); en Castilla y León (Palencia) se atenderán las de Prados de Autillo de Campos, además de las Lagunas del Canal de Castilla; en La Rioja se actuará en las de Urbión (Soria); en Andalucía (Sevilla) se renaturalizará el meandro de la Margazuela del Brazo del Este; en Asturias La Junquera; en Galicia las marismas de la Ensenada de Mera en la ría de Ortigueira (A Coruña) y en las Islas Canarias el Humedal Mareta (Tenerife).

Distintos niveles de gobernanza

Las actuaciones se resolverán en varias fases hasta 2036. “La primera, en la que nos encontramos ahora, es la de realizar un diagnóstico del estado ecológico de estas zonas. Posteriormente, se desarrollarán las actuaciones de restauración propiamente dichas, que pueden incluir adquisición de tierras, mejoras hidrológicas, recuperación de hábitats y de especies, mejora de la calidad del agua o control de especies invasoras”, explica el coordinador.

Se pretende que haya talleres de encuentro con los usuarios de todos estos humedales (agricultores, ganaderos, cazadores…) para darles voz

Antonio Guillem — Uno de los coordinadores de LIFE Humedales de la mano de la Fundación Global Nature.

“En paralelo, se va a trabajar mucho desde la participación social y la sensibilización ciudadana. Se pretende que haya talleres de encuentro con los usuarios de todos estos humedales (agricultores, ganaderos, cazadores…) para darles voz, buscar soluciones compartidas e intentar que se asuma a largo plazo un compromiso común en la gestión y conservación de estos ecosistemas para que el trabajo sobreviva a esta década. Por último, se procederá a monitorizar y evaluar los resultados”, prosigue.

Teresa Gil Gil, responsable del Departamento de Aguas de WWF España, y del área de Gobernanza en el LIFE, explica que tendrán que hablar, por ejemplo, con actores de la industria hotelera para llegar a un punto en común que logre ponerle freno a los vertidos ilegales en estos espacios naturales. O realizar convenios de colaboración con arroceros procurando que perciban un beneficio para su producción. O dialogar con piragüistas para zonificar los lagos donde practican la actividad.

Gil Gil sostiene que uno de los principales retos será el de la alta complejidad interadministrativa que este proyecto requiere, además de los posibles cambios de gobierno. “Va a haber cambios legislativos, por eso nosotros siempre proponemos que estas iniciativas se presenten y se aprueben por mayoría tanto por el gobierno actual como por la oposición, de forma que el siguiente herede lo que ya ha hecho suyo”, cuenta.

Se va a habilitar, además, en el Comité Nacional de Humedales, del que ya forman parte casi todas las comunidades autónomas, un grupo de trabajo específico en el que también estén incluidas las oenegés para así favorecer la coordinación interadministrativa, algo que esperan que enriquezca mucho el LIFE. “Vamos a invertir muchos recursos y tiempo en esto, en generar estas relaciones de confianza y mantenerlas, porque es decisivo”, apunta.

Por último, se desplegarán actividades de ciencia ciudadana, campañas de sensibilización pública, y eventos de capacitación en todo el país para decenas de miles de personas implicadas en los diversos sectores vinculados. El valor del legado que este proyecto puede dejar a las generaciones futuras durante esta década, celebra Guillem, es incalculable.

El ‘día D’ ha llegado. Cinco años después de la puesta en marcha del programa millonario más ambicioso de la historia de la Unión Europea, los fondos europeos Next Generation EU, ha llegado la fecha marcada en rojo en el calendario. Este 31 de agosto tienen que estar todas las reformas e inversiones comprometidas con Bruselas en el Plan de Recuperación ejecutadas para que el Gobierno pueda recibir el total de 100.000 millones de euros asignados.

España afronta ahora el día después, mientras prepara toda la documentación necesaria para solicitar el séptimo y último pago antes del 30 de septiembre. Cuando el presidente Pedro Sánchez y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron el 16 de junio de 2021 la aprobación de la primera versión del Plan de Recuperación, que entonces canalizaba cerca de 70.000 millones en transferencias, la fecha límite parecía muy lejana.

El país entonces encaraba la salida de la pandemia, que todavía daría sus últimos coletazos, y el objetivo era sacar del pozo a una de las economías más golpeadas por el COVID-19. En 2020, el producto interior bruto (PIB) se hundió un 10,9%. Cuando todo parecía encarrilado, la invasión rusa de Ucrania desató la mayor crisis inflacionaria en medio siglo. Donald Trump volvió a la Casa Blanca y lanzó la mayor ofensiva comercial en décadas. Y en febrero de este año, Estados Unidos e Israel atacaron Irán y provocaron el cierre del Estrecho de Ormuz, una vía crítica para el suministro mundial.

La situación en la que ha tenido que desarrollarse el Plan de Recuperación ha estado lejos de lo que proyectó en aquel momento el Gobierno. Pero si España hoy es la gran economía del euro que más crece, más de un 10% desde finales de 2019 y a gran distancia del estancamiento de Alemania, Francia o Italia; es gracias a los fondos europeos.

“Los datos confirman que la decisión, el establecimiento, la implantación, el diseño del plan han sido un éxito y esperamos, y así nos lo dicen los análisis, que este plan no solo tenga un efecto positivo a corto plazo, sino que vaya a tener un efecto duradero en nuestro tejido productivo y en nuestro modelo económico y social”, celebró el vicepresidente Carlos Cuerpo en su última comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la gestión del Plan de Recuperación.

Más de 2 puntos del PIB gracias al Plan

Aunque todavía es pronto para calcular el estímulo de las reformas e inversiones aprobadas desde 2020, un reciente estudio de Funcas apuntaba que solo las inversiones han aportado entre el 10 y el 14% del crecimiento anual del PIB entre 2021 y 2025. Es decir, entre 1,4 y 2,1 puntos porcentuales.

“La economía española ha sido la única de las cuatro grandes europeas donde la productividad real por hora se habría acelerado respecto a su tendencia previa, con un crecimiento adicional de 0,4 puntos, frente a las caídas de Alemania, Francia e Italia”, destaca la publicación. Con un pero: “Este avance es, sin embargo, modesto en términos absolutos y contrasta con la magnitud del estímulo recibido”.

La reforma laboral, uno de los hitos principales del Plan, ha permitido recortar la temporalidad a mínimos históricos al tiempo que ha disparado el empleo a máximos nunca vistos en el mercado español. Y el incremento de las horas trabajadas y de la productividad ha sido fundamental para sostener el buen crecimiento de los últimos años, como destacan los analistas de la Comisión Europea. El tejido productivo ya está notando los primeros cambios, como el avance en las profesiones más técnicas.

Sin embargo, la lentitud en el despliegue de los fondos, la baja demanda de algunos de sus programas o la excesiva concentración de la financiación en grandes empresas son algunos de los debes del Plan de Recuperación. Pero en el Gobierno, en su último balance, celebraron que los beneficiarios de las ayudas han superado los 1,5 millones, de los que el grueso han sido pymes y autónomos. Gracias, fundamentalmente, al Kit Digital, uno de sus mayores éxitos. Según BBVA Research, además, las inversiones se han concentrado en las comunidades autónomas con menores rentas per cápita, “lo que sugiere un cierto carácter redistributivo en el reparto de los fondos”, de acuerdo con su economista jefe para España, Miguel Cardoso.

¿Y ahora qué? El fondo España Crece

Sin embargo, la pregunta del ‘día D’+1, el 1 de septiembre, es: ¿y ahora qué? El Gobierno todavía tiene un mes para solicitar el último desembolso, por valor de 25.800 millones de euros y la Comisión tiene hasta el 31 de diciembre para evaluar y efectuar el pago. Pero la inyección millonaria desaparece y, los que han sido los verdaderos Presupuestos —hasta el momento— de Pedro Sánchez esta legislatura, se desvanecen. “Dada la magnitud de los recursos invertidos, la finalización del programa puede tener un impacto negativo a corto plazo sobre el PIB. En particular, en ausencia de estos recursos, se estima que la inversión en construcción no residencial sería un 8% inferior a la observada actualmente, lo que apunta a que el programa ha sustituido, en parte, gasto en capital que, de todas maneras, se habría realizado”, apunta Cardoso en su estudio.

El Gobierno lleva meses preparando ese escenario. A principios de año anunció la puesta en marcha de un instrumento que llamaron “fondo soberano”, España Crece, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y dotado con más de 10.000 millones procedentes de la financiación del Plan de Recuperación. El objetivo es movilizar 120.000 millones entre el sector público y el privado durante los próximos años para evitar el ‘efecto escalón’ de la desaparición del programa millonario. Y en junio aprobó, dentro del decreto de medidas por la guerra en Irán, una modificación para flexibilizar algunas inversiones para seguir gastando más allá de este 31 de agosto.

En un extenso documento para el ‘cierre’ del Next Generation EU elaborado por la consultora EY, el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, reclama aprender la experiencia pasada y enfocarse en aquellos proyectos “más prometedores” para la economía española. Las líneas de avales se han demostrado útiles sobre todo para permitir que la financiación llegue a las pymes, uno de los principales obstáculos que ha encontrado el Plan de Recuperación. “El problema radica en la elevada atomización del tejido productivo y en las barreras que obstaculizan el crecimiento de las empresas más eficientes”, dice en el mismo documento Rafael Doménech, jefe de Análisis Económico de BBVA Research. “Por ello, avanzar en reformas que faciliten el crecimiento empresarial, reduzcan cargas regulatorias innecesarias y favorezcan una asignación más eficiente de recursos constituye una prioridad”, abunda el economista.

La gestión de los fondos se ha llevado hasta el último día, prácticamente. La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó, in extremis, el registro de lobbies mediante decreto ley, uno de los hitos necesarios para recibir los fondos. En julio, el ICO ya dio luz verde a la estrategia de inversión de España Crece. El reto de sustituir al Plan de Recuperación es gigantesco.

Finalizado este mes de agosto, se cierra formalmente la ventana de ejecución del mayor programa de estímulo económico que ha recibido España en democracia: los fondos Next Generation EU, cuya dotación alcanzó los 163.000 millones de euros tras la ampliación de préstamos aprobada en 2023 (aunque finalmente el Gobierno renunció al grueso de los préstamos). Pocas cifras merecerían más atención: según el análisis conjunto de AFI y Funcas, estos recursos explican entre el 10% y el 14% del crecimiento medio anual del PIB español entre 2021 y 2025, con un pico cercano al 25% en 2023. No es un matiz estadístico. Es, sencillamente, el mayor impulso dirigido de la política económica española en generaciones. Y es el que explica que el presupuesto público ejecutado en I+D se haya multiplicado por tres entre 2020 y 2023, pasando de 3.680 a 11.117 millones de euros. Han hecho falta 13 años —y una inyección extraordinaria de fondos europeos— para que España recupere el nivel de gasto en I+D pública que ya tenía en 2009. Este esfuerzo se ha traducido también en un incremento de la productividad por hora, donde España es la única gran economía europea que la acelera respecto a su tendencia previa (+0,4 puntos). Pero sigue pendiente un mayor esfuerzo de inversión privada, que a finales de 2025 seguía un 3,3% por debajo del nivel prepandemia.

Todo este movimiento tectónico ha estado fuera del foco del debate social al quedar tapado por el clima político asfixiante que respira nuestro país, donde la estrategia de la oposición ha logrado desplazar el eje de la conversación pública hacia el ruido, el titular de impacto y el chascarrillo de redes sociales. Pero una buena referencia para evaluar la dimensión del cambio que estamos viviendo la proporciona un reciente informe de la Fundación Cotec: El Mapa del Empleo Tecnológico en España. En él se constata que la afiliación a la Seguridad Social en sectores tecnológicos ha crecido un 45,8% desde 2015, casi el doble que el conjunto del empleo (25,7%). No hablamos únicamente de cantidad, sino de una mejora cualitativa del tejido laboral: las actividades tecnológicas han pasado de representar el 5,9% del empleo en 2015 al 6,8% en 2024. Puede parecer un avance modesto en términos porcentuales, pero en macroeconomía este desplazamiento constituye un cambio estructural de primer orden. Especialmente cuando observamos el 'corazón' de ese crecimiento: programación, consultoría informática y servicios intensivos en conocimiento. De hecho, el 70% del empleo tecnológico creado en la última década se sitúa en estas áreas de alto valor.

Aunque Madrid y Cataluña acumulan cerca del 54% de los puestos creados en este sector de la economía desde 2015, se está avanzando hacia una mayor capilaridad territorial. Más del 50% de los municipios españoles cuentan ya con empleo tecnológico, y en torno a dos tercios de ellos han incrementado su peso en la última década. Es un proceso desigual, pero real, que empieza a inyectar modernidad en zonas tradicionalmente ajenas a la innovación. Persiste, eso sí, la brecha de género, lo que condiciona la equidad de esta transformación cuando el 68% de estos nuevos empleos siguen estando ocupados por hombres.

Hay que reconocer que la aceleración del empleo tecnológico ha coincidido quirúrgicamente con el despliegue de políticas de digitalización financiadas por la UE. Sin embargo, no han faltado intentos por parte de amplios sectores de la oposición de ensombrecer o ignorar el impacto real de los fondos Next Generation en la ampliación de nuestra base productiva. Solo recordar que durante décadas, la necesidad de la transformación del modelo productivo ha sido un lugar común en todos los discursos, informes y foros económicos, que reclamaban la urgencia de transitar hacia una economía más innovadora, digital y menos dependiente de sectores de bajo valor añadido. Y es paradójico que ahora que los datos ofrecen pruebas tangibles, el debate público parece incapaz de incorporarlos.

Esta desconexión entre el debate político y la realidad económica, industrial y del empleo tiene consecuencias graves. Lo que no se valora, no se cuida; y lo que no se reconoce, difícilmente se potencia. Si la conversación pública sigue secuestrada por el fango, seremos incapaces de consolidar los aciertos y corregir los desequilibrios —sectoriales, territoriales y de género— que está transformación aún arrastra.

La pregunta ya no es si España puede cambiar su modelo productivo. Los datos sugieren que ese proceso está en marcha. La verdadera duda es si seremos capaces de verlo, entenderlo y situarlo en el centro de la mesa antes de que el ruido acabe por ensordecer nuestro propio futuro.

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Fondos Europeos, ha resuelto la convocatoria de expresiones de interés del Plan Edil Dana con la asignación de 273,2 millones de euros en ayudas procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Esta dotación, enmarcada en el Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027 y bajo el paraguas del Reglamento europeo Restore, movilizará una inversión pública total de 287,6 millones de euros. Los fondos tienen como destino la reparación de los daños de la catástrofe de octubre de 2024 y el refuerzo de la seguridad territorial ante futuros episodios de lluvias torrenciales.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha presentado los detalles de la resolución durante una visita institucional a Mislata, una de las localidades beneficiarias. España ha confirmado la notificación individualizada a las entidades locales para el inicio inmediato de los proyectos. Gracias a una tasa extraordinaria de cofinanciación europea del 95%, las corporaciones locales ejecutarán actuaciones bajo la metodología de los Planes de Actuación Integrados (PAI). “Las intervenciones van a mejorar la capacidad, la resiliencia y la adaptación de los municipios al cambio climático”, ha destacado el titular de Hacienda.

La convocatoria ha aprobado 34 solicitudes que darán cobertura a 95 municipios. En la Comunitat Valenciana se benefician 69 localidades afectadas por la riada, mientras que 26 municipios de Albacete y Cuenca recibirán las ayudas a través de Áreas Urbanas Funcionales (AUF) gestionadas por sus respectivas diputaciones provinciales para atender a zonas como Letur y Mira. Las tres grandes ciudades seleccionadas —Valencia, Torrent y Paterna— recibirán hasta 12 millones de euros cada una. Asimismo, 18 ciudades intermedias (entre ellas Algemesí, Alfafar, Cullera, Alzira, Catarroja, Paiporta, Mislata o Requena) dispondrán de hasta 9 millones de euros de ayuda.

Los proyectos seleccionados se articulan en torno a tres ejes estratégicos. El primero abarca obras de resiliencia e ingeniería hidráulica, como la separación de redes de saneamiento, tanques de tormentas en Torrent, colectores masivos en Cullera o soluciones de laminación natural como la proyectada en la Plaza Mayor de Mislata. El segundo pilar financia sistemas de protección ciudadana mediante radares en ríos, torretas de aviso sonoro y la construcción de Centros de Atención a la Emergencia de uso dual. Por último, la partida contempla la construcción de viviendas de alquiler social para familias damnificadas y ayudas para la rehabilitación de comercios y mercados tradicionales.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, y el alcalde de Hornillos de Cameros, Pablo Fernández, ha visitado este martes 18 de agosto, la intervención paleontológica llevada a cabo en el yacimiento de ‘La Pellejera’, incluida en un proyecto de acondicionamiento conjunto de yacimientos arqueológicos para impulsar la mejora del patrimonio cultural y la sostenibilidad turística de la Reserva de la Biosfera de La Rioja, que ha supuesto una inversión que ronda los 930.000 euros financiada con fondos europeos.

Más de 11.000 huellas fósiles de dinosaurio en La Rioja

Durante la visita, el jefe del Ejecutivo ha destacado el “enorme y valioso patrimonio paleontológico del que dispone La Rioja, con más de 11.000 huellas fósiles de dinosaurio, que la convierten en una de las regiones del mundo que tiene mayor patrimonio paleontológico vinculado a las icnitas de dinosaurio. Además, La Rioja cuenta con casi 400 yacimientos registrados y que desde hace años están considerados bien de interés cultural de nuestra región. Es una buena ocasión para recordar la riqueza que aportan a la Comunidad, con una singularidad muy importante, además de la riqueza paleontológica y geológica, que es la que ha permitido conservar después de más de 100 millones de años estos restos de la presencia de los dinosaurios en el planeta, se une a que se encuentran en una zona extraordinaria desde el punto de vista de la biodiversidad. La Rioja cuenta con un 24,3 por ciento de toda superficie reconocida como como Reserva de la Biosfera, más de 100.000 hectáreas que aportan un gran patrimonio natural”.

En este sentido, ha añadido que “esa biodiversidad unida a este patrimonio cultural y paleontológico hace que destaque la Comunidad y supone una responsabilidad por parte de las administraciones para conservar, para preservar y para seguir estudiando este rico patrimonio. también para hacerlo visitable y accesible a los turistas y a cualquier que se acerque a visitarlo”.

Durante el recorrido por el yacimiento, el presidente del Ejecutivo regional ha destacado la importancia de proteger un registro paleontológico único, ya que en concreto este yacimiento de Hornillos de Cameros “destaca a nivel científico por albergar el rastro de terópodo pequeño más largo de La Rioja, de 30 metros, y las únicas icnitas de ornitópodos semiplantígrados conocidas en Europa”.

En el municipio de Hornillos de Cameros se han descubierto 976 icnitas, 730 de ellas en el yacimiento de ‘La Pellejera’, siendo uno de los yacimientos con más icnitas de La Rioja. El yacimiento cuenta con una gran variedad de tipos de icnitas con numerosas rastrilladas de terópodos grandes y de pequeño tamaño.

La intervención en ‘La Pellejera’ ha resuelto los riesgos de deterioro derivados del tránsito de visitantes directamente sobre la superficie rocosa. En este sentido, Gonzalo Capellán ha apuntado que “este patrimonio es una importante fuente de conocimiento científico, y un recurso turístico y económico fundamental para muchos de los municipios en los que se encuentran, sin olvidar que también forma parte de la historia y del acervo cultural de este extraordinario espacio natural y de sus municipios”.

Colaboración entre administraciones

Por su parte, la delegada del Gobierno ha destacado “la colaboración entre administraciones y la participación de los fondos europeos para recuperar este yacimiento, lo que supone su puesta en valor desde el punto de vista cultural, científico y turístico, y una oportunidad para todos los municipios del entorno”.

En cuanto al alcalde, ha agradecido esta “importante inversión no sólo para Hornillos de Cameros, sino también para todo el Camero Viejo, que va a permitir atraer un turismo beneficioso para esta zona, que es bastante desconocida y que esperamos que a partir de ahora la puedan conocer más personas”.

El yacimiento se sitúa en la ladera sur del arroyo Barbadillo, junto a la carretera LR-465 a Hornillos de Cameros. Las obras han incluido la colocación de barandillas de seguridad a ambos lados de las escaleras de acceso, la delimitación perimetral de las áreas de observación, el desbroce de vegetación, la renovación completa de la cartelería explicativa y la adecuación del mobiliario urbano.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, mediante la Dirección General de Medio Natural, ha llevado a cabo este proyecto junto con otras actuaciones en materia de conservación del patrimonio cultural y de la geodiversidad, y el apoyo a la sostenibilidad del turismo en esta área protegida, donde se han invertido un total de 926.576,94 euros.

Actuaciones integrales en siete yacimientos emblemáticos

El Ejecutivo regional, con ese presupuesto específico de 401.473,28 euros de fondos Next Generation, ha ejecutado un proyecto de acondicionamiento y mejora de la seguridad en los siete yacimientos paleontológicos de la Reserva de la Biosfera de los valles del Cidacos y del Leza: ‘Navalsaz’, ‘Icnitas-4’ y ‘La Senoba’ en Enciso; ‘La Canal V’ y ‘Peñaportillo I’ en Munilla; ‘La Pellejera’ en Hornillos de Cameros; y ‘Valdemayor’ en Cabezón de Cameros.

En todos ellos se han instalado pasarelas, escaleras, puentes y miradores elevados para encauzar el flujo turístico, evitando el pisado directo sobre las láminas de fósiles y garantizando una contemplación segura y divulgativa.

A la inversión en la rehabilitación directa de los afloramientos fósiles, se han sumado una serie de actuaciones dirigidas a perfeccionar la experiencia del visitante en los yacimientos de toda la comarca. En este sentido, se han destinado 168.758,93 euros para la adaptación al uso ciclable del yacimiento de La Senoba en Enciso; mientras que la mejora integral para el uso turístico del emblemático enclave de Valdecevillo ha supuesto una inversión de 112.043,30 euros.

A estas intervenciones se suma el gasto de 128.544, 35 euros para la restauración y pintado de seis réplicas de dinosaurios a tamaño real que se encuentran en Hornillos de Cameros, Enciso, Igea y Cornago, y que son uno de los elementos divulgativos más valorados por los visitantes.

Por último, el Gobierno de La Rioja ha reforzado la puesta en valor de su patrimonio paleontológico con la incorporación de una nueva réplica monumental del dinosaurio carnívoro Riojavenatrix, en Igea, con una inversión de 63.525 euros, y de una experiencia audiovisual inmersiva en 3D sobre el yacimiento de 'Era del Peladillo' presupuestada en 52.232,08 euros, que dotará a la Reserva de la Biosfera de herramientas tecnológicas de última generación.

Habrá que esperar un poco más para ver los colores de Okuda en el Chinatown. El contrato que suscribió el artista con el Ayuntamiento de Madrid preveía que su decoración en el arco chino de Usera estaría lista antes de que acabara el mes de junio, pero varios retrasos provocarán que el montaje no llegue hasta el próximo otoño.

Okuda ha reclamado ya dos prórrogas al consistorio para que le dé tiempo a acabar su obra. La Junta de Usera se las ha concedido hasta ampliar en tres meses el plazo inicialmente previsto, “ante la imposibilidad de finalizar la ejecución de las obras dentro del plazo previsto, debido a las incidencias justificadas, sin responsabilidad del contratista”, explica la justificación municipal a la que ha tenido acceso Somos Madrid.

De esta forma, el artista contará finalmente con nueve meses de plazo para ejecutar el contrato suscrito con el Ayuntamiento de Madrid, por el que recibirá 280.000 euros (IVA incluido) para la decoración del conocido como paifang, característica puerta de entrada a los Chinatowns en diferentes ciudades del mundo. “El seleccionado para su producción, instalación y mantenimiento es Okuda San Miguel, artista plástico de acreditada experiencia y calidad contrastada en múltiples creaciones icónicas en emplazamientos urbanos con gran afluencia de público”, apuntaba la Junta de Usera, autora del contrato, para justificar la adjudicación directa al cántabro.

Okuda ha publicado en redes sociales algunos detalles de la decoración del arco, que contará con un llamativo dragón de colores rodeando la estructura, una escultura que está siendo pintada en su estudio de Usera, Factory Of Dreams.

Aparentemente, el animal mitológico estará colocado sobre unos soportes con los que ya cuenta el arco, que el Ayuntamiento de Madrid ha terminado en la Plaza del Hidrógeno, punto elegido para este símbolo de entrada a la tematización del barrio con motivos asiáticos.

El consistorio espera que la decoración llegue a lo largo del mes de septiembre, a tiempo para celebrar la Golden Week, la semana vacacional de China que tiene lugar del 1 al 7 de octubre, informa Europa Press. El área de Turismo ha intensificado su promoción turística en el país asiático de cara a esta fecha, para intentar prolongar la estancia media de los viajeros chinos y aumentar su gasto. En los seis primeros meses del año, hasta 99.710 viajeros llegaron de China, un 1,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

Segundo intento con los 'paifangs'

El arco de Okuda es el segundo intento de la Junta de Usera para levantar esta estructura en Madrid. En julio del año 2024 el consistorio lanzó un concurso público para instalar otros dos arcos. Uno iba a estar también en la plaza del Hidrógeno, aunque en una disposición distinta a la actual, sobre la calle Dolores Barranco. El otro se situaría también sobre esa vía, a la altura del cruce con Evangelios, cerca de la escultura del oso panda instalada en colaboración con el Gobierno chino. Dicho concurso quedó desierto. Los planes del Ayuntamiento cambiaron y desde el área de Obras se apostó por una remodelación integral de varias calles y plazas del corazón de Usera, que crearan un itinerario peatonal desde Madrid Río hasta la citada plaza del Hidrógeno, donde está ya instalado el arco, pero sin situarlo por encima de la calle Dolores Barranco, que no se peatonalizará.

El arco se sitúa ahora en paralelo a esta vía, dando acceso a la zona peatonalizada por la remodelación de esta parte del distrito, que incluye hasta siete plazas donde el peatón ha ganado espacio al coche. Todo ha estado financiado en buena parte por los fondos europeos Next Generation, dispuestos para actuaciones de ampliación de espacios a la movilidad sostenible y que ayuden a la distribución del turismo por toda la ciudad.

Generar un nuevo foco de atracción turística en Usera es el plan del Ayuntamiento con esta actuación, además de mejorar el día a día de los vecinos con infraestructuras más cómodas, accesibles, y la llegada de juegos en algunos de los espacios ganados al asfalto. Dentro de esta estrategia, la Junta de Usera está a punto de adjudicar otro contrato para crear un sello de calidad, Chinatown de Madrid, dentro de un programa más amplio de iniciativas destinadas a la formación de los comerciantes de la zona y adaptarlos a las posibles demandas de turistas. El plan incluye analizar al menos 280 comercios “con potencial turístico” y ofrecerles adherirse a este programa. El contrato para implantar y difundir este distintivo de calidad turística está dotado de 202.309,53 euros (impuestos incluidos).

La última pieza de este puzzle para derivar hacia Usera parte del turismo que llega a Madrid será una caseta de información, cuya adjudicación también acaba de producirse. El consistorio gastará 194.675,07 euros en abrir un punto de información turística, como parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comunidad de Madrid, también financiado por los fondos europeos. Estará en el número 41 de la avenida Rafaela Ybarra, donde también se encuentra ubicada la Junta de Usera.

El Gobierno cifra en 1,5 millones los beneficiarios –empresas, pymes y autónomos– del Plan de Recuperación cuando solo quedan dos semanas para ejecutar las últimas inversiones y reformas vinculadas a los fondos europeos, que tendrán que estar finalizadas y debidamente ejecutadas el 31 de agosto.

Después de cinco años del programa llamado a transformar la economía española tras el golpe del COVID-19, en el Ejecutivo se muestran satisfechos con los frutos obtenidos hasta ahora. Y, con solo 14 días de margen y la Administración al ralentí por el mes de agosto, fuentes gubernamentales apuntan que el objetivo es “culminar en plazo todas las reformas e inversiones comprometidas y maximizar su impacto sobre el crecimiento, la modernización y la resiliencia” del tejido productivo del país.

Los últimos datos que maneja el Ejecutivo apuntan que millón y medio de compañías, entidades y personas físicas se han beneficiado ya de los fondos europeos. Y, hasta la fecha, el programa más exitoso, por su alcance, ha sido el Kit Digital: una ayuda de 3.000 euros para la modernización de negocios que han percibido 921.962 pymes y autónomos en el 90% de municipios españoles. Su plan hermano, el Kit Consulting –consultoría para la digitalización de empresas de entre 10 y menos de 250 empleados–, cuenta con 23.429 perceptores. Y casi 55.000 han recibido una garantía financiera, similar a un aval, de la sociedad estatal CERSA.

A esto, señalan las mismas fuentes, habría que sumar las 400.000 plazas de formación profesional financiadas con fondos europeos “que han posibilitado la mejora de la empleabilidad y que España tenga ahora la cifra más baja de tasa de desempleo juvenil desde 2008”; el acelerón en la creación de empresas tras la aprobación de la Ley Crea y Crece y el desarrollo del ecosistema emprendedor con la Ley de Startups.

Con estos datos el Ejecutivo trata de desmontar el mantra que utiliza la oposición de que el Plan de Recuperación solo ha servido para financiar gasto público o, incluso, para sufragar gasto corriente, como sucedió con la polémica por el uso de fondos europeos para pagar pensiones, algo que desinfló la propia Comisión. La principal razón es que uno de los documentos clave que el Gobierno debe publicar, los 100 mayores perceptores del ‘maná europeo’, es una lista copada por Ministerios, gobiernos regionales y empresas públicas, como Adif. Pero estos, la mayor parte de ocasiones, no son los receptores finales, sino meros gestores, como muestran las ayudas del Kit Digital.

Acelerón con la “fase final” de los fondos europeos

En La Moncloa aceleran esta quincena con la fase final del Plan de Recuperación y ya preparan para la solicitud del séptimo y último desembolso, que se enviará a Bruselas ya en septiembre, por valor de 25.800 millones de euros, entre transferencias y préstamos. La semana pasada la Comisión Europea efectuó el pago de 6.234 millones del sexto desembolso y avaló la última Adenda al Plan original, con cambios en algunos de los 148 hitos pendientes para dar mayor claridad de cara a su evaluación.

Como parte de esos cambios, el Gobierno también ha renunciado a efectuar una reforma de los beneficios fiscales en vigor, que habría sumado unos 1.700 millones de recaudación, ante la falta de mayorías parlamentarias para sacarla adelante. Tampoco subirá el impuesto al diésel, como se comprometió en un principio, lo que supondrá una merma de unos 200 millones de euros. Y, además, ha notificado que no solicitará 1.250 millones en préstamos.

En total, y si la Comisión Europea no pone pegas al último desembolso, España habrá recibido antes del 31 de diciembre de este año más de 100.000 millones de fondos europeos.

A futuro, el Gobierno ya ha puesto el fondo España Crece, articulado en torno al Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el que pretenden evitar el “efecto escalón” de que desaparezca el impulso de la inversión pública cuando expire el Plan de Recuperación. El objetivo es que movilice 120.000 millones de euros, entre financiación pública y privada, en los mismos sectores clave y en la construcción de vivienda para alquiler asequible.

Quince municipios de las comarcas sevillanas de Sierra Morena y Doñana han completado la implantación de sus respectivos Sistemas de Gestión de Destino Turístico Inteligente (SGDTI), en el marco de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) y con financiación de fondos europeos Next Generation EU. La actuación ha sido coordinada por INPRO, la Sociedad Provincial de Informática de la Diputación de Sevilla.

El proyecto, adjudicado a la UTE Gothica Consulting-Kit ESG, ha supuesto la puesta en marcha de un sistema integral de gestión turística basado en los requisitos de la norma UNE 178501:2018 en municipios de menos de 20.000 habitantes de las comarcas de Sierra Morena de Sevilla y Doñana sevillana. La iniciativa amplía la aplicación del modelo de Destino Turístico Inteligente a destinos de menor dimensión, con una oferta turística vinculada principalmente a la naturaleza, el patrimonio y la gastronomía.

Los diez municipios de Sierra Morena (Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto) y los cinco de Doñana (Aznalcázar, Isla Mayor, Pilas, La Puebla del Río y Villamanrique de la Condesa) cuentan ahora con un diagnóstico individualizado de su situación turística, un plan director de actuaciones para el período 2026-2030 y una estructura formal de gobernanza, articulada mediante la constitución de un ente gestor del destino en cada ayuntamiento.

El proceso ha incluido visitas presenciales a cada municipio, la evaluación de 113 requisitos distribuidos en cinco ejes temáticos -gobernanza, accesibilidad, innovación, tecnología y sostenibilidad- y la elaboración, para cada municipio, de un plan director con actuaciones priorizadas y su correspondiente calendario de ejecución. Todo ello tiene como objetivo orientar la gestión turística local hacia un modelo más competitivo, sostenible y centrado en las necesidades del visitante.

Una de las claves del proyecto ha sido el enfoque territorial. Así las actuaciones comarcales impulsadas desde INPRO se han incorporado a los planes directores municipales, garantizando así la coherencia entre la planificación local y la estrategia conjunta de cada territorio.

Otro de los avances alcanzados ha sido la incorporación de la información de seguimiento de los SGDTI al Sistema de Inteligencia Turística implantado en el marco de los PSTD. Este sistema permite recopilar y analizar de forma conjunta datos sobre reputación turística online, afluencia de visitantes obtenida mediante sensores, consultas y visitas a la plataforma provincial de patrimonio PATRICI@, así como la información generada por los propios sistemas de gestión.

De este modo, los municipios disponen de una herramienta común para conocer mejor la actividad turística y apoyar la toma de decisiones. Este ecosistema digital se completará con la Plataforma Inteligente para Destinos Turísticos de la Provincia de Sevilla, actualmente en fase de implantación y promovida igualmente por la Diputación de Sevilla a través de INPRO.

El resultado es una base documental, técnica y organizativa sólida que permitirá a los municipios avanzar en la aplicación del modelo DTI y, si así lo deciden, afrontar en el futuro el proceso de reconocimiento oficial como Destino Turístico Inteligente ante SEGITTUR, entidad dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo y responsable del modelo DTI en España.

El proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, y constituye un ejemplo de cómo los instrumentos europeos de recuperación pueden traducirse en herramientas concretas para mejorar la competitividad y la sostenibilidad turística de estos destinos.