El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha propuesto este viernes a Francisco José Salazar Rodríguez, hasta ahora director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, como consejero presidente del Hipódromo de La Zarzuela, ha informado el 'holding' público.

La decisión ha pasado posteriormente por su junta de accionistas, donde ha sido nombrado consejero, y por el consejo de administración de la compañía, que le ha confirmado como presidente.

El nuevo presidente del Hipódromo, natural de la localidad sevillana de Montellano, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología e ingeniero técnico agrícola.

Francisco José Salazar cuenta con experiencia en el sector hípico tras su paso por el Gran Hipódromo de Andalucía, ubicado en el Ayuntamiento sevillano de Dos Hermanas.

Ha desarrollado el resto de su actividad profesional en importantes cargos de responsabilidad, el último de ellos como director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, donde entró en 2018 como responsable de Análisis y Estudios.

Cuenta, además, con un Master en Gestión Medioambiental y fue comisario por la Memoria Histórica en la Junta de Andalucía, después de desempeñar el cargo de alcalde en su pueblo natal.

Francisco José Salazar sustituye en el cargo a Álvaro Gutiérrez de la Fuente, quien ha estado al frente del Hipódromo de La Zarzuela desde octubre de 2018. La gestión de Gutiérrez de la Fuente quedó en entredicho cuando la empresa pública tuvo que paralizar una inversión de 750.000 euros en un restaurante cuya gestión había adjudicado a una unión de empresas (UTE) entre las que se encontraba una de su exsocio en una SL que administraba una cuadra para competiciones hípicas en Francia cercanas a Gutiérrez de la Fuente.

La empresa pública Hipódromo de la Zarzuela va a reabrir este domingo sus gradas al público por primera vez desde el estallido de la crisis del coronavirus y tras recibir el enésimo rescate del Estado para evitar su quiebra, que esta vez ha ascendido a 7,3 millones de euros.

La enésima inyección de dinero público para la empresa estatal se concedió hace ya meses, pero no ha aflorado hasta ahora. Está recogida en las cuentas anuales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el accionista minoritario del hipódromo con el 4,22% de las acciones.

En esas cuentas, recién publicadas, se explica que “el 23 de diciembre de 2019 la Junta General de Accionistas del Hipódromo de la Zarzuela aprobó una aportación de socios por un importe total de 7,3 millones”, que se suma a la de 7,5 millones que ya se llevó a cabo en octubre de 2018. La mayor parte de ese importe lo ha puesto la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es el mayor accionista de la deficitaria empresa pública.

La SEPI prevé publicar en los próximos días sus cuentas de 2019, que Hipódromo de la Zarzuela tampoco ha hecho públicas aún. Las de 2018 reflejaban un nuevo quebranto de 7,94 millones.

El hipódromo, una joya arquitectónica propiedad de Patrimonio Nacional, ubicada en el Monte de El Pardo de Madrid y declarada Bien de Interés Cultural, estuvo en manos privadas hasta que en 1996 echó el cierre tras la desastrosa gestión del empresario Enrique Sarasola, padre del hotelero Kike Sarasola. Reabrió sus puertas como empresa pública en octubre de 2005 por mandato del Congreso y tras una remodelación que costó más de 50 millones. Desde entonces, sus pérdidas acumuladas superan los 50 millones y nunca ha dado beneficios.

Reapertura al 60%

El recinto, que tras el estallido de la pandemia reinició las carreras sin espectadores el 14 de junio, abre este domingo sus puertas al público general conforme a las pautas establecidas en la orden 668/2020 emitida por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Hasta el 5 de julio, el aforo permitido será del 60%, pasando al 75% desde el 6 de julio en adelante.

“Después de más de 3 meses cerrados, hemos trabajado para implementar todas las medidas de seguridad e higiene frente al Covid-19, a través de un protocolo específico para nuestros visitantes y empleados”, destacaba esta semana la empresa estatal, que ha restringido la venta de entradas al canal online y ha implementado puntos de apuesta vía móvil.

Además, se han habilitado ventanillas exclusivas de pago en efectivo, “donde las monedas habrán sido previamente desinfectadas” y se ha establecido el uso obligatorio de mascarillas salvo para los menores de 6 años ; el recinto ubicará dispensadores de geles hidroalcohólicos y habrá información y señalética para recomendar las normas básicas de prevención, así como mensajes constantes por megafonía.

Los diferentes espacios como tribunas, salas de interior, paddock o recinto de ganadores tendrán un aforo limitado para evitar aglomeraciones “y estará controlado de forma rigurosa” y habrá un servicio de restauración con las medidas higiénico-sanitarias previstas por la Comunidad de Madrid.

Hace casi un año, el hipoódromo aprobó una inversión de 750.000 euros en un restaurante cuya gestión había adjudicado a una unión de empresas (UTE) formada por personas muy cercanas al presidente de la empresa estatal, Álvaro Gutiérrez de la Fuente. Tras trascender la adjudicación, la adjudicación lleva meses paralizada y no consta que el contrato se haya formalizado.

Hipódromo de la Zarzuela ha paralizado una inversión de 750.000 euros en un restaurante cuya gestión había adjudicado a una unión de empresas (UTE) formada por personas muy cercanas al presidente de la empresa estatal, Álvaro Gutiérrez de la Fuente.

En julio de 2019, la deficitaria entidad perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adjudicó un contrato de arrendamiento para la reapertura del denominado Restaurante Sur a una UTE participada por el restaurador Íñigo Ramírez, íntimo amigo y exsocio del presidente del hipódromo en la empresa Spanish Racing Club 1.0 SL.

Seis meses después, el contrato no se ha formalizado y esa inversión con dinero público está paralizada, según fuentes conocedoras del proceso. Como explicación, en el sector apuntan el revuelo originado por el conflicto de interés del máximo responsable del hipódromo en esa adjudicación.

Otras fuentes indican que, con SEPI sin presidente desde octubre tras la dimisión de Vicente Fernández por su imputación en el caso Aznalcóllar, todavía no hay tomada una decisión formal, porque Hipódromo de la Zarzuela está a la espera de un nuevo plan estratégico que debería estar aprobado antes del verano y la relevante inversión que se obligaba a ejecutar según los pliegos del contrato aconseja esperar a que esa estrategia esté clara. 

El presidente del Hipódromo, que ha abogado por liberalizar las apuestas hípicas para lograr la autofinanciación de la empresa y que esta sea viable, minimizó en septiembre pasado la importancia de sus negocios previos con ese restaurador, con el que administraba una cuadra hípica en multipropiedad para participar en competiciones en Francia. La empresa llegó a facturar en 2016 más de 227.000 euros, según sus últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil, de 2017.

“Eso no es negocio”, dijo entonces Gutiérrez de la Fuente, que no ha querido atender a eldiario.es y que explicó en septiembre que en esa sociedad “figurábamos nosotros dos como administradores”, pero en ella “había 30 copropietarios” de caballos de carreras. Entre ellos, otro socio de la UTE que iba a gestionar el restaurante, José María Maldonado Trinchant, socio sénior del fondo de capital riesgo Bridgepoint.

De la Fuente admitió entonces que también ha tenido caballos en copropiedad con el tercer socio de la UTE, Luis Morgado, también vinculado al mundo financiero. El cuarto socio era el restaurante asiático Tse Yang.

Conflicto de interés

Gutiérrez de la Fuente, que por su cargo presidía la mesa de contratación, se ausentó en la valoración de las ofertas sometidas a juicio de valor, que representaban un 55% de la puntuación. “Es la única empresa que cumplía los requisitos; yo me abstuve y no intervengo”, dijo en septiembre el ejecutivo, que argumentó que no podía “poner una pistola delante” a sus amigos para que no optaran al concurso.

La oferta económica de la UTE adjudicataria obtuvo la máxima puntuación posible (40 puntos) e implicaba el compromiso de invertir 1.774.500 euros (más IVA) en la remodelación, acondicionamiento y decoración del inmueble, una joya arquitectónica protegida con la calificación de bien de interés cultural (BIC) en el Monte de El Pardo de Madrid que pertenece a Patrimonio Nacional.

Para acondicionar el local, otros 750.000 euros (más IVA) los debía poner el contribuyente a través de Hipódromo de la Zarzuela. La empresa, que acumula sucesivos rescates de dinero público, nunca ha ganado dinero. En 2018 perdió otros 7,94 millones arrastra más de 60 millones en pérdidas desde la reapertura del recinto. 

A cambio de explotar el restaurante, los ex socios de Gutiérrez de la Fuente debían abonar un canon anual de 200.000 euros y garantizar descuentos del 5% a los empleados del hipódromo y del 10% en eventos del recinto y de SEPI. El hipódromo adjudicó el contrato a la segunda, tras declarar desierta una primera licitación en la que pedía un canon mínimo inferior (120.000 euros/año) pero se quedaba un porcentaje de la caja mensual. Además, establecía mecanismos de control sobre la recaudación, como la garantía de “acceso permanente” a la facturación del establecimiento. Esa cláusula se eliminó.

El contrato no se publicitó en la plataforma de contratos del sector público por tratarse de una licitación ajena a la Ley de Contratos, al afectar al arrendamiento de una instalación pública para uso privado. Al proceso se presentaron dos ofertas, pero el otro licitador, Mario Sandoval (chef con dos estrellas Michelin), fue excluido por defectos de forma en la documentación y no pudo presentar su oferta económica.

Sandoval participó a través de la empresa Foodconcept Catering, SL, que recurrió sin éxito su exclusión en el Tribunal de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda. Este órgano se declaró en agosto “incompetente” porque el hipódromo “no ostenta la condición de poder adjudicador, lo que determina que los contratos celebrados por esta sociedad no podrán ser objeto del recurso especial en materia de contratación”.

La empresa pública Hipódromo de la Zarzuela ha adjudicado la gestión de un restaurante en sus instalaciones del Monte de El Pardo de Madrid –pertenecientes a Patrimonio Nacional– a una unión temporal de empresas (UTE) formada por personas muy cercanas al presidente de la sociedad estatal, Álvaro Gutiérrez de la Fuente. La concesión, por diez años, obligará a invertir 750.000 euros para acondicionar el local a la deficitaria empresa estatal, que en 2018 perdió otros 7,94 millones de euros y subsiste gracias a las inyecciones de dinero público.

El contrato de arrendamiento para la reapertura del denominado Restaurante Sur, “la guinda que le falta al hipódromo”, según De la Fuente, está pendiente de formalizarse tras ser adjudicado en junio a una UTE participada por su íntimo amigo el restaurador Íñigo Ramírez, fundador del catering de alto standing Ciboulette, el preferido de la Casa de Alba, y exsocio del presidente del hipódromo en la mercantil Racing Club 1.0 SL.

Esta sociedad, mediante la cual De la Fuente y Ramírez administraban una cuadra hípica en multipropiedad para participar en competiciones hípicas en Francia, llegó a facturar en 2016 más de 227.000 euros, según sus últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil, de 2017.

“Eso no es negocio”, dice en conversación telefónica con eldiario.es Gutiérrez de la Fuente. El presidente del hipódromo, nombrado en octubre y que, a diferencia de su antecesora, Faina Zurita (emparentada con la Casa Real), tiene amplia experiencia en el sector hípico, explica que en esa sociedad “figurábamos nosotros dos como administradores”, pero en ella “había 30 copropietarios” de caballos de carreras.

Entre ellos, otro socio de la UTE que va a gestionar el restaurante del hipódromo, José María Maldonado Trinchant, socio sénior en España del fondo de capital riesgo Bridgepoint. De la Fuente admite que también ha tenido caballos en copropiedad con otro socio de la UTE vinculado al mundo financiero, Luis Morgado. El cuarto socio es el restaurante asiático Tse Yang.

Algunas fuentes comparan este caso con los contratos que adjudicó la anterior presidenta del hipódromo. Gutiérrez de la Fuente, que por su cargo presidía la mesa de contratación, subraya que, ante el evidente conflicto de interés, se ausentó en la valoración de las ofertas sometidas a juicio de valor, que representaban un 55% de la puntuación. “Es la única empresa que cumplía los requisitos; yo me abstuve y no intervengo”, dice el ejecutivo, que dice que no podía “poner una pistola delante” a sus amigos para que no optaran al concurso.

También asegura que informó de ese conflicto a la propietaria del hipódromo, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a través del consejo de administración del hipódromo, en el que está presente el hólding público, que depende del Ministerio de Hacienda. No obstante, el contrato no ha llegado a tratarse en el Comité de Dirección de la SEPI.

El Hipódromo de la Zarzuela, vía correo electrónico, sostiene que “no existe conflicto de intereses en la adjudicación en sí puesto que la UTE que resultó adjudicataria además de cumplir todos los requisitos mínimos de forma sobrada fue la única que cumplió los mismos como se puede comprobar en las Actas”.

El chef Sandoval

El contrato no se publicitó en la plataforma de contratos del sector público por tratarse, según fuentes conocedoras del proceso, de una licitación ajena a la Ley de Contratos (según determinó la Abogacía del Estado), al afectar al arrendamiento de una instalación pública para uso privado. Al proceso se presentaron dos ofertas, pero el otro licitador, Mario Sandoval (chef con dos estrellas Michelin), fue excluido por defectos de forma en la documentación presentada, al incluir datos económicos en el sobre que debía valorar los criterios basados en juicios de valor.

Sandoval, que no pudo presentar su oferta económica, participó a través de la empresa Foodconcept Catering, SL, que recurrió su exclusión en el Tribunal de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda. El 14 de agosto, este órgano inadmitió el recurso al declararse “incompetente” e hizo suyo el argumento de la empresa estatal: que el hipódromo “no ostenta la condición de poder adjudicador, lo que determina que los contratos celebrados por esta sociedad no podrán ser objeto del recurso especial en materia de contratación”.

La oferta económica de la UTE adjudicataria obtuvo la máxima puntuación posible (40 puntos) e implica el compromiso de la UTE de invertir 1.774.500 euros (más IVA) en concepto de “inversión en obras de remodelación, acondicionamiento y decoración” del inmueble que acogerá el restaurante, una joya arquitectónica protegida con la calificación de bien de interés cultural (BIC).

Para acondicionar el local, otros 750.000 euros (más IVA) los pondrá el contribuyente a través de Hipódromo de la Zarzuela, que en octubre pasado recibió el enésimo rescate público de los últimos años: 7,5 millones, según reflejan sus últimas cuentas anuales (pendientes de publicar en su web), que recogen unos números rojos similares a los de 2017, lo que eleva a 58 millones las pérdidas que acumula la empresa estatal (que nunca ha ganado dinero) desde la reapertura del recinto en 2005.

A cambio de explotar el restaurante, los ex socios de Gutiérrez de la Fuente abonarán un canon anual de 200.000 euros y garantizarán descuentos del 5% a los empleados del hipódromo y del 10% en eventos del recinto y de SEPI. El hipódromo ha adjudicado el contrato a la segunda, tras declarar desierta una primera licitación en la que la empresa pública pedía un canon mínimo inferior (120.000 euros al año) pero se quedaba un porcentaje de la caja mensual del restaurante. Ese pliego también establecía mecanismos de control sobre la recaudación, como la garantía de “acceso permanente” a la facturación del establecimiento. Esa cláusula se eliminó.

Nuevo rescate con dinero público para el Hipódromo de la Zarzuela. La empresa estatal que gestiona este emblemático y deficitario recinto hípico en Madrid ha convocado una junta de accionistas para finales de octubre que tiene como primer punto del orden del día la realización de “aportaciones de socios para restructuración patrimonial de la Sociedad”.

En esa asamblea, los accionistas de la empresa deberán aprobar una nueva inyección de capital cuyo importe, a preguntas sobre este asunto, no precisa la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dueña del 95,78% de las acciones del hipódromo. El resto pertenece a Loterías y Apuestas del Estado, también adscrita al Ministerio de Hacienda.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 ya preveía para el hipódromo nuevas pérdidas de 4,285 millones de euros y una nueva inyección de 4,4 millones en concepto de “otras aportaciones de socios”. Sin embargo, algunas fuentes cifran la aportación necesaria muy por encima de esa cifra, en 7,5 millones.

Este nuevo rescate público se va a producir mientras la SEPI ultima el relevo en la presidencia del hipódromo, que desde 2012 ocupa Faina Zurita. Según avanzó el pasado sábado El País, va a ser sustituida por Álvaro Gutiérrez de la Fuente, un conocido criador y propietario de caballos de carreras. La SEPI, cuyo consejo de administración se reunió el pasado viernes, no confirma ese relevo, ni precisa el importe de la ampliación.

Emparentada con la Familia Real (es sobrina de la infanta Margarita de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía del rey Felipe), la todavía presidenta de la empresa pública había sobrevivido hasta ahora a la criba de nombramientos que ha llevado a cabo el nuevo Gobierno del PSOE desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. Zurita ya logró mantenerse en el reducido grupo de ejecutivos de empresas estatales que permanecieron en el cargo durante toda la era del anterior presidente.

El nuevo rescate del hipódromo será, a efectos contables, el primero que se realice en 2018. El pasado 29 de mayo, al aprobar las cuentas de 2017, sus socios ya acordaron destinar otros 6 millones a compensar pérdidas de ejercicios anteriores y garantizar la viabilidad de la empresa a corto plazo. Pero esa inyección se realizó con cargo a los resultados del año pasado.

En sus últimas cuentas, la empresa seguía culpando de sus malos resultados a la parálisis que sufrió el sector en 2015 por un conflicto con el regulador de las carreras, “que ha perjudicado significativamente a toda la industria” y se ha traducido en “una merma de ingresos muy relevante” que a cierre de 2017 seguía “sin recuperarse”.

En 2017, la empresa estatal se anotó nuevas pérdidas de 7,81 millones, lo que eleva los números rojos acumulados bajo la gestión de Zurita a más de 32 millones. Con las pérdidas previstas en los últimos Presupuestos, el quebranto acumulado con ella al frente superará los 36 millones. El hipódromo lleva años reclamando, sin éxito, que se ponga en marcha la denominada apuesta externa, como ya ocurre en Francia o Reino Unido, para incrementar su cifra de negocios.

Entretanto, y para intentar lograr nuevas vías de ingresos, la SEPI colocó en enero pasado en el hipódromo a un exconcejal del PP en Boadilla del Monte (Madrid), Alfonso Segovia, como director de Desarrollo de Negocio, un puesto de nueva creación.

El hipódromo, cuyo recinto es propiedad de Patrimonio Nacional, está ubicado en el Monte de El Pardo de Madrid y declarado Bien de Interés Cultural. Estuvo en manos privadas hasta que en 1996 echó el cierre tras la desastrosa gestión del empresario Enrique Sarasola. Reabrió sus puertas como empresa pública el 23 de octubre de 2005 por mandato del Congreso y tras una remodelación que costó más de 50 millones. Desde entonces, sus pérdidas acumuladas rondan ya los 50 millones. Nunca ha dado beneficios.

El carrusel de nombramientos del Gobierno de Pedro Sánchez en las empresas públicas tiene algunas excepciones. Entre ellas destaca, por ahora, el caso de Faina Zurita, presidenta del Hipódromo de la Zarzuela (HZ) desde 2012. Más de tres meses después del éxito de la moción de censura del PSOE, Zurita, emparentada con la Familia Real (es sobrina de la infanta Margarita de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía del rey Felipe), se mantiene al frente de la empresa pública que gestiona este emblemático y deficitario recinto hípico en Madrid.

Su permanencia en el puesto podría ser no obstante cuestión de semanas. Según fuentes de la Administración, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el hólding público que controla el 95,783% de las acciones de HZ (el resto es de Loterías del Estado, también dependiente del Ministerio de Hacienda), abordará próximamente los relevos en las empresas estatales del denominado “grupo 3” (las de menor tamaño por facturación y empleados), en el que se encuadra HZ.

SEPI, que no comenta este asunto, suele reunir a su consejo de administración el último viernes de cada mes, así que no sería hasta finales de septiembre, como pronto, cuando se abordaría el eventual relevo de Zurita. De momento, ahí sigue, después de que, en julio, la SEPI abordase los nombramientos en las presidencias de otras empresas del grupo como Correos, Navantia o Enresa, y se completase el relevo en la presidencia de Red Eléctrica, de la que el hólding estatal es primer accionista con el 20% y en la que se ha situado al exministro Jordi Sevilla.

El último movimiento en el baile de cambios se culminó el pasado jueves, cuando la junta extraordinaria de Tragsa (de la que SEPI tiene el 51%) aprobó el nombramiento del nuevo presidente, Jesús Casas, en sustitución de la exministra y expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez. 

Licenciada en Ciencias de la Información con dos cursos de Económicas, Zurita fue colocada en la presidencia de HZ por Ramón Aguirre, entonces presidente de SEPI y hoy diputado del PP, con quien ya había colaborado como directora de la Fundación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), presidido por Aguirre en la época de José María Aznar. Aterrizó en la presidencia de HZ pese a que no tenía experiencia previa en el sector hípico y, pese a que su mentor abandonaría la SEPI en 2016, logró mantenerse en el reducido grupo de ejecutivos de empresas estatales que permanecieron en el cargo durante toda la era de Rajoy en Moncloa.

Pérdidas millonarias

En este tiempo, los resultados del hipódromo no han acompañado desde el punto de vista financiero. En 2017, la empresa estatal se anotó nuevas pérdidas de 7,81 millones de euros, lo que eleva los números rojos acumulados bajo la gestión de Zurita a más de 32 millones. Si se cumplen las pérdidas previstas en los últimos Presupuestos del Estado, el quebranto acumulado con ella al frente superará los 36 millones.

Para intentar captar nuevas vías de ingresos, la SEPI colocó en enero pasado en el hipódromo a un exconcejal del PP en Boadilla del Monte (Madrid), Alfonso Segovia, como director de Desarrollo de Negocio, un puesto de nueva creación.

Con un sueldo de 108.581,3 euros brutos en 2017, desde que accedió al cargo Zurita se ha embolsado más de 700.000 euros en su puesto (a razón de más de 9.000 euros mensuales), ha adjudicado cientos de miles de euros en contratos a su anterior empresa, la consultora Atrevia, y ha sido incapaz de reflotar HZ, que puede funcionar gracias a las inyecciones dinero público (la última, en mayo pasado).

En sus últimas cuentas, la empresa seguía culpando de sus malos resultados a la parálisis que sufrió el sector en 2015 por un conflicto con el regulador de las carreras, “que ha perjudicado significativamente a toda la industria” y se ha traducido en “una merma de ingresos muy relevante” que a cierre de 2017 “continúa sin recuperarse”. HZ acaba de cerrar la temporada de carreras nocturnas de verano, con la asistencia de “más de 40.000 asistentes”, según destacó la empresa el viernes.

En la junta de HZ del pasado 29 de mayo, justo antes de la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa, se acordó renovar por otros dos años a Zurita tras agotar su mandato estatutario de dos años. Pero su continuidad, como la del resto de la mayoría de responsables de empresas estatales, depende del nuevo presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero.

El hipódromo, propiedad de Patrimonio Nacional, ubicado en el Monte de El Pardo de Madrid y declarado Bien de Interés Cultural, estuvo en manos privadas hasta que en 1996 echó el cierre tras la desastrosa gestión del empresario Enrique Sarasola. Reabrió sus puertas como empresa pública el 23 de octubre de 2005 por mandato del Congreso y tras una remodelación que costó más de 50 millones. Desde entonces, sus pérdidas acumuladas rondan ya los 50 millones. Nunca ha dado beneficios.

El Estado ha tenido que volver a salir al rescate de Hipódromo de la Zarzuela (HZ), la empresa pública que gestiona este emblemático recinto hípico en Madrid. Sus dos socios, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Loterías y Apuestas del Estado, aprobaron el pasado 29 de mayo destinar otros 6 millones de euros a compensar pérdidas de ejercicios anteriores y garantizar la viabilidad de la empresa a corto plazo, según el orden del día de la junta de accionistas al que ha tenido acceso eldiario.es

Esos 6 millones los habían comprometido de forma proporcional a su participación SEPI (propietaria del 95,783% del capital de HZ) y Loterías (4,217%) el pasado 21 de diciembre y permitieron a HZ presentar sus últimas cuentas (2017) bajo el principio de empresa en funcionamiento, pese a contar con un fondo de maniobra negativo que ya supera los 31,3 millones y fondos propios negativos de 866.334,84 euros.

Desde 2015, el Estado ha salido al rescate de la empresa en tres ocasiones con aportaciones de socios que suman casi 24 millones y la cifra va a seguir aumentando. Para este año, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ya preveía 4,4 millones más y, según reconoce la empresa en sus últimas cuentas, “también se prevén para el próximo ejercicio” más pérdidas significativas que implicarán que seguirá necesitando de medidas de reequilibrio patrimonial por parte de sus accionistas.

El Hipódromo culpa a la parálisis del sector

En 2017, HZ se anotó nuevas pérdidas de 7,81 millones, que elevan los números rojos acumulados desde 2012, bajo la gestión de la actual presidenta, Faina Zurita, a más de 32 millones. En sus últimas cuentas, la empresa sigue culpando de los malos resultados a la parálisis que sufrió el sector en 2015 por un conflicto con el regulador de las carreras, “que ha perjudicado significativamente a toda la industria” y se ha traducido en “una merma de ingresos muy relevante” que a cierre de 2017 “continúa sin recuperarse”.

Zurita fue nombrada presidenta de HZ pese a que no tenía experiencia previa en el sector hípico (licenciada en Ciencias de la Información, realizó dos cursos de Económicas) y está en el reducido grupo de ejecutivos de empresas estatales que han permanecido en el cargo durante toda la era Rajoy. Emparentada con la Familia Real (es sobrina de la infanta Margarita de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía del rey Felipe), bajo su gestión la cifra de negocio de la empresa estatal ha caído a la mitad, hasta los 7,65 millones del año pasado. Cifras en un ejercicio en el que la asistencia de espectadores creció hasta los 124.000, el número más alto desde 2014.

Con un sueldo de 108.581,3 euros brutos en 2017, desde que accedió al cargo, Zurita se ha embolsado más de 700.000 euros en ese puesto, ha adjudicado cientos de miles de euros en contratos a su anterior empresa, la consultora Atrevia, y ha sido incapaz de reflotar HZ. Según el anterior Gobierno, “la dotación económica necesaria para el desarrollo de la actividad del hipódromo resulta mucho más rentable que mantenerlo cerrado”.

En la junta de HZ del pasado 29 de mayo, justo antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa, se acordó renovar por otros dos años a Zurita tras agotar su mandato estatutario de dos años. Pero su continuidad, como la del resto de la mayoría de responsables de empresas estatales, depende del nuevo presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero.

El hipódromo, propiedad de Patrimonio Nacional, ubicado en el Monte de El Pardo de Madrid y declarado Bien de Interés Cultural, estuvo en manos privadas hasta que en 1996 echó el cierre tras la desastrosa gestión del empresario Enrique Sarasola. Reabrió sus puertas como empresa pública el 23 de octubre de 2005 por mandato del Congreso y tras una remodelación que costó más de 50 millones. Desde entonces, sus pérdidas acumuladas rondan ya los 50 millones y nunca ha dado beneficios.

2018 tampoco será el año del saneamiento del Hipódromo de la Zarzuela. El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 presentado este martes por el Gobierno prevé que la empresa pública vuelva a incurrir en pérdidas este año, con un quebranto estimado de 4,285 millones de euros, y contempla otro rescate público para el elitista y deficitario recinto hípico: 4,4 millones en concepto de “otras aportaciones de socios” procedentes “del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional”.

El proyecto de Presupuestos prevé una reducción de las pérdidas netas del hipódromo del 48,7% y contempla que su facturación alcance los 12,6 millones, un 60% por encima de los 7,914 millones presupuestados para 2017, pero insuficiente para evitar unas nuevas pérdidas que, antes de impuestos, se situarán, según el Gobierno, en 5,713 millones, frente a los 10,329 millones previstos para 2017.

En el último ejercicio del que presentó cuentas, 2016, la empresa estatal pulverizó su récord de números rojos, con algo más de 8 millones, cifra que para 2017, según presupuestó el Ejecutivo hace un año, alcanzaría los 8,369 millones. En las cuentas de 2016, el auditor del grupo ya advertía de que, dadas las pérdidas acumuladas y las que estaban por venir, “la viabilidad financiera y patrimonial de la Sociedad en el corto plazo dependerá de la efectividad del apoyo de sus Accionistas”. Estos son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el 95,78%, y Loterías y Apuestas del Estado.

La presidenta del hipódromo es desde 2012 Faina Zurita, sin experiencia previa en el sector hípico y emparentada con la Familia Real (es sobrina de la infanta Margarita de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía del Rey Felipe). Licenciada en Ciencias de la Información con dos cursos en Económicas, su balance arroja, con los datos disponibles, unas pérdidas acumuladas de más de 24 millones que muy probablemente hayan superado ya los 30 millones.

Con un sueldo de 108.581,3 euros brutos en 2017, desde que accedió al cargo, Zurita se ha embolsado más de 650.000 euros en ese puesto, ha adjudicado 300.000 euros en contratos a su anterior empresa, la consultora Atrevia, y ha sido incapaz de reflotar la empresa, que ha necesitado de continuas inyecciones dinero público para sobrevivir. Según el Gobierno, “la dotación económica necesaria para el desarrollo de la actividad del hipódromo resulta mucho más rentable que mantenerlo cerrado”.

Para tratar de encontrar nuevas vías de ingresos, la SEPI colocó en enero como directivo en la empresa estatal a Alfonso Segovia, exconcejal del PP en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y ex gerente del Club de Campo de Madrid durante la etapa de Ana Botella en el ayuntamiento de la capital. Segovia, nuevo director de Desarrollo de Negocio, está “buscando nuevos proyectos de iniciativa privada” para la empresa.

El emblemático recinto, propiedad de Patrimonio Nacional, ubicado en el Monte de El Pardo de Madrid y declarado Bien de Interés Cultural, estuvo en manos privadas hasta que en 1996 echó el cierre tras la desastrosa gestión del empresario Enrique Sarasola. Reabrió sus puertas como empresa pública el 23 de octubre de 2005 tras una remodelación que costó más de 50 millones. Desde entonces, las pérdidas acumuladas por la empresa ascienden a más de 40 millones. Nunca ha dado beneficios.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el hólding público dependiente del Ministerio de Hacienda que tiene el 95,78% de las acciones del Hipódromo de la Zarzuela (HZ), ha colocado en el comité de dirección de esta empresa estatal a Alfonso Segovia, antiguo concejal y teniente de alcalde con el PP en el municipio madrileño de Boadilla del Monte.

Segovia es desde enero pasado director de Desarrollo de Negocio de HZ, un puesto de nueva creación que implica la pertenencia al comité de dirección de la empresa pública. En su organigrama tiene la consideración de “directivo SEPI”. Esto implica que el hólding público ha sido el responsable de aprobar y supervisar su nombramiento. 

Este nuevo puesto, explican fuentes internas del Hipódromo, está contemplado en el nuevo plan estratégico que elaboran la empresa estatal y la SEPI. La presidenta de HZ desde hace seis años es Faina Zurita, sobrina de la infanta Margarita de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía del Rey Felipe; por su parte, la presidenta de SEPI es Pilar Platero, antigua socia de Equipo Económico, el despacho que fundó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Colaboración público-privada

La misión de Segovia en HZ va a ser buscar nuevas vías de ingresos para la empresa, que acumula pérdidas millonarias y sobrevive gracias a las continuas ayudas públicas. Desde enero, está “buscando nuevos proyectos de iniciativa privada para el Hipodromo de la Zarzuela compatibles con las carreras de caballos, en un entorno unico en Madrid”, tal y como explica (sin ninguna tilde) en su perfil en LinkedIn.

Licenciado en Derecho y MBA por la Universidad de Comillas (ICADE) y postgrado en dirección de empresas inmobiliarias por el IE, Segovia tiene experiencia en la gestión de un recinto de estas características. En 2012, la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, le nombró gerente del elitista Club de Campo de la capital, con un contrato de alta dirección y un sueldo de 76.947 euros al año, tal y como recogía Civio en 2013.

Tras ese nombramiento, Segovia abandonó su puesto como mano derecha del alcalde de Boadilla y hoy diputado nacional, Antonio González Terol, del que había sido primer teniente de alcalde desde 2011. No obstante, simultaneó la gerencia del Club de Campo con su acta de concejal de Empleo, Formación y Relaciones Institucionales de Boadilla, tradicional feudo del PP. En las últimas elecciones municipales de 2015, este partido revalidó con el 54,77% de los votos su mayoría absoluta en ese municipio, el tercero más rico de España.

Segovia, que lleva la hípica en la sangre (su padre, el jerezano Alfonso Segovia, fue jinete olímpico y cinco veces campeón de España), gestionó el Club de Campo hasta su destitución en octubre de 2015, tras la llegada de Manuela Carmena al Ayuntamiento de la capital, un cese que atribuyó a “motivos políticos”.

Tras su destitución en el Club de Campo, el nuevo directivo de HZ permaneció como concejal de Boadilla hasta su renuncia en noviembre de 2016. En el último año, se había dedicado a asesorar a una inmobiliaria y había sido responsable de Desarrollo de Negocio de una empresa dedicada al márketing online denominada Spanish Influencers. Su administrador único es Luis Alfonso de Borbón, bisnieto del dictador Francisco Franco y del rey Alfonso XIII y primo segundo del rey Felipe VI.

Madrileño de 41 años, Segovia ha trabajado en la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Madrid (EMSV) y, entre otros puestos, y entre 2008 y 2010 dirigió el Instituto Regional de las Cualificaciones (IRCUAL) de la Comunidad de Madrid, un organismo creado en 2006 por la entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, para asesorar a instituciones y organismos relacionados con la formación.

Hipódromo de la Zarzuela (HZ) ha vuelto a encomendar su plan de publicidad a Atrevia-Inforpress, la agencia de comunicación en la que trabajó la presidenta de la empresa estatal, Faina Zurita, hasta que fue colocada por el Gobierno de Mariano Rajoy al frente de HZ en 2012. Esta nueva adjudicación eleva a 298.144 euros (IVA incluido) las contrataciones del hipódromo con la anterior empresa de su presidenta.

El nuevo contrato fue adjudicado el pasado 25 de enero por el comité de dirección de la empresa, del que forma parte la propia Zurita junto a otras cuatro personas. Consiste en la “creación, ejecución y producción de una campaña de publicidad para promocionar la Temporada de Carreras que se celebrará en el recinto del Hipódromo la Zarzuela de Madrid” desde el próximo 4 de marzo hasta diciembre.

El contrato se ha adjudicado por un importe de 123.200 euros que sumando el IVA asciende a 149.072 euros. Es el segundo de este tipo que el hipódromo adjudica a Atrevia-Inforpress con Zurita como presidenta, tras el que le encomendó en 2016 por un importe idéntico, aunque entonces el plazo de ejecución era de dos años (ahora es de solo uno).

En esta ocasión se han presentado cuatro ofertas, sobre las que el portal de contratación del Estado no ofrece de momento más información, aunque sí se indica que la de Atrevia era la “mejor oferta económica”. Fuentes de HZ niegan ninguna “arbitrariedad” en esta adjudicación, que, señalan, contó con todos los informes técnicos favorables. Añaden que Zurita no se inhibió porque no existían razones legales para ello.

Zurita aterrizó en la presidencia del hipódromo, filial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), procedente de Inforpress (luego rebautizada como Atrevia), donde había trabajado desde 2007, tras pasar por la Caja Madrid de Miguel Blesa. En Atrevia-Inforpress, fue asesora de su presidenta y fundadora, Nuria Vilanova.

HZ tiene un código de conducta que, a modo de ejemplo, dice que existe conflicto de intereses al “tomar una decisión de negocios que puede beneficiar directamente a un amigo íntimo de la persona encargada de decidir, ya sea porque es uno al que se paga dinero con la decisión o porque la empresa en la que trabaja es la que va obtener el beneficio”. HZ niega que Zurita haya vulnerado ese código.

Licenciada en Ciencias de la Información con dos cursos en Económicas y emparentada con la Familia Real (es sobrina de la infanta Margarita de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía del Rey Felipe), Zurita cumple este mes seis años en un cargo para el que fue nombrada pese a que, como reconocía en una reciente entrevista, “no sabía nada” de hípica.

Con un sueldo que en 2016 ascendió a 108.729,25 euros, durante su mandato ha sido incapaz de reflotar la empresa, que ha registrado pérdidas récord y ha necesitado de continuas inyecciones dinero público para sobrevivir, aunque según el Gobierno, “la dotación económica necesaria para el desarrollo de la actividad del hipódromo resulta mucho más rentable que mantenerlo cerrado”. Según declaraba hace unos meses su presidenta, HZ “está hoy mejor que en 2012 en muchos aspectos”.

El emblemático recinto, propiedad de Patrimonio Nacional, ubicado en el Monte de El Pardo y declarado Bien de Interés Cultural, estuvo en manos privadas hasta que en 1996 echó el cierre tras la desastrosa gestión del empresario Enrique Sarasola. Reabrió sus puertas ya como empresa pública el 23 de octubre de 2005 tras una remodelación que costó más de 50 millones. Desde entonces, las pérdidas acumuladas por la empresa ascienden a más de 40 millones. Nunca ha dado beneficios.

Sin visos de que mejore su situación económica, el Hipódromo de la Zarzuela no levanta cabeza. La filial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pulverizó en 2016 el récord de pérdidas registrado un año antes, al incrementar un 40% sus números rojos, hasta superar los 8 millones de euros.

La sangría va a continuar. En sus últimas cuentas anuales, pendientes de publicarse en su web, la empresa estatal reconoce que para este ejercicio va a seguir perdiendo dinero. Los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno para 2017 sitúan el quebranto para este año en otros 8,369 millones. El hipódromo da por hecho que su supervivencia está garantizada, porque seguirá contando con el apoyo estatal “para garantizar su viabilidad financiero-patrimonial en el corto plazo”.

Teniendo en cuenta esta circunstancia, y pese a que el fondo maniobra negativo pasó en 2016 de 23,8 millones a más de 31 millones, las cuentas de la sociedad están formuladas atendiendo al principio de “empresa en funcionamiento”. La auditora, Grant Thornton, ha dado su visto bueno sin salvedades a las cuentas. Pero enfatiza que, dadas las pérdidas acumuladas y las que están por venir, “la viabilidad financiera y patrimonial de la Sociedad en el corto plazo dependerá de la efectividad del apoyo de sus Accionistas”.

Fundamentalmente, la SEPI, con la que el hipódromo mantiene un saldo deudor que ya supera los 32 millones a un tipo de interés mucho más ventajoso que el del mercado, del 0,709%. SEPI posee el 95,78% de las acciones de la empresa y el resto pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Ambas aportaron una nueva inyección de 2.019.946,27 euros en junio de 2016 para compensar las pérdidas de 2015.

24 millones con Zurita

En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy colocó como presidenta del Hipódromo a Faina Zurita, sobrina de la infanta Margarita (hermana del rey Juan Carlos y tía del rey Felipe VI). Sin experiencia previa en el sector hípico, el balance de sus cinco años de gestión arroja unas pérdidas acumuladas de más de 24 millones. En estos años, la entidad ha esquivado el concurso de acreedores gracias a las continuas inyecciones de fondos del Estado. Licenciada en Ciencias de la Información, Zurita fue nombrada por su antiguo jefe, el actual diputado del PP Ramón Aguirre, entonces presidente de la SEPI. Su sueldo en 2016 fue de 108.729,25 euros brutos.

La reanudación de las carreras de caballos (suspendidas en 2015 por un conflicto con el regulador del sector) permitió que la cifra de negocios del hipódromo se duplicase en 2016 respecto al año anterior, hasta 7,6 millones, aunque muy por debajo de los 14,4 millones de 2014, el año previo al parón de la competición, culpable, según la empresa pública, de su mala situación.

En sus cuentas, Hipódromo de la Zarzuela dice que la suspensión de las carreras “ha perjudicado significativamente a toda la industria de las carreras de caballos; se ha deteriorado la confianza de propietarios de caballos de carreras de cara a adquirir y mantener caballos, así como de patrocinadores y del organizador de las apuestas hípicas de ámbito nacional en su doble faceta como demandante de carreras soporte de apuestas hípicas y como patrocinador de las carreras de la Sociedad. Todo ello se ha materializado en una merma de ingresos muy relevante”.

La sociedad, que hace un año encargó a la consultora Deloitte un plan de viabilidad en el que se gastó 320.000 euros (sin contar el IVA), ha suprimido de sus cuentas de 2016 los datos de estabulación de equinos en sus cuadras. En su informe anual, SEPI señala que esta pasó de los 276 ejemplares en 2015 a 349 en 2016. En 2014 había 412.

Tampoco hay datos en las cuentas sobre la asistencia de espectadores, que se desplomó en 2015 desde los 134.213 de 2014 a 41.123. SEPI solo recoge la media de asistentes por jornada: 3.366 personas en 2016, frente a las 3.738 de 2015. Por primera vez en su historia, las pérdidas operativas de la empresa han superado los 10 millones de euros.

El emblemático recinto, propiedad de Patrimonio Nacional, ubicado en el Monte de El Pardo y declarado Bien de Interés Cultural, celebró en mayo del año pasado su 75º aniversario. El hipódromo estuvo en manos privadas hasta que en 1996 echó el cierre tras la desastrosa gestión del empresario Enrique Sarasola. Reabrió sus puertas ya como empresa pública el 23 de octubre de 2005 tras una remodelación que costó más de 50 millones. Desde entonces, las pérdidas acumuladas por la empresa ascienden a más de 40 millones. Nunca ha dado beneficios.

La constructora ACS tiene muchas papeletas para renovar el contrato de mantenimiento del deficitario Hipódromo de la Zarzuela (HZ) que ya se adjudicó en 2013 por 402.511,76 euros y que expira a finales de este mes. La adjudicación del nuevo contrato está en su recta final y la empresa que preside Florentino Pérez aparece como la mejor colocada. En este caso, el contrato, valorado en un máximo de 337.500 euros (más IVA), posibles prórrogas incluidas, es por un plazo de un año (hasta el 15 de diciembre de 2017), prorrogable por otro más.

A la espera de que este jueves a las 11.00 horas se abran los sobres con las propuestas económicas de los licitadores, ACS ha presentado dos de las siete ofertas admitidas. Y entre ellas está la que tiene la mejor puntuación técnica. Según recoge la web de HZ, sobre un máximo de 40 puntos, Clece (filial de ACS) ha obtenido 39,25 puntos, por delante de Valoriza Facilities, de Sacyr (37 puntos), Imesapi (también de ACS, con 33,25 puntos), Elecnor (30,75), Ferrovial (29,25) y OHL (26,75), entre otras.

La presidenta de HZ, Faina Zurita, tiene una excelente relación con el número dos de ACS, Antonio García Ferrer, vicepresidente ejecutivo del grupo de construcción y servicios. De hecho, apuntan en el sector, si la sobrina de la infanta Margarita (hermana del rey Juan Carlos y tía del rey Felipe VI) logró reanudar hace un año las carreras en el recinto tras un parón de nueve meses por una guerra abierta con el anterior regulador, la extinta SFCCE, fue en buena medida gracias a la puesta en marcha de un nuevo regulador afín, Jockey Club, en la que el vicepresidente ejecutivo de ACS tuvo un papel clave.

Gran aficionado a la hípica, hasta el punto de tener su propia yeguada (Yeguada AGF), García Ferrer fue uno de los socios fundadores de Jockey Club y es miembro de su junta directiva como tesorero del organismo, que por cierto acaba de sancionar a uno de los caballos del ejecutivo de ACS, Orfeon, por dar positivo en una sustancia prohibida en una carrera disputada en junio pasado. La infracción se ha saldado con 1.000 euros de multa para el preparador del caballo, Guillermo Arizkorreta, que también tiene entre sus clientes a otro ilustre del turf, el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo.

El contrato de mantenimiento del hipódromo es el primero que va a adjudicar la empresa pública desde que, en agosto pasado, se conocieron las millonarias pérdidas (5,7 millones) que registró en 2015 a causa del parón de las carreras. La filial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cerró el plazo de recepción de ofertas de este contrato el pasado 30 de agosto y el concurso, por procedimiento abierto, salió el 4 de agosto, coincidiendo con la adjudicación de otro contrato de 320.000 euros a Deloitte para la elaboración de un plan de viabilidad.

Más pérdidas

En una reciente entrevista en la revista especializada A Galopar, Faina Zurita ha hablado por primera vez de estas cuestiones y de la crítica situación de la empresa que preside. Nombrada en 2012 pese a su nula experiencia en el negocio hípico, y con unas pérdidas acumuladas de 16,2 millones con ella como presidenta, avisa de que, si no recibe más fondos de Loterías y Apuestas de Estado, “y el momento político es complicado para hacerlo, vamos a repetir unos números muy parecidos a los de 2015”.

La presidenta de HZ, que califica de “debacle” los números de 2015, sale al paso de diversas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en las facturas y obras realizadas en el Hipódromo de la Zarzuela a cargo de Patrimonio Nacional (propietaria del recinto) en un informe publicado en julio. “No ha habido ni doble financiación, ni dobles facturas por los mismos conceptos, ni facturas por obras que no corresponda pagar a Patrimonio, ni nada que se le parezca”, dice Zurita, muy descontenta con los “ataques constantes” que recibe “a nivel mediático”.

Respecto al contrato adjudicado a Deloitte, asegura que se trata de “una exigencia” de sus accionistas (SEPI y Loterías). Sobre el momento elegido (el plazo de presentación de ofertas acabó dos días antes de las últimas elecciones generales), señala que “el objetivo era que esa herramienta la tuviera el equipo que estuviera al frente en el arranque de la nueva legislatura”.

“Otras empresas de SEPI están haciendo lo mismo”, dice Zurita, que se ve al frente del HZ en 2017: “Sí me veo, y me gustaría seguir para completar el trabajo iniciado y culminar un proyecto que, borrando 2015 con todas sus batallas, creo que ha hecho mejorar el hipódromo”.

La empresa pública Hipódromo de la Zarzuela, perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adjudicó en julio un contrato de 120.806 euros (IVA incluido) a la consultora tecnológica asturiana ASAC Comunicaciones, cuyo administrador único, Maximino Fernández, está pendiente de sentencia tras el juicio del caso Marea, acusado de presuntos delitos de falsificación de documentos, fraude y exacciones ilegales.

El hipódromo, que desde 2012 preside Faina Zurita, sobrina de la infanta Margarita (hermana del rey Juan Carlos y tía del rey Felipe VI), adjudicó el contrato el 13 de julio, en la recta final del juicio por esa trama de corrupción en Asturias.

El contrato, por 99.840 euros (sin contar el IVA del 21%), se adjudicó un mes después de que, en la Junta de Accionistas del 10 de junio, los socios del hipódromo, SEPI (95,8% de las acciones) y Loterías del Estado (4,2%), acordasen aportar otros 2.019.946,27 euros a la empresa para compensar pérdidas.

El contrato adjudicado a ASAC salió a concurso dos días antes de la asamblea de accionistas de la empresa pública, que el año pasado se anotó sus mayores pérdidas desde la reapertura del recinto en 2005 al duplicar sus números rojos hasta 5,7 millones, tras nueve meses sin carreras por un conflicto con el regulador hípico. En noviembre, la SEPI ya inyectó otros 10 millones al hipódromo para evitar su quiebra.

El delito de fraude es uno de los que impide a la Administración contratar con una empresa, en caso de haber sentencia firme. No es el caso aún del administrador único de ASAC, para el que el Principado de Asturias y la Fiscalía pedían cuatro años de cárcel. Tras cuatro meses de sesiones, el juicio concluyó el 29 de julio. La sentencia de la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Asturias se espera para diciembre o enero.

El caso Marea está considerado como la mayor trama de corrupción en Asturias, con trece imputados entre los que están José Luis Iglesias Riopedre, exconsejero de Educación en el Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces, y su entonces directora general de Educación, María Jesús Otero.

Según informó El Comercio, Maximino Fernández reconoció en su declaración en el juicio el 25 de abril que su empresa facturó 246.000 euros al Gobierno del Principado por obras de cableado en centros sociales de Asturias que después “no se hicieron”. Fernández siempre ha mantenido que ese dinero no fue para ASAC, sino para la funcionaria Marta Renedo, también imputada.

Desde la declaración de Fernández en el juicio, ASAC ha logrado adjudicaciones de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (el 12 de agosto), dependiente del Ministerio de Economía, y la Universidad de Burgos, entre otros organismos públicos.

Con sede en el Parque Tecnológico de Asturias y delegaciones en Galicia y Cataluña, la empresa es contratista habitual de la Administración. Tiene 120 empleados y entre sus clientes están, según su web, otras empresas estatales como la agencia EFE y Paradores, y organismos públicos como la EMT de Valencia, la Empresa Municipal de Aguas de Canarias, la Diputación de Cuenca y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Al contrato adjudicado por el hipódromo se presentaron dos ofertas pero la de ASAC fue la única admitida. El contrato consiste, según ASAC, en el alojamiento en la nube de esta empresa asturiana de los sistemas informáticos del Hipódromo.

La antigua empresa de la presidenta

Otra adjudicación polémica llevada a cabo por Hipódromo de la Zarzuela en los últimos meses fue la contratación en febrero,de una campaña promocional a la agencia de comunicación Inforpress (ahora rebautizada como Atrevia) por 149.072 euros, IVA incluido.

En Inforpress, que logró la mayor puntuación al presentar la mejor oferta técnica (no la económica) entre los once licitadores, trabajaba Faina Zurita antes de ser nombrada presidenta del Hipódromo por el presidente de la SEPI, el exdiputado del PP Ramón Aguirre. Sin experiencia previa en el sector hípico, el balance de gestión de esta licenciada en Ciencias de la Información arroja unas pérdidas acumuladas de 16,2 millones desde 2012 para la entidad.

Coincidiendo con esa nueva inyección de fondos públicos de SEPI y Loterías, la empresa estatal, con la que no ha sido posible contactar, también sacó a concurso el 10 junio un contrato de consultoría para la elaboración de un Plan Estratégico 2017-2021 que incluya “un plan de actuación que proporcione viabilidad” a la sociedad en el próximo lustro y la realización de un informe sobre el “potencial real de las Apuestas Hípicas Externas en España”.

El plazo de presentación de ofertas acabó el 24 de junio, dos días antes de las últimas elecciones generales. El contrato fue adjudicado el 4 de agosto por 387.200 euros (IVA incluido) a Deloitte por ser la “oferta económica más ventajosa”, pese a que era la más cara: 320.000 euros (sin IVA), frente a los 259.000 euros de KPMG y los 286.500 de Roland Berger.

En Deloitte trabajan dos hijos de una persona muy vinculada a Zurita y al hipódromo, Carlos Rodulfo. Primer consejero delegado de Hipódromo de la Zarzuela (2002-2004), vocal “independiente” de la empresa pública entre 2012 y 2013 y actual presidente de la Asociación de Hipódromos por designación de la filial de la SEPI, Rodulfo está casado con la alta funcionaria Ana Puy Fernández, que desde agosto de 2012 es secretaria general del Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas es el organismo público que fiscaliza la actuación del Hipódromo de la Zarzuela. En un informe publicado el mes pasado, el tribunal criticó “la falta de control con la que se ha gestionado la ejecución y financiación” de las millonarias obras de restauración del emblemático recinto, propiedad de Patrimonio Nacional.

Nueve meses sin carreras de caballos en el Hipódromo de la Zarzuela durante 2015 agravaron el pasado ejercicio la crisis permanente de esta empresa pública. La filial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que desde 2012 preside Faina Zurita, sobrina de la infanta Margarita (hermana del rey Juan Carlos y tía del rey Felipe VI), duplicó sus pérdidas el año pasado hasta 5,7 millones de euros, según las cuentas depositadas esta semana en el Registro Mercantil.

Son las mayores pérdidas de su historia desde la reapertura del hipódromo en 2005, cuando también funcionó apenas tres meses. El desastre queda patente en todas las líneas de la cuenta de resultados. La facturación fue de 3,8 millones, frente a 14,4 millones en 2014. El beneficio antes de impuestos fue negativo en 7,9 millones y la empresa mitigó parte de esas pérdidas en el resultado neto gracias a un crédito fiscal de 2,2 millones.

El número de espectadores se desplomó desde 134.213 en 2014 a 41.123, ante la ausencia de carreras en las campañas de primavera y verano, las que más público concentran. La recaudación por apuestas fue de 1,286 millones, la más baja desde la reapertura del hipódromo (4,319 millones en 2014).

“2015 ha sido un año excepcionalmente difícil para las carreras de caballos en general y para Hipódromo de la Zarzuela, S.A. en particular. La ausencia de un ente regulador capacitado para contratar con la Sociedad llevó al parón de la competición durante los nueve primeros meses del año, con el consiguiente descenso de los ingresos, la desaparición de cuadras, la salida de muchos profesionales de España, etc. No obstante, esta situación ya se ha superado y puede considerarse como un hecho excepcional del pasado”, dice la empresa en sus cuentas.

Los aficionados a la hípica, deporte muy popular en otros países que en España sólo parece calar entre los círculos más elitistas de la sociedad, se quedaron sin carreras en la capital a finales de noviembre de 2014. El hipódromo consideraba que la empresa encargada de arbitrar el deporte, la Sociedad de Fomento de Cría Caballar de España (SFCCE), no estaba legitimada para hacerlo al haber entrado en liquidación con un pasivo de 2,5 millones. La SFCCE llegó a presentar una querella criminal contra la cúpula del Hipódromo, que fue archivada. La competición se reanudó en septiembre tras la puerta en marcha de un nuevo regulador, Jockey Club.

En sus cuentas, Hipódromo de la Zarzuela culpa a la ausencia de regulador de haber “reducido la confianza de los agentes del sector, provocando la marcha al extranjero de profesionales y cuadras”. En 2015, el número medio de caballos estabulados en el recinto pasó de 412 a 276. Para “respaldar y dar confianza al sector”, el hipódromo decidió no cobrar la estabulación de los equinos en su centro de entrenamiento durante los meses sin carreras y los ingresos procedentes del alquiler de las cuadras pasaron de 707.997,87 euros a 297.676,82 euros.

16,2 millones de pérdidas

El balance de cuatro años de gestión de Zurita, licenciada en Ciencias de la Información colocada al frente de la empresa por su antiguo jefe, el exdiputado del PP Ramón Aguirre (presidente de la SEPI), pese a su nula experiencia previa en el negocio hípico, arroja unas pérdidas acumuladas de 16,2 millones para la entidad pública, que en estos años ha esquivado el concurso de acreedores gracias a las continuas inyecciones de fondos del Estado.

En noviembre pasado, la SEPI aprobó una aportación de 10 millones, paralela a una reducción de capital de 3,7 millones. En febrero de este año, Hipódromo de la Zarzuela volvió a reducir capital por 6,082 millones y en la junta de junio pasado, para compensar pérdidas, se acordó aplicar más de 2 millones a la cuenta “aportación de socios”. Estos son la SEPI y Loterías del Estado (esta última con solo un 4,2%) o lo que es lo mismo, el Estado.

Zurita renovó como presidenta en julio pese a incumplir sus promesas de rentabilizar el recinto y sacar adelante la denominada apuesta externa: las pujas en locales habilitados para ello fuera de la oferta de Loterías y Apuestas del Estado y de la que se realiza en el propio recinto.

Para tratar de enderezar su complicada situación, la empresa encargó el 4 de agosto a la consultora Deloitte la elaboración de un Plan Estratégico 2017-2021 que incluya “un plan de actuación que proporcione viabilidad” a la sociedad en el próximo lustro. Deloitte también realizará un informe sobre el “potencial real de las Apuestas Hípicas Externas en España”. La empresa pública pagará a la firma de consultoría y auditoría 320.000 euros y las asesorías deberán entregarse en noviembre. Sumando el IVA correspondiente (21%), la minuta se elevará a 387.200 euros.

El emblemático recinto, propiedad de Patrimonio Nacional, ubicado en el Monte de El Pardo y declarado Bien de Interés Cultural, celebró en mayo pasado su 75º aniversario. El hipódromo estuvo en manos privadas hasta que en 1996 echó el cierre tras la desastrosa gestión del empresario Enrique Sarasola. Reabrió sus puertas ya como empresa pública el 23 de octubre de 2005 tras una remodelación que costó más de 50 millones. En diez años, las pérdidas acumuladas por la empresa ascienden a casi 27 millones. Desde entonces, nunca ha estado en beneficios.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha admitido la querella criminal presentada el pasado 22 de enero por la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España (SFCCE), el extinto regulador de las carreras de caballos, contra la empresa pública Hipódromo de la Zarzuela (HZ) y sus principales directivos, empezando por su presidenta, Faina Zurita, sobrina de la infanta Margarita de Borbón, tía del rey Felipe VI.

La demanda les atribuye supuestos delitos de estafa impropia, falsedad en documento oficial y coacciones, y tiene como trasfondo el radical enfrentamiento que mantienen desde hace más de un año HZ y la SFCCE, que ha propiciado que no se disputen carreras desde el pasado 30 de noviembre. HZ no reconoce ninguna legitimidad a la SFCCE, que está en proceso de liquidación tras dos siglos de andadura. Con la competición paralizada, el contencioso tiene pendientes de un hilo a las cerca de 500 familias que dependen del denominado turf en España, un sector que ha recibido decenas de millones de euros de dinero público para intentar relanzarlo. Ante la ausencia de carreras, muchos propietarios están llevándose a sus caballos a Francia, donde esta competición goza de una excelente salud.

El principal objeto de disputa son los derechos de imagen de la competición, de las que SFCCE se considera “legítima titular”. Según SFCCE, “sin autorización ni consentimiento, y de forma totalmente fraudulenta”, Zurita vendió en enero de 2013 esos derechos a Loterías del Estado (su accionista minoritario con el 25%) a través de un “contrato fraudulento” por un fijo anual de 5,5 millones de euros al año, más variables, “sin ser el Hipódromo legítimo titular de los mismos”.

La entidad también acusa a HZ de alterar “a su conveniencia” el programa oficial de carreras del Hipódromo para apropiarse de esos derechos. E interpreta que el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ya ha confirmado, en una sentencia dictada el pasado 12 de enero, que los derechos de imagen “le corresponden”. El juez Zamarriego ha citado a la querellante el próximo 24 de abril para tomarle declaración.

Este miércoles, no fue posible contactar con HZ para conocer su versión. El jueves, fuentes de la empresa dijeron que afrontan la querella con “absoluta tranquilidad y confianza en la justicia” y que la admisión a trámite es “inmensamente habitual” y “no implica en absoluto que las personas hayan sido imputadas ni que exista evidencia alguna de la comisión de ningún delito”. Califican la querella de “instrumental”, porque se presentó cuatro días antes de la junta de acreedores que determinó la entrada en liquidación de la SFCCE (por la negativa de Hacienda y la Seguridad Social a aprobar la propuesta de convenio) y dicen que el contrato con loterías, “vital” para la financiación del sector, se lleva firmando desde 2005.

La demanda va dirigida contra otras cuatro personas, además de Zurita: David Pasamontes, director Financiero de HZ, Gerardo Torres, director de Carreras del Hipódromo, Carlos Rodulfo, presidente de la Asociación de Hipódromos y consejero independiente de HZ, y el empresario Javier Revuelta Peral, exvicepresidente de Telefónica y marido de la modelo y actriz Mar Saura. Peral preside la Real Federación de Hípica Española (RFHE), a la que HZ ha intentado, sin éxito, hasta ahora, convertir en regulador del sector.

La querella también amenaza con salpicar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es el principal accionista del hipódromo. En su demanda, la SFCCE pidió que declarasen como testigos en el juicio el presidente del hólding público, Ramón Aguirre, así como el expresidente de Loterías, José Miguel Martínez (que fue quien firmó ese contrato en litigio), su sucesora, Inmaculada García, y la directora de Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD), Ana Muñoz Merino, entre otros.

Desde el pasado 3 de diciembre, en las apuestas hípicas que gestiona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, los caballos no galopan: sólo trotan. Las carreras están suspendidas hasta nuevo aviso por el radical enfrentamiento que mantienen desde hace un año la empresa pública Hipódromo de la Zarzuela (HZ) y el regulador del sector, la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España (SFCCE), que está en concurso de acreedores desde mayo de 2013 y a la que HZ no reconoce ninguna legitimidad. Ante la perspectiva cierta de acabar liquidada, la SFCCE parece decidida a, si tiene que morir, hacerlo matando.

“Yo ya no sé quién tiene aquí la razón, pero entre los dos, van a cargarse la competición”, dice, pidiendo el anonimato, un importante propietario de caballos sobre este enmarañado conflicto, que además de a HZ y la SFCCE, involucra a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista de HZ, al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la propia SELAE, entre otras altas instancias.

Los derechos de imagen de la competición son el principal objeto de disputa de un litigio que tiene a las cerca de 500 familias que dependen del denominado turf pendientes de un hilo. Parecía imposible, pero la guerra ha subido otro escalón. El pasado jueves, SFCCE presentó ante un juzgado de Madrid una querella criminal que atribuye a HZ y sus principales gestores, empezando por su presidenta, Faina Zurita Ussía, supuestos delitos de estafa impropia, falsedad en documento oficial y coacciones.

La querella, que aún no ha sido admitida a trámite, va dirigida contra Zurita, la empresa que preside y otras cuatro personas: David Pasamontes, director Financiero de HZ, Gerardo Torres, director de Carreras del Hipódromo, Carlos Rodulfo, presidente de la Asociación de Hipódromos y consejero independiente de HZ, y el empresario Javier Revuelta Peral, exvicepresidente de Telefónica y presidente de la Real Federación de Hípica Española (RFHE), a la que HZ ha intentado, sin éxito, hasta ahora, convertir en regulador del sector.

SFCCE considera en su demanda que es “legítima titular” de los derechos de imagen de la competición hípica, su “principal activo” (sin él está abocada a desaparecer), en virtud de un contrato firmado con RTVE que data de 1983, y de un convenio suscrito con la RFHE en diciembre de 2005 que la federación ha denunciado y expiró el mes pasado, por lo que HZ entiende que “no es la autoridad competente que requiere la competición”. Sin embargo, la SFCCE insiste en que es “titular de los derechos inherentes a la competición”, así como “de los derechos de imagen colectivos de la misma, siendo la única entidad que puede comercializar los mismos”.

“Contrato fraudulento” con Loterías

Según SFCCE, “sin autorización ni consentimiento, y de forma totalmente fraudulenta”, Zurita vendió en enero de 2013 esos derechos a SELAE (su accionista minoritario con el 25%) a través de un “contrato fraudulento” por un fijo anual de 5,5 millones de euros al año, más variables, “sin ser el Hipódromo legítimo titular de los mismos”, sino la Sociedad de Fomento. La entidad también acusa a HZ de alterar “a su conveniencia” el programa oficial de carreras del Hipódromo para apropiarse de esos derechos. E interpreta que el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ha confirmado, en una sentencia dictada el pasado 12 de enero, que los derechos de imagen “le corresponden”.

HZ, en cambio, entiende que, pese a lo que señala esa sentencia, la cuestión de los derechos de imagen “se resolverá, en su caso, en otro momento y en otra instancia”, y mantiene que es “la única titular de los derechos audiovisuales de la competición que en solitario organiza y sufraga”. El Hipódromo ha señalado que, ante la paralización de las carreras, tiene el aval “de las asociaciones de hipódromos, propietarios, criadores, jockeys y aprendices, y colectivo de preparadores”. SFCCE lo niega.

HZ no ha querido hacer comentarios sobre la demanda porque todavía no se le ha notificado. En ella, SFCCE acusa a Zurita y al director del Hipódromo, Gerardo Torres, de desarrollar “una intensa actividad tendente a conseguir la liquidación de la SFCCE” mediante la estrategia de “privar a la SFCCE de sus activos y en concreto de sus funciones como regulador, en la idea de que al no tener ingresos el administrador concursal, en su informe preliminar, optará por decretar la inviabilidad de la concursada”.

Todo ello, “con la colaboración del presidente de la RFHE”, que “accede a denunciar el convenio suscrito con la SFCCE en la errónea idea de que eso provocará un traspaso de las funciones de la SFCCE” a la federación. Sin embargo, el CSD no ha movido ficha en este asunto y el todavía regulador hípico es la SFCCE, según reconoce la propia RFHE en la última versión de sus estatutos, aprobada hace poco más de un mes.

104.613 euros de sueldo en 2013

La SFCCE, que desde noviembre pasado está presidida por Felipe Hinojosa García-Puente (perteneciente a una de las familias fundadoras del grupo textil Cortefiel), quiere que HZ aporte el contrato original de cesión de los derechos audiovisuales que suscribió el 21 de enero de 2013 con SELAE y que, de admitirse a trámite la demanda, declaren como testigos en el juicio el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, el expresidente de SELAE, José Miguel Martínez (que fue quien firmó ese contrato supuestamente fraudulento), su sucesora, Inmaculada García, y la directora de Deportes del CSD, Ana Muñoz Merino, entre otros.

Zurita, que antes de ser nombrada presidenta de HZ en 2012 no tenía experiencia en el sector (su principal dedicación ha sido siempre la comunicación), llegó al HZ para devolverle el “esplendor” perdido, según dijo entonces la SEPI, con resultados discutibles. Protegida de Ramón Aguirre (fue directora de la Fundación ICO, con el Instituto presidido por él, sin haber cumplido los 30), es sobrina del doctor Carlos Zurita y de la infanta Margarita de Borbón, hermana menor de Juan Carlos I y tía del rey Felipe VI.

Al frente de HZ, Zurita cobró 104.613,35 euros brutos en 2013, según fuentes de la empresa, que en su web todavía no ha incluido ninguno de los datos que le obliga a publicar la tan cacareada Ley de Transparencia (por ejemplo, los contratos y convenios en vigor y el currículum y retribución de su presidenta). Desde que entró en vigor esa norma, hace más de un mes, el Hipódromo tiene un apartado en su web que está “en construcción”.

Los dos contendientes están en una difícil situación económica. SFCCE, una centenaria entidad privada (fundada en 1841) sin ánimo de lucro, está al borde de la liquidación, pendiente de la Junta de Acreedores que celebrará el próximo jueves, en la que será determinante la posición de la Seguridad Social y Hacienda, sus principales acreedores con deudas de más de 1,9 millones de euros.

La situación de HZ tampoco es boyante: desde 2008 hasta 2013 (último ejercicio disponible) acumulaba unas pérdidas de 17,7 millones de euros y el año pasado sorteó la liquidación gracias al oxígeno financiero de la SEPI.

Para mantener las apuestas y cumplir con el contrato que tiene suscrito con LAE, HZ ha contratado trotones (carreras de trote, en las que los caballos no galopan, como corredores de marcha en atletismo) llegados desde Baleares para que disputen carreras en otro hipódromo, el de Dos Hermanas (Sevilla), sin que sea necesario que la SFCCE ejerza de árbitro de esas competiciones. Los caballos trotan mientras la competición y todo un sector agonizan.