Logroño Deporte ha instalado dos nuevas cámaras de seguridad en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Pradoviejo, lo que va a permitir aumentar la seguridad y vigilancia en este recinto municipal y prevenir posibles robos en la zona del aparcamiento. Se han instalado dos cámaras de alta resolución en la Ciudad del Fútbol de Pradoviejo una zona muy transitada tanto por el público infantil como el adulto. Estas instalaciones deportivas recibieron el año pasado 632.805 usos deportivos.

La actuación ha consistido en colocar dos cámaras nuevas de alta resolución encima del edificio de cafetería, orientadas a la zona de aparcamiento, en concreto al área de aparcabicis. Con estas cámaras se pretende incrementar la seguridad y vigilancia en el recinto y prevenir posibles robos de bicicletas o patinetes, si bien es cierto que se recomienda a los propietarios continuar adoptando las medidas de prevención oportunas.

La Ciudad del Fútbol Pradoviejo cuenta con ocho campos de fútbol de dimensiones reglamentarias y césped artificial de última generación, además de dos graderíos con capacidad total para 8.000 personas, vestuarios, gimnasio, aulas, cafetería y zona administrativa. Este año se han llevado a cabo otras mejoras en Pradoviejo como la sustitución y renovación del césped artificial de los campos 3 y 4 o la sustitución a LED de todos los focos del aparcamiento. 

Hace unos días, el Gobierno de La Rioja informaba de un aumento de la seguridad en centros de salud y demás instancias sanitarias riojanas con la instalación de cámaras de videovigilancia. Este lunes, el sindicato UGT alerta de que faltan medios humanos para garantizar la seguridad en los centros del SERIS.

Y es que el sindicato valora el nuevo sistema propuesto, pero recuerda que “la medida es insuficiente si no se acompaña del refuerzo de plantilla de vigilantes de seguridad”. A propósito de la reciente contratación de la modernización del Sistema Integral de Seguridad anunciado en el SERIS, el sector de seguridad privada de FeSMC UGT La Rioja, apoya esta inicaitiva aunque “quiere aclarar que la medida es del todo insuficiente si no viene acompañada de un refuerzo en la plantilla de vigilantes de seguridad que ahora mismo presta servicio en estos centros”.

Así, el sindicato recuerda que la contratación anunciada por el Ejecutivo regional por más de 1,7 millones de euros incluye la instalación de nuevos sistemas de seguridad electrónicos al Hospital Universitario San Pedro, CARPA, Centro de salud Mental de Albelda, Hospital General de La Rioja y centros de salud de Atención Primaria. Y advierte de que “las nuevas tecnologías deben ser un complemento que permita reforzar la seguridad, pero nunca podrán sustituir a los profesionales que garantizan físicamente esa seguridad. De hecho, los nuevos sistemas de seguridad que se van a implementar en los centros de Atención Primaria supondrán más carga de trabajo para los vigilantes del centro de control situado en el San Pedro”.

Por ello, insisten en que “es absolutamente necesario un aumento de la plantilla de vigilantes de seguridad que prestan servicio en el SERIS a fin de garantizar la integridad, no sólo de los propios vigilantes, sino de todo el personal sanitario, que también han visto incrementadas las agresiones verbales y físicas que sufren, y de los miles de pacientes y usuarios de las instalaciones del SERIS en toda la región”. Y además instan a proporcionar a los “vigilantes de seguridad los medios de protección individual adecuados para afrontar su trabajo diario en condiciones óptimas, preservar su integridad física y garantizar la seguridad de usuarios y personal sanitario”.

El SERIS incluirá videovigilancia en los centros de salud, ampliará las zonas controladas en el Hospital San Pedro e incorporará la IA en su nuevo sistema integral de seguridad. La modernización del Sistema Integral de Seguridad en los centros sanitarios, que se inicia en marzo y se ejecutará durante dos años, alcanza un importe de 1.766.142 euros.

El SERIS ha contratado el suministro, la instalación y puesta en marcha de nuevas instalaciones para la modernización de los sistemas de seguridad de sus centros sanitarios, así como la prestación del servicio de mantenimiento integral durante la vigencia del contrato del Sistema Integral de Seguridad que tiene actualmente instalado y en funcionamiento.

En el contrato, que se inicia en marzo y se ejecutará durante dos años, se incluye la redacción del proyecto de instalación, el suministro e instalación del nuevo sistema integral de seguridad, así como el mantenimiento del sistema actual y futuro durante la vigencia del contrato.

La necesidad de renovar las instalaciones de seguridad del SERIS (las que componen el actual fueron instaladas en el año 2006 y se encuentran en situación de obsolescencia) tiene como objetivos principales dotar a todos los centros dependientes del Servicio Riojano de Salud de las mismas condiciones técnicas para el buen desarrollo de las acciones cotidianas de seguridad, minimizar las amenazas de seguridad, favorecer un mayor control que permita garantizar la seguridad y trazabilidad de los profesionales, pacientes y usuarios de las instalaciones del SERIS y disponer de una Integración de todos los sistemas de seguridad.

El proyecto alcanza al Hospital Universitario San Pedro, CARPA, Centro de salud Mental de Albelda, Hospital General de La Rioja y centros de salud de Atención Primaria y se incluyen las siguientes instalaciones:

o CCTV (circuito cerrado de Televisión). 

o Control de Accesos. 

o Sistema Intrusión.

o Sistema de Interfonía y barreras acceso.

o Control de Errantes. 

o Renovación centro de control de vigilancia.

o CCTV en parkings.

El nuevo contrato, además de la actualización de equipos con tecnología de última generación, incluye la instalación y ampliación de cámaras digitales con IA; la renovación del centro de control, situado en el Hospital San Pedro, con una pantalla central tipo videowall para la integración de los diferentes sistemas de seguridad, así como la instalación de videoporteros digitales con tecnología digital.

Asimismo, se va a dotar de videovigilancia a la red de centros de salud de Atención Primaria que no la tuvieran, mediante equipos formado por un grabador y cuatro cámaras. Los vigilantes del Hospital Universitario San Pedro podrán supervisar las imágenes de esas cámaras desde el centro de control. La renovación de todos los sistemas de seguridad pondrá a disposición del SERIS una solución integrada desde este único centro de control para facilitar la labor de vigilancia en pro de la seguridad. Además, el nuevo sistema anitintrusión podrá detectar situaciones de riesgo en zonas aisladas o restringidas.

Por otra parte, el sistema integrado de seguridad renovará los dispositivos de control de errantes para el control de las zonas con pacientes vulnerables, como es el caso de Neonatología o en Psiquiatría. Estos nuevos dispositivos digitales permitirán enlazar los diferentes sistemas de seguridad para focalizar la supervisión extraordinaria de esas zonas ante situaciones de emergencia.

Los aparcamientos y accesos al hospital serán equipados con modernos sistemas de control, instalando barreras y cámaras que incorporan lectura de matrículas, junto con los necesarios controles de acceso en función de los niveles de seguridad de las diferentes áreas. Esta información puede ayudar en la planificación de la seguridad y en la gestión de personas no autorizadas en zonas seguras o restringidas del hospital. 

En este sentido, para el SERIS resulta esencial disponer de soluciones que brinden la máxima seguridad actualizada y ofrezcan la posibilidad de prevenir situaciones violentas que ponen en riesgo la seguridad y, la salud de las personas y las instalaciones, así como el sistema sanitario en su conjunto.

El Ayuntamiento de Bilbao destinará en 2025 un total de 235.000 euros a cámaras de videovigilancia en el Casco Viejo. La concejala de Seguridad, Amaia Arregi, ha presentado en comisión el presupuesto de su área y ha indicado a preguntas del PP que las cámaras de videovilacia se ubicarán en la zona del Casco Viejo de las escaleras de Mallona, Unamuno, Iturribide y María Muñoz, y que se está a la espera del informe favorable de la Comisión de Videovigilancia del Gobierno vasco para poder llevarlo a cabo.

En ese mismo ejercicio, destinará un total de 71,8 millones a mantener, consolidar y rejuvenecer la plantilla de la Policía Municipal. En el área de Protección Civil y Emergencias, los gastos de funcionamiento supondrán 604.750 euros y las inversiones alcanzan 1.293.700 euros, con 100.000 euros para el nuevo parque de Bomberos en Sarriko y 450.000 euros para la adquisición de vehículos, en concreto dos autobombas, una nodriza y una ligera. Los 71,8 millones son una partida que se incluye en el área de Recursos Humanos pero que corresponde al área de Arregi, según han explicado desde el Ayuntamiento y recoge Europa Press.

Arregi ha informado también de que los gastos de personal, que incluyen Policía Municipal y Bomberos, ascenderán en 2025 a 89.947.500 euros, por 86.747.600 euros en 2024, lo que supone una variación de 3.199.900 euros, equivalente a un 3,68% más en este capítulo. Por su parte, los gastos en bienes corrientes y servicios llegan a 5.759.400 euros, un importe coincidente con el gasto previsto para 2024, mientras que el capítulo de inversiones reales llega a 3.100.000 euros, con un aumento del 3,08% en este capítulo, lo que hace un total de 8.859.400 euros para el área de Seguridad en 2025. Arregi ha indicado que los gastos de personal, representan el 91,03% del gasto total del área, mientras que los gastos en bienes corrientes y servicios suponen el 5,82% y las inversiones reales alcanzan un 3,13%.

La edil ha indicado que en Seguridad Ciudadana, el gasto corriente se mantiene prácticamente igual, en 5.154.650 euros, con previsiones de “ajuste y contención”. En las partidas que han sufrido variaciones “significativas” está arrendamiento de otro inmovilizado material, vallas que pasa de 30.500 euros a 13.034 euros, dado que no fue necesaria la cantidad prevista de vallas para la celebración de La Gabarra, la conservación material de transporte que pasa de 114.938 a 133.739 euros o los servicios informáticos en los que se pasa de 158.350 a 163.612. El suministro de material técnico especial, como defensas extensibles, munición pasa de 259.691 a 234.475 euros porque existe stock. El fomento de la convivencia ciudadana cuenta con una partida de 107.375 euros destinados básicamente a la realización de encuestas sobre victimización y percepción de la seguridad.

Protección civil

En Protección Civil y Emergencias, el presupuesto para gasto corriente asciende a 604.750 euros y las partidas más importantes de este capítulo corresponden al mantenimiento del parque móvil, 197.000 euros, que incluye el mantenimiento en cuatro lotes para vehículos pesados, para vehículos ligeros, para embarcaciones y para neumáticos, el suministro de vestuario, con 54.160 euros, o el mantenimiento del gimnasio o de lavado de trajes de intervención o motosierras, que supone 98.396 euros En Seguridad Ciudadana el crédito para inversiones totaliza 1.806.300 euros, cuando antes era 1.748.300 euros, según ha indicado y las inversiones más significativas se concretan en renovación de flota, con 1.411.000 euros, con 22 vehículos policiales, un furgón para traslado de detenidos, dos vehículos grúa. Se incluyen también instalaciones de videovigilancia, con cámaras en el Casco Viejo, así como la estrategia de transformación digital y modernización con 127.150 euros.

El presupuesto global de las inversiones de Protección Civil y Emergencias asciende a 1.293.700 euros. Un total de 100.000 euros irán destinados al nuevo parque de Deusto, en concreto para la licitación del proyecto constructivo, con compromisos de crédito de 7.192.000 euros para el 2026, y 6.336.000 para el año 2027. El resto de las partidas más relevantes en Protección Civil serán inversiones en edificios municipales para la protección de incendios, colegios, bibliotecas, centros de distrito, con 45.000 euros, la aplicación para la gestión de emergencias, con 75.000 euros y dos partidas de 18.000 euros cada una para la mejora de las aplicaciones informáticas, por un lado para el servicio de bomberos y por otro el de protección civil.

Otras inversiones destinadas al servicio público, con un importe de 450.000 euros, incluyen cámaras térmicas, cascos estructurales, emisoras, renovación y sustitución ERA, los aparatos de respiración, lavadora y secadora para Deusto, taquillas. A preguntas de Elkarrekin Bilbao sobre los sistemas TIC, Arregi ha explicado que tienen un acuerdo con la empresa IDOM, que ayuda en la estrategia digital. Por su parte, a preguntas del PP, ha asegurado que la policía administrativa “no está contemplada a día de hoy que se vaya a volver a instaurar”. Ha indicado también como respuesta a la portavoz popular, Esther Martínez que el Ayuntamiento no cuenta con personal especializado en educar a perros, por lo que se hace a través de una empresa.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que da luz verde a las comunidades de propietarios a instalar cámaras de seguridad en zonas comunes si el objetivo es proteger la seguridad de los vecinos. Los jueces de lo civil han rechazado el recurso de una vecina de Madrid que pedía una indemnización de 2.500 euros porque su comunidad había instalado cámaras en los pasillos de cada planta para grabar actos vandálicos que se habían producido en semanas anteriores. La medida, dice el Supremo, es “idónea para la finalidad legítima de proteger la seguridad de los vecinos y de sus bienes”.

La mujer acudió a los tribunales para exigir que la comunidad de propietarios retirara las cámaras de vigilancia que habían puesto en todas las plantas del edificio, alegando que no solo grababan las zonas comunes sino que podía verse quién entraba y salía de las casas, incluso el interior de los domicilios. Fuentes del caso explican a elDiario.es que los vecinos de esta comunidad de la ciudad de Madrid habían detectado que una cerradura había sido vandalizada y decidieron, por mayoría en junta, poner las cámaras tanto para grabar como a modo de medida disuasoria.

Las cámaras fueron instaladas en 2019 y la vecina denunció que quedaban “controladas todas las salidas y entradas de su familia y de los invitados en su piso”, algo que provocaba “una situación de intranquilidad y acoso”.

El Supremo niega esta acusación principal: las cámaras no grababan imágenes del interior de los domicilios. “Solo las captan en las zonas comunes del edificio”, explica la Sala de lo Civil. Poner cámaras de seguridad en un edificio, afirman los jueces, puede afectar a la intimidad de los vecinos, por ejemplo si se puede reconocer a quien entra y sale de las distintas casas, algo que afecta a la intimidad. Pero no es “un derecho absoluto” y se pueden saber esos datos, incluso, a través de las mirillas de las otras casas, o con un servicio de conserjería.

En este caso, ubicar las cámaras en zonas comunes de cada planta estaba justificado, tal y como también entendió la Agencia Española de Protección de Datos. Fue acordado por la mayor parte de la junta de propietarios y la necesidad estaba justificada “por el acaecimiento de actos de vandalismo en el edificio con anterioridad a su instalación, sin que se haya alegado siquiera que exista otra medida más moderada para la consecución de la finalidad indicada”.

La videovigilancia no ha logrado detener las agresiones al personal sanitario de la Atención Primaria y Especializada en Cantabria, aunque sí frenarla en algunas áreas. Según datos hechos públicos por el Gobierno de Cantabria consultados por elDiario.es, las agresiones denunciadas en centros de salud y consultorios llevan camino de situarse algo por debajo a tenor de la proporción que guardan en los primeros meses del año con respecto a todo el año 2023. De mantener la tendencia, se situarán estadísticamente por debajo.

Sin embargo, en donde no se ha conseguido frenar la tendencia al alza es en los centros hospitalarios. Si de enero a julio se habían registrado en Atención Primaria un total de 88 agresiones (214 en todo 2023), en los hospitales de Valdecilla y Laredo ya habían prácticamente alcanzado la cifra del pasado año. En 2024 se llevan contabilizadas 57 agresiones en Valdecilla, 10 en Laredo y 11 en el Hospital Sierrallana, mientras que en todo 2023 los registros las agresiones hasta julio de 2024 fueron 65, 15 y 12, respectivamente.

En total, este año se llevan contabilizados 167 incidentes violentos en el Sistema Sanitario Público de Cantabria, mientras que 2023 se cerró con 306 incidentes. Por sexos, las mujeres son las principales víctimas, aunque hay que valorar que el 78% por ciento de la plantilla sanitaria de Cantabria es femenina. En este año, 31 hombres y 135 mujeres denunciaron haber sido víctima de una agresión. En todo 2023, la proporción fue similar: 67 hombres y 239 mujeres fueron víctimas de la violencia de los pacientes.

Esto se tradujo en una serie de sanciones interpuestas a los agresores. Este dato sí que es superior al de todo 2023. Las sanciones administrativas tramitadas por agresiones a profesionales sanitarios fueron 26, mientras en este 2024, hasta julio, ya se llevaban tramitados 39 expedientes sancionadores.

Según la información parlamentaria facilitada por la Consejería de Salud y consultada por elDiario.es, en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), actualmente, todas las cámaras de vigilancia están en funcionamiento. En los centros de salud hay instaladas 30. No obstante, la implantación de esta videovigilancia se ha visto lastrada por la lentitud burocrática. Desde que se anunciara su posible implantación por petición de los propios profesionales y hasta que se ha consumado, han pasado más de dos años.

“Es fundamental responder a la demanda de la ciudadanía en esa inquietud que tiene en cuanto a la seguridad en sus pueblos”. Quien lo dice es la viceconsejera de Política Agraria Común y Políticas Agroambientales en Castilla-La Mancha, Gracia Canales Duque. Así que, el Gobierno regional, la Diputación Provincial de Guadalajara y la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) firmarán en las próximas semanas un protocolo de colaboración para instalar cámaras en los pueblos de esta provincia.

La razón es la “preocupación de numerosos ayuntamientos de la provincia por la escasa población que en determinadas épocas del año tienen y los robos sufridos en algunos de ellos”. De ahí que se reclamasen medidas de seguridad que ya tienen precedentes. Y los tienen también en otras provincias de la comunidad autónoma.

En los años 2021, 2022 y 2023 los Grupos de Desarrollo Rural abrieron sendas convocatorias con las que se ya se han atendido 34 solicitudes con una inversión de 450.000 euros, lo que ha permitido la instalación de 162 cámaras.

También la Diputación Provincial de Guadalajara, a través de dos convocatorias, ha subvencionado en los años 2022 y 2023 la instalación de más de 480 videocámaras en los accesos de numerosos municipios de la provincia, con el denominado DIPUCAM.

Ahora se quiere llegar a todos los municipios de Guadalajara, mediante la firma de un protocolo que contará con la colaboración de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara y la Comandancia de la Guardia Civil.

Será un Plan de Videovigilancia y Seguridad con ayudas destinadas a los pueblos que aún no disponen de cámaras de seguridad en sus calles.

La viceconsejera de Política Agraria Común y Políticas Agroambientales, Gracia Canales Duque, ha asistido este fin de semana a una jornada informativa para presentar el plan a los ayuntamientos.

Se invertirán dos millones de euros en las cámaras de vigilancia y la Diputación Provincial se hará cargo del mantenimiento del sistema.

Daroca de Rioja es uno de los municipios riojanos que cuentan con cámaras de videovigilancia desde hace aproximadamente un año y medio. Su alcalde, Luis Armando Rodríguez Echapresto, ha explicado a Rioja2 que fue el vecindario el que solicitó la instalación de estos mecanismos. “Las colocamos porque así lo solicitaron los vecinos y así se acordó en pleno”. Los motivos, la poca cantidad de personas que viven en Daroca de Rioja durante el invierno. “Son pocas las personas que viven en este pueblo, sobre todo en invierno, personas mayores a las que estas cámaras les dan mucha seguridad”.

En estos momentos, en Daroca de Rioja hay cuatro cámaras instaladas: dos de videovigilancia en la plaza del pueblo y otras dos de control de tráfico en la entrada y salidas del municipio. Sistemas que tienen un efecto disuasorio y preventivo. “La gente del pueblo quiere solicitar más, vamos a pedir más cámaras, pero tendrán que ser de control del tráfico y no de videovigilancia porque estas últimas se autorizan en función del número de habitantes y en un municipio como Daroca de Rioja con 60 vecinos, dos cámaras de videovigilancia son suficientes ya que se establece una cámara por 27 habitantes”.

Las solicitaron hace un año y medio y han renovado la autorización. En 2019 había instaladas 156 cámaras en municipios riojanos, Arnedo, Calahoarra, Haro, Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Alfaro y Lardero. Y en 2024 el número de cámaras ha disminuido a 65 aunque el número de municipios ha aumentado pasando de 7 a 11. Cámaras que están instaladas en Logroño, Haro Villamediana de Iregua, Sajazarra, El Villar de Arnedo, Cihuri, Fuenmayor, Navarrete, Pradejón, Daroca de Rioja y Uruñuela. Uno de los motivos, quizás pueda ser que esta autorización debe renovarse y solicitarse anualmente como ha hecho Daroca de Rioja.

Instalación de viedovigilancia en localidades sin Policía Local

En el año 2019 se incrementó la demanda de instalación de cámaras en localidades pequeñas, instalaciones que no estaban amparadas por la Ley al no disponer de Policía Local hasta 2020, fecha en la que los consistorios pequeños ya pueden instalar estos mecanismos en lugares públicos.

Así, municipios como Daroca de Rioja que no disponen de Policía Local, deben realizar la solicitud a la Delegación del Gobierno en La Rioja junto información relativa a las calles o lugares en los que se instalarán las cámaras, si la zona se encuentra delimitada, vallada o es un espacio público abierto, el número de cámaras y el periodo de tiempo en el que se pretenda efectuar las grabaciones: franja horaria, 24 horas, horario nocturno, entre otras. Y con toda esta información, será la Delegación del Gobierno en La Rioja quien conceda la autorización, previo informe de la Comisión de Garantías presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y de la que forman parte también Fiscalía y Abogacía del Estado.

Seminario videovigilancia rural

Todas estas cuestiones se abordarán en el 'Seminario de videovigilancia rural' que se desarrollará este miércoles en la Delegación del Gobierno en La Rioja. Y es que estos días se celebra la Semana de la Administración Abierta, iniciativa con la que se pretende acercar las Administraciones Públicas a la ciudadanía.

El Seminario de Videovigilancia rural está dirigido a secretarios municipales y alcaldes y su objetivo es detallar el procedimiento establecido por la Delegación del Gobierno en La Rioja para poder instalar estas cámaras en las poblaciones menores ante situaciones de inseguridad ciudadana. Se desarrollará este miércoles 12 de junio de 12 a 14 horas en la Delegación del Gobierno en La Rioja.

Los problemas se le acumulan a la principal empresa privada contratada por el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) para la prestación del servicio de ambulancias, la catalana Grup La Pau. Si este lunes se suspendió de urgencia la entrada en vigor del nuevo contrato con un 24% más de financiación para el servicio de transporte sanitario programado o no urgente por una denuncia de UGT alertando de que Grup La Pau tiene ya una infracción “muy grave” constatada por la Inspección de Trabajo por retrasos en el abono de las nóminas, este martes la Agencia Vasca de Protección de Datos ha incoado un procedimiento sancionador contra Osakidetza porque La Pau ha instalado cámaras en todos los vehículos del transporte sanitario urgente con capacidad de grabar también las conversaciones de trabajadores y pacientes.

Según la normativa aplicable, la multa podría ser de un máximo de 10.000 euros o del 2% de la facturación de la empresa. En Euskadi, Grup La Pau tiene asignados del orden de dos tercios (lo correspondiente a Bizkaia y Álava) de los dos contratos de ambulancias, valorados en 135 y 147 millones de euros, respectivamente. La adjudicación ahora analizada desde el punto de vista de Protección de Datos entró en vigor en agosto de 2023.

Fue el sindicato ESK quien denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos esta circunstancia. Alertó de que se había instalado en las ambulancias “sin colocar cartel identificativo ni informar a trabajadores o usuarios” un sistema de “grabación georreferenciada de vídeo y audio total (360 grados)”. “Graban las conversaciones internas entre los trabajadores y de éstos con los pacientes”, avisaron. El organismo estatal derivó el caso a su equivalente autonómico en diciembre, justamente unos días después de la entrada en vigor de la nueva ley que lo regula y refuerza.

Protección de Datos de Euskadi ha realizado una investigación previa en la que se constata la instalación de estos sistemas de control y grabación. Y Grup La Pau no lo niega. En un informe, la compañía catalana explica que introdujo en su oferta “herramientas de control y supervisión de la flota en servicio” con el objetivo de disponer de “unidades interconectadas”. Los datos iban a una “plataforma centralizada”. El sistema se llama Webfleet y requiere de cuatro aparatos en cada ambulancia. Grup La Pau tiene unas 500 destinadas a Osakidetza sumadas las urgentes (de color amarillo) y las programadas (azules y blancas).

Sin embargo, Grup La Pau alega que “la implementación actual del sistema de videovigilancia difiere de la [tecnología] descrita en la propuesta inicial”, la denunciada por ESK. Indica que el sistema “no está diseñado para llevar a cabo una videovigilancia continua” y que solamente se activa en caso de alerta, como un accidente de tráfico. De hecho, insiste en que muchas de las cámaras están totalmente apagadas “a todos los efectos prácticos”. Sin embargo, están permanentemente latentes porque son capaces de ofrecer una secuencia de imagen de cinco segundos antes de que sean puestas en marcha. La compañía asegura también que “por un firme compromiso hacia la protección del derecho a la intimidad personal” se ha acordado “abstenerse de implementar la grabación de voz”. Era algo “excesivo” e “innecesario”, asume Grup La Pau.

Protección de Datos ha designado a Ainize Iriondo Plaza como instructora del procedimiento de infracción. Y no señala como responsable de los hechos a Grup La Pau sino directamente a la Administración. El director de Aseguramiento y Contratación del Departamento de Salud, Frumencio Molinero, indica en un informe al hilo de esta denuncia que Osakidetza no es “responsable del tratamiento” de esa información almacenada por las cámaras y que la decisión de colocarlas fue adoptada por la adjudicataria, por Grup La Pau, y nunca, además, a instancias del Gobierno.

A partir de la notificación de este acuerdo -fechado a 7 de mayo- se abre un plazo de doce meses para que se concrete el montante de la sanción. No obstante, se abre un período más breve, de quince días hábiles (tres semanas en la práctica), para que los denunciantes o Salud formulen “alegaciones” o presenten documentos adicionales. No cabe recurso contra esta decisión, que viene rubricada por el presidente de la Agencia Vasca de Protección de Datos, Unai Aberasturi.

El Ayuntamiento de Mérida ha iniciado la instalación de 34 cámaras de videovigilancia en entornos monumentales para la protección del patrimonio, cuyos equipos, programas y las pantallas de visualización estarán en dependencias de la Policía Local, dentro de las actuaciones del Proyecto “Destino Turístico Inteligente”

Con la instalación de estos dispositivos se pretende fomentar la seguridad de los entornos monumentales de la ciudad para evitar actos vandálicos o cualquier agresión que puedan sufrir estos espacios.

El delegado de Turismo, Felipe González, ha destacado que “el potencial turístico en Mérida es clave en el desarrollo económico, social y medioambiental” de la capital extremeña.

Por ello, ha indicado que el objetivo, como Ciudad Turística Inteligente adherida en 2021, “es mejorar nuestros atractivos naturales y culturales, crear recursos innovadores, mejorar en la eficiencia de los procesos de producción y distribución que impulsen el desarrollo sostenible y facilite la interacción del visitante”.

En este sentido, ha explicado que, con el sistema de monitorización y vídeo de elementos patrimoniales, “se pretende preservar el patrimonio y ofrecer una ciudad más segura para nuestros visitantes”.

El proyecto de Destino Turístico Inteligente se implementa, además, con múltiples herramientas que se están instalando en la ciudad y que ofrecerán información que contribuirá a mejorar la competitividad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Dentro de este proyecto, ya se ha implantado la APP “Visit Mérida”, plataforma tecnológica para dispositivos móviles que integra los recursos y servicios turísticos emeritenses y que permite tener toda la información a tiempo real.

También se han puesto en marcha nuevas audioguías de 10 monumentos que se han implementado tanto en la APP como en la web de la ciudad “y que nos permite avanzar en la accesibilidad turística de Mérida”, ha remarcado González.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el desarrollo de la iniciativa del Proyecto europeo “Provincia de Badajoz, Destino Turístico Inteligente” financiado por Red.es y Diputación de Badajoz.

Los dos parques históricos más simbólicos de Sevilla capital, el de María Luisa y el de los Jardines de Murillo, podrán instalar un sistema de videovigilancia como “medida disuasoria y de protección para disminuir los actos vandálicos y contra el patrimonio”. Así lo ha determinado la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía, ha informado de esta manera favorablemente al proyecto presentado hace meses por el Ayuntamiento de Sevilla.

Este sistema estará compuesto por cámaras inteligentes de vídeo capaces de detectar situaciones de riesgo de forma autónoma, así como “generar eventos” y transmitirlos a un centro de control. La Comisión ha sugerido que tanto las cámaras como los mástiles se pinten en cada ubicación de un color que permita “atenuar lo más posible su impacto visual y facilite su mejor integración en el entorno”, ha recogido el órgano autonómico en una nota de prensa.

En la provincia, Patrimonio ha informado favorablemente también del proyecto básico y de ejecución para la retirada de las terreras superiores de la tumba de Servilia del conjunto arqueológico de Carmona, así como el resanado de las tierras emergentes por considerar que es “apropiado” para conseguir una superficie estable, con las pendientes “adecuadas y virtualmente impermeable”, aunque permeable al vapor de agua, para “eliminar así una importante causa de degradación de la tumba”.

El proyecto que se ha presentado tiene por objeto la retirada de las terreras superiores de la Tumba de Servilia, que fueron el resultado de la acumulación de las tierras procedentes de la excavación llevada a cabo por Jorge Bonsor en el siglo XIX, y que es una medida “preventiva” cuya “necesidad” ha sido “avalada” para todo el ámbito que afecta a las tumbas de la necrópolis por estudios científicos realizados en colaboración con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Problemas de drenaje y escorrentías

La roca del conjunto arqueológico, calcarenita terciaria conocida como calcarenita de los Alcores o roca alcoriza, es una roca blanda y de fácil trabajo como cantera, pero también fácilmente erosionable, lo que constituye un problema de gran magnitud de cara a la conservación de las tumbas al aumentar la tasa de infiltración de agua en la roca subyacente, y aumentar también los procesos de condensación y los mecanismos de alteración asociados en el interior de las cámaras.

De esta manera, la retirada de las tierras que prevé el proyecto dejará preparada una superficie impermeable que resuelva el drenaje y las escorrentías evitando el almacenamiento de aguas sobre la Tumba de Servilia. Todo ello se realizará bajo el criterio de la dirección del Conjunto Arqueológico y de forma “coherente” con las recomendaciones del estudio realizado por el CSIC en 2009, y con la experiencia acumulada por la evaluación de las actuaciones en otros puntos de la necrópolis en los últimos años.

Por último, la Comisión ha informado favorablemente el proyecto para la ejecución de obras de conservación y restauración de los restos de muralla del castillo de Villaverde del Río. El castillo se encuentra en la confluencia del cauce del Siete Arroyos con el cauce viejo del Guadalquivir, conociéndose también como castillo de Cuatro Torres, de posible origen musulmán.

De la antigua edificación sólo resta un paño de muro al que se han adosado viviendas y una puerta con un arco en el tramo libre. La intervención aprobada incluye una memoria con las patologías que presenta el lienzo de muralla, siendo las más importantes, entre otras, los desprendimientos y pérdidas de material, la suciedad generalizada y las zonas erosionadas donde se producen escorrentías de agua, y que está formada por depósitos, eflorescencias, biocostras y manchas oscuras por el continuo proceso humectación-desecación.

La intención de la intervención es proporcionar la “correcta legibilidad” de la muralla recuperando sus contornos, la organización espacial y los volúmenes, con el objetivo de dotar al conjunto de una “lectura clara”, intentando “recuperar una visión del conjunto y su relación con el entorno”.

Jan y Marga son una pareja con tres hijos que vive en Barcelona. El pasado puente del 1 de mayo alquilaron junto con otras dos parejas, con hijos también, una villa vacacional en la costa catalana. Se trataba de una finca grande, con piscina, zona de barbacoa y una zona amplia de juego. Además, el interior de la casa estaba decorado con mucho mimo. Pero este alquiler tenía una particularidad: disponía de una instalación de cámaras de videovigilancia, situadas tanto en el interior como en el exterior de la casa, enfocando hacia la piscina y demás zonas comunes, así como la cocina y el comedor en el interior.

“Al realizar la reserva, estudiamos los servicios y vimos que tenía cámaras, lo que nos generó un debate inicial”, explica Marga. “Finalmente, decidimos reservar la casa y una vez allí pudimos hablar con la dueña, que nos explicó que la presencia de cámaras era totalmente legal y que ella no miraba nunca el contenido a no ser que desaparecieran objetos o aparecieran rotos”.

“Lo cierto es que allí donde había cámaras había un cartel avisando de la presencia de las mismas y tampoco encontramos otras en espacios más privados, pero a mí me generó durante todo el puente una intranquilidad: era la sensación continua, al ver los carteles, de estar vigilados”, prosigue esta mujer, ejecutiva en una start up radicada en el distrito tecnológico @22 de Barcelona.

Marga reconoce que su impresión no fue la general: “Hubo una cierta división de opiniones, ya que mientras a algunos nos parecían una intromisión, para otras personas, según dijeron, no supusieron ningún problema”. Si tuviera que volver a elegir un alojamiento, teniendo en cuenta su propia experiencia, no repetiría: la presencia de cámaras sería un obstáculo para realizar la reserva. Cuando me voy de vacaciones me gusta estar tranquila y sin la sensación de que alguien puede ver lo que yo he estado haciendo, aunque no haya estado haciendo nada malo“. ”A nosotros nos puede vigilar el anfitrión, pero nadie vigila al que vigila...“, añade.

Tal vez esta sensación que relata Marga de no tener la total seguridad de que tu intimidad sea respetada es la que explique la proliferación en redes sociales de todo tipo de trucos y protocolos para detectar cámaras ocultas en alojamientos vacacionales, pero también en hoteles, restaurantes y hasta en baños públicos. Y no solo en España, sino en todo el mundo.

Proliferan los artículos sobre cómo encontrar las cámaras que nos están grabando sin que lo sepamos y también los vídeos, tanto en YouTube como en TikTok y otras redes para detectar estos perversos ojos mecánicos. No obstante, apenas hay noticias reales sobre casos de grabaciones de este tipo en alquileres vacacionales.

¿Un plus de seguridad para los inquilinos?

Sergio es coanfitrión de una masía situada en un pueblo a 17 kilómetros de Girona, en la frontera con las turísticas comarcas del Baix y el Alt Empordà. Le localizamos a través de Airbnb buscando alquileres vacacionales que tengan cámaras de seguridad, una opción que figura en el apartado de servicios del alojamiento y ha accedido a hablar con elDiario.es.

Asegura que él y su socio siempre han pensado en las cámaras como un plus de seguridad para los inquilinos, ya que la masía está algo apartada del núcleo del pueblo: “Yo creo que si pasas una temporada en nuestro alojamiento, estarás más tranquilo si sabes que hay unas cámaras enfocadas hacia la zona de la entrada principal al recinto, así como en la de la piscina y otras zonas por las que se puede acceder al interior de la casa”. Y explica que esta puede ser una herramienta útil para los inquilinos en caso de robos en el alojamiento“.

No obstante, reconoce: “lógicamente, si te saltas las normas que fijamos en el contrato de alquiler, que implica por ejemplo no hacer fiestas masivas y respetar los bienes de la casa, las grabaciones pueden servirnos como prueba documental, para reclamarte el valor de lo que puedas haber roto o una penalización, por ejemplo, por haber montado una fiesta multitudinaria que haya molestado a nuestros vecinos”.

Sergio, que asegura que jamás ha tenido que recurrir a las cámaras por ningún incidente, ofrece un dato que responde a las dudas de Marga sobre si los anfitriones suelen mirar las grabaciones: “En la mayoría de los casos que yo conozco de dueños de casas que se anuncian en estas plataformas y usan cámaras, la instalación y gestión de las mismas se contrata a empresas de seguridad que además realizan todas las gestiones con la Agencia de Protección de Datos. Estas empresas son las que reciben las grabaciones que se realizan a diario, no solo de nuestro alojamiento, sino de muchos otros”, explica Sergio.

El anfitrión reitera: “Jamás hemos tenido ningún problema en todo el tiempo que llevamos con las cámaras”, pero añade: “Si lo tuviéramos, nosotros no tenemos acceso directo a las grabaciones, sino que tenemos que rellenar una instancia para pedírsela a la empresa de seguridad, siempre explicando los motivos, y ellos nos pasarían la grabación del día concreto que les reclamamos”. Pero no pasa por alto otra realidad latente que propicia un escenario más borroso para la privacidad de los inquilinos: “Puede ser que haya dueños de pisos que compren las cámaras en una tienda o en Amazon, pero si quieres de verdad una instalación seria acudes a una empresa de seguridad”.

¿Es legal poner cámaras en apartamentos turísticos?

Francisco Burgos Rubiales, abogado especializado en protección de datos, dice en conversación telefónica con este periódico que la colocación de cámaras de vigilancia en pisos turísticos sí es legal “pero debe cumplir con los mismos requisitos que en el caso de comunidades de vecinos o empresas”. “No debe enfocar a la vía pública, ni mostrar imágenes de otros apartamentos distintos al que se pretende vigilar.

Tampoco deben estar en zonas privadas de la casa o apartamento como lavabos, dormitorios e incluso el gimnasio; limitándose su presencia a zonas comunes como el comedor, la cocina o las zonas de recreo exteriores tipo barbacoa, piscinas, etc.“, explica. Además, subraya que ”las grabaciones que realicen las citadas cámaras no pueden conservarse más de 30 días, según la Ley de Protección de Datos, término tras el cual deberán ser destruidas“.

Es obligatorio estar informado por la AEPD

Desde la AEPD explican que con la entrada en vigor en enero de 2018 del Reglamento Comunitario de Protección de Datos (RGPD) la obligación anterior de inscribir los ficheros de cámaras instaladas desaparece en el registro de la agencia. Antes de esa fecha debíamos estar inscritos como dueños y responsables de las cámaras instaladas.

“Desde enero de 2018, la única obligación que tiene quien instale unas cámaras en el ámbito doméstico es la de estar informando a través nuestro de sus deberes y los procedimientos que debe seguir para no violar el derechos a la intimidad de sus huéspedes”, explican en la agencia.

Y añaden que “para ello se debe acudir a la herramienta Facilita RGPD en nuestra página web donde, tras cumplimentar una serie de datos, que no quedan guardados en nuestros ficheros, se emitirá un documento que el responsable de las cámaras deberá guardar, previamente firmado, para entregar en caso de requerimiento de la AEPD”.

Los carteles deben ofrecer los datos del responsable de las mismas

Junto a la descarga del documento, donde se informa de las obligaciones del responsable, también se accede a una imagen digital de los carteles, con nombre y dirección del citado responsable, que son los reglamentarios para imprimir y colgar en el apartamento donde haya cada cámara.

Protección de Datos confirma que el cartel que debe figurar es el que la agencia proporciona y no el de la empresa que ha instalado las cámaras, y en él deben constar el nombre y apellidos del responsable de las cámaras así como sus datos de contacto y la finalidad de las mismas.

Tanto Burgos como fuentes de la AEPD coinciden en que solo el responsable que ha suscrito la documentación ante la AEPD puede visionar el contenido de las cámaras y solo puede compartirlo con las fuerzas y cuerpos de seguridad a requerimiento de estos, normalmente tras una denuncia del citado responsable, ya que las grabaciones, si están realizadas acorde a la ley, pueden ser una prueba válida en un juicio.

“Compartirlo con cualquier otra persona, o bien sin denuncia previa de un supuesto delito que puede ser de robo o de bienes rotos, etc., está penado por ley, incluso con penas graves si se hace comunicación pública del contenido [se comparte en redes, en aplicaciones de mensajería...]”, aclara el abogado.

La política de Airbnb

Este periódico se ha dirigido a Airbnb para conocer cuál es su postura como principales gestores de la oferta de alquiler vacacional privado en España. Desde la plataforma nos aclaran que lo que más les preocupa es que la existencia de cámaras, que reconocen como un derecho, debe estar debidamente informada a los huéspedes, tal como demanda el RGPD.

“Los anfitriones siempre deben informar sobre los dispositivos que existan en o alrededor del alojamiento y las cámaras y otros dispositivos de vigilancia no se permiten en los alojamientos si no han sido previamente comunicados y mostrados”, explican. “Estos dispositivos nunca se permiten en los espacios privados del alojamiento como baños, dormitorios y otros espacios de descanso”.

Airbnb informa claramente de sus políticas al respecto en su página web y aclara que contemplan la “toma de medidas contundentes en el caso excepcional de que se denuncie un problema de este tipo, que incluyen la retirada del alojamiento y del usuario de la plataforma y, si es necesario, la asistencia a las investigaciones de la policía a través del portal de Airbnb para las autoridades”. Airbnb pone a disposición de los huéspedes la línea de protección 24 horas para denunciar este tipo de infracciones.

También explican que en el apartado de los servicios que ofrece cada alojamiento turístico debe figurar la presencia de cámaras, en el caso de que estas estén instaladas, para que los futuribles huéspedes puedan tomar la decisión de contratar o no la casa o el apartamento.

En este sentido, tal como explica Sergio desde su perspectiva como anfitrión en la plataforma: “la presencia de cámaras es un servicio más, como puede serlo el admitir o no mascotas. Si tienes mascotas y no se aceptan, no te quedarás con el alojamiento; del mismo modo si hay cámaras y te incomodan, también busca otros”.

¿Cámaras ocultas en apartamentos turísticos?

Respecto a la paranoia digital sobre la existencia de cámaras ocultas en alojamientos turísticos, Burgos Rubiales es contundente: “se trataría de un delito muy grave aunque no se comunique públicamente y podría conllevar incluso penas de cárcel si prosperase una denuncia”.

Airbnb, por su parte, señala que no es un problema generalizado que detecten. La plataforma asegura que “con más de 1.000 millones de check-ins realizados en Airbnb hasta la fecha, los incidentes [de cámaras ocultas] son aislados y raros”, pero de todos modos “no es algo que afecte de manera particular o exclusiva a Airbnb, sino que se trata de un asunto que puede perjudicar a todo el sector de hospitalidad, tanto a otras plataformas como a los hoteles”.

El fino hilo entre preservar la seguridad en las calles y mantener el derecho a la intimidad de los ciudadanos ha vuelto a salir a la luz tras anunciar el Ayuntamiento de Lepe, en la costa de Huelva, que el pueblo cuenta ya con 30 cámaras que vigilan determinadas zonas en “prevención de sucesos” o bien para intentar identificar a los culpables si fuese necesario.

Como siempre ocurre cuando se pone en marcha una iniciativa como esta, las voces a favor y en contra casi son del 50 %. El abogado Fernando Osuna sostiene que la Constitución y las sucesivas leyes aprobadas desde 1978 tienen tantos factores a favor como en contra de la iniciativa. La portavoz del PSOE y candidata a la alcaldía, Bella Canales -en Lepe gobierna el PP con mayoría absoluta- no entra en el fondo legal, pero sí entiende que se trata de una “maniobra” del equipo de Gobierno para esconder los problemas que tiene para mantener su plantilla de Policía Local.

Más de 70.000 personas en verano

Todo arranca con el anuncio del alcalde de Lepe, Juan Manuel González, acompañado de la teniente de alcalde delegada de Seguridad Ciudadana, Mariana Otero, y del jefe de la Policía Local de Lepe, Moisés Beltrán, sobre la puesta en marcha el sistema de videocámaras en vía pública para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico en Lepe.

Según explicó el alcalde, la población lepera está experimentando gran crecimiento, con una población estacional que llega incluso a superar los 70.000 habitantes en verano e incrementándose igualmente el parque de vehículos, “lo que hace necesaria una mayor cantidad de infraestructuras que mejoren la seguridad ciudadana”.

Este nuevo sistema está formado por 30 cámaras distribuidas en diferentes localizaciones de la ciudad, con especial atención a todas las entradas y salidas de la población, “con la finalidad de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones”.

Por ubicaciones, hay cuatro flanqueando el edificio principal del Ayuntamiento en la Plaza de España, seis en las entradas y salidas del municipio y 20 en distintos puntos del casco urbano (todos los barrios y polígonos industriales). Aunque el alcalde justifica esta medida para controlar el aumento poblacional en verano, todas las cámaras se han concentrado en el núcleo urbano principal del pueblo y no en sus zonas turísticas.

“Equilibrio entre la intimidad y la vigilancia”

El abogado sevillano Fernando Osuna explica a elDiario.es Andalucia que son muchos los matices legales que se pueden encontrar a la hora de analizar este asunto, y se detiene, por ejemplo, “en el artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho a la intimidad, porque si te graban en la calle eso puede incidir en tu intimidad como persona”, aunque en la misma Carta Magna, su artículo 15 garantiza “la integridad física de las personas, citando que cualquiera debe estar protegida, y hay que evitar daño alguno, o al menos disuadir”. Sin salir de la Constitución, el artículo 33 garantiza la “protección de la propiedad”, otro punto a favor de las cámaras.

El mismo letrado se dirige a la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, “que regula todo lo relacionado con la vigilancia y vídeoviglancia de lugares públicos”, o a la de Protección de Datos de 2018, que establece “el equilibrio entre el derecho de las personas a su intimidad, pero ese derecho decae en un interés superior, como es la seguridad en las ciudades, los bienes y las propiedades”.

Otro matiz legal es la Instrucción 1/2006 de la Agencia de Protección de Datos, “que regula todo el funcionamiento de colocación de cámaras y lo que le rodea”, y muestra que “el equilibrio que hay que tener en cuenta entre la intimidad y la protección está en la seguridad de las personas, propiedades y lugares”, aunque el letrado cita que “lo importante es usar el sentido común, y si en una calle hay mucha vigilancia sin necesidad de cámaras no hay necesidad de colocarlas. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, robar un bolso delante de una comisaría de Policía, de modo que en esa calle no sería necesario ponerla”.

Sí incide este abogado en que es indispensable “una autorización administrativa para poner en marcha este tipo de vigilancia, ya sea por parte de un Ayuntamiento o por personas a título privado”. En el caso de las cámaras que vigilan el casco urbano de Lepe, por ejemplo, para que se pongan en marcha tienen que contar previamente con una autorización de la Subdelegación del Gobierno en Huelva.

“Se quiere tapar el conflicto con la Policía”

Legislación aparte, la portavoz del PSOE en esta localidad y candidata a la reelección, Bella Canales, cree que la activación de estas cámaras, por encima de la necesidad de vigilar las calles, “quiere tapar el conflicto que el Ayuntamiento mantiene con la Policía Local”, en un pueblo en el que, asegura, “los policías se están marchando a otros sitios a trabajar en protesta con la forma de gestionar el cuerpo”, ya que “el actual jefe de la Policía que designó el alcalde no es aceptado por los agentes, y al 90 % de ellos no les gusta su forma de trabajar”.

Canales critica que el anuncio de la puesta en marcha de estas cámaras “nos coge de sorpresa, porque nada se había dicho en el Pleno ni se comentó a los portavoces de la oposición”, y recuerda que su grupo ha pedido en varias ocasiones que se tomen medidas ante el aumento de la delincuencia en el municipio, “y la respuesta es implantar unas cámaras que poco van a hacer”, en una localidad en la que, según señala, han subido los robos con intimidación y los delitos sexuales.

“Todo eso solapa el gran problema de la Policía, con un conflicto interno que hace que los policías pidan traslados”, mediante comisiones de servicio que, en algunos casos se les han negado a los agentes, “y, al final, nos estamos quedando sin plantilla policial”, con agentes que ya ejercen en ciudades como Ceuta, Isla Cristina o Cartaya.

En una localidad con un censo oficial que roza los 28.000 habitantes, Bella Canales asegura que “actualmente solo hay dos policías por turno”, y entiende que todo esto es más urgente a la hora de solucionarlo que ubicar más cámaras de vigilancia en las calles.

Los vecinos y paseantes de Chueca están videovigilados desde este miércoles, cuando entraron en funcionamiento 26 cámaras que se encuentran repartidas por todo el barrio y con las que el Ayuntamiento de Madrid pretende aumentar la seguridad en sus calles. Además, Lavapiés suma 17 dispositivos de refuerzo a los 48 con los que ya contaba que se encuentran también operativos desde ayer.

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha informado de que han comenzado a funcionar conforme han recibido la resolución formal por parte de la Comisión de Videovigilancia, que depende de la Delegación del Gobierno. Una vez recibida, las cámaras comenzaron a grabar de forma inmediata. “Están funcionando muy bien, son disuasorias y nos ayudan a resolver hechos cuando se producen”, ha destacado la también portavoz del Gobierno municipal.

La delegada ha señalado que se está estudiando, desde el punto de vista técnico y policial, la instalación de cámaras de videovigilancia en otros enclaves de la capital como la plaza del Dos de mayo, Plaza Elíptica o el parque Calero. Sobre estos proyectos ha apuntado que “no se van a poder ejecutar en este mandato”.

Más de 100 cámaras en cuatro años

El Gobierno municipal ha instalado durante este mandato más de un centenar de nuevas cámaras, una tercera parte de todas las operadas por el Cuerpo de la Policía Municipal, en diversos espacios y barrios de la capital. Entre los dispositivos que ha puesto en funcionamiento el Ayuntamiento desde 2019 se encuentran 24 cámaras del polígono industrial de Marconi en Villaverde, 19 en el barrio de Bellas Vistas en Tetuán y 25 en el barrio de San Diego en Puente de Vallecas.

También se han actualizado las cámaras de Lavapiés y la calle Montera en distrito Centro al principio del mandato y se han renovado recientemente los sistemas de videovigilancia ya existentes tanto en el entorno de Ballesta como en el propio Lavapiés.

La instalación de la videovigilancia se decide tras las peticiones que hacen llegar los vecinos, entidades vecinales y comerciantes de la zona. El objetivo, en este sentido, es seguir ampliando la videovigilancia a nuevos espacios y barrios de la ciudad, como la plaza del Dos de Mayo y Plaza Elíptica, desde donde se han recibido peticiones vecinales, así como estudiar también la futura colocación en distintos emplazamientos de otros distritos de Usera, Villaverde, Latina y Ciudad Lineal.

El Ayuntamiento de Badajoz ha instalado la primera de las nueve cámaras con las que contará el Casco Antiguo de la ciudad, en el objetivo de mejorar la seguridad en la zona. Según ha explicado a través de las redes sociales el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, esta primera cámara está ubicada en el cruce de la calle San Juan con Concepción Arenal para luchar contra la “inseguridad”.

El Ayuntamiento instalará el resto de estas videocámaras de última generación en puntos de las calles San Lorenzo, Amparo, Eugenio Hermoso, López Prudencio, San Juan, Concepción Arenal, Bravo Murillo y en el entorno del museo Arqueológico, las cuales enlazarán con las tres de tráfico que posee la Policía Local.

A mediados del pasado junio, el Consistorio pacense sacó a licitación el concurso para la adquisición e instalación de las cámaras, por más de 306.000 euros, proceso que sufrió un retraso de unos cuatro meses debido al recurso presentado por una empresa en relación al tipo de proyecto planteado. Posteriormente se decidió esperar a la conclusión del periodo navideño para iniciar la instalación.

En opinión del presidente de SOS Casco Antiguo, Luis Pacheco, “quedará en torno a algo más de un mes para poder ver instaladas todas las cámaras” a tenor de la complejidad de las obras, pues “en más de un lugar se precisará de obra civil”, según ha comentado a Efe. En este sentido en algunos de los espacios se cavan zanjas para la instalación de la fibra óptica con la que se alimentan estas cámaras.

Pacheco espera además que las medidas de seguridad antivandálicas de las cámaras sean eficientes frente “a quienes buscan precisamente no ser detectados, frente a aquellos cuyas cámaras confrontan con su modo de entender y vivir el barrio”.

La altura de las cámaras, pese a que “a algunos vecinos les parezca baja”, es “la idónea” para la mejor toma de las imágenes, de ahí que sean tan importantes los elementos instalados para evitar su destrucción.

Para la barriada esta iniciativa es “muy importante” como elemento disuasorio, pues las cámaras “están diseñadas, casi en exclusividad, por y para la lucha contra el narcotráfico, aunque también permitirá detectar otros delitos”.

En su opinión la medida es por tanto “clave” no solo para mejorar la seguridad, sino para atraer a nuevos vecinos e inversores al centro histórico pacense.

El Ministerio de Consumo ha presentado a consulta pública previa su iniciativa para aprobar un Real Decreto que obligue a la instalación de cámaras de videovigilancia en todos los mataderos españoles.

A través de esta “herramienta”, dice el departamento de Consumo, se quiere facilitar a las autoridades competentes “ayuda para controlar el cumplimiento de la normativa de bienestar animal”.

Los operadores deberán proporcionar, además, “imágenes de las zonas de aturdimiento por gases, a las que de otra manera no se tiene acceso”.

También se quiere proporcionar a los servicios veterinarios oficiales la posibilidad de verificar que el operador cumple con todas las obligaciones emanadas de la legislación de bienestar animal, “incluso en momentos en los que no ha estado presente”.

El borrador del texto se elabora en colaboración con la Agencia Española de Seguridad Alimentación y Nutrición (AESAN). Fue el pasado 14 de abril cuando AESAN remitió a todas las comunidades autónomas el primer borrador de dicho real decreto. La Subdirección General de Higiene, Seguridad Alimentaria y Nutrición, unidad de la que dependen los veterinarios oficiales que habitualmente realizan los controles en los mataderos, remitió sus observaciones el 28 de abril.

Consumo reconoce en el borrador de la norma que “a pesar de la legislación existente en materia de bienestar animal, se siguen detectando malas prácticas e incumplimientos en relación con la protección de los animales en algunos mataderos”.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre el Real Decreto hasta el 23 de octubre a través del correo electrónico: riesgosbiologicos@mscbs.es

Equalia ha presentado ya propuestas en este sentido a varias comunidades autónomas

La consulta pública del Ministerio de Consumo se ha publicado, según la ONG Equalia, después de la publicación de un vídeo de un matadero de Valmojado, en la provincia de Toledo.

 “Las imágenes muestran una violencia desmesurada hacia los corderos y un flagrante incumplimiento de la ley de seguridad alimentaria e higiene”, señala la ONG desde la que se asegura que vienen a demostrar “la necesidad de más medidas de control como la que propone la ONG en su campaña Ley de Cámaras en Mataderos, desde hace casi dos años”.

Durante este tiempo, Equalia ha publicado seis investigaciones en seis mataderos diferentes, que desvelaron “una violencia nunca antes vista en España: animales golpeados, pateados, degollados sin aturdimiento, una vaca colgada mientras un operario cortaba sus patas cuando aún estaba consciente, un trabajador orinando en los corrales donde alojan a los animales o corderos entrando en la cadena sin ser aptos para su consumo”.

El Parlamento de la Comunidad Valenciana ha aprobado una Proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno autonómico a la instalación de cámaras de videovigilancia en todos los mataderos valencianos. Esta sería la quinta comunidad en la que se aprueba en firme la proposición de ley, iniciativa presentada a petición de la ONG Equalia.

Equalia ya anunció la presentación de una iniciativa similar ante las Cortes de Castilla-La Mancha, a través del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

“Calculamos que, gracias a nuestra propuesta y al trabajo desempeñado tanto a nivel institucional como empresarial y sindical, en estos momentos el 70% del censo de animales sacrificados en España ya lo hacen en centros con cámaras de vigilancia, y siguen el protocolo y las especificaciones marcadas por Equalia”, asegura María Villaluenga, portavoz de la ONG.

Las cámaras de vigilancia existen desde hace décadas y se usan con distintos propósitos como la prevención de delitos o la monitorización del tráfico. Desde hace años, municipios y ciudades han incrementado el uso de esta tecnología en diversos lugares públicos, lo que ha generado también polémicas entre quienes consideran que el uso de estas cámaras puede mermar su derecho a la privacidad y quienes lo defienden para mejorar la seguridad ciudadana.

La Puebla de Montalbán es un municipio toledano que no alcanza los 8.000 habitantes -7.861 según datos el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2019- y que próximamente va a contar con unas 25 cámaras de seguridad -hasta ahora contaba con una en el punto limpio y otra en el campo de fútbol- en distintos enclaves de la localidad.

La medida, demandada por la Policía Local desde hace años, ha contado ahora con el beneplácito del equipo de Gobierno en los presupuestos de 2020 y con el de buena parte de la ciudadanía, a tenor de los testimonios que nos ofrecen distintos hosteleros y los comentarios que ha generado el anuncio que realizó el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán en las redes sociales.

“La gente lo agradece. No es una medida para tener el control sino que se trata de una medida disuasoria. Quien venga a hacer hechos delictivos se lo pensará dos veces”, explica a este medio Antonio Carrasco, jefe de la Policía Local en este municipio toledano, quien explica que con estas cámaras de videovigilancia, que controlarán desde la comisaría de la localidad, tratan de “intentar minimizar lo posible la inseguridad ciudadana” en cuanto a “hurtos o infracciones de tráfico”.

Así, subraya que es una herramienta que les “facilita” el trabajo. “Es una herramienta muy buena para trabajar en el día a día, sobre todo para la prevención y para echar una mano también a la Guardia Civil o los juzgados que puedan requerir imágenes”, agrega Carrasco sobre estas cámaras que se instalarán en la entrada y salida de zonas comerciales, en diversas rotondas, en varias plazas del municipio, en el parque 'El Charquito', las inmediaciones de la propia Policía Local, el colegio, el consultorio o en la parada de autobuses.

“Es una medida preventiva”

El alcalde de La Puebla de Montalbán, Ismael Pinel, defiende de la misma manera la instalación de estas cámaras de videovigilancia -que cuentan con un presupuesto de 20.000 euros-. “Es una medida preventiva”, recalca al tiempo que asegura que no afectará a la privacidad de la vida de los vecinos y vecinas del municipio: “Hemos pensado en ello, se instalarán donde no se vea afectado ningún ciudadano”.

En este sentido, Sergio Medina, primer teniente de alcalde del municipio, destaca que es la Policía Local quien tiene el acceso directo a las grabaciones, sin embargo, precisa, estas no se visualizan a no ser que sean requeridas por la Guardia Civil -posibles infracciones de tráfico- o la policía judicial -para esclarecer delitos o avanzar en investigaciones-.

Estas cámaras, que estarán operativas las 24 horas del día, tienen como finalidad supervisar y seguir la circulación de los vehículos en las principales vías. Los dispositivos, que estarán debidamente señalizados advirtiendo a la ciudadanía de que está siendo grabada, no captarán imágenes del interior de viviendas.

Una ratio de cámaras por habitantes similar a la de París y cercana a la de Madrid

El uso de este tipo de dispositivos es habitual ya en otros municipios toledanos como Fuensalida, Torrijos o Cebolla, apunta el jefe de la Policía Local, que considera también una buena herramienta el dron adquirido en la localidad de Seseña, con el que buscan unos objetivos similares a los planteados en La Puebla de Montalbán.

Aunque la videovigilancia que se practica en países como China -alrededor de unas 160 cámaras por cada mil habitantes en algunas ciudades- dista mucho de otros países europeos y municipios españoles, La Puebla de Montalbán alcanzará un ratio de aproximadamente 3,2 cámaras por cada 1.000 habitantes, una media superior a la de París -3,06- y algo más de punto por debajo de la de Madrid -4,42-, que se sitúa en el puesto 33 de las ciudades más vigiladas en el mundo con estos dispositivos, según apunta un estudio de los investigadores de Comparitech.

Los hosteleros, satisfechos con la medida

La percepción general de los propietarios de establecimientos hosteleros de este municipio, así como de algunos vecinos y vecinas, es que se trata de una medida necesaria que acogen con satisfacción. “Se pueden utilizar en un sitio estratégico sin invadir la intimidad de las personas. Yo estoy de acuerdo”, comenta Juan Carlos, propietario del Bar Retro, donde precisamente afirma que sufrió un robo las pasadas navidades en el que se llevaron el dinero que había en “la máquina tragaperras y el cambio de la caja registradora”.

La misma opinión tiene Loli, dependienta de la Pastelería Gito, a quien le parece “estupendo” que se vayan a instalar más de 20 cámaras de seguridad en la localidad. “Sale más barato vigilar”, señala esta mujer que apunta que “no hay que exagerar” sobre el vandalismo o la delincuencia que hay en La Puebla de Montalbán pero que sí cree que “hay rachas en las que los chavales no respetan nada”.  Además, Loli apunta que puede ser una medida que ayude a reducir la velocidad de los turismos que transitan por vías como el paseo Santo y Soledad, donde los coches “van muy deprisa”.

Por su parte, otra vecina del municipio, María Jesús, señala a este medio que ve en esta iniciativa más puntos a favor que en contra. “Si a ti te vigilan y no haces nada malo tampoco te tiene que importar mucho”, dice la puebleña que, por lo general, considera que la localidad toledana es “tranquila” y es un sitio en el que se vive seguro.

Otros dos vecinos de la localidad, que prefieren mantenerse en el anonimato, también creen que es oportuno llevar a cabo la instalación de estas cámaras pues consideran que “hay poca vigilancia en el municipio”. Otro de ellos, que también ha sufrido un robo en su vivienda, también se muestra a favor de la iniciativa, como todos los usuarios que han comentado la publicación en la que el Ayuntamiento daba a conocer esta medida.

Así, hasta el momento, esta vigilancia que evoca de alguna manera al 'Gran Hermano' que predijo George Orwell en una de sus novelas más emblemáticas -1984-, en la que la “policía del pensamiento” disponía de una tecnología con la que podía vigilar en todo momento a cualquier ciudadano, ha sido bien acogida en este municipio toledano.

El Estadio Municipal de Breña Baja cuenta desde la pasada semana con cámaras de videovigilancia en el interior del recinto. El Ayuntamiento breñusco refuerza de este modo la seguridad de una de las principales instalaciones deportivas del municipio.

Las cámaras actúan en la zona aledaña al terreno de juego, en el lateral situado junto a la calle El Madroño. Se trata de la zona en que se ubican los vestuarios, baños, así como diversas dependencias municipales, explica Juan Manuel Pérez, titular de Seguridad en el Gobierno de Breña Baja.

“Hemos actuado con rapidez y, si bien es cierto que son contadas con una mano las ocasiones en que algunas personas han tratado de acceder de forma ilegal al Estadio y a sus dependencias, hemos preferido dar un pasito más en la seguridad y evitar que esas situaciones se reproduzcan”.

El Estadio Municipal de Breña Baja registra una importante actividad regular mediante los entrenamientos del Unión Breñas así como de otras modalidades de Promoción Deportiva, impulsadas desde el consistorio, tales como el rugby o el atletismo.

“Acogemos una enorme y variopinta cantidad de actividades a lo largo del año. Desde el Campus Suma del Tenerife, competiciones de Agility, rugby, y por supuesto entrenamientos regulares del Unión Breñas. Con frecuencia hay material municipal y deportivo y entendemos que se trata de una inversión que merece la pena”, concluye Juan Manuel Pérez.

Ring, la marca de cámaras de seguridad propiedad de Amazon, ha despedido a cuatro de sus empleados por visualizar vídeos de las cámaras de seguridad de sus clientes. Según la empresa, y como ha recogido Europa Press, los empleados se habrían excedido en sus funciones.

Después de que varios senadores estadounidenses cuestionasen la seguridad y privacidad de los servicios de Ring, la empresa les ha enviado una carta en la que asegura que hubo una extralimitación de los empleados. Además, reconoce que ha habido cuatro quejas de usuarios en cuatro años.>

En la misiva, la empresa ha añadido que ningún trabajador tiene un acceso total a los vídeos de los clientes y que solo pueden utilizar las grabaciones de los usuarios que así lo hayan autorizado previamente. Asimismo, ha explicado que actualmente no hay ningún empleado con acceso ilimitado a las cámaras.

Este verano, el policía Qiu Rui estaba de servicio en la ciudad china de Chongqing cuando el sistema de reconocimiento facial le envió un alerta. Según el ordenador había una alta probabilidad de que un hombre registrado por las cámaras en una plaza de la ciudad fuera el mismo que las autoridades habían clasificado como sospechoso de un asesinato cometido en 2002. Tres días después, la policía lo capturó y el hombre confesó ser la persona que buscaban.

A partir de las imágenes de la calle que toman las cámaras, el sistema de videovigilancia de Chongqing escanea en directo los rasgos faciales de las personas para codificarlos en planos virtuales de cada rostro. A continuación, compara esos datos con las caras de sospechosos registradas en la base de datos de la policía y notifica inmediatamente a los agentes cuando la coincidencia supera un umbral mínimo del 60%.

El uso de sistemas de reconocimiento facial para ayudar a la policía a resolver delitos es común en esta ciudad del suroeste de China, que en un reciente análisis de la consultora tecnológica británica Comparitech, ocupó el primer lugar entre las más vigiladas del mundo.

Con 2.580.000 cámaras para controlar a 15.350.000 personas (una cámara por cada seis habitantes) Chongqing tiene más cámaras de vigilancia por habitante que ninguna otra ciudad del mundo, por encima incluso de Pekín, de Shanghai y de la ciudad tecnológica de Shenzhen.

Ocho de las diez ciudades más videovigiladas del mundo están en China, según el informe, que coloca a Londres en el sexto lugar, con 627.707 cámaras para 9 millones de habitantes; y a Atlanta (EEUU) en el décimo, con 7.800 cámaras para 501.178 habitantes.

Chongqing es la ciudad china con mayor densidad de población y forma parte del proyecto piloto contra la delincuencia Xue Liang (ojos atentos) que clasifica la fiabilidad de los ciudadanos para penalizarlos o darles puntos. Chongqing tiene además una zona en la que muchos de los crímenes son cometidos por no residentes y las cámaras de reconocimiento facial son percibidas como una forma de evitarlo. Según el Ministerio de Seguridad Pública del país, China tendrá 626 millones de cámaras de videovigilancia activas el próximo año.

Pero los críticos advierten de que la vigilancia generalizada atenta contra el derecho a la privacidad garantizado en el derecho internacional. Según las normas internacionales de privacidad consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la recopilación de datos biométricos y su uso debe limitarse a personas involucradas en actos ilícitos y no aplicarse sobre la población de forma general.

También hay que garantizar el derecho de las personas de saber cuáles son sus datos biométricos en poder del Gobierno. Los sistemas automatizados de reconocimiento facial de China violan los dos principios.

Según Maya Wang, responsable de las investigaciones sobre China en la ONG Human Rights Watch, lo que está ocurriendo ahora mismo es “una carrera a la baja” en temas de privacidad entre las diferentes agencias de policía de China. “Cada una de ellas afirma ser la mejor y más innovadora en vigilancia masiva y control social”.

“Estos sistemas se están desarrollando e implementando sin la protección a la privacidad frente a la vigilancia estatal. Es posible que no haya antecedentes históricos de una vigilancia masiva tan profunda, amplia e invasiva como la que el Gobierno chino está ejerciendo sobre sus ciudadanos”, explica Wang.

El caso de la vigilancia en Londres

Hay ciudades de otros países que podrían estar no muy lejos de la vigilancia masiva de China. Este verano, el servicio de transporte público londinense Transport for London (TfL) aprovechó sus más de 260 estaciones con wifi para recolectar la dirección única que los teléfonos inteligentes le envían cuando están buscando una conexión y determinó así los itinerarios de sus portadores. TfL no informó a los pasajeros sobre el proyecto hasta que los medios de comunicación lo hicieron público.

Unas semanas más tarde se supo que la contrata a cargo del desarrollo urbanístico de King's Cross, también en Londres, había usado técnicas de reconocimiento facial con las imágenes captadas por su red de cámaras sin advertir al público ni pedir el consentimiento expreso. El clamor público que provocó la noticia y una investigación de la Oficina del Comisionado de Información terminaron con el programa.

“Tenemos casi tantas cámaras de videovigilancia como China. No llegamos a su nivel, pero vamos en esa dirección”, señala Paul Wiles, responsable de biometría en el Reino Unido. “Con el aumento de técnicas como las de reconocimiento facial, necesitamos leyes nuevas que decidan cuál es el interés público y el marco legal dentro del cual se pueden usar, no deberíamos derivar hasta ahí por accidente”.

San Francisco se convirtió en mayo en la primera gran ciudad de Estados Unidos en implementar una prohibición. Según el concejal Aaron Peskin, que defendió la legislación, “se puede tener una buena policía sin ser un Estado policial y parte de eso se logra creando un clima de confianza a partir de información valiosa generada por la comunidad, y no a partir de tecnologías tipo Gran Hermano”.

Desde entonces, las también californianas ciudades de Oakland y Berkeley se han sumado a la prohibición de cualquier uso de reconocimiento facial por parte del Gobierno. Este verano fue la ciudad de Somerville, en el estado de Massachusetts, la que aprobó una ley similar.

“Creo que algunas ciudades del Reino Unido podrían seguir a las de Estados Unidos y prohibir el reconocimiento facial o al menos pedir una suspensión temporal hasta que estudiemos una legislación”, sostiene Wiles. “En mi opinión, el problema con prohibirlo es que no se está tomando la importante decisión de ver si alguno de sus usos tiene interés público. Yo preferiría un marco legislativo adecuado y un ensayo adecuado”, añade.

Hay quien defiende el reconocimiento facial con el argumento de que la tecnología siempre impulsa los cambios y de que, si se usa de manera responsable y proporcionada, será una fuerza para el bien. Como dice Stuart Greenfield, de Facewatch (la empresa líder en reconocimiento facial del Reino Unido), “el genio de la tecnología de reconocimiento facial ya ha salido de la lámpara”. “Si las fuerzas de seguridad y las empresas lo usan de forma responsable para combatir el crimen, es una fuerza positiva para el bien”, afirma.

Pero a otras personas les preocupa la cantidad de cámaras de vigilancia y sistemas de recogida de datos que hay dentro de iniciativas de “ciudades inteligentes”. Según Edin Omanovic, de la ONG Privacy International, las autoridades municipales y los ciudadanos a los que sirven no se deben creer tan fácilmente eso de que tener más datos es la panacea y tendrían que preocuparse más por los nuevos riesgos que se crean.

“El riesgo evidente es que esto sólo beneficie a las autoridades de la ciudad y a las grandes empresas de tecnología que venden las soluciones, en vez de a los ciudadanos a los que dicen ayudar”, indica Omanovic.

Según Omanovic, el reconocimiento facial de imágenes en vivo representa una amenaza fundamental contra las sociedades libres. “Tal vez empiece con la supervisión de unos pocos miles de personas, pero está claro que no terminará ahí”, dice. “Antes de que sea demasiado tarde, las autoridades deben prohibir su desarrollo de forma permanente”.

No parece que haya muchos indicios de lugares pensando en reducir la vigilancia. “De todas las ciudades que observamos, la gran mayoría está aumentando la videovigilancia o tiene planes de hacerlo”, dice Paul Bischoff, de Comparitech.

“Singapur tiene el plan de instalar 100.000 cámaras con reconocimiento facial en farolas, la policía de Chicago ha pedido 30.000 más y Moscú quiere tener 174.000 funcionando para finales de este año”.

Traducido por Francisco de Zárate.