La formación política Contigo La Palma, que preside Javier Gutiérrez Taño, ha considerado este martes “muy peligrosa, clientelar y poco ética” la fórmula aplicada por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, para compensar el exceso de ayudas cobrado, debido a un error administrativo, por los plataneros de la isla que fueron beneficiarios de estps apoyos por pérdida de renta como consecuencia de la erupción volcánica en 2021. Se trató de una acción pública correspondiente a la campaña 2021-2022, en la que se pagaron adelantos del subsidio según una previsión de abono, que luego resultó inexacta.

La medida adoptada ahora y aprobada en diciembre pasado con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, recuerda Contigo La Palma, compensa a 1.296 titulares de explotaciones plataneras en la isla, a los que evita el reintegro de las cantidades superadas en aquellos pagos (solo cuatro no podrán recibir la compensación del 100% pues sus reintegros se hallan por encima de los 50.000 euros) gracias a la concesión de ayudas de minimis equivalentes a las deudas pendientes. Ello supone atender un importe total, para evitar esos reintegros, de casi 3,5 millones de euros, tal y como adelantó Canarias Ahora este fin de semana.

Cuestionada legalidad de la disposición adicional

La disposición adicional diseñada por Coalición Canaria en La Palma e introducida en los Presupuestos canarios para 2026 contraviene, tal y como observa Contigo La Palma, el derecho de la Unión Europea (UE) y los reglamentos reguladores de las ayudas de Estado, de obligado cumplimiento para la legislación española y autonómica.

Según la misma organización, todo permite pensar que “se están aplicando irregularmente las ayudas de minimis debido a que, en el caso señalado, no se compensa ninguna pérdida real, pues se conceden sobre los mismos hechos y costes ya compensados” por una ayuda amparada en el Reglamento (UE) 702/2014. El único fin, por lo tanto, es “neutralizar una obligación de reintegro de fondos públicos”.

Ello vulnera ‑se añade‑ las reglas de acumulación del Reglamento (UE) 1408/2013, que impiden sumar ayudas de minimis a ayudas exentas por categorías cuando se superan los límites fijados para los mismos costes subvencionables. La propia disposición adicional, señala Contigo La Palma, reconoce la anomalía del procedimiento al establecer que la concesión “no requerirá de aprobación del gasto”; es decir, se otorga una ayuda pública sin el expediente ordinario de gasto.

Además, prosigue el mismo partido, en la tramitación parlamentaria “se eliminaron deliberadamente los controles de legalidad, al exceptuarse la obligación de emitir el informe preceptivo de la Dirección General de Asuntos Europeos sobre la compatibilidad de la medida con las normas europeas de la competencia”.

Con esa decisión, expone Contigo La Palma, está claro que “se corre el riesgo de que la Comisión Europea entienda que se están aplicando irregularmente las ayudas de minimis en el sector platanero. La Comisión puede examinar estas ayudas por propia iniciativa o a raíz de la denuncia de cualquier persona, agricultor, organización agraria o entidad que se considere afectada”, se recuerda.

Sin transparencia en las ayudas

Contigo La Palma, además, indica que la Consejería de Agricultura acaba de solicitar a las organizaciones de productores de plátanos (OPP) su colaboración para notificar a los beneficiarios que son personas físicas esas ayudas de minimis, de manera individual y presencial en la oficina de Gesplan en Los Llanos de Aridane, “la omnipresente empresa pública en la vida de los afectados por el volcán Tajogaite”. En esa cita, los agricultores firmarán el documento individualizado de aceptación de la ayuda de minimis.

Además, todo apunta, añade Contigo La Palma, a que la Consejería “no hará público el listado de beneficiarios ni la resolución de concesión, sumándose así a la práctica habitual de hermetismo en la gestión de la reconstrucción de la isla tras el volcán, una opacidad que ya ha sido reprochada por el propio Comisionado de Transparencia de Canarias”. Con esta acción, “se vulnera de nuevo el derecho de la ciudadanía a saber cómo se gestiona el dinero de todos: firma presencial, sin publicación de la orden de concesión y sin acceso universal a la información sobre quiénes reciben estos fondos y en qué cuantía”.

Las consecuencias, si se considera ayuda de Estado ilegal

Si esto ocurriera, avanza Contigo La Palma, la Comisión Europea podría exigir la recuperación de la ayuda por ilegalidad o incompatibilidad, pues “es ilegal toda ayuda concedida al amparo de un reglamento de exención que no reúna las condiciones establecidas en dicho reglamento, como parece que es el caso”.

Contigo La Palma considera que “la condonación del exceso cobrado puede generar a los supuestos beneficiarios más daño a medio plazo que la aparente mejora inmediata, porque es probable que las cantidades recibidas terminen teniendo que ser reintegradas con los correspondientes intereses de demora”. También conviene recordar que cuatro de los expedientes ni siquiera quedan cubiertos por el límite de 50.000 euros de la ayuda de minimis, pues “hay excesos abonados, como ocurre en un caso, que superan hasta los 140.000 euros”.

A su vez, no debe olvidarse que en estos momentos se negocia ante instancias de la UE el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, y que desde Canarias “se defiende la continuidad o incluso el incremento de las ayudas del Posei para el plátano”, ahora en 141,1 millones de euros por año. Por lo tanto, “un mal uso de las ayudas de Estado de minimis en este mismo sector bien podría resultar perjudicial para las propuestas que debe adoptar la UE con vistas a ese periodo, el nuevo septenio presupuestario”, plantea la misma formación política.

Expuesto lo anterior, “la solución más razonable, ética y legal debió ser haber continuado con el expediente abierto en la Consejería y reintegrar los excesos de ayuda, pagos que no correspondían”. En política, remata Contigo La Palma, “la ética es la frontera entre gobernar para todos o repartir favores. Si una ayuda se ha cobrado indebidamente, se devuelve. Seguiremos defendiendo que el dinero público se gestione con transparencia, igualdad y respeto a la ley”, subraya Javier Gutiérrez Taño.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de un tratamiento automatizado. Tiene usted derecho de oposición, acceso, rectificación, cancelación, y portabilidad de sus datos, mediante una respuesta a este e-mail. Asimismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

El Gobierno de Zaragoza ha presentado un proyecto a la cuarta convocatoria de la European Urban Initiative-Innovative Actions (EUI-IA), financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con el objetivo de captar 1,8 millones de euros para transformar locales vacíos e inmuebles en una red de infraestructuras activas para revertir la vulnerabilidad sociolaboral en la zona de El Gancho, en el Casco Histórico. Precisamente, el proyecto se denomina 'Gancho', que es el área de intervención y además el acrónimo de la denominación en inglés del plan: Generating Active Networks for Community Hubs and Opportunities –Generando redes activas para espacios de comunidad y oportunidades–.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, y la consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, han comparecido este viernes en rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados en el seno de la reunión del Gobierno de Zaragoza, donde han presentado esta propuesta estratégica que busca revitalizar el entorno de San Pablo y Zamoray-Pignatelli.

El proyecto responde a un problema urbano estructural detectada en el reciente diagnóstico integral elaborado por Ebrópolis –diciembre de 2025–. Este estudio constataba en la zona unos elevados niveles de vulnerabilidad social, desempleo estructural, baja actividad económica y un importante número de locales infrautilizados que agravan el proceso de degradación urbana y social. Para revertir esta situación, el Ayuntamiento de Zaragoza lidera una propuesta que transformará cinco locales actualmente vacantes –pertenecientes a Zaragoza Vivienda– y un edificio de seis viviendas en una red de infraestructuras urbanas activas.

Este modelo integrado conectará itinerarios de empleo, economía creativa, formación y capacitación digital para fomentar la inclusión sociolaboral, la cultura y la cohesión de la comunidad.

Las ubicaciones

El proyecto cuenta con una base de socios integrada por entidades públicas y del tercer sector, cuyo trabajo sobre el terreno se distribuirá en varias ubicaciones del barrio.

'Manos que integran', en la calle de Las Armas, 49-51, se hará en colaboración con la Asociación de Artesanos de Aragón y se ubicará un taller destinado a actividades, exposiciones y cursos orientados a la economía creativa.

'Espacio comunitario de formación musical', en la calle de Boggiero, 43, albergará un nuevo espacio de la Escuela Municipal de Música y Danza, mientras que 'Centro de orientación social', en Mayoral, 14, será gestionado por la Fundación Agustina Zaragoza (FUNDAZ) y ofrecerá orientación en materia de dependencia, recursos sociales, servicios disponibles y acompañamiento en gestiones administrativas.

El denominado 'Cosiendo el tejido social', en la calle de Pignatelli, 57, y de Miguel de Ara, 26-28, con la Fundación San Ezequiel Moreno –en un espacio actualmente adscrito a IMEFEZ– desarrollará un centro de formación y de inserción sociolaboral.

Finalmente, 'Piloto de autonomía', en la calle de Las Armas, 72, es el proyecto que pondrá en marcha la Fundación Síndrome Down Zaragoza en un edificio de seis pisos, con capacidad para 15 personas con discapacidad y apoyado por un voluntario. Su objetivo es promover la autonomía, la vida independiente y la participación comunitaria plena.

Esta unión de fuerzas estará encabezada por el propio Ayuntamiento, a través de las Áreas de Economía y Cultura, con el Centro Socioeducativo Las Armas y la Escuela Municipal de Música y Danza, y la Dirección General de Fondos Europeos, junto a la sociedad municipal Zaragoza Vivienda.

2,4 millones de presupuesto

El presupuesto total de la propuesta asciende a 2.363.099,59 euros. Al presentarse a la convocatoria de la European Urban Initiative, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la candidatura opta a una cofinanciación del 80%. Esto supone una ayuda solicitada de 1.890.479,67 euros, mientras que el 20% restante será aportado como mínimo requerido por los socios que forman la agrupación comunitaria.

Con esta propuesta, el equipo de Gobierno “reafirma su compromiso con el Casco Histórico, apostando por la innovación social, la colaboración público-privada y el aprovechamiento de los fondos europeos para construir una ciudad más cohesionada y llena de oportunidades”, ha señalado Blanca Solans.

Del mismo modo, el Gobierno de Zaragoza ha aprobado la salida a licitación de un acuerdo marco de obras relativas a edificios e instalaciones de los equipamientos municipales, que tendrá un valor global de 10 millones de euros y una duración de cuatro años. “Se trata de una reformulación del acuerdo marco de obras que tenemos en la actualidad, que llega a su fin y que tan buenos frutos ha logrado en estos últimos años”, ha explicado el consejero Víctor Serrano.

Este nuevo acuerdo marco permitirá adjudicar las obras y agilizar su ejecución mediante un contrato basado en unos plazos sustancialmente menores a los habituales. “Cuando tenemos que ejecutar obras necesarias en los edificios e instalaciones municipales de nuestros equipamientos, los plazos administrativos de formalización de esos contratos se extienden entre 8 y 10 meses, mientras que con este contrato marco podremos emprender las obras en tan solo 3 meses”, ha detallado Serrano, quien ha recordado “la importancia de una Administración pública ágil ante cuestiones que afectan a esos espacios y edificios municipales que dan servicios de todo tipo a nuestros ciudadanos”.

Dos lotes

Por ello, en el nuevo acuerdo marco se incluirán mejoras para ahondar en esta agilidad. “Habrá dos lotes, con un único adjudicatario para cada uno, con los que poder abarcar también obras de mayor envergadura”, ha especificado Serrano. Así, el Lote 1 será el relativo a las obras en edificios e instalaciones de los equipamientos municipales y cuyo importe del presupuesto de ejecución material sea menor o igual a 250.000 euros. Para esto, el presupuesto máximo estimado en los cuatro años de vigencia será de 4 millones de euros, IVA incluido.

Mientras, el Lote 2, será para aquellas obras en estos espacios municipales pero cuyo importe del presupuesto de ejecución material sea mayor a 250.000 euros y menor o igual a 420.000 euros. El presupuesto máximo estimado en los cuatro años de vigencia para este lote será de 6 millones de euros, IVA incluido.

El Ministerio de Economía ha dado un plazo de 30 días al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que detalle qué instrumentos financieros va a poner en marcha para desplegar España Crece, el llamado “fondo soberano” con el que el Gobierno quiere mantener el impulso del Plan de Recuperación tras su finalización el próximo 31 de agosto.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la Estrategia de Inversión del fondo España Crece, la orden aprobada por el Gobierno que fija las parcelas básicas a las que estará enfocado el instrumento y que es uno de los hitos cruciales para que la Comisión Europea abone el séptimo desembolso de los fondos europeos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancó el año con el anuncio de este fondo soberano. Con la inyección de más de 13.600 millones de euros (10.800 en ampliación de capital y 2.800 en transferencias) procedentes de los fondos europeos al ICO, el Gobierno pretende movilizar 120.000 millones de euros, entre financiación pública y privada.

En concreto, y de manera similar a las prioridades desplegadas en el Plan de Recuperación original, España Crece financiará actuaciones en sectores económicos con alta productividad y elevado potencial de transformación; en el ámbito de la vivienda, especialmente para el desarrollo de alquileres asequibles o sociales; en inversiones 'verdes', como desarrollo de energías renovables o de adaptación climática; y también se enfocará a financiar a las pymes y “otras prioridades estratégicas alineadas con las orientaciones de política económica nacional o europea”.

Es en este último epígrafe donde se encuadrarán algunas inversiones en el ámbito de la Defensa. Un ámbito donde el presidente del ICO, Manuel Illueca, ya ha avanzado que serán “estratégicas” y “a largo plazo”, no a la manera oportunista que trabajan otros fondos.

Estarán excluidas, eso sí, inversiones vinculadas a combustibles fósiles, aquellas con altas emisiones de gases de efecto invernadero, los vehículos contaminantes o el “procesamiento de combustibles nucleares y producción de energía nuclear”.

“La actuación del ICO en el marco de este programa se orientará por criterios de potencial de desarrollo en la economía española, capacidad transformadora, coherencia con los objetivos generales del país y la plena complementariedad respecto a la iniciativa privada”, destaca la orden firmada por el vicepresidente Carlos Cuerpo.

Un informe antes del 31 de agosto

El ICO tendrá 30 días a partir de este 15 de julio para aprobar la Estrategia de Inversión donde se definan los instrumentos financieros con los que se pondrá en marcha España Crece con un “carácter indicativo”. Eso sí, tendrá que definir qué importes se asignará a cada área, los potenciales beneficiarios finales –“que deberán tener alguna vinculación con la Unión Europea”–, las operaciones financiables y el multiplicador del apalancamiento esperado. Es decir, cuántos euros privados esperan atraer por cada euro público.

Además, ese documento tendrá que detallar cómo se asignarán algunos componentes subvencionables (el desarrollo contempla algunas ayudas, especialmente en el desarrollo de vivienda), los requisitos de etiquetado de las inversiones y cuál es el calendario que se prevé para su implementación.

La orden también establece que el ICO tendrá que publicar un informe anual con la información detallada de las medidas adoptadas para ejecutar su estrategia de inversión, así como las que prevé adoptar. El primer informe lo tendrá que enviar “en todo caso antes del 31 de agosto de 2026”, la fecha en la que tendrán que estar ejecutadas todas las inversiones y reformas vinculadas al Plan de Recuperación.

Este mes, además, el Ejecutivo prevé aprobar la reforma de los estatutos del ICO, como avanzó el vicepresidente Cuerpo durante una comparecencia parlamentaria la pasada semana.

El Gobierno solicitará en septiembre el séptimo desembolso, valorado en 25.000 millones de euros, que la Comisión Europea deberá transferir al Tesoro Público antes del 31 de diciembre.

El Gobierno de Asturias ha autorizado este lunes un gasto de 9.950.000 euros para financiar la convocatoria anual de las ayudas Leader para entidades locales que serán gestionadas por los once grupos de acción local distribuidos por el territorio.

Estas ayudas son subvenciones a fondo perdido, diseñadas para concejos rurales que financian inversiones no productivas.

Estos recursos económicos permiten impulsar infraestructuras y equipamientos públicos, iniciativas turísticas, culturales y de ocio, medidas de movilidad sostenible y acciones de protección y promoción del patrimonio.

También apoyan actuaciones vinculadas con la transición energética, la bioeconomía o la digitalización, así como otras que favorezcan la actividad económica y el empleo.

Esta convocatoria se enmarca en el plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2023-2027 y cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), del Principado y de la Administración General del Estado.

Los fondos se distribuirán para su gestión entre los once grupos de acción local que cubren todo el territorio de la comunidad: Camín Real de la Mesa, Montaña Central, Valle del Ese-Entrecabos, Oriente, Navia-Porcía, Alto Narcea-Muniellos, Oscos-Eo, Alto Nalón, Adicap (centro de Asturias periurbano), Comarca de la Sidra y Bajo Nalón.

Las subvenciones se conceden en régimen de concurrencia competitiva, con convocatorias específicas por parte de cada grupo de acción local o comunes para varios de ellos.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, prevé cerrar este mes los últimos flecos para poner en marcha España Crece, el llamado ‘fondo soberano’ en torno al Instituto de Crédito Oficial (ICO) financiado con el Plan de Recuperación, con la aprobación de la estrategia de inversión del nuevo instrumento y la reforma de los estatutos del banco público para permitir su despliegue.

El ‘número dos’ del Gobierno ha comparecido ante la Comisión Mixta de la Unión Europea para dar cuenta de los avances del Plan de Recuperación, solo unos días después de que Bruselas diera luz verde al sexto pago, por valor de 7.000 millones de euros, y cuando queda poco más de un mes para el final de este programa millonario.

Cuerpo ha puesto en valor la aportación del Plan de Recuperación a la transformación económica del país que, hasta el 31 de mayo, ya había desplegado 68.534 millones de euros, de acuerdo con los datos de ejecución de la plataforma ELISA del Gobierno.

El reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia fija que los fondos europeos y las reformas vinculadas deben estar ejecutados antes del 31 de agosto de este año, mientras la Comisión Europea tiene hasta el 31 de diciembre para abonar el último desembolso –el séptimo, por valor de algo más de 25.000 millones–.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a principios de año la puesta en marcha de lo que llamó un fondo soberano, financiado con partidas procedentes del Plan de Recuperación, para movilizar 120.000 millones de euros entre inversión pública y privada. El objetivo: que el motor de la economía y la inversión no se desacelere con la finalización del ‘maná europeo’.

El pasado mes de mayo el Consejo de Ministros aprobó la transferencia de capital de 13.300 millones al ICO para aumentar su capacidad de apalancamiento, de tal manera que sea capaz de movilizar 60.000 millones de euros desde la parte pública, que se complementarían con otros 60.000 millones del sector privado.

Según ha avanzado Cuerpo, el Gobierno trabaja ahora en finalizar los “tres elementos de cierre” para el lanzamiento de esta facilidad financiera. En primer lugar, con la aprobación de la estrategia de inversión de España Crece, negociada con la Comisión Europea y que, ha dicho el vicepresidente, confía aprobar la próxima semana en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

Esta definirá las líneas generales de actuación, los tipos de operaciones elegibles y los criterios de prioridad sectorial. Además, incorporará los criterios europeos aplicables al Plan de Recuperación, incluido el principio de no causar un perjuicio significativo al medio, y priorizará operaciones con un claro efecto transformador sobre la economía española y con capacidad de impulsar el crecimiento de la productividad a largo plazo. Las líneas de actuación podrán revisarse periódicamente para adaptarse a la demanda de inversión y a las necesidades del tejido productivo.

El ‘número dos’ del Gobierno ha confiado en aprobar, en un Consejo de Ministros de julio, el real decreto que reforme los estatutos del ICO “para adaptarlos a las necesidades” del nuevo instrumento. Finalmente, también en julio prevén transferir los fondos necesarios para poner en marcha España Crece.

“Estamos, así lo evidencian los datos, ante un proyecto de país que ha supuesto una oportunidad histórica que creo que hemos sabido aprovechar”, ha dicho el vicepresidente, que ha confiado en que tenga no solo efecto positivo a corto plazo, sino “duradero en nuestro tejido productivo”.

Una adenda técnica para cerrar el Plan

Cuerpo ha apuntado que el Ejecutivo se encuentra ahora inmerso en la negociación con la Comisión Europea de una “adenda técnica de cierre” al Plan de Recuperación para “reconciliar” los hitos que quedan pendientes con las evidencias disponibles para mostrar el cumplimiento de los mismos.

“Estamos trabajando no solo a nivel de la Administración General del Estado, también a nivel de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales para completar con éxito la certificación de los hitos y todos los hitos pendientes antes del 31 de agosto”, ha dicho el vicepresidente.

Los planes del Gobierno pasan por negociar esa última modificación del Plan para matizar la redacción de algunos hitos que han quedado pendientes de validar del sexto desembolso. El objetivo es presentar la séptima petición de fondos en septiembre.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de rehabilitación del firme con asfalto sostenible en la autovía A-13 entre los kilómetros 0 y 5,21 en Logroño (La Rioja).

La actuación ha contado con un presupuesto de 2,23 millones de euros y ha sido financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Se han ejecutado trabajos de fresado y reposición del firme en las zonas más deterioradas, fundamentalmente en los carriles derechos, por los que circula el tráfico pesado.

Posteriormente, se ha extendido una nueva capa de rodadura en toda la superficie de la calzada y en los arcenes, con el objetivo de mejorar la durabilidad y la homogeneidad del tramo.

Esta actuación se enmarca en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, que tiene como objetivos potenciar la economía circular, reducir el consumo de recursos naturales mediante la reutilización del asfalto recuperado.

También, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación mediante la reducción de las temperaturas y disminuir las necesidades de acarreo de materiales y del transporte asociado, mediante técnicas de reutilización.

Estos objetivos contribuyen a avanzar en la descarbonización y la sostenibilidad de las infraestructuras viarias.

Se trata de una iniciativa novedosa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para renovar, en esta primera fase, el firme de 114 kilómetros de la red de carreteras en Castilla y León, Murcia, Galicia, Principado de Asturias, La Rioja, Aragón y Cantabria, mediante el empleo de materiales reutilizados y técnicas más sostenibles.

El diputado regional Miguel González de Legara se ha referido a la concesión de ayudas destinadas a profesionales, grupos y plataformas de I+D+i para el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector biomédico, en el marco del Programa FEDER. Y es que a partir de los datos oficiales “hemos comprobado que se han concedido casi 10,5 millones de euros repartidos en 24 proyectos aprobados”. El reparto de esos recursos “muestra una concentración especialmente relevante, ya que una única estructura, la denominada Unidad del Dato, ha recibido en torno a 4,5 millones de euros, casi el 43% del presupuesto total adjudicado a esta convocatoria FEDER”.

Esta unidad “está directamente ligada a los intereses del gerente, Juan Carlos Oliva, lo que obliga a una transparencia absoluta”. El problema, ha dicho González de Legarra, es que el Gobierno “no explica qué criterios técnicos justifican que los proyectos de mayor financiación recaigan en una misma estructura, especialmente cuando sus puntuaciones técnicas no se sitúan por encima del resto de proyectos”.

Además, esta concentración de ayudas “no se ciñe solo a los proyectos, sino que también la hemos detectado en las instituciones”. Así, Fundación Rioja Salud “concentra cerca del 77% de la financiación adjudicada, mientras que el Hospital Universitario San Pedro recibe, de forma directa, una cuantía muy inferior”. Y, ante esto, la pregunta es “si se está impulsando una investigación sanitaria equilibrada o está desviando todo el esfuerzo investigador fuera del ámbito asistencial”.

Por eso, González de Legarra ha exigido al Gobierno “que documente la trazabilidad completa de cada ayuda, que explique con claridad quién recibe formalmente los fondos, quién los ejecuta, qué unidades participan, qué investigadores los lideran, qué investigadores colaboran, qué parte corresponde a cada centro y qué impacto asistencial se espera de cada proyecto”. También “queremos claridad sobre quién evaluó los proyectos, y con qué cualificación específica”.

Miguel González de Legarra ha asegurado que el problema de fondo “es de gestión, con lo que volvemos al gerente, Juan Carlos Oliva”. Porque en una institución pública “nadie debería ser juez y parte”. Y ante esta situación, el Gobierno de Gonzalo Capellán “ha normalizado la opacidad”. Por todo ello, desde el Partido Socialista “hemos registrado la comparecencia urgente de Juan Carlos Oliva ante el Parlamento para que aclare los criterios de distribución de estos fondos”. Lo que pretendemos es que explique las razones “por las que una sola unidad absorbe casi la mitad de la financiación europea disponible, qué mecanismos existen para evitar conflictos de intereses, quién participa en las evaluaciones, quién toma las decisiones y quién establece las prioridades”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha dado un paso estratégico en la modernización de la Administración regional con la formalización del contrato para el desarrollo de un marco normativo de inteligencia artificial (IA) generativa, destinado a transformar y mejorar los servicios públicos de la Comunidad Autónoma.

Este proyecto, que ha llevado a cabo la Agencia de Transformación Digital, va a permitir la creación de un entorno común de trabajo para el diseño, desarrollo y despliegue de soluciones de inteligencia artificial en la Junta de Comunidades, favoreciendo una implantación que “fomenta un espacio seguro”, enmarcado en la estrategia regional de ciberseguridad, además escalable y alineado con el interés público.

La iniciativa supone avanzar desde modelos aislados hacia un ecosistema integral de la inteligencia artificial, con mecanismos de gobernanza, control y evolución continua, que facilitará la incorporación progresiva de esta tecnología como herramienta de mejora de la atención a la ciudadanía y de la eficiencia administrativa.

Como consecuencia, va a promover la soberanía digital, al hacer menos dependiente estas herramientas de los grandes modelos de IA en el mercado tecnológico.

Confinanciado con fondos europeos

El contrato ha sido adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Inetum y Écija Abogados, por un importe de 4.264.728 euros y con un plazo de ejecución de 24 meses. El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Operativo 2021-2027, reforzando el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la digitalización, la innovación tecnológica y la mejora continua de los servicios públicos.

Uno de los elementos diferenciales de este proyecto es su apuesta por arquitecturas basadas en agentes inteligentes y componentes reutilizables, que permitirán automatizar procesos complejos, agilizar la toma de decisiones y acelerar el desarrollo de nuevos casos de uso dentro de la Administración regional.

El modelo contempla además la creación de un catálogo estructurado de componentes de inteligencia artificial que facilitará la reutilización de soluciones, evitará duplicidades y garantizará la coherencia tecnológica entre las diferentes consejerías y organismos públicos.

Eficiencia energética y optimización de recursos

La sostenibilidad constituye otro de los ejes estratégicos de la iniciativa. El proyecto incorpora criterios de eficiencia energética y optimización de recursos mediante arquitecturas híbridas y tecnologías avanzadas de compresión de modelos, contribuyendo a una inteligencia artificial “más eficiente, escalable y alineada con los objetivos de transición ecológica y racionalización del gasto público”.

La iniciativa refuerza igualmente el compromiso del Gobierno regional con un modelo de inteligencia artificial “ética, transparente y confiable en el ámbito público”.

Para ello, el proyecto integrará un sistema de gobernanza que establecerá estándares comunes, mecanismos de supervisión y procesos de validación destinados a garantizar un “uso responsable” de la inteligencia artificial. Asimismo, incorporará herramientas avanzadas de gestión de riesgos, auditoría y trazabilidad que aseguren la rendición de cuentas y la seguridad jurídica.

El marco de trabajo estará alineado con la normativa europea y con estándares internacionales como la ISO 42001, incorporando desde su diseño principios de transparencia, explicabilidad y supervisión humana.

La Comisión Europea ha aprobado este jueves el sexto pago de los fondos del Plan de Recuperación al Gobierno de España, un desembolso de 7.021 millones de euros tras demostrar el cumplimiento de 73 hitos comprometidos con el Ejecutivo comunitario, entre ellos la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible o la creación de Casa 47, la empresa pública de vivienda.

Los Ministerios de Economía y Hacienda han informado a través de una nota de prensa de la luz verde a la transferencia de 7.021 millones de euros brutos, de los cuales 5.970 millones corresponden a ayudas no reembolsables y 1.051 millones a préstamos. Este pago se ejecutará en las próximas semanas.

Preguntado esta misma mañana por el desembolso, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se mostraba confiado en que habría noticias pronto al respecto. La próxima semana comparecerá en la Comisión Mixta de la Unión Europeo del Congreso y el Senado para dar cuenta de esta nueva transferencia.

El reconocimiento se produce cuando apenas quedan dos meses para que el Gobierno complete todas las reformas e inversiones del Plan de Recuperación, que deben estar debidamente justificadas antes del 31 de agosto, para solicitar el séptimo y último desembolso, por valor de 27.000 millones de euros, asociados a 146 hitos y objetivos.

En total, una vez se reciba este desembolso, España habrá recibido más de 77.000 millones de los fondos europeos, el 76% de los 102.000 millones asignados al país.

Además de las partidas vinculadas al sexto pago, España ha logrado que la Comisión le reconozca dos hitos que quedaron pendientes del quinto desembolso: uno relativo a la digitalización de entidades regionales y locales y otro, más relevante, vinculado a la reforma fiscal que el Gobierno logró aprobar (con sangre, sudor y lágrimas) a finales de 2024. Entonces quedó pendiente la equiparación de los impuestos del diésel y la gasolina, algo fundamental para Bruselas. Pero el Ejecutivo esgrimió el aumento estructural de la recaudación para zafarse de esta exigencia. De los 475 millones de euros retenidos, la Comisión ha dado luz verde al pago de una parte “sustancial”, en concreto, 277 millones de euros.

Tres hitos a reformular

Pendientes quedan, eso sí, tres hitos vinculados al sexto pago (unos 250 millones de euros) que “serán reformulados en una adenda técnica” para ganar “claridad” e incorporarlos en la séptima solicitud del 'maná europeo'. “Esta reordenación en la evaluación de hitos, un trabajo técnico coordinado plenamente con Bruselas, refleja la madurez del proceso de ejecución del Plan de Recuperación que España aspira a culminar con éxito”, apuntan desde el Ejecutivo.

En concreto, como ha apuntado la Comisión Europea a través de un comunicado, estos objetivos tienen que ver con inversiones en formación profesional bilingüe, servicios de teleasistencia y proyectos de apoyo a grupos vulnerables, emprendimiento y micropymes.

Entre las reformas por las que España ha recibido la financiación europea se encuentran la citada Ley de Movilidad Sostenible, las mejoras en la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con otras prestaciones para facilitar la incorporación al mercado laboral de sus beneficiarios y la ejecución de 2.242 millones de euros en inversiones destinadas a la transformación industrial del país.

“España se encamina a cerrar con éxito un instrumento clave para la modernización económica, social y territorial del país”, celebran desde el Ejecutivo.

A apenas dos meses para el fin de este plan millonario, el Gobierno trabaja a contrarreloj para aprovechar al máximo la financiación procedente de Bruselas. Además del anunciado fondo España Crece, que se nutrirá con partidas procedentes del Plan de Recuperación, el Ejecutivo aprobó esta misma semana una flexibilización en las inversiones que permita seguir ejecutando los remanentes de algunos hitos ya cumplidos más allá del 31 de agosto. El objetivo: evitar un “efecto escalón” en la inversión pública una vez desaparezcan los fondos europeos.

Según los datos de la plataforma ELISA, desarrollada por el Ministerio de Economía para hacer un seguimiento de las licitaciones vinculadas al plan, hasta el 30 de abril se han resuelto convocatorias vinculadas a los fondos europeos por valor de 67.574 millones de euros.

El Gobierno ha acordado con Bruselas flexibilizar algunas de las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, de tal manera que se puedan utilizar los remanentes de hitos y objetivos ya cumplidos para seguir financiando gastos afines más allá del 31 de agosto. Esta es la fecha en la que tienen que estar ejecutadas todas las reformas y acciones financiadas con el ‘maná europeo’.

El Ejecutivo ha incluido en el Real Decreto-Ley de respuesta a la crisis en Oriente Medio una disposición adicional pactada con la Comisión Europea que permitirá que, en el caso de que se hayan cumplimentado los programas del Plan de Recuperación con un menor gasto del previsto inicialmente, se puedan usar esos ahorros para “la financiación de actuaciones en las mismas áreas políticas”. Es decir, fundamentalmente, las transiciones digital y energética.

El articulado especifica que se aplicará para los hitos y objetivos incluidos en la última solicitud de desembolso, el séptimo pago, que el Ejecutivo debería pedir antes del 31 de agosto. Y siempre que se compruebe “que el importe finalmente justificado y verificado es inferior al que se consideró para evaluar los proyectos presentados del hito u objetivo y determinar su cumplimiento”.

Según detalla la disposición, serán las “entidades decisoras” del Plan de Recuperación —es decir, los ministerios— quienes determinen los hitos y objetivos que se acojan a este nuevo régimen así como la cuantía afectada, en base a la información que proporcionen las “entidades ejecutoras” —los propios ministerios, empresas públicas, comunidades autónomas o ayuntamientos—.

La disposición, dice el texto, será de aplicación inmediata desde su entrada en vigor, este miércoles. Y el Gobierno se reserva, mediante un acuerdo de Consejo de Ministros, el dictar instrucciones “para la aplicación de los apartados anteriores y para garantizar la correcta ejecución final de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. 

Una medida para evitar el “efecto escalón”

Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es apuntan que no hay una cifra cerrada de fondos que potencialmente se puedan desatascar con esta medida, ya que no se conocerán hasta el final del programa, cuando se evalúen los hitos y las cuantías. En este sentido, desde el Ejecutivo señalan que llevan meses en conversaciones con la Comisión Europea para conseguir esta flexibilización. El objetivo último, detallan, es evitar un “efecto escalón” en la inversión pública una vez finalice el programa europeo.

Hace cinco años, el presidente Pedro Sánchez consiguió una gran victoria política en Bruselas al amarrar un ‘Plan Marshall’ europeo con emisión conjunta de deuda para reconstruir la economía tras el golpe de la pandemia. Inicialmente a España se asignaron 160.000 millones de euros, entre transferencias y créditos. Al final serán 102.000 millones, ya que el Gobierno renunció a 60.000 millones en préstamos, y solo si el Ejecutivo saca adelante todos sus compromisos.

Que desaparezca de golpe esa inyección millonaria podría ralentizar un crecimiento que, hasta ahora, no deja de batir las expectativas. Para evitarlo, además de esta iniciativa, el Gobierno ha impulsado el fondo España Crece, anunciado a principios de año, dotado con 13.500 millones procedentes del Plan de Recuperación y con el objetivo de que el Instituto de Crédito Oficial —que va a gestionar este vehículo— movilice 120.000 millones de euros de inversión, entre pública y privada. Sus objetivos serán similares a los del plan original: las transiciones verde y digital, así como el desarrollo de vivienda pública asequible.

La inyección de los fondos europeos ha servido al Gobierno para capear la falta de unas cuentas públicas, dado que las que están en vigor son las prorrogadas desde 2023. De hecho, en La Moncloa se ha considerado que el Plan de Recuperación eran los ‘verdaderos’ Presupuestos de esta legislatura. El presidente ha llegado a rechazar un adelanto electoral por la necesidad de ejecutar al completo los 102.000 millones de euros procedentes de Bruselas.

El Gobierno está aún a la espera de que la Comisión Europea dé luz verde a la solicitud del sexto desembolso, por valor de 7.256 millones de euros, que remitió en marzo de este año. Entre otros, está pendiente de que el Ejecutivo comunitario autorice al Ejecutivo ‘saltarse’ la subida de los impuestos al diésel. Precisamente, y como parte del nuevo paquete de medidas por la guerra en Oriente Medio, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva rebaja temporal en el impuesto de hidrocarburos, hasta octubre.

En La Moncloa está previsto solicitar el séptimo y último pago antes de que termine el verano, donde se incluirán unos 140 hitos y objetivos por valor de 27.000 millones de euros. A partir de ahí, la Comisión tendrá hasta el 31 de diciembre para autorizar el desembolso.

Según los datos de la plataforma ELISA, desarrollada por el Ministerio de Economía para hacer un seguimiento de las licitaciones vinculadas al plan, hasta el 30 de abril se han resuelto convocatorias vinculadas a los fondos europeos por valor de 67.574 millones de euros.

El Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) ha acordado renunciar a una subvención europea de 1.360.978 euros destinada al proyecto de calmado del tráfico y ampliación de itinerarios peatonales en la Ronda del Salvador, al resultar imposible ejecutar la actuación dentro del plazo fijado por el Ministerio de Transportes.

La decisión, aprobada por la Junta de Gobierno Local, supone además la devolución del anticipo recibido, de 476.342,32 euros, junto con los intereses de demora que correspondan.

Según recoge el expediente municipal, la ayuda fue concedida en julio de 2023 dentro del programa de ayudas para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, financiado con fondos europeos Next Generation EU.

El plazo inicial de ejecución concluía el 31 de diciembre de 2024, aunque el Ministerio autorizó posteriormente una única prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025. El Ayuntamiento señala que la normativa impedía conceder una nueva ampliación del plazo.

Los informes técnicos incorporados al expediente concluyen que el proyecto presentado por la empresa adjudicataria, Sendín Pavimentos y Abastecimientos (SENPA), contenía “numerosas deficiencias técnicas” que no fueron corregidas pese a los sucesivos requerimientos municipales, lo que impidió su aprobación y la ejecución de las obras dentro del periodo subvencionable.

El propio informe de Fondos Europeos considera que, al no existir un proyecto aprobado y haber expirado el plazo de ejecución, lo procedente era desistir de la actuación y devolver íntegramente la ayuda recibida para evitar posibles incumplimientos y sanciones.

De forma paralela, la Junta de Gobierno Local también ha acordado iniciar el expediente para resolver el contrato adjudicado a SENPA para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras.

Los servicios jurídicos municipales entienden que la empresa “incumplió gravemente sus obligaciones contractuales” al no subsanar las deficiencias detectadas tras dos requerimientos efectuados por el Ayuntamiento.

El procedimiento podría concluir con la resolución del contrato, la incautación parcial de la garantía definitiva, limitada a la parte correspondiente a la redacción del proyecto, y la reclamación a la empresa de los 20.000 euros correspondientes al importe de ese trabajo. 

Las máquinas llevan semanas trabajando en el entorno del Valle de Toledo. Pero, en realidad, nadie tiene del todo claro qué se está haciendo allí.

Mientras prosiguen los trabajos en este entorno natural y paisajístico que rodea el Casco Histórico de la ciudad de Toledo, el alcance definitivo de la intervención sigue sin conocerse públicamente.

Los vecinos y vecinas dicen tener solo como referencia algunas explicaciones que dio el alcalde, el 'popular' Carlos Velázquez, cuando anunció que modificaría el plan inicial tras recibir fuertes críticas de diferentes sectores.

La falta de información sobre el proyecto que finalmente se ejecuta ha alimentado el rechazo de asociaciones ecologistas, investigadores y entidades patrimoniales, que denuncian la escasa transparencia del proceso y alertan de los efectos que las obras ya están teniendo sobre uno de los espacios naturales más emblemáticos de la ciudad. Todos ellos coinciden en una idea: el Valle no necesitaba “ser urbanizado”.

Un proyecto polémico desde su inicio

La polémica se inició el pasado mes de febrero. El Ayuntamiento de Toledo, gobernado en coalición por PP y Vox, presentó una propuesta que incluía una zona de esparcimiento con un mirador, una gran plaza y varias fuentes con chorros, alguna incluso 'transitable'.

Todo ello en una zona que es muy apreciada entre la ciudadanía toledana y muy frecuentada por los turistas. Es un entorno natural, con un mirador panorámico de todo el conjunto monumental de Toledo, ubicado en las alturas de la ciudad, al sur del Casco Histórico y sobre el río Tajo. Es mayoritariamente suelo de titularidad municipal.

Sin embargo, las críticas arreciaron, por lo que el Ayuntamiento se vio forzado a modificar el proyecto previsto. Se dijo que se eliminarían elementos como la fuente de chorros que se contemplaba o las balizas lumínicas nocturnas. Según recoge el acuerdo por el que se regula esta modificación, se tomó la decisión “como consecuencia de circunstancias surgidas durante el desarrollo de los trabajos y de una definición más precisa de las necesidades funcionales de la actuación”.

En concreto, apunta a la “incorporación de actuaciones complementarias necesarias para garantizar la correcta conexión peatonal y ciclista entre ambas riberas, así como a la ”ejecución de elementos adicionales de urbanización, señalización o instalaciones no contemplados inicialmente“.

El proyecto final lo está ejecutando la empresa Proimancha Ingeniería y Construcción S.L. por un importe de 517.670,45 euros, financiados con los fondos europeos Next Generation.

Rubén Lozano, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Toledo, explica que el proyecto en ejecución busca “recuperar y rehabilitar” el entorno del Valle y permitir el acceso a personas con movilidad reducida a lugares “que hasta ahora eran inaccesibles”.

Con respecto al planteamiento original, Lozano asegura que se han hecho algunas modificaciones en cuestiones “que entendíamos que no eran prácticas”, y pone como ejemplo la supresión de la fuente decorativa, que fue una de las ideas más criticadas.

Pero esta concepción del espacio natural como una zona degradada que necesita ser recuperada, supone una especie de 'trampa' para el doctor en Botánica Santiago Sardinero, investigador del Instituto de Ciencias Ambientales de Castilla-La Mancha (ICAM).

“Si yo digo que esto es un espacio degradado y que lo vamos a recuperar para el uso de los ciudadanos, a todo el mundo le parece estupendo, ¿verdad? Pero cuando tú clasificas como espacios degradados justamente a los sitios que tienen todavía un valor natural relevante dentro de la ciudad...”, advierte.

En su opinión, “hablar de vegetación degradada o vegetación sin tratar, términos realmente despectivos, indican una falta de respeto y una falta de conocimiento enorme. Estas personas no tienen los conocimientos suficientes, no están bien asesorados o están entendiendo el problema al revés”.

No obstante, resulta complicado cuantificar el alcance exacto del proyecto modificado porque no ha sido publicado por el Ayuntamiento de Toledo. El propio concejal de Medio Ambiente reconocía a este medio que él solo había tenido acceso a unas infografías del proyecto -a pesar de que es un proyecto de su propio gobierno- mientras que todas las partes consultadas, así como los partidos de la oposición, critican esta “falta de trasparencia”.

“Un destrozo tremendo”

Esta situación hace que los toledanos y toledanas vayan descubriendo el alcance de las intervenciones según se van ejecutando.

Alberto Ortego, portavoz de la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono en Toledo (ARBA Toledo) e investigador en el Área de Botánica, Investigación y Desarrollo de la Universidad Castilla-La Mancha (UCLM) cuenta que, por lo que han visto sobre el terreno, se están implementando hasta tres pasarelas, se ha abierto un nuevo camino con grava y se han compactado zonas de tierra para que las máquinas puedan circular.

También se ha ampliado el aparcamiento ubicado frente al Hospital del Valle. “Dice el ayuntamiento que la intervención en ese parking se ha hecho respetando la vegetación. Ese respeto por la vegetación consiste en dejar solamente las encinas, ya que no queda sotobosque”, critica Ortego, que lamenta que esté extendida la idea “errónea” de que “un bosque son solo los árboles”.

Estas actuaciones han causado un “destrozo tremendo” en la zona, según apunta el portavoz de ARBA Toledo. “Obviamente, todos los pilares sobre los que se asientan las plataformas están cementados”.

Además, denuncia que la implantación de las pasarelas de madera han obligado a compactar el suelo, “destruyendo” el sotobosque, un proceso en el que también se ha visto afectada “vegetación protegida”.

“Si se hubiera hecho en otra zona, o con un tratamiento de los caminos menos intrusivo, sin meter maquinaria pesada, que es lo que se nos dijo a todos los ciudadanos, no estaríamos quejándonos, por supuesto”, añade Ortego. “El problema es la poca transparencia, el contar tan poco con la gente, ni con los vecinos, ni con las asociaciones, pero es que tampoco con los organismos científicos que han dicho que eso es una barbaridad”.

Por ello, añade que este proyecto, “que se dedica a destruir una de las únicas zonas naturales que hay en Toledo” no debería haber salido adelante, “y mucho menos con fondos Next Generation.

El Valle, clave para la identidad toledana

Muy crítica con este proyecto, tanto con el original como con la actual ejecución, se muestra la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (Rabacht). Para esta institución, cualquier propuesta para intervenir en el Valle debe ir precedida “de un importante debate y diálogo social e interdisciplinar”.

Y es que la Rabacht considera a este espacio natural como un lugar “clave” para la identidad toledana, y lo califica como el “pulmón verde más emblemático de la ciudad”. “Forma parte de la construcción social de la imagen de la ciudad, y es considerado un patrimonio verde imprescindible al que la ciudadanía y numerosos colectivos se encuentran profundamente vinculados, de lo que se deriva dicho rechazo a que sea modificado”. De él destaca su gran riqueza y diversidad de flora y fauna, condiciones que se han logrado “gracias a la evolución natural, sin intervenciones humanas, durante las últimas décadas”.

Santiago Sardinero, investigador del ICAM, asegura que el valor natural de este enclave toledano procede, precisamente, de la falta de intervención humana en las últimas décadas. Cuenta que la zona del Valle era muy utilizada por los habitantes de la ciudad para obtener madera que utilizar como combustible, por lo que las fotos más antiguas muestran un paisaje escaso de vegetación arbórea.

No obstante, la aparición de otros combustibles como el butano hicieron que ya no fuera necesario ir al Valle a por leña. Un 'abandono' que permitió que, en los últimos 60 o 70 años, se haya recuperado su riqueza de flora y fauna.

“Se piensa que la naturaleza no se repara, sino que el hombre es el que tiene, el ser humano es el que tiene que entrar ahí a reparar. Pues no, la naturaleza se repara y lo que hay que hacer es estudiarla para ver cómo lo hace”, sentencia Sardinero.

Se piensa que la naturaleza no se repara, sino que el hombre es el que tiene, el ser humano es el que tiene que entrar ahí a reparar. Pues no, la naturaleza se repara y lo que hay que hacer es estudiarla para ver cómo lo hace

Santiago Sardinero — Botánico

Por eso, la Rabacht habla de la intervención del Ayuntamiento de Toledo como una “urbanización” de un espacio natural “que no necesita de estas actuaciones para ser disfrutado y conservarse como lo conocemos hoy día”.

“Creemos que es innecesario urbanizar el campo, y que debemos intentar mantener retazos de naturalidad en el entorno de las ciudades”. Desde la institución temen también que la mejora en los accesos incremente significativamente el número de visitantes del entorno, “lo que podría repercutir en el empeoramiento del estado de la masa vegetal, la compactación del terreno, el aumento de la suciedad y el incremento del riesgo de incendios forestales”.

El problema no es solo de la actuación en sí, sino que considera que su mantenimiento futuro no será adecuado, por lo que esta intervención se degradará pronto. “En este tipo de espacios, el mantenimiento municipal suele ser escaso cuando no nulo. Las estructuras de madera acabarán en pocos años deterioradas y con peligro para los usuarios; y las papeleras acabarán tumbadas o repletas de desperdicios”.

El Centro Nacional de Tecnologías del Envase (CENTIDE) ya tiene su primera piedra en el polígono industrial El Recuenco de Calahorra. El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado las parcelas donde se está construyendo el nuevo edificio que albergará el Centro Nacional de Tecnologías del Envase. La nueva sede se ubicará en tres parcelas que suman una superficie total de 12.152 metros cuadrados, de los cuales 6.112 están destinados al nuevo edificio. El presupuesto de la actuación asciende a 12.551.976,32 euros, el 80 % soportado por fondos propios de la Comunidad Autónoma y el 20 % con la aportación de varios ministerios, y cuenta con plazo de ejecución de 16 meses.

“Hoy ponemos la simbólica primera piedra de algo que es mucho más que un Centro Nacional de Tecnologías del Envase, una primera piedra muy importante para este polígono de El Recuenco, para Calahorra y para la economía regional, donde este sector tiene un peso muy importante, y para el que será palanca tractora”, ha apuntado Capellán, que ha estado acompañado por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz; el director de la Fundación para la Transformación de La Rioja, Arturo Colina; y el director del CENTIDE, Jorge García.

“CENTIDE se orienta en ser un actor relevante en proveer al sector, caracterizado por estar formado por pymes, de innovación y ser referente en ecodiseño y sostenibilidad”, ha resaltado, a la vez que subrayaba el trabajo conjunto de las distintas administraciones para su impulso.

Asimismo, ha incidido en que el centro, en sus instalaciones provisionales en el Polígono Tejerías también en Calahorra, “ha desarrollado ya en dos años más de cuarenta servicios y estudios para empresas regionales, nacionales e internacionales del sector”. En colaboración con Ecoembes, además, ha puesto a disposición de las empresas del sector el Observatorio del Envase de Futuro, una plataforma online que forma e informa a las empresas de todas las novedades y tendencias en materia de envases sostenibles e innovadores, actividad que complementa con talleres mensuales en los que han participado ya más de 1.200 profesionales.

En este sentido, el centro es una apuesta decidida del Gobierno de La Rioja por Calahorra y por un sector determinante de nuestra economía y supone la concreción, la materialización y el avance de un proyecto que ya está funcionando y que va a ayudar al desarrollo industrial de la comarca y del sector en La Rioja. Así, en el Polígono de El Recuenco, sobre tres parcelas que suman un total de 12.000 metros cuadrados, se edificará un espacio de vanguardia para la investigación, la transferencia de tecnología y el desarrollo de soluciones innovadoras que minimicen el impacto ambiental y de servicios de valor añadido a un sector puntero como el de packaging.

El nuevo edificio dispondrá de una planta baja donde se ubicarán dos laboratorios, uno químico y otro de ensayos, con salas específicas para cromatografía y microscopía, una planta de industrialización y prototipado de más de 1.500 metros cuadrados, almacenes, salas de instalaciones, aseos y vestuarios; y una planta primera con zonas de trabajo con oficinas y despachos, salas de reuniones, aulas de formación, un auditorio con capacidad para más de 100 personas y una zona de restauración.

“Un nuevo centro que permitirá dar un salto cualitativo a una iniciativa ya consolidada y seguir creciendo, con el apoyo del Ministerio de Industria y Turismo, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y, sobre todo, gracias a un equipo humano de especialistas implicados en la investigación que desarrollan esos proyectos”, ha destacado.

Doce investigadores en plantilla para finales de 2026

El CENTIDE está desarrollado su actividad actualmente en dos naves alquiladas en el polígono Tejerías Norte, de 485 y 600 metros cuadrados, en el polígono industrial Tejerías de Calahorra. Sus instalaciones incluyen dos laboratorios, un taller de fabricación de envases y una planta con maquinaria industrial, que alberga una planta piloto de selección de envases, única en España. La plantilla está compuesta por nueve profesionales, aunque en agosto está prevista una nueva incorporación. “Para finales de 2026, la Fundación para la Transformación contará con 12 personas, jóvenes con alta cualificación, trabajando en este proyecto”, ha recordado el jefe del Ejecutivo autonómico.

En nuestro país, según el último informe de HISPACK de 2024, el sector del packaging factura más de 40.000 millones de euros en nuestro país, aproximadamente el 3 % del PIB nacional. Es uno de los sectores industriales más potentes y que muestra un crecimiento anual más acelerado y, por lo tanto, con más futuro. El sector del packaging ha crecido a un ritmo de más del 20 % de incremento anual en los últimos tres años. Nuestra región, a pesar de su dimensión, es la décima Comunidad Autónoma en facturación, con un volumen de negocio de 1.042 millones de euros, y cuenta con algunos subsectores muy importantes, como el del envase en madera o el envase en metal, ocupa una de las cinco posiciones punteras del país. 

Estudiar en varios países sin cambiar de universidad, participar en proyectos internacionales de investigación, colaborar con estudiantes de toda Europa o acceder a cursos impartidos por profesores de diferentes universidades europeas.

Son parte de los objetivos de la alianza universitaria EUGLOH -en inglés European University Alliance for Global Health- que reúne a nueve universidades de ocho países europeos con un objetivo común: construir una universidad europea integrada, capaz de responder a los grandes desafíos globales mediante la educación, la investigación y la innovación colaborativa.

Entre ellas se encuentra la Universidad de Alcalá (UAH) que se sumó al grupo en el año 2023, junto a la Université Paris Saclay (Francia), Lund University (Suecia), Universidad de Szeged (Hungría), Universidad de Oporto (Portugal), Ludwig Maximilians Universität de Múnich (Alemania), UiT The Artic University of Norway (Noruega), Universidad de Novi Sad (Serbia) y la Universidad de Hamburgo (Alemania).

La iniciativa conecta a todas estas instituciones y sus infraestructuras, creando un auténtico campus transnacional donde estudiantes, investigadores y personal universitario pueden compartir conocimientos, recursos y oportunidades más allá de las fronteras nacionales. El objetivo pasa por fortalecer las asociaciones estratégicas entre instituciones e incrementar la competitividad internacional de la educación superior europea.

Lorena Silos es profesora del área de Filología Alemana de la Facultad de Filosofía y Letras y acaba de asumir el cargo de vicerrectora de Internacionalización. Cree que EUGLOH “es una oportunidad para transformar la universidad desde dentro. Hasta hace un par de años se hablaba de la internacionalización a través de los programas de movilidad, como Erasmus+, pero ahora la traemos a nuestra casa”.

La alianza ha llegado a los cuatro campus con los que cuenta la institución académica. Ha logrado el interés de 200 docentes y ha conseguido movilizar a unos 160 estudiantes.

Juan Jesús García Domínguez pertenece al área de ingeniería y es coordinador académico de la alianza EUGLOH en la Universidad de Alcalá. “Las alianzas universitarias europeas se le ocurrieron al presidente francés Macron y hoy existen hasta 65 que están reconocidas en toda Europa, en las que participan 570 universidades”, comenta.

EUGLOH arrancó en 2019 con cinco universidades, coordinadas por París Saclay, y con vocación integradora. Hoy son nueve, aunque la alianza podría sumar en breve un nuevo miembro: la Universidad de Amsterdam.

¿Cómo funciona?

La alianza EUGLOH 2.0 funciona bajo un eje común, la salud global entendida de manera holística, aunque en realidad, comenta Juan Jesús García, cualquier estudiante, docente o personal técnico, administrativo y de servicios de la Universidad de Alcalá, sea cual sea su disciplina, puede beneficiarse de las oportunidades educativas y de investigación que ofrece la alianza.

“Todas las universidades que participamos somos generalistas y la alianza se presenta como una oportunidad para mejorar cada una de las instituciones”, recuerda. “En nuestro caso, además, hemos apostado por la innovación docente”.

La idea es internacionalizar la oferta docente, los grados y posgrados, “sin tener que moverse de la universidad y permitiendo la exposición a nuevas formas de aprender y de enseñar, colaborando con otras metodologías, por ejemplo, a través de una staff week, como espacio de diálogo”, apostilla Lorena Silos.

La oferta está financiada por el programa Erasmus+ y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Se basa en cursos de corta duración (no más de una semana), escuelas de verano, seminarios especializados, programas de profesorado visitante y espacios para el desarrollo de iniciativas innovadoras, incluyendo la posibilidad de desarrollar iniciativas investigadoras. La participación puede ser presencial, online o híbrida.

Además, la alianza promueve el empleo de herramientas digitales que facilitan la colaboración entre universidades y el reconocimiento académico de las actividades realizadas.

A los estudiantes se les otorgan créditos transversales, previa solicitud, si desarrollan actividades formativas que no pertenezcan a una asignatura específica de su carrera. “En la Universidad de Alcalá casi todos los grados tienen una componente de transversalidad, de entre seis y doce ECTS. La participación en actividades de la alianza puede cubrir esa transversalidad, incluyendo además una experiencia de internacionalización”.  

Para los docentes, además del desarrollo profesional que implica su participación en la alianza, los beneficios son otros. La universidad alcalaína dispone de un programa de evaluación de la actividad docente del profesorado, DOCENTIA que es obligatorio. “Realizar actividades a través de la alianza les otorga ‘puntos extra’ para esa evaluación”.

Este tipo de programas están menos desarrollados para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS). Por eso es uno de los objetivos del Vicerrectorado de Internacionalización a corto plazo. “La idea es que la participación en actividades de la alianza pueda contar para progresar en la función pública dentro de la Universidad de Alcalá”.

El futuro inmediato: programas conjuntos para las universidades

Camino ya de una década desde que las alianzas universitarias europeas comenzasen a funcionar, estas instituciones académicas están volcadas en el diseño de programas que permitan una experiencia universitaria más flexible, internacional e interdisciplinar, capaz de preparar a los estudiantes para un mercado laboral cada vez más globalizado o afrontar retos como la sostenibilidad, la transformación digital o la salud global.

“Estamos trabajando en el diseño de programas conjuntos, a nivel de grados, master y doctorado. En poco tiempo tendremos European Degrees. Todo el mundo habla de ellos ahora mismo”.

Estos títulos conjuntos se plantean como un auténtico reto, puesto que será necesario encajar las diferentes legislaciones nacionales vinculadas al ámbito académico y que los programas sean reconocidos de forma oficial por las distintas instituciones. “El título lo emitirán de forma simultánea varias universidades, teniendo que participar un mínimo de dos, y de dos países distintos”, comenta Juan Jesús García.

Un sistema en el que la movilidad no sería solo para estudiantes, sino también para docentes, que impartirían clase en un campus transnacional. “Todo dependerá de la capacidad económica de la Unión Europea a través de su programa Erasmus+”.

Las alianzas como instrumento para fortalecer Europa a través de la Educación

La cooperación académica forma parte también de los objetivos de la Unión Europea. “Estas alianzas son instrumentos para fortalecer la integración europea a través de la Educación”, apostilla Lorena Silos. “Europa se juega mucho con estas alianzas”

En su opinión, “las universidades deben tomar las riendas, como sector esencial, cuando hablamos de hacia dónde debe ir Europa. Tienen mucho que decir a través de una cooperación que fomente los valores democráticos, que son los que promulga la Unión Europea”.

“Formar parte de una alianza es un valor añadido para la universidad pública. Todas las de España están en alguna de ellas”, apunta Juan Jesús García, pero advierte: “El reto ahora está en que sea sostenible a largo plazo, al menos hasta 2035”. 

El Casco Antiguo de Logroño ha estrenado nueva iluminación exterior de tipo LED, que ofrece una mejor visibilidad, mejora la eficiencia energética y reduce el consumo eléctrico en un 40,12 por ciento. La actuación ha supuesto una inversión de 185.827,01 euros (IVA incluido) y la sustitución de 292 luminarias en 32 calles y plazas.

La nueva instalación lumínica da servicio a las calles Siervas de Jesús, Caballerías, Juan Lobo, Herrerías, Travesía de Palacio, Plaza Santa Ana, Barriocepo, Cofradía del Pez, Marqués de San Nicolás, Santiago, Plaza Martínez Zaporta, Carnicerías, Boterías, Plaza de la Oca, Valvanera, San Agustín, Albornoz, Travesía de Laurel, Laurel, Capitán Gallarza, Cerrada, Ruavieja, Mercaderes, Plaza Concepción Pérez Santo Tomás, San Juan, Hermanos Moroy, Marqués de Vallejo, San Juan, Del Carmen, Cristo, Ollerías y Bretón de los Herreros.

El objetivo de esta actuación, que cuenta con financiación europea a través de los fondos europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es que el alumbrado exterior público de este entorno sea más sostenible, resiliente y estén preparada para la transición ecológica y digital.

Con estas nuevas actuaciones se continúa con el proceso de mejora de la iluminación que se está llevando a cabo de manera progresiva en la ciudad en el marco de la estrategia de Ciudad Circular. Así, ya se han realizado la mejora de la iluminación de la Concatedral de La Redonda, el Mercado de San Blas, el Cubo y la muralla del Revellín, la calle Portales y su entorno, las plazas del Mercado y San Agustín y la calle de la Merced.

El Gobierno trata de dar contenido político al año que queda de legislatura en plena tormenta judicial y lo hace por el frente en el que se siente más seguro: la economía. Para sacar pecho de las buenas cifras macro, a pesar de los vientos de cara que llegan de Oriente Medio, el Ejecutivo ha organizado una jornada para celebrar los cinco años del Plan de Recuperación y la transformación verde y digital del país, cuando quedan solo dos meses para el final de los fondos Next Generation EU.

El próximo lunes el Gobierno, en colaboración con la Comisión Europea, celebrará en el Teatro Real el acto ‘España verde y digital: El impacto del Plan de Recuperación’, un evento que, según apuntan desde el Ejecutivo, “servirá para reflexionar sobre la transformación de nuestro país durante los cinco años de despliegue de los fondos” europeos.

El acto será inaugurado por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y por la vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, la máxima representante de los socialistas europeos en el Ejecutivo europeo y, hasta 2024, la vicepresidenta ‘verde’ del Gobierno de Pedro Sánchez. Será el presidente quien clausure el evento.

El proyecto clave del mandato de Sánchez

El objetivo, apuntan fuentes gubernamentales, es hacer balance del proyecto estrella de Sánchez quien, tras la pandemia, consiguió que la Comisión Europea hiciera algo inédito: emitir deuda conjunta para financiar un ‘plan Marshall’ que permitiera reconstruir la economía. En total, España fue el segundo Estado más beneficiado por el programa, después de Italia, con 160.000 millones de euros, prácticamente a partes iguales entre ayudas y préstamos. 

Finalmente, la cuantía que reciba España será inferior –102.000 millones de euros–, después de que España renunciara al grueso de los créditos (60.000 millones), una decisión que el Ministerio de Economía explicó porque el Tesoro Público puede financiarse en los mercados con unas condiciones más favorables que los bonos de la Unión Europea.

A dos meses del 31 de agosto, la fecha marcada en rojo en el calendario porque es cuando deben estar todas las inversiones y proyectos financiados con fondos europeos asignados, el Gobierno aprovechará para destacar algunos de los proyectos clave surgidos al calor de este ‘maná europeo’ y presentar a empresas beneficiadas en sectores como el energético, la tecnología médica o la economía circular. Ese impacto del Plan de Recuperación se verá también a través de la intervención de una alumna de un ciclo de Formación Profesional promovido por este programa y con la proyección de un vídeo sobre La Vega Innova, el hub de innovación agroalimentaria del Ministerio de Agricultura que, entre otras cosas, funciona como aceleradora de start-ups vinculadas al sector primario.

En La Moncloa dan una relevancia fundamental a los fondos europeos, ya que consideran que han sido los 'verdaderos' Presupuestos de Sánchez en esta legislatura. De hecho, el presidente ha llegado a rechazar un adelanto electoral por la necesidad de ejecutar al completo los 102.000 millones de euros procedentes de Bruselas.

El Gobierno está aún a la espera de que la Comisión Europea dé luz verde a la solicitud del sexto desembolso, por valor de 7.256 millones de euros, que remitió en marzo de este año. Entre otros, está pendiente de que el Ejecutivo comunitario autorice al Ejecutivo ‘saltarse’ la subida de los impuestos al diésel.

En La Moncloa está previsto solicitar el séptimo y último pago antes de que termine el verano, donde se incluirán unos 140 hitos y objetivos por valor de 27.000 millones de euros. A partir de ahí, la Comisión tendrá hasta el 31 de diciembre para autorizar el desembolso.

Según los datos de la plataforma ELISA, desarrollada por el Ministerio de Economía para hacer un seguimiento de las licitaciones vinculadas al plan, hasta el 30 de abril se han resuelto convocatorias vinculadas a los fondos europeos por valor de 67.574 millones de euros.

El reto al que se enfrenta la economía española una vez expiren los fondos es al ‘efecto precipicio’ de la inversión pública, un hundimiento repentino del impulso que ha supuesto el Plan de Recuperación. El presidente Sánchez anunció a principios de año la creación de un fondo soberano, España Crece, a través de una inyección de capital al Instituto de Crédito Oficial para movilizar hasta 120.000 millones de euros, en proyectos vinculados a las transiciones ecológica y digital, así como para aumentar la oferta de vivienda de alquiler asequible.

Si bien todavía hay poca evidencia académica sobre los efectos del Plan de Recuperación sobre la economía, en el Gobierno estiman que, gracias a su impacto, en 2031 el producto interior bruto español estará 3,4 puntos por encima de donde habría estado sin las reformas e inversiones. Algunas investigaciones ya recogen las consecuencias beneficiosas de programas como el Kit Digital a la hora de mejorar la productividad de las empresas: las compañías que solicitaron esta ayuda de hasta 5.000 euros experimentaron un incremento de su eficiencia del 1,2% un año después de percibirla, frente a aquellas que no la pidieron, según los datos del Banco de España en su Informe Anual 2025.

El informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) del ejercicio 2024, el más reciente y presentado este martes en sede parlamentaria por el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, no ha traído buenas noticias para el Ejecutivo autonómico que lidera el nacionalista Fernando Clavijo, un gobierno que tiene el apoyo de CC, PP, ASG y AHI, con el PSOE, Nueva Canarias (NC) y Vox en las bancadas de la oposición.

En ese informe, el órgano de control externo de la CAC se puede decir que desnuda la gestión ineficiente del Gobierno de Canarias actual, el de la legislatura 2023-27, en lo que corresponde a su primer ejercicio anual completo, el de 2024.

De entrada, el informe de fiscalización de la Cuenta General de ese año subraya el incumplimiento de la regla de gasto en 2024, algo ya mil veces denunciado por la oposición de NC; confirma una inejecución presupuestaria (89,8%) de 1.285 millones respecto a la cuantía final disponible en los Presupuestos de 2024 (el 4% por encima de los de 2023), la cantidad finalmente no gastada, y además ratifica el bajísimo resultado en el consumo de los fondos Next Generation (2021-26), solo el 20,7% del disponible en el año de referencia y también otro de los caballos de batalla en la crítica constante de NC.

A continuación, se detallan todos esos aspectos sin duda centrales en el informe de la ACC ya identificado, todo ellos relacionados con la gestión pública presupuestaria y además muy vinculados a capítulos como la tramitación de subvenciones y de las inversiones públicas. Veamos los detalles…, siempre según lo recogido en esta fiscalización o auditoría presentada por la ACC.

Al término del ejercicio 2024, según datos de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) publicado por el Ministerio de Hacienda, los resultados logrados en términos de contabilidad nacional (SEC 2010) y en relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública por parte de la CAC fueron los siguientes:

-El superávit público fue de 144 millones de euros; esto es, el 0,25% del PIB regional (en 58.289 millones para 2024). Ello supone una desviación del más 0,2% respecto al objetivo fijado, en el 0% del PIB canario.

-A efectos de la regla de gasto, hay que señalar que la variación del gasto computable en el ejercicio 2024 ha registrado una tasa de variación del 7,6%, con lo que supera la tasa media de variación fijada para las comunidades autónomas en 2024, del 2,6%. Por lo tanto, en 2024 la CAC incumplió el objetivo de regla de gasto, por lo que “se deberá ajustar a las medidas automáticas de corrección contempladas en el artículo 20, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como a la formulación y presentación de un plan económico-financiero conforme al artículo 21 de la misma ley, el conocido como Plan de Ajuste. Durante 2024, se emitió informe de la AIReF, publicado el 17 de julio de ese año, donde se alertó de un posible incumplimiento de la regla de gasto y se recomendó que Canarias ”vigilara la ejecución de su presupuesto adoptando las medidas que estime pertinentes (…)“, algo que, por lo visto, no ocurrió.

-Canarias tiene limitado el crecimiento de sus gastos no financieros por la aplicación que se viene realizando de la regla de gasto prevista en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, pero sus ingresos fueron superiores a esa cantidad, por lo que no se podrán aplicar a gasto no financiero, incurriendo así nuevamente en un superávit.

-La deuda pública registrada al cierre del ejercicio 2024 se situó en 6.569 millones de euros, cifra que representa el 11,3% del PIB regional, valor por debajo del máximo de endeudamiento fijado por el Estado para las comunidades autónomas, en el 21,7%.

-Los presupuestos generales de la CAC para 2024 se elaboraron con unas previsiones de incertidumbre respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria al no estar publicados los datos oficiales, que, finalmente, fueron los contenidos en el programa de Estabilidad Presupuestaria 2023-2026. En la CAC, se estimaron unos créditos iniciales para gastos no financieros de 11.301 millones de euros (capítulos del I al VII), luego incrementados hasta alcanzar un crédito final de 12.637,7 millones (más del 4% respecto a los del 2023). La ejecución fue del 89,83%, con una inejecución cifrada en 1.284,9 millones de euros (1.087,8 millones la de 2023).

-La recaudación de ingresos también superó las expectativas iniciales ya que la falta de elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024 trajo como consecuencia que el Ministerio de Hacienda y Función Pública no comunicara a las CCAA las entregas a cuentas para 2024 de los recursos del sistema de financiación de las comunidades de régimen común (SFA), ni la previsión de liquidación de 2022, lo que dificultó su concreción en los Presupuestos canarios para 2024.

-La ejecución global de los proyectos financiados con los fondos Next Generation referentes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) fue del 22,24% en 2024, frente al 37,73 % del ejercicio 2023. El MRR, en la Administración de la CAC, ha tenido un grado de ejecución del 20,62% en el ejercicio 2022, 32,34% en 2023 y 20,74% en 2024. El saldo del crédito definitivo (presupuesto no gastado) correspondiente al conjunto de las dotaciones del MRR en las secciones de la CAC ascendió a 690,5 millones de euros. Hay que justificar los recursos aún disponibles antes del 31 de agosto próximo.

-El grado de ejecución presupuestaria de los créditos del capítulo VI (inversiones reales) de la CAC se situó en el 52,35%, inferior al del ejercicio 2023 (58,53%) y muy por debajo de la media del resto de los capítulos de gastos, en el 91,08%. En cifras absolutas, es un ejercicio con un volumen total de gastos en inversiones de 415,7 millones de euros sobre un crédito de 794. Destaca la baja ejecución en Obras Públicas, Vivienda y Movilidad (42,56%), y en Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes (53,82%).

-Se han dictado resoluciones para declarar la procedencia del reintegro en materia de subvenciones por un importe de 14,8 millones de euros, lo que representa el 4,4% del importe de las pendientes de justificar (336,4 millones). Existe el riesgo de la no recuperación de 110,6 millones de euros, dinero público correspondiente a las subvenciones pendientes de justificar con plazo vencido y con antigüedad anterior al 31 de diciembre de 2020.

-Las subvenciones concedidas al amparo del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, el que regula en el ámbito de la CAC la concesión de la línea covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas, explican la mayoría del importe pendiente de justificar con plazo vencido, si bien cabe señalar el avance en el estado de la comprobación de la justificación a 30 de junio de 2025, con 8,1 puntos porcentuales más de los justificados con resolución.

Nueva Canarias habla de “colapso”

Tras la presentación del informe de la Cuenta General de la CAC para 2024 este martes en el Parlamento de Canarias, acción desarrollada por el presidente del órgano de control externo canario, Pedro Pacheco, el secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos (líder de uno de los tres partidos en la oposición en la Cámara regional, junto con el PSOE y Vox), sostuvo que la Audiencia de Cuentas de Canarias ha certificado el “colapso” de la capacidad de gestión de Gobierno presidido por Fernando Clavijo, un Ejecutivo que “dispuso de más recursos que nunca, que ejecutó menos, que incumplió las reglas fiscales y que obtuvo peores resultados”.

Campos aseguró que el informe de fiscalización de la Cuenta General de 2024 es una “OPA hostil, desmonta con datos” el discurso de las dos derechas canarias (CC y PP) de “autocomplacencia y de eludir sus propias responsabilidades”. Campos afirmó que el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma “ratifica, punto por punto,” todas las críticas que NC-BC ha realizado durante la legislatura, “a pesar de los intentos de silenciar a la oposición nacionalista”.

“Lo denunciamos nosotros y lo dice la Audiencia de Cuentas, después de que también lo hayan advertido organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Ministerio de Hacienda”, recordó Campos.

La diputada del mismo partido Esther González además insistió en la confirmación del incumplimiento de la regla de gasto en 2024 (también ya confirmado en 2025), lo que “obliga” al Gobierno a presentar un plan económico-financiero con un ajuste de 445 millones de euros, unas medidas que tendrán consecuencias en forma de recortes en los próximos años, 2026-27, con impacto sobre todo en los servicios públicos esenciales y en la capacidad inversora. Esos recursos financieros “no podrán destinarse a vivienda, a reducir listas de espera y conflictos laborales en sanidad, dependencia, educación o a infraestructuras necesarias”, lamentó.

A su vez, González expuso que, “detrás de cada inversión sin ejecutar, hay una obra que se retrasa, una infraestructura que no llega y una necesidad de la ciudadanía ”sin respuesta“. Las inversiones en 2024 cayeron respecto a 2023 y prácticamente la mitad se quedó sin ejecutar, recalca.

“Tras un balance de gestión histórico, poco más se puede hacer. Siempre quedan cosas pendientes y tendremos que seguir gobernando para hacerlas en la próxima legislatura”. Con esta declaración ha cerrado Natalia Chueca el acto organizado por el Ayuntamiento para hacer balance de sus tres años al frente de Zaragoza, una intervención plagada de autobombo, cuyo horizonte declarado es convertir la ciudad en la capital europea “del bienestar y la calidad de vida”. Cuestiones como el último informe del Tribunal de Cuentas, el fiasco del parque de atracciones o los sobrecostes en La Romareda se han quedado en el tintero. También el importante volumen de fondos europeos provenientes del Gobierno central, pese a que le dedicó un severo correctivo en su intervención.

Acompañada por todo su equipo de gobierno, la alcaldesa ha repasado una gestión que, según su relato, ha servido para saldar la deuda histórica con los vecinos. Un reconocimiento que, asegura, percibe a diario. “Me lo dicen cada vez que salgo a hacer un recado, una gestión o asisto a un acto”, ha explicado. La propia Chueca ha confesado haberse emocionado al contemplar el vídeo elaborado por su equipo de comunicación sobre estos tres años de mandato. “Casi me quedo sin palabras”, ha resumido.

La alcaldesa ha presumido de haber logrado una combinación difícil de mejorar: más inversión, menos deuda y menos impuestos. Según ha destacado, Zaragoza se ha convertido en un referente nacional gracias a contar con el IBI más bajo entre las capitales españolas.

Entre los principales hitos ha citado una inversión de 303 millones de euros destinada a transformar la ciudad, con actuaciones en calles y avenidas que “antes parecían carreteras”, nuevos equipamientos, más zonas verdes, vivienda pública, movilidad y oportunidades para el talento. El resultado, según la alcaldesa, es una Zaragoza “más verde, más accesible, más próspera y, sobre todo, más humana”.

Como muestra de que aún queda algún margen para la mejora pese al “poco más se puede hacer”, ha recordado el nuevo acuerdo marco de hasta 14,4 millones de euros para agilizar las obras de pavimentación durante todo el año. También ha anunciado la incorporación de 600 nuevas bicicletas públicas, que elevarán la flota a 3.100 unidades; un incremento de 1,2 millones de euros en el presupuesto de asfaltado y una segunda fase del plan de modernización del alumbrado público, ReluzYDos, dotada con cerca de 10 millones de euros.

La estrategia municipal, ha afirmado, está impulsando proyectos capaces de vertebrar la ciudad y reforzar su proyección internacional. Entre ellos ha destacado la regeneración integral del río Huerva, con una inversión superior a los 31,9 millones de euros para recuperar 80.000 metros cuadrados de espacio público y financiada con fondos europeos provenientes del Estado. El tramo 2 alcanza ya el 68% de ejecución y se prevé su inauguración a finales de 2026, mientras que el tramo 1 supera el 47%.

Entre los próximos desafíos figuran la candidatura de Zaragoza como Capital Europea del Deporte 2027 y la exposición internacional 'Doscientos años con Goya', que se celebrará en La Lonja entre abril y agosto de ese mismo año.

Proyectos discutidos, éxitos indiscutibles

Lejos de esquivar algunas de las actuaciones más cuestionadas de su mandato, Chueca ha reivindicado con orgullo proyectos como la nueva Romareda, cuyo presupuesto supera los 180 millones de euros, o la operación de Giesa, donde se han invertido 20 millones de euros de dinero público para impulsar una 'ciudad del cine' para la que el único ofertante llegó tarde y ciclos de FP concertada.

También ha celebrado la conversión de Etopía en un “referente”, un centro de emprendimiento, innovación y tecnología que no pasa por sus mejores momentos. En la misma línea ha situado el canal de aguas bravas de la Expo, cuya reapertura ha costado seis millones de euros y, aunque estaba prevista para esta primavera, ha tenido que retrasarse por exigencias derivadas de la nueva contrata.

La alcaldesa también se ha atribuido el impulso de la incorporación de Zaragoza al sistema Viogén, aunque la nueva unidad policial Égida sigue sin estar operativa tras años de retrasos, desencuentros con la Delegación del Gobierno y discrepancias con la plantilla sobre sus condiciones laborales y económicas.

Sánchez “ensombrece” el balance

Aunque la alcaldesa ha aprovechado para lanzar sus habituales dardos al Gobierno central, uno de los capítulos que mayor beneficio ha reportado a la ciudad son los mencionados fondos europeos, con los que ha llevado a cabo importantes inversiones en movilidad o vivienda. De hecho, la propia Chueca ha reconocido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez —al que ha acusado de estar “lleno de corrupción” y de no ayudar a Zaragoza— le ha felicitado por el elevado nivel de ejecución de esos fondos.

Quedan lejos las denuncias que ha protagonizado su antecesor y actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, cuando viajó a Bruselas en 2022 para denunciar un reparto “sectario” y “político” de los fondos Next Generation por parte del Gobierno de España.

Tampoco ha habido referencias al episodio que estuvieron a punto de costar al Ayuntamiento 7,4 millones de euros destinados a subvencionar el transporte público. Un error en la tramitación de la solicitud dejó inicialmente a Zaragoza fuera de las ayudas estatales, obligando teóricamente al consistorio a asumir con fondos propios el descuento aplicado a los usuarios. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó una concesión directa de esos fondos para evitar que los ciudadanos asumieran las consecuencias del fallo administrativo.

Este miércoles, la alcaldesa ha destacado que Zaragoza ocupa la tercera posición entre las ciudades españolas con mayor captación de fondos europeos, solo por detrás de Madrid y Barcelona. La ciudad ha obtenido más de 125 millones de euros en convocatorias competitivas destinadas a digitalización, sostenibilidad y transformación urbana, de los que ya ha ejecutado más de 102 millones, alcanzando un grado de ejecución superior al 82%.

Estos fondos financian además buena parte de las actuaciones en rehabilitación energética y vivienda social. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla una inversión de 266 millones de euros en Aragón y ha permitido impulsar 384 viviendas mediante fórmulas de colaboración público-privada.

Pese a insistir en que el Gobierno central obstaculiza la acción municipal, la alcaldesa también ha mostrado su satisfacción por proyectos como el plan de alumbrado público, financiado mediante un crédito a interés cero concedido por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Algo similar ocurre con la llamada “cicatriz histórica” del Portillo. Chueca ha celebrado el avance del proyecto, aunque su desarrollo depende de Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), una sociedad participada en un 50% por el Ministerio de Transportes a través de Adif, mientras que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza aportan el 25% restante cada uno.

“Nuevos show comunicativo”: las reacciones

La portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha valorado con dureza la comparecencia de la alcaldesa, Natalia Chueca, con motivo del tercer año de Legislatura, tildándola de “nuevo show comunicativo basado en el marketing, el triunfalismo y un tono puramente electoralista”.

Frente a la etiqueta de “capital mundial del bienestar” utilizada por Natalia Chueca, la portavoz de Vox ha invitado al gobierno local “a pisar la calle y preguntar directamente en Las Delicias, San José, Valdefierro o el Casco Histórico si realmente sienten que viven en la capital mundial del bienestar”. A continuación, ha considerado que “no podemos meternos en una burbuja y felicitarnos por las grandes hazañas que creen que están realizando en la ciudad cuando nuestros vecinos en las calles lo que nos están diciendo es que necesitan más limpieza y más seguridad”. La portavoz de VOX también ha repardo en que los barrios rurales “sufren de igual modo un abandono crónico que solo se mitiga parcialmente gracias a las partidas presupuestarias duplicadas a exigencia de VOX”.

Por todo ello, Torres ha aconsejado a la regidora “escuchar más a los zaragozanos y dejarse de tanto marketing y de tanto festival”.

Para Zaragoza en Común, estos tres años han confirmado un modelo de ciudad basado en “la política de amigos”, donde las decisiones se toman desde los despachos y de espaldas a la ciudadanía, mientras se priorizan los intereses de unos pocos frente a las necesidades de la mayoría.

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha criticado que “Chueca ha gobernado a golpe de despacho, sin escuchar a los barrios, sin dialogar con el tejido vecinal y sin construir una ciudad para todos y todas. Ha preferido las fotos, los focos y los grandes anuncios a resolver los problemas cotidianos de la gente”.

Además, ha denunciado que el Gobierno municipal ha impulsado“ un continuo trasvase de recursos públicos hacia intereses privados, con un urbanismo a la carta, vendiendo suelo publico para viviendas de lujo y paralizando la ampliación del parque publico de vivienda de alquiler, mientras servicios esenciales y demandas históricas de los barrios siguen sin respuesta”.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital en el consorcio público-privado que desarrollará una gigafactoría avanzada de Inteligencia Artificial (IA). Se trata de una gran infraestructura de supercomputación con varios centros de datos y cientos de miles de chips avanzados diseñada para entrenar y operar modelos avanzados de IA a escala industrial.

La Unión Europa ha puesto encima de la mesa 20.000 millones de euros que se adjudicarán a entre tres y cinco gigafactorías repartidas por el continente. El proyecto español opta a ser una de ellas con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid. “Es una apuesta por la soberanía tecnológica e industrial”, ha defendido la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Elma Saiz.

El núcleo privado del consorcio lo forman Telefónica, ACS, el Banco Santander y Multiverse Computing, una startup con Sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA usando técnicas inspiradas en la computación cuántica, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento.

Banco Santander, ACS y Telefónica, controlarán de forma conjunta el 47% del capital de dicha sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno. Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad.

El Gobierno ostentará una participación del 47,99% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Esta entidad, conocida como la SEPI digital, agrupa las diferentes inversiones estatales en empresas tecnológicas de última generación con el objetivo de anclarlas al territorio y evitar la fuga de talento. Una de ellas es la propia Multiverse Computing. La Generalitat de Catalunya también contará con un 1% del capital de la gigafactoría en una fase inicial.

Fuentes del Ejecutivo detallan que aún no se conocen los plazos en los que la UE resolverá las candidaturas a las que adjudicará finalmente los fondos. El primero paso será la publicación del concurso oficial por parte de la Comisión Europea, algo que se espera que ocurra en julio. Hasta entonces, España continúa dando pasos para demostrar su compromiso con el proyecto.

El Gobierno de Canarias tiene un serio problema: se enfrenta al duro inconveniente que está relacionado con la gestión pública que ha hecho y viene haciendo de los recursos europeos destinados a las islas (en su mayoría para potenciar la transición ecológica y la energía limpia) con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), periodo 2021-26, un instrumento de apoyo financiero de la Unión Europea (UE) integrado en los fondos Next Generation, nacidos de forma excepcional por la crisis sanitaria de la covid y sus amplias consecuencias sectoriales, entre ellas la económica.

El problema se puede resumir en cifras de dinero público que puede ser devuelto a la UE o en el plazo límite inamovible para la justificación de las inversiones subsidiadas. Sobre lo primero, hay que decir que a los 55 millones de euros ya reintegrados hasta 2025 el propio Gobierno autonómico prevé unir 150 millones más, cantidad que indica que no se podrá gastar ni justificar a tiempo, antes del 31 de agosto de este año, esto según las proyecciones de los distintos departamentos informadas por la propia Consejería de Hacienda del Ejecutivo regional, con Matilde Asián, del PP, al frente de este departamento.

La suma de esas dos cantidades alcanza los 205 millones de euros, casi el 12% de la cifra total disponible para Canarias (1.727 millones). Esta probable pérdida de recursos, la por ahora medida por el Gobierno de Fernando Clavijo, la formación política Nueva Canarias (NC), en la oposición en el Parlamento de Canarias, la eleva hasta los 500 millones; esto es, cerca del 30% de los 1.727 millones disponibles para las islas. Sea un balance u otro, es innegable que el resultado deberá ser calificado de muy negativo.

El Gobierno de Canarias (CC y PP) confió, quizá más de la cuenta, en sus opciones de ampliar aquel plazo límite de justificación, el 31 de agosto de 2026, y lo cierto es que se ha dado de bruces contra la realidad impuesta por Bruselas, algo que se consideraba como muy probable.

Pese a los intentos del Ejecutivo autonómico (Fernando Clavijo y su vicepresidente, Manuel Domínguez, lo negociaron en Bruselas) de lograr con el apoyo del Gobierno español y sobre todo en el seno de la Comisión Europea la ampliación del plazo de justificación de las inversiones con cargo al MRR, al menos para los proyectos de transición energética y ecológica (donde se concentra el destino de esos fondos europeos aprobados para Canarias, con 531 millones del total de 1.727), nada se ha podido hacer y no hay ni un día más de gracia: el límite es inamovible y se mantiene en el 31 de agosto de 2026.

Así mismo lo subraya la Comisión Europea en su última comunicación oficial al respecto, publicada en el DOUE el 4 de mayo pasado (C/2026/2614) y también servida por el BOE. En esta comunicación, denominada Orientaciones para los Estados miembros sobre los aspectos operativos relacionados con la fase final y el cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), quedan claras varias cuestiones de interés: primera, que la Comisión ya en una comunicación previa, esta publicada el 4 de junio de 2025 [hace un año] y titulada Next Generation EU-Camino a 2026, recordaba el marco jurídico aplicable y los plazos de interés para la fase final de ejecución del MRR.

Entonces, decía: “El reglamento del MRR establece que todos los hitos y objetivos para la aplicación de las reformas e inversiones deben haberse completado a más tardar el 31 de agosto de 2026”. A esta afirmación, desde ese momento inalterada, recientemente se ha unido la ratificación del mismo plazo límite para tener justificado el uso de todos los fondos del MRR en la UE, también en las islas.

Sobre esto, la más reciente comunicación de la Comisión respecto al MRR, señala: “Dado que los hitos y objetivos deben haberse completado a más tardar el 31 de agosto de 2026, no cabe que el Consejo adopte modificaciones de los planes de recuperación y resiliencia después de dicha fecha. Además, solo si la adopción se produjera antes del 31 de agosto de 2026, podría la Comisión evaluar las solicitudes de pago presentadas sobre la base de las decisiones de ejecución del Consejo revisadas y adoptar la decisión de pago correspondiente a tiempo para que el desembolso se efectuase a más tardar el 31 de diciembre de 2026, tal como se establece en el artículo 24, apartado 1, del Reglamento del MRR”.

Y prosigue, sin margen a las excepciones, como quería Canarias por su condición de región RUP, entre otros argumentos: “De conformidad con el artículo 20, apartado 5, letra d), del Reglamento del MRR, todos los hitos y objetivos deben haberse alcanzado a más tardar el 31 de agosto de 2026. Las medidas para garantizar el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos adoptadas por los Estados miembros después de esa fecha no pueden tenerse en cuenta a la hora de evaluar las solicitudes de pago”.

A su vez, recuerda que “todas las solicitudes de pago, incluidas las declaraciones de gestión, los resúmenes de las auditorías realizadas y todas las pruebas justificativas necesarias para su evaluación, deberán presentarse a la Comisión a más tardar el 30 de septiembre de 2026”.

Proyecciones de reintegros a la vista

La Comunidad Autónoma de Canarias ha tenido una asignación total de fondos del MRR de 1.727 millones de euros para el periodo 2021-26. De este caudal financiero, al cierre del ejercicio presupuestario de 2025, consumidos cinco años de los seis de ejecución, solo se había justificado el gasto del 55% de esos fondos europeos nacidos con la covid; esto es, 944 millones de euros.

El 42% restante, 728 millones, son los pendientes de consumir. Si a estos dos valores absolutos, el de 944 y 728 millones, se suma la cantidad de 55 millones, que es el dinero de la UE ya devuelto al Estado en 2025, se alcanza aquella primera cifra global: 1.727 millones de euros, solo para el archipiélago.

Pese a que el Ejecutivo autonómico ha reconocido que ya se ha reintegrado el 3% de los 1.727 millones de euros (55 millones) y que la previsión de sus consejerías es que sobrarán o no podrán ser ejecutados 150 millones más de los 728 disponibles este 2026, hasta el 31 de agosto próximo, lo cierto es que, si se tiene en cuenta el nivel medio de ejecución de esos fondos del MRR hasta el cierre de 2025 (del 55%), Canarias es posible que deje de gastar del MRR nada menos que 328 millones de euros, bastante más que los 205 millones por ahora previstos o posibles, según la Consejería de Hacienda.

Aquella otra proyección, la que se apoya en el nivel de ejecución del MRR al cierre de 2025 (55%), es bastante más alta que la cifra que resulta de sumar los 150 millones de euros de este 2026, los previstos, y los 55 ya reintegrados hasta 2025.

Pero aún hay valoraciones más negativas, como la que realiza NC, que coloca ese umbral final de devolución en torno a los 500 millones de euros, el 30% de la partida global aprobada para las islas (la de 1.727 millones de euros).