La gestión de los fondos europeos destinados a la transformación digital y de innovación en La Rioja vuelve al primer plano del debate político. El Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado públicamente el riesgo de que la comunidad autónoma pierda una partida de 7,5 millones de euros procedentes de fondos comunitarios, originalmente vinculados al desarrollo del Parque Científico Tecnológico. Según la oposición, la falta de concreción y los retrasos acumulados en la ejecución del proyecto amenazan los compromisos adquiridos en materia de especialización tecnológica.

El origen del conflicto se remonta al marco del programa estatal Retech (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica), diseñado por el Gobierno de España para articular la digitalización en las comunidades autónomas. En julio de 2023, se autorizó una inyección de 11,7 millones de euros para La Rioja destinada a coordinar el proyecto emblemático 'Techfablab', una red colaborativa en la que también participan Aragón, Navarra, Cantabria, la Comunitat Valenciana y Catalunya. Dentro de esta iniciativa, el Ejecutivo riojano comprometió una inversión global de 10 millones de euros, de los cuales tres cuartas partes dependen de la financiación europea.

El diputado regional socialista José Ángel Lacalzada ha fundamentado sus críticas en la inestabilidad de criterios respecto al emplazamiento de la infraestructura bajo el actual mandato del Partido Popular. Durante la anterior legislatura de Concha Andreu, el proyecto técnico situaba la construcción del parque científico en el Polígono Industrial Las Cañas, en Logroño. Sin embargo, tras el relevo en el Ejecutivo, la administración liderada por Gonzalo Capellán modificó los planes iniciales traslandando la ubicación ideal a La Fombera en octubre de 2023, y posteriormente al recinto ferial de la N-111 en noviembre de 2024.

Desde la perspectiva de la fiscalización pública, la oposición califica esta sucesión de cambios de ubicación como un síntoma de falta de pulso político que genera parálisis en la captación de inversiones estratégicas. El PSOE censura, además, lo que considera un “silencio cómplice” por parte del alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar, al consentir la salida de un enclave de alta tecnología fuera del término urbano de la ciudad sin contraprestaciones ni alternativas claras.

La realidad administrativa que presenta el proyecto hoy muestra que únicamente se ha adjudicado la redacción del proyecto técnico para rehabilitar los tres edificios que componen el recinto ferial elegido, con un presupuesto que supera ligeramente los 600.000 euros. Para el bloque de la izquierda parlamentaria, este volumen de ejecución resulta claramente insuficiente teniendo en cuenta los plazos de justificación temporal que suelen exigir las auditorías y los mecanismos de control financiero de la Unión Europea.

Finalmente, los socialistas han ampliado el foco de alerta sobre la gestión económica del Gobierno autonómico al advertir de que la inacción también salpica a otros sectores clave. En concreto, señalan que peligran otros 20,8 millones de euros europeos vinculados al desarrollo y construcción del futuro centro de datos para la Inteligencia Artificial en español. En total, el balance que realiza el principal partido de la oposición cifra en 28 millones de euros el dinero público en el aire debido a lo que consideran una deficiente planificación de las políticas de innovación regional.

Pocas actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza habrán tenido tanta repercusión en prensa como las obras en el río Huerva, financiadas en parte con fondos europeos. El equipo de gobierno del PP ha gastado en apenas seis meses 230.000 euros en la promoción de esta iniciativa en medios de comunicación, incluidos varios ultraconservadores de ámbito nacional. Pese a que existe un Plan de Comunicación, hay registradas hasta 14 facturas que suman 76.000 euros fuera de este programa, visado por Intervención.

El mencionado Plan de Comunicación, adelantado este lunes por AraInfo y que suscribe la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, recoge entre sus beneficiarios a algunos de los principales medios aragoneses, pero también a otros como EDA TV –el canal del ultra Javier Negre y Vito Quiles–, The Objective, El Debate, Periodista Digital, ABC, El Confidencial, El Mundo o elEconomista. El programa, destinado a la difusión del proyecto Río Huerva y suscrito por la Dirección de Comunicación del Gobierno municipal, recibió un informe favorable de la Intervención hace una semana y supone un gasto total reconocido de 152.012,06 euros, para un total de 34 facturas.

Para justificar la aportación a EDA TV, la Dirección de Comunicación del Gobierno del PP asegura que se trata de “un canal de televisión local con presencia en el ecosistema audiovisual de Zaragoza” que está especializado en “contenidos de proximidad y actualidad”, lo cual le otorga “una audiencia fiel en determinados segmentos de la ciudadanía zaragozana”. A The Objective, que según refleja el mismo documento se sitúa en el puesto 116 del ranking GfK DAM –el medidor oficial de audiencias digitales–, le incluye en la campaña por ser “un medio digital de análisis, opinión y periodismo de largo aliento, con una audiencia formada por líderes de opinión y ciudadanía comprometida con los valores cívicos y medioambientales”. “Su perfil editorial conecta especialmente bien con los mensajes de sostenibilidad y calidad urbana que transmite el proyecto Río Huerva”, añade. Mientras, Periodista Digital –del que ni siquiera aporta el dato de audiencia en GfK DAM, como en el resto de nacionales–, se adscribe al plan por su “trayectoria consolidada” y por llegar “a segmentos de ciudadanos que consumen medios alternativos”.

Con un importe máximo de 6.050 euros por medio, la campaña ha incluido a Henneo (Aragón Media Lab), El Periódico (Prensa Diaria Aragonesa), El Español (Publicaciones Digitales del Ebro), Hoy Aragón (ASG Ediciones Digitales de Aragón), Aragón Digital (Actualidad Media), Cadena COPE (Radio Popular Zaragoza) o Cadena SER (Radio Zaragoza), Onda Cero (Uniprex) o EsRadio Aragón (Proyecto Dadá Producciones). También han resultado beneficiarios medios locales de la capital aragonesa como Enjoy Zaragoza, Go Aragón o Zaragoza Ciudad (Hunteet Creativos).

Otros 76.000 euros

Pero en realidad el gasto del erario en la promoción del proyecto es un 50% mayor a lo reflejado en el plan, tal y como ha podido comprobar este medio a través del registro municipal de facturas. A lo largo del mes de diciembre, coincidiendo con la convocatoria electoral autonómica y pocas semanas antes de la campaña del 8-F, el Ayuntamiento de Zaragoza ya había comprometido 76.000 euros en 'vender' las obras del Huerva en medios de comunicación. La mayoría de estos se han visto doblemente beneficiados: esto es lo que sucede con El Español (12.100 euros), El Mundo (12.000 euros), El Confidencial (10.890 euros con IVA) o El Debate (9.680 euros), entre otros.

Así, el desembolso total en menos de seis meses por este concepto se eleva hasta los 228.699 euros.

Consultado por elDiario.es, fuentes de la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza indican que el del Huerva es un “proyecto estratégico de ciudad” y que la financiación con fondos europeos conllevan partidas de comunicación para darle difusión. “Las cifras varían según proyectos y son compatibles con otras acciones complementarias que desde Comunicación se crean convenientes para reforzar la información en momentos puntuales”, añaden. “Como proyecto de alto interés para los ciudadanos, tenemos la obligación de difundirlo de la mejor manera posible”, concluyen las mismas fuentes.

El grupo municipal que sí ha reaccionado ha sido Zaragoza en Común, que ha indicado que se encuentra “valorando los mecanismos para denunciar ante Europa el posible uso irregular de los fondos europeos del Gobierno Natalia Chueca en materia de comunicación”, tanto en el caso del proyecto del Huerva como el de Comunidades Energéticas en Barrios Rurales, con características similares al primero.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el concejal de Administración Pública y Proyectos Estratégicos, Francisco Iglesias, han participado esta mañana en Madrid en la Asamblea Constituyente de la Red Española de Oficinas del Dato (REOD). El alcalde de Logroño ha sido nombrado presidente de esta Red. Posteriormente, el primer edil logroñés ha participado en el Panel EDINT junto a otros representantes municipales y actores claves en el desarrollo de la transformación digital y gestión del dato.

La creación de la Red Española de Oficinas del Dato supone un nuevo hito en el marco del Proyecto EDINT (Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes), liderado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que recientemente ha culminado su primera fase.

Cabe recordar que, desde el principio, el Ayuntamiento de Logroño ha tomado parte activa en el desarrollo del Proyecto EDINT, ya que fue una de las doce entidades locales seleccionadas para ejecutar esta iniciativa, con una financiación estimada de 12,96 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation.

En su fase inicial, EDINT ha permitido consolidar un ecosistema robusto a través del despliegue de infraestructura humana y técnica (puesta en marcha de los centros de excelencia y oficinas del dato), de la creación de empleo y formación, así como del establecimiento de una amplia comunidad digital.

El objetivo del Proyecto EDINT es generar valor público continuo mediante soluciones tecnológicas que resuelvan problemas cotidianos de la ciudadanía.

A partir de ahora, EDINT trasciende esta naturaleza inicial para integrarse formalmente como servicio permanente de la FEMP. El nuevo modelo permitirá acompañar a las entidades locales en tres fases: evaluación inicial (auditorías sobre la madurez digital del municipio), asesoramiento 360º y soporte operativo.

La Red Española de Oficinas del Dato contribuirá a la consolidación de EDINT como espacio de datos que promueve la generación, compartición y reutilización de datos urbanos de forma coordinada, segura e interoperable.

El alcalde de Logroño ha destacado que “Logroño vuelve a reafirmar su posición de liderazgo en gobernanza del dato urbano”. “Somos conscientes de que el dato es un activo estratégico que debemos tratar de forma adecuada para mejorar nuestra toma de decisiones, planificación de recursos y, en definitiva, el servicio que prestamos a nuestros ciudadanos y ciudadanas”, ha añadido Escobar.

El primer edil logroñés ha recordado que el Proyecto EDINT es “fruto de la colaboración entre instituciones, empresas, centros educativos y otros agentes implicados en la gestión de datos”. Impulsado en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), su desarrollo se ha llevado a cabo de la mano de doce entidades locales seleccionadas (los municipios de La Coruña, Alcoy, Fuenlabrada, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Mataró, Santander, Valencia y las diputaciones de Badajoz y Jaén, junto con Logroño).

El Gobierno trata de convencer a la Comisión Europea de que la reforma fiscal aprobada a finales de 2024 ha cumplido con sus objetivos más que de sobra y que los avances en materia tributaria de los últimos años son suficientes para evitar una medida no solo impopular, sino también inoportuna: la subida de los impuestos al diésel que pactó para recibir fondos europeos.

El Ejecutivo comunitario mantiene retenidos 475 millones de euros de los fondos Next Generation EU tras acreditar que el paquete fiscal del Ejecutivo se dejó una pieza fundamental para los objetivos medioambientales europeos. Fuentes del Gobierno explicaron en su momento que los acuerdos con los grupos parlamentarios (se sumaron desde Podemos hasta Junts) incluían esta equiparación fiscal de los combustibles, pero un “error” de los morados impidió la incorporación de la enmienda al texto final de la ley.

Y pasada la ventana de la reforma fiscal, en el Ejecutivo reconocen que las mayorías parlamentarias ya hacían difícil (si no imposible) que saliera adelante una medida con un coste político tan elevado, pero la guerra en Oriente Medio —que ha disparado los precios del petróleo y, precisamente, ha obligado a rebajar los impuestos en los carburantes— la convierten en casi suicida.

“Como se puede imaginar, estamos en una situación ahora mismo donde es difícil plantear también a nivel doméstico una subida de la fiscalidad del diésel”, respondió el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a preguntas de los periodistas a su llegada a la reunión del Eurogrupo de principios de mes.

La equiparación que intentó llevar a cabo el Gobierno —y que ya trató, sin éxito, de introducir en los Presupuestos de 2021— suponía elevar 9,37 céntimos el precio del litro del diésel, hasta los 0,40 euros, la misma cuantía con la que se grava el impuesto de hidrocarburos en la gasolina. El objetivo: “internalizar los costes ambientales que provocan estos carburantes”, de acuerdo con la enmienda del PSOE que no se llegó a aprobar.

Este compromiso se negoció con la Comisión dentro de la reforma fiscal, que formaba parte del quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation EU, solicitado en diciembre de 2024. Y, en su ausencia, el Ejecutivo comunitario la consideró incompleta y, en julio de 2025, congeló una parte de las ayudas a desembolsar.

“En base a la información proporcionada, la Comisión no tiene una garantía razonable de que las pruebas enviadas por España justifiquen debidamente el cumplimiento del hito 388, ya que España no ha proporcionado evidencia ni de la entrada en vigor de la reforma de la imposición al diesel o de alguna reforma en el área de la tributación ambiental, ni cómo las reformas adoptadas (...) han aumentado los ingresos fiscales de manera permanente en, al menos, 0,3 puntos del producto interior bruto (PIB)”, apuntó en su momento la Comisión para justificar la retención.

El Gobierno da la reforma por cumplida

Los Ministerios de Hacienda y Economía —este último departamento es quien lidera las conversaciones con la Unión Europea— se afanan ahora por tratar de convencer al Ejecutivo comunitario de que los avances de la recaudación en los últimos años han sido suficientes para dar la reforma por cumplida.

De hecho, en el Informe de Progreso Anual —el nuevo documento clave de las reglas fiscales europeas— que el Gobierno remitió a Bruselas a finales del mes pasado, el Ejecutivo ya daba por completados los compromisos adquiridos en materia de recaudación: 0,3% del PIB (algo más de 5.000 millones de euros) por la reforma tributaria y otro 0,1% a cuenta de la no deflactación del IRPF.

“La combinación de ambas etapas arroja un compromiso acumulado de un incremento de ingresos públicos de más del 0,4% del PIB en 2028, dando por tanto pleno cumplimiento al compromiso de reforma adquirido en el Plan Fiscal Estructural”, zanjó el Ejecutivo.

El Gobierno trata de cimentar con estas cifras de recaudación el cumplimiento de su compromiso con Bruselas. Una vía que dejó abierta, en parte, la propia Comisión en su valoración del quinto desembolso. “España envió sus estimaciones de ingresos permanentes derivados de las reformas que entraron en vigor, pero estas incluían el impacto del impuesto al diésel que no se aprobó y cuya aprobación estaba prevista en los próximos meses”, dice el documento. Y una vez restado de esas previsiones de ingresos el impuesto al diésel, se quedaban cortas.

Ahora, toda vez que la recaudación y las medidas desplegadas han funcionado mejor de lo previsto, en el Gobierno confían en que sea suficiente para desbloquear los 475 millones de euros dentro del sexto desembolso que reclamó en marzo. “Con las cifras reales de recaudación correspondientes a 2025 ya disponibles, queda acreditado el cumplimiento de los objetivos cuantitativos establecidos para el hito 388”, apuntó Hacienda en la nota de prensa en la que anunciaba la solicitud.

El momento temporal lo es todo, ya que, según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) este miércoles, el precio del gasóleo antes de impuestos en nuestro país ha aumentado un 47,6% desde el estallido de la guerra en Irán el pasado 28 de febrero. En cuanto al precio de venta, este martes el litro de gasóleo se vendía en las gasolineras a 1,694 euros, frente a 1,568 euros de la gasolina.

El encarecimiento ha sido amortiguado por las rebajas de impuestos aprobadas por el Ejecutivo, pero algunas de ellas (en la luz y el gas) ya se han desactivado y queda en el aire la prórroga a partir del 30 de junio, que es cuando decae el grueso del paquete que diseñó el Gobierno en marzo. A pesar de que la ampliación todavía no está asegurada, la Comisión, en las previsiones económicas publicadas este jueves, ya da por hecho que la reducción del déficit público se frenará.

Según un estudio de ING Economics publicado esta semana, los hogares españoles destinaron un 4,9% de su renta disponible al gasto en combustibles en 2025. El incremento de los precios experimentado en los últimos meses elevará esta factura al 5,3%. Y la propensión no es a conducir menos, sino a gastar menos en otras partidas, apuntan los economistas.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha querido dejar claro este jueves en el Parlamento que no se ha producido el desvío de fondos europeos del Plan de Recuperación para realizar “ningún pago procedente de ningún servicio de la Seguridad Social” como pueden ser pensiones.

El organismo fiscalizador dio a conocer el pasado 5 de mayo un informe de fiscalización sobre la Cuenta General del Estado de 2024 donde detectó que el Gobierno tuvo que recurrir en noviembre de ese año a 2.389,4 millones de euros de créditos sobrantes de los fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que viene provocando la prórroga anual de los Presupuestos desde 2023.

Chicano ha comparecido este jueves en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para dar cuenta de diferentes informes de fiscalización al Congreso y al Senado, pero no de ese informe de la Cuenta General del Estado, pese a que el PP llegó a registrar una petición para cambiar el orden del día y que se incluyera dicho texto.

“Categóricamente les digo que no”

Finalmente, en el orden del día no estaba la Cuenta General del Estado de 2024, pero los grupos de la oposición han aprovechado sus turnos de intervenciones para sacar el tema y la presidenta Chicano ha querido adelantar un pronunciamento: “Categóricamente les digo que no se han utilizado fondos europeos para ningún pago procedente de ningún servicio de Seguridad Social”.

Tras subrayar la Comisión Europea que desde Bruselas “no cuestionan el uso legal” de las ayudas comunitarias, Enriqueta Chicano ha apostillado que en el citado informe, ni en los votos concurrentes ni en el particular (contrario) se apunta a que se haya producido un desvío de fondos europeos.

“El día que presente la Cuenta General hablaremos más despacio de este asunto, pero vamos, quédense con la tranquilidad de que no se han utilizado fondos europeos para pagos que no correspondieran”, ha zanjado la máxima representante del organismo fiscalizador.

En concreto, el informe apuntaba que ante la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos “ineludibles” de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas, el Gobierno autorizó en noviembre de 2024 dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al considerar que no comprometían el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de fondos europeos.

El Tribunal expuso que esta actuación del Gobierno se llevó a cabo bajo unos fundamentos jurídicos “que deberían haber quedado mejor justificados”, pues el organismo entendía que existe una “incertidumbre” sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes de los fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio.

El Gobierno de La Rioja ha perdido una subvención europea de 2.994.538 euros destinada a la rehabilitación integral del Castillo de Leiva y su transformación en Centro de Interpretación de los Castillos de La Rioja. Izquierda Unida ha denunciado “la gestión deficiente del Gobierno regional” por la que aseguran que estos fondos se han perdido. “Casi tres millones de euros de fondos europeos, destinados específicamente a restaurar uno de los castillos más singulares de nuestra comunidad, han desaparecido por desidia. Es un ejemplo más del lugar que ocupa el patrimonio en las prioridades reales de este Ejecutivo”, ha denunciado Moreno.

Desde el Gobierno de La Rioja han justificado que tras solicitarse esta ayuda en 2023, “el Gobierno de España comunicó su concesión más de año y medio después”, a finales de 2024. A partir de ese momento, según explican, el Gobierno de La Rioja inició los trabajos para la licitación de la redacción del proyecto, que fue adjudicado en julio de 2025 y recibido en marzo 2026, con un plazo de ejecución de 12 meses. “Este calendario hacía inviable la ejecución de la actuación con cargo a fondos europeos que deben ser justificado este verano y que la Comunidad no había recibido en su totalidad”, justican.

Además, señalan que será ahora el Gobierno de La Rioja quien, a través del programa del 2 % Cultural, “adapte el proyecto para intervenir en el bien en distintas fases, dada su relevancia patrimonial y su condición de propiedad de la Comunidad Autónoma”. Aseguran que el Gobierno, “en ningún caso”, ha dejado de trabajar en la consolidación y conversión de éste, el de Leiva, en un centro de interpretación que permita disponer de una visión más global y precisa de los castillos que se conservan en el conjunto de la Comunidad.

La pérdida de los fondos europeos transciende además conincidiendo con una sucesión de derrumbes y desperfectos en el patrimonio riojano. El último, el derrumbe de la muralla del castillo de San Vicente de la Sonsierra el pasado 7 de mayo. Ante ello, Izquierda Unida de La Rioja llevará al Pleno del jueves del Parlamento de La Rioja una Proposición No de Ley para exigir al Gobierno regional una política integral y preventiva de conservación del patrimonio histórico y cultural riojano y denuncia “un patrón de gestión estructuralmente fallida del patrimonio por parte del Ejecutivo del PP”.

“Lo que ha ocurrido en San Vicente de la Sonsierra no es mala suerte. El propio alcalde reconoció que el derrumbe era algo esperado. Si era algo esperado, la pregunta es inevitable: ¿por qué no se intervino a tiempo?”, ha señalado Henar Moreno, portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja. Moreno ha recordado que apenas dos meses antes del derrumbe, el Consejero de Cultura respondió a preguntas escritas del grupo parlamentario de IU asegurando que existía una intervención continuada en el castillo desde 2004 y que desde 2023 se firmaba un convenio anual con el Ayuntamiento para su mantenimiento. “Las respuestas que recibimos en el Parlamento estaban muy alejadas de la realidad”, ha afirmado.

Para IU, San Vicente no es un caso aislado sino el último eslabón de lo que la formación describe como “una cadena de negligencias”. Destacan que, en los últimos años, La Rioja ha perdido la torre de la Iglesia Parroquial de Viguera, la Ermita del Cristo en Leza de Río Leza, el retablo barroco de la Iglesia de Villaverde de Rioja, el Palacio de Inestrillas, el Puente Mantible y un tramo de muralla del Castillo de Jubera. Veintidós bienes patrimoniales riojanos figuran actualmente en la Lista Roja de Hispania Nostra. El propio Gobierno identificó en la pasada legislatura más de sesenta bienes en peligro en los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. Ante estos datos, IU pregunta qué ha hecho el Ejecutivo con esa información.

IU recuerda también el caso del Monasterio de San Prudencio de Monte Laturce, en ruinas desde la desamortización e incluido en la Lista Roja de Hispania Nostra desde 2007, como ejemplo de lo que la formación califica como el modelo del PP en materia de patrimonio. El PP votó en contra de una PNL de la formación que pedía la declaración del monasterio como Bien de Interés Cultural. Tres meses después, anunció exactamente lo mismo que pedía IU, y desde entonces no hay avance conocido alguno. “Este es el modelo del PP en materia de patrimonio: bloquear las iniciativas de la oposición, apropiarse de su contenido cuando la presión popular lo exige, anunciar actuaciones y no hacer nada. Anuncios y más anuncios. Papel mojado”, ha denunciado Moreno.

Frente a ello, la PNL de IU exige un informe sobre el estado real del patrimonio en riesgo, un Plan urgente de conservación preventiva con ayudas específicas para municipios con menor capacidad económica, un incremento significativo de la financiación en los próximos Presupuestos, el refuerzo de los medios humanos y técnicos de la Administración autonómica, convenios con ayuntamientos, la Universidad de La Rioja y el Instituto de Estudios Riojanos, y la restauración completa del recinto amurallado de San Vicente de la Sonsierra. “Esta proposición solo pide que el Gobierno cumpla con lo que ya establece la propia Ley de Patrimonio Cultural de La Rioja. Porque cuando un bien histórico se pierde, no vuelve. Y esa pérdida es de todos y de todas las riojanas”, ha concluido Henar Moreno.

La Comisión Europea ha vuelto a reiterar que no hay dudas legales en la utilización de fondos europeos NexTGeneration para hacer un pago de pensiones. En una carta firmada por tres comisarios se confirma que la medida “no pone en duda el uso legal de los fondos de NextGenerationEU conforme al Derecho de la Unión” y reiteran que “cada solicitud de pago presentada por España ha sido evaluada de manera exhaustiva y transparente. La Comisión verificó que los hitos y objetivos pertinentes se habían cumplido antes de que se efectuaran los desembolsos correspondientes”.

En esta ocasión se trata de una carta de respuesta al eurodiputado del PP Europeo y presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Andreas Schwab, y al eurodiputado de Los Verdes, Daniel Freund. Ambos europarlamentarios son alemanes y siguen la estela marcada por los defensores de la austeridad, que se agarran a cualquier desavenencia en la contabilidad pública de los países del Sur europeo para impulsar su ofensiva contra nuevas emisiones de deuda conjunta en la UE. El momento es clave. Ya ha empezado la batalla por definir el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto europeo correspondiente a 2028-2034, con una clara diferencia de posiciones entre el Norte y el Sur de la Unión Europea. 

El presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha sido uno de los más críticos con la medida española. En una entrevista en el periódico El Mundo, Schwab anunció la petición de la comparecencia en la Eurocámara de miembros de los tribunales de cuentas de la UE y España para explicar el desvío de partidas de las cuentas públicas de España.

“Una cuestión de responsabilidad interna”

Sin embargo, en la misiva que le remiten desde la Comisión se insiste en que “si las transferencias internas de España dentro de su presupuesto nacional cumplieron con todas las normas aplicables conforme al derecho presupuestario español es, por su naturaleza, una cuestión de responsabilidad interna”.

Es importante que la carta vaya firmada por miembros de la Comisión tan relevantes como el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, y su homólogo responsable de Presupuesto, Lucha contra el Fraude y Administración Pública, Piotr Serafin, además de Raffaele Fitto, vicepresidente de Cohesión y Reformas. Fitto ya avaló que el Gobierno español podía utilizar fondos europeos para el pago de pensiones: “Aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para reembolsos, sería posible que los Estados miembros utilicen temporalmente parte de la liquidez procedente de otros reembolsos para cubrir desembolsos presupuestarios”, dijo hace unas semanas.

En la carta dirigida a los europarlamentarios también se apunta que “los Estados miembros reciben fondos de la Unión tras el cumplimiento de hitos y objetivos, que reflejan el progreso en la ejecución de reformas e inversiones subvencionables, de conformidad con los requisitos establecidos en las decisiones de ejecución correspondientes” y que “la Comisión se toma muy en serio la transparencia en el uso de los fondos de la Unión y continúa insistiendo en este asunto en sus contactos con los Estados miembros”.

En el informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024 del Tribunal de Cuentas se señalaba que “la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. Según los auditores españoles, este traspaso “se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados”.

Desde ese momento, el PP comenzó a utilizar esta falsa polémica en una campaña para desgastar al Gobierno de Sánchez, que la carta de los comisarios vuelve a tirar por tierra.  

El Gobierno ha dado luz verde este martes a la inyección de capital de 13.300 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para el despliegue de España Crece, el fondo 'soberano' anunciado a principios de año, y que tiene como objetivo dar continuidad al Plan de Recuperación y movilizar 120.000 millones de euros de inversión público-privada.

El Consejo de Ministros ha autorizado la transferencia de 10.500 millones de los préstamos de los fondos europeos Next Generation EU, que se emplearán para reforzar los recursos propios de la entidad y permitir el apalancamiento del banco público para desplegar los distintos instrumentos financieros.

El resto, 2.800 millones de las ayudas no reembolsables, compensarán el coste concesional que asume el ICO para formalizar algunas de las operaciones del fondo. Estas se mantendrán en una cuenta separada y se traspasarán a fondos propios a medidad que se apliquen a operaciones, ha explicado el Ministerio de Economía en una nota de prensa.

“A través de España Crece, el ICO podrá desplegar diferentes instrumentos como préstamos, garantías o inversiones en capital para acompañar a las empresas españolas en todas las etapas de su desarrollo”, ha valorado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

23.000 millones para vivienda de alquiler asequible

Con estos 13.300 millones de capital adicional el ICO podrá apalancarse hasta movilizar 60.000 millones de inversión. En el Ejecutivo creen que serán capaces de atraer inversión privada en la misma medida, hasta un total de 120.000 millones en sectores estratégicos como la transición verde, las tecnologías sanitarias, la economía de los cuidados o la transformación digital. Una línea de 23.000 millones estará enfocada al desarrollo de viviendas destinadas al alquiler asequible y social, con el objetivo de construir 15.000 casa al año.

Esta iniciativa, que en el Ejecutivo definen como “estratégica” para reforzar el tejido productivo, fue anunciada a principios de año por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de dar continuidad al Plan de Recuperación más allá de agosto, cuando finaliza el programa europeo y deberían haberse cumplimentado todas las inversiones pactadas con Bruselas.

El acuerdo aprobado este martes también autoriza a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE, el 'consejillo' económico que mastica todos los grandes asuntos antes de aprobarse en Consejo de Ministros) a aprobar la Estrategia de Inversión del Fondo. En este documento se definen las líneas generales de actuación, los tipos de operaciones y las prioridades sectoriales a financiar.

Las operaciones habrán de seguir los mismos criterios que aquellos financiados por el Plan de Recuperación: no causar un perjuicio significativo al medio ambiente y dar prioridad a aquellas más transformadoras y que impulsen la productividad de la economía a largo plazo.

La transferencia al ICO, junto con la Estrategia de Inversión, son los dos hitos comprometidos con la Comisión Europea para que autorice la operación, por lo que este último documento tendrá que estar aprobado antes de agosto, cuando finaliza el programa Next Generation EU.

L’Autoritat Portuària de València (APV) va començar les obres de l’ampliació nord el novembre del 2024. Un any i mig després, les obres són ben visibles des de la línia de costa de les platges del Canyamelar i el Cabanyal, però molt més a vista d’ocell.

De fet, comparant les imatges obtingudes a través del satèl·lit Copernicus d’aquest mes de maig amb les prèvies a l’inici de les faenes, s’observa com comença a emergir l’esplanada dels futurs molls i també com s’ha eliminat un enorme contradic executat durant la primera fase al costat del dic de recer.

Aquesta actuació va generar controvèrsia durant la tramitació de la segona fase del projecte d’ampliació, ja que partits contraris com Compromís i Podem, juntament amb col·lectius veïnals i ecologistes, es van mostrar partidaris de desmantellar tot el dic de recer, és a dir, l’exterior, per l’erosió que causa a les platges del sud.

No obstant això, tant l’APV com els partits que donen suport al projecte (el PP, el PSPV, Ciutadans i Vox) van argumentar en nombroses ocasions que no era possible demolir-lo, entre altres coses perquè s’havia finançat amb fons europeus i es podia incórrer en sancions.

En concret, tant el dic de recer com el contradic ara derrocat formen part de la primera fase del projecte d’ampliació que es va executar entre els anys 2008 i 2012 amb un cost de 203 milions d’euros, dels quals 74 van ser aportats per la Unió Europea.

Ara, no obstant això, a preguntes d’elDiario.es sobre si la demolició d’aquest element podia implicar algun tipus de sanció per part de Brussel·les, l’APV ha assegurat ara que “no hi ha conflicte”, perquè els fons de cohesió “compleixen l’assoliment de l’objectiu marcat en l’atorgament”.

Un altre dels aspectes que va alçar polèmica una vegada es va conéixer el projecte, va ser la necessitat de derrocar i reconstruir-lo en un altre emplaçament pel fet que en la ubicació actual dificultarà les maniobres dels vaixells. Sobre això, des de l’APV han explicat que “està analitzant-se tècnicament el trasllat i, quan ho tinguem tot definit, s’informarà oportunament”. Una de les opcions que es manegen és reconstruir-lo en algun espai de la Marina perquè siga accessible.

Mesos després de fer públic el projecte, en concret el novembre del 2022, l’Ajuntament de València va iniciar el tràmit per a incorporar la fitxa de protecció com a bé de rellevància local del far històric del port de València al catàleg estructural de béns i espais protegits. Aquest element, que té una altura de 22,5 metres sobre el terreny, va ser dissenyat l’any 1890 per l’enginyer Luis Dicenta Lloret. Té una tipologia nova, pel fet que a l’origen era una torre metàl·lica desmuntable que, posteriorment, es va situar en la posició actual, reculada a vora mar.

El far està inclòs en el Catàleg de Fars amb Valor Patrimoni d’Espanya del Ministeri de Cultura. Es tracta d’un dels tres fars de la província de València, onze en tota la Comunitat Valenciana, que estan catalogats en l’inventari fet el 2017 per l’Escola d’Arquitectura de Sant Sebastià per al ministeri i dirigit per Santiago Sánchez Beitia.

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) comenzó las obras de la ampliación norte en noviembre de 2024. Un año y medio después, las obras son bien visibles desde la línea de costa de las playas del Canyamelar-Cabanyal, pero mucho más a vista de pájaro.

De hecho, comparando las imágenes obtenidas a través del satélite 'Copernicus' de este mes de mayo con las previas al inicio de los trabajos, se observa cómo empieza a emerger la explanada de los futuros muelles y también cómo se ha eliminado un enorme contradique ejecutado durante la primera fase junto al dique de abrigo.

Esta actuación generó controversia durante la tramitación de la segunda fase del proyecto de ampliación, puesto que partidos contrarios como Compromís y Podem, junto a colectivos vecinales y ecologistas, se mostraron partidarios de desmantelar todo el dique de abrigo, es decir, el exterior, por la erosión que causa a las playas del sur.

Sin embargo, tanto la APV como los partidos que apoyan el proyecto (PP, PSPV, Ciudadanos y Vox) argumentaron en numerosas ocasiones que no era posible demolerlo, entre otras cosas porque se había financiado con fondos europeos y se podía incurrir en sanciones.

En concreto, tanto el dique de abrigo como el contradique ahora derribado forman parte de la primera fase del proyecto de ampliación que se ejecutó entre los años 2008 y 2012 con un coste de 203 millones de euros, de los que 74 fueron aportados por la Unión Europea.

Ahora, sin embargo, a preguntas de elDiario.es sobre si la demolición de este elemento podía acarrear algún tipo de sanción por parte de Bruselas, la APV ha asegurado ahora que “no hay conflicto” pues los fondos de cohesión “cumplen con la consecución del objetivo marcado en su otorgamiento”.

Otro de los aspectos que levantó polémica una vez se conoció el proyecto fue la necesidad de derribar y reconstruirlo en otro emplazamiento debido a que en su actual ubicación dificultará las maniobras de los barcos. Al respecto, desde la APV han explicado que “se está analizando técnicamente el traslado y en cuanto tengamos todo definido, se informará oportunamente”. Una de las opciones que se manejan es reconstruirlo en algún espacio de la Marina para que sea accesible.

Meses después de hacer público el proyecto, en concreto en noviembre de 2022, el Ayuntamiento de València inició el trámite para incorporar la ficha de protección como Bien de Relevancia Local del faro histórico del Puerto de Valencia al catálogo estructural de bienes y espacios protegidos. Este elemento, que tiene una altura de 22,5 metros sobre el terreno, fue diseñado en el año 1890 por el ingeniero Luis Dicenta Lloret. Tiene una tipología novedosa, debido a que en su origen era una torre metálica desmontable que, posteriormente se ubicó en su posición actual, retranqueada junto al mar.

El faro está incluido en el Catálogo de Faros con Valor Patrimonio de España del Ministerio de Cultura. Se trata de uno de los tres faros de la provincia de València, once en toda la Comunitat Valenciana, que se encuentran catalogados en el inventario realizado en 2017 por la Escuela de Arquitectura de Donostia para el ministerio y dirigido por Santiago Sánchez Beitia.

El Partido Popular va a forzar un debate sobre el uso de las prórrogas presupuestarias por parte del Gobierno, aprovechando su mayoría en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Así, ha solicitado a la Mesa de este organismo parlamentario, en la que tienen mayoría, que se incorpore al próximo orden del día un debate sobre la Cuenta General del Estado 2024, al hilo del dictamen emitido por el fiscalizador.

La iniciativa ha sido presentada por la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, y el jefe económico de los populares, Alberto Nadal, que han tachado de “dictadura presupuestaria” las sucesivas prórrogas de las Cuentas de 2023, las últimas en vigor. Para Gamarra, esta será la primera oportunidad que tendrá el legislativo en este mandato para valorar la política presupuestaria del Ejecutivo.

“Llega el momento de que el Parlamento sí pueda pronunciarse, por primera vez en esta legislatura, en relación al Presupuesto. La anomalía democrática en la que nos tiene sumiso el sanchismo nos lleva a que lo tengamos que hacer en el cierre del ciclo presupuestario, es decir, viendo cómo ha terminado la foto porque no pudimos pronunciarmos en el momento inicial, porque no se presentó un Presupuesto”, ha dicho la dirigente popular.

Los populares quieren que el debate tenga lugar en la primera reunión de la Comisión, el próximo 21 de mayo, y reconocen la “relevancia política” de este movimiento, ya que sería la primera vez que un dictamen sobre la Cuenta General del Estado pueda ser tumbada en ambas Cámaras. Y, sobre todo, forzaría a Junts a posicionarse en cuanto a su apoyo a estas prácticas por parte del Ejecutivo.

El dictamen de la Comisión Mixta tendrá que ser elevado al Pleno del Congreso y también al del Senado. Puede darse la situación de que se apruebe en una cámara sí y en otra no. En ese caso, sería la votación por mayoría absoluta del Congreso la que sería determinante.

Si Gamarra ha hablado de “degeneración presupuestaria”, Nadal ha ido más allá y ha hablado de “dictadura presupuestaria”. Esto es así porque, aprovechando una flexibilidad presupuestaria incluida en el Presupuesto de 2023 a la salida de la pandemia, el Gobierno puede modificar las asignaciones de las distintas partidas presupuestarias con un acuerdo de Consejo de Ministros y sin que sea necesario pasar por el Congreso. “El Gobierno está aprovechando esa flexibilidad para gestionar un presupuesto que en realidad no existe”, ha deplorado.

El informe del Tribunal de Cuentas ya ha sido polémico, ya que puso de manifiesto que el Ejecutivo había empleado 2.389,4 millones de euros sobrantes de lo adjudicado al Plan de Recuperación (es decir, procedentes de fondos europeos) para el pago de pensiones de las clases pasivas. En el Gobierno y en la Comisión defienden que es legal, pero en el PP lo rechazan, aunque en un tono más bajo que el de los últimos días.

“La cuestión que ponen de manifiesto el Tribunal de Cuentas, y esa es la esencial, es que renglones presupuestarios que estaban pensados para políticas completamente distintas se han utilizado para financiar el incremento del gasto en pensiones de clases pasivas”, ha subrayado.

El PSOE de La Rioja ha denunciado “la mala gestión del Gobierno de La Rioja” en referencia al Centro de datos para la inteligencia artificial, en el que “no se ha hecho absolutamente nada” después de tres años. Según ha advertido el diputado regional José Ángel Lacalzada eso supone “un riesgo real” de perder 20,8 millones de euros procedentes de los fondos europeos“

El diputado ha recordado que, en mayo de 2023, el Gobierno de Andreu y el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital “sellaron un convenio que incluía este Centro de datos”. Ese convenio tenía un importe de 44,6 millones de euros, de los que 20,8 procedían de fondos europeos. “Lo primero que hizo Capellán es afirmar que La Rioja no tiene capacidad para ser pionera en estos proyectos”, ha afeado Lacalzada.

Después, “anunció un Centro de las industrias del español en una parcela de 7.000 metros cuadrados junto al edificio Quintiliano”. Y, finalmente. “se avanzó la construcción de un Centro de datos de IA en español por un importe de 14 millones de euros en una parcela de 5.000 metros cuadrados en el recinto ferial situado Albelda”.

José Ángel Lalcalza ha creído que todo esto “da muestras de una evidente improvisación con el único objetivo de apropiarse del proyecto”. Para el PSOE, “el problema es que con tanto cambio y tanto retraso existe un evidente riesgo de perder estos fondos europeos, ya que el plazo para cumplir con los hitos y objetivos establecidos en el convenio con el Gobierno de España finaliza el 30 de junio”. El diputado socialista ha lamentado que esa posible pérdida de fondos supondría “un nuevo daño reputacional” para La Rioja, que “continúa dejando escapar oportunidades por la mala gestión del Gobierno del PP”.

Lacalzada ha apelado a Capellán: “El silencio ante estos hechos no es una opción”. El diputado socialista ha señalado que la gestión del presidente “está marcada por la improvisación y la propaganda, pero con una preocupante ausencia de resultados tangibles para nuestra comunidad”.

El PP ha respondido asegurando que el convenio de 2023 al que ha hecho referencia “no incluye la financiación con cargo a fondos europeos del Centro del Dato”, aunque en la presentación del proyecto sí recogieron que incluía 14,5 millones de euros de fondos europeos. Así mismo, han destacado los datos de ejecución de fondos, aludiendo a un reciente estudio de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, que certifica que es la tercera comunidad con menos porcentaje de fondos europeos sin asignar, apenas el 15,6% y que supera en ocho puntos la media nacional.

La Comisión Europea da por concluida la polémica por el uso de parte del dinero para el pago de pensiones en España. El vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, ha avalado este miércoles que el Gobierno español pueda utilizar fondos europeos para el pago de pensiones. “Aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para reembolsos, sería posible que los Estados miembros utilicen temporalmente parte de la liquidez procedente de otros reembolsos para cubrir desembolsos presupuestarios”, ha comentado el comisario europeo.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, negó en el Senado haber utilizado fondos europeos para el pago de pensiones y defendió la legalidad de efectuar modificaciones presupuestarias, ya que son un “instrumento ordinario”, legal, y que los fondos europeos se han destinado “exclusivamente” a las inversiones comprometidas con la UE.

El Ministerio de Hacienda también defendió la operación por tener “un respaldo legal claro” en el cambio de uso de créditos “sobrantes” de fondos Next Gen en la adaptación que se realizó para prorrogar los Presupuestos Generales del Estado entre 2023 y 2024.

En Bruselas, Fitto ha recalcado que “este tipo de operaciones de gestión de tesorería por parte de los Estados miembros son temporales y no tienen impacto en la protección de los fondos de la UE. La Comisión comprueba claramente los sistemas nacionales de control y puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses”.

En el informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024 del Tribunal de Cuentas se señalaba que “la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. 

Aunque se supone que Bruselas ha dado por zanjado el asunto, el vicepresidente de la Comisión ha apuntado que “la Comisión es consciente del asunto y está revisando el informe del tribunal español sobre esta investigación relativa al uso de los fondos Next Generation EU”.

El Partido Popular utilizó el informe del Tribunal de Cuentas para atacar al vicepresidente económico durante la sesión de control en el Senado que tuvo lugar este martes. La portavoz popular, Alicia García, acuso al Ejecutivo de utilizar el “método del trilero”, moviendo dineros entre partidas presupuestarias y usando los fondos europeos como “respiración asistida del sanchismo”.

La decisión del Gobierno español también provocó una polémica internacional, ya que el eurodiputado del PP europeo y presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, el alemán Andreas Schwab, pidió la comparecencia en la Eurocámara de miembros de los tribunales de cuentas de la UE y España para explicar el desvío de partidas de las cuentas públicas de España, según apuntó en una entrevista en El Mundo.

Una abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó este miércoles que Bruselas tenía razón al decidir excluir a Castilla y León de cerca de 10 millones de euros procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en contra del criterio del Tribunal General de la UE, que en 2024 dictaminó en favor de España.

Para la abogada general letona, Laila Medina, el Tribunal General se equivocó al interpretar el artículo 93.2 del Reglamento sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC, en particular en relación con la conformidad de los controles de condicionalidad.

El caso se remonta a 2022, cuando España pidió a la corte con sede en Luxemburgo la anulación de una decisión de la Comisión Europea que excluía de la financiación comunitaria a Castilla y León de ciertos gastos (por valor de 9,9 millones de euros) con cargo al FEAGA y al Feader.

Bruselas argumentó que, entre 2016 y 2017, las autoridades españolas no hicieron controles para verificar la conservación de los hábitats naturales de las especies de flora silvestre protegidas en Castilla y León, que eran necesarios según las normas de condicionalidad del reglamento en cuestión.

En particular, la Comisión reprochó a España no haber controlado sobre el terreno el cumplimiento, por parte de los agricultores de un requisito y de determinadas medidas que establece la legislación europea sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en relación con las zonas especiales.

En una sentencia de 2024, el Tribunal General anuló la decisión de la Comisión e indicó que la obligación de efectuar controles de condicionalidad solo se refiere al respeto de las medidas para adaptar la Directiva aplicable a nivel nacional.

Consideró que las exigencias impuestas a los agricultores no eran lo suficientemente precisas para que las autoridades españolas pudieran controlar su cumplimiento y concluyó que la Comisión no podía considerar de manera fundada que la falta de controles constituyera un incumplimiento y aplicar, por consiguiente, una corrección financiera.

La Comisión Europea recurrió ante el Tribunal de Justicia la sentencia del Tribunal General.

En sus conclusiones de hoy, la abogada general lleva a cabo una interpretación literal, contextual y teleológica de la normativa y llega a la conclusión de que el Tribunal General se equivocó al interpretar el artículo 93. 2 del reglamento.

Según la abogada general, ese artículo no puede interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no está obligado a efectuar controles de condicionalidad cuando las autoridades nacionales no hayan especificado las obligaciones de la normativa europea.

Añade que el Tribunal General no podía interpretar tampoco que se exime a un Estado miembro de su obligación de efectuar controles de condicionalidad porque no se han especificado las obligaciones para los agricultores.

La jurista considera que la obligación de los Estados miembros de efectuar este tipo de controles presupone que las autoridades nacionales han definido previamente las exigencias que deben cumplir los agricultores, de modo que la falta de esa precisión y de los controles de condicionalidad debía llevar a la Comisión a apreciar un incumplimiento.

Por último, señala que el razonamiento del Tribunal General también es contrario a la finalidad del Reglamento y, en particular, de las normas relacionadas con la condicionalidad.

Aunque las opiniones de un abogado general no son vinculantes, el Tribunal de Justicia las sigue en la mayoría de los casos. 

El Gobierno niega haber utilizado fondos europeos para el pago de pensiones y defiende la legalidad de efectuar modificaciones presupuestarias, haya unas cuentas en vigor o sean prorrogadas, después de que el Partido Popular les haya acusado de usar el Plan de Recuperación como “respiración asistida del sanchismo”.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en el Senado que las modificaciones presupuestarias –la vía que ha permitido efectuar cambios en las cuentas prorrogadas, a pesar de que no se han aprobado unos Presupuestos Generales del Estado desde 2023– son un “instrumento ordinario”, legal, y que los fondos europeos se han destinado “exclusivamente” a las inversiones comprometidas con Bruselas.

El Partido Popular ha salido este martes en tromba contra el 'número dos' del Ejecutivo durante la sesión de control en la Cámara Alta, aprovechando el informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024 del Tribunal de Cuentas. El supervisor afeó que en aquel año se utilizaron de fondos europeos “sobrantes” para atender el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos por importe de 2.389,4 millones de euros, según recoge EFE.

En una intervención en la que ha hilado desde el juicio al exministro José Luis Ábalos a la gestión del hantavirus, la portavoz popular, Alicia García, ha dicho que el Ejecutivo utiliza el “método del trilero”, moviendo dineros entre partidas presupuestarias y usando los fondos europeos como “respiración asistida del sanchismo”.

Un instrumento “ordinario” y “transparente”

Una acusación en la que ha incidido el senador Gerardo Camps, también de los populares, asegurando que han convertido la “oportunidad histórica” del Plan de Recuperación en “oxígeno presupuestario” para seguir en el poder. “La pregunta que miles de pensionistas tienen derecho a preguntarse es inquietante: si no hubieran existido los fondos europeos, ¿habría podido este gobierno ejecutar con normalidad el pago de las pensiones?”, se ha cuestionado, ominoso.

Cuerpo, al que le han reprochado su “serenidad impostada” y ser “la sonrisa tranquila del régimen sanchista”, ha defendido que las modificaciones presupuestarias son “instrumentos ordinarios” y “transparentes” para adaptar las cuentas públicas ante circunstancias sobrevenidas. Este año ya se han reprogramado 32.000 millones de euros, entre los que se han destinado 7.300 millones para hacer frente al impacto de las borrascas de principios de año o 10.300 millones para poner en marcha el fondo España Crece.

Para defenderse de las acusaciones de trilerismo, Cuerpo ha esgrimido los datos de las modificaciones presupuestarias efectuadas por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda entre 2012 y 2018 en el Gobierno de Mariano Rajoy: 193.000 millones.

“Los fondos del Plan de Recuperación se destinan exclusivamente a los proyectos e inversiones recogidos en el Plan de Recuperación y esto forma parte de su éxito”, ha zanjado el vicepresidente en su cara a cara con la portavoz popular.

Hacienda ya defendió que era legal el traspaso entre partidas presupuestarias en sus alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas, aunque fueran de créditos procedentes de fondos europeos, ya que no todos los ejercicios se perciben las mismas anualidades del Plan de Recuperación.

La Comisión Europea autoriza los desembolsos en función del cumplimiento de una serie de hitos y objetivos, con independencia del coste ejecutado, por lo que “existe una total desconexión entre los recursos recibidos y los gastos necesarios para dar cumplimiento a dichos hitos y objetivos”. Y una prórroga supondría adjudicar a 2024 los mismos recursos que en 2023, aunque las necesidades y recursos a percibir fueran distintos.

Por ello, los criterios de prórroga presupuestaria aprobados por el Gobierno establecieron la adaptación del servicio 50 de 2023 a las necesidades presupuestarias de 2024, lo que se tradujo en la identificación y puesta a disposición de Hacienda de 4.528 millones de créditos sobrantes: 1.965 millones del Ministerio de Industria, 1.380 millones de Vivienda y 1.183 millones de Educación. Parte de estos créditos sobrantes se utilizaron para financiar el complemento de pensiones mínimas (667 millones), una opción permitida legalmente por los presupuestos de 2023, y para ampliar la partida de clases pasivas (1.722 millones), tal y como permite la Ley General Presupuestaria, explica Hacienda en el documento, recogido por EFE.

De hecho, en la Comisión Europea no hay demasiada preocupación, más allá del anuncio de que estudiarán el caso. Según un portavoz comunitario, los Estados miembros pueden tener que adelantar dinero para financiar algunas inversiones de sus planes de recuperación antes de recibir los fondos europeos y, “de manera similar, un Estado miembro puede también utilizar la liquidez de los pagos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para cubrir otros gastos”. “En principio, estas operaciones ordinarias de gestión de tesorería por parte de los Estados miembro no afectan a los intereses financieros de la Unión ni tienen consecuencias para la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, añadió.

Las Oficinas de Rehabilitación de Vivienda de Castilla-La Mancha echarán el cierre el próximo 31 de mayo. Y con ellas, las de toda España, allí donde están habilitadas. No les queda otra. El motivo es que en junio caducan, tras cinco años, los fondos europeos Next Generation con los que estaban financiadas. En concreto, son los vinculados a la línea 2 del Real Decreto de 2021 por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

¿El cierre será permanente? No si el Gobierno de España consigue una financiación adicional, dentro del reciente Plan Estatal de Vivienda, que sufrague su reapertura o si los gobiernos regionales habilitan igualmente una partida para ello cuando aprueben los decretos de desarrollo, en cada autonomía, del mencionado plan.

Así lo detalla la decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Elena Guijarro. Este órgano profesional ha sido el encargado de habilitar y mantener en funcionamiento estas oficinas en la región, encargadas de facilitar, impulsar y promover las ayudas públicas encaminadas a las reformas de viviendas y edificios, una de las subvenciones sobre vivienda en las que más ha incidido el Gobierno castellanomanchego debido al envejecido parque residencial de la región.

El asesoramiento se dirige a toda la ciudadanía, en concreto a las comunidades de propietarios y a los particulares interesados en rehabilitar energéticamente sus viviendas, pero también se aporta información a los agentes de la rehabilitación y a cualquier profesional del sector.

“Ya sabíamos que esos fondos terminaban a los cinco años y preveíamos su cierre”, afirma la decana, pero explica que ahora, con el nuevo Plan Estatal de Vivienda, es posible que se prorroguen algunas de las ayudas vinculadas a fondos europeos, entre ellas las que mantenían vivas estas oficinas.

Las oficinas han funcionado muy bien y han ayudado mucho. Aunque ya no haya esos fondos, a través del Plan Estatal se puede habilitar una partida para seguir gestionándolas. Y lo están estudiando

Es el motivo por el que tanto el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, como el Consejo Superior de estos colegios profesionales en toda España y varias consejerías de Fomento de las comunidades autónomas han pedido que se habilite una nueva línea de financiación. “Las oficinas han funcionado muy bien y han ayudado mucho. Aunque ya no haya esos fondos, a través del Plan Estatal se puede habilitar una partida para seguir gestionándolas. Y lo están estudiando”, indica.

De hecho, actualmente, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos mantiene abierta la denominada Red OAR con fondos propios, que es la que coordina todas las oficinas de rehabilitación en España. “Queremos que eso siga funcionando”, ha destacado.

Además, el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha mantiene un apartado de información en su web, denominado ‘Rehabilita’, en el que agrupa toda la información sobre estas ayudas, y desde la cual tiene intención de “seguir ayudando y colaborando”, en este caso también con fondos propios.

“Pero en el momento en que se habilite alguna partida adicional que nos pueda financiar, volveremos a abrir las oficinas. Quizás no las siete que hay (una en cada provincia, y otras dos en Puertollano y Talavera de la Reina), pero sí alguna de ellas como la de Toledo, para hacer una asistencia presencial hasta donde podamos”, señala Elena Guijarro.

Una labor “esencial” durante cinco años

Ahora todo queda a expensas de los fondos que se puedan habilitar. Los colegios de arquitectos dejan “la puerta abierta” para “cualquier financiación que se pueda conseguir”. “Aunque no sigamos con la misma estructura y financiamiento de las oficinas como hasta ahora, podíamos seguir ayudando en una labor que durante cinco años ha sido esencial”.

El objetivo, por tanto, de los colegios profesionales es mantener con fondos propios las mencionadas iniciativas al menos hasta final de año. “Y si de aquí a final de año encontramos una fórmula que se pueda gestionar, pues lo mantendremos más tiempo”.

Por último, incide la decana en que Castilla-La Mancha y el resto autonomías, tienen que desarrollar, con un decreto autonómico, el Plan Estatal de Vivienda, y prevé que hasta enero no estará listo en esta comunidad autónoma. Mientras, hay líneas abiertas de ayudas para la rehabilitación y, además, la Consejería de Fomento ha anunciado también nuevas subvenciones destinadas a la accesibilidad. “Nosotros seguiremos apoyando hasta donde podamos”, concluye.

¿Qué dice el Plan Estatal de Vivienda?

El nuevo Plan Estatal de Vivienda, publicado en Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de abril se refiere en alguno de sus apartados, a estas oficinas.

Concretamente, dentro de la línea de financiación de ayudas para el fomento de la rehabilitación edificatoria, la accesibilidad y la renovación urbana y rural, el Ministerio, en el apartado de las cuantías de las ayudas, especifica que será subvencionable hasta el 80% del coste “la redacción de proyectos y dirección técnica o facultativa de las obras, los informes técnicos y certificados, las tramitaciones administrativas”. Y justo después añade que también se incluyen “las actuaciones de los equipos y oficinas de planeamiento o rehabilitación incluidos los agentes y gestores de la rehabilitación”.

Y en otro apartado, el Plan Estatal también señala que la sufragación del coste de las actuaciones subvencionables incluidas en esta ayuda podrá incluir “los de la oficina de rehabilitación”.

El Centro de la Cultura de La Rioja contará con una nueva web, cuya realización será sufragada en su totalidad por fondos europeos. El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el expediente de contratación para desarrollar esta iniciativa.

La portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, ha recordado que el Ayuntamiento de Logroño impulsó la reapertura del Centro de la Cultura del Rioja en octubre de 2023, un espacio que, según la portavoz, “se ha consolidado como polo de atracción patrimonial y turística, además de ofrecer una elevada actividad formativa y cultural”.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para el desarrollo de la nueva web del Centro de la Cultura del Rioja sobre la Plataforma Corporativa de Portales y Webs Municipales, financiado con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El gasto destinado al desarrollo de esta nueva web asciende a 80.000 euros (IVA incluido).

Emiliano García-Page quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez presente ya los Presupuestos de 2026. Lo ha rogado y lo ha pedido “por favor”. Lo ha hecho con motivo de la presentación de la denominada ‘Agenda de Acción por la Vivienda“ de Castilla-La Mancha con horizonte hasta 2030, que en algunas de sus medidas depende de las cuentas estatales.

“No termino de entender cómo hoy el Gobierno de España no plantea el proyecto de Presupuestos. Que lo plantee, por favor”, ha pedido. “Y más en plena campaña electoral en Andalucía”, ha añadido, cuando la candidata socialista y ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que el presupuesto “ya estaba listo” para que lo presentara su sucesor, en alusión a Carlos Cuerpo.

Así, ha interpretado que es “de libro” que el Ejecutivo central presente el proyecto de Presupuestos “en próximos días”. De lo contrario, Page ha advertido de que habrá un “auténtico problema” cuando “desaparezcan de golpe” los fondos europeos, actualmente en negociación.  

Afectan a políticas de vivienda y financiación autonómica

“El Presupuesto no es una opción, es una obligación del Gobierno, y espero que se presente, y tener garantías de si el Plan Estatal de Vivienda se va a poder realizar o no”.

A esta circunstancia ha añadido que, además, en la coyuntura actual, es “imposible” hablar de financiación autonómica, “a pesar de que lo hagan con los independentistas”, si no hay delante de la mesa un proyecto de cuentas públicas con una proyección de ingresos.

De hecho, Page no descarta la posibilidad de reclamar la convocatoria de una nueva Conferencia de Presidentes para hablar de presupuestos, financiación autonómica y fondos europeos.

El Ayuntamiento de Calahorra ha adjudicado dos contratos menores para mejorar el yacimiento arqueológico de ‘La Clínica’, incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística en destino ‘Calahorra enogastronómica’ dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea -NextGeneration EU-.

El primero de ellos, que consiste en la sustitución de parte de la pasarela de madera que recorre este yacimiento, se ha adjudicado a PVC Alonso S.C. por importe de 11.856,79 euros.

Los trabajos se centrarán en el desmontaje de la tarima existente y su sustitución por una nueva tarima tecnológica, que permita una mejor accesibilidad y durabilidad. La otra actuación que se va a llevar a cabo en ‘La Clínica’ para mejorar su conservación y hacer más atractiva su visita es la limpieza, así como el acondicionamiento, la consolidación y reparación de sus restos. Estos trabajos los realizará la empresa Labrys S.C. por el precio de 15.427,50 euros. 

La intervención va a frenar los procesos de erosión y el deterioro identificados en el muro y en el colector del yacimiento, garantizando su estabilidad y una adecuada conservación preventiva. 

El contrato comprende las labores arqueológicas y de albañilería necesarias para garantizar la conservación, estabilidad y correcta protección del conjunto arqueológico. Estas dos actuaciones se suman a la digitalización del yacimiento de ‘La Clínica’, que está a punto de concluir. 

El conjunto de estas iniciativas del Plan de Sostenibilidad Turística en destino ‘Calahorra enogastronómica’ mejorarán la calidad de la visita turística y fortalecerán el atractivo del yacimiento como espacio patrimonial integrado en la estrategia de turismo sostenible del municipio. Asimismo, incrementará su protección.

Reforma de los vestuarios de la Planilla

Continuando con su compromiso de dotar de nuevas instalaciones deportivas a la ciudad y de mejorar las existentes, el Ayuntamiento de Calahorra va a reformar la zona de vestuarios de verano del Complejo Deportivo Municipal ‘La Planilla’. Se va a actuar en una superficie de 481,25 metros cuadrados, donde se crearán dos nuevas salas destinadas a actividades deportivas.

Esta reforma permitirá una futura ampliación del gimnasio de ‘La Planilla’ en más de 300 metros cuadrados. Los aseos y el porche se mantendrán y se creará un pasillo que conectará este edificio con el frontón municipal ‘Barberito I’. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este proyecto, que próximamente se sacará a contratación para su ejecución. El presupuesto estimado de esta actuación es de 150.000 euros.

El diputado regional Miguel González de Legarra ha recordado que el martes pasado “ya advertimos de que La Rioja estaba en riesgo real de perder casi cuatro millones de euros de fondos europeos por la indolencia, la ociosidad, la holgazanería y la incompetencia de quienes están al frente de la Fundación para la Transformación de La Rioja”. Y hoy “sabemos que el Gobierno de La Rioja ha perdido ese dinero porque ha renunciado a ejecutar el contrato que ya había adjudicado para el diseño, producción y ejecución del Congreso Mundial de Tecnologías del Lenguaje e Inteligencia Artificial en español, la Feria Internacional sobre Emprendimiento y el espacio de experiencias Jardín de la Lengua”.

El diputado socialista ha asegurado que “esto supone que el Gobierno de La Rioja tiene que devolver más de 3,8 millones de euros de fondos europeos que nuestra comunidad ya había recibido desde hace tres años”. González de Legarra ha denunciado que “estamos ante uno de los mayores ejercicios de negligencia administrativa y de cobardía política que hemos visto en esta legislatura”.

Además, el Gobierno “miente con total descaro en su respuesta, porque si este proyecto no obedeciera a sus prioridades, no habría realizado la licitación, ni mucho menos adjudicado el proyecto”. La realidad es que el Ejecutivo de Capellán ha renunciado “porque no podía explicar por qué han dejado pasar tres años sin hacer absolutamente nada, no podía explicar por qué sacaron una licitación urgente sin margen real de ejecución, y no podía explicar por qué la valoración de las ofertas se hizo sin las garantías mínimas que exige la ley”.

Lo que sí sabemos, ha dicho González de Legarra, es que, en estos años, los responsables de la Fundación “han contratado sin garantías, se han subido los sueldos de manera ilegal, han vulnerado normas presupuestarias y han utilizado la Fundación como una estructura paralela al control público”. Y, ahora, “nos encontramos con este nuevo despropósito que se une a la opacidad en las cuentas, el incumplimiento de las leyes de transparencia, el abuso sistemático de contratos menores o la contratación de personal con procesos sin convocatoria pública, sin publicidad, sin concurrencia y vulnerando los principios de mérito y capacidad”.

El diputado socialista ha exigido a Gonzalo Capellán “que deje de mirar hacia otro lado”. Estamos, ha añadido ante un Gobierno “incapaz, que no ha sabido plantear ni un solo proyecto nuevo, que lleva tres años viviendo de las rentas y del trabajo que le dejó hecho el anterior Ejecutivo y que, aun así, despilfarra todo ese capital heredado”.