Ocho personas resultaron heridas este domingo en un accidente de tráfico múltiple ocurrido en la confluencia de la calle Alcalá con Miguel Yuste, en el distrito madrileño de San Blas. En el siniestro se vieron implicados un vehículo VTC, un turismo y un coche patrulla de la Policía Nacional.

El choque se produjo en un cruce regulado por semáforos muy próximo a la estación de Metro de Suanzes. Hasta el lugar del siniestro, ocurrido a las 16.30 horas, se desplazaron efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que rescataron del interior del turismo a la conductora, además de asegurar el resto de vehículos implicados.

Sanitarios de Samur-Protección Civil atendieron a los ocho afectados y los trasladaron a distintos hospitales de la capital. La conductora del turismo fue evacuada al Hospital La Paz con pronóstico potencialmente grave por una posible fractura de cadera.

Por su parte, los dos agentes de la Policía Nacional implicados en el accidente fueron trasladados al Hospital Infanta Leonor con contusiones leves. Asimismo, el conductor del VTC fue evacuado al Hospital Ramón y Cajal con una contusión torácica, traumatismo en un hombro y contusión en una pierna. Los otros cuatro ocupantes del vehículo VTC fueron trasladados al Hospital de La Princesa con contusiones leves.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

La Comunidad de Madrid tiene previsto modificar el Reglamento de VTC, los vehículos de arrendamiento con conductor, clarificar el régimen de precios para las situaciones excepcionales de alta demanda e introducir novedades en la clasificación ambiental de los adaptados para personas con movilidad reducida.

El proyecto normativo, que se anunció hace casi un año y ha pasado hoy por el Consejo de Gobierno, incluye cambios en la regulación de precios en situaciones de alta demanda, delimitando con mayor precisión los supuestos excepcionales que podrán justificar incrementos de precio y reforzando las garantías para los consumidores.

En concreto, estas subidas únicamente podrán aplicarse cuando concurran circunstancias excepcionales declaradas previamente por la autoridad competente como la celebración de grandes eventos extraordinarios, fenómenos meteorológicos adversos, incidencias graves en infraestructuras de transporte o momentos de emergencia que afecten de forma significativa a la movilidad. En estos casos, y siempre que la Administración declare oficialmente una situación de alta demanda, el coste podrá subir hasta el 75 % sobre el precio base, es decir, aquel que aplica el operador en los últimos 10 días. No se podrán incorporar suplementos adicionales no contemplados en la normativa.

Además, si la situación corresponde a una emergencia declarada dentro del PLATERCAM (tales como Filomena o el apagón eléctrico), no se podrá aplicar ninguna subida de precios.

No podrán justificar incrementos de precio las situaciones de alta demanda ordinaria, los picos habituales de actividad o cualquier circunstancia no declarada formalmente como excepcional, medidas que buscan reforzar la seguridad jurídica y la protección de los usuarios, informa Europa Press. El calendario que maneja el Gobierno regional apunta a que este cambio normativo para regular el sector de la VTC entre en vigor el próximo mes de julio.

Nuevos distintivos para evitar fraudes

Según ha detallado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa, en la normativa se implantarán nuevos pictogramas en los vehículos VTC para reforzar la seguridad y facilitar su identificación por parte de los usuarios, según han apuntado fuentes del Gobierno regional. La intención del Ejecutivo es que este nuevo sistema de distintivos evite los fraudes.

Así, estas pegatinas permitirán diferenciar de forma clara si la autorización del vehículo tiene carácter urbano o interurbano con el fin de incrementar la transparencia y ofrecer mayores garantías tanto a los ciudadanos como a los profesionales del sector.

La medida también supone mejoras específicas dirigidas a las personas con movilidad reducida. Entre ellas, se reforzará la identificación visual de los coches adaptados mediante el uso obligatorio de pictogramas de accesibilidad con el objetivo de facilitar su reconocimiento inmediato por parte de los viajeros. Además, se rebajarán los requisitos ambientales para este tipo de vehículos, por lo que se permitirá hacer este servicio a los de etiqueta ambiental C, más contaminantes, para garantizar una oferta suficiente de VTC adaptados.

La voraz competencia existente entre el sector del taxi y el de los vehículos de transporte con conductor (VTC) que dan servicio a plataformas como Uber o Cabify ante un perfil muy similar de potenciales usuarios vive momentos de máxima tensión.

Los representantes de ambas modalidades se han manifestado en los últimos días por considerar que sus derechos se están viendo amenazados por el contrario. Las movilizaciones se enmarcan en la redacción de un nuevo decreto de la Generalitat para regular la movilidad, anunciado por el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus. Las asociaciones del sector del taxi prevén convocar nuevas concentraciones y paros durante todo el mes de marzo. Por su parte, las patronales mayoritarias de las VTC lanzaron una campaña de concienciación, con carteles instalados en los reposacabezas de los vehículos, para alertar a los ciudadanos de los “graves efectos” del futuro decreto y pedir al Consell que recapacite.

En concreto, los taxistas hicieron una huelga de 24 horas este miércoles 25 de febrero con protestas y manifestaciones por toda la Comunitat Valenciana. El sector del taxi, al menos las entidades que apoyaron la movilización y que representan a una mayoría (Confederación de Taxistas Autónomos, Unión Asociaciones Autotaxis, Asociación de Taxistas, USOCV, Ucata, Caracol Valencia y PKT Asian Association) exigen que la Conselleria responsable de transportes “devuelva el equilibrio” al sector respecto a los VTC, un equilibrio que se ha venido cifrando en una licencia de VTC por cada 30 taxis.

Sin embargo, ese ratio hace tiempo que dejó de cumplirse puesto que en la actualidad la Comunitat Valenciana cuenta con 4.700 licencias de taxi y 1.800 de VTC, es decir, un permiso de VTC por cada 2,6 de taxis.

Las entidades reconocieron la buena predisposición de Martínez Mus, para elaborar un decreto que proteja el equilibro entre los taxis y los VTC, pero ante la falta de plazos concretos y ante una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que abre una vía para la liberalización del sector y supone una amenaza para los taxistas, decidieron movilizarse “por el futuro de 7.000 familias”, explicaron.

Este fallo de la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del pasado 21 de noviembre, recurrido por el sector del taxi, viene a avalar que los VTC puedan hacer servicios urbanos, un aspecto que no clarifica la ley 4/2019 que regula el servicio de VTC en la Comunitat Valenciana, y que para los taxistas es una puerta abierta para la liberalización del sector y para el servicio sin límite de los VTC.

El mencionado decreto establece en su artículo 1 que su objeto es “regular el transporte de personas viajeras en vehículos de turismo en régimen de arrendamiento con conductor (VTC) que se realice íntegramente dentro del territorio de la Comunitat Valenciana” sin especificar si se trata de trayectos urbanos o interurbanos, un vacío que la Justicia interpreta que no impide ese tipo de servicios.

Protesta de los VTC

Pero si los taxistas están en pie de guerra al verse amenazados por los VTC, estos últimos no se quedan atrás y también realizaron una protesta masiva este jueves 26 de febrero. Fuentes del sector informaron de que más de 1.000 VTC se manifestaron en València en una marcha lenta organizada por el Sindicato Libre de Transporte (SLT), con el apoyo de MOVVA, Unauto VTC y Feneval - VTC, para rechazar el decreto ley que prepara la Generalitat Valenciana y que según ellos limita la actividad de los VTC en los entornos urbanos.

Según explican, esta medida, de aprobarse, pondría en riesgo “la estabilidad de alrededor de 5.000 empleos en la Comunitat Valenciana y afecta gravemente a la oferta de este servicio, que se reduce en un 40%, perjudicando a los usuarios”. Además, se eliminarían “más de 104 millones de euros en salarios, se perderían más de 56 millones de euros en ingresos fiscales, y más de 42 millones de euros en gastos relacionados con suministros y servicios locales, que repercuten directamente en la economía de la Comunitat Valenciana”.

Al inicio de la concentración, los portavoces del sector de los VTC expresaron su rechazo a la normativa y criticaron la falta de información y diálogo por parte de la Generalitat. El secretario de Organización del sindicato SLT, José María Cazallas, subrayó que “los sindicatos que representamos a los trabajadores de los VTC no hemos recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Generalitat: les hemos pedido una reunión y no nos han contestado y la situación es que ahora no sabemos a qué atenernos para decirnos qué va a pasar”. Cazallas lamentó que se esté hablando de “una norma que afecta al 80% de la actividad de los VTC, que son trayectos dentro de las ciudades, sobre todo Valencia y Alicante, por lo que, si no nos permiten este tipo de servicios, muchos conductores dejarían de trabajar. Estamos hablando de más de 5.000 puestos de trabajo que irían al paro”.

La Generalitat Valenciana llama al diálogo

La Generalitat ha convocado para la próxima semana a los sectores del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC) para “intentar que todas las partes tengan una solución que les complazca” tras sus protestas de los dos últimos días, según avanzó el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus.

Mus afirmó que ambos sectores “tienen toda la legitimidad del mundo” para mostrar sus reivindicaciones, al tiempo que señaló que “hay que ver cómo recibe la sociedad” estas protestas. “No sé si es la mejor manera de ganarse a la población con ese tipo de medidas”, dijo. “Pero, en cierta manera, lo que nos preocupa a la Consellería es encontrar la manera de hacer que esa cohabitación que ya llevan haciendo en los últimos años sea más razonable y que, además, sirva para que los ciudadanos tengan el mejor servicio posible”, comentó.

Es por eso que el conseller anunció que han convocado para la próxima semana a ambos sectores a una mesa para “entre todos para intentar buscar la manera de que todas las partes tengan una solución que les complazca si es posible”. “Y si no lo es, tendremos que tomar las decisiones oportunas”, advirtió.

Un conflicto que se remonta al año 2009

El conflicto entre el sector del taxi y los VTC viene del año 2009, cuando el Ministerio de Fomento, competente en la materia, modificó la normativa y dejó un vacío legal que aprovecharon diversas empresas para solicitar cientos de licencias de vehículos con conductor hasta el año 2015, momento en el que la ley se clarificó y se estableció el ratio legal por el que se considera que para que haya un equilibrio entre ambas modalidades de transporte, debe haber una licencia de VTC por cada 30 taxis.

Sin embargo, en ese periodo se solicitaron miles de licencias en toda España a cambio de una tasa de entre 35 y los 40 euros. Licencias que hoy valen miles de euros. Las administraciones trataron de frenar este boom denegando licencias acogiéndose al ratio, pero las empresas que compraron las licencias de VTC, esgrimiendo ese vacío, recurrieron y hasta ahora los juzgados les han ido dando la razón cuando se trata de permisos denegados en ese periodo de tiempo.

Los taxis que secundan el paro de 24 horas convocado por varias organizaciones de taxistas para este miércoles han iniciado la manifestación en la ciudad de València desde los diferentes puntos de salida previstos alrededor de las 08.45 horas de este miércoles.

Los taxis han comenzado a concentrarse a las ocho de la mañana en los puntos de encuentro de la protesta, y en el inicio de la manifestación ya se registra congestión en las entradas a València por la Pista de Silla-Ausiàs March, avenida de Catalunya-Aragó y Corts Valencianes y Cid, según la información del Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de València.

Está previsto que la manifestación concluya en las Torres de Serranos y los taxistas se concentren ante el Palau de la Generalitat hasta las 14 horas. La protesta tiene por objetivo parar el aeropuerto, la estación de alta velocidad Joaquín Sorolla y la Estació del Nord, y la estación de autobuses mientras dure el paro general de 24 horas, que ha comenzado a las 06.00 horas de la mañana y se prolongará hasta la misma hora del jueves para exigir que la Conselleria responsable de transportes “devuelva el equilibrio” al sector respecto a los vehículos VTC.

Este martes se produjo una reunión entre las asociaciones representativas del taxi en la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación que dirige el vicepresidente Vicente Martínez Mus de la que salieron sin “nada nuevo que contar”, según han informado en un comunicado conjunto la Confederación de Taxistas Autónomos (CTA), Unión Asociaciones Autotaxis, Asociación de Taxistas (ATCV), USOCV, Ucata, Caracol Valencia y PKT Asian Association.

Las entidades reconocen la buena predisposición del conseller para elaborar un decreto que proteja el equilibro entre los taxis y los vehículos de transporte con conductor (VTC) que explotan empresas como Uber o Cabify, pero ante la falta de plazos concretos y ante una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que amenaza con la liberalización del sector, han decidido movilizarse “por el futuro de 7.000 familias”, han explicado desde el sector.

Centenares de taxis han colapsado este miércoles el tráfico en la capital vizcaína, circulando en varias columnas por las calles de Bilbao para denunciar los “abusos” de las plataformas de VTC (vehículos con conductor) es decir, Uber o Cabify, ante lo que consideran una competencia desleal. Exigen más inspecciones para controlar su funcionamiento y que no sobrepasen lo que les permite la normativa. Esto es, por ejemplo que no estén parados en la vía pública esperando un cliente, algo que los taxistas denuncian que es una práctica habitual.

La protesta, convocada por la Federación del Taxi de Euskadi quiere que se corte la concesión de licencias a estas plataformas y que se les someta a mayores inspecciones para dejar en evidencia las irregularidades que cometen. El año pasado el Ayuntamiento de Bilbao realizó un total de tres campañas de inspección a taxis y VTC, según señala el consistorio en una pregunta planteada por la coalición Elkarrekin. Estas campañas se saldaron con 21 denuncias por irregularidades a VTC y sólo una a un taxista.

En concreto, las campañas se realizaron los fines de semana de junio y la semana de 23 al 29 de ese mes, del 15 al 21 de septiembre y del 8 al 14 de diciembre. Se inspeccionaron en esas tres campañas a 30 taxis, que se saldó con una única denuncia. Por contra, se denunciaron a 21 VTC tras inspeccionarse a 29 coches de estas plataformas.

Los taxistas aseguran que estas denuncias muestran sólo la punta del iceberg de las irregularidades, y por eso piden que los controles sean diarios, con el fin de que se pongan todos los medios para regular un sector que “está generando un importante deterioro del servicio”, según la sección del taxi de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Los taxistas aseguran que si no se toman medidas endurecerán su postura empezando con paros de jornada completa “preparar un cierre total” del sector del Taxi en toda Euskadi. La movilización de este miércoles se ha circunscrito a Bilbao porque en Gipuzkoa y Álava está más controlado el número de licencias de VTC. Pero de cara al futuro, barajan la posibilidad de convocar cierres puntuales y movilizaciones ante eventos concretos importantes, como los de mayo con motivo de los campeonatos europeos de rugby.

En Vitoria los problemas se centran fundamentalmente en la ordenanza municipal que se prepara para que los taxistas tengan horario nocturno. Aquí no hay competencia de ninguna plataforma digital. En la cercana Pamplona se ha instalado Bolt.

El sector del taxi d'Eivissa dorm amb un ull obert davant el possible escenari al que es podria enfrontar després d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) que obliga al Govern balear a reexaminar 600 autoritzacions sol·licitades per l'empresa Moove Cars Balears S.L.O i que van ser denegades quan es van tramitar l'any 2023. La Sala contenciosa administrativa ha estimat parcialment un recurs presentat per la mercantil contra el Govern i diverses federacions de taxi de l'arxipèlag i ha acordat la retroacció del procediment perquè la institució doni una nova resposta a les autoritzacions VTC sol·licitades.

La resolució judicial, a la que ha pogut accedir elDiario.es, qüestiona un dels principals instruments amb els quals Balears havia tractat de contenir l'expansió d'empreses com Uber, Bolt o Cabify: el Govern havia argumentat que les sol·licituds no complien amb la ràtio establerta pel Decret 43/2014 de 3 d'octubre entre taxis (VT) i VTC. A l'illa de Mallorca, la proporció ha de ser de 12,6 taxis per cada VTC (i no es compleix perquè hi ha 1.949 taxis i 350 VTC). Mentre que a Eivissa hi ha 61 taxis per cada Uber (existeixen 980 llicències de VT enfront de les 16 de VTC), quan la proporció que estipula el decret és de tan sols 6,74. Per tant, no sols es compleix la ràtio, sinó que hi hauria marge per a aprovar almenys 125 llicències d'Uber més.

La fallada no implica la concessió automàtica d'aquestes llicències, però sí que suposa un revés per a l'estratègia autonòmica per a contenir l’allau d'aquestes empreses a la comunitat. L'Administració va aplicar la ràtio automàtica justificant la insularitat del territori i la seva estacionalitat en el sector turístic. Així com la necessitat d'establir un sistema d'equilibri entre les dues modalitats de transport públic en vehicles de turisme: el transport públic discrecional i de lloguer amb conductor. No obstant això, el TSJIB conclou -en línia amb el raonament del Tribunal Suprem i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea- que no queden demostrades raons d'interès general, com l'impacte ambiental o la congestió real de trànsit.

En total, s'han fet 10.000 sol·licituds en tot l'arxipèlag; 6.500 d'elles només a l'illa d'Eivissa. Encara que ara mateix hi ha sobre la taula 600 sol·licituds, la sentència afecta a totes les sol·licitades a partir de juliol de 2023. La mera possibilitat que es revisi sol·licitud per sol·licitud ha despertat un nerviosisme entre federacions i associacions de taxi no sols de les Pitiüses, sinó de Balears en general, que veuen perillar la seva posició en el negoci de transport de viatgers per carretera.

Al voltant de mil llicències de taxi

Les gairebé mil llicències actives a l'illa d'Eivissa suposen una xifra que, d'aprovar-se la major part d'autoritzacions sol·licitades per VTC, seria gairebé ínfima. “La veritat és que estem espantats”, confessa Toni Roig, president de la Federació Insular del Taxi d'Eivissa (FITIE). Per municipis, la ciutat d'Eivissa -la capital- és la que té el major nombre de llicències, amb 328 en total; 174 estacionals i 154 fixes. La segueix el terme municipal de Sant Josep, el que més quilòmetres de platja suma de l'illa: 180 taxistes només per a la temporada turística i altres 106 que operen de gener a desembre. Sant Antoni, un altre dels punts calents per al sector turístic, té 108 llicències estacionals (de les quals vuit són vehicles adaptats, Eurotaxis) i 89 fixos, el que suma un total de 197.

En la zona est, a Santa Eulària, l'àrea de comunicació de l’Ajuntament ha explicat a elDiario.es que hi ha actualment 141 taxistes amb llicència; 63 que funcionen durant tot l'any i 78 només per als mesos de temporada. Sant Joan és el que compta amb menor nombre de taxis, amb 28 llicències vigents.

Lolo Ruiz, portaveu de l’associació Élite Corsaris Eivissa, trasllada que una de les principals injustícies resideix en què el taxi està molt regulat, fins i tot per a fer canvis en el seu propi sector, mentre que els VTC no estan subjectes de moment a cap requisit. És la mateixa situació que es repeteix en altres plans del mercat turístic insular, com els hotels amb les viles o Airbnb, als qui acusen de rebentar l'oferta amb una proposta més lliure al no estar subjecta a cap regulació. Això desestabilitza el tauler i afecta, en el cas del taxi, a empreses familiars que són les històricament tenen les llicències -amb preus, actualment, estratosfèrics-.

Roig va estar present durant la reunió mantinguda en el Consolat de la Mar, la seu del Govern, amb la presidenta Marga Prohens a principis de gener, on els taxistes de Balears van manifestar la seva “profunda preocupació” per la nova situació per als VTC. La mateixa que ha transmès en ser preguntat per elDiario.es el també vicepresident de la Federació Independent del Taxi de les illes Balears (FITIB), que inclou a la FITIE. El sol fet d'haver d'acatar la sentència ja porta de bòlid als taxistes, que dormien tranquils sabent que havien denegat les sol·licituds. Ara temen noves resolucions judicials que confirmin errors en els passos seguits per l'administració i que el resultat sigui una porta oberta per a Uber per a operar al territori insular.

Concorde a les mesures de decreixement

“El nombre -de llicències sol·licitades- és prou exagerat per a inquietar-se”, assenyala Roig. D'altra banda, el president de la Fitie sospita que la majoria d'aquestes empreses vol aterrar en les carreteres de Balears “només per a especular” i adverteix que ha arribat l'hora de replantejar-se l'economia que es vol per a les illes, on també s'està intentant fixar un sostre de vehicles. Eivissa ha implantat per primera vegada el límit aquest estiu -imitant el model de Formentera.eco- i Mallorca ja estudia la mateixa mesura. En aquest sentit, des de la federació esperen que l'esperit de la nova norma que estudia el Govern vagi concorde a la resta de mesures de decreixement que es valoren a l'illa per a reduir la densitat de trànsit i la cura del medi ambient.

Els taxistes són conscients que la resolució és inamovible i estan a l'espera ara que es tramiti “el que s'hagi de tramitar”. Mentrestant, demanen a les administracions que treballin per a reforçar els arguments jurídics que els permetin defensar a la petita i mitjana empresa. El nou escenari, afegeixen, tampoc és atractiu per als vehicles de transport amb conductor tradicionals.

La Presidència del Govern ha comunicat que els serveis jurídics estan treballant per a posar límit a les llicències de VTC a través d'un Reglament que s'apliqui quan acabi la moratòria, al febrer d'enguany. La institució ja va impulsar, a principis de 2024, una modificació legal aprovada pel Parlament que va suposar la suspensió de la tramitació de noves llicències, tant de taxi com de VTC. La paralització continua vigent a l'espera de l'aprovació definitiva del decret que ha de regular tots dos sectors, un text que, segons l'Executiu, es troba en una fase molt avançada de tramitació i que ha estat validat pel Consell Balear de Transport Terrestre.

Els serveis jurídics del Govern estan treballant per a posar límit a les llicències de VTC a través d'un Reglament que s'apliqui quan acabi la moratòria, al febrer d'enguany

Una vegada aprovat el decret, hauran de reprendre's els expedients que van quedar suspesos durant la moratòria, sempre sota el nou marc regulador, que segons el Govern permetrà evitar un creixement descontrolat i ajustar el nombre d'autoritzacions a les “necessitats reals” del territori. El que sembla indicar que l'augment d'Uber i altres VTC a Eivissa serà inevitable.

Diverses infraccions d'Uber

Un portaveu de la conselleria de Movilitat ha recalcat a elDiario.es que Balears, per la seva condició de territori insular, limitat i especialment protegit, no podrà absorbir “una allau” de noves autoritzacions sense comprometre l'equilibri del sistema de mobilitat. El temor entre taxistes no sols procedeix d'aquest fet, sinó també dels nombrosos incompliments d'aquestes empreses una vegada en les carreteres: des d'una furgoneta discoteca amb dj per a anar fins a Amnèsia fins a l'ús de parades només habilitades per a taxis.

En el cas del furgó, la Direcció General de Trànsit (DGT) va confirmar que no complia els requisits de circulació i la Policia li va posar dues multes. Encara així, ha continuat funcionant. També s'han donat, des que Uber va desembarcar a l'illa a la fi de 2023, nombroses infraccions greus al volant per part dels seus conductors, entre elles, circular sota els efectes de substàncies estupefaents, segons diversos casos publicats per Diario de Ibiza. Uber no ha respost a la petició d'informació d'elDiario.es en el moment de publicació d'aquesta notícia.

“Una vegada que es concedeixin les llicències, qui és, al carrer, que s'encarregarà de vigilar que es compleixi amb la normativa i es facin les coses bé?”, es pregunta Roig. Enmig d'aquest “malson” que posa al seu negoci en risc els taxistes subratllen que el 70% de les sol·licituds de tot Balears recauen a Eivissa: “Pot haver-hi un impacte absolut en el sector eivissenc del taxi”.

El sector del taxi de Eivissa duerme con un ojo abierto ante el posible escenario al que se podría enfrentar después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) que obliga al Govern balear a reexaminar 600 autorizaciones solicitadas por la empresa Moove Cars Balears S.L.U y que fueron denegadas cuando se tramitaron en el año 2023. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha estimado parcialmente un recurso presentado por la mercantil contra el Govern y varias federaciones de taxi del archipiélago y ha acordado la retroacción del procedimiento para que la institución dé una nueva respuesta a las autorizaciones VTC solicitadas. 

La resolución judicial, a la que ha accedido elDiario.es, cuestiona uno de los principales instrumentos con los que Balears había tratado de contener la expansión de empresas como Uber, Bolt o Cabify: el Govern había argumentado que las solicitudes no cumplían con la ratio establecida por el Decreto 43/2014 de 3 de octubre entre taxis (VT) y VTC. En la isla de Mallorca, la proporción tiene que ser de 12,6 taxis por cada VTC (y no se cumple porque hay 1.949 taxis y 350 VTC). Mientras que en Eivissa hay 61 taxis por cada Uber (existen 980 licencias de VT frente a 16 de VTC), cuando la proporción que estipula el decreto es de tan solo 6,74. Por lo tanto, no solo se cumple la ratio, sino que habría margen para aprobar por lo menos 125 licencias más de Uber.

El fallo no implica la concesión automática de estas licencias, pero sí supone un revés para la estrategia autonómica para contener una avalancha de estas empresas en la comunidad. La Administración aplicó la ratio automática justificando la insularidad del territorio y su estacionalidad en el sector turístico. Así como la necesidad de establecer un sistema de equilibrio entre las dos modalidades de transporte público en vehículos de turismo: el transporte público discrecional y de alquiler con conductor. Sin embargo, el TSJIB concluye -en línea con el razonamiento del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- que no quedan demostradas razones de interés general, como el impacto ambiental o la congestión real de tráfico.

En total, se han hecho 10.000 solicitudes en todo el archipiélago; 6.500 de ellas solo en la isla de Eivissa. Aunque ahora mismo hay sobre la mesa 600 solicitudes, la sentencia afecta a todas las solicitadas a partir de julio de 2023. La mera posibilidad de que se revise solicitud por solicitud ha despertado un nerviosismo entre federaciones y asociaciones de taxi no solo de las Pitiüses, sino de Balears en general, que ven peligrar su posición en el negocio de transporte de viajeros por carretera.

Alrededor de mil licencias de taxi

Las casi mil licencias activas en la isla de Eivissa suponen una cifra que, de aprobarse la mayor parte de autorizaciones solicitadas por VTC, sería casi ínfima. “La verdad es que estamos asustados”, confiesa Toni Roig, presidente de la Federación Insular del Taxi de Eivissa (FITIE). Por municipios, la ciudad de Eivissa -la capital- es la que tiene el mayor número de licencias, con 328 en total; 174 estacionales y 154 fijas. Le sigue el término municipal de Sant Josep, el que más kilómetros de playa suma de la isla: 180 taxistas solo para la temporada turística y otros 106 que operan de enero a diciembre. Sant Antoni, otro de los puntos calientes para el sector turístico, tiene 108 licencias estacionales (de las cuales ocho son vehículos adaptados, Eurotaxis) y 89 fijos, lo que suma un total de 197. 

En la zona este, en Santa Eulària, el área de comunicación del Ayuntamiento ha explicado a elDiario.es que hay actualmente 141 taxistas con licencia; 63 que funcionan durante todo el año y 78 solo para los meses de temporada. Sant Joan es el que cuenta con menor número de taxis, con 28 licencias vigentes.

Lolo Ruiz, portavoz de la asociación Élite Corsaris Ibiza, traslada que una de las principales injusticias reside en que el taxi está muy regulado, incluso para hacer cambios en su propio sector, mientras que los VTC no están sujetos de momento a ningún requisito. Es la misma situación que se repite en otros planos del mercado turístico insular, como los hoteles con las villas o Airbnb, a quienes acusan de reventar la oferta con una propuesta más libre al no estar sujeta a ninguna regulación. Esto desestabiliza el tablero y afecta, en el caso del taxi, a empresas familiares que son las históricamente tienen las licencias -con precios, actualmente, estratosféricos-. 

Roig estuvo presente durante la reunión mantenida en el Consolat del Mar, la sede del Govern, con la presidenta Marga Prohens a principios de enero, en la que los taxistas de Balears manifestaron su “profunda preocupación” por la nueva situación para los VTC. La misma que ha transmitido al ser preguntado por elDiario.es el también vicepresidente de la Federación Independiente del Taxi de las Islas Baleares (FITIB), que incluye a la FITIE. El solo hecho de tener que acatar la sentencia ya trae de bólido a los taxistas, quienes dormían tranquilos sabiendo que habían denegado las solicitudes. Ahora temen nuevas resoluciones judiciales que confirmen fallos en los pasos seguidos por la administración y que el resultado sea una puerta abierta para Uber para operar en territorio insular.

Acorde a las medidas de decrecimiento

“El número -de licencias solicitadas- es lo suficientemente exagerado para inquietarse”, señala Roig. Por otro lado, el presidente de la Fitie sospecha que la mayoría de estas empresas quiere aterrizar en las carreteras de Balears “solo para especular” y advierte de que ha llegado la hora de replantearse la economía que se quiere para las islas, donde también se está intentando fijar un techo de vehículos. Eivissa ha implantado por primera vez este límite este verano -imitando el modelo de Formentera.eco- y Mallorca ya estudia la misma medida. En ese sentido, desde la federación esperan que el espíritu de la nueva norma que estudia el Govern vaya acorde al resto de medidas de decrecimiento que se valoran en la isla para reducir la densidad de tráfico y el cuidado del medio ambiente.

Los taxistas son conscientes de que la resolución es inamovible y están a la espera ahora de que se tramite “lo que se tenga que tramitar”. Mientras tanto, piden a las administraciones que trabajen para reforzar los argumentos jurídicos que les permitan defender a la pequeña y mediana empresa. El nuevo escenario, añaden, tampoco es atractivo para los vehículos de transporte con conductor tradicionales.

La Presidència del Govern ha comunicado que los servicios jurídicos están trabajando para poner coto a las licencias de VTC a través de un Reglamento que se aplique cuando termine la moratoria, en febrero de este año. La institución ya impulsó, a principios de 2024, una modificación legal aprobada por el Parlament que supuso la suspensión de la tramitación de nuevas licencias, tanto de taxi como de VTC. La paralización sigue vigente a la espera de la aprobación definitiva del decreto que debe regular ambos sectores, un texto que, según el Ejecutivo, se encuentra en una fase muy avanzada de tramitación y que ha sido validado por el Consell Balear de Transport Terrestre. 

Los servicios jurídicos del Govern están trabajando para poner coto a las licencias de VTC a través de un Reglamento que se aplique cuando termine la moratoria, en febrero de este año

Una vez aprobado el decreto, deberán retomarse los expedientes que quedaron suspendidos durante la moratoria, siempre bajo el nuevo marco regulador, que según el Govern permitirá evitar un crecimiento descontrolado y ajustar el número de autorizaciones a las “necesidades reales” del territorio. Lo que parece indicar que el aumento de Uber y otros VTC en Eivissa será inevitable.

Varias infracciones de Uber

Un portavoz de la conselleria de Movilitat ha recalcado a elDiario.es que Balears, por su condición de territorio insular, limitado y especialmente protegido, no podrá absorber “una avalancha” de nuevas autorizaciones sin comprometer el equilibrio del sistema de movilidad. El temor entre taxistas no solo procede de este hecho, sino también de los numerosos incumplimientos de estas empresas una vez en las carreteras: desde una furgoneta discoteca con dj para ir hasta Amnesia hasta el uso de paradas solo habilitadas para taxis.

En el caso del furgón, la Dirección General de Tráfico (DGT) confirmó que no cumplía los requisitos de circulación y la Policía le puso dos multas. Aun así, ha seguido funcionando. También se han dado, desde que Uber desembarcó en la isla a finales de 2023, numerosas infracciones graves al volante por parte de sus conductores, entre ellas, circular bajo los efectos de sustancias estupefacientes, según varios casos publicados por Diario de Ibiza. Uber no ha respondido a la petición de información de elDiario.es en el momento de publicación de esta noticia.

“Una vez que se concedan las licencias, ¿quién es, en la calle, que se encargará de vigilar que se cumpla con la normativa y se hagan las cosas bien?”, se pregunta Roig. En medio de esta “pesadilla” que pone a su negocio en riesgo los taxistas subrayan que el 70% de las solicitudes de todo Balears recaen en Eivissa: “Puede haber un impacto absoluto en el sector ibicenco del taxi”.

El Parlament de Catalunya quiere regular de una vez por todas la convivencia entre el sector del taxi y el de los vehículos de transporte con conductor, VTC, del que Uber y Cabify son los máximos exponentes. Este jueves cinco grupos que suman una amplia mayoría de la Cámara, PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP, han presentado una propuesta de ley que contiene como principal medida la expulsión paulatina pero prácticamente total de las VTC.

La nueva norma, que Junts ya ha anunciado que tratará de enmendar, reducen las VTC a meros complementos del taxi en trayectos interurbanos, el único que se les permitirá realizar. Además, se obligará a quien desee utilizar una VTC que las precontrate con al menos dos horas de margen y que después haga un uso del vehículo de al menos una hora.

La idea que subyace en el texto es que Uber o Cabify queden reducidos a trayectos largos y ocasionales, y enfocados a situaciones de empresa o eventos y no para el publico general. Mantendrán como hasta ahora la prohibición de buscar clientes por la calle.

Las VTC quedarían por tanto reducidas a la mínima expresión en una ciudad como Barcelona, limitadas a trayectos con destino en otra ciudad a momentos específicos como la semana de Mobile World Congress, cuando se hará una moratoria de la prohibición.

Este veto se llevaría a cabo de forma progresiva pero, cuando se complete, supondría la eliminación de dos tercios de las actuales 900 licencias de VTC existentes en Barcelona, según los cálculos de la propia Generalitat.

La ley introduce también una nueva normativa para el taxi, comenzando por la obtención de un título B1 de catalán, que Junts ya ha anunciado que considera insuficiente. En la misma línea, se endurece el código sancionador para evitar infracciones como los cobros fuera de las tarifas reguladas o actuar sin respetar las normas de prioridad.

Además todos los vehículos que realicen transporte privado de viajeros se equiparán con geolocalizadores para garantizar que cumplan con la normativa. Los partidos creen que la ley podría quedar aprobada en 2026, aunque las licencias de VTC se mantendrán hasta que expiren, lo que las formaciones consideran que repercutirá en una “transición suave” hacia la desaparición de este tipo de transporte en el área metropolitana de Barcelona.

En un comunicado conjunto emitido por Uber, Cabify y Bolt, las principales plataformas de VTC lamentan que, de salir adelante, esta ley empeoraría la “endémica escasez de alternativas de movilidad en Barcelona”, además de que “4.000 personas perderían su empleo de la noche a la mañana”. Las empresas consideran además que esta norma contraviene la normativa europea, por lo que reclaman a los partidos a reconsiderar el texto.

En la misma línea la patronal mayoritaria del sector, Unauto VTC, ha valorado el texto registrado en el Parlament como “profundamente antisocial” y “radicalmente contrario al interés general”, al entender que los efectos de expulsar las VTC de los ámbitos urbanos enviaría al paro a miles de trabajadores y condenaría al cierre a cientos de empresas. “Expulsar del mercado a las VTC va en contra del interés general de los ciudadanos de Catalunya y de Barcelona, que son nuevamente rehenes de los intereses del taxi”, ha asegurado la patronal en una nota de prensa.

En el otro lado, Élite Taxi, la agrupación mayoritaria de taxistas en Barcelona, han calificado de “valiente” la proposición de ley, que a su juicio permitirá que todo el sector trabaje con las mismas condiciones. Desde el sector de los taxistas también han destacado el endurecimiento del código sancionador, una medida con la que Élite se ha mostrado de acuerdo al entender que persiguen infracciones “de unos pocos” que “perjudican a todo el sector”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha abordará junto con el sector un nuevo reglamento del taxi, así como impulsar una nueva regulación de los servicios de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en la región. Estos últimos son servicios de transporte privado que operan bajo una reserva previa, donde habitualmente se gestionan a través de aplicaciones para uso en móvil. Se diferencian de los taxis en que no recogen pasajeros en la calle ni tampoco estacionan en paradas.

Así lo ha adelantado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que se ha reunido, junto con la directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, y el delegado de Fomento en Toledo, Jorge Moreno, con la Federación del Taxi de Castilla-La Mancha.

En este contexto, Hernando ha avanzado que “en el nuevo reglamento del taxi, que esperamos que se pueda aprobar a finales de este año o como muy tarde a principios del 2026, vamos a permitir que todos los taxistas de la región puedan llevar a cabo precontratos”, es decir, ha explicado, “que si a día de hoy, un taxi solamente puede operar dentro de un mismo municipio, vamos a permitir el que los taxistas que tienen clientes habituales puedan fijar viajes precontratados más allá de la frontera municipal, ya que hasta ahora se limita el poder realizar esos servicios”.

Además, el consejero de Fomento ha destacado que “en el próximo mes de octubre, vamos a volver a sacar la convocatoria de ayudas con 100.000 euros para adaptar los taxis de la región a personas con movilidad reducida”.

Regulación del VTC y sanciones a Bolt

Asimismo, Nacho Hernando ha adelantado que se ha planteado de forma conjunta, “tanto el sector del taxi como nosotros, un último borrador que vamos a tramitar con la mayor urgencia posible y con la mayor transparencia y participación ciudadana y pública, como así nos exige la ley, para establecer una regulación de las VTC en Castilla-La Mancha”.

En este sentido, el responsable de Fomento ha explicado que algunos de los elementos más importantes de esa regulación de las VTC incluirán “que sea obligatorio que haya una precontratación, ya que no puede haber servicios de oportunidad, es decir, no pueden estar a la espera de coger a un pasajero o pasajera”.

Además, ha continuado Nacho Hernando, “será importante el que tampoco puedan deambular por la ciudad, y si no están haciendo un servicio, tendrán que volver a base o a un aparcamiento o garaje”.

Asimismo, ha detallado que “vamos a plantear la prohibición de geolocalización previa; a establecer cupos de limitaciones del número de VTC en puntos turísticos; habrá una serie de requisitos técnicos exigentes desde el punto de vista medioambiental y mecánico del vehículo; y vamos a aplicar la ratio 1/30, una VTC por cada 30 licencias de taxi, de una ratio que viene avalada por sentencias del Tribunal Supremo”. También, ha continuado, vamos “a exigir la máxima transparencia en precios y a plantear el que se cumpla con las ratios de coches adaptados para movilidad reducida”.

Precisamente, con respecto a las VTC y a los servicios de Bolt en la ciudad de Toledo, Hernando ha asegurado que “a día de hoy, hemos recibido diez denuncias por parte de la Policía local de Toledo”, y ha confirmado que “a partir de la semana que viene vamos a empezar a sancionar a aquellas empresas y titulares de licencias de VTC que han incumplido la ley”. En este sentido, ha instado al Ayuntamiento de Toledo a que “en la mayor brevedad posible nos haga llegar las 45 que dicen que tienen”.

El responsable de Fomento ha aclarado que “no hay vacío legal, sino que hay una ley en marcha y que prevé sanciones de hasta 4.000 euros si se salta esa ley” y ha explicado que “la Comunidad Autónoma, en estos momentos, solamente puede sancionar si la Policía local detecta que un vehículo VTC ha hecho un trayecto con origen y destino en un mismo municipio, pero si encontramos a VTC esperando en distintos puntos de la ciudad quienes sancionan, en ese caso, es el Ayuntamiento por incumplir una ordenanza municipal, de la misma manera que nadie puede aparcar su coche privado en un sitio que no esté habilitado para ello”, ha puntualizado.

El Govern ha apuntat que a finals del 2025 o principis del 2026 podria entrar en vigor el reglament que establirà llindars màxims de llicències de taxis i VTC que podran operar a cadascuna de les illes.

El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, i la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, han informat aquest divendres que l'esborrany d'aquesta normativa ja està en fase d'exposició pública perquè les diferents administracions i associacions del sector puguin presentar al·legacions, del que disposa d'un termini de 30 dies.

A més d'estipular la quantitat de llicències que podran prestar servei --tant ordinàries com temporals--, el reglament també pretén establir preus en moments d'alta demanda, el nombre mínim de vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda que hauran d'estar operatius o regular els criteris de funcionament de la futura app del servei de taxi, entre altres qüestions.

Es tracta d'un reglament que sorgeix del desenvolupament de la Llei 1/2024, de millora de la regulació dels serveis de transport amb vehicles de fins a nou places a les Balears, que es va aprovar i consensuar al Parlament l'any passat, i de la Llei 4/2014, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les illes.

Per a la informació pública, aquest projecte de decret es publica al Portal de Transparència i es tracta del primer reglament del sector a Balears, que està compost de 63 articles per regular les condicions de prestació de serveis de taxi i VTC que transcorren íntegrament al territori de l'arxipèlag, tant urbans com interurbans.

Després de la fase d'al·legacions, es traslladarà al Consell Balear del Transport Terrestre, aquesta entitat li haurà de donar el vistiplau i després elaboraran diversos informes altres organismes públics, per així quedar aprovat definitivament al Consell de Govern i publicar-se al BOIB.

Mateo ha incidit que és una regulació “molt necessària” a les illes, un territori limitat, amb una “gran afluència de visitants” durant la temporada turística, i pretén “garantir un servei adequat per atendre la demanda i alhora evitar una allau de noves autoritzacions de VTC”.

Estudis sobre llicències cada tres anys

Així, s'estableixen els criteris que permetran determinar la xifra màxima de llicències de taxi i autoritzacions de VTC a les diverses administracions competents en els seus respectius àmbits --per municipi i per illa--, basada en criteris de l'oferta i la demanda existent.

D'aquesta manera, es tracta d'atendre les necessitats dels usuaris potencials, residents i visitants, l'existència de serveis públics com hospitals o grans infraestructures com ports i aeroports, així com criteris mediambientals i de congestió viària.

“El Govern dialogarà amb el sector buscant optimitzar el servei per cobrir les necessitats dels usuaris, amb una millora de la competitivitat del sector, i avançar cap a una mobilitat més sostenible, en reduir la contaminació i la congestió viària”, han reivindicat.

Una vegada s'aprovi el decret, s'aixecarà la suspensió en la tramitació de llicències i autoritzacions de taxi i VTC que es va establir a la Llei 1/2024 l'any passat i que es va prorrogar al Decret Llei 2/2025 al febrer d'aquest any.

A partir de l'aprovació del reglament, per resolució del conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, es determinarà el nombre màxim de llicències i autoritzacions interurbanes de taxi i VTC a cada illa, en un procés que comptarà amb la participació de diferents organismes, com Consells insulars, ajuntaments i entitats del sector, i en què els Consells insulars de Menorca, Eivissa i Forment de llicències a la seva illa respectiva. En el cas de Mallorca, aquesta competència correspondrà al Govern.

Entre el 5 i el 10% de la flota adaptada

A més, s'afavoreix l'accessibilitat i l'augment del nombre de vehicles adaptats per a persones amb discapacitat. En aquest sentit, el reglament estableix una quota mínima del 5% de la flota de taxi i VTC de cada municipi per a vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

En el cas de les empreses que disposen de flotes de VTC de més de deu vehicles, s'estableix que un 10% de la flota en l'àmbit insular haurà de ser de vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Quant a la concessió de noves llicències, tant de taxi com de VTC, el reglament estableix que s'efectuarà per concurs públic i que s'hauran de valorar de manera preferent criteris de millora del medi ambient i reducció d'emissions contaminants, la dedicació prèvia a la professió en règim de treballador assalariat en el cas del taxi i ser-ne titular d'autorització en el cas dels VTC. taxi i VTC.

D'altra banda, el text regula les condicions de la futura aplicació pública (app) per a dispositius mòbils de gestió dels serveis de taxi, inicialment per a Mallorca i en fase de desenvolupament, i preveu, entre altres mesures, que s'haurà de tenir disponible mentre el taxi presti servei i que no es podrà rebutjar un servei excepte que es trobe ocupat amb altres serveis prèviament entre programat o sigui incom.

Pel que fa a les tarifes, s'inclourà un article que impedeixi cobrar “preus excessius” per part de les VTC en moments d'alta demanda, com ha afirmat de la Vall que ha passat a la península. Cal recordar que actualment hi ha operatives menys de 800 llicències de VTC a totes les illes, mentre que en el cas dels taxis aproximadament són 2.500.

El Govern ha apuntado que a finales de 2025 o principios de 2026 podría entrar en vigor el reglamento que establecerá umbrales máximos de licencias de taxis y VTC que podrán operar en cada una de las islas.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, han informado este viernes de que el borrador de esta normativa ya se encuentra en fase de exposición pública para que las distintas administraciones y asociaciones del sector puedan presentar alegaciones, algo para lo que disponen de un plazo de 30 días.

Además de estipular la cantidad de licencias que podrán prestar servicio --tanto ordinarias como temporales--, el reglamento pretende también establecer precios en momentos de alta demanda, el número mínimo de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida que tendrán que estar operativos o regular los criterios de funcionamiento de la futura app del servicio de taxi, entre otras cuestiones.

Se trata de un reglamento que surge del desarrollo de la Ley 1/2024, de mejora de la regulación de los servicios de transporte con vehículos de hasta nueve plazas en Balears, que se aprobó y consensuó en el Parlamento el año pasado, y de la Ley 4/2014, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las islas.

Para la información pública, este proyecto de decreto se publica en el Portal de Transparencia y se trata del primer reglamento del sector en Balears, que está compuesto de 63 artículos para regular las condiciones de prestación de servicios de taxi y VTC que transcurren íntegramente en el territorio del archipiélago, tanto urbanos como interurbanos.

Después de la fase de alegaciones, se trasladará al Consell Balear del Transporte Terrestre, esta entidad le tendrá que dar su visto bueno y después elaborarán diversos informes otros organismos públicos, para así quedar aprobado definitivamente en el Consell de Govern y publicarse en el BOIB.

Mateo ha incidido en que es una regulación “muy necesaria” en las islas, un territorio limitado, con una “gran afluencia de visitantes” durante la temporada turística, y pretende “garantizar un servicio adecuado para atender la demanda y a la vez evitar un alud de nuevas autorizaciones de VTC”.

Estudios sobre licencias cada tres años

Así, se establecen los criterios que permitirán determinar la cifra máxima de licencias de taxi y autorizaciones de VTC en las diversas administraciones competentes en sus respectivos ámbitos --por municipio y por isla--, basada en criterios de la oferta y la demanda existente.

De este modo, se trata de atender a las necesidades de los usuarios potenciales, residentes y visitantes, la existencia de servicios públicos como hospitales o grandes infraestructuras como puertos y aeropuertos, así como criterios medioambientales y de congestión viaria. El decreto fija que los Consells insulares elaborarán el estudio para la determinación del número máximo de licencias en el ámbito insular, con una periodicidad de tres años.

“El Govern dialogará con el sector en busca de optimizar el servicio para cubrir las necesidades de los usuarios, con una mejora de la competitividad del sector, y avanzar hacia una movilidad más sostenible, al reducir la contaminación y la congestión viaria”, han reivindicado.

Una vez que se apruebe el decreto, se levantará la suspensión en la tramitación de licencias y autorizaciones de taxi y VTC que se estableció en la Ley 1/2024 el año pasado y que se prorrogó en el Decreto Ley 2/2025 en febrero de este año.

A partir de la aprobación del reglamento, por resolución del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, se determinará el número máximo de licencias y autorizaciones interurbanas de taxi y VTC en cada isla, en un proceso que contará con la participación de diferentes organismos, como Consells insulares, ayuntamientos y entidades del sector, y en el que los Consells insulares de Menorca, Ibiza y Formentera, posteriormente, podrán acordar la aplicación de esta cifra o establecer su propio número máximo de licencias en su isla respectiva. En el caso de Mallorca, esta competencia corresponderá al Govern.

Entre el 5 y el 10% de la flota adaptada

Además, se favorece la accesibilidad y el aumento del número de vehículos adaptados para personas con discapacidad. En ese sentido, el reglamento establece una cuota mínima del 5% de la flota de taxi y VTC de cada municipio para vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

En el caso de las empresas que disponen de flotas de VTC de más de diez vehículos, se establece que un 10% de la flota en el ámbito insular tendrá que ser de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

En cuanto a la concesión de nuevas licencias, tanto de taxi como de VTC, el reglamento establece que se efectuará por concurso público y que se tendrán que valorar de manera preferente criterios de mejora del medioambiente y reducción de emisiones contaminantes, la dedicación previa a la profesión en régimen de trabajador asalariado en el caso del taxi y ser titular de autorización en el caso de los VTC. También se regula la autorización previa para la transmisión de licencias y autorizaciones ordinarias de taxi y VTC.

Por otro lado, el texto regula las condiciones de la futura aplicación pública (app) para dispositivos móviles de gestión de los servicios de taxi, inicialmente para Mallorca y en fase de desarrollo, y prevé, entre otras medidas, que se tendrá que tener disponible mientras el taxi preste servicio y que no se podrá rechazar un servicio excepto que se encuentre ocupado, próximo a la finalización de jornada o sea incompatible con un servicio programado previamente, entre otros.

En cuanto a las tarifas, se incluirá un artículo que impida cobrar “precios excesivos” por parte de las VTC en momentos de alta demanda, como ha afirmado del Valle que ha ocurrido en la península. Cabe recordar que actualmente hay operativas menos de 800 licencias de VTC en todas las islas, mientras que en el caso de los taxis aproximadamente son 2.500.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) ha sembrado la “incertidumbre” en el sector del transporte andaluz con un nuevo decreto-ley aprobado “sin diálogo previo”, según denuncian tanto el colectivo de taxistas como el de vehículos de transporte con conductor (VTC) de empresas como Uber y Cabify. Estos dos sectores históricamente enfrentados coinciden en trasladar su “preocupación” y “desconcierto” ante una política de movilidad, que ambos achacan a una falta de previsión y transparencia por parte de la Junta de Andalucía.

La nueva norma –aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 11 de junio y ratificada este miércoles en el Parlamento andaluz– suspende temporalmente la concesión de nuevas autorizaciones para VTC tras constatar, según la Junta, “que en los últimos meses se ha producido un crecimiento exponencial de las solicitudes”. Esta decisión deja en el aire las 1.373 solicitudes de VTC registradas entre enero y abril de este año (frente a las 3.713 autorizaciones que hay hoy vigentes en la comunidad andaluza).

La moratoria queda supeditada a la elaboración de un estudio técnico que, en el plazo de dos meses, tendrá que analizar la demanda total de la movilidad en Andalucía y definir los “criterios objetivos que permitan alcanzar una buena gestión de la oferta del transporte”, según consta en el decreto-ley impulsado por la Consejería de Fomento. El departamento que encabeza Rocío Díaz argumenta que se ha producido un “cambio brusco en las dinámicas de mercado”, debido a la proliferación de vehículos eléctricos, que ha disparado las solicitudes de nuevas licencias.

Aunque difieran en sus intereses, taxistas y empresarios de VTC comparten la crítica de responsabilizar a la Junta de generar inseguridad jurídica en un sector ya de por sí tensionado. El presidente de Élite Taxi Andalucía, Rafael Baena, afea que la Junta “actúe ahora sorprendida por el aluvión de solicitudes” cuando ha tenido años para intentar frenar el “crecimiento descontrolado”, en el que ahora justifica el nuevo “decretazo”.

Desde el sector de los vehículos con chófer, el presidente de la Asociación Empresarial VTC Andalucía, Pablo García-Trespalacios, denuncia “el inmenso coste económico y social” que implica la moratoria, comprometiendo “una inversión de unos 15 millones de euros”, derivados de los gastos que acometieron los transportistas al invertir en vehículos eléctricos, para adaptarse a los criterios que les dio a conocer la Junta en enero de 2025.

A qué se debe ese “cambio brusco” en el mercado

El polémico decreto-ley que permitía a los vehículos VTC seguir operando en territorio urbano congeló en septiembre de 2022 la concesión de nuevas autorizaciones de VTC en Andalucía, ya que la comunidad superaba con creces la ratio de un VTC por cada 30 taxis, fijada por el Gobierno de España en el conocido como “decreto Ábalos”.

Sin embargo, la nueva legislación estatal aprobada en 2023 –adaptándose a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tumbó la limitación de las licencias con las que operan empresas como Uber y Cabify– abrió la puerta a que se concedieran nuevas autorizaciones, siempre que se cumplieran con ciertos requisitos medioambientales.

Así lo recogió la Junta de Andalucía en el borrador del desarrollo reglamentario del decreto-ley de 2022, que presentó a los sectores implicados en enero de 2025. Al comprobar que esos criterios no son aplicables a los coches eléctricos, los conductores de VTC se lanzaron a adquirir vehículos 100% eléctricos, obligando al Gobierno andaluz a conceder esas solicitudes.

“La apertura del proceso de autorización de más licencias desde enero de 2025, cumpliendo una serie de requisitos ambientales, ha llevado a multitud de pymes, autónomos y cooperativas de toda Andalucía a realizar importantes inversiones”, como recuerda el presidente andaluz de la Asociación Empresarial VTC. “Las empresas han acometido esas inversiones porque eran necesarias para poder realizar la solicitud y además con la confianza de que el Gobierno de Andalucía en las primeras semanas había concedido más de 40 licencias, con lo cual más que expectativas, las empresas tenían la certeza de que cumpliendo los requisitos tendría lugar el otorgamiento”, argumenta García-Trespalacios.

Fuentes de la Consejería de Fomento alegan que esas autorizaciones se han concedido antes de establecer la moratoria “en cumplimiento de la sentencia”, en referencia al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El resultado ha sido que el número de solicitudes se ha disparado, pasando de las 23 presentadas en el año 2024, a las 1.373 registradas hasta mediados de abril de 2025. Con esta progresión, la Consejería del ramo calcula que las autorizaciones se duplicarían en un plazo de seis meses. De ahí que justifique la urgencia del decreto recién aprobado.

Falta de previsión

“Lo que ha pasado es que no se esperaban un aluvión de solicitudes, pero podrían haber definido los criterios antes de que los transportistas acometieran las inversiones, podrían haber consensuado sectorialmente los criterios y concedernos seguridad jurídica porque ahora hay cientos de coches parados, aun cumpliendo rigurosamente con los requisitos que estableció la Junta”, lamenta el presidente de la Asociación Empresarial VTC en Andalucía.

Por su lado, los taxistas lo interpretan como otro “atropello del servicio público en beneficio de las grandes empresas privadas”, entendiendo que, pasados esos dos meses, se reactivará la concesión masiva de autorizaciones bajo criterios que consideran insuficientes. “Volvemos a asistir nuevamente a lo que entendemos por un engaño del Gobierno andaluz, que viene a traer nuevamente, igual que en 2022, por vía decreto y por vía urgente, algo que no permite participación ni transparencia por parte del sector”, ha reprochado el presidente de Élite Taxi, una de las organizaciones que ha convocado este miércoles una manifestación de protesta a las puertas del Parlamento andaluz, coincidiendo con el debate en el pleno.

Lejos de calmar las tensiones, el nuevo decreto-ley ha provocado que se reavive el enfrentamiento del Gobierno de Moreno con ambos sectores. Ya en 2022, el sector del taxi andaluz se enfrentó a la Junta por sentirse “engañado y traicionado” tras autorizar a los vehículos VTC seguir operando en territorio urbano, también por la vía urgente. La medida tampoco contentó del todo a los VTC, que criticaron las limitaciones impuestas.

Tres años después, el descontento y el ambiente de protesta vuelven a sobrevolar las relaciones del Gobierno andaluz con el sector. Mientras tanto, la Junta defiende la urgencia del nuevo decreto, ya que “la proliferación de estos vehículos eléctricos, que están exceptuados del cumplimiento de criterios medioambientales, puede implicar un crecimiento descontrolado del número de autorizaciones para prestar estos servicios de transporte y romper con el equilibrio y la armonía dentro de este sector y en su relación con el sector del taxi”. Sin embargo, la falta de diálogo previo han sembrado una incertidumbre que taxis y VTC, aunque por razones distintas, coinciden en reprobar.

Justo en el día en el que miles de taxistas han salido a las calles de Madrid para protestar por los miles de licencias que, tras una sentencia, van a revertir a favor de Cabify, el operador de alquiler de vehículos con conductor ha presentado sus datos económicos de 2024. 

Una reciente sentencia obliga al Gobierno de la Comunidad de Madrid a conceder 8.500 nuevas licencias a Cabify. Ahora mismo hay 16.000 permisos para taxistas y 9.000 de VTC, con lo que la llegada de estas nuevas autorizaciones a partir de junio supondrá que en las calles de Madrid haya más VTC que taxis.

“Esas críticas son de un sector minoritario del taxi”, ha asegurado el consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio. Afirma que taxis y VTC “no son enemigos uno del otro”, sino que “suman para ser una alternativa al vehículo particular”. “Nos sentimos ilusionados con la capacidad de mejora de la movilidad que puede suponer para todos los madrileños. Nos pondría cerca de otras capitales europeas. Cabify buscará un despegue por fases, igual que en 2019”, ha añadido. 

“Las licencias adicionales facilitan el crecimiento”, ha asegurado De Antonio. “Los datos de vehículos compartidos [en Madrid] son dos o tres veces inferiores a otras ciudades europeas. Hay espacio”, ha añadido. Lo que no ha querido aclarar es qué gasto van a suponer para la compañía as licencias y si esta inversión va a recaer en Cabify o en compañías socias que controlan licencias de VTC.

En Barcelona, aseguran en la misma dirección, que la movilidad necesita más opciones. “Estamos hablando con las autoridades y tratar de ayudar con nuestro conocimiento para que haya más licencias para taxis y VTC”, asegura De Antonio. “No estamos negociando, sino hablando, porque queda patente que se necesitan más vehículos compartidos para estar a la altura de lo que otras ciudades ofrecen. Si quieres que una parte de la población, que no usa el metro o el autobús, tenga una alternativa, se necesitan más opciones”.

En cuanto a los datos financieros en sí, Cabify no habla de su rentabilidad neta. Se queda un paso antes, en los resultados antes de impuestos y amortizaciones, conocido como Ebitda. En el conjunto de países donde opera, su Ebitda se situó en 34 millones de euros. “Hemos alcanzado una cifra récord de Ebitda”, ha asegurado en rueda de prensa el responsable financiero de la compañía, Juan Barbolla. “Y hemos sido rentables en todos los países donde operamos. A partir de 2024 queremos seguir creciendo de forma rentable”, ha añadido. 

Sin embargo, su volumen de negocio se ha resentido. En concreto, su facturación se situó en 2024 en 858 millones de euros, cuando año antes fueron 899 millones de euros. Lo atribuye a Argentina y al impacto de los tipos de cambio en ese país. Cabify afirma que, si se elimina ese mercado de la ecuación, los ingresos se quedaron planos en 2024. “En el primer trimestre de 2025, hemos crecido un 16%”, ha puntualizado.

Niega subidas de precios tras el apagón

El consejero delegado de Cabify ha negado que la compañía subiese precios tras el apagón de finales de abril.

Hay que recordar que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abrió un expediente informativo para investigar las potenciales subidas de precios de las empresas de VTC, de alquiler de coche con conductor, que fueron denunciadas por los usuarios en aquellas comunidades autónomas que declararon la emergencia nacional u otro tipo de emergencia de protección civil.

De Antonio también ha descartado que la empresa esté barajando su salida a bolsa o un cambio en su base de accionistas. “Tenemos una base accionarial diversa. La mayor parte es española, tenemos a Rakuten que es japonés”. Estos “tuvieron necesidad de hacer desinversiones”, como consecuencia de la pandemia, “que no consideraban estratégicas”, pero “hoy están comprometidos con la empresa”. 

La guerra entre taxis y VTC copó infinidad de titulares poco antes de la pandemia. En 2019, pasados cinco años desde que el modelo de vehículos de transporte con conductor aterrizara en España, los taxistas se rebelaron contra sus nuevos competidores y amagaron con hacer parones en grandes ciudades. Madrid fue una de ellas. La llegada de Uber o Cabify ya generó manifestaciones muy tensas en 2017, a las que acudieron conductores de otros puntos del país que señalaron la diferencia de requisitos al circular, más laxos para VTC que para el taxi. Con el tiempo el ambiente parecía calmarse o, al menos, la competición dejó de estar en boga. Sin embargo, el asunto sigue lejos de resolverse: una sentencia reciente obliga al Gobierno regional a conceder 8.500 nuevas licencias a Cabify. Los taxistas no están nada contentos, pero de fondo existe un complejo debate que ataña a la movilidad urbana.

Actualmente hay 16.000 permisos para taxistas y 9.000 de VTC, así que con el cambio estos últimos podrían rebasar a los primeros. En consecuencia, la Federación Profesional del Taxi de Madrid se concentra este miércoles frente a la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para presionar a las administraciones y lograr una vuelta de tuerca. Piden “una respuesta” institucional a las “irregularidades” que, aseguran, han detectado en las solicitudes de Cabify para obtener las autorizaciones de VTC en la región.

El colectivo de taxistas sugiere que ha habido una “trampa” en el proceso y que esto puede interferir en el veredicto judicial. En abril, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la empresa y obligó a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras a que le concediera las 8.500 licencias en entredicho.

La Comunidad de Madrid, después de ocho años de litigios con la compañía, ha anunciado un nuevo recurso contra la decisión y ha exigido a Cabify tramitar de golpe todas las licencias. La entidad lo considera una forma de acorralarles, pero el Gobierno regional lo mantiene como forma de demostrar que disponen de vehículos suficientes como para absorber miles de permisos. En un comunicado, Cabify cuestionó la orden de la Consejería aludiendo a que el TSJM ya resolvió que las concesiones habrían de darse sin condiciones ni trámites adicionales de por medio. No obstante, confirma que las pondrá en marcha antes del 17 de junio, la fecha tope que da el Ejecutivo.

¿Por qué han dado ahora la razón a la empresa? El Tribunal Supremo determinó que la norma que establecía una proporción de una licencia VTC por cada 30 de taxi, que expiró entre 2009 y 2015, no estaba en vigor cuando Cabify presentó su solicitud de licencias. Además, esta premisa ya fue cuestionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una resolución de 2023. Aun así, al año siguiente la Comunidad volvió a denegar sus solicitudes alegando que había datos incorrectos e información incompleta en algunas de ellas, además de otras irregularidades detectadas en el trámite formal. Sea como sea, la Justicia ha terminado dándoles la razón.

La administración autonómica teme que el giro traiga represalias para el sector del taxi. Pese a que asume acatar la resolución si agota la vía judicial, ha mostrado su disconformidad. “Queremos hallar un equilibro entre la oferta y la demanda”, insistió hace una semana el consejero del ramo, Jorge Rodrigo, a raíz de la futura proporción que puede haber entre taxis y VTC, con más vehículos de transporte con conductor en el mercado pese a estar sujetos a otras normas y repercutir, augura, en un posible “detrimento económico” para el resto de conductores.

“Tanto el TSJM como el Tribunal Supremo han indicado con claridad a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid cuál debería ser la forma de proceder, y no hacerlo es actuar con arbitrariedad y desviación de poder, sobrecargando innecesariamente a la propia administración con una reclamación que el gobierno regional sabe que carece de fundamento”, sentenciaron desde Cabify en su respuesta a la resolución.

La Policía Municipal de Madrid detuvo en la madrugada del pasado sábado a un hombre de 33 años por atropellar a un peatón en el Paseo del Prado. La víctima, un turista británico de 35 años, cruzó por una zona no habilitada, sorprendiendo al conductor de VTC, que además circulaba bajo el efecto de las drogas.

El peatón sufrió un traumatismo craneoencefálico fruto del impacto con el coche y fue trasladado por los sanitarios del Samur-Protección Civil al Hospital 12 de Octubre, donde se quedó ingresado. Fuentes de Emergencias Madrid confirman a este periódico que la víctima “no revestía gravedad”.

Según publica el diario El Mundo, varios testigos vieron como el turista atravesó la calzada por un lugar indebido. El peatón también fue sometido a las pruebas de alcohol y drogas, en las que dio positivo.

La Unidad de Atestados de Tráfico (UAT) de la Policía Municipal también sometió al conductor de VTC a una prueba de drogas en la que dio positivo. Seguidamente, fue arrestado y, tras prestar declaración, fue puesto en libertad.

En este tipo de situaciones puede aplicarse la concurrencia de culpas cuando la conducta del peatón atropellado -como ir bajo los efectos del alcohol o las drogas- haya contribuido de forma relevante a causar el accidente. Esta circunstancia puede reducir la cuantía de la indemnización que deba asumir el conductor o su aseguradora, aunque no la elimina automáticamente.

La Guàrdia Urbana de Barcelona inició este lunes una campaña de control de VTC (Vehículos de Transporte con Conductor). En el primer día del dispositivo se identificaron 25 vehículos, de los cuales 24 (el 96%) incumplían la normativa.

Las infracciones detectadas tienen que ver con el estacionamiento y la circulación, la oferta ilegal o la falta de documentación. Entre ellas, se ha identificado VTC que aparcaban o circulaban con la intención de captar clientes que no hubieran solicitado previamente el servicio (algo que sólo pueden hacer los taxis).

También se han detectado 3 conductores que han dado positivo en el drogotest, uno de ellos en 4 de las 5 substancias detectables.

Además de este tipo de infracciones, la policía local inspecciona que los conductores tengan el permiso de conducir y el seguro en regla, así como que se cumplan los horarios y días de descanso establecidos. También se controla que dispongan de los cuadros de precios preceptivos y que tengan la ITV vigente.

La campaña, que estará en marcha hasta el 20 de abril, se realiza en zonas con alta presencia de este tipo de vehículos, como estaciones de tren y bus, puntos de interés turístico, zonas comerciales y vías principales de la ciudad.

El objetivo del Ayuntamiento es vigilar que cumplan la normativa vigente y sancionar las conductas infractoras que, en algunos casos, podrían suponer competencia desleal e intrusismo, tal y como recuerdan desde el consistorio

Los tuk tuks se han convertido en un elemento más del (sobrecargado) paisaje del centro de Madrid. Estos triciclos motorizados de origen asiático se han extendido casi sin que el peatón ocasional lo perciba, hasta que provocan un atasco o cogen una curva a una velocidad inusitada. Su novedad les ha permitido asentarse y proliferar sin una regulación específica en la capital. Pero la acumulación de ciertas problemáticas ha hecho que las miradas de la administración, azuzada por la oposición, se dirijan a estos vehículos.

Víctor Rey, presidente de la Asociación Sol y Letras (que agrupa a vecinos del distrito Centro), cuenta a este periódico la inquietud que estos tuk tuks generan en el barrio: “Las molestias en ciertas calles del Barrio de las Letras y en el de Palacio son amplias y conocidas. Llevamos años soportando un modelo que no es nada agradable y que está fuera de control. Causa un auténtico caos en la circulación, sobre todo en calles estrechas que ya de por sí tienen un gran nivel de tráfico”.

Resalta el caso de Huertas, “una calle peatonal que se utiliza como punto de recogida o ruta que atraviesan constantemente”. Dice que lo hacen “docenas al día, a veces en grupos de tres o cuatro vehículos en hilera”. Para este vecino, los tuk tuks “siembran el caos y ralentizan la movilidad de peatones y vehículos en una zona de por sí congestionada”. Y apunta a un responsable directo, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida: “La mano libre que ha tenido hasta ahora el Ayuntamiento no puede seguir, hace falta un control”.

Describe “un vacío legal en el que cabe de todo y se producen auténticas barbaridades”. Destaca un ejemplo más, el de la calle Atocha con la calle del León: “Muchos tuk tuks se paran y colapsan tanto el tráfico como los accesos. Es una zona que no está preparada para este tipo de actividades”. La plaza de Santa Ana o la calle del Príncipe son otras de las más conflictivas, según este relato.

Visitar una ciudad con un bicho de estos en vez de a pie es una aberración. No se nos ocurriría en Berlín, París o Londres... Aquí vale todo con tal de que siga la industria del ocio, sin importar los vecinos, todo sea por este parque temático en el que Madrid se ha convertido"

Víctor Rey — Presidente de la Asociación Vecinal Sol y Barrio de Las Letras

Para Víctor la tendencia ilustra además un tipo de turismo fast food que no aporta beneficios al barrio: “Visitar una ciudad con un bicho de estos en vez de a pie es una aberración. No se nos ocurriría aplicarlo en Berlín, París o Londres... Aquí vale todo con tal de que siga la industria del ocio, sin importar los vecinos, todo sea por este parque temático en el que Madrid se ha convertido”.

Es por ello que desde Sol y Letras exigen el requerimiento municipal de “licencias que dan seguridad y contemplan qué rutas pueden utilizar, limitando la velocidad y el acceso a calles prohibidas, igual que un coche”. Víctor opina que de momento “se ha hecho la vista gorda en aras de la sacrosanta industria turística”. Y añade: “También nos preocupan las características técnicas de estos vehículos dadas las velocidades que alcanzan. Hasta ahora esto es la ley de la selva”.

Los tuk tuks, a la espera de licencias, tasas y hasta definición

La discusión sobre una legislación específica para los tuk tuks saltó al seno de Cibeles en enero, durante la última Comisión de Hacienda, Economía e Innovación. La portavoz de Más Madrid, Esther Gómez, preguntó a Engracia Hidalgo (concejala delegada del ramo) acerca de una regulación propia en materia impositiva para estos vehículos motorizados. Hidalgo aludió a “un trabajo previo de evaluación que debido a su complejidad todavía se está desarrollando”.

Para Gómez, este transporte “genera multitud de dudas sobre los márgenes legales que están utilizando para prestar sus servicios”, aunque su intervención no se centró tanto en los efectos sobre movilidad o su utilización “irregular” para traslado de viajeros. La edil del principal partido de la oposición denunció un “uso de un espacio público para la realización de una actividad económica que les está saliendo gratis al no estar afectados por tributos municipales”. Lo definió como una “actitud discriminatoria” frente a las tasas que afrontan puestos de prensa o de helados, rodajes, los propios taxis o cualquier negocio callejero en general. Un contexto impositivo que, afirma Gómez, sí existe en otras ciudades como Barcelona o Sevilla.

La concejala delegada de Hacienda aseveró que “antes de hablar de tasas y contribuciones hay que tener regulado el marco normativo en el que se desarrolla esta actividad”. Apuntó para ello diversos aspectos que están siendo analizados desde el área de Cultura y Turismo que dirige Marta Rivera de la Cruz.

Así, Hidalgo hizo referencia al estudio de una posible “licencia municipal, un régimen tarifario, la clasificación adecuada de los vehículos, seguros de responsabilidad limitada, acreditación para guías turísticos, sistemas de seguridad para usuarios jóvenes...”. Desde la cartera municipal de Cultura y Turismo confirman el análisis previo en declaraciones a este diario: “Se está trabajando en una ordenación de este servicio desde distintas áreas del Ayuntamiento”, sin concretar más detalles hasta la fecha.

En cualquier caso, Hidalgo considera imprescindible modificar previamente la legislación autonómica y la estatal. “Se está instando a la Comunidad de Madrid a modificar el artículo 35 de la Ley de Ordenación del Turismo para que incluya una definición de los tuk tuks”, dijo la edil. En el área de Cultura y Turismo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso indican a este medio que “la modificación de la ley se abordará en corto-medio plazo y que se estudiarán las peticiones”. Aclaran eso sí que “las competencias en movilidad y licencias de actividad son municipales”.

Falta de profesionalización y agravio comparativo con otras ciudades

Desde la dirección corporativa de Eco Tuk Tuk, una de las principales operadoras de la capital, desgranan su posición en declaraciones a Somos Madrid: “En este sector se están captando clientes de la calle, que no es legal. Nosotros solo trabajamos bajo reserva en todas las ciudades donde ofrecemos el servicio: Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Lisboa. Cuando llegamos solo había seis o siete vehículos en toda la ciudad. Nosotros apostamos por la profesionalización”. Actualmente cuentan con 100 vehículos en cartera, sin concretar cuantos de ellos se desplazan por Madrid. “Somos la única empresa del sector con contratos laborales para toda su plantilla”, apostillan.

Presumen de que “Eco Tuk Tuk cumple con la legislación para este tipo de tours” y, por ello, “lo que quiere hacer el Ayuntamiento lo vemos bien, ya que no todas las empresas del sector están actuando correctamente”. Especifica que “hacer de taxi o captar en la calle son intrusiones en ese sector y en el de los vehículos de transporte con conductor”. “Por nuestra parte celebramos reuniones con las asociaciones y gremiales del taxi en todas las ciudades donde hemos trabajado”, aseguran desde Eco Tuk Tuk, y remarcan que “cuando los vehículos no operan, se quedan en la base”.

Preguntado acerca de si esta problemática es exclusiva de Madrid, desde Eco Tuk Tuk afirman que en el resto de ciudades donde operan “no dejan captar en la calle”. La otra excepción es Lisboa, donde solo está permitido en paradas delimitadas por el propio Ayuntamiento (e incluso esa opción va a ser eliminada por el consistorio de la capital portuguesa).

En cuanto a las exigencias en materia impositiva o de licencias, defienden que siempre han cumplido con sus obligaciones: “Pagamos todas las tasas de esta actividad, desde el impuesto de actividades hasta seguros de todo tipo. Contamos además con firmes reglas internas de la compañía, por ejemplo un plan de igualdad”. Para la empresa “que haya una regulación nos parece buenísimo, lo que queremos es que la competencia trabaje bien para que el sector no esté mal visto por causar molestias, tráfico, ruido y lo que provoca la captación en la calle”. En su opinión, “la regulación mejora la competencia sana, nuestras empresas, el ayuntamiento y la ciudad”.

De momento, y según enumeró la propia Engracia Hidalgo en la comisión de enero, estas obligaciones normativas se limitan al registro de los tuk tuks en la Jefatura Provincial de Tráfico para obtener el permiso de circulación, el pago del impuesto de matriculación estatal y el impuesto municipal sobre los vehículos de tracción mecánica.

Un modelo de turismo superficial en auge

Los responsables de Eco Tuk Tuk exponen los motivos de su apuesta por este incipiente formato turístico: “Vimos que era un negocio que estaba yendo muy bien en Portugal, donde se comentó a implantar en 2014, unos cuatro años antes que aquí. Más tarde, el covid fue un impulso porque hizo que mucha gente no quisiera pegarse a otras personas y prefiriera estar en familia, aunque esta tendencia va en descenso”.

Otra clave de la proliferación de este transporte estaría en “el auge de los tours privados frente al autobús turístico, formatos en los que el conductor te cuenta la ciudad con más cercanía que una audioguía”. En la compañía precisan, eso sí, la formación de sus trabajadores: “Nuestros conductores no son guías turísticos. Los clientes pasan pocos minutos en cada sitio, pero es ideal para quienes vienen a conocer las ciudades rápidamente. Pueden recorrerla en unas tres o cuatro horas para luego profundizar con tours privados en las zonas que más les interesen, o ir a los restaurantes que vean por el camino y les llamen la atención”.

Para la Asociación Sol y Letras, este es otro punto delicado. A los residentes les escama el fundamento o la veracidad de la información que se da en estos recorridos: “La profesionalidad de estas personas nos preocupan también, no creemos que tengan títulos de guías turísticos [un aspecto que confirman en Eco Tuk Tuk]. Esto repercute en un deterioro de la calidad de la industria turística y de su oferta”. Víctor Rey menciona las “explicaciones para echarse a temblar” que los conductores de estos vehículos dan en la Casa de Cervantes, edificio de la calle del León donde murió el legendario autor de El Quijote: “Para los tuk tuks es un punto de parada obligatoria, pero hablan de cosas que desconocen y mezclan sin ningún fundamento nociones que no corresponden con la verdad histórica de este barrio ni con la del Siglo de Oro”.

El ple del Parlament ha convalidat aquest dimarts, amb un consens ampli, encara que entre crítiques, el decret llei que manté l'actual període de suspensió d'autoritzacions ordinàries de llicències de taxi i VTC, vigent des de fa un any a Balears.

La convalidació ha tirat endavant per unanimitat, encara que amb crítiques des de l'oposició, i implica la pròrroga de la suspensió d'aquestes llicències ordinàries fins que s'aprovin, en un termini màxim d'un any, els reglaments de taxi i VTC. El conseller d'Habitatge, Mobilitat i Territori, José Luis Mateo, ha apuntat en tot cas que la intenció és no esgotar el termini d'un any.

El diputat del PSIB Marco Antonio Guerrero ha criticat la manca de planificació del Govern, que ha afectat el sector, i ha lamentat que s'hagi deixat passar un any per negociar la pròrroga. “Han vingut en el moment de descompte perquè els rescatem”, ha assenyalat el socialista instant que es redacti el decret.

Mateo, per part seva, ha recordat que es va optar per la suspensió per evitar una allau de noves llicències de VTC a Balears, tenint en compte que durant l'any 2023, davant la possibilitat de canvis legislatius derivada de les sentències judicials, s'havien presentat més de 10.000 sol·licituds d'autoritzacions de VTC.

El conseller ha explicat que aquesta regulació s'està elaborant i que l'Executiu té en marxa el procediment de cara a l'aprovació dels reglaments. “El Govern no ha deixat de treballar en aquesta matèria i manté el compromís d'arribar a una nova regulació des d'una voluntat de consens i de diàleg amb el propi sector i amb la resta d'administracions implicades, com consells i ajuntaments”, ha afirmat.

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha criticat que hagi passat un any sense redactar-se els reglaments i ha reclamat “una bona regulació”. Per part d'Unidas Podemos, la diputada Cristina Gómez ha demanat “certeses i garanties” davant de les incerteses que trasllada el sector.

La diputada del PP Margalida Pocoví ha defensat la reglamentació per garantir la seguretat jurídica i millorar la competitivitat del sector del taxi, davant dels procediments judicials que qüestionen les limitacions a les empreses si no estan justificades.

Per part de MÉS per Mallorca, el diputat Ferran Rosa ha recordat que fa un any ja va advertir que 12 mesos no eren suficients. “Sorpresa, un any després, no hi ha decret”, ha assenyalat. L'ecosobiranista ha alertat de la “debilitat jurídica” de la situació. Rosa ha criticat que el text no hagi estat tractat amb cap grup parlamentari. “Arriben aquí pensant que tenen tots els vots i que sempre els donarem un vot de confiança”, ha apuntat.

L'ecosobiranista ha retret al PP que la moratòria és “altament intervencionista” i ha demanat al Govern que “deixi de governar pensant que té majoria absoluta”.

El pleno del Parlament ha convalidado este martes, con amplio consenso, aunque entre críticas, el decreto ley que mantiene el actual periodo de suspensión de autorizaciones ordinarias de licencias de taxi y VTC, vigente desde hace un año en Balears.

La convalidación ha salido adelante por unanimidad, aunque con críticas desde la oposición, e implica la prórroga de la suspensión de estas licencias ordinarias hasta que se aprueben, en un nuevo plazo máximo de un año, los reglamentos de taxi y VTC. El conseller de Vivienda, Movilidad y Territorio, José Luis Mateo, ha apuntado en todo caso que la intención es no agotar el plazo de un año.

El diputado del PSIB Marco Antonio Guerrero ha criticado la falta de planificación del Govern, que ha afectado al sector, y ha lamentado que se haya dejado pasar un año para negociar la prórroga. “Han venido en el momento de descuento para que los rescatemos”, ha señalado el socialista instando a que se redacte el decreto.

Mateo, por su parte, ha recordado que se optó por la suspensión para evitar una avalancha de nuevas licencias de VTC en Balears, teniendo en cuenta que durante el año 2023, ante la posibilidad de cambios legislativos derivada de las sentencias judiciales, se habían presentado más de 10.000 solicitudes de autorizaciones de VTC.

El conseller ha explicado que se está elaborando esta regulación y que el Ejecutivo tiene en marcha el procedimiento de cara a la aprobación de los reglamentos. “El Govern no ha dejado de trabajar en esta materia y mantiene el compromiso de llegar a una nueva regulación desde una voluntad de consenso y de diálogo con el propio sector y con el resto de administraciones implicadas, como consells y ayuntamientos”, ha afirmado.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha criticado que haya pasado un año sin redactarse los reglamentos y ha reclamado “una buena regulación”. Por parte de Unidas Podemos, la diputada Cristina Gómez ha pedido “certezas y garantías” ante las incertidumbres que traslada el sector.

La diputada del PP Margalida Pocoví ha defendido la reglamentación para garantizar la seguridad jurídica y mejorar la competitividad del sector del taxi, ante los procedimientos judiciales que están cuestionando las limitaciones a las empresas si no están justificadas.

Por parte de MÉS per Mallorca, el diputado Ferran Rosa ha recordado que hace un año ya advirtió que 12 meses no eran suficientes. “Sorpresa, un año después, no hay decreto”, ha señalado. El ecosoberanista ha alertado de la “debilidad jurídica” de la situación. Rosa ha criticado que el texto no haya sido tratado con ningún grupo parlamentario. “Llegan aquí pensando que tienen todos los votos y que siempre les vamos a dar un voto de confianza”, ha apuntado.

El ecosoberanista ha reprochado al PP que la moratoria es “altamente intervencionista” y ha pedido al Govern que “deje de gobernar pensando que tiene mayoría absoluta”.

La Direcció General de Mobilitat del Govern ha iniciat el procés per a l'adjudicació de 75 noves autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor (VTC) de caràcter temporal durant les temporades d'estiu de 2025 i 2026 a Mallorca.

Segons ha informat la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat en un comunicat, aquesta decisió, que permetrà regular les autoritzacions esmentades, ha estat informada de manera favorable aquest divendres pel Consell Balear de Transports.

Un cop publicada la resolució, es començaran a rebre les sol·licituds, que es resoldran d'acord amb els criteris d'adjudicació. Es concediran 75 llicències temporals, el mateix número que aquest any, perquè puguin iniciar a prestar els seus serveis a partir de l'1 de maig del 2025.

Les autoritzacions estaran vigents durant les dues properes temporades estivals -des de la data esmentada fins al 31 d'octubre-, però, si un cop iniciat el servei aquest no es presta durant 15 dies seguits, es revocarà i es lliurarà al següent de la llista.

Modificació del decret que regula els VTC

D'altra banda, el Consell de Govern ha aprovat aquest divendres una modificació del decret del 2019 que regula la concessió de les autoritzacions temporals de VTC a Mallorca.

Aquests canvis, que van rebre el vistiplau del Consell Balear de Transports el setembre passat, se centren en la introducció de més criteris de puntuació, especialment relacionats amb la sostenibilitat mediambiental.

També recull la limitació de les sol·licituds de les autoritzacions a una mateixa empresa o a un particular. Així, aquells que tinguin tres o més autoritzacions ordinàries només podran tenir-ne d'altres de caràcter temporal.

A més, a partir del gener vinent, un de cada 10 nous vehicles que incorporin els titulars d'una desena o més d'autoritzacions -tant ordinàries com temporals- hauran de ser adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Finalment, s'hi incorpora una disposició per la qual les autoritzacions temporals de VTC podran ser de fins a quatre anys i que seran intransferibles.