La familia de Francisca Cadenas, desaparecida en Hornachos (Badajoz) en 2017 y por cuya muerte están en prisión dos vecinos suyos, han declarado este lunes en el juzgado de Villafranca de los Barros (Badajoz), donde se siguen las diligencias por los presuntos delitos de asesinato y contra la libertad a los detenidos, que son hermanos por su desaparición y muerte.

José Antonio Meneses, el hijo menor de Francisca Cadenas, ha relatado ante el juez y los medios de comunicación la “corazonada” que tuvo la noche en la que desapareció su madre. Según su testimonio, antes de llamar a la puerta de los vecinos, en cuya vivienda se hallaron los restos óseos nueve años después, escuchó a una persona con la “respiración súper elevada” que caminaba con nerviosismo.

“Cuando llamé, esa respiración disminuyó de forma brusca”, ha detallado Meneses, quien ha añadido que, al abrir la puerta, uno de los hermanos ahora investigados “intentó obstaculizar” la visión hacia el interior y se encontraba “sudoroso”. Asimismo, ha recordado que en los días posteriores escucharon “ruidos de martillo y cincel alucinantes” en dicho domicilio, sonidos que, según ha afirmado, “ahora cobran sentido”.

La familia “irá a por todas”

Tras la comparecencia judicial en Villafranca de los Barros, la familia de la víctima ha anunciado que irá “a por todas” para que sobre los dos hermanos detenidos recaiga la pena de prisión permanente revisable. La abogada de la acusación particular, Verónica Guerrero, ha precisado que si se confirma la hipótesis de la agresión sexual previa a la muerte —extremo recogido en los informes de la UCO—, solicitará formalmente la “pena máxima”.

La letrada ha adelantado que el proceso se encuentra en fase inicial y que prevé solicitar en breve una reconstrucción de los hechos, además de quedar a la espera del informe antropológico definitivo y el análisis del material intervenido en la vivienda de los acusados.

Por otro lado, la defensa jurídica de la familia ha negado con rotundidad las informaciones publicadas recientemente sobre una supuesta autopsia que exculparía a uno de los detenidos. Guerrero ha calificado de “mentira de inicio a final” los datos referidos a la hora de la muerte, subrayando que el informe forense es preliminar y no fija un momento exacto ni determina la participación de los implicados.

Finalmente, el marido y los tres hijos de Francisca Cadenas han leído un comunicado en el que apelan al “compromiso ético” de los medios de comunicación. Han solicitado que no se convierta su dolor en un “espectáculo” y que se evite la difusión de detalles innecesarios que incrementen su sufrimiento tras nueve años de incertidumbre. La familia confía en que, tras un proceso que prevén “largo y duro”, se haga justicia por la memoria de la víctima.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha dictado sentencia que confirma la pena de prisión permanente revisable a Eugenio Delgado como autor de la agresión sexual y asesinato de Manuela Chavero, la vecina de Monesterio (Badajoz) cuyo cadáver fue hallado cuatro años después de su muerte en una finca del condenado.

Ello con las agravantes de alevosía, ensañamiento, evitar el descubrimiento de un delito cometido anteriormente y la de comisión subsiguiente a un delito contra la libertad sexual.

Asimismo, se ratifica otra pena de 15 años de prisión por el delito de agresión sexual con violencia de extrema gravedad cometido sobre la misma víctima.

El Supremo desestima así íntegramente el recurso del acusado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que confirmó a su vez la dictada por un tribunal del jurado de la Audiencia de Badajoz, en mayo de 2024 y que supuso la primera condena a prisión permanente revisable en Extremadura.

Dicha sentencia declara como hechos probados que el 5 de julio de 2016, sobre las 02:15 horas, el acusado, Eugenio Delgado, se dirigió a la vivienda de la víctima tras observar que Manuela Chavero, de 42 años, se encontraba sola dentro de la casa sin haberse acostado aún. Tras hablar con ella, y con la excusa de devolverle una cuna que Manuela le había prestado un año antes, consiguió que ella le acompañara hasta una vivienda que la familia del ahora preso tiene a 80 metros de la casa de Manuela y que él utilizaba de forma esporádica.

La víctima salió de su casa con la finalidad de recoger la cuna y volver inmediatamente a su domicilio, por lo que dejó una lámpara encendida en el salón, la luz de la cocina y la televisión encendidas y dejó también su móvil, el bolso y las llaves.

Ya en el interior de la vivienda de la familia de Delgado, en la que estaban solos, “sin contar con el consentimiento de ella, la abordó sexualmente en forma no exactamente determinada”. A continuación, y “con la finalidad de aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la mujer”, el acusado le propinó diversos golpes que le causaron graves lesiones.

El conjunto de tales golpes y lesiones consiguientes provocaron, señala el fallo, “padecimientos innecesarios en orden a la consecución del resultado letal sumamente dolorosos para la víctima”.

Asimismo, la sentencia señala que el acusado causó “intencionada y deliberadamente” la muerte de la mujer con finalidad de ocultar su acción delictiva.

“El acusado, no solo se aprovechó de su fortaleza física, sino que despreció la condición de mujer de la víctima llevando a cabo su comportamiento en la creencia de que, en tanto hombre, ostentaba una posición de superioridad frente a ella por su naturaleza de mujer, que le permitía someter a esta a su voluntad”, señala el magistrado ponente.

Una vez causada su muerte, el acusado cargó el cuerpo sin vida de la mujer en su coche y lo transportó hasta una finca de su propiedad ubicada en el extrarradio de Monesterio, donde la enterró. El cadáver permaneció allí hasta septiembre de 2020 en que sus restos fueron desenterrados por agentes del Equipo Central de Inspección Ocular de la UCO de la Guardia Civil.

Durante las investigaciones, el acusado declaró en dos ocasiones en calidad de testigo, si bien no reconoció lo ocurrido en ninguna de ellas, entorpeció la investigación al generar dudas en torno a dónde se encontraba en la madrugada de la muerte violenta e incluso modificó su vehículo. Como consecuencia de estos hechos, los hijos, padres y hermanos de la fallecida han sufrido trastornos ansioso-depresivos, duelos complejos persistentes y trastornos post depresivos.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha confirmado la condena a prisión permanente revisable, la primera que se dicta en Balears, a Ali Kouch, el asesino de su mujer embarazada y su hijo en Sa Pobla (Mallorca) en mayo de 2021.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJIB ha ratificado la condena dictada en febrero y rechazado el recurso de apelación de la defensa de Kouch, que reclamaba un nuevo fallo que fijara el porcentaje de condena que debe cumplir antes de ser expulsado de España.

El abogado de Kouch, el letrado Miquel Àngel Ordinas, consideraba que la expulsión de España que determina el fallo debía acordarse cuando se cumplieran dos tercios del castigo o cuando se le concediera la libertad condicional, y no cuando el condenado acceda al tercer grado, como únicamente fija la sentencia recurrida.

La Sala ha desestimado el recurso, que fue impugnado por el letrado de la familia de la víctima, Pablo Juanico, y confirma la sentencia dictada en febrero a prisión permanente así como las indemnizaciones, que rondan los 800.000 euros.

La magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado impuso a Kouch 25 años de prisión por matar a su esposa embarazada; la prisión permanente revisable por asesinar a su hijo de siete años; y 6 meses de prisión por maltrato habitual.

Según quedó recogido en la sentencia, “el acusado atacó a su hijo menor de 7 años aprovechándose no sólo del hecho de que el menor no iba a esperar un ataque de la persona que debe velar por él y protegerle, sino de la desproporción de fuerzas existente entre un menor de 7 años y un adulto joven y consumó su propósito con suma facilidad, le cogió del cuello y lo estranguló, no sin antes haber inmovilizado al menor utilizando los pies puesto que fueron halladas fibras de la camiseta del menor en las chanclas que portaba el acusado, conducta que se define por sí misma y resulta merecedora de un contundente reproche penal”.

La defensa del exmilitar Adán Feito, de 36 años, ha pactado este viernes una condena de 42 años de cárcel con la Fiscalía y la acusación particular a cambio de reconocer explícitamente que, en marzo de 2023, agredió sexualmente y asesinó a una mujer de 44 años, de origen moldavo y vecina de Oviedo.

Con este acuerdo, ha evitado la posible condena a prisión permanente revisable a la que se iba a enfrentar en un juicio y que ya no llegará a celebrarse al admitir los hechos ante los magistrados de la Audiencia Provincial de Asturias.

El acuerdo de conformidad incluye además una medida de libertad vigilada durante 10 años, la obligación de someterse a un programa de educación sexual y el pago de una indemnización de 200.000 euros a la madre de la víctima.

Ratificó su culpabilidad

La modificación de la calificación de los hechos imputados y la aceptación de la condena por parte del acusado se han formalizado esta mañana ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo.

En la vista, el acusado ratificó su culpabilidad y mostró su conformidad con los hechos y las penas solicitadas, por lo que no será necesario el desarrollo de las sesiones del juicio oral. Inicialmente estaba señalada su celebración para el próximo mes de abril.

No dejó opción de defensa a la víctima

En sus escritos de calificación provisional, ya las acusaciones -pública y particular- dejaban claro que el acusado no había dejado opción alguna de defensa a la víctima, por lo que ésta no pudo prever el ataque, ni tampoco pudo reaccionar.

Aprovechando sus conocimientos militares, según los relatos de las acusaciones, el acusado mató a la mujer, Tatiana C., por el método del 'mataleón' que consiste en atacar por la espalda y por sorpresa a la víctima, a la cual estrangula con sus brazos, provocando que ésta pierda la conciencia en cuestión de segundos. Además, empleó una “gran fuerza y violencia con intención de causarle el máximo sufrimiento posible”.

Adán Feito conoció a Tatiana aproximadamente en el mes de febrero de 2023 a través de diferentes páginas de contactos en las que la víctima ofrecía sus servicios sexuales. En esa fecha, ambos mantuvieron un encuentro íntimo en el domicilio de ella, en Oviedo.

Los contactos con la víctima

Según el relato de la Fiscalía, el acusado siguió interesado en mantener un nuevo encuentro sexual con ella, para lo que contactó telefónicamente, acordando que la cita tendría lugar el 9 de marzo.

Ese día, el hombre se dirigió a la casa de la víctima, desde la localidad de Pola de Lena, y previamente mantuvo diversos contactos, tanto telefónicos como por WhatsApp, con ella. Una vez en el portal de la mujer, sobre las cinco de la tarde, ella le abrió y le permitió subir, “ante la creencia de que se trataría de un encuentro profesional más”, según consta en el escrito. 

Una vez que ambos se encontraban en el dormitorio, el acusado “con claro ánimo de satisfacer su deseo sexual”, expone la Fiscalía, cogió dos fundas de almohada que se encontraban sobre la cama, amordazando violentamente con una de ellas a la víctima, impidiendo así que la mujer pudiera pedir auxilio.

Además, valiéndose de la otra, le anudó fuertemente las dos muñecas, imposibilitado cualquier opción de defensa y a continuación, la agredió sexualmente, “de forma brutal y reiterada”.

El acusado, con la única intención de terminar con la vida de la mujer, así como de causarle el máximo sufrimiento posible más allá del estrictamente necesario para causarle la muerte y sin que ella pudiera prever el ataque se colocó por detrás y, utilizando la técnica del "mataléon", que conocía a la perfección por su formación militar, le agarró fuertemente el cuello entre sus brazos, dejándose caer sobre la cama, con la víctima encima. Empleó entre 7 y 10 minutos apretando sus brazos con fuerza y una violencia de gran magnitud

La técnica del 'mataleón'

Seguidamente, “con la única intención de terminar con la vida de la mujer, así como de causarle el máximo sufrimiento posible más allá del estrictamente necesario para causarle la muerte y sin que ella pudiera prever el ataque -prosigue el escrito-, se colocó por detrás y, utilizando la técnica del ”mataléon“, que conocía a la perfección por su formación militar, le agarró fuertemente el cuello entre sus brazos, dejándose caer sobre la cama, con la víctima encima.

La Fiscalía calcula que el acusado empleó entre 7 y 10 minutos apretando sus brazos con fuerza y una violencia “de gran magnitud”.

Trasladó el cadáver

A pesar de que era “perfectamente consciente” de que había logrado acabar con su vida, ya que la mujer no respiraba ni tenía pulso ni signo vital alguno, la colocó en posición lateral para trasladarla al cuarto de baño y colocó el cadáver dentro de la bañera.

La Fiscalía asegura que seguidamente se dirigió a la cocina, cogió una tijera de un cajón y regresó al baño, donde cortó a jirones la ropa que llevaba puesta la mujer, que tiró a una papelera junto con las dos fundas de almohada que había utilizado anteriormente, desnudándola completamente.

Posteriormente, abrió el grifo, volvió a la cocina a dejar las tijeras y regresó al cuarto de baño, cerró la bañera una vez se hubo llenado de agua y se fue.

Adán Feito regresó a Lena, donde vivía, pasadas las siete y cinco de la tarde, y continuó haciendo vida normal con su familia. Estaba casado y tenía un niño pequeño.

Dos meses después de la violación y asesinato de Tatiana fue detenido por la Policía y, desde el 31 de mayo de 2023, permanece ingresado en prisión provisional.

Tras consumar el crimen, se fue a su domicilio y continuó haciendo vida normal con su mujer y su hijo pequeño. Fue detenido dos meses después del asesinato y, según sostiene la Fiscalía, su colaboración con la Policía reconociendo los hechos y facilitando su reconstrucción -que fue grabada en vídeo- ha ayudado a su esclarecimiento. Una confesión que le ha servido además como atenuante

La atenuante de confesión

En el mismo momento de su arresto, según sostiene la Fiscalía, colaboró con las fuerzas policiales reconociendo los hechos y facilitando su reconstrucción, que fue grabada en vídeo, lo que, a su juicio, ha ayudado a su esclarecimiento. Una confesión que le ha servido además como atenuante en la condena.

La causa ha estado paralizada por causas no imputables al acusado durante un largo periodo de tiempo, otra circunstancia atenuante por dilaciones indebidas que ha jugado a favor del exmilitar.

Control telemático

El acusado se ha mostrado conforme con este relato, ha admitido los hechos y con ellos una condena de 30 años por el delito de asesinato y 12 años por el delito de agresión sexual, con la agravante de reincidencia por este último delito y las atenuantes por analogía de dilaciones indebidas y de confesión.

El acuerdo contempla además una condena de libertad vigilada durante 10 años en los que Adán Feito tendrá la obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente, comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el juez o tribunal señale a tal efecto, cualquier cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo.

La denuncia de una soldado

También tendrá vigente una orden de prohibición de aproximarse y comunicarse con la madre de la víctima, a la que tendrá que indemnizar con 200.000 euros.

El Ministerio de Defensa inició los trámites para expulsar del Ejército de Tierra al cabo Adán Feito por antecedentes similares cuando aún estaba destinado en el acuartelamiento del Regimiento de Infantería 'Galicia' número 64, en Jaca (Huesca), y por los que permanecía suspendido e inhabilitado de forma temporal hasta mayo de 2024 por una falta tipificada como muy grave.

A raíz del asesinato de Tatiana, trascendió públicamente que el cabo había sido denunciado por una compañera soldado por abuso sexual.

La Justícia ha condemnat a presó permanent revisable l'home que va assassinar la seva dona embarassada i el seu fill de set anys al municipi mallorquí de Sa Pobla (Mallorca) el maig del 2021. Es tracta de la primera vegada que es dicta a Balears aquest tipus de condemna.

La magistrada-presidenta del Tribunal del Jurat li ha imposat una pena de 25 anys de presó per matar la seva dona, que estava encinta, la presó permanent revisable per matar el seu fill de set anys i sis mesos de presó per maltractament habitual.

Tal com resa la resolució, l'acusat va atacar el seu fill de set anys aprofitant-se no només del fet que el nen “no esperaria un atac de la persona que ha de vetllar per ell i protegir-lo, sinó de la desproporció de forces existent entre un menor de set anys i un adult jove i va consumar el seu propòsit amb molta facilitat: el va agafar del coll i el va escanyar, no sense abans haver immobilitzat el menor utilitzant els peus ja que van ser trobades fibres de la samarreta del menor a les xancletes que portava l'acusat, conducta que es defineix per si mateixa i resulta mereixedora d'un retret penal contundent”.

La sentència determina que el processat haurà d'indemnitzar cada un dels pares de la seva dona en la quantitat de 238.593 euros, així com els seus tres germans amb un total de 322.755 euros, per la qual cosa haurà de pagar a la família de les víctimes uns 800.000 euros.

“S'estima que les quanties indemnitzatòries sol·licitades per l'acusació particular resulten proporcionades i justificades en atenció a l'incalculable perjudici moral que es deriva dels fets declarats provats”, assenyala la magistrada.

Cal recordar que divendres passat, el Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Balears va emetre un veredicte de culpabilitat contra el condemnat en considerar provats els dos assassinats amb traïdoria i acarnissament, amb l'agreujant de parentiu i discriminació de gènere -un d'ells- i un delicte d'avortament.

Els membres del Jurat també el van considerar culpable de maltractar la seva dona i el seu fill. El Tribunal li va apreciar l'atenuant analògica de col·laboració amb la Justícia, ja que va trucar a la Guàrdia Civil confessant els fets. La sentència no és ferma i contra aquesta cap recurs d'apel·lació davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB).

Els fets van tenir lloc el 16 de maig del 2021, quan en el transcurs d'una discussió amb la seva dona, que es trobava al voltant de la setmana 20 de gestació, l'home hauria propinat un fort cop al cap amb un cisell la víctima i l'hauria escanyat fins a matar-la a ella i el nadó en gestació. Tot això en presència del fill de tots dos, de set anys, a qui també hauria escanyat fins a acabar amb la seva vida.

La Justicia ha condenado a prisión permanente revisable al hombre que asesinó a su mujer embarazada y a su hijo de siete años en el municipio mallorquín de Sa Pobla (Mallorca) en mayo de 2021. Se trata de la primera vez que se dicta en Balears este tipo de condena.

La magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado le ha impuesto una pena de 25 años de prisión por matar a su esposa, quien se encontraba encinta, la prisión permanente revisable por matar a su hijo de siete años y a seis meses de cárcel por maltrato habitual.

Tal como reza la resolución, el acusado atacó a su hijo de siete años aprovechándose no sólo del hecho de que el niño “no iba a esperar un ataque de la persona que debe velar por él y protegerle, sino de la desproporción de fuerzas existente entre un menor de siete años y un adulto joven y consumó su propósito con suma facilidad: lo cogió del cuello y lo estranguló, no sin antes haber inmovilizado al menor utilizando los pies puesto que fueron halladas fibras de la camiseta del menor en las chanclas que portaba el acusado, conducta que se define por sí misma y resulta merecedora de un contundente reproche penal”.

La sentencia determina que el procesado deberá indemnizar a cada uno de los padres de su esposa en la cantidad de 238.593 euros, así como a sus tres hermanos con un total de 322.755 euros, por lo que deberá pagar a la familia de las víctimas unos 800.000 euros.

“Se estima que las cuantías indemnizatorias solicitadas por la acusación particular resultan proporcionadas y justificadas en atención al incalculable perjuicio moral que se deriva de los hechos declarados probados”, señala la magistrada.

Cabe recordar que el viernes pasado, el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Balears emitió un veredicto de culpabilidad contra el condenado al considerar probados los dos asesinatos con alevosía y ensañamiento, con la agravante de parentesco y discriminación de género -uno de ellos- y un delito de aborto.

Los miembros del Jurado también le consideraron culpable de maltratar a su esposa y a su hijo. El Tribunal le apreció la atenuante analógica de colaboración con la Justicia, dado que llamó a la Guardia Civil confesando los hechos. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB).

Los hechos tuvieron lugar el 16 de mayo de 2021, cuando en el transcurso de una discusión con su mujer, que se encontraba en torno a la semana 20 de gestación, el hombre habría propinado un fuerte golpe en la cabeza con un cincel a la víctima y la habría estrangulado hasta matarla a ella y al bebé en gestación. Todo esto en presencia del hijo de ambos, de siete años, a quien también habría estrangulado hasta acabar con su vida.

El jurat ha declarat culpable l'assassí confés de Sa Pobla (Mallorca), que podria ser el primer condemnat a les Balears a presó permanent revisable, per acabar amb la vida de la seva dona embarassada i del seu fill de set anys el maig del 2021.

El veredicte de culpabilitat ha estat aconseguit per unanimitat després del judici que va acabar aquest dilluns a l'Audiència Provincial i després de dos dies i mig de deliberació.

Els membres del jurat han considerat provat per unanimitat, a més, que les víctimes no es van poder defensar de les agressions mortals de l'acusat. Els cops al cap i el prolongat estrangulament a què va ser sotmesa la dona, han afegit, demostren que l'acusat va actuar amb intenció de sotmetre-la a un “inhumà patiment”.

Els jurats han considerat provat per unanimitat que l'assassí confés sabia que la seva dona estava embarassada i, per altra banda, han considerat no provat -també per unanimitat- que aquest hagués consumit alcohol, cocaïna o heroïna el dia dels fets.

Les acusacions reclamen que l'home sigui condemnat a presó permanent revisable -és la primera vegada que es demana aquesta pena a les Balears des que es va implantar a Espanya-, mentre que la seva defensa reclama que els fets siguin considerats delicte d'homicidi, amb una pena inferior.

Els fets van tenir lloc el 16 de maig del 2021, quan en el transcurs d'una discussió amb la seva dona, que estava entorn de la setmana 20 de gestació, l'home hauria propinat un fort cop al cap a la dona i l'hauria escanyat fins a matar-la a ella i al bebè en gestació. Tot això en presència del fill de tots dos, de set anys, a qui també hauria escanyat fins a acabar amb la seva vida.

El jurado ha declarado culpable al asesino confeso de Sa Pobla (Mallorca), que podría ser el primer condenado en Balears a prisión permanente revisable, por acabar con la vida de su mujer embarazada y su hijo de siete años en mayo de 2021.

El veredicto de culpabilidad ha sido alcanzado por unanimidad tras el juicio que acabó este lunes en la Audiencia Provincial y después de dos días y medio de deliberación.

Los miembros del jurado han considerado probado por unanimidad, además, que las víctimas no pudieron defenderse de las agresiones mortales del acusado. Los golpes en la cabeza y el prolongado estrangulamiento al que fue sometida la mujer, han añadido, demuestran que el acusado actuó con intención de someterla a un “inhumano sufrimiento”.

Los jurados han considerado probado por unanimidad que el asesino confeso sabía que su esposa estaba embarazada y, por otro lado, han considerado no probado --también por unanimidad-- que éste hubiera consumido alcohol, cocaína o heroína el día de los hechos.

Las acusaciones reclaman que el hombre sea condenado a prisión permanente revisable -es la primera vez que se pide esta pena en Balears desde que se implantó en España-, mientras que su defensa reclama que los hechos sean considerados delito de homicidio, con una pena inferior.

Los hechos tuvieron lugar el 16 de mayo de 2021, cuando en el transcurso de una discusión con su mujer, que estaba en torno a la semana 20 de gestación, el hombre habría propinado un fuerte golpe en la cabeza con un cincel a la mujer y la habría estrangulado hasta matarla a ella y al bebé en gestación. Todo esto en presencia del hijo de ambos, de siete años, a quién también habría estrangulado hasta acabar con su vida.

La Audiencia provincial de Badajoz, de acuerdo con el veredicto de culpabilidad del jurado popular, ha condenado al autor de asesinar a Manuela Chavero en Monesterio (Badajoz) el 5 de julio de 2016, a la pena de 15 años de prisión por un delito de agresión sexual con violencia de extrema gravedad y penetración, y a prisión permanente revisable por el delito de asesinato, concurriendo, respecto de este último, las circunstancias agravantes específicas de alevosía, ensañamiento, evitar el descubrimiento de un delito cometido anteriormente y la de comisión subsiguiente a un delito contra la libertad sexual y concurriendo en ambos delitos la circunstancia agravante de género.

Asimismo, se le impone la prohibición de acudir al término municipal de Monesterio o de acercarse a menos de mil metros o comunicar por cualquier medio con los hijos, madre y hermanos de la víctima por tiempo de diez años superior al de la condena privativa de libertad. Igualmente, por ambos delitos se le impone al acusado la libertad vigilada durante diez años, una vez se extinga la pena de prisión.

El acusado tendrá que abonar a los hijos, madre y hermanos de la fallecida un total de 559.460 euros en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia declara como hechos probados, conforme al veredicto emitido por el jurado, que el acusado el 5 de Julio de 2016, sobre las 2:15 horas, se dirigió a la vivienda de la víctima, al haber advertido que ella se encontraba dentro de la casa sin haberse acostado aún. La mujer estaba sola en casa y el acusado consiguió que esta lo acompañara hasta la vivienda propiedad de la familia de aquel a unos 80 metros de distancia, y que el acusado visitaba esporádicamente. Para ello, el acusado utilizó la excusa de devolverle una cuna que ella le había prestado para que la usara una pareja de amigos de aquel, que lo visitaron el año anterior, acompañados de una niña de corta edad.

La víctima salió de su casa con la finalidad de recoger la cuna y volver inmediatamente a su domicilio, por lo que dejó una lámpara encendida en el salón, la luz de la cocina y la televisión de esta misma estancia encendidas y dejó también su móvil, el bolso y las llaves. Ya en el interior de la vivienda de la familia del acusado, en la que estaban solos, sin contar con el consentimiento de ella y con la intención de satisfacer sus deseos íntimos, la abordó sexualmente en forma no exactamente determinada, recoge la sentencia.

A continuación, con la finalidad de aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la mujer, el acusado le propinó diversos golpes que le causaron las siguientes lesiones: traumatismo facial con fractura de varios dientes superiores y arrancamiento del incisivo central izquierdo; fractura del hueso nasal derecho; y fracturas en ambos rebordes inferiores de las órbitas de los ojos, así como rotura de varias costillas.

El conjunto de tales golpes y lesiones consiguientes provocaron, señala el fallo, “padecimientos innecesarios en orden a la consecución del resultado letal sumamente dolorosos para la víctima”. Asimismo, la sentencia señala que el acusado causó “intencionada y deliberadamente” la muerte de la mujer con finalidad de ocultar su acción delictiva.

“El acusado no solo se aprovechó de su fortaleza física, sino que despreció la condición de mujer de la víctima llevando a cabo su comportamiento en la creencia de que, en tanto hombre, ostentaba una posición de superioridad frente a ella por su naturaleza de mujer, que le permitía someter a esta a su voluntad”, señala el magistrado ponente.

Una vez causada su muerte, el acusado cargó su cuerpo en su coche y lo transportó hasta una finca de su propiedad, sita en el término municipal de Monesterio donde la enterró.

El cuerpo permaneció allí hasta el día 18 de septiembre de 2020 en que sus restos fueron desenterrados por agentes del Equipo Central de Inspección Ocular de la UCO de la Guardia Civil.

El acusado por la desaparición de la vecina de Monesterio fue llamado a declarar en dos ocasiones en calidad de testigo, “no reconociendo lo ocurrido en ninguna de ellas, entorpeciendo la investigación al generar dudas en torno a donde se encontraba en la madrugada de la muerte violenta, o incluso realizando modificaciones externas en el vehículo donde trasladó su cadáver”, recoge la sentencia.  

No fue hasta varios años después cuando confesó el lugar en el que había inhumado el cadáver de la víctima. A consecuencia de estos hechos, los hijos, padres y hermanos de la fallecida han sufrido daños psíquicos tales como trastornos ansioso-depresivo, duelo complejo persistente o trastorno post depresivo.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Amigos de Manuela Chavero se han concentrado ante la Audiencia de Badajoz para exigir prisión permanente revisable para el único acusado de la desaparición y muerte de esta vecina de Monesterio (Badajoz), unos hechos que se juzgan desde este lunes.

Los asistentes a esta concentración, en la que no estaban los hijos ni la hermana de Manuela, han coreado lemas de “justicia” y han exigido prisión permanente revisable para Eugenio Delgado, la única persona que se sienta en el banquillo de los acusados y para la que tanto la Fiscalía como las tres acusaciones particulares piden similar pena.

Uno de los presentes en este acto ha pedido que el acusado “se muera en la cárcel, como muerta está Manuela”. “Ojo por ojo, diente por diente”, ha agregado.

Asimismo, han colocado ante las puertas del edificio judicial una pancarta con el lema “Todos con Manuela” acompañado de una foto de ella.

Ocho años después de la desaparición de Manuela Chavero y cuatro desde que su cadáver fue localizado envuelto en una sábana y enterrado en una finca de Monesterio, municipio pacense en el que residía, el juicio por estos hechos comienza este lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz.

En el banquillo de los acusados y ante un jurado popular se sentará Eugenio Delgado, un veinteañero por aquel entonces y la última persona que estuvo con ella en la noche de su desaparición, el 5 de julio de 2016, y quien cuatro años después condujo a los investigadores hasta el lugar donde enterró el cadáver.

El juicio por el asesinato de Manuela Chavero, la vecina de Monesterio (Badajoz), ocurrido en 2016 comenzará, previsiblemente, entre el 13 y 17 de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz y en el que la Fiscalía pedirá la prisión permanente revisable para su presunto autor.

Según ha declarado a EFE Verónica Guerrero, la abogada de la familia de Manuela Chavero, aún no hay fecha cerrada para el inicio de la vista, aunque ese período, entre el 13 y el 17, es el que se ha barajado en las últimas reuniones celebradas. En cualquier caso, la abogada ha considerado que es “una buena noticia” para la familia que se celebre cuanto antes y que “puedan descansar”.

El asesinato de Manuela Chavero ocurrió en 2016 pero sus restos no fueron hallados hasta 2020, año desde que el autor del mismo se encuentra en prisión. El escrito de calificación también establece una indemnización de unos 513.000 euros para los familiares y el juicio será con jurado. Al presunto autor se le acusa de delito de asesinato con alevosía para evitar el descubrimiento del delito contra la libertad sexual de Manuela Chavero cometido anteriormente.

Relatos de los hechos, según la Fiscalía

Según el relato de la Fiscalía, el acusado, que en aquel momento tenía 23 años, el día 5 de julio de 2016, alrededor de las 2,15 horas, se dirigió a la vivienda de Manuela Chavero, de 42 años, al haber advertido desde el exterior que ella se encontraba dentro de la casa sin haberse aún acostado y que estaba sola.

Una vez en la casa entabló una conversación con ella, a la que conocía desde hacía muchos años, y la convenció para que lo acompañara hasta la vivienda titularidad de su familia, a unos 80 metros de distancia, y que este usaba esporádicamente.

Ya en el interior de esta segunda vivienda de la familia del acusado, sin contar con el consentimiento de Manuela y “con la intención de satisfacer sus instintos sexuales, la abordó sexualmente en forma no exactamente determinada, pero hasta el punto de eyacular dentro de ella”. A continuación, con la finalidad de ocultar su acción delictiva, le propinó diversos golpes que le causaron múltiples lesiones y la muerte.

Posteriormente cargó su cuerpo en un vehículo propiedad de este y lo transportó hasta la finca, donde la enterró totalmente desnuda, envuelta en una sábana y un albornoz y atada con cuerdas.

El cuerpo permaneció allí hasta el día 18 de septiembre de 2020, cuando los restos fueron desenterrados por agentes del Equipo Central de Inspección Ocular de la UCO de la Guardia Civil en presencia del acusado, su abogado, el Fiscal, el médico forense y del resto de la comisión judicial del Juzgado de Instrucción no 1 de Zafra.

El acusado se encuentra en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza por estos hechos desde el día 20 de septiembre, si bien está privado de libertad desde el día 17, fecha en que fue detenido por agentes de la Guardia Civil.

La acusación particular pide prisión permanente revisable para el hombre que mató en 2021 a su mujer embarazada, de 26 años, y al hijo común de ambos, de seis años, en Sa Pobla (Mallorca).

La abogada de la familia de la víctima, Isabel Fluxà, ha presentado el escrito de acusación por este doble crimen, por el que imputa a A. K., de 38 años, cuatro delitos: homicidio, asesinato, aborto inconsentido y maltrato habitual.

Por el delito de asesinato del menor, la familia solicita la pena de prisión permanente revisable para el padre. Es la segunda vez que se solicita esta pena por un crimen en Mallorca -también se planteó en un caso de asesinato y robo en Sencelles juzgado en 2019-, pero la primera en el que la víctima es un menor.

Por el delito de homicidio de la mujer, con agravante de género, la abogada pide 20 años de prisión; por aborto inconsentido ocho años y por maltrato tres años más, todo ello con agravantes de parentesco.

Además, la acusación particular también reclama una indemnización de 200.000 euros para los padres de la víctima; y 10.000 euros para cada uno de los tres hermanos, como ha adelantado 'Última Hora'.

El doble crimen tuvo lugar el 16 de mayo de 2021 en el domicilio familiar en Sa Pobla. El escrito de la acusación particular describe que el hombre primero golpeó en varias ocasiones a su pareja y posteriormente la estranguló. En aquel momento, la mujer estaba embarazada de un varón, pero el feto no pudo sobrevivir.

La abogada expone también que el acusado estranguló a su hijo de seis años de edad, y después abandonó el lugar, dejando la puerta del domicilio cerrada con llave.

Fue detenido al día siguiente. Sobre las 16.15 horas envió un mensaje a su cuñado informando de que su hermana estaba muerta y dónde se encontraban los cuerpos; sobre las 20.00 horas, llamó a la Guardia Civil para confesar que había matado a su mujer e hijo.

La acusación particular añade a este doble crimen episodios de maltrato previos. Según la abogada, durante la convivencia de la pareja en el domicilio familiar, el acusado habría agredido en diferentes ocasiones, física y verbalmente, tanto a la mujer como al hijo común de ambos.

Existían antecedentes por violencia de género; la mujer había denunciado al menos dos veces a su pareja. La entonces delegada del Gobierno en las Islas, Aina Calvo, negó que se produjeran fallos en el seguimiento de la víctima, que había vuelto a convivir con el asesino a pesar de dos denuncias por malos tratos en 2012 y 2018. Según explicaron desde Delegación, la denunciante salió del programa voluntariamente argumentando que no existían síntomas o riesgo de amenazas.

El caso lo juzgará en la Audiencia Provincial un Tribunal del Jurado. La Fiscalía todavía no ha formulado su escrito de acusación.

La Audiencia de Zaragoza ha condenado a prisión permanente revisable a los padres de Laia, la niña de 2 años que murió tras sufrir innumerables golpes y torturas en su domicilio familiar en la capital aragonesa, por el asesinato de la menor, con las agravantes de alevosía y ensañamiento.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el tribunal basa su decisión en el veredicto del jurado popular encargado del caso, que consideró de forma unánime a la madre de la niña, Vanesa M.P., de 31 años, y a su padrastro, Cristian, V.L., de 36, como responsables directos de la muerte de Laia a tenor del testimonio de los testigos y del informe de los forenses.

Este informe, que el tribunal considera “determinante” en su sentencia, estableció que uno de los innumerables golpes sufridos por la niña a lo largo del tiempo le reventó el duodeno y le provoco una peritonitis infecciosa que le causo una muerte, dolorosa, prolongada y agónica.

El jurado también valoró los testimonios de los testigos que atendieron a la menor después de que sus padres llamaran al servicio de emergencias del 112, para quienes la niña podía haber fallecido un tiempo antes de la llegada de los médicos de urgencias.

En su sentencia, el tribunal descarta los argumentos exculpatorios de los procesados, que se incriminaron mutuamente de los hechos para tratar de eludir sus respectivas responsabilidades, y considera, a tenor del testimonio grabado de una hermana de la víctima, que ambos padres pegaban a la niña.

De acuerdo con las pruebas practicadas, el magistrado presidente del jurado aprecia que la niña no sólo fue obligada a ingerir guindillas como castigo, sino que le fueron administradas cocaína, cannabis, paracetamol, antidepresivos e hipnóticos durante, al menos, seis meses previos a la fecha de su fallecimiento.

Además de la condena a prisión permanente revisable, el tribunal condena a los acusados a indemnizar al padre biológico de la menor y a su abuela, así como a los dos hermanos de la niña, a un total de 280.000 euros.

La muerte de la menor se produjo la noche del 21 de marzo de 2021, después de que los servicios sanitarios de emergencia desplazados a la vivienda de los acusados en la capital aragonesa, donde convivían con otros dos hijos menores, certificaran su fallecimiento, sin poder hacer ya nada para salvar su vida. 

El moldavo Igor Postolache, autor confeso del asesinato de la niña Erika Yunga, de 14 años, perpetrado en Oviedo en abril de 2022, ha sido hallado muerto este miércoles en su celda de la prisión de Villahierro en Mansillas de las Mulas (León), donde se encontraba cumpliendo su pena de prisión permanente revisable.

Según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno, el recluso ha sido encontrado a primera hora de la mañana ahorcado en su celda en el mismo día que estaba previsto su traslado a una prisión en La Coruña tras confirmarse su sentencia condenatoria.

Un portavoz de Instituciones Penitenciarias ha asegurado a elDiario.es Asturias que a partir de ahora se abrirán dos investigaciones: una por vía judicial y otra de carácter interno para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Las mismas fuentes han indicado que oficialmente no se van a aportar nuevos detalles, ni las causas de la muerte dentro del recinto penitenciario hasta que se disponga del informe completo de la autopsia que se le practicará al cadáver en las próximas horas.

El asesino planificó el crimen y actuó con alevosía

Igor Postolache, de 31 años, confesó haber asesinado y agredido sexualmente a Erika Yunga, de 14 años, en la capital asturiana en abril de 2022 y asumió el relato de la Fiscalía de que fue un crimen “planeado, con premeditación, alevosía y ensañamiento”.

Cuando se produjo el crimen, Postolache apenas llevaba tres semanas residiendo en un piso de la primera planta del número 69 de la calle Vázquez de Mella, en el barrio ovetense de Vallobín, donde Erika vivía con su familia, de origen ecuatoriano. La familia de la menor reside en España desde hace décadas en una vivienda de la cuarta planta.

Según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, Postolache estudió los horarios de entrada y salida de la menor de su domicilio y planeó asaltarla en el portal cuando regresara de sus clases en el instituto.

El 5 de abril de 2022, el moldavo decidió llevar adelante su plan. Cuando Erika llegó al edificio, llamó por el telefonillo a su domicilio para avisar de que había llegado y su padre le abrió el portal. Sin embargo, al comprobar que la menor tardaba y no subía a la vivienda, un hermano decidió ir a ver qué ocurría.

Cuando el hermano bajaba las escaleras del inmueble se encontró en el rellano con un reguero de sangre que conducía hacia el interior de un piso de la primera planta, que se correspondía con la vivienda del moldavo.

Tras dar la voz de alarma, varias patrullas de la Policía Nacional se personaron en el lugar para tratar de acceder a la vivienda, a la que los agentes entraron desde un patio interior. Dentro de la vivienda, los agentes encontraron a Erika tendida en el suelo con varias heridas de arma blanca. La autopsia confirmó que Erika también sufrió una agresión sexual, como consta en el escrito de calificación de la Fiscalía asturiana.

Atrincherado en el baño tras cometer el crimen

Postolache fue detenido en su piso donde se había atrincherado en el baño y acababa de autolesionarse. En un primer momento fue trasladado hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) -donde permaneció custodiado- para ser atendido de las lesiones que él mismo se infligió. Tras ser dado de alta, fue trasladado al Centro Penitenciario de Asturias.

Posteriormente se le cambió de prisión e ingresó en la cárcel de Villahierro, en León, donde se le aplicó durante algunos meses el protocolo de prevención de suicidios, y permaneció en una celda vigilada las 24 horas del día con un preso de confianza, un protocolo que según fuentes de Instituciones Penitenciarias ya no estaba en vigor.

Funcionarios de prisiones han afirmado que durante su estancia en la prisión leonesa apenas hacía vida fuera de la celda y no socializaba con el resto de reclusos.

A última hora de la mañana de hoy, miércoles, la familia de Erika aún no tenía confirmación oficial de la muerte del asesino confeso, según relataron a Eldiario.es fuentes jurídicas.

Continúa en Albacete el juicio contra A.G.S., el hombre acusado de asesinar y emparedar a María Isabel de la Rosa, la trabajadora de la ONCE desaparecida en Albacete en agosto de 2021. Este miércoles la sesión ha comenzado con la declaración del que fuera inspector jefe del grupo de homicidios de la Policía Nacional de Albacete, encargado de liderar la investigación, quien ha descrito cómo fue el caso desde que los familiares de la víctima denunciaron su desaparición la mañana del viernes 20 de agosto de 2021.

El inspector ha contado los pasos a seguir desde la denuncia por desaparición, que desde un primer momento, por las explicaciones de la familia, se trató como un caso de desaparición forzosa o, en su caso, involuntaria.

“Primero determinamos el recorrido y las personas que podrían haber visto a la desaparecida. Puesto que era empleada de la ONCE y vendía cupones, lo primero fue ir a los bares por los que ella solía ir y recreamos el recorrido que María Isabel solía hacer, además de hablar con las personas que conforman su núcleo familiar y de amistad”, ha explicado.

Información sobre TPV

Según ha declarado, la mañana de su desaparición, el 19 de agosto, la víctima quedó a desayunar con su amiga y luego hizo su trayecto habitual por las cafeterías de la ciudad, llegando a ingresar la recaudación del día anterior, algo que no ocurrió al día siguiente, cuando se interpuso la denuncia.

Además, la policía solicitó a la ONCE información sobre su TPV, que se desconectó sobre las 16.49 horas de la tarde del jueves 19, y ya no se volvió a encender. “Preguntamos en la delegación de la ONCE y nos dijeron que era muy raro porque María Isabel trabajaba por la mañana y por la tarde”.

Igualmente, solicitaron el tráfico de llamadas y el posicionamiento del móvil de la víctima, donde vieron que su última conversación fue con el acusado, quien la llamó sobre las 16 de la tarde del jueves. También determinaron el último posicionamiento del teléfono de María Isabel, que se apagó sobre las 17.00 horas, y que coincidía con el posicionamiento del móvil del acusado.

“En ese momento empezamos a sospechar de A.G.S., primero porque fue la última persona que había contactado con María Isabel, y luego porque tanto el posicionamiento de su teléfono como el de la víctima cuando se apaga es el mismo, eso no significa que hubieran estado juntos, pero sí que estaban usando la misma antena”, ha dicho.

Encargo de cemento y ladrillos

Desde ese momento se pone a dos funcionarios a vigilar la vivienda y los movimientos del procesado, entre los que, según el inspector, destaca un encargo de cemento y ladrillos que llevan a su domicilio. “Luego todo tuvo sentido”.

La mañana del martes 24 de agosto dos agentes se personan en el domicilio del acusado, pidiéndole que les acompañase a comisaría para testificar, dado que fue la última persona que contactó con la víctima.

En ese primer encuentro, A.G.S. les dice que no tiene ningún dato sobre le paradero de María Isabel y que tampoco tiene su número de teléfono, que hacía mucho que no la veía ni hablaba con ella, una información que se contradice con el registro de llamadas.

“El acusado niega en cualquier momento cualquier tipo de participación y dice que no tiene su teléfono, hecho que no era coincidente con los datos que teníamos”, ha indicado el inspector.

Momentos después los agentes entraron en el domicilio del acusado y fue ahí cuando el propio A.G.S. confesó que María Isabel estaba emparedada en una habitación de la casa.

“Estábamos en el salón y ahí nos dijo de manera voluntaria dónde estaba el cuerpo, nos dijo que María Isabel estaba bajo cemento en el patio”, ha señalado que policía, que ha dicho que el acusado cambió la versión de los hechos varias veces.

“Primero nos dijo que llegó borracha, le dio un empujón y entonces se cayó y se golpeó la cabeza, pero ha ido dando varias versiones a lo largo de la investigación”.

Fue entonces cuando se procedió a la detención del acusado, que en ese momento portaba varios rascas premiados, y se empezó con el registro de la vivienda.

“ Comenzamos a derruir el habitáculo que había construido, hizo tres capas con el fin de conseguir que quedara hermético y el olor a putrefacción saliera en la menor medida posible al exterior”, ha detallado.

“Cuando quitamos la segunda capa encontramos el chaleco y la TPV de María Isabel, y al quitar la tercera apareció envuelto el cuerpo en bolsas y en un saco”, ha relatado el inspector jefe.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato, por el que, al igual que la acusación particular, solicitan la pena de prisión permanente revisable, mientras que la defensa mantiene que se trata de un homicidio con los atenuantes de obcecación y arrepentimiento, por lo que piden una reducción de la condena.

El juicio continuará la próxima semana.

El Ministerio Fiscal ha solicitado prisión permanente revisable para A.G.S., el hombre acusado de asesinar a María Isabel de la Rosa, la trabajadora de la ONCE desaparecida en agosto de 2021 en Albacete. La Audiencia Provincial de Albacete celebrará este juicio con tribunal del jurado del 5 al 7 de junio, y del 12 al 16 de junio.

Según el escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar el 19 de agosto de 2021, cuando el procesado, aprovechando la relación de amistad que mantenía con la víctima, la invitó a su casa para pagarle unos cupones que le debía e invitarla a una cerveza. Una vez en el domicilio, A.G.S. pagó a María Isabel los 50 euros que le debía y le pidió abrir un par de cupones que la vendedora llevaba.

Tras un rato, cuando el acusado había acumulado ya más de 200 euros, María Isabel le dijo que tenía que pagarle, manifestando A.G.S. que no tenía dinero, lo que, al parecer, inició una discusión entre ambos. Fue entonces cuando el procesado empujó a María Isabel, que, debido a los problemas de movilidad que padecía, cayó al suelo. Esta le advirtió que lo denunciaría, momento en que A.G.S. se abalanzó sobre ella y, sujetándole los brazos con las rodillas para impedir que se moviera, le apretó del cuello durante varios minutos hasta asfixiarla.

Una vez A.G.S. comprobó que María Isabel estaba muerta, envolvió el cadáver en unos plásticos y lo llevó a una de las habitaciones de la casa. Días después de lo ocurrido, mientras los familiares buscaban a la víctima por todo Albacete, el acusado encargó azulejos, cemento y arena con los que luego construyó un muro tras el que escondió el cuerpo. En ese mismo habitáculo, el acusado también metió varios rascas, el móvil, el TPV y el chaleco de la Once de María Isabel.

Escondió el cuerpo y se quedó con el dinero

Asimismo, antes de esconder el cuerpo, A.G.S. se quedó con los 50 euros que había pagado con anterioridad a la víctima, así como con los cupones y el dinero en efectivo que esta llevaba encima, todo ello por un valor total que asciende a 1.917 euros.

María Isabel tenía 44 años y vivía con sus padres y sus hermanos en Albacete cuando desapareció. Tenía diagnosticada una hemiplejia derecha por parálisis cerebral mixta de etiología sufrimiento fetal y una inteligencia límite por parálisis cerebral en forma hemipléjica de etiología no filiada, patologías por las que tenía reconocida una minusvalía del 70%.

Los hechos anteriormente relatados son constitutivos de un delito de asesinato, por el que piden para el acusado la pena de prisión permanente revisable, además de un delito de hurto, por el que la Fiscalía solicita un año de cárcel. Igualmente, el procesado deberá indemnizar en la cantidad de 75.000 euros a cada uno de los padres de la víctima, y a cada uno de los hermanos en 20.000 euros.

El juicio comenzará el próximo lunes, 5 de junio, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, con la elección del jurado popular.

La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a prisión permanente revisable al hombre acusado de asesinar a un joven de 20 años en un pabellón industrial abandonado de Vitoria. El tribunal, a través de una resolución, recogida por Europa Press, considera a esta persona como autor criminalmente responsable de un delito de asesinato, previsto y penado en los artículos 139.1.1ª y 140.1.1ª del Código Penal, a las penas de prisión permanente revisable e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

El fallo de la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), también condena al autor confeso de este crimen como autor de un delito de lesiones a la pena de tres años de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena. A su vez, la Audiencia alavesa le impone indemnizaciones por un importe global superior a 360.000 euros para tres familiares del joven asesinado.

El jurado popular encargado de juzgar la muerte de un joven de 20 años en un pabellón industrial abandonado de Vitoria en julio de 2020 declaró el pasado 20 de abril culpable de asesinato con alevosía al autor confeso del crimen, al considerar probado, por unanimidad, que fue culpable acabar con la vida de la víctima, “aprovechando su desfallecimiento”, además de su indefensión por ser “vulnerable por su discapacidad”. El acusado reconoció en el juicio los hechos que se le imputaban, pero aludió a sus “problemas mentales” y de “drogadicción” a la hora de asegurar, en varias ocasiones, que “no sabía lo que hacía” al cometer el asesinato, por estar “bajo el efecto de las drogas”.

No obstante, las declaraciones de los profesionales periciales, especialmente de los médicos forenses y los profesionales en psiquiatría, constataron --según estimó el jurado-- que “sabía lo que hacía” y “mantenía las capacidades cognitivas conservadas”, al acometer unos hechos tan graves. En el juicio se determinó que el inculpado, que tenía 18 años en el momento de los hechos, y la víctima, que tenía 20, estuvieron bebiendo en la plaza Llodio del barrio vitoriano de Zaramaga el 23 de julio de 2020, donde “el acusado obligó a la víctima a ingerir diversas pastillas de Trankimazin”, a la vez que le vertía alcohol de alta graduación directamente en la boca desde la botella “para que las tragara”. Todo ello “llevó a la víctima a un evidente estado de embriaguez y afectación por las sustancias ingeridas”.

Posteriormente, tal y como quedó expuesto en la vista oral, se trasladaron a las instalaciones de una antigua fábrica abandonada, en la que discutieron y “el acusado empujó a la víctima desde el primer piso, a una altura de tres metros y medio hasta el suelo”, caída por la cual sufrió una fractura de cadera y muñeca derecha. Con posterioridad, “con la intención de ocultar las lesiones causadas”, el inculpado decidió acabar con la vida de su acompañante, para lo que le propinó varios navajazos y golpes con diversos objetos contundentes.

La Audiencia Provincial de Toledo ha condenado a prisión permanente revisable a D.F.S., el hombre acusado de estrangular a su vecina en Navalcán (Toledo), una anciana de 84 años, tras entrar en su domicilio para robarle en mayo de 2020. El fallo se produce de acuerdo con el veredicto de culpabilidad del jurado popular que juzgó al procesado hace dos semanas a mediados de abril.

En concreto, la Audiencia toledana condena a D.F.S. como autor de un delito de asesinato por alevosía y ensañamiento a prisión permanente revisable y también le condena a cinco años de cárcel por el delito de robo con violencia en casa habitada.

De acuerdo con el veredicto del jurado, el tribunal toledano, en la sentencia, declara probado que entre las 22.30 horas de la noche del 13 de mayo de 2020 y las 4.00 horas de 14 de mayo D.F.S. forzó con un destornillador la puerta de acceso de la vivienda de M.P.M.M. Una vez dentro de la casa, continúa el relato, D.F.S. procedió a sustraer el dinero que en ella se encontraba y que alcanzaba la cifra de 7.200 euros, así como gran cantidad de joyas y demás efectos de valor que se encontraban dentro del inmueble y se llevó los objetos sustraídos a su vivienda .

Así, añade que en la diligencia de entrada y registro del inmueble donde residía el acusado se recuperaron numerosas piezas de joyería y bisutería, documentación de M.P.M.M., monedas antiguas, un sobre con 430 euros y seis libretas de ahorros de la finada, entre otros enseres. El resto del dinero, que asciende a 6.770 euros, no fue recuperado.

Asimismo, señala que D.F.S., estando dentro del domicilio y cuando la dueña y moradora se encontraba en la cama, se abalanzó sobre ella y estando encima, con ánimo de aumentar deliberadamente el dolor con padecimientos innecesarios, le clavó un destornillador en el cráneo en 34 ocasiones, en el dorso de la mano izquierda en nueve ocasiones, en la mano derecha en una ocasión y en el cuello tres veces. Acto seguido, según el la sentencia, cogió del cuello a la anciana y la estranguló, “causándole la muerte por la fractura de las estructuras laríngeas e infiltradas a nivel muscular de esa zona y por la asfixia ocasionada”.

“No hubo posibilidad de contraofensiva”

Para la Audiencia Provincial de Toledo, M.P.M.M., dada su avanzada edad, “no tuvo posibilidad alguna de contraofensiva que pusiera en riesgo la integridad del atacante, más joven que ella y de mayor superioridad física”; y “tan solo pudo poner sus manos para evitar que le clavara el destornillador en la cara, infiriéndole por eso lesiones en las manos”.

El fallo aclara que M.P.M.M. tenía 84 años de edad, medía 1,51 metros y pesaba unos 60 kilogramos. Dormía sola en el citado inmueble, tenía principios de demencia senil y necesitaba ayudarse de un bastón.

Durante el juicio, el acusado aseguró que se arrepentía “muchísimo” de todo, porque él “no es así”, y apuntó que él solo entró a robar pero que M.P.M.M. se despertó y hubo un forcejeo. Ella le golpeó y él “se rebotó” y le tapó la boca para que no gritara y, no sabe lo que pasó, pero “dejó de respirar”. De su parte, los forenses que elaboraron los informes de imputabilidad del procesado, reiteraron en su declaración que el acusado sabía lo que hacía y que en el momento de los hechos no presentaba “merma alguna” de su capacidad cognitiva ni volitiva.

En la era del clickbait y la audiencia como primer mandamiento es delicado empezar a teclear sabiendo que más del 70% de los lectores está contra la tesis de la columna que arranca. Y se trata de una estimación conservadora: algunos partidos tienen encuestas donde el 81% de la población respalda la prisión permanente revisable, esa especie de cadena perpetua que el Gobierno de Mariano Rajoy instauró en España en 2015 al calor de algunos crímenes mediáticos que sacudieron a la opinión pública. Sondeos rápidos de televisiones y webs sitúan el apoyo popular a esa medida por encima del 90%. 

Ni siquiera los partidos de izquierdas que se posicionaron en contra, los juristas que firmaron manifiestos o las ONG por los Derechos Humanos más críticas con la reforma sostienen ya esa bandera. Cuatro años después de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa con una mayoría de izquierdas, la prisión permanente revisable sigue vigente, ya se han dictado unas treinta condenas, y no hay ningún indicio de que ese castigo vaya a ser eliminado del Código Penal.

Si alguien creyó de verdad que los crímenes terroríficos se iban a terminar con esa norma, puede consultar en las crónicas de sucesos las historias del triturador de Majadahonda, del parricida caníbal de Madrid, del rey del Cachopo y de otras celebridades del periodismo de casquería.

El caso es que la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional avaló el cambio legal con el argumento de que no es técnicamente una cadena perpetua porque las penas se evalúan a partir de los 25 años, así que el reo podría salir entonces de prisión si su comportamiento y los informes de los técnicos lo respaldan. Según ese criterio, no se trata de “una medida degradante” ni “inhumana”, pusieron por escrito. 

Otros tres magistrados progresistas dentro del mismo tribunal, incluido su actual presidente, dijeron lo contrario: emitieron votos particulares y concluyeron que las duras exigencias para revisar esas penas implican en la práctica volver a la cadena perpetua que se aplicó durante el siglo XIX para sustituir a la pena de muerte que había sido derogada en el Código Penal de 1928. Expertos en reinserción avisaron insistentemente de que una vuelta a la calle normal tras 25 años entre rejas será un milagro sin las estaciones intermedias de la política penitenciaria española.

Así que como este Rincón de pensar no nació para acumular Trending Topics sino que fue creado como una de esas áreas de descanso que reservan las autopistas a los que quieren bajar la velocidad y apearse del tráfico por un rato, este texto va sobre esa costumbre que empieza a arraigar (en España pero no solo) de tomar decisiones en caliente y con las vísceras sobre asuntos que requerirían sosiego y debates desapasionados. En los periódicos, en el Congreso de los Diputados, en los tribunales… o en esos tres sitios a la vez. (El texto también va sobre las consecuencias de todo eso).

Contaba Enric González en una de las mejores columnas que se escribieron sobre periodismo (y que pretendía ser un manual sobre dry martinis) que tanto este oficio como su bebida favorita, que define como “la invención americana de mayor perfección estética”, requieren criterio, y que el criterio requiere opinión y que la opinión requiere reflexión y que la reflexión, a su vez, requiere escepticismo. 

Todo eso faltó en el tratamiento periodístico de los crímenes y por supuesto en la tramitación de la reforma legal que volvió a instaurar la cadena perpetua en España al abrigo de una supuesta alarma social que no se entendería sin la retransmisión casi en directo de algunos delitos espeluznantes en el que sigue siendo uno de los países más seguros del mundo. 

La perspectiva que da el paso de los años sugiere que faltó tiempo para que periodistas y políticos dejaran enfriar aquellos reportajes y se hiciesen algunas preguntas antes de ejercer, entre todos, de Poder Legislativo enfurecido. Aquí van algunas que no se hicieron entonces y que no tiene pinta de que vayan a hacerse ya:

¿Tiene algún sentido restaurar una pena que ni siquiera se consideró cuando ETA mataba a centenares de personas por toda la geografía española? 

¿Puede justificarse en un país que ya contemplaba condenas de cárcel de hasta 40 años?

¿Alguien piensa que un cambio en la legislación para alargar esas penas va a disuadir a un criminal dispuesto a cortar a las dos hijas de su pareja con una sierra radial, como hizo el primer condenado a prisión permanente revisable en España?  

Se suele alegar a favor de la reforma que el apoyo social era incuestionable. Una encuesta de GAD3 para ABC cifró en un 71% el respaldo de la sociedad a la medida, sin grandes diferencias entre partidos. Está el ejemplo de Ciudadanos, que pactó en aquel acuerdo de Gobierno con el PSOE derogarla y pasó a encabezar su defensa, tras el asesinato de la joven madrileña Diana Quer y del niño Gabriel.

Si la respuesta política va a darse a base de sondeos, cabrían entonces nuevas preguntas. 

¿Y si algún partido en cuestión hubiese planteado justo después de un asesinato o una violación execrable la pena de muerte mientras las parrillas de televisión y los digitales más amarillentos repiten día tras día los detalles del crimen y la desolación de los amigos y familiares de la víctima? ¿Hasta dónde subiría la silla eléctrica en las encuestas? ¿Se contagiarían otros partidos?

El debate de la Ley del Talión es de todo menos novedoso. Algo parecido estaba vigente en un código de Babilonia, en el siglo XVIII antes de Cristo. La venganza está también en el Antiguo Testamento e incluso en las Tablas de la Roma Antigua. Convive con el ser humano desde hace miles de años, pero la sociedades occidentales habían llegado al consenso unas décadas atrás para evolucionar hacia la reinserción del delincuente y desterrar las políticas del ojo por ojo.

El debate sobre si los actos del ser humano -y de las comunidades- deben estar dominados por la razón o por la emoción ha sido una de las grandes preguntas de la filosofía, desde los autores más clásicos. Y también desde hace siglos vienen escribiéndose tratados que indagan en la legitimidad de un hombre para castigar a otro a la hora de perseguir sociedades más justas.  

En lugar de retroceder a Platón, Sócrates o Hegel, cada uno con su propia teoría, deténgamonos en Ferdinand Von Schirach, un pensador que ha tratado con material muy sensible y que sigue vivo. Von Schirach es un abogado penalista alemán y también un escritor superventas. Los títulos de sus libros –Crímenes, Culpa, Castigo, Terror, en la editorial Salamandra– dan idea de su obsesión por tratar de entender a algunos asesinos a los que defendió en los juzgados de Munich. Su propia historia personal puede ofrecer pistas sobre cómo nació en él esa necesidad de comprender el mal: además de abogado y novelista, Ferdinand Von Schirach es nieto de Baldur Von Schirach, quien fuera jefe de las juventudes hitlerianas. En sus libros, traducidos en treinta países y que acumulan premios en Alemania, cambia los nombres y los datos sensibles de sus clientes para preservar el secreto profesional pero mantiene lo importante: las historias y circunstancias personales que les llevaron a cometer crímenes horrendos. 

Von  Schirach cree, por ejemplo, que el Estado no debería ejercer violencia contra ninguno de sus ciudadanos. Y lo escribe así: “El deseo de tomar venganza no es una perversión. De hecho, es una emoción que sentimos todos en muchos momentos de nuestras vidas, cuando vemos que se ha hecho algo injusto a nosotros o nuestros seres queridos. Y entonces queremos tomar venganza ya. Eso es perfectamente humano. Pero la Justicia no puede dejarse guiar por venganza, rabia, indignación u odio. La Justicia debe canalizar esos sentimientos. Por eso la Justicia actúa de forma lenta, es una razón para calmar los ánimos y que el fallo no sea guiado por emociones negativas; también es un tiempo necesario para que surja el ser humano detrás del acusado y podamos conocerle mejor”. 

Después de todo lo que ha vivido él en los tribunales y de todo lo que ha pasado por su bufete, el escritor y penalista ha concluido que en las democracias los procedimientos cuentan y que las formas también son fondo. Es interesante esa teoría suya según la cual en ocasiones es preferible conceder pequeñas injusticias en aras de proteger un bien mayor. Pone un ejemplo: “A veces hay fallos jurídicos que no nos parecen justos pero que, a largo plazo, son buenos y beneficiosos para el sistema legal. Nos puede resultar muy negativo el caso de un hombre que asesina a su mujer y en una charla telefónica con su hermano lo admite. Y la Policía, que le ha pinchado el teléfono, lo lleva a juicio. Y el juez lo absuelve porque dice que las grabaciones fueron obtenidas de forma no autorizada y por ello no hay prueba concluyentes. Y esa resolución nos puede indignar pero, a largo plazo, tiene resultados beneficiosos. Sólo así el sistema estatal va a comprender que no puede acceder a nuestro teléfono o a nuestro mail sin nuestra autorización. Es decir, así el Estado y las autoridades saben que hay límites que no pueden invadir. Así que este fallo que puede ser injusto a corto plazo, hace justicia en mayúsculas a largo plazo”.

¿Se imagina alguien cómo tratarían esos magazines en España una absolución a un asesino si se filtrase una llamada suya confesando un crimen a su familia en un audio grabado sin autorización judicial?

Pues igual que la Justicia, el Poder Legislativo también fue concebido con trámites deliberadamente lentos (informes, comisiones parlamentarias, dictámenes de organismos consultivos) en coherencia con esa idea de no hacer leyes en caliente. 

Esa filosofía original es lo contrario a lo que sucedió en la tramitación de la prisión permanente revisable, donde los portavoces del partido del Gobierno de entonces recriminaron a los diputados que votaron en contra y les animaban a explicárselo a las familias de las víctimas de esos crímenes horribles que estaban sentadas en la tribuna de invitados del Congreso. 

Con la nueva legislación en vigor, ya se ha dicho, la vida ahí fuera ha seguido más o menos igual estos últimos siete años. Los criminales (si atendemos a la estadística global, en España muy pocos, aunque sus consecuencias sean dolorosas y habitualmente irreparables para las víctimas) siguen cometiendo actos igual de horripilantes. Poco importa: ya nadie va a discutir sobre dar marcha atrás a esa cadena perpetua con el 80% de la población en contra. Menos, en un ambiente preelectoral que salta de unos comicios a otros sin pausa. El cortoplacismo se ha adueñado del periodismo y también del debate político en una espiral donde cuesta saber qué fue primero. Por supuesto, tampoco hay manera de pactar leyes que duren cien años en medio de una precampaña permanente.

Permitirá el lector que la última cita de este artículo se aleje de los libros y de la filosofía para detenerse en una experiencia personal. Habla de una abuela, que como tantas se tuvo que poner a trabajar muy pronto, sin más formación que algo de escritura y las cuatro reglas matemáticas básicas. Esa abuela fue madrina de dos chavales que nacieron en la España de los sesenta y setenta, entre el tardofranquismo y los primeros años de la democracia. En la primera década de este milenio uno de ellos, J., discutía habitualmente con ella sobre esa costumbre suya de defender la aplicación de la pena de muerte a los autores de asesinatos y secuestros que veía en televisión. Mientras M., el otro ahijado, entraba y salía a cada poco de la cárcel arrastrado por los trapicheos que sufragaban su adicción a la heroína. 

Un mal día, el ahijado M. acudió al domicilio de otro habitual del mundillo del hampa, camello como él, también consumidor de heroína y según se le definió en el juicio, de carácter faltón y vacilón. Preso del mono de la droga, M. cosió a cuchilladas a su vendedor y le destrozó el cráneo. Fue uno de esos escasos pero ruidosos crímenes que alteran el vecindario de una apacible capital gallega de tamaño medio.  

La madrina que siempre había defendido la pena de muerte, de acuerdo con lo que veía en los programas de la tele, cambió súbitamente de opinión y comprendió que había sido la heroína la que transformó a un sobrino encantador en el criminal más espantoso de la ciudad. Como en los libros del penalista alemán, mi abuela asumió entonces que muchos culpables llevan también una víctima dentro.

Dos preguntas finales para este rincón de pensar:  ¿Cuánto mejores serían las leyes en España si en lugar de magazines matutinos se consumiese más lecturas de Von  Schirach? Y en ese caso, ¿qué dirían las encuestas?

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El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la condena de prisión permanente revisable y 43 años más de cárcel al hombre que en 2018 asesinó con un cuchillo a sus padres y su hermano en el norte de la ciudad de Alicante. Los jueces le acusan de matar a los tres miembros de su familia “a sangre fría” y de una forma “despiadada” para confirmar la condena que le impuso en primera instancia la Audiencia Provincial de Alicante.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2018 en el barrio alicantino de Juan XXIII, al norte de la ciudad. El acusado cogió un cuchillo y atacó primero a su hermano, que intentó esconderse en su habitación antes de ser asesinado. Esperó después a que sus padres fueran llegando al domicilio y acabó también con sus vidas usando el arma blanca. Todos estaban desarmados y según todos los jueces que han estudiado el caso han concluido que no tuvieron ninguna oportunidad de defenderse.

Los jueces de Alicante le impusieron una condena de prisión permanente revisable por la muerte de su madre, de 22 años y medio por la de su hermano y finalmente otros 21 años más de prisión por la de su padre.

El Tribunal Supremo acaba de rechazar su último recurso y ha declarado firme su condena. El triple crimen, dice la sala de lo penal del alto tribunal, “se perpetró por pura maldad del autor y con conocimiento de lo que estaba llevando a cabo. Era imputable y lo hizo a sabiendas de lo que estaba realizando. Fue esperando a sus víctimas/familiares hasta acabar con la vida de todos ellos”.

Entiende, además, que ninguna de las tres víctimas se pudo defender, lo que evidencia para los jueces “la patente indefensión sufrida y el ataque sorpresivo y con aseguramiento con empleo de arma mortal y sin que las víctimas pudieran hacer nada para evitarlo”. Asesinó, además, a sus familiares “en el lugar donde más protegidos se encuentran que es en el hogar, y que en este caso concreto donde el recurrente mató a sus tres familiares más directos se convirtió en el lugar más inseguro”.