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El Estado vuelve a salir al rescate del Hipódromo de la Zarzuela con otros 6 millones de dinero público

Las pérdidas acumuladas con la actual presidenta, Faina Zurita, ascienden ya a 32 millones de euros, mientras la facturación ha caído a la mitad

Desde 2015, la empresa estatal ha recibido sucesivas inyecciones del erario público de casi 24 millones y para este año se prevén otros 4,4 millones

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Carrera nocturna en el Hipódromo de la Zarzuela en agosto de 2013. EFE

Carrera nocturna en el Hipódromo de la Zarzuela en agosto de 2013. EFE

El Estado ha tenido que volver a salir al rescate de Hipódromo de la Zarzuela (HZ), la empresa pública que gestiona este emblemático recinto hípico en Madrid. Sus dos socios, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Loterías y Apuestas del Estado, aprobaron el pasado 29 de mayo destinar otros 6 millones de euros a compensar pérdidas de ejercicios anteriores y garantizar la viabilidad de la empresa a corto plazo, según el orden del día de la junta de accionistas al que ha tenido acceso eldiario.es

Esos 6 millones los habían comprometido de forma proporcional a su participación SEPI (propietaria del 95,783% del capital de HZ) y Loterías (4,217%) el pasado 21 de diciembre y permitieron a HZ presentar sus últimas cuentas (2017) bajo el principio de empresa en funcionamiento, pese a contar con un fondo de maniobra negativo que ya supera los 31,3 millones y fondos propios negativos de 866.334,84 euros.

Desde 2015, el Estado ha salido al rescate de la empresa en tres ocasiones con aportaciones de socios que suman casi 24 millones y la cifra va a seguir aumentando. Para este año, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado  ya preveía 4,4 millones más y, según reconoce la empresa en sus últimas cuentas, "también se prevén para el próximo ejercicio" más pérdidas significativas que implicarán que seguirá necesitando de medidas de reequilibrio patrimonial por parte de sus accionistas.

El Hipódromo culpa a la parálisis del sector

En 2017, HZ se anotó nuevas pérdidas de 7,81 millones, que elevan los números rojos acumulados desde 2012, bajo la gestión de la actual presidenta, Faina Zurita, a más de 32 millones. En sus últimas cuentas, la empresa sigue culpando de los malos resultados a la parálisis que sufrió el sector en 2015 por un conflicto con el regulador de las carreras, "que ha perjudicado significativamente a toda la industria" y se ha traducido en "una merma de ingresos muy relevante" que a cierre de 2017 "continúa sin recuperarse".

Zurita fue nombrada presidenta de HZ pese a que no tenía experiencia previa en el sector hípico (licenciada en Ciencias de la Información, realizó dos cursos de Económicas) y está en el reducido grupo de ejecutivos de empresas estatales que han permanecido en el cargo durante toda la era Rajoy. Emparentada con la Familia Real (es sobrina de la infanta Margarita de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía del rey Felipe), bajo su gestión la cifra de negocio de la empresa estatal ha caído a la mitad, hasta los 7,65 millones del año pasado. Cifras en un ejercicio en el que la asistencia de espectadores creció hasta los 124.000, el número más alto desde 2014.

Con un sueldo de 108.581,3 euros brutos en 2017, desde que accedió al cargo, Zurita se ha embolsado más de 700.000 euros en ese puesto, ha adjudicado cientos de miles de euros  en contratos a su anterior empresa, la consultora Atrevia, y ha sido incapaz de reflotar HZ. Según el anterior Gobierno, "la dotación económica necesaria para el desarrollo de la actividad del hipódromo resulta mucho más rentable que mantenerlo cerrado".

En la junta de HZ del pasado 29 de mayo, justo antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa, se acordó renovar por otros dos años a Zurita tras agotar su mandato estatutario de dos años. Pero su continuidad, como la del resto de la mayoría de responsables de empresas estatales, depende del nuevo presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero.

El hipódromo, propiedad de Patrimonio Nacional, ubicado en el Monte de El Pardo de Madrid y declarado Bien de Interés Cultural, estuvo en manos privadas hasta que en 1996 echó el cierre tras la desastrosa gestión del empresario Enrique Sarasola. Reabrió sus puertas como empresa pública el 23 de octubre de 2005 por mandato del Congreso y tras una remodelación que costó más de 50 millones. Desde entonces, sus pérdidas acumuladas rondan ya los 50 millones y nunca ha dado beneficios.

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