Santander Saludable denuncia que el Ayuntamiento no ha aportado documentación “esencial” al contencioso de la Zona de Bajas Emisiones

La Asamblea Ciudadana Santander Saludable (ACSS) ha denunciado este viernes en un comunicado que el Ayuntamiento no ha aportado al procedimiento contencioso administrativo iniciado contra la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones documentación “esencial” para acreditar la base técnica y jurídica sobre la que se aprobó la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

En concreto, ha explicado que dentro de la documentación requerida en el procedimiento, el Ayuntamiento no ha facilitado copia del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Santander que debería de estar aprobado con carácter previo a la implantación de la ZBE, “ni documentación alguna que permita acreditar la existencia de ese instrumento de planificación en los términos exigidos por la normativa”.

Para la ACSS, esta ausencia resulta especialmente relevante porque la ZBE debe integrarse en una política de movilidad destinada a reducir de forma efectiva las emisiones y el tráfico.

Según los colectivos, el Ayuntamiento tampoco ha entregado los datos utilizados para diseñar y justificar la ZBE.

En este sentido, han indicado que el Ayuntamiento instaló, mediante una inversión pública de 1,8 millones de euros, “gran parte de ellos con fondos europeos”, una red municipal de estaciones y sensores destinados a medir la calidad del aire, la contaminación acústica y el tráfico. Según la información difundida por la propia ACSS, se trata de diez estaciones de medición de calidad del aire y cuarenta sensores acústicos, dentro del sistema desarrollado para la implantación de la ZBE.

Sin embargo, ha afirmado que el Ayuntamiento no ha aportado “ni nunca ha hecho públicos de forma accesible” los datos de las mediciones de estas estaciones, ni los datos de tráfico utilizados para elaborar el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones.

La ACSS considera especialmente grave esta ausencia, ya que esos datos deberían permitir conocer en cada momento dónde se concentra la contaminación, qué niveles de tráfico soportan las distintas zonas de Santander y qué criterios se utilizaron para establecer el perímetro de la ZBE.

“¿Con qué datos se decidió dónde colocar la ZBE? ¿Qué niveles de contaminación se registraban en cada zona? ¿Qué tráfico soportaban las calles de Santander? ¿Qué reducción de contaminación se esperaba conseguir?”, se ha preguntado la Asamblea, que ha subrayado que “no basta con instalar sensores” sino que “hay que publicar sus datos”.

Al hilo, la Asamblea ha recordado que uno de los fundamentos de su recurso es “la falta de transparencia y de acceso a la información ambiental”, y además cuestiona que una ZBE limitada a aproximadamente 0,2 kilómetros cuadrados, alrededor del 0,6% del término municipal, pueda producir una mejora significativa de la calidad del aire de Santander.

La ACSS considera que la documentación “insuficiente” aportada al procedimiento judicial “refuerza las dudas” que motivaron la presentación del contencioso-administrativo, en el que se cuestionan la planificación, eficacia, transparencia y capacidad de la actual ZBE para cumplir los objetivos de reducción de contaminación y protección de la salud pública.

La Asamblea ha reclamado al Ayuntamiento que haga públicos todos los datos ambientales y de tráfico disponibles y que Santander disponga de una “verdadera política de movilidad sostenible, basada en datos objetivos, transparencia y evaluación de resultados”.

Finalmente, ha sostenido que, contrariamente a lo que la alcaldesa, Gema Igual, viene defendiendo, Santander “es una ciudad contaminada, sometida a un intenso tráfico, cuyos efectos afectan a toda la ciudadanía y especialmente a las personas más vulnerables”.