El Departamento de Educación del Gobierno vasco sólo ha creado 252 plazas de educación pública en los últimos cuatro años pese a contar con fondos europeos para crear 1.518 plazas. El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha denunciado este hecho y lo ha calificado de “fraude” a las familias vacas. El dinero recibido para este fin de los fondos europeos era de 15,4 millones de euros, y en los años de ejecución, desde 2022, pese a crearse sólo el 16% de las plazas comprometidas, se ha gastado el 42% del presupuesto, 6,49 millones de euros. “Es decir, ni se han creado las plazas ni se han ejecutado correctamente los recursos disponibles”, ha denunciado Hernández.

El número de plazas creadas en la educación pública de 0 a 3 años con el paraguas de los fondos europeos, 252, figura en una documentación remitida por el Departamento de Educación al parlamentario de Sumar, en la que señalan que esta cifra es la que ejecutada a 31 de enero de 2026, pero que el plazo de justificación de estos fondos se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2026. Para poder cumplir con ese plazo, se ha fijado a los ayuntamientos, los plazos de ejecución y justificación hasta el 30 de abril y 29 de mayo respectivamente. Desde el departamento de Educación no han querido valorar las afirmaciones de Jon Hernández, más allá de remitir a la documentación remitida al Parlamento. El representante de Sumar ya ha anunciado que preguntará por esta cuestión a la consejera en el próximo pleno de control. “Estamos ante un fraude a la ciudadanía: había financiación europea, había necesidad y no se ha cumplido el objetivo”, ha señalado Hernández.

Para el parlamentario de Sumar, esta no es una cuestión de “retraso administrativo”, sino que se corresponde con una “decisión política consciente de no ampliar la red pública”. “No hablamos de incompetencia. Hablamos de una decisión política. El Gobierno vasco se resiste, con todos los medios a su alcance, a ampliar la red pública, pese a contar con financiación europea”, ha afirmado. Además, ha asegurado que primero intentaron utilizar el dinero para plazas concertadas, lo que no era posible porque los fondos son finalistas, y ahora no crean las plazas públicas. Una vez más perjudican a la educación pública para mimar a la privada, a la que no quieren que se le haga competencia“, ha señalado.

Hernández ha recordado en una comparecencia en la sala de prensa del Parlamento que el Gobierno vasco rechazó en diciembre de 2022 cerca de 11 millones de euros adicionales al considerarlos innecesarios, alegando que existían plazas suficientes. “Hoy sabemos que eso no era cierto, porque hay casi 30 municipios sin plazas públicas suficientes y decenas de centros con listas de espera”, ha señalado Hernández.

El parlamentario, muy crítico con la consejera, ha señalado que durante todos estos años desde que se distribuyeron los fondos, se han ofrecido datos que no se ajustan a la realidad. Según ha señalado, la consejera de Educación aseguró en noviembre de 2024 que el plazo para justificar los fondos se extendía hasta 2026, “cuando en realidad finaliza el próximo mes de mayo”. “Ese mismo día afirmó que ya se habían creado 577 plazas, una cifra que posteriormente fue rebajada, mientras se sostenía que un tercio de las plazas estaba en marcha y el total del dinero comprometido, afirmaciones que han quedado desmentidas por los datos actuales”, ha indicado Hernández.

Sumar también ha denunciado que parte de las plazas contabilizadas no son nuevas, sino traslados o ampliaciones, lo que “maquilla el grado real de cumplimiento, y ha citado expresamente los casos de Busturia o Astigarraga. Según ha destacado, en 2024 no se creó ninguna plaza nueva y de las once haurreskolak anunciadas para 2025 solo se han abierto tres, mientras otras se retrasan o ni siquiera cuentan con previsión. ”Con los plazos actuales, todo apunta a que más de mil plazas financiadas no se van a crear“, ha advertido. Frente a ello, Hernández ha puesto el foco en la situación real de las familias, recordando que en enero había cerca de 60 haurreskolak sin plazas disponibles para niños y niñas de entre 1 y 2 años, y que en casi 30 municipios la oferta pública es insuficiente. ”Esto ocurre en ciudades como Vitoria, Bilbao o Donostia, lo que demuestra que había necesidad, había dinero y no se ha actuado“, ha señalado.

El Museo de la Verdura, único en España dedicado a las verduras, amplía su propuesta expositiva con la incorporación de dos nuevos espacios multisensoriales permanentes sobre el campo calagurritano, enmarcados en la actuación 'Experiencia sensorial y tecnológica en la Ciudad de la Verdura', incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística 'Calahorra enogastronómica'.

Este proyecto, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), tiene como objetivo impulsar un modelo de turismo experiencial e innovador, poniendo en valor el patrimonio hortícola calagurritano.

La intervención propone un novedoso enfoque basado en la estimulación de los sentidos (vista, olfato, oído y tacto) para crear una experiencia inmersiva capaz de conectar al visitante con la tradición agrícola, la memoria y la identidad local.

Vivir la huerta con los cinco sentidos

El Museo de la Verdura estrena, hoy coincidiendo con las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura, dos nuevos espacios: una sala de proyección multisensorial y siete estaciones olfativas sobre los productos que se cultivan en los campos y huertas de Calahorra. Por un lado, la planta baja del museo alberga una sala de proyección multisensorial con una pieza audiovisual de reproducción continua.

Muestra el ciclo completo de productos emblemáticos de la huerta calagurritana, como la coliflor -con Indicación Geográfica Protegida- y la alcachofa. Desde su cultivo y recolección hasta su transformación gastronómica, en conserva o en un plato de cocina. La experiencia se completa con un diseño sensorial que envuelve al espectador, permitiéndole sentirse parte del proceso.

El vídeo crea un ambiente que hace que el espectador se sienta dentro del proceso que se cuenta a través de imágenes. Por otro lado, en la primera planta del museo se han colocado 7 estaciones olfativas interactivas con 3 tubos de aromas cada uno.

Estas estructuras permiten al visitante experimentar distintos aromas vinculados a los productos que se cultivan en los campos y huertas calagurritanas, mediante sistemas de liberación controlada. Cada estación combina información visual, textual y auditiva, facilitando la identificación de los productos y su contexto. En total, el se presentan hasta 21 aromas diferentes de verduras.

Los visitantes pueden interactuar directamente con estos dispositivos, activando la dispensación de olores o seleccionando diferentes opciones. Estos 2 nuevos espacios conectan la tradición agrícola de Calahorra con la emoción y la memoria de las personas que visitan el Museo de la Verdura.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Calahorra busca reforzar su posicionamiento como destino de referencia en turismo agroalimentario innovador, apostando por la incorporación de tecnologías avanzadas en la divulgación cultural y turística. Se trata de dos nuevas experiencias en el Museo de la Verdura que completan y mejoran la oferta museográfica existente.

Esta nueva experiencia multisensorial convierte al Museo de la Verdura en un espacio de referencia donde tradición e innovación se dan la mano para ofrecer una forma única de descubrir la riqueza de la huerta calagurritana, así como lo hace más atractivo para el visitante.

El Ayuntamiento de Santander avanzaba en el mes de febrero de este año que iba a llevar a cabo una “modernización” del Centro de Interpretación del Litoral (CIL) ubicado en el entorno de La Maruca, edificio que fue inaugurado en 2011. Una licitación para el suministro e instalación para la renovación de equipos de climatización por valor de 155.788 euros y otra para su digitalización por valor de 716.162 euros, ambas con cargo a fondos europeos Next Generation.

Instalado en una antigua batería defensiva del siglo XVII, la de San Pedro del Mar, el edificio fue rehabilitado para convertirse en un espacio divulgativo dedicado a interpretar el paisaje litoral, especialmente el singular tramo de la Costa Quebrada, hoy parte de la red mundial de Geoparques de la UNESCO y en un entorno de triste actualidad tras el trágico accidente mortal en el que fallecieron seis jóvenes junto a la playa de El Bocal.

En abril de 2017, el propio Consistorio promocionaba una reapertura de la instalación en su canal de YouTube, con la exposición permanente ‘Patrimonio Litoral de Cantabria', una maqueta dedicada al parque geológico Costa Quebrada y visitas guiadas al entorno mareal. En el mismo video se hacía referencia además a la terraza del edificio “accesible desde el exterior” y a sus “vistas panorámicas”.

Tras menos de una década en funcionamiento, el CIL se encuentra cerrado al público desde marzo de 2020, coincidiendo con la llegada del coronavirus y sus restricciones. Desde entonces, han sido varios los proyectos de recuperación anunciados por el Ayuntamiento de Santander y muchas las quejas expresadas por vecinos del entorno de Monte que denuncian su abandono en las reseñas sobre el edificio que aparecen en diversos buscadores digitales.

De hecho, el 29 de febrero de 2024, el grupo municipal del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) llevó al pleno una serie de preguntas relacionadas con el edificio y el Plan de Sostenibilidad Turística de la ciudad, al que se remiten todas las actuaciones previstas y, cuya ejecución debe completarse este año 2026.

Reacondicionamiento “prioritario” anunciado en 2023

Los regionalistas reprochaban a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), su anuncio en rueda de prensa en enero de 2023 de las acciones a desarrollar ese mismo año -dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Santander- entre las que se encontraba, como “prioritaria”, la adecuación del CIL y se fijaba su reapertura ese mismo verano, con “contratación de personal y organización de rutas guiadas por el entorno”.

Por todo ello, y recordando que la rehabilitaciñon del edificio ya había supuesto una inversión de casi 2,5 millones del Gobierno de España, preguntaban por el motivo por el que el CIL llevaba cerrado desde el año 2020 y si se había llevado a cabo algún trabajo de adecuación y mantenimiento del edificio desde entonces.

La respuesta desde el Ayuntamiento de Santander fue que “el motivo por el que ha estado cerrado es por un funcionamiento óptimo de las instalaciones, de climatización, habiéndose llevado a cabo un trabajo de mantenimiento oportuno en el edificio, teniendo en cuenta que no ha estado abierto”.

El Consistorio ahondaba en su argumentación alegando que la primera actuación a realizar iba a ser “una puesta a punto de las instalaciones, la actualización de sus contenidos”, y el análisis de “la mejor fórmula para la dotación de personal para atenderlo”.

Respecto a los plazos de ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística, la alcaldesa dijo en ese momento que de las 45 actuaciones comprendidas en el mismo se habían iniciado 42, lo que suponía “un 93 %” y que cabía recordar que se trataba de “la segunda anualidad”, habiendo estado la primera anualidad del mencionado plan turístico “más enfocada en la planificación y el posicionamiento”.

Son varias las actuaciones contenidas en este último plan turístico de Santander, fundamentalmente relacionadas con mejora de señalización, las que están relacionadas con la polémica senda costera santanderina, tan cuestionada en los últimos meses por el trágico suceso de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes el pasado 3 de marzo y otra resultó gravemente herida.

CSIF denuncia condiciones insalubres en la oficina de Fondos Europeos situada en la Calle Portales 46 de Logroño. Hace dos semanas se produjo una fuga que ha afectado a techos, suelos y paredes y ha dejado un fuerte olor a humendad, “lo que ha provocado problemas de salud a los empleados públicos que siguen trabajando en estas oficinas en condiciones insalubres”.

Relatan que el problema comenzó hace más de dos semanas. “Una fuga en un baño de la segunda planta afectó a los techos, paredes y suelos de esta planta y las inferiores y dejó estas instalaciones impracticables”. De hecho aseguran que “hay zonas restringidas porque no hay ventilación, los suelos tienen humedad, se han deformado e incluso levantado. Los equipos informáticos también se han visto afectados y es imposible poder trabajar en estas condiciones que no cumplen con los requisitos mínimos que indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

La zona más dañada es la primera planta donde un grupo de empleados públicos pertenecientes a la Oficina de Fondos Europeos siguen trabajando porque no han sido reubicados y lo hacen “con fuertes olores a humedad lo que les provoca dolores de cabeza y náuseas debido a la insalubridad del ambiente”. Después de más de dos semanas, desde CSIF piden al Servicio de Prevención que analice las instalaciones y mientras tanto se traslade a una oficina segura a los trabajadores. “Es inaceptable que el Gobierno riojano ponga en peligro la salud de sus trabajadores por la falta de eficacia en su gestión”. Y exigen a la Dirección General de Función Pública, como máximo responsable de la gestión de los empleados públicos que tome cartas en el asunto y que deje de “maltratar a los empleados públicos riojanos: debería darle vergüenza tener a trabajadores desarrollando su labor en estas condiciones que ponen en peligro su salud”.

Eran otros tiempos. En aquel momento vivíamos inmersos en la gran crisis económica y financiera que asoló a España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. El paro se desbocó, los problemas de vivienda eran acuciantes, con los desahucios en el centro de la agenda social, y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) se rendía a la evidencia cuando ya fue imposible poner más eufemismos sobre la mesa y hablar de “desaceleración” sonaba a chiste macabro.

Fue en aquellos años finales de la legislatura que desembocaron en la mayoría absoluta del Partido Popular de Mariano Rajoy cuando el Ejecutivo socialista se sacó de la chistera el bautizado como Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo o, —en su forma abreviada y más coloquial—, Plan E o Plan Zapatero. Se canalizaron ingentes cantidades de dinero público hacia la construcción, fundamentalmente a través de los ayuntamientos. Obras, obras y obras por todos los lados con el objetivo de taponar la sangría de personas en el desempleo y el frenazo de una economía ligada al ladrillazo.

Fueron casi 30.000 proyectos y más de 8.000 millones de euros. Vimos cómo se alquitranaban calles que, aparentemente, estaban en buen estado. Cómo se levantaban aceras que, de no ser por la necesidad imperiosa de poner dinero público en circulación, no se hubiesen tocado. Parques, mobiliario urbano, centros de interpretación, infraestructuras de todo tipo para las que una vez construidas no había un futuro previsto. Ese plan pasó al imaginario colectivo por los carteles enormes que acompañaban a cada pequeña intervención de nuestros pueblos y ciudades. Tenía que quedar bien claro quién pagaba, cuánto costaba y lo importante que era poner esa obra en marcha.

Cuando han pasado casi dos décadas de aquella locura colectiva en la que nos vimos inmersos, no puedo evitar que me venga a la memoria ese Plan E cada vez que escucho a nuestra clase política hablar de los fondos europeos que se aprobaron tras la pandemia de la COVID-19. Especialmente, en lo relativo a los planes de sostenibilidad turística —con ese oxímoron que supone hablar de sostenibilidad y turismo— que han sido otorgados con gran ligereza. Desde luego, no tienen el mismo impacto ni suponen la misma inyección económica que aquellos proyectos del Plan Zapatero, pero sí comparten una misma filosofía común que roza el despilfarro. Y como entonces, pondrán en apuros a muchas administraciones, incapaces de gestionar esos fondos con una mínima coherencia.

En el caso de Cantabria, están aprobados nada menos que 19 planes de sostenibilidad turística con más de 500 actuaciones en 46 municipios por una cuantía que ronda los 60 millones de euros: Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Noja, Arnuero, Comillas, Ribamontán al Mar, Santoña, Suances, Medio Cudeyo, Valderredible, Santillana del Mar, Reocín, La Engaña, Saja-Nansa, Liébana y Peñarrubia, Alto Asón, Los Valles... La lista es larga. La cantidad de ocurrencias que hacen pasar algunos por “sostenibilidad turística”, mucho más. Funiculares, tirolinas gigantes, vías ferratas, paneles informativos, 'cacharritos' smart... y muchísima propaganda.

Esta semana hemos conocido el primer pinchazo a la burbuja: el alcalde de Suances ha tenido que renunciar a 3,4 millones de euros que tenía concedidos por la incapacidad de llevar a cabo los proyectos dentro del plazo previsto, que finaliza este próximo mes de junio. Para hacernos a la idea del agujero, ya con actuaciones en marcha que ahora habrá que pagar de otra manera, esa cantidad supone más de un tercio del presupuesto anual del Ayuntamiento y multiplica por diez las inversiones municipales previstas para este año 2026. Es el primero, pero no será el último. El goteo será constante a partir de ahora. La improvisación ha sido tal que les va a pasar por encima a casi todos.

El PP de Suances considera “inadmisible” que el Ayuntamiento haya renunciado a los 3,4 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística (PST), como consecuencia de lo que estima “inacción” del alcalde, Andrés Ruiz Moya( PSOE), para gestionar los proyectos.

El portavoz popular, Carlos Montes, asegura en un comunicado que esta renuncia fue reconocida por el alcalde tras el último pleno a preguntas del PP, debido a la imposibilidad de tener concluidos los proyectos antes del próximo mes de junio, fecha límite para no perder la subvención.

Según Montes, los fondos perdidos “por la absoluta irresponsabilidad” de Ruiz Moya, suponen el 38% del presupuesto municipal, que es de 9,1 millones de euros, y representan una suma muy superior del presupuesto para inversiones del Ayuntamiento (322.000 euros).

El edil del PP también achaca la pérdida de la subvención por los retrasos en la contratación de un gerente del Plan y por la larga tramitación de proyectos como el funicular para unir la zona alta de pueblo con el área de las playas.

Montes ha recordado que el plan turístico, ademas del funicular, contemplaba la mejora de la infraestructura para autocaravanas, aparcamientos disuasorios, la creación del anillo ciclista, y la dotación de puntos de carga de coches eléctricos en el puerto y las playas. También incluía la digitalización de la información, comunicación y promoción turística de Suances. 

Crisis de consecuencias impredecibles en Grecia. Dos ministros y un viceministro del Gobierno conservador de Grecia han presentado este viernes su dimisión, después de que la Fiscalía Europea (EPPO) haya solicitado al Parlamento griego que les retire la inmunidad para facilitar la investigación por una supuesta malversación de subsidios comunitarios al sector agrícola.

Se trata del ministro de Agricultura, Kostas Tsiaras; el de Protección Civil y Crisis Climática, Yannis Vardinoyannis; y el viceministro de Sanidad, Dimitris Vartzopulos, investigados los tres por la EPPO por hechos acaecidos en 2021 cuando eran solo diputados.

También ha presentado su dimisión Kostas Skrekas, secretario general de Nueva Democracia (ND), el partido del primer ministro Kyriakos Mitsotakis. Skrekas es uno de los once diputados conservadores para los que la EPPO solicita al Parlamento levantar su inmunidad.

Desde el año pasado, las autoridades griegas han detenido a decenas de personas que obtuvieron de forma ilegal subsidios millonarios por parte de OPEKEPE, la agencia estatal encargada de distribuir los fondos agrícolas europeos, después de declarar propiedades de tierra o ganado inexistentes. La prensa griega indica que desde 2019 se podrían haber desembolsado entre 200 y 230 millones de euros de forma indebida. 

La oposición pide elecciones anticipadas

“Las dimisiones de ministros no son suficientes. La responsabilidad política de los escándalos, la corrupción y la podredumbre recae en el propio Mitsotakis. En estos casos, la solución la tienen las urnas y el pueblo”, señaló en un comunicado el partido izquierdista Syriza.

Nikus Andrulakis, presidente del mayor partido de oposición, el socialista Pasok, pidió también este jueves en el Parlamento convocar elecciones anticipadas debido al escándalo.

Antes de las dimisiones Mitsotakis había adelantado que este viernes anunciaría una reestructuración de su gabinete, por lo que ya se esperaba la salida del Gobierno de los ministros supuestamente implicado en el fraude.

El 1 de abril, el Fiscal Jefe Europeo solicitó al Parlamento griego la revocación de la inmunidad de 11 diputados en activo en el marco de una investigación sobre un presunto esquema de fraude organizado relacionado con fondos agrícolas. Cinco exdiputados también están siendo investigados. Paralelamente, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Atenas (Grecia) remitió al Parlamento helénico información sobre la presunta implicación de un exministro y del viceministro de Desarrollo Rural y Alimentación.

La EPPO mantiene varias investigaciones en curso sobre un presunto esquema de fraude organizado que involucra a funcionarios de la Agencia de Pago y Control para la Orientación y Garantía de Ayudas Comunitarias. Para que la fiscalía europea pueda continuar con la investigación y establecer los hechos, buscando tanto pruebas incriminatorias como exculpatorias, se solicitó la revocación de la inmunidad de los 11 diputados en activo.

La investigación se centra en presuntos delitos y faltas contra los intereses financieros de la UE, incluyendo instigación a la violación de la confianza, fraude informático y falsificación de declaraciones con el fin de obtener para otro un beneficio ilícito.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado declarar Proyecto de Singular Interés la planta de acero verde que Hydnum Steel proyecta en Puertollano, en la provincia de Ciudad Real, tal y como anunciase en septiembre de 2025.

Se trata de una decisión que, según la portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, permitirá que la comunidad autónoma entre “en la primera línea de la nueva industria europea”.

Se trata, añadía, de “un proyecto industrial estratégico para la región” que contará con una inversión de más de 1.521 millones de euros, “y con la previsión de generar más de 5.200 empleos”.

El impacto económico que se espera llegará a los 11.000 millones de euros, ha destacado la portavoz, quien ha justificado que declarar este proyecto de Singular Interés permite al Ejecutivo “actuar con agilidad y avanzar por la vía rápida de la inversión estratégica”, para que pueda instalarse cuanto antes.

“Lo hacemos, además, en un territorio que también se ha consolidado como un nodo importante industrial, como es Puertollano, en un ecosistema en el que ya cuenta con 50 empresas vinculadas al hidrógeno”, ha resaltado.

La decisión se toma después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico adjudicase hace unos días 500 megavatios (MW) de capacidad de acceso a la red eléctrica en el nudo de Brazatortas (Ciudad Real) al proyecto industrial de Hydnum Steel.

La planta de Hydnum Steel está diseñada para convertirse en un “referente” de la descarbonización industrial en el sur de Europa, según apuntaba entonces el subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño. Se alimentará de un combinado de energías renovables entre las que se incluye el hidrógeno verde.

Hace ahora justo un año, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, anunciaba que la futura acería verde recibiría una ayuda de 60 millones de euros procedentes del PERTE de descarbonización industrial. La planta de nueva generación nacerá ya descarbonizada y se lleva, según los datos de hace un año, dos tercios del presupuesto global de 90 millones de euros que se repartirán un total de cinco proyectos en toda España, con cargo a la línea cuatro de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE).

En Puertollano se encuentra el Centro Nacional de Hidrógeno, y se abre así la posibilidad de establecer alianzas con este polo de investigación.

El Ayuntamiento de Calahorra ha sacado a contratación la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de adaptación de la plaza de toros como espacio accesible y multiusos por un presupuesto de 2.808.360 euros. Lo que supone el tercer proyecto presentado para esta actuación. El último, el pasado septiembre, cuando se renunció a la cubierta y se presentó un proyecto por fases, siendo la primera de una cantidada notablemente inferior, 550.000 euros, porque la alcaldesa Mónica Arcéiz dijo no poder ahora “hipotecar el dinero de los calagurritanos”.

Apenas seis meses después, Arcéiz justificado esta licitación con los fondos europeos. “La ciudad va a recibir 3,7 millones de euros de fondos europeos FEDER y el pilar que sustenta esta inyección de dinero es la remodelación de la plaza de toros. Es decir, si no actuamos en ella y no la convertimos en espacio multiusos, no recibimos esta ayuda”, ha señalado en referencia al Plan de Acción Integrado (PAI) ‘Calahorra impulsa: donde el pasado inspira al fututo’, subvencionado con 3,7 millones de euros por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). “Para recibir este dinero es imprescindible ejecutar estas obras que acabamos de sacar a contratación. Se trata de la actuación mínima para cumplir con Europa. Y esto consiste en hacerla accesible y polivalente”, ha insistido.

También ha destacado que “los plazos son importantes porque si en marzo de 2027 tenemos ejecutado y pagado un 20% del PAI podemos optar a más fondos”.  Este proyecto transformará la plaza toros de Calahorra en un espacio accesible, moderno, seguro y multiusos, respetando su estructura original protegida. 

Los detalles del nuevo proyecto

Las principales actuaciones que se van a acometer son la adecuación del coso a la normativa vigente de evacuación, incendios y accesibilidad. Para ello, se van a rehabilitar las escaleras, crear un nuevo vomitorio para mejorar la evacuación y nuevas estructuras metálicas como pasarelas. 

Asimismo, se van a redistribuir los espacios para convertir la plaza de toros en espacio polivalente; hacer ajustes en el callejón, los burladeros, los corrales y el patio de caballos para cumplir con la evacuación y funcionalidad y mejorar el drenaje para los espectáculos no taurinos.

Para hacerla accesible se va a nivelar la planta baja, se van a reservar zonas para personas con movilidad reducida y se va a instalar un ascensor para acceder a la zona de palcos. El proyecto incluirá la renovación integral de las instalaciones eléctricas, de saneamiento y drenaje y de la iluminación exterior, interior y del ruedo y la instalación completa de protección contra incendios y señalización. También habrá nuevos aseos, nuevos asientos en gradas y palcos y se reparará la fachada, entre otros trabajos.

Con esta actuación el aforo máximo previsto de la plaza de toros de Calahorra será de 2.971 personas, distribuidas en el ruedo 968, sentadas 1.983 y 20 plazas para personas con movilidad reducida.

La primera fase del proyecto presentado en septiembre, prevista en 550.000, también iba dirigida a la accesibilidad y seguridad. Incluía la instalación de un ascensor y la construcción de una rampa y espacios adaptados para personas con movilidad reducida. También, el cambio de la barrera y burladeros, la remodelación de los corrales con nuevas barandillas y pasarela, la ampliación del callejón y un primer bloque de aseos.

Críticas de la oposición

Para el PSOE este nuevo proyecto significa que “el gobierno del Partido Popular siguen dando bandazos a cuenta de las obras de la plaza de toros”. “Ahora prevé que la actuación de esta fase de adaptación a la accesibilidad y seguridad ascenderán a 2.808.360 euros, cinco veces más caras (410 %) a los 550.000 euros anunciados en esa última comparecencia de Arceiz”, han resaltado.

Además, critican que “se tiran a la basura 252.201,51 euros de un proyecto que fue contratado en mayo de 2024, modificado en noviembre de ese año, partido en trozos en septiembre de 2025 y que jamás verá la luz”. Además, destacan que en este nuevo proyecto ya no se contemplan obras de cubrición de la plaza.

“Los anuncios, bandazos, continuas rectificaciones, modificaciones de presupuesto, de objetivos, ideas y relatos trasladados por la alcaldesa, tan solo demuestran su incompetencia y su incapacidad para gobernar Calahorra dejando al descubierto que el periodo 2023-2027 pasará como una legislatura perdida, en la que se desecharon o se paralizaron proyectos de futuro a cambio de vender nuestro mejor patrimonio y dilapidar el dinero público en proyectos inútiles”, ha denunciado el PSOE.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este jueves que el mayor riesgo que arrastra el mercado energético español es “la dependencia de los combustibles fósiles” porque “nos hace vulnerables”. “En España, tenemos energías renovables, tenemos sol y viento, y tenemos que impulsarlos porque es la forma más competitiva de producir energía y es la que ha demostrado que es un salto sustancial”, ha afirmado en una entrevista durante la segunda jornada del IV Foro Económico de elDiario.es tras ser preguntada sobre el debate del cierre de las centrales nucleares.

Aagesen ha asegurado que la seguridad del suministro está garantizada y que el Gobierno va a continuar adelante con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye el cierre de las nucleares. En una entrevista por videollamada desde Málaga con el redactor jefe de Economía, Serafí del Arco, la vicepresidenta tercera también ha defendido que este cierre cumple con una de las máximas del Ejecutivo: “El consumidor no va a ver incrementada su factura”.

En esta misma línea, Aagesen ha afirmado que la factura de los consumidores “está subiendo, está bajando, sobre todo si comparamos con nuestros socios europeos”. “Si miramos la factura de un consumidor, desde enero hasta ahora paga menos si lo comparamos con el año 2025. Se está pagando menos por la entrada de las energías renovables”, ha argumentado al tiempo que ha insistido en seguir apostando por reforzar la soberanía con “el sol y el viento”. 

Sobre todo en una coyuntura como la actual, marcada ahora mismo por la guerra de Irán que ha disparado los precios del gas y el petróleo. “Somos menos vulnerables cuando miramos la factura de la electricidad. Lo que hemos conseguido es que cuando las horas en las que el gas fije el precio, sea mucho menor. Esto marca una gran diferencia”, ha explicado Aagesen.

En este punto, la vicepresidenta ha puesto de relevancia la convalidación este jueves en el Congreso del plan anticrisis del Gobierno. “Es una combinación de lo urgente y lo importante. Es un plan integral de respuesta. Actúa donde sabemos que tenemos debilidad, que en la dependencia de los combustibles fósiles”, ha sostenido Aagesen que también ha adelantado que el Ejecutivo tiene que “seguir avanzando en electrificación y en renovables”, ya que es necesario que “el consumidor vea que es más barato recargar un vehículo eléctrico y no repostar”. 

No obstante, ha insistido en que el decreto para paliar las consecuencias de la guerra de Irán lo que hace es actuar en “la fiscalidad del gas y de la electricidad” para intentar “proteger a los más expuestos con un paquete asociado a la reducción fiscal de carburantes, gas y electricidad”. “Es fundamental dar esa señal a los consumidores”, ha defendido Aagensen que también ha apuntado que es muy importante actuar siempre para los “más vulnerables” con medidas como la prohibición de cortes o la ampliación del bono eléctrico y térmico. 

Sobre el apagón: “Fue algo inédito y con un origen multifactorial”

Durante la entrevista con elDiario.es, Aagesen también ha respondido sobre el apagón, a poco más de un mes de que se cumpla el primer aniversario. Tras la publicación la semana pasada de dos informes sobre lo sucedido el pasado 28 de abril, uno de los expertos europeos y otro de la CNMV, la vicepresidenta ha destacado que ambos están “alineados con las conclusiones del Gobierno”.

“Lo que ocurrió el 28 de abril fue algo inédito y con un origen multifactorial”, ha afirmado Aagesen que ha recordado que “la principal causa fue la sobretensión” y que en ese momento ya se contaba con “todos los mecanismos para que se hubiera evitado”. “No fue un problema de renovables ni de falta de nucleares. Fue una situación extraordinariamente complicada”, ha reconocido.

Era una de las mesas más esperadas de la primera jornada del VI Foro Económico de elDiario.es. Bajo el título ‘Industria 5.0: descarbonización y digitalización’, representantes del ámbito institucional, empresarial y académico abordaron los principales retos de un sector clave para el futuro económico de España. Un interesante debate en el que participaron Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria; Ruth Carrasco, adjunta a la dirección para Transformación Sostenible de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM; Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar; y Pere Navarro, presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, bajo la moderación de la periodista económica de elDiario.es Cristina Bolinches.

El punto de partida fue claro: la industria vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica. “Desde la experiencia de la covid hay una tendencia de péndulo”, arrancó García Brustenga, quien subrayó dos ideas clave: la necesidad de revisar la competitividad y la importancia de relocalizar determinadas capacidades productivas. “Si produces aquí tienes más autonomía estratégica”, resumió, en referencia a ejemplos recientes como las mascarillas o los chips. Para el secretario de Estado, la nueva industria “pasa necesariamente por la transformación digital y la transición energética”.

Desde el ámbito académico, Ruth Carrasco amplió el foco del debate. “Cuando hablamos de industria 5.0 tenemos que abrir el campo”, defendió. A su juicio, no basta con abordar la crisis climática: también hay que tener en cuenta la escasez de materias primas y la pérdida de biodiversidad. “Debemos pensar en resiliencia, sostenibilidad y en una redefinición del valor a largo plazo”, señaló, introduciendo una visión más sistémica de la reindustrialización.

Esa transformación ya está en marcha en sectores concretos. Almudena López del Pozo puso como ejemplo la industria naval española, que ha atravesado un profundo proceso de reconversión basado en la innovación tecnológica. “Nos hemos especializado en buques de alto valor añadido que cumplen los más altos estándares de sostenibilidad”, explicó. Una apuesta que, según subrayó, ha sido posible “gracias a la colaboración entre el sector público y el privado”, y que permite a España competir en Europa en segmentos estratégicos.

Producción vs especulación

En esa misma línea, Pere Navarro reivindicó el papel de la industria como motor económico frente a modelos más especulativos. “Es el momento de reivindicar la economía productiva”, afirmó. El presidente del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (“que ya no es consorcio ni zona franca, pero sí está en Barcelona”, bromeó), defendió la evolución de los polos industriales hacia espacios de innovación y colaboración, donde las empresas compartan conocimiento. “Vamos a convertir un polígono industrial en un distrito 4.0, integrado en la ciudad y en el territorio”, explicó, apuntando a un modelo que combine actividad económica con dimensión social y cultural.

El concepto de autonomía estratégica sobrevoló buena parte del debate. García Brustenga defendió una “autonomía estratégica abierta”, compatible con la globalización pero que permita responder en situaciones de crisis. “Tenemos que tener capacidad de producir rápidamente en caso de necesidad”, señaló. Una idea que conecta con “la experiencia reciente de la pandemia y con las tensiones geopolíticas actuales”. El mundo está cambiando, y la industria ha de hacerlo con él. 

Carrasco coincidió en ese punto, y apunto que la resiliencia ha ganado peso frente a la eficiencia como criterio dominante. “Desde la pandemia ya nadie pone en duda la importancia de la resiliencia”, apuntó. A su juicio, esto abre una oportunidad para rediseñar los procesos productivos, haciéndolos más flexibles y capaces de adaptarse a cambios en la demanda o en las cadenas de suministro.

En el ámbito naval, López del Pozo subrayó que esa autonomía estratégica también es una oportunidad para el sector. “Estamos especializados en segmentos clave para la seguridad energética”, explicó, en referencia al transporte marítimo de mercancías y pasajeros. “Los riesgos trascienden lo económico y afectan a la estabilidad de la sociedad”, añadió, defendiendo el papel de la industria naval en la transición energética.

Navarro fue más allá y situó el debate en un contexto global. Recordó cómo, durante la pandemia, productos esenciales cambiaban de destino en función de quién pagaba más, evidenciando la vulnerabilidad de las cadenas de suministro. “Nos hemos dado cuenta de que había que fabricar más, mejor y más cerca”, afirmó. En ese contexto, lanzó un mensaje optimista: “Estamos en pleno relanzamiento de la antigua tradición industrial española”.

Un futuro esperanzador

El impacto de esta transformación sobre el empleo fue otro de los ejes muy presentes en la mesa. Frente a la idea de que la automatización destruye puestos de trabajo, Navarro defendió que el efecto puede ser el contrario. “Los robots van a sustituir muchos empleos, pero para diseñarlos, fabricarlos y mantenerlos se necesita mucha gente”, explicó, ilustrándolo con la evolución de los equipos técnicos en la Fórmula 1. “He estado viendo fotos del Pit Stop de la Fórmula 1 desde el año 50 hasta ahora. Los coches de ahora están absolutamente robotizados. En el año 50 había cuatro mecánicos, y ahora hay más de 20. Es decir: los robots van a sustituir muchos puestos de trabajo, pero para diseñar, fabricar, mantener y calibrar un robot se necesita mucha gente”, reflexionó.

La descarbonización, la otra gran pata del debate, se planteó no solo como una obligación desde el punto de vista medioambiental, sino como una oportunidad económica. “Lo que vamos a consumir en los próximos 30 años va a ser verde, sí o sí”, vaticinó García Brustenga. “El que no vaya a lo verde no está en la nueva economía”, añadió, vinculando directamente la transición energética con la competitividad.

Carrasco insistió en la necesidad de ampliar la mirada también en este ámbito. “No pensemos solo en lo que emite un vehículo, sino en todo su ciclo de vida”, señaló, incluyendo la fabricación y el reciclaje. Una visión que extiende la descarbonización a sectores como el textil o el alimentario.

Desde la industria naval, López del Pozo coincidió en que el proceso es ya inevitable. “La descarbonización es una cuestión existencial en Europa”, afirmó, advirtiendo de la necesidad de reducir la dependencia energética de terceros países. Navarro, por su parte, introdujo el concepto de economía azul y destacó el papel de España en el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El debate dejó una conclusión compartida: la transformación industrial está en marcha y combina múltiples dimensiones: tecnológica, energética, social y geopolítica. La dirección parece clara, pero el reto ahora es ejecutar ese cambio sin perder competitividad y asegurando que sus beneficios se extienden a todo el tejido productivo.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido este miércoles que España debe aspirar a un “crecimiento sosegado” del turismo, después de haber alcanzado en 2025 un récord de 98 millones de visitantes. En su intervención en el IV Foro Económico de elDiario.es, ha argumentado que Gobierno y sector turístico deben hacer los “deberes” para que este incremento sea asumible, por ejemplo mediante la desconcentración geográfica o la redistribución de sus beneficios. 

El ministro Hereu ha planteado este modelo turístico para que España siga siendo líder en una entrevista en la que ha argumentado también que fortalecer la industrialización en España es una forma de europeísmo. Y ha anunciado que el lunes presentará un nuevo programa, INDEF, junto con las ministras de Defensa e Innovación, para impulsar la formación especializada de distintos perfiles profesionales. 

En materia turística, Hereu ha reconocido que la guerra de Irán puede notarse en el corto plazo en la redistribución de los flujos hacia España. “El turismo quiere convivencia y paz”, ha expresado, aunque ha asegurado que nadie busca beneficiarse de las consecuencias del conflicto en el Golfo Pérsico, y que lo que desea es la “normalización” del mundo.

Hereu ha descartado que el objetivo de España deba ser alcanzar los 100 millones de turistas al año en el futuro, y ha recurrido al concepto de “crecimiento sosegado” de las visitas para esgrimir que este “es el que uno digiere bien desde el punto de vista social y ambiental”. “El turismo sostenible ambientalmente es garantía de poder mantener el liderazgo”, ha alegado.

De esta forma, ha insistido en que el sector no debe perseguir las aglomeraciones y sí la desestacionalización –fuera de las temporadas altas– y la desconcentración en el territorio. “Que el mundo descubra las dos castillas, Extremadura, pero también el interior de la Comunitat Valenciana, de Andalucía o de Catalunya; hay muchas nuevas geografías donde redistribuir”, ha proclamado. 

“Puro europeísmo en vena”

En un VI Foro Económico de ElDiario.es enfocado al papel de España en la estrategia europea, Hereu ha querido resaltar que el Gobierno trabaja para ser punta de lanza de la reindustrialización en el continente. Una apuesta fundamental, ha destacado, después de décadas de pérdida de “capacidad de manufacturera y de economía productiva”. 

“En un mundo más amigable, era indiferente donde producir, pero la globalización se ha matizado con la irrupción de la nueva geopolítica, y ahora tenemos que ver conde podemos producir en áreas confiables”, ha expresado. Hereu ha defendido la “economía abierta”, pero con “autonomía estratégica” y con “cadenas de valor” en los que uno pueda dominar. 

En este sentido, el ministro ha asegurado que España va a más en reindustrialización. Y que tiene elementos para convertirse “en un gran hub industrial” del continente. Entre ellos, ha señalado, la cultura del pacto y el diálogo social, o la apuesta por las energías renovables, que ofrecen “competitividad económica” y “soberanía energética”.

Entre los sectores al alza, Hereu ha reconocido la oportunidad de invertir en Defensa, aunque ha querido encuadrarlo en satisfacer los compromisos con la Unión Europea y la OTAN. “La preocupación por la seguridad históricamente ha traccionado la innovación”, ha defendido, antes de adelantar la presentación del nuevo programa de formación, INDEF, que se dará a conocer el próximo lunes. 

Con todo, el ministro ha asegurado mantener desde el ministerio una buena relación publicoprivada con otros sectores, como el de la farmacia, el agroalimentario o el naval. O el de la automoción, para el que presentó recientemente las ayudas de 100 millones, ampliables a otros 100, del PERTE 5 para baterías. En total, más de 2.000 millones en estas subvenciones europeas. “Cada euro que ponemos de los fondos europeos en una empresa es una semilla de transformación digital y transición energética”.

La primera mesa de debate del IV Foro Económico elDiario.es, moderada por el periodista Álvaro Celorio, comenzó poniendo sobre la mesa el fondo España Crece, diseñado para movilizar hasta 120.000 millones de euros en inversión productiva, una herramienta de continuidad para los fondos europeos en un contexto de gran inestabilidad internacional.

Manuel Illueca, presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), abrió el turno de intervenciones subrayando la trayectoria de la institución en momentos críticos, como la pandemia o la reciente dana en València: “Hemos estado respaldando a la economía española, a las empresas españolas”. “El ICO hará su trabajo, como siempre lo ha hecho”, aseguró.

Por su parte, Judit Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano y Fedea, destacó que el fondo llega para combatir la retracción del capital en tiempos de crisis. “Este Fondo España crece precisamente va a dar esa certidumbre, esa continuidad”, destacó Arnal, asegurando que “este capital público va a permitir movilizar más capital privado y potenciar la inversión, que es tan importante para que la economía española desarrolle un potencial de crecimiento también en el medio plazo”.

Antonio González, responsable de Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia, recordó el impacto positivo de los fondos Next Generation en la industria, señalando que “cualquier plan estructurado hacia futuro nos va a hacer mucho más sólidos en la medida en que fijemos bien las prioridades”.

El último en intervenir, Jorge Sicilia, director de BBVA Research y economista jefe de Grupo BBVA, advirtió en la misma línea, que la inversión en España ha estado rezagada y que “el papel de garantía que puede proporcionar el ICO es positivo” para que este proceso no se detenga.

Ya adentrados en el debate, Manuel Illueca detalló la estructura técnica del fondo, que supone una inyección de 10.500 millones de euros en el capital del ICO, elevando su capacidad total a 16.700 millones para situarlo al nivel de otros bancos homónimos europeos, como el KFW alemán o el National Wealth Fund británico.

Bajo este nuevo músculo financiero, Illueca definió los cuatro ejes estratégicos fundamentales: el impulso a proyectos tecnológicos y de defensa, el apoyo a la competitividad de las PYMES, la inversión en sostenibilidad y, de manera muy destacada, la vivienda asequible.

Sobre la naturaleza del fondo, Judit Arnal aportó un matiz necesario al sugerir que, más allá de la etiqueta de “soberano”, estamos ante un fondo eminentemente estratégico: “Creo que es fundamental que se fijen una serie de objetivos estratégicos, pero que luego las decisiones diarias de inversión se tomen de manera independiente y con arreglo a criterios económicos”. Arnal insistió también en la “adicionalidad”, es decir, que el sector público debe llegar allí donde el capital privado, por aversión al riesgo o falta de garantías reales, no se atreve a entrar.

Al abordar sectores específicos, Antonio González puso el foco en la industria del automóvil y la difícil transición hacia el vehículo eléctrico. González alertó sobre el dominio de China, que aventaja a Europa en veinte años en la cadena de valor de las baterías y el enorme reto que supone su competencia. “Si queremos tener coches eléctricos, tenemos que aprender de ellos”, defendió.

“La gangrena ya ha empezado, se trata de pararla y realmente volverla para atrás”, sentenció González sobre la pérdida de competitividad. Según su análisis, producir un coche eléctrico en Europa es hoy un 30% más caro que en el gigante asiático, un gap que solo se puede cerrar con innovación y dirigiendo recursos a las partes de la cadena que hoy no controlamos. Para el directivo, el Fondo España Crece debe servir para “anclar al territorio” una industria que necesita decisiones rápidas y recursos orientados a la autonomía estratégica.

El problema de la vivienda

El debate alcanzó su punto más intenso al tratar el problema de la vivienda. Jorge Sicilia cuantificó un déficit que podría alcanzar las 800.000 viviendas en los próximos dos años y advirtió sobre los cuellos de botella: “Cabe esperar que se van a encarecer los materiales”. Además de señalar la escasez de suelo, la falta de mano de obra, entre otros factores. “El problema del sector de la vivienda en España es mucho más amplio”, valoró Sicilia, “en general, hay un conjunto de elementos que no puede solucionar el ICO, pero en la parte que le toca ayudar, yo creo que sí puede tener impacto”, resumió.

Manuel Illueca calificó la situación de la vivienda como un “drama social” y una prioridad de política económica. Su diagnóstico fue claro: España necesita desarrollar una industria de “construcción para alquilar”, que actualmente es inexistente. “¿Cuándo el español ha tenido realmente una industria de alquiler digna de ese nombre?”, se preguntó. Para Illueca, la clave está en la rentabilidad: “Solo hay una respuesta aquí, que es que ese capital encuentre la rentabilidad adecuada para entrar aquí... del orden del 8%”. Como presidente del ICO explicó que la intervención será para proporcionar “deuda cómoda” para atraer al capital privado.

El debate también puso el foco en las barreras internas que lastran la economía nacional. Judit Arnal recordó que el Fondo España Crece puede resolver “fallos de mercado”, pero no “fallos institucionales” como la fragmentación regulatoria entre comunidades autónomas. En este sentido, defendió la implementación de un “Régimen 20” que armonice licencias y permisos para que los proyectos financiados puedan ganar la escala necesaria.

Finalmente, Jorge Sicilia cerró el encuentro con una reflexión sobre el apetito inversor. “Apetito hay. Estamos creciendo por encima del 2%, los tipos de interés son bajos y yo creo que ya nadie tiene que tener muchas expectativas de que van a ser más bajos”, afirmó. Sin embargo, explicó que ese apetito no se ve trasladado a más inversión. “Ahora mismo más o menos tenemos un exceso de de ahorro sobre inversión en España de casi 50.000 millones, que es un 3% del PIB”, explicó Sicilia, reclamando mayor certidumbre regulatoria para que el capital se quede en casa.

Illueca no quiso finalizar el encuentro sin lanzar un mensaje a Bruselas, instando a que la Comisión Europea facilite que las entidades públicas puedan asumir más riesgos para responder a las necesidades urgentes del continente: “Si queremos que las herramientas de Estado asuman cada vez más riesgo, también hace falta que la Comisión entienda que lo tenemos que poder hacer”.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Rosa Melchor, ha anunciado la decisión del equipo de Gobierno municipal de elevar a la vía judicial la exclusión de los fondos europeos EDIL (Estrategias de Desarrollo Integrado Local). Se trata de una herramienta de financiación europea, dotada con más de 1.700 millones de euros, destinada a impulsar proyectos sostenibles, digitales e inclusivos en municipios y zonas rurales.

El pleno de la Corporación aprobará hoy mismo la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución definitiva del Ministerio de Hacienda que dejó fuera a la ciudad de las ayudas de las Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL), financiadas con fondos europeos.

Melchor ha calificado la resolución de “profundamente injusta”, explicando que el proyecto presentado por Alcázar de San Juan obtuvo una calificación de 59,75 puntos, una cifra que se sitúa “muy por encima” de los 50 puntos exigidos en las bases para acceder a la financiación.

Sin embargo, la comisión de selección ha situado a la ciudad en una situación de reserva, una figura que, según denuncian los servicios jurídicos municipales y externos, no está contemplada en la convocatoria.

En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento ha cumplido “el cien por cien” de los requisitos técnicos, económicos y de plazos: “Las bases son claras: todos los proyectos con más de 50 puntos tienen derecho a subvención. En caso de que el presupuesto total sea insuficiente, la normativa contempla el prorrateo entre los beneficiarios, no la exclusión total de municipios que han superado el corte”, ha argumentado.

Desde el Consistorio no se entiende la metodología aplicada por el Ministerio, que ha otorgado el cien por cien de la ayuda a municipios “con apenas unas décimas más de puntuación que Alcázar”, mientras que a este último se le ha asignado un cero. “Se han sacado de la manga un criterio nuevo que nos deja en una indefensión absoluta. Una reserva que legalmente no significa nada”, ha añadido.

La alcaldesa ha hecho especial hincapié en que Alcázar de San Juan partía con la “garantía” de haber ejecutado el 88 por ciento de los anteriores fondos Edusi, “uno de los porcentajes más altos de todo el país”. En esta misma línea, Melchor ha advertido del riesgo que supone que estos fondos “se concedan a municipios sin experiencia previa o solvencia técnica”.

“Es muy probable que, si el dinero no se reparte entre quienes somos capaces de ejecutarlo, haya que devolverlo a Europa. Sería lamentabilísimo que Alcázar se quede sin recursos para proyectos maduros y necesarios mientras ese dinero se pierde por una mala gestión de la comisión selectiva”, ha sostenido.

Pese a la negativa de la ayuda europea, la alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con “recursos propios y solvencia económica”, lo que ha permitido que proyectos incluidos en el plan, como la avenida del Deporte o la reforma del Cine Crisfel, ya estén en marcha. Otros, como un parque infantil de seguridad vial en el entorno del Pabellón Picasso o mejoras de eficiencia energética, quedan a la espera de la resolución judicial.

“Estamos acostumbrados a ser David contra Goliat. Le ganamos a Goliat con la remunicipalización de Aguas de Alcázar y con las reclamaciones de las termosolares. En esta ocasión, Alcázar vuelve a no conformarse y defenderá los intereses de sus vecinos hasta las últimas consecuencias”, ha concluido Rosa Melchor.

Tres contratos adjudicados a Madrid Network entre 2020 y 2024 por la Consejería de Sanidad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han vuelto a poner sobre la mesa el enigmático blindaje que desde hace 15 años protege a la asociación fundada por iniciativa de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y cuyos constantes impagos del macropréstamo público que recibió en 2011 ya han provocado un agujero de más de 70 millones en las cuentas regionales.

A la pregunta de si la Consejería de Sanidad considera ajustada a la ley la adjudicación de esos contratos relacionados con proyectos financiados por la UE a una asociación que desde 2018 no ha devuelto ni un euro a la Comunidad de Madrid, fuentes autorizadas respondieron lo siguiente: “No existe [señala también la respuesta] ninguna relación con préstamos o financiaciones de dicha entidad [Madrid Network]; la vinculación se limita exclusivamente a la contratación puntual de sus servicios como expertos en gestión de proyectos europeos”. “Estos contratos”, agrega la respuesta, “se realizaron conforme a la normativa de contratación del sector público mediante la figura del contrato menor, al tratarse de necesidades técnicas específicas y por un importe dentro de la legalidad”.

El Gobierno de Ignacio González puso en manos de Madrid Network en 2015 el reparto de 10,5 millones en subvenciones cofinanciadas por la UE pese a que la Comunidad tenía ya datos de que buena parte de los 80 millones del préstamo traspasados en 2011 iba cayendo en picado. En febrero de 2017 —mandato de la expresidenta Cristina Cifuentes—, la Comunidad firmó la extinción anticipada de aquellos dos convenios. Lo anuló de forma anticipada para “agilizar y acortar los plazos restantes de tramitación” de aquellos fondos.

Impagos recurrentes en perjuicio de la Comunidad

Más allá del aspecto jurídico así como de la contradicción que entraña dar adjudicaciones públicas a una entidad morosa aun tratándose de cuantías pequeñas —las tres adjudicaciones suman 34.912 euros—, el episodio desvela otra paradoja: porque los tres contratos, de los conceptuados como “menores”, tienen por objeto el asesoramiento a las fundaciones de tres hospitales públicos (12 de Octubre, Infanta Leonor y Sureste) en gestión económico-financiera. Y resulta que la encargada de prestar tal apoyo es la asociación que repartió 47 préstamos entre empresas “asociadas” de las que solo 19 han cumplido o están cumpliendo los plazos de amortización.

Los tres contratos comparten la condición de menores —aquellos cuya cuantía no supera los 15.000 euros si se trata de servicios y suministros— pero, sobre todo, comparten una circunstancia que alimenta los interrogantes sobre la relación del Gobierno madrileño con Madrid Network. Y esa circunstancia común se resume en lo que sigue: que se le otorgaron esos contratos cuando, lejos de ser un factor coyuntural, los impagos de las cuotas anuales de devolución del préstamo multimillonario ya se habían convertido en el patrón seguido por una entidad que en sus primeros años tuvo como presidente al consejero de Hacienda de Madrid, pagó por asesoramiento 1,8 millones a Equipo Económico —la mercantil del exministro Cristóbal Montoro— y para cuyo departamento de prensa trabajó Isabel Díaz Ayuso antes de desembarcar en el Parlamento regional en 2011.

Pese a la recurrencia de los impagos del préstamo de 2011, las fundaciones de investigación de los tres hospitales públicos antes citados eligieron a Madrid Network. Actuaron así porque —se lee en la respuesta de la Consejería de Sanidad— “tras realizar una prospección de mercado y valorar tres ofertas de diferentes empresas, se optó por Madrid Network por considerar que su propuesta se ajustaba mejor a las necesidades técnicas y económicas del servicio”. Y ese servicio “consistió en apoyo administrativo, económico-financiero y de gestión para la correcta ejecución y justificación de proyectos europeos” en los que participan la fundación vinculada a los hospitales Infanta Leonor y el del Sureste así como la del 12 de Octubre. Esas dos fundaciones —aduce el Ejecutivo madrileño— no disponen “de medios propios”. Ninguna de ellas mantiene “relación continuada” con Madrid Network. En el caso del contrato del 12 de Octubre, fechado en 2020, año de la pandemia, la adjudicación “obedece a circunstancias excepcionales, siendo la única colaboración” con Madrid Network.

Una entidad que nunca publica sus cuentas

Oficialmente, Madrid Network es en efecto una entidad privada cuyas cuentas nunca han sido de acceso general —ni parlamentario— porque solo las asociaciones de “utilidad pública” están obligadas a depositarlas en el registro. Y Madrid Network nunca ha adquirido ese rango pese a que, en mayo de 2011 y para su reparto entre terceros dedicados al amplio campo de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), la Comunidad de Madrid le transfirió 80 millones aportados por el Ministerio de Ciencia y que necesariamente había que devolver al Gobierno central.

Dado que Madrid Network es un pagador moroso a gran escala, han salido del presupuesto público regional las cuotas de devolución al Ministerio de Ciencia. Es decir, al departamento que bajo el Gobierno de Zapatero asignó a la Comunidad de Madrid aquellos 80 millones que acabaron en manos de Madrid Network. Según fuentes del Ministerio de Ciencia, a fecha de 12 de febrero el Gobierno madrileño ya había desembolsado 85.381.122 euros, de los cuales 74.708.223 corresponden al principal del préstamo, y 10.748.624 a intereses. La última cuota se girará a final de 2026 con vencimiento en febrero de 2027. Su importe será menor que los ya cargados: 865.355 euros.

Los documentos oficiales remitidos por el Ejecutivo autonómico en respuesta a una pregunta del diputado socialista Daniel Rubio señalan que Madrid Network distribuyó 46 préstamos entre terceros y se reservó para sí misma uno de 2,58 millones sobre el que la tabla no facilita ningún dato. De esos 47 proyectos beneficiados con créditos a bajísimo interés (1,232%), más de la mitad —27— han acabado en los tribunales porque las prestatarias no han devuelto el dinero. En algunos casos, no han desembolsado ni un euro.

Entre las empresas beneficiadas figuran dos de Ildefonso de Miguel, que fue la mano derecha del sucesor de Aguirre al frente de la Comunidad, Ignacio González; y una asociación encabezada por Manuel Lamela, quien como consejero de Sanidad en la etapa de Aguirre lanzó una persecución inquisitorial contra los médicos del hospital Severo Ochoa, a los que acusó de matar a pacientes mediante “sedación irregular”.

De los 80 millones concedidos en 2011 por el Gobierno de Aguirre, Madrid Network solo ha devuelto 10,9 a través de dos cuotas de devolución, una abonada en 2016 y la segunda, en 2017. Y así consta en las memorias anuales que, pese a la escasa información en ellas ofrecida —esos documentos no equivalen a lo que conocemos como cuentas—, mantuvo ocultas el equipo de Ayuso hasta que el Supremo le obligó el pasado mes de octubre a difundirlas.

“Objetivos cumplidos”

Pese a que desde 2018 Madrid Network no ha devuelto ninguna cantidad al Gobierno madrileño y pese a que es la asociación la que ha llevado a los tribunales al Ejecutivo para cuestionar el calendario de amortización y bloquear así el preceptivo pago de las cuotas, la Comunidad no se ha planteado en ningún momento anular el convenio por el que en 2011 le transfirió 80 millones. De hecho, y cuando la Cámara de Cuentas de Madrid ya llevaba tres años avisando del creciente agujero provocado por los impagos, la Consejería de Educación volvió a subvencionar a Madrid Network: le dio 106.974 euros en 2023 y 229.877 al año siguiente. Hace un mes, portavoces de la Comunidad sugirieron, sin dar detalles, que se ha interpuesto una demanda judicial contra Madrid Network. De tal demanda no hay, de momento, ningún rastro.

La conexión oficial entre el Gobierno de Madrid y Madrid Network se mantuvo hasta que en septiembre de 2025 la Comunidad se desvinculó de la asociación a través de un escrito firmado por el entonces consejero de Educación, Emilio Viciana. Destituido por Ayuso en febrero, Educación tiene ahora como consejera a Mercedes Zarzalejo. Hace una semana, y ante la pregunta de la diputada de Más Madrid Marta Lozano sobre qué motivos habían conducido a la Comunidad a darse de baja como socia de Madrid Network, Zarzalejo dijo lo siguiente: “Muy sencillo. Hemos decidido darnos de baja en esta asociación porque hemos cumplido los objetivos que motivaron incluirnos en ella”. La bancada parlamentaria del PP celebró con risas la respuesta. Y la consejera sonrió.

El Gobierno ha solicitado oficialmente este martes a la Comisión Europea el sexto desembolso de los fondos del Plan de Recuperación (PRTR), el penúltimo pago antes de que termine el programa en agosto de este año, por valor de 7.256 millones, tras cumplir con algunas de las reformas comprometidas con Bruselas como la Ley de Movilidad Sostenible o la creación de la empresa pública de vivienda Casa47.

Según ha detallado el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado, 6.205 millones de euros proceden de la pata de transferencias del Plan de Recuperación, mientras que 1.051 millones corresponden a la parte de los préstamos. El desembolso lleva adjuntando el cumplimiento de 78 hitos y objetivos (69 de las ayudas no reembolsables y 9 de los créditos), que ahora la Comisión Europea tendrá que evaluar para transferir los fondos al Tesoro español.

En total, si el Ejecutivo comunitario da por cumplidos los objetivos, España habrá recibido más de 60.500 millones de la parte de transferencias -que son a fondo perdido- y 17.280 millones de los préstamos, vinculados a la conclusión de 343 hitos y objetivos, el 70% de los previstos en el PRTR. Esto, dice Hacienda, coloca al país como el más avanzado del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que desplegó la Comisión Europea para gestionar los fondos Next Generation EU.

Entre las reformas que ha adjuntado el Gobierno a la Comisión, se encuentra la Ley de Movilidad Sostenible, la creación de la empresa pública de vivienda que incluyeron en la última Adenda al Plan o la implementación de medidas para mejorar la estabilidady las condiciones del personal sanitario.

España tratará de salvar en esta evaluación uno de los compromisos que Bruselas dio por incumplidos: la reforma fiscal. Si bien el Ejecutivo aprobó a finales de 2024 un paquete tributario que costó al Gobierno sangre, sudor y lágrimas para unir a todos los socios de investidura, se quedó fuera la equiparación del diésel y la gasolina, una exigencia de la Comisión.

Hacienda ha incorporado “nuevas evidencias” sobre la ejecución de este hito y también ha remitido los datos de recaudación real del año pasado, con los que se “supera ampliamente el objetivo de incrementar los ingresos fiscales en un 0,3% del producto interior bruto (PIB)” lo que, a juicio del Gobierno, da por “acreditado el cumplimiento de los objetivos cuantitativos” del Plan.

Además de este, el Ejecutivo ha reclamado que se abonen los fondos correspondientes al hito 167, relativo a la digitalización de entidades regionales y locales.

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha informado este miércoles que el Consistorio se ha acogido “por prudencia y por responsabilidad” a la ampliación del período inicialmente previsto para la justificación de los fondos europeos en la obra de la antigua estación de autobuses.

“En la última visita que hicimos físicamente para comprobar el estado de las obras, ya les comentamos que la obra iba en plazo y que el Ministerio sí que se estaba planteando ampliar el plazo en cuanto a la justificación de los fondos europeos”, ha explicado. Ahora, ha dicho, tienen la “confirmación” de que el Ministerio, en una nota informativa, ha remitido a este Ayuntamiento esa decisión de ampliar ese plazo hasta el 30 de junio del año 2026“.

“Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es acogernos a esa ampliación que el Ministerio ha facilitado”, ha añadido Sanz, quien ha subrayado, en todo caso, que “desde luego la obra de la estación de autobuses va en plazo”.

En este sentido, ha asegurado que la obra estará finalizada “en marzo”, aunque ha dicho acogerse a la solicitud confirmado por el Ministerio “por una cuestión de prudencia y de responsabilidad”, de modo que “entre hoy y mañana se aprobará esa resolución”, ha señalado.

Un proyecto de enoturismo, que desarrollará el Ayuntamiento de Logroño bajo el nombre 'Enoturismo. El vino y las grandes rutas', buscará ofrecer a los visitantes una experiencia personalizada, contando para ello con tres herramientas fundamentales: una pulsera inteligente física y una tarjeta turística y un cuaderno del viajero virtuales.

Para ello, como ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno municipal Celia Sanz, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la licitación del contrato “para desarrollar e impulsar esta experiencia enoturística”. Una iniciativa para la que el Ayuntamiento de Logroño el cuenta con financiación europea a través de los fondos Next Generation, que cubrirán el importe total de la iniciativa, que ascienda en principio a un importe de 2,83 millones de euros que se dividirán en diferentes lotes.

El eje vertebrador del proyecto son las grandes rutas enoturísticas que acoge la ciudad, con baluartes como el Centro de la Cultura del Vino, diferentes lagares y ocho bodegas, entre otros espacios; así como el Camino de Santiago, a lo largo del tramo que discurre por el municipio; y el Camino de la Lengua Castellana, itinerario turístico y cultural consolidado.

Para ello, se desarrollarán módulos informáticos y de gestión de indicadores, datos e información sobre cada ruta para ajustar las políticas turísticas y mejorar la oferta que se ofrezca en este ámbito.

Para ofrecer al viajero una experiencia óptima y adaptada a sus necesidades, también se crearán herramientas innovadoras como una pulsera inteligente (física), ligada al acceso del turista a espacios públicos o privados.

A ello se sumarán una tarjeta turística virtual de registro voluntario y personal que permitirá ver la trazabilidad del visitante en su ruta; y un cuaderno del viajero, también virtual, que se convertirá en un repositorio online en el que cualquier turista podrá plasmar su experiencia previa, durante al viaje y posterior.

Estas tres herramientas se convertirán en grandes canalizadores de sinergias en torno a las grandes rutas que confluyen en Logroño, como son el enoturismo, el turismo idiomático y el peregrinaje a Santiago de Compostela.

El Servicio Riojano de Salud ha iniciado la digitalización completa e integral del Servicio de Anatomía Patológica por un importe de 1,3 millones de euros, financiados mediante los fondos europeos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este proyecto se enmarca en la Estrategia Digital para la Modernización del sistema sanitario de La Rioja que impulsa la Dirección de Sistemas, Tecnologías e Innovación para la Salud del SERIS. 

El nuevo sistema permitirá digitalizar todas las preparaciones histológicas y citológicas mediante escáneres de alta resolución, y la implantación de plataformas informáticas para la visualización, gestión y archivo seguro de las imágenes digitales. El nuevo entorno facilitará la trazabilidad de las muestras, optimizará los circuitos diagnósticos y favorecerá la comunicación y la colaboración entre los especialistas, con independencia del centro en el que esté desarrollando su labor. 

Desde el punto de vista asistencial, contribuirá a mejorar los procesos diagnósticos apoyando la toma de decisiones clínicas. La integración de la patología digital en la Historia Clínica Electrónica posibilitará que los informe anatomopatológicos estén disponibles directamente dentro del proceso asistencial, mejorando la continuidad de la atención y evitando la fragmentación de la información diagnóstica. 

Además, la disponibilidad estructurada y sistemática de imágenes digitales de alta calidad permitirá la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial en Anatomía Patológica, orientada al apoyo al diagnóstico, la detección automatizada de patrones y la mejora de la eficiencia diagnóstica, siempre bajo la supervisión del especialista

Actualmente, el Servicio de Anatomía Patológica, con actividad en los laboratorios del Hospital Universitario San Pedro y Hospital Universitario de Calahorra, desarrolla su labor mediante procedimientos tradicionales basados en circuitos analógicos, manejo físico de preparaciones histológicas y citológicas y el uso del microscopio óptico convencional. La implantación de la patología digital supondrá no solo una inversión tecnológica sino un cambio estructural en el modelo de trabajo, alineando a ambos hospitales y al conjunto del SERIS en los estándares más avanzados de la medicina diagnóstica. Así, supondrá un gran avance en el trabajo coordinado entre los patólogos de los distintos hospitales, al facilitar un acceso unificado y simultáneo a los casos en una única herramienta, alcanzando los máximos niveles de calidad, seguridad y eficiencia.

Impacto positivo para los profesionales

La digitalización integral del servicio de Anatomía Patológica tendrá un impacto significativo en la actividad diaria de los profesionales, facilitando el acceso a los casos, reduciendo la dependencia del soporte físico, impulsando la docencia y la formación y favoreciendo la celebración de sesiones clínicas multidisciplinares. A su vez, facilitará el desarrollo de actividades de investigación y el trabajo en red con otros centros, permitiendo la consulta de casos con patólogos de referencia, tanto a nivel nacional como internacional. 

Además, los especialistas verán mejorados sus puestos de trabajo, con monitores de alta resolución y dispositivos específicos de navegación adaptados a los requerimientos de la patología digital, contribuyendo a mejorar la ergonomía, la eficiencia diagnóstica y la calidad de la labor diaria en un entorno completamente digital y conectado.

La implementación de este proyecto se relaciona estrechamente con la reciente incorporación al Servicio Riojano de Salud del nuevo perfil de ingeniería biomédica, que ha reforzado las capacidades técnicas del servicio, respaldando la Estrategia Digital en salud y destacando el papel de la ingeniería como motor de innovación en el ámbito asistencial. 

Ya lo adelantó el concejal de Urbanismo de Toledo, Florentino Delgado, de Vox. Toledo es muy “pétreo”, es decir, que hay mucha piedra. Lo que quizás no tuvo en cuenta es que es una 'piedra' Patrimonio de la Humanidad y por eso algunos de los proyectos que el partido de ultraderecha, que gobierna con el PP en la capital castellanomanchega, está ideando, no están contando con una respuesta vecinal de gran apoyo. Ahora se ha conocido una nueva idea para incorporar al catálogo de cambios en el skyline de la ciudad

A la idea de una gran noria panorámica en Vega Baja, en una zona donde todavía queda por desentrañar, valorizar y asentar vestigios visigodos y romanos de gran valor; o a sumar una nueva tirolina (ya hay una sobre el río Tajo en el Puente de San Martín), PP y Vox proponen ahora un nuevo megaproyecto en la zona conocida por los toledanos como 'el Valle'. Una suerte de 'Montmartre' por sus vistas a la ciudad y su plaza central. O también un 'Montjuic' en altura por sus fuentes de chorros.

La zona del Valle es muy apreciada entre la ciudadanía toledana que también frecuentan los turistas. Es un entorno natural, con un mirador panorámico de todo el conjunto monumental de Toledo, ubicado en las alturas de la ciudad, al sur del Casco Histórico y sobre el río Tajo. Allí, el Ayuntamiento quiere ejecutar una zona de esparcimiento para la conexión de la movilidad entre las dos riberas. Es mayoritariamente suelo de titularidad municipal.

La ejecución está actualmente en licitación y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de marzo. La inversión total es de más de 500.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución previsto de cinco meses. Abarca una superficie de 6.000 metros cuadrados.

La actuación pretende “mejorar” de forma integral la conexión entre la ribera y zonas de alto valor turístico, como el Mirador del Valle. Por ello, el equipo de Gobierno local de PP y Vox la ha incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística de Toledo, que cuenta con la financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. La actuación se enmarca en el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Toledo.

El estudio de arquitectura que ha elaborado el diseño del proyecto, Cachivache Atelier S.L., lo ha denominado ‘Conexión Valle-Polvorines' por las dos áreas que conecta. En su documento de presentación, al que ha tenido acceso este medio, se detalla que el ámbito de actuación se localiza en la margen opuesta del río Tajo, en el sector comprendido entre el Hospital del Valle, el Parador Nacional y la carretera TO-3100.

En el proyecto se detalla que este espacio natural tiene caminos peatonales “espontáneos y discontinuos”, zonas de matorral y laderas, y habla de “itinerarios inseguros y sin tratamiento urbano”, con “accesibilidad limitada, sin señalización ni alumbrado, y con elementos intrusivos como biondas metálicas”. Existen, precisa, una serie de caminos sin “domesticar” entre el Mirador y un área de ensanchamiento próxima.

Así, el futuro proyecto parte de la “característica intrínseca” del Valle como zona natural que dice respetar “en todo momento”. Para ello se proponen actuaciones en diferentes planos. En un primer estrato, la recuperación de los caminos existentes naturales, realizando una limpieza de los mismos y solucionando “los problemas que se encuentran en ellos con las escorrentías”.

Balizas solares, accesibilidad o aseo autolimpiable

Por ejemplo, contempla mejorar la accesibilidad adecuando puntos muy concretos por sistemas de escaleras. Incluye asimismo balizas solares en todo su recorrido y mobiliario urbano acorde a su uso, como papeleras y fuentes de agua potable.

Por otro lado, pretende mejorar la accesibilidad del aparcamiento superior, situado frente al Hospital del Valle, agrandando su tamaño y mejorando su acceso, actualmente “en pésimas condiciones”. Con ello, busca fomentar el aparcamiento “disuasorio” y la circulación peatonal por el recorrido del proyecto. Y además, dota a este camino de llegada al Parador de iluminación mediante balizas solares y papeleras en el aparcamiento, actualmente inexistentes.

Otra zona de actuación que detalla la empresa son los merenderos del Mirador del Valle, donde se proyecta un aseo público “autolimpiable”, además de una fuente de agua potable, y un nuevo acceso a los recorridos peatonales naturales. En la ronda del valle, así como en los tramos de asfalto que cruza el proyecto se proponen actuaciones de pinturas en el asfalto, invadiendo estos espacios por el peatón e “invirtiendo la jerarquización de usos de las carreteras”.

Además, se proponen diferentes “hitos” diseñados en las zonas naturales de los caminos peatonales. Se trataría de zonas de estancia para disfrutar de un entorno natural, como ocio sostenible y saludable, pero el proyecto principal es una plaza, situada a mitad de proyecto, con “unas magníficas vistas a la ciudad”.

En el documento, la empresa aduce que se ha trabajado como punto de partida con asociaciones como la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA) y sus cartografías de flora, para respetar la vegetación existente. Pone como ejemplo que en la zona de Polvorines - donde irá por cierto la futura Ciudad del Cine- se adecúa la entrada al parque.

Más adelante, el texto detalla las directrices para el uso, conservación y mantenimiento de los itinerarios peatonales y ciclistas, zonas de estancia, mobiliario urbano y alumbrado exterior del proyecto ‘Conexión Valle-Polvorines’. El objetivo, indica, es garantizar la “durabilidad, seguridad y sostenibilidad de la infraestructura” durante su vida útil.

Aquí precisa que habrá itinerarios peatonales y ciclistas, donde se prohibirá la circulación de vehículos motorizados y se evitarán prácticas que puedan deteriorar pavimentos o generar erosión, y que las zonas de “contemplación” deben utilizarse para esparcimiento, evitando daño a pavimentos o vegetación.

La empresa diseñadora no prevé afección al medio ambiente

Y, ¿cómo se gestionarán los residuos? La empresa encargada del diseño explica que la separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.

No obstante, no prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni eliminación debido “a la escasa cantidad de residuos generados”. En general, los que se generarán “de forma esporádica y espaciada en el tiempo”, salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual.

Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que “en ningún caso puedan enviarse a vertederos”, sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del constructor. Tampoco está previsto que se generen residuos peligrosos “por lo que no es necesario” disponer de un contenedor específico.

En definitiva, la entidad no prevé efectos directos del proyecto sobre el medio ambiente, ni “efectos indirectos primarios”, entendiendo como tales aquellos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizado el proyecto o actividad.

Dos centenares de personas se concentran contra el proyecto

Los parabienes del proyecto, sin embargo, no convencen a todos. La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA) convocó una protesta el pasado sábado 21 de febrero en la plaza del Ayuntamiento, a la que acudieron alrededor de 200 personas.

La concentración comenzó a las 10.30 horas, donde ARBA Toledo dio a conocer el proyecto ante los vecinos, “exponiendo el valor del patrimonio natural que tenemos a escasos metros de la zona urbana y la importancia del mismo de cara al desafío ambiental que tenemos por delante frente al cambio climático”, explican desde la asociación. Los diferentes colectivos y vecinos que acudieron, “aportaron sus opiniones y proclamas” con respecto a las actuaciones que plantea el gobierno local, “así como en las de vía Tarpeya, impactos ambientales del POM, actuaciones en el parque de Polvorines o el planteamiento del hotel de la Cava”.

Pese a que el estudio de arquitectura que ha diseñado el proyecto dice haber contado con la colaboración de colectivos como ARBA, la idea no gusta. Su coordinadora en Toledo, Syra Díaz Rojas, explica que en cuanto tuvieron conocimiento de que estaba todo previsto para realizarse, se pusieron en contacto con el ayuntamiento para intentar acordar una reunión y poder trabajarlo, “porque son actuaciones muy agresivas y dañinas para el medio ambiente en el Valle”.

El Ayuntamiento está buscando atraer al turismo sin pensar en lo que los ciudadanos quieren, porque ni siquiera este proyecto ha salido para que la ciudadanía lo conozca

Syra Díaz Rojas — ARBA Toledo

Entre las actuaciones que más preocupan a ARBA Toledo están “la colocación e instalación de balizas solares por todo el tramo, y también de pasarelas o gradas”, así como “el hormigonado o cementado en algunos tramos, o como ellos lo quieran llamar”. Por otro lado, la apertura o ensanchamiento de los caminos “de 1,8 hasta 3 metros”.

Díaz Rojas apunta que, en la ciudad de Toledo, el ayuntamiento “está buscando atraer al turismo sin pensar en lo que los ciudadanos quieren, porque ni siquiera este proyecto ha salido para que la ciudadanía lo conozca”. Asegura que otro proyecto como Renace Tajo se creó “sin que los ciudadanos tuviesen conocimientos”, así como la Ciudad del Cine se implantó “por obligación, de la misma manera que están haciendo con un montón de actuaciones”.

Desde ARBA Toledo explican que la vegetación del Valle “por suerte para nosotros está protegida por la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha”. Syra Díaz asegura que “todo el tramo que quieren abrir hay vegetación rupícola no nitrófila y predesértica. Los espartales están protegidos por la Unión Europea” y reivindica que “aunque no seamos conscientes de ello, la vegetación es más importante de lo que creemos, y tiene su nombre y un grado de protección”.

Cuando una persona va al monte o al campo espera encontrar un sitio natural, con animales que se crucen y llevar su mochila con su agua y su comida para pararse en una roca a ver las vistas, no que haya un banco, una papelera y una baliza solar para que te indique que por la noche también puedes hacerlo

Syra Díaz — Coordinadora de ARBA

En el entorno del Valle existen también especies de fauna como los corzos “o el búho real, el búho chico, los cárabos, los autillos” que tienen hábitos nocturnos “de manera que si tú balizas todo con luz vas a perjudicar a los mamíferos y aves nocturnas que necesitan esa oscuridad para poder llevar a cabo su caza”, expone la coordinadora del colectivo.

Syra Díaz reivindica que “cuando una persona va al monte o al campo espera encontrar un sitio natural, con animales que se crucen y llevar su mochila con su agua y su comida para pararse en una roca a ver las vistas, no que haya un banco, una papelera y una baliza solar para que te indique que por la noche también puedes hacerlo”.

Recuerda que Toledo y el Mirador del Valle fue galardonado en 2022 como ‘Panorámica nocturna más bonita del mundo’, pero que “no la aprovechan” como hacen los ciudadanos: “Nos vamos a desconectar al Valle, nos sentamos a respirar la paz del entorno y pensamos lo bonita que es nuestra ciudad, que es una maravilla”.

Del mismo modo, desde el colectivo anuncian han planteado realizar varias mesas informativas y de debate, y que el próximo 28 de febrero se realizará una ruta por el Valle para dar a conocer in situ “la afección del proyecto”.

Al Ayuntamiento le “sorprende” la protesta

El Gobierno local de PP y Vox ha trasladado su “sorpresa” por este rechazo de ARBA al proyecto y ha defendido, en palabras del concejal de Medio Ambiente, Rubén Lozano, que no se va a utilizar “ni un metro cúbico de hormigón”, sino que va a “recuperar y restaurar zonas que están muy degradadas, logrando nuevos espacios de ocio en un escaparate que es mundial y que no ha tenido ninguna actuación durante décadas”.

“Me sorprende también porque a lo largo de estos casi tres años de legislatura hemos realizado numerosas campañas de 'basuraleza' en las que hemos extraído de esos taludes y esos rodaderos del Valle toneladas de residuos... No entiendo esta reacción”, concluye el concejal.