La nueva regulación del transporte urbano en Aragón ha abierto otro frente judicial entre las administraciones y las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC). La patronal UNAUTO ha anunciado este miércoles que recurrirá ante los tribunales la Orden VFL/1445/2026 del Gobierno de Aragón y solicitará su suspensión cautelar inmediata por considerar desproporcionadas las medidas que contempla, entre ellas el precinto de vehículos durante un plazo máximo de un año por operar sin autorización municipal. El conflicto tiene uno de sus principales escenarios en Zaragoza, donde la asociación denuncia que el Ayuntamiento mantiene bloqueada la concesión de 59 nuevas licencias mientras exige disponer de ellas para prestar el servicio.

La orden autonómica, publicada en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 9 de octubre y en vigor desde el día 10, endurece las medidas de control sobre la prestación de servicios urbanos de transporte en vehículos de turismo. Según denuncia UNAUTO, la regulación permite inmovilizar y precintar vehículos, imponer sanciones económicas y retirar o revocar autorizaciones en determinados supuestos de reincidencia.

“Estamos ante unas medidas absolutamente desproporcionadas, de efectos prácticamente confiscatorios, que ponen en riesgo la continuidad de las empresas y miles de puestos de trabajo”, sostiene el presidente de UNAUTO VTC, José Manuel Berzal, quien considera “inadmisible que las administraciones amenacen con precintar vehículos mientras mantienen bloqueado el acceso a las licencias que exigen para operar”.

La patronal sostiene que esta situación genera una contradicción entre las obligaciones impuestas a los operadores y las posibilidades reales de cumplirlas. Por ello, además de solicitar la suspensión cautelar de la orden, anuncia que estudiará las responsabilidades legales que pudieran derivarse de su aplicación, incluidas las personales.

La asociación señala directamente al Ayuntamiento de Zaragoza, donde asegura que únicamente existen 59 autorizaciones urbanas VTC, una cifra que, según sus cálculos, reproduce prácticamente la proporción de una VTC por cada 30 taxis.

Esta limitación está en el origen de una controversia jurídica que alcanzó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En una sentencia dictada el 8 de junio de 2023 sobre la regulación del Área Metropolitana de Barcelona, el tribunal consideró contraria a la libertad de establecimiento una restricción cuantitativa de estas características cuando no está suficientemente justificada por objetivos legítimos y criterios de proporcionalidad.

La resolución europea, sin embargo, no eliminó la posibilidad de exigir autorizaciones adicionales para prestar servicios urbanos. Admitió que las administraciones pueden establecerlas cuando respondan a necesidades específicas de gestión del transporte, del tráfico, del espacio público o del medioambiente, siempre que sus condiciones sean objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas.

UNAUTO acusa al Ayuntamiento de Zaragoza de continuar aplicando de facto la proporción 1:30 pese a conocer esta jurisprudencia. También cuestiona el procedimiento mediante el que se concedieron las 59 autorizaciones existentes, que, según sostiene, fueron otorgadas sin convocatoria pública ni suficiente transparencia.

La patronal reclama que se publiquen los expedientes administrativos y los criterios utilizados para seleccionar a sus beneficiarios. Asimismo, denuncia que empresas que ya operaban en Zaragoza quedaron fuera del reparto y que sus solicitudes posteriores fueron desestimadas mediante silencio administrativo, sin recibir una explicación expresa.

El Ayuntamiento reconoció que no concedía nuevas autorizaciones

La controversia sobre las licencias ya había llegado al debate municipal meses antes de aprobarse la nueva orden autonómica.

En febrero de 2026, el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, explicó en una comisión del Ayuntamiento de Zaragoza que no estaba prevista la concesión de nuevas autorizaciones VTC hasta disponer de una regulación autonómica que permitiera establecer las condiciones aplicables.

La cuestión había sido planteada por Vox, que solicitó explicaciones sobre las 59 licencias existentes, el procedimiento seguido para su concesión y la posible aplicación del límite de una VTC por cada 30 taxis.

El responsable municipal defendió entonces que las autorizaciones se habían concedido conforme a la normativa vigente y vinculó la tramitación de nuevas solicitudes al desarrollo de criterios relacionados con la protección medioambiental, la gestión del transporte y la circulación urbana.

La entrada en vigor de la nueva orden del Gobierno de Aragón introduce ahora un elemento adicional en este debate, al aprobarse la regulación autonómica a la que el Ayuntamiento había hecho referencia para justificar la ausencia de nuevas concesiones.

Un conflicto de intereses con el sector del taxi

El endurecimiento de las medidas de control también responde a un escenario de enfrentamiento entre las VTC y el sector del taxi, que lleva meses reclamando una actuación más contundente contra los vehículos que, a su juicio, prestan servicios urbanos sin disponer de las autorizaciones exigidas.

Las organizaciones del taxi han defendido la necesidad de reforzar las inspecciones y garantizar que las empresas de VTC cumplan las mismas exigencias administrativas que les correspondan para desarrollar su actividad. Desde este sector se ha denunciado la existencia de centenares de vehículos que consideran irregulares en Zaragoza.

La nueva orden autonómica se sitúa así en medio de dos reivindicaciones contrapuestas. Mientras los taxistas reclaman que se impida operar a quienes carecen de autorización, las empresas de VTC sostienen que las administraciones no pueden endurecer las consecuencias de incumplir un requisito cuando, según denuncian, mantienen restringido el procedimiento para obtenerlo.

“No se puede impedir a una empresa obtener una licencia y después precintar sus vehículos por no tenerla. Vamos a acudir a los tribunales para defender los derechos de nuestros asociados y exigir responsabilidades por las consecuencias de estas decisiones”, advierte Berzal.

UNAUTO reclama al Gobierno de Aragón la revisión inmediata de la orden y al Ayuntamiento de Zaragoza que ponga fin a las restricciones que considera injustificadas. La asociación confía en que los tribunales suspendan cautelarmente las nuevas medidas por entender que vulneran los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y libertad de establecimiento.

Consumidores y empresarios alertan de más esperas tras las colas del Pilar

A las críticas de las empresas VTC se han sumado organizaciones de consumidores y representantes de sectores económicos y sociales integrados en la plataforma #LaCiudadQueNosMueve, que consideran que las nuevas restricciones agravarán los problemas de movilidad de Zaragoza. La alianza señala como ejemplo las largas colas registradas durante las Fiestas del Pilar, especialmente por la noche y a la salida de los grandes acontecimientos, cuando numerosos ciudadanos tuvieron dificultades para encontrar transporte de regreso a sus domicilios.

La plataforma, de la que forman parte la Unión de Consumidores de Aragón, organizaciones vinculadas al ocio, la restauración y el turismo, así como empresas de movilidad como Bolt, sostiene que la demanda de servicios de transporte bajo demanda ha aumentado un 600% en Aragón. A su juicio, limitar la actividad de las VTC reducirá las alternativas disponibles y perjudicará especialmente a quienes se desplazan de noche, residen en barrios peor comunicados o asisten a eventos multitudinarios.

“Lo que hemos visto estos días en el Pilar no es una anécdota, es un síntoma. Cuando miles de personas tienen que esperar en la calle para volver a casa, el problema es que la oferta no está a la altura de la demanda”, afirma José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón.

Oliván defiende la convivencia de todos los medios de transporte y advierte de que la solución no pasa por restringir la actividad de uno de ellos. “El taxi es una pieza esencial y el transporte público la columna vertebral de la ciudad, pero Zaragoza necesita que todas las soluciones convivan y se complementen”, sostiene.

La alianza reprocha además al Gobierno de Aragón que haya aprobado la orden sin escuchar previamente a los usuarios, pese a que, según asegura, las organizaciones de consumidores habían solicitado reuniones con los responsables autonómicos de movilidad. Por ello, reclama a las administraciones que cumplan su compromiso de equilibrar la oferta y la demanda y elaboren planes específicos de refuerzo del transporte para acontecimientos multitudinarios como las Fiestas del Pilar, coordinando los servicios públicos, el taxi y las VTC.

La Federación Vasca del Taxi se ha movilizado este miércoles en Donostia ante la situación que atraviesa el sector y la “falta de soluciones” que ven por parte de las administraciones frente a la actividad de las plataformas como Uber, llegadas recientemente a la ciudad. Alrededor de unos 500 manifestantes, entre personas y vehículos, han marchado en dos columnas y han colapsado por momentos el tráfico en la ciudad.

La manifestación ha contado con la participación de profesionales del taxi procedentes de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, quienes ha partido desde Bidebieta o desde la plaza Europa (Universidades). A partir de ambos puntos, los profesionales se han desplazado a pie o en sus vehículos hasta el centro de la capital, colapsando la ciudad y llenándola de ruido con bocinas. La movilización, tras unirse en el puente del Kursaal, ha finalizado a mediodía en el Boulevard y Alderdi Eder.

Además, de los problemas de tráficos generados, se han producido momentos de tensión, aunque sin incidentes reseñables. Algunos profesionales del taxi han saltado la valla y han entrado en las escaleras de acceso al Ayuntamiento por Alderdi Eder con la pancarta, haciendo que fuesen desalojados por la Guardia Municipal.

El portavoz de la Federación Vasca del Taxi, Iñaki Pardo, ha explicado que esta convocatoria en Donostia es la tercera del sector, tras las dos celebradas en Bilbao, y no descartan llevar a cabo otra más en Vitoria, donde no hay plataformas de este tipo por el momento. Así, ha asegurado que seguirán adelante con las manifestaciones para pedir que “se cumpla la ley” y que las VTC, como se conoce a esas licecias, “hagan servicios interurbanos, que se controle que están haciendo porque estamos viendo que la mayoría de los servicios que hacen son urbanos”.

Pardo ha detallado que la Federación pide a las diputaciones, al Gobierno vasco y a los ayuntamientos que “se preocupen un poco por el sector que tiene el público del taxi y que empiecen a hacer cumplir la normativa vigente”. No conforme, Pardo ha asegurado que las instituciones “cada vez están dando más autorizaciones” y ha detallado que en Gipuzkoa “hace poco una empresa ha pedido 299 autorizaciones y se las han denegado porque no cumplían los requisitos”. Sin embargo, el portavoz ha asegurado que siguen pidiendo las autorizaciones de las cuales “algunas cuelan”, haciendo que lleguen entre unas 200 o hasta 400 autorizaciones, cuando “no hay sitio en las ciudades para meter toda esta gente”. Adicionalmente, Pardo ha denunciado que los Uber “paran en las paradas de taxi, van por los carriles bus” y denotan comportamientos “violentos” de los conductores. Ha afirmado que “les insultan y les hacen gestos provocándoles”. “Puede llegar un momento en el que alguno reviente y tengamos problemas”, ha augurado.

La llegada de Uber y Cabify a Gran Canaria da un paso adelante después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el límite que restringía la concesión de nuevas autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) en la isla. La sentencia desestima el recurso presentado por el Cabildo de Gran Canaria y la Federación Regional de Taxis de Canarias (FEDETAX), que pretendían impedir la entrada de 200 nuevas VTC.

El alto tribunal considera que la condición de Canarias como región ultraperiférica (RUP), sus particularidades territoriales y los objetivos de su legislación de transportes no justifican la ratio de una VTC por cada 30 licencias de taxi. Según la sentencia, esta limitación restringe la libertad de establecimiento reconocida por el derecho de la Unión Europea y no ha quedado acreditado que resulte necesaria y proporcionada para proteger el medio ambiente o garantizar una adecuada gestión del transporte, el tráfico y el espacio público.

Canarias no acredita la necesidad de la limitación

La cuestión planteada ante el alto tribunal era determinar si la condición ultraperiférica de Canarias, sus particularidades territoriales y los objetivos de su legislación de transportes podían justificar la limitación cuantitativa prevista en el artículo 79 quinquies.2 de la Ley 13/2007, introducida por la Ley 9/2014.

La norma impide conceder nuevas autorizaciones VTC cuando se supera en la isla correspondiente la citada ratio de 1 VTC por cada 30 taxis.

En su sentencia, el Supremo concluye que la condición ultraperiférica del archipiélago, sus características territoriales y los objetivos perseguidos por la legislación canaria no acreditan que la medida sea adecuada para garantizar, de forma congruente y sistemática, una buena gestión del transporte, el tráfico y el espacio público, ni para proteger el medio ambiente.

Tampoco considera demostrado que la restricción no vaya más allá de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

Por ello, el tribunal concluye que la limitación de las autorizaciones VTC no está justificada y que constituye una restricción a la libertad de establecimiento protegida por el artículo 49 TFUE.

El Cabildo alegó las particularidades de Canarias

Durante el procedimiento, el Cabildo de Gran Canaria defendió que la ratio de 1 VTC por cada 30 taxis estaba directamente relacionada con las condiciones específicas del Archipiélago. Entre ellas citó la lejanía, la insularidad, la reducida superficie disponible, el relieve, las condiciones climáticas y la dependencia económica de un número limitado de productos, circunstancias contempladas en el artículo 349 del TFUE.

La institución insular sostuvo además que la medida respondía a razones de cohesión social, protección del territorio y ordenación del transporte, y no a motivos meramente económicos.

En particular, vinculó la proporción establecida por la legislación canaria con los condicionantes medioambientales y con la capacidad de carga de las islas, así como con la necesidad de gestionar el transporte, el tráfico y el espacio público.

El Supremo considera, no obstante, que estos argumentos no demuestran de manera suficiente la necesidad y proporcionalidad de una restricción tan concreta como la establecida por la normativa canaria.

La referencia del Tribunal de Justicia de la UE

La mercantil Senza 2020 S.L., que se opuso al recurso de casación, cuestionó también que la ratio canaria pudiera ampararse en las particularidades de Canarias como región ultraperiférica o considerarse una ayuda de Estado compatible con el mercado interior.

La empresa invocó la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 8 de junio de 2023, en el asunto C-50/21, que analizó las restricciones aplicables a las autorizaciones VTC.

En aquella resolución, el TJUE determinó que el artículo 107.1 TFUE no se oponía a determinadas medidas de autorización y limitación numérica de las VTC siempre que estas no implicasen un compromiso de fondos estatales.

A partir de ese pronunciamiento, Senza 2020 S.L. sostuvo que la ratio establecida en Canarias no podía considerarse una ayuda de Estado, al no implicar recursos públicos, y que, por tanto, tampoco podía encontrar justificación en el régimen de ayudas previsto en el artículo 107.3 TFUE.

La empresa defendió finalmente que las particularidades de Canarias no bastan por sí solas para restringir el acceso a la actividad de transporte VTC y que la limitación de una autorización por cada 30 taxis vulnera el artículo 49 TFUE al no superar las exigencias de justificación, necesidad y proporcionalidad.

Con su decisión, el Tribunal Supremo descarta que las singularidades de Canarias, por sí mismas, permitan mantener esta limitación cuantitativa de las autorizaciones VTC.

El Gobierno de Aragón y el sector del taxi de Zaragoza crearán una mesa de trabajo para revisar la regulación de las autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) interurbanas y preparar una nueva resolución interpretativa que aporte mayor claridad y seguridad jurídica a la aplicación de la normativa. El objetivo es mejorar la convivencia entre el taxi y las VTC y reforzar la capacidad de los agentes para actuar ante posibles incumplimientos.

Así lo ha anunciado este jueves, 27 de agosto, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón Octavio López, tras reunirse con representantes de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza. En el encuentro también han participado la consejera de Movilidad de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, y el presidente de la asociación provincial del taxi, Miguel Izaguerri.

López ha explicado que el Ejecutivo autonómico dictó en marzo de 2025 una resolución para regular la movilidad entre los distintos sectores del transporte y que transcurridos 18 meses, el encuentro ha servido para analizar cómo se ha desarrollado y aplicado esa norma. A partir de esta evaluación, ha avanzado que la comisión de trabajo se constituirá “de manera inminente” y permitirá preparar durante septiembre una nueva resolución.

El consejero ha señalado que la previsión es que esta nueva orden, “más aclaratoria” y “más eficiente en la gestión”, pueda publicarse en el Boletín Oficial de Aragón antes de que termine septiembre. La intención, ha añadido, es establecer con mayor precisión las reglas de convivencia entre el taxi y las VTC en Zaragoza, de manera que se respeten los derechos de ambos colectivos y se pueda actuar de forma contundente cuando se produzcan infracciones.

“Unas reglas del juego claras”

López ha insistido en que la cuestión no pasa por perseguir a las VTC por el hecho de serlo, sino por garantizar que cualquier operador cumpla las obligaciones establecidas. Ha indicado que las nuevas disposiciones deberán precisar las consecuencias de determinados incumplimientos y proporcionar a los agentes que intervienen en el control herramientas jurídicas suficientemente claras para imponer sanciones o adoptar, cuando corresponda, medidas como la inmovilización de vehículos.

El responsable autonómico ha subrayado que el sistema jurídico español es garantista y que quien recibe una sanción tiene derecho a defenderse, pero ha defendido igualmente que los agentes deben disponer de un marco normativo sólido para que sus actuaciones tengan seguridad jurídica. “Hay que darle carta de naturaleza a algunas normas para que se sepa cuáles son las sanciones que llevan acarreadas comportamientos que no están dentro del marco de la legalidad”, ha manifestado.

El presidente de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza, Miguel Izagueri, ha agradecido la disposición del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza para continuar trabajando con el sector, pero ha advertido de que el taxi no da “un cheque en blanco” al Ejecutivo. “Hay que seguir trabajando en este tema”, ha recalcado, después de precisar que en la reunión no se ha firmado ningún acuerdo, sino que se ha acordado mantener una mesa de trabajo.

Izaguerri ha defendido que la reivindicación del taxi no consiste en perseguir a las empresas o conductores de VTC por pertenecer a este sector, sino en exigir que se cumpla la legislación. “Nosotros no pedimos perseguir a las VTC por ser VTC, lo que perseguimos es que se cumpla la ley, nada más”, ha señalado. A su juicio, el taxi cumple diariamente sus obligaciones y las plataformas que realizan transporte de viajeros en la ciudad deben hacer lo mismo.

El representante del sector ha considerado que la regulación aprobada en 2025 “se nos ha quedado un poco coja” porque su aplicación durante estos meses no ha funcionado como se esperaba. Por ello, ha reclamado que la futura resolución permita a los agentes disponer de “más armas” para actuar con seguridad jurídica.

Por su parte, la consejera de Movilidad y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha calificado el encuentro como un ejemplo de “trabajo y lealtad institucional” entre las dos administraciones y de escucha a un sector que considera fundamental para la dinamización económica de la ciudad. Ha señalado que el Ayuntamiento mantiene abierta la colaboración con el taxi para abordar sus distintas reivindicaciones.

Las demandas del taxi

Gaudes ha explicado que los asuntos relacionados con la movilidad y el taxi se están tratando a través de una mesa de trabajo municipal en la que se abordan cuestiones diversas, entre ellas el taxi adaptado y las afecciones derivadas de las obras que se están ejecutando en Zaragoza. La consejera ha defendido que este mecanismo permite estudiar las demandas del sector “una a una” y buscar soluciones para cada una de ellas.

La responsable municipal ha situado parte del origen de las dificultades actuales en el marco normativo estatal y europeo que afecta al transporte con conductor. En concreto, ha aludido a la denominada 'ley Ábalos', que, según ha señalado, fue tumbada por contravenir el derecho europeo, una situación que, a su juicio, ha dejado en ocasiones a ayuntamientos y comunidades autónomas “huérfanas” a la hora de afrontar determinados problemas de movilidad.

En este contexto, el Gobierno de Aragón considera necesario dotar a la Comunidad de una legislación propia que permita ordenar de manera más completa los diferentes escenarios del transporte. López ha anunciado que el Ejecutivo autonómico pretende iniciar durante esta legislatura la tramitación de una nueva ley de transporte de Aragón.

López ha defendido que esta futura legislación permitirá ofrecer un marco normativo más claro ante situaciones que actualmente generan dificultades de interpretación y conflictos entre operadores. La intención es que durante la presente legislatura Aragón pueda disponer de una nueva ley que regule estos escenarios y contribuya a mejorar la movilidad de los ciudadanos.

La futura norma abordará, según ha detallado, cuestiones relacionadas con la movilidad sostenible y con el conjunto del transporte en la comunidad, más allá de la problemática concreta de las VTC. El consejero ha vinculado su impulso a la necesidad de aportar seguridad jurídica a las administraciones, a los agentes que aplican las normas y a los propios colectivos profesionales.

Más seguridad jurídica

Gaudes ha reiterado que el Ayuntamiento seguirá acompañando al sector del taxi y ha destacado la importancia de la coordinación entre las dos administraciones. A su juicio, la reunión celebrada con el Gobierno de Aragón demuestra que existe voluntad de diálogo y de buscar soluciones mediante la colaboración institucional.

El encuentro deja así dos vías de trabajo diferenciadas. Por un lado, la comisión que Gobierno de Aragón y taxistas constituirán de forma inmediata permitirá revisar la regulación de las VTC y preparar la nueva resolución que se pretende aprobar antes de finalizar septiembre. Por otro, el Ejecutivo autonómico iniciará en septiembre la tramitación de una nueva ley de transporte que aspira a establecer un marco general para Aragón.

De esta forma, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y sector del taxi afrontan los próximos meses con una agenda centrada en mejorar la regulación de las VTC, reforzar los mecanismos de control y avanzar hacia una legislación autonómica de transporte. El objetivo común es aportar mayor seguridad jurídica y ordenar la convivencia entre los diferentes servicios de transporte de viajeros que operan en la capital aragonesa.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado las sanciones impuestas a Cabify y otras tres empresas vinculadas a su red de conductores por valor de 547.520 euros. Las multas, por una infracción muy grave relacionada con la cesión ilegal de trabajadores, han quedado sin efecto porque el tribunal considera que las actuaciones de la Inspección de Trabajo de la Generalitat superaron el plazo máximo legal.

La resolución, avanzada por El Periódico, deja sin efecto seis actos de sanción. Fuentes del Departament de Empresa y Trabajo han confirmado la recepción de la resolución y aseguran que están analizándola para evaluar los pasos a seguir. El argumento de las compañías es que la administración catalana tardó 17 días más de lo permitido por la ley en remitirles las actas infractoras y el del expediente sancionador.

Los hechos inspeccionados se remontan a 2020, cuando la Inspección de Trabajo empezó a investigar cómo funcionaba el sistema de conductores de Caibify y descubrieron que había una red de empresas que posibilitaban el servicio, pero dependientes todas de mismo algoritmo. Los clientes venían de Cabify, pero las flotas de conductores operaban bajo otras firmas.

La autoridad laboral les acusó de cesión ilegal de trabajadores, lo que calificó como una falta muy grave. Ahora bien, según dicta la ley, estas actuaciones comprobatorias no pueden alargarse más de nueve meses.

Después de que el pasado febrero Uber desembarcara en Donostia con licencias de VTC concedidas por la Diputación de Bizkaia habilitadas para operar en toda Euskadi -en Bilbao se instauró en 2019- y del primer aniversario de Cabify en la capital vizcaína, que se cumple este julio, este miércoles se estrena Bolt en la villa, con un servicio de vehículos con conductor eléctricos. La compañía ha explicado en un comunicado que su llegada pretende “reforzar el tejido empresarial local a través de una colaboración basada en innovación y digitalización”.

Al igual que ocurre con Uber o Cabify, Bolt ni el resto de plataformas que se instauren en Euskadi, podrán hacer teóricamente trayectos urbanos, debido a que sus licencias se conceden exclusivamente para que realicen recorridos interurbanos, de un municipio a otro. No obstante, esta es una cuestión que no se cumple debido a que si hay disponibilidad de coches se puede realizar la petición para ir de una zona de Bilbao a otra a través de las plataformas. Eso sí, el precio varía según el horario y la demanda que haya.

En lo que va de año la Diputación Foral de Bizkaia ha impuesto 56.000 euros en sanciones a VTC tras la detección de estos servicios urbanos realizados por vehículos. También ha habido inspecciones por parte del Ayuntamiento de Bilbao. El año pasado el consistorio bilbaíno realizó tres campañas de inspección a taxis y VTC que se saldaron con 21 denuncias por irregularidades a VTC y solo una a un taxista.

A pesar de que desde la plataforma de movilidad defienden la “necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio que facilite la convivencia entre los distintos operadores de movilidad”, desde el sector del taxi subrayan que “todas las empresas deben ajustarse a la ley vigente”. Según confirman desde la sección del taxi de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), las denuncias registradas por las instituciones “muestran solo la punta del iceberg de las irregularidades”, y por eso piden que los controles sean diarios, con el fin de que se pongan todos los medios para regular un sector que “está generando un importante deterioro del servicio”, alertan los taxistas que a inicios de año convocaron varias movilizaciones con el objetivo de frenar “los abusos” de las plataformas.

Els taxistes autònoms de la Comunitat Valenciana han declarat la guerra al Govern valencià que presideix Juan Francisco Pérez Llorca arran de l'aprovació del nou decret llei que estableix un nou marc regulador per a garantir la convivència entre el sector del taxi i els vehicles de transport amb conductor (VTC), que operen a través de plataformes com Uber o Cabify.

La Confederació que agrupa el col·lectiu va difondre este dilluns un dur comunicat en què adverteix que la nova normativa “permetrà que els VTC facen de taxis a la Comunitat Valenciana sense cap control”. Una equiparació que consideren injusta tenint en compte que els taxis tenen la consideració de servei públic, motiu pel qual, entre altres coses, tenen unes tarifes regulades per l'Administració i poden recollir clients a demanda a la via pública quan se'ls fa senyal, mentre que els VTC estan concebuts per a un ús discrecional, és a dir, amb contractació prèvia.

Des de l'organització van carregar durament contra el conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, a qui van acusar de “trair i mentir” al col·lectiu: “El conseller diu que protegeix el taxi, però el decret protegeix les plataformes i les multinacionals propietàries de la majoria dels VTC. Esperarem uns dies, fins a tindre informes detallats dels nostres advocats, per veure quines opcions té el sector a l'hora de prendre decisions”.

El nou decret aprovat pel Govern valencià paralitza durant dos anys la concessió de noves llicències de taxi —llevat d'excepcions orientades a fomentar el servei per a persones amb mobilitat reduïda— i de VTC. La suspensió estarà vigent fins que es realitze un informe exhaustiu que detalle la situació de la mobilitat i de tots dos sectors.

Multes de fins a 6.000 euros

Com a novetat, s'incorpora un nou règim sancionador específic per garantir el compliment de les condicions de prestació del servei urbà de VTC. Les sancions per infraccions molt greus podran arribar als 6.000 euros i contemplen la immobilització immediata del vehicle.

Entre les conductes sancionables s'inclouen la captació de clients a la via pública sense contractació prèvia per part dels VTC, la circulació a la recerca de viatgers o la prestació de serveis fora de l'àmbit autoritzat.

A més, es dona als ajuntaments la possibilitat d'assumir la competència per incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors derivats de les infraccions previstes en este decret, així com per recaptar les sancions corresponents.

Novetats en el taxi

Entre les principals novetats per al sector del taxi, s'amplia el nombre màxim d'autoritzacions de les quals podrà ser titular una mateixa persona física, que passa a un màxim de tres autoritzacions ordinàries i fins a cinc quan estiguen vinculades a vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, la titularitat de les quals serà permanent i definitiva.

Esta mesura té com a objectiu fomentar la contractació de conductors assalariats i desenvolupar teixit empresarial en el sector i, amb això, millorar la prestació del servei de taxi a les persones usuàries.

Així mateix, es flexibilitza el règim per a la creació de noves autoritzacions de taxi. Tot i que es manté la ràtio general d'una autorització per cada mil habitants, podran concedir-se noves llicències quan existisca una demanda de servei que haja de ser atesa o quan siga necessari incrementar el nombre de vehicles adaptats.

El decret també elimina l'exigència de dedicació plena i exclusiva al sector del taxi, tot i que manté la incompatibilitat entre l'activitat de taxista i la titularitat o la conducció assalariada en serveis VTC.

En matèria de transmissió d'autoritzacions, es regula la possibilitat que les persones hereves puguen mantindre i transmetre la llicència sempre que complisquen els requisits establerts en la normativa. A més, es preveu expressament la situació dels hereus menors d'edat mitjançant la designació d'una persona representant fins que puguen obtenir la capacitació necessària.

La norma també permet iniciar el procediment d'extinció de les àrees de prestació conjunta d'ambdós sectors a sol·licitud d'algun dels municipis integrants, reforçant així l'autonomia municipal en esta matèria. A més, es manté que els municipis de més de 200.000 habitants o amb més de 200 taxis puguen decidir no integrar-se en una àrea de prestació conjunta.

Noves en les VTC

En relació amb les VTC, el decret habilita provisionalment les autoritzacions estatals domiciliades a la Comunitat Valenciana per a prestar serveis de transport urbà durant un termini màxim de dos anys o fins a l'elaboració de l'estudi tècnic sobre la mobilitat i l'equilibri entre ambdós sectors.

La regulació elimina la limitació que restringia l'activitat de les VTC exclusivament als serveis interurbans i modifica les condicions de contractació del servei per facilitar-ne la disponibilitat als usuaris, eliminant l'obligació dels 15 minuts d'espera per a contractar-lo.

Los taxistas autónomos de la Comunitat Valenciana han declarado la guerra al Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca a cuenta de la aprobación del nuevo decreto ley que establece un nuevo marco regulador para garantizar la convivencia entre el sector del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC), que gestionan plataformas como Uber o Cabify.

La Confederación que agrupa al colectivo lanzó este lunes un duro comunicado en el que advierten de que la nueva normativa “permitirá que los VTC hagan de taxis en la Comunitat Valenciana sin ningún control”. Una equiparación que consideran injusta teniendo en cuenta que los taxis tienen la consideración de servicio público, motivo por el cual, entre otras cosas, tienen unas tarifas reguladas por la administración y pueden coger clientes a demanda en la vía pública cuando se les lanza el alto y los VTC están concebidos para un uso discrecional, es decir, con previa contratación.

Desde la organización cargaron duramente contra el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, al que acusaron de “traicionar y mentir” al colectivo: “El conseller dice que protege al Taxi, pero el Decreto protege a las plataformas y a las multinacionales dueñas de la mayoría de los VTC. Esperaremos unos días, a tener informes detallados de nuestros abogados para ver las opciones que tiene el sector para tomar decisiones”.

El nuevo decreto aprobado por el Gobierno valenciano paraliza durante dos años la concesión de nuevas licencias de taxis (salvo excepciones enfocadas al fomento del servicio para personas con movilidad reducida), y de VTC. La suspensión estará en vigor hasta que se realice el informe exhaustivo que detalle la situación de la movilidad y de ambos sectores.

Según el texto legal, “la situación es extraordinaria, por cuanto el número de autorizaciones actuales de arrendamiento de vehículos con conductor es de 2.004, y el número de solicitudes presentadas en los servicios territoriales ascienden a más de 4.000”. Con esta progresión, “las autorizaciones podrían alcanzar ante la falta de ordenación, -que debe apoyarse en un estudio técnico en el que se analice la situación actual sobre los niveles de cobertura de las necesidades de movilidad en servicios de transporte público de viajeros en vehículos de turismo, con el fin de poder determinar la dimensión óptima del servicio, su calidad y la dimensión adecuada de la flota, para identificar un coeficiente de equilibrio entre la oferta y la demanda de servicios que haga viable la sostenibilidad del sistema de acuerdo con los criterios objetivos aplicables-, las 6.000”.

El decreto tampoco ha gustado al sector de las VTC. Ricardo González, presidente de la patronal Movva, ha comentado que “no resuelve el problema de fondo, sino que lo aplaza dos años de modo que se mantiene la incertidumbre y la inseguridad jurídica”. En este sentido, han cuestionado la prohibición de estacionar sus vehículos en superficie en zonas de alta afluencia y mientras que no dispongan de servicio precontratado, y que al mismo tiempo se les pueda sancionar por circular en vacío por supuesta captación de usuarios: “Si una vez finalizado el servicio tenemos que irnos a un aparcamiento subterráneo a esperar que entre el siguiente y por el camino un agente nos sanciona por supuesta captación, tendría que demostrarla con pruebas. Además de que se trata de que va en contra de las políticas de sostenibilidad tener a los coches dando vueltas buscando un aparcamiento por no poder estaciones en superficie, donde finalice el servicio”.

Por otra parte, el decreto anula la precontratación de este servicio con al menos 15 minutos de antelación, cuestión esta última que para los taxistas implicará la equiparación de ambos servicios. Según Fernando del Molino, presidente de la Confederación, “la Justicia ha anulado algunas precontrataciones por considerarse abusivas y no estar suficientemente justificadas, como la de 1 hora del Ayuntamiento de València, la de 45 minutos en Baleares o la de 30 minutos de Euskadi; pero justamente de las de 15 minutos aplicadas en Cataluña o en la Comunitat Valenciana no hay sentencias en contra, por lo que no se entiende que la elimine la Generalitat por la vía del decretazo”.

Preguntado al respecto, el conseller Martínez Mus ha comentado que ya advirtieron que buscar una solución que siempre buscaba “la prioridad de los ciudadanos” iba a no poner conformes a ninguno de los sectores implicados, ni a los taxis ni a los VTC: “Quiero recordar que gran parte de lo que se plasma en el decreto eran peticiones de los dos sectores. Entendemos que cualquier cambio puede ser conflictivo, lo entiendo, pero les emplazo a que dentro de unos meses comprueben hasta qué punto les ha podido afectar. Estoy convencido de la que la idea era proteger el taxi como servicio público y mejorar el servicio a los ciudadanos y creo que lo hemos conseguido”.

Multas de hasta 6.000 euros

Como novedad, se incorpora un nuevo régimen sancionador específico para garantizar el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio urbano de VTC. Las sanciones por infracciones muy graves podrán alcanzar los 6.000 euros y contemplan la inmovilización inmediata del vehículo.

Entre las conductas sancionables se incluyen la captación de clientes en vía pública sin contratación previa por parte de las VTC o la circulación en busca de viajeros o la prestación de servicios fuera del ámbito autorizado.

Además, se da la posibilidad a los ayuntamientos de asumir la competencia para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por alguna de las infracciones previstas en el presente decreto y la recaudación de estas.

Novedades en el taxi

Entre las principales novedades para el sector del taxi, se amplía el número máximo de autorizaciones de las que podrá ser titular una misma persona física, pasando a un máximo de tres autorizaciones ordinarias y hasta cinco cuando estén vinculadas a vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, cuya adscripción será permanente y definitiva.

Esta medida tiene como objeto fomentar la contratación de conductores asalariados y desarrollar tejido empresarial en el sector y, con ello, mejorar la prestación del servicio de taxi a las personas usuarias.

Asimismo, se flexibiliza el régimen para la creación de nuevas autorizaciones de taxi. Aunque se mantiene la ratio general de una autorización por cada mil habitantes, podrán concederse nuevas licencias cuando exista una demanda de servicio que deba atenderse o cuando sea necesario incrementar el número de vehículos adaptados.

El decreto también elimina la exigencia de plena y exclusiva dedicación en el sector del taxi, aunque mantiene la incompatibilidad entre la actividad de taxista y la titularidad o conducción asalariada en servicios VTC.

En materia de transmisión de autorizaciones, se regula la posibilidad de que las personas herederas puedan mantener y transmitir la licencia siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa. Además, se contempla expresamente la situación de herederos menores de edad mediante la designación de una persona representante hasta que puedan obtener la capacitación necesaria.

La norma también permite iniciar la extinción de áreas de prestación conjunta de ambos sectores a solicitud de alguno de los municipios integrantes, reforzando así la autonomía municipal en esta materia. Además, se mantiene que los municipios de más de 200.000 habitantes o con más de 200 taxis puedan decidir no integrarse en un área de prestación conjunta.

Novedades en las VTC

En relación con las VTC, el decreto habilita provisionalmente a las autorizaciones estatales domiciliadas en la Comunitat Valenciana para realizar transporte urbano durante un plazo máximo de dos años o hasta la elaboración del estudio técnico sobre la movilidad y el equilibrio entre ambos sectores.

La regulación elimina la referencia que limitaba exclusivamente a los servicios interurbanos la actividad de las VTC y modifica las condiciones de contratación del servicio para facilitar la disponibilidad al usuario, eliminando los 15 minutos de espera para contratar.

Ocho personas resultaron heridas este domingo en un accidente de tráfico múltiple ocurrido en la confluencia de la calle Alcalá con Miguel Yuste, en el distrito madrileño de San Blas. En el siniestro se vieron implicados un vehículo VTC, un turismo y un coche patrulla de la Policía Nacional.

El choque se produjo en un cruce regulado por semáforos muy próximo a la estación de Metro de Suanzes. Hasta el lugar del siniestro, ocurrido a las 16.30 horas, se desplazaron efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que rescataron del interior del turismo a la conductora, además de asegurar el resto de vehículos implicados.

Sanitarios de Samur-Protección Civil atendieron a los ocho afectados y los trasladaron a distintos hospitales de la capital. La conductora del turismo fue evacuada al Hospital La Paz con pronóstico potencialmente grave por una posible fractura de cadera.

Por su parte, los dos agentes de la Policía Nacional implicados en el accidente fueron trasladados al Hospital Infanta Leonor con contusiones leves. Asimismo, el conductor del VTC fue evacuado al Hospital Ramón y Cajal con una contusión torácica, traumatismo en un hombro y contusión en una pierna. Los otros cuatro ocupantes del vehículo VTC fueron trasladados al Hospital de La Princesa con contusiones leves.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

La Comunidad de Madrid tiene previsto modificar el Reglamento de VTC, los vehículos de arrendamiento con conductor, clarificar el régimen de precios para las situaciones excepcionales de alta demanda e introducir novedades en la clasificación ambiental de los adaptados para personas con movilidad reducida.

El proyecto normativo, que se anunció hace casi un año y ha pasado hoy por el Consejo de Gobierno, incluye cambios en la regulación de precios en situaciones de alta demanda, delimitando con mayor precisión los supuestos excepcionales que podrán justificar incrementos de precio y reforzando las garantías para los consumidores.

En concreto, estas subidas únicamente podrán aplicarse cuando concurran circunstancias excepcionales declaradas previamente por la autoridad competente como la celebración de grandes eventos extraordinarios, fenómenos meteorológicos adversos, incidencias graves en infraestructuras de transporte o momentos de emergencia que afecten de forma significativa a la movilidad. En estos casos, y siempre que la Administración declare oficialmente una situación de alta demanda, el coste podrá subir hasta el 75 % sobre el precio base, es decir, aquel que aplica el operador en los últimos 10 días. No se podrán incorporar suplementos adicionales no contemplados en la normativa.

Además, si la situación corresponde a una emergencia declarada dentro del PLATERCAM (tales como Filomena o el apagón eléctrico), no se podrá aplicar ninguna subida de precios.

No podrán justificar incrementos de precio las situaciones de alta demanda ordinaria, los picos habituales de actividad o cualquier circunstancia no declarada formalmente como excepcional, medidas que buscan reforzar la seguridad jurídica y la protección de los usuarios, informa Europa Press. El calendario que maneja el Gobierno regional apunta a que este cambio normativo para regular el sector de la VTC entre en vigor el próximo mes de julio.

Nuevos distintivos para evitar fraudes

Según ha detallado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa, en la normativa se implantarán nuevos pictogramas en los vehículos VTC para reforzar la seguridad y facilitar su identificación por parte de los usuarios, según han apuntado fuentes del Gobierno regional. La intención del Ejecutivo es que este nuevo sistema de distintivos evite los fraudes.

Así, estas pegatinas permitirán diferenciar de forma clara si la autorización del vehículo tiene carácter urbano o interurbano con el fin de incrementar la transparencia y ofrecer mayores garantías tanto a los ciudadanos como a los profesionales del sector.

La medida también supone mejoras específicas dirigidas a las personas con movilidad reducida. Entre ellas, se reforzará la identificación visual de los coches adaptados mediante el uso obligatorio de pictogramas de accesibilidad con el objetivo de facilitar su reconocimiento inmediato por parte de los viajeros. Además, se rebajarán los requisitos ambientales para este tipo de vehículos, por lo que se permitirá hacer este servicio a los de etiqueta ambiental C, más contaminantes, para garantizar una oferta suficiente de VTC adaptados.

La voraz competencia existente entre el sector del taxi y el de los vehículos de transporte con conductor (VTC) que dan servicio a plataformas como Uber o Cabify ante un perfil muy similar de potenciales usuarios vive momentos de máxima tensión.

Los representantes de ambas modalidades se han manifestado en los últimos días por considerar que sus derechos se están viendo amenazados por el contrario. Las movilizaciones se enmarcan en la redacción de un nuevo decreto de la Generalitat para regular la movilidad, anunciado por el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus. Las asociaciones del sector del taxi prevén convocar nuevas concentraciones y paros durante todo el mes de marzo. Por su parte, las patronales mayoritarias de las VTC lanzaron una campaña de concienciación, con carteles instalados en los reposacabezas de los vehículos, para alertar a los ciudadanos de los “graves efectos” del futuro decreto y pedir al Consell que recapacite.

En concreto, los taxistas hicieron una huelga de 24 horas este miércoles 25 de febrero con protestas y manifestaciones por toda la Comunitat Valenciana. El sector del taxi, al menos las entidades que apoyaron la movilización y que representan a una mayoría (Confederación de Taxistas Autónomos, Unión Asociaciones Autotaxis, Asociación de Taxistas, USOCV, Ucata, Caracol Valencia y PKT Asian Association) exigen que la Conselleria responsable de transportes “devuelva el equilibrio” al sector respecto a los VTC, un equilibrio que se ha venido cifrando en una licencia de VTC por cada 30 taxis.

Sin embargo, ese ratio hace tiempo que dejó de cumplirse puesto que en la actualidad la Comunitat Valenciana cuenta con 4.700 licencias de taxi y 1.800 de VTC, es decir, un permiso de VTC por cada 2,6 de taxis.

Las entidades reconocieron la buena predisposición de Martínez Mus, para elaborar un decreto que proteja el equilibro entre los taxis y los VTC, pero ante la falta de plazos concretos y ante una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que abre una vía para la liberalización del sector y supone una amenaza para los taxistas, decidieron movilizarse “por el futuro de 7.000 familias”, explicaron.

Este fallo de la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del pasado 21 de noviembre, recurrido por el sector del taxi, viene a avalar que los VTC puedan hacer servicios urbanos, un aspecto que no clarifica la ley 4/2019 que regula el servicio de VTC en la Comunitat Valenciana, y que para los taxistas es una puerta abierta para la liberalización del sector y para el servicio sin límite de los VTC.

El mencionado decreto establece en su artículo 1 que su objeto es “regular el transporte de personas viajeras en vehículos de turismo en régimen de arrendamiento con conductor (VTC) que se realice íntegramente dentro del territorio de la Comunitat Valenciana” sin especificar si se trata de trayectos urbanos o interurbanos, un vacío que la Justicia interpreta que no impide ese tipo de servicios.

Protesta de los VTC

Pero si los taxistas están en pie de guerra al verse amenazados por los VTC, estos últimos no se quedan atrás y también realizaron una protesta masiva este jueves 26 de febrero. Fuentes del sector informaron de que más de 1.000 VTC se manifestaron en València en una marcha lenta organizada por el Sindicato Libre de Transporte (SLT), con el apoyo de MOVVA, Unauto VTC y Feneval - VTC, para rechazar el decreto ley que prepara la Generalitat Valenciana y que según ellos limita la actividad de los VTC en los entornos urbanos.

Según explican, esta medida, de aprobarse, pondría en riesgo “la estabilidad de alrededor de 5.000 empleos en la Comunitat Valenciana y afecta gravemente a la oferta de este servicio, que se reduce en un 40%, perjudicando a los usuarios”. Además, se eliminarían “más de 104 millones de euros en salarios, se perderían más de 56 millones de euros en ingresos fiscales, y más de 42 millones de euros en gastos relacionados con suministros y servicios locales, que repercuten directamente en la economía de la Comunitat Valenciana”.

Al inicio de la concentración, los portavoces del sector de los VTC expresaron su rechazo a la normativa y criticaron la falta de información y diálogo por parte de la Generalitat. El secretario de Organización del sindicato SLT, José María Cazallas, subrayó que “los sindicatos que representamos a los trabajadores de los VTC no hemos recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Generalitat: les hemos pedido una reunión y no nos han contestado y la situación es que ahora no sabemos a qué atenernos para decirnos qué va a pasar”. Cazallas lamentó que se esté hablando de “una norma que afecta al 80% de la actividad de los VTC, que son trayectos dentro de las ciudades, sobre todo Valencia y Alicante, por lo que, si no nos permiten este tipo de servicios, muchos conductores dejarían de trabajar. Estamos hablando de más de 5.000 puestos de trabajo que irían al paro”.

La Generalitat Valenciana llama al diálogo

La Generalitat ha convocado para la próxima semana a los sectores del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC) para “intentar que todas las partes tengan una solución que les complazca” tras sus protestas de los dos últimos días, según avanzó el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus.

Mus afirmó que ambos sectores “tienen toda la legitimidad del mundo” para mostrar sus reivindicaciones, al tiempo que señaló que “hay que ver cómo recibe la sociedad” estas protestas. “No sé si es la mejor manera de ganarse a la población con ese tipo de medidas”, dijo. “Pero, en cierta manera, lo que nos preocupa a la Consellería es encontrar la manera de hacer que esa cohabitación que ya llevan haciendo en los últimos años sea más razonable y que, además, sirva para que los ciudadanos tengan el mejor servicio posible”, comentó.

Es por eso que el conseller anunció que han convocado para la próxima semana a ambos sectores a una mesa para “entre todos para intentar buscar la manera de que todas las partes tengan una solución que les complazca si es posible”. “Y si no lo es, tendremos que tomar las decisiones oportunas”, advirtió.

Un conflicto que se remonta al año 2009

El conflicto entre el sector del taxi y los VTC viene del año 2009, cuando el Ministerio de Fomento, competente en la materia, modificó la normativa y dejó un vacío legal que aprovecharon diversas empresas para solicitar cientos de licencias de vehículos con conductor hasta el año 2015, momento en el que la ley se clarificó y se estableció el ratio legal por el que se considera que para que haya un equilibrio entre ambas modalidades de transporte, debe haber una licencia de VTC por cada 30 taxis.

Sin embargo, en ese periodo se solicitaron miles de licencias en toda España a cambio de una tasa de entre 35 y los 40 euros. Licencias que hoy valen miles de euros. Las administraciones trataron de frenar este boom denegando licencias acogiéndose al ratio, pero las empresas que compraron las licencias de VTC, esgrimiendo ese vacío, recurrieron y hasta ahora los juzgados les han ido dando la razón cuando se trata de permisos denegados en ese periodo de tiempo.

Los taxis que secundan el paro de 24 horas convocado por varias organizaciones de taxistas para este miércoles han iniciado la manifestación en la ciudad de València desde los diferentes puntos de salida previstos alrededor de las 08.45 horas de este miércoles.

Los taxis han comenzado a concentrarse a las ocho de la mañana en los puntos de encuentro de la protesta, y en el inicio de la manifestación ya se registra congestión en las entradas a València por la Pista de Silla-Ausiàs March, avenida de Catalunya-Aragó y Corts Valencianes y Cid, según la información del Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de València.

Está previsto que la manifestación concluya en las Torres de Serranos y los taxistas se concentren ante el Palau de la Generalitat hasta las 14 horas. La protesta tiene por objetivo parar el aeropuerto, la estación de alta velocidad Joaquín Sorolla y la Estació del Nord, y la estación de autobuses mientras dure el paro general de 24 horas, que ha comenzado a las 06.00 horas de la mañana y se prolongará hasta la misma hora del jueves para exigir que la Conselleria responsable de transportes “devuelva el equilibrio” al sector respecto a los vehículos VTC.

Este martes se produjo una reunión entre las asociaciones representativas del taxi en la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación que dirige el vicepresidente Vicente Martínez Mus de la que salieron sin “nada nuevo que contar”, según han informado en un comunicado conjunto la Confederación de Taxistas Autónomos (CTA), Unión Asociaciones Autotaxis, Asociación de Taxistas (ATCV), USOCV, Ucata, Caracol Valencia y PKT Asian Association.

Las entidades reconocen la buena predisposición del conseller para elaborar un decreto que proteja el equilibro entre los taxis y los vehículos de transporte con conductor (VTC) que explotan empresas como Uber o Cabify, pero ante la falta de plazos concretos y ante una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que amenaza con la liberalización del sector, han decidido movilizarse “por el futuro de 7.000 familias”, han explicado desde el sector.

Centenares de taxis han colapsado este miércoles el tráfico en la capital vizcaína, circulando en varias columnas por las calles de Bilbao para denunciar los “abusos” de las plataformas de VTC (vehículos con conductor) es decir, Uber o Cabify, ante lo que consideran una competencia desleal. Exigen más inspecciones para controlar su funcionamiento y que no sobrepasen lo que les permite la normativa. Esto es, por ejemplo que no estén parados en la vía pública esperando un cliente, algo que los taxistas denuncian que es una práctica habitual.

La protesta, convocada por la Federación del Taxi de Euskadi quiere que se corte la concesión de licencias a estas plataformas y que se les someta a mayores inspecciones para dejar en evidencia las irregularidades que cometen. El año pasado el Ayuntamiento de Bilbao realizó un total de tres campañas de inspección a taxis y VTC, según señala el consistorio en una pregunta planteada por la coalición Elkarrekin. Estas campañas se saldaron con 21 denuncias por irregularidades a VTC y sólo una a un taxista.

En concreto, las campañas se realizaron los fines de semana de junio y la semana de 23 al 29 de ese mes, del 15 al 21 de septiembre y del 8 al 14 de diciembre. Se inspeccionaron en esas tres campañas a 30 taxis, que se saldó con una única denuncia. Por contra, se denunciaron a 21 VTC tras inspeccionarse a 29 coches de estas plataformas.

Los taxistas aseguran que estas denuncias muestran sólo la punta del iceberg de las irregularidades, y por eso piden que los controles sean diarios, con el fin de que se pongan todos los medios para regular un sector que “está generando un importante deterioro del servicio”, según la sección del taxi de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Los taxistas aseguran que si no se toman medidas endurecerán su postura empezando con paros de jornada completa “preparar un cierre total” del sector del Taxi en toda Euskadi. La movilización de este miércoles se ha circunscrito a Bilbao porque en Gipuzkoa y Álava está más controlado el número de licencias de VTC. Pero de cara al futuro, barajan la posibilidad de convocar cierres puntuales y movilizaciones ante eventos concretos importantes, como los de mayo con motivo de los campeonatos europeos de rugby.

En Vitoria los problemas se centran fundamentalmente en la ordenanza municipal que se prepara para que los taxistas tengan horario nocturno. Aquí no hay competencia de ninguna plataforma digital. En la cercana Pamplona se ha instalado Bolt.

El sector del taxi d'Eivissa dorm amb un ull obert davant el possible escenari al que es podria enfrontar després d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) que obliga al Govern balear a reexaminar 600 autoritzacions sol·licitades per l'empresa Moove Cars Balears S.L.O i que van ser denegades quan es van tramitar l'any 2023. La Sala contenciosa administrativa ha estimat parcialment un recurs presentat per la mercantil contra el Govern i diverses federacions de taxi de l'arxipèlag i ha acordat la retroacció del procediment perquè la institució doni una nova resposta a les autoritzacions VTC sol·licitades.

La resolució judicial, a la que ha pogut accedir elDiario.es, qüestiona un dels principals instruments amb els quals Balears havia tractat de contenir l'expansió d'empreses com Uber, Bolt o Cabify: el Govern havia argumentat que les sol·licituds no complien amb la ràtio establerta pel Decret 43/2014 de 3 d'octubre entre taxis (VT) i VTC. A l'illa de Mallorca, la proporció ha de ser de 12,6 taxis per cada VTC (i no es compleix perquè hi ha 1.949 taxis i 350 VTC). Mentre que a Eivissa hi ha 61 taxis per cada Uber (existeixen 980 llicències de VT enfront de les 16 de VTC), quan la proporció que estipula el decret és de tan sols 6,74. Per tant, no sols es compleix la ràtio, sinó que hi hauria marge per a aprovar almenys 125 llicències d'Uber més.

La fallada no implica la concessió automàtica d'aquestes llicències, però sí que suposa un revés per a l'estratègia autonòmica per a contenir l’allau d'aquestes empreses a la comunitat. L'Administració va aplicar la ràtio automàtica justificant la insularitat del territori i la seva estacionalitat en el sector turístic. Així com la necessitat d'establir un sistema d'equilibri entre les dues modalitats de transport públic en vehicles de turisme: el transport públic discrecional i de lloguer amb conductor. No obstant això, el TSJIB conclou -en línia amb el raonament del Tribunal Suprem i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea- que no queden demostrades raons d'interès general, com l'impacte ambiental o la congestió real de trànsit.

En total, s'han fet 10.000 sol·licituds en tot l'arxipèlag; 6.500 d'elles només a l'illa d'Eivissa. Encara que ara mateix hi ha sobre la taula 600 sol·licituds, la sentència afecta a totes les sol·licitades a partir de juliol de 2023. La mera possibilitat que es revisi sol·licitud per sol·licitud ha despertat un nerviosisme entre federacions i associacions de taxi no sols de les Pitiüses, sinó de Balears en general, que veuen perillar la seva posició en el negoci de transport de viatgers per carretera.

Al voltant de mil llicències de taxi

Les gairebé mil llicències actives a l'illa d'Eivissa suposen una xifra que, d'aprovar-se la major part d'autoritzacions sol·licitades per VTC, seria gairebé ínfima. “La veritat és que estem espantats”, confessa Toni Roig, president de la Federació Insular del Taxi d'Eivissa (FITIE). Per municipis, la ciutat d'Eivissa -la capital- és la que té el major nombre de llicències, amb 328 en total; 174 estacionals i 154 fixes. La segueix el terme municipal de Sant Josep, el que més quilòmetres de platja suma de l'illa: 180 taxistes només per a la temporada turística i altres 106 que operen de gener a desembre. Sant Antoni, un altre dels punts calents per al sector turístic, té 108 llicències estacionals (de les quals vuit són vehicles adaptats, Eurotaxis) i 89 fixos, el que suma un total de 197.

En la zona est, a Santa Eulària, l'àrea de comunicació de l’Ajuntament ha explicat a elDiario.es que hi ha actualment 141 taxistes amb llicència; 63 que funcionen durant tot l'any i 78 només per als mesos de temporada. Sant Joan és el que compta amb menor nombre de taxis, amb 28 llicències vigents.

Lolo Ruiz, portaveu de l’associació Élite Corsaris Eivissa, trasllada que una de les principals injustícies resideix en què el taxi està molt regulat, fins i tot per a fer canvis en el seu propi sector, mentre que els VTC no estan subjectes de moment a cap requisit. És la mateixa situació que es repeteix en altres plans del mercat turístic insular, com els hotels amb les viles o Airbnb, als qui acusen de rebentar l'oferta amb una proposta més lliure al no estar subjecta a cap regulació. Això desestabilitza el tauler i afecta, en el cas del taxi, a empreses familiars que són les històricament tenen les llicències -amb preus, actualment, estratosfèrics-.

Roig va estar present durant la reunió mantinguda en el Consolat de la Mar, la seu del Govern, amb la presidenta Marga Prohens a principis de gener, on els taxistes de Balears van manifestar la seva “profunda preocupació” per la nova situació per als VTC. La mateixa que ha transmès en ser preguntat per elDiario.es el també vicepresident de la Federació Independent del Taxi de les illes Balears (FITIB), que inclou a la FITIE. El sol fet d'haver d'acatar la sentència ja porta de bòlid als taxistes, que dormien tranquils sabent que havien denegat les sol·licituds. Ara temen noves resolucions judicials que confirmin errors en els passos seguits per l'administració i que el resultat sigui una porta oberta per a Uber per a operar al territori insular.

Concorde a les mesures de decreixement

“El nombre -de llicències sol·licitades- és prou exagerat per a inquietar-se”, assenyala Roig. D'altra banda, el president de la Fitie sospita que la majoria d'aquestes empreses vol aterrar en les carreteres de Balears “només per a especular” i adverteix que ha arribat l'hora de replantejar-se l'economia que es vol per a les illes, on també s'està intentant fixar un sostre de vehicles. Eivissa ha implantat per primera vegada el límit aquest estiu -imitant el model de Formentera.eco- i Mallorca ja estudia la mateixa mesura. En aquest sentit, des de la federació esperen que l'esperit de la nova norma que estudia el Govern vagi concorde a la resta de mesures de decreixement que es valoren a l'illa per a reduir la densitat de trànsit i la cura del medi ambient.

Els taxistes són conscients que la resolució és inamovible i estan a l'espera ara que es tramiti “el que s'hagi de tramitar”. Mentrestant, demanen a les administracions que treballin per a reforçar els arguments jurídics que els permetin defensar a la petita i mitjana empresa. El nou escenari, afegeixen, tampoc és atractiu per als vehicles de transport amb conductor tradicionals.

La Presidència del Govern ha comunicat que els serveis jurídics estan treballant per a posar límit a les llicències de VTC a través d'un Reglament que s'apliqui quan acabi la moratòria, al febrer d'enguany. La institució ja va impulsar, a principis de 2024, una modificació legal aprovada pel Parlament que va suposar la suspensió de la tramitació de noves llicències, tant de taxi com de VTC. La paralització continua vigent a l'espera de l'aprovació definitiva del decret que ha de regular tots dos sectors, un text que, segons l'Executiu, es troba en una fase molt avançada de tramitació i que ha estat validat pel Consell Balear de Transport Terrestre.

Els serveis jurídics del Govern estan treballant per a posar límit a les llicències de VTC a través d'un Reglament que s'apliqui quan acabi la moratòria, al febrer d'enguany

Una vegada aprovat el decret, hauran de reprendre's els expedients que van quedar suspesos durant la moratòria, sempre sota el nou marc regulador, que segons el Govern permetrà evitar un creixement descontrolat i ajustar el nombre d'autoritzacions a les “necessitats reals” del territori. El que sembla indicar que l'augment d'Uber i altres VTC a Eivissa serà inevitable.

Diverses infraccions d'Uber

Un portaveu de la conselleria de Movilitat ha recalcat a elDiario.es que Balears, per la seva condició de territori insular, limitat i especialment protegit, no podrà absorbir “una allau” de noves autoritzacions sense comprometre l'equilibri del sistema de mobilitat. El temor entre taxistes no sols procedeix d'aquest fet, sinó també dels nombrosos incompliments d'aquestes empreses una vegada en les carreteres: des d'una furgoneta discoteca amb dj per a anar fins a Amnèsia fins a l'ús de parades només habilitades per a taxis.

En el cas del furgó, la Direcció General de Trànsit (DGT) va confirmar que no complia els requisits de circulació i la Policia li va posar dues multes. Encara així, ha continuat funcionant. També s'han donat, des que Uber va desembarcar a l'illa a la fi de 2023, nombroses infraccions greus al volant per part dels seus conductors, entre elles, circular sota els efectes de substàncies estupefaents, segons diversos casos publicats per Diario de Ibiza. Uber no ha respost a la petició d'informació d'elDiario.es en el moment de publicació d'aquesta notícia.

“Una vegada que es concedeixin les llicències, qui és, al carrer, que s'encarregarà de vigilar que es compleixi amb la normativa i es facin les coses bé?”, es pregunta Roig. Enmig d'aquest “malson” que posa al seu negoci en risc els taxistes subratllen que el 70% de les sol·licituds de tot Balears recauen a Eivissa: “Pot haver-hi un impacte absolut en el sector eivissenc del taxi”.

El sector del taxi de Eivissa duerme con un ojo abierto ante el posible escenario al que se podría enfrentar después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) que obliga al Govern balear a reexaminar 600 autorizaciones solicitadas por la empresa Moove Cars Balears S.L.U y que fueron denegadas cuando se tramitaron en el año 2023. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha estimado parcialmente un recurso presentado por la mercantil contra el Govern y varias federaciones de taxi del archipiélago y ha acordado la retroacción del procedimiento para que la institución dé una nueva respuesta a las autorizaciones VTC solicitadas. 

La resolución judicial, a la que ha accedido elDiario.es, cuestiona uno de los principales instrumentos con los que Balears había tratado de contener la expansión de empresas como Uber, Bolt o Cabify: el Govern había argumentado que las solicitudes no cumplían con la ratio establecida por el Decreto 43/2014 de 3 de octubre entre taxis (VT) y VTC. En la isla de Mallorca, la proporción tiene que ser de 12,6 taxis por cada VTC (y no se cumple porque hay 1.949 taxis y 350 VTC). Mientras que en Eivissa hay 61 taxis por cada Uber (existen 980 licencias de VT frente a 16 de VTC), cuando la proporción que estipula el decreto es de tan solo 6,74. Por lo tanto, no solo se cumple la ratio, sino que habría margen para aprobar por lo menos 125 licencias más de Uber.

El fallo no implica la concesión automática de estas licencias, pero sí supone un revés para la estrategia autonómica para contener una avalancha de estas empresas en la comunidad. La Administración aplicó la ratio automática justificando la insularidad del territorio y su estacionalidad en el sector turístico. Así como la necesidad de establecer un sistema de equilibrio entre las dos modalidades de transporte público en vehículos de turismo: el transporte público discrecional y de alquiler con conductor. Sin embargo, el TSJIB concluye -en línea con el razonamiento del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- que no quedan demostradas razones de interés general, como el impacto ambiental o la congestión real de tráfico.

En total, se han hecho 10.000 solicitudes en todo el archipiélago; 6.500 de ellas solo en la isla de Eivissa. Aunque ahora mismo hay sobre la mesa 600 solicitudes, la sentencia afecta a todas las solicitadas a partir de julio de 2023. La mera posibilidad de que se revise solicitud por solicitud ha despertado un nerviosismo entre federaciones y asociaciones de taxi no solo de las Pitiüses, sino de Balears en general, que ven peligrar su posición en el negocio de transporte de viajeros por carretera.

Alrededor de mil licencias de taxi

Las casi mil licencias activas en la isla de Eivissa suponen una cifra que, de aprobarse la mayor parte de autorizaciones solicitadas por VTC, sería casi ínfima. “La verdad es que estamos asustados”, confiesa Toni Roig, presidente de la Federación Insular del Taxi de Eivissa (FITIE). Por municipios, la ciudad de Eivissa -la capital- es la que tiene el mayor número de licencias, con 328 en total; 174 estacionales y 154 fijas. Le sigue el término municipal de Sant Josep, el que más kilómetros de playa suma de la isla: 180 taxistas solo para la temporada turística y otros 106 que operan de enero a diciembre. Sant Antoni, otro de los puntos calientes para el sector turístico, tiene 108 licencias estacionales (de las cuales ocho son vehículos adaptados, Eurotaxis) y 89 fijos, lo que suma un total de 197. 

En la zona este, en Santa Eulària, el área de comunicación del Ayuntamiento ha explicado a elDiario.es que hay actualmente 141 taxistas con licencia; 63 que funcionan durante todo el año y 78 solo para los meses de temporada. Sant Joan es el que cuenta con menor número de taxis, con 28 licencias vigentes.

Lolo Ruiz, portavoz de la asociación Élite Corsaris Ibiza, traslada que una de las principales injusticias reside en que el taxi está muy regulado, incluso para hacer cambios en su propio sector, mientras que los VTC no están sujetos de momento a ningún requisito. Es la misma situación que se repite en otros planos del mercado turístico insular, como los hoteles con las villas o Airbnb, a quienes acusan de reventar la oferta con una propuesta más libre al no estar sujeta a ninguna regulación. Esto desestabiliza el tablero y afecta, en el caso del taxi, a empresas familiares que son las históricamente tienen las licencias -con precios, actualmente, estratosféricos-. 

Roig estuvo presente durante la reunión mantenida en el Consolat del Mar, la sede del Govern, con la presidenta Marga Prohens a principios de enero, en la que los taxistas de Balears manifestaron su “profunda preocupación” por la nueva situación para los VTC. La misma que ha transmitido al ser preguntado por elDiario.es el también vicepresidente de la Federación Independiente del Taxi de las Islas Baleares (FITIB), que incluye a la FITIE. El solo hecho de tener que acatar la sentencia ya trae de bólido a los taxistas, quienes dormían tranquilos sabiendo que habían denegado las solicitudes. Ahora temen nuevas resoluciones judiciales que confirmen fallos en los pasos seguidos por la administración y que el resultado sea una puerta abierta para Uber para operar en territorio insular.

Acorde a las medidas de decrecimiento

“El número -de licencias solicitadas- es lo suficientemente exagerado para inquietarse”, señala Roig. Por otro lado, el presidente de la Fitie sospecha que la mayoría de estas empresas quiere aterrizar en las carreteras de Balears “solo para especular” y advierte de que ha llegado la hora de replantearse la economía que se quiere para las islas, donde también se está intentando fijar un techo de vehículos. Eivissa ha implantado por primera vez este límite este verano -imitando el modelo de Formentera.eco- y Mallorca ya estudia la misma medida. En ese sentido, desde la federación esperan que el espíritu de la nueva norma que estudia el Govern vaya acorde al resto de medidas de decrecimiento que se valoran en la isla para reducir la densidad de tráfico y el cuidado del medio ambiente.

Los taxistas son conscientes de que la resolución es inamovible y están a la espera ahora de que se tramite “lo que se tenga que tramitar”. Mientras tanto, piden a las administraciones que trabajen para reforzar los argumentos jurídicos que les permitan defender a la pequeña y mediana empresa. El nuevo escenario, añaden, tampoco es atractivo para los vehículos de transporte con conductor tradicionales.

La Presidència del Govern ha comunicado que los servicios jurídicos están trabajando para poner coto a las licencias de VTC a través de un Reglamento que se aplique cuando termine la moratoria, en febrero de este año. La institución ya impulsó, a principios de 2024, una modificación legal aprobada por el Parlament que supuso la suspensión de la tramitación de nuevas licencias, tanto de taxi como de VTC. La paralización sigue vigente a la espera de la aprobación definitiva del decreto que debe regular ambos sectores, un texto que, según el Ejecutivo, se encuentra en una fase muy avanzada de tramitación y que ha sido validado por el Consell Balear de Transport Terrestre. 

Los servicios jurídicos del Govern están trabajando para poner coto a las licencias de VTC a través de un Reglamento que se aplique cuando termine la moratoria, en febrero de este año

Una vez aprobado el decreto, deberán retomarse los expedientes que quedaron suspendidos durante la moratoria, siempre bajo el nuevo marco regulador, que según el Govern permitirá evitar un crecimiento descontrolado y ajustar el número de autorizaciones a las “necesidades reales” del territorio. Lo que parece indicar que el aumento de Uber y otros VTC en Eivissa será inevitable.

Varias infracciones de Uber

Un portavoz de la conselleria de Movilitat ha recalcado a elDiario.es que Balears, por su condición de territorio insular, limitado y especialmente protegido, no podrá absorber “una avalancha” de nuevas autorizaciones sin comprometer el equilibrio del sistema de movilidad. El temor entre taxistas no solo procede de este hecho, sino también de los numerosos incumplimientos de estas empresas una vez en las carreteras: desde una furgoneta discoteca con dj para ir hasta Amnesia hasta el uso de paradas solo habilitadas para taxis.

En el caso del furgón, la Dirección General de Tráfico (DGT) confirmó que no cumplía los requisitos de circulación y la Policía le puso dos multas. Aun así, ha seguido funcionando. También se han dado, desde que Uber desembarcó en la isla a finales de 2023, numerosas infracciones graves al volante por parte de sus conductores, entre ellas, circular bajo los efectos de sustancias estupefacientes, según varios casos publicados por Diario de Ibiza. Uber no ha respondido a la petición de información de elDiario.es en el momento de publicación de esta noticia.

“Una vez que se concedan las licencias, ¿quién es, en la calle, que se encargará de vigilar que se cumpla con la normativa y se hagan las cosas bien?”, se pregunta Roig. En medio de esta “pesadilla” que pone a su negocio en riesgo los taxistas subrayan que el 70% de las solicitudes de todo Balears recaen en Eivissa: “Puede haber un impacto absoluto en el sector ibicenco del taxi”.

El Parlament de Catalunya quiere regular de una vez por todas la convivencia entre el sector del taxi y el de los vehículos de transporte con conductor, VTC, del que Uber y Cabify son los máximos exponentes. Este jueves cinco grupos que suman una amplia mayoría de la Cámara, PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP, han presentado una propuesta de ley que contiene como principal medida la expulsión paulatina pero prácticamente total de las VTC.

La nueva norma, que Junts ya ha anunciado que tratará de enmendar, reducen las VTC a meros complementos del taxi en trayectos interurbanos, el único que se les permitirá realizar. Además, se obligará a quien desee utilizar una VTC que las precontrate con al menos dos horas de margen y que después haga un uso del vehículo de al menos una hora.

La idea que subyace en el texto es que Uber o Cabify queden reducidos a trayectos largos y ocasionales, y enfocados a situaciones de empresa o eventos y no para el publico general. Mantendrán como hasta ahora la prohibición de buscar clientes por la calle.

Las VTC quedarían por tanto reducidas a la mínima expresión en una ciudad como Barcelona, limitadas a trayectos con destino en otra ciudad a momentos específicos como la semana de Mobile World Congress, cuando se hará una moratoria de la prohibición.

Este veto se llevaría a cabo de forma progresiva pero, cuando se complete, supondría la eliminación de dos tercios de las actuales 900 licencias de VTC existentes en Barcelona, según los cálculos de la propia Generalitat.

La ley introduce también una nueva normativa para el taxi, comenzando por la obtención de un título B1 de catalán, que Junts ya ha anunciado que considera insuficiente. En la misma línea, se endurece el código sancionador para evitar infracciones como los cobros fuera de las tarifas reguladas o actuar sin respetar las normas de prioridad.

Además todos los vehículos que realicen transporte privado de viajeros se equiparán con geolocalizadores para garantizar que cumplan con la normativa. Los partidos creen que la ley podría quedar aprobada en 2026, aunque las licencias de VTC se mantendrán hasta que expiren, lo que las formaciones consideran que repercutirá en una “transición suave” hacia la desaparición de este tipo de transporte en el área metropolitana de Barcelona.

En un comunicado conjunto emitido por Uber, Cabify y Bolt, las principales plataformas de VTC lamentan que, de salir adelante, esta ley empeoraría la “endémica escasez de alternativas de movilidad en Barcelona”, además de que “4.000 personas perderían su empleo de la noche a la mañana”. Las empresas consideran además que esta norma contraviene la normativa europea, por lo que reclaman a los partidos a reconsiderar el texto.

En la misma línea la patronal mayoritaria del sector, Unauto VTC, ha valorado el texto registrado en el Parlament como “profundamente antisocial” y “radicalmente contrario al interés general”, al entender que los efectos de expulsar las VTC de los ámbitos urbanos enviaría al paro a miles de trabajadores y condenaría al cierre a cientos de empresas. “Expulsar del mercado a las VTC va en contra del interés general de los ciudadanos de Catalunya y de Barcelona, que son nuevamente rehenes de los intereses del taxi”, ha asegurado la patronal en una nota de prensa.

En el otro lado, Élite Taxi, la agrupación mayoritaria de taxistas en Barcelona, han calificado de “valiente” la proposición de ley, que a su juicio permitirá que todo el sector trabaje con las mismas condiciones. Desde el sector de los taxistas también han destacado el endurecimiento del código sancionador, una medida con la que Élite se ha mostrado de acuerdo al entender que persiguen infracciones “de unos pocos” que “perjudican a todo el sector”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha abordará junto con el sector un nuevo reglamento del taxi, así como impulsar una nueva regulación de los servicios de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en la región. Estos últimos son servicios de transporte privado que operan bajo una reserva previa, donde habitualmente se gestionan a través de aplicaciones para uso en móvil. Se diferencian de los taxis en que no recogen pasajeros en la calle ni tampoco estacionan en paradas.

Así lo ha adelantado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que se ha reunido, junto con la directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, y el delegado de Fomento en Toledo, Jorge Moreno, con la Federación del Taxi de Castilla-La Mancha.

En este contexto, Hernando ha avanzado que “en el nuevo reglamento del taxi, que esperamos que se pueda aprobar a finales de este año o como muy tarde a principios del 2026, vamos a permitir que todos los taxistas de la región puedan llevar a cabo precontratos”, es decir, ha explicado, “que si a día de hoy, un taxi solamente puede operar dentro de un mismo municipio, vamos a permitir el que los taxistas que tienen clientes habituales puedan fijar viajes precontratados más allá de la frontera municipal, ya que hasta ahora se limita el poder realizar esos servicios”.

Además, el consejero de Fomento ha destacado que “en el próximo mes de octubre, vamos a volver a sacar la convocatoria de ayudas con 100.000 euros para adaptar los taxis de la región a personas con movilidad reducida”.

Regulación del VTC y sanciones a Bolt

Asimismo, Nacho Hernando ha adelantado que se ha planteado de forma conjunta, “tanto el sector del taxi como nosotros, un último borrador que vamos a tramitar con la mayor urgencia posible y con la mayor transparencia y participación ciudadana y pública, como así nos exige la ley, para establecer una regulación de las VTC en Castilla-La Mancha”.

En este sentido, el responsable de Fomento ha explicado que algunos de los elementos más importantes de esa regulación de las VTC incluirán “que sea obligatorio que haya una precontratación, ya que no puede haber servicios de oportunidad, es decir, no pueden estar a la espera de coger a un pasajero o pasajera”.

Además, ha continuado Nacho Hernando, “será importante el que tampoco puedan deambular por la ciudad, y si no están haciendo un servicio, tendrán que volver a base o a un aparcamiento o garaje”.

Asimismo, ha detallado que “vamos a plantear la prohibición de geolocalización previa; a establecer cupos de limitaciones del número de VTC en puntos turísticos; habrá una serie de requisitos técnicos exigentes desde el punto de vista medioambiental y mecánico del vehículo; y vamos a aplicar la ratio 1/30, una VTC por cada 30 licencias de taxi, de una ratio que viene avalada por sentencias del Tribunal Supremo”. También, ha continuado, vamos “a exigir la máxima transparencia en precios y a plantear el que se cumpla con las ratios de coches adaptados para movilidad reducida”.

Precisamente, con respecto a las VTC y a los servicios de Bolt en la ciudad de Toledo, Hernando ha asegurado que “a día de hoy, hemos recibido diez denuncias por parte de la Policía local de Toledo”, y ha confirmado que “a partir de la semana que viene vamos a empezar a sancionar a aquellas empresas y titulares de licencias de VTC que han incumplido la ley”. En este sentido, ha instado al Ayuntamiento de Toledo a que “en la mayor brevedad posible nos haga llegar las 45 que dicen que tienen”.

El responsable de Fomento ha aclarado que “no hay vacío legal, sino que hay una ley en marcha y que prevé sanciones de hasta 4.000 euros si se salta esa ley” y ha explicado que “la Comunidad Autónoma, en estos momentos, solamente puede sancionar si la Policía local detecta que un vehículo VTC ha hecho un trayecto con origen y destino en un mismo municipio, pero si encontramos a VTC esperando en distintos puntos de la ciudad quienes sancionan, en ese caso, es el Ayuntamiento por incumplir una ordenanza municipal, de la misma manera que nadie puede aparcar su coche privado en un sitio que no esté habilitado para ello”, ha puntualizado.

El Govern ha apuntat que a finals del 2025 o principis del 2026 podria entrar en vigor el reglament que establirà llindars màxims de llicències de taxis i VTC que podran operar a cadascuna de les illes.

El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, i la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, han informat aquest divendres que l'esborrany d'aquesta normativa ja està en fase d'exposició pública perquè les diferents administracions i associacions del sector puguin presentar al·legacions, del que disposa d'un termini de 30 dies.

A més d'estipular la quantitat de llicències que podran prestar servei --tant ordinàries com temporals--, el reglament també pretén establir preus en moments d'alta demanda, el nombre mínim de vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda que hauran d'estar operatius o regular els criteris de funcionament de la futura app del servei de taxi, entre altres qüestions.

Es tracta d'un reglament que sorgeix del desenvolupament de la Llei 1/2024, de millora de la regulació dels serveis de transport amb vehicles de fins a nou places a les Balears, que es va aprovar i consensuar al Parlament l'any passat, i de la Llei 4/2014, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les illes.

Per a la informació pública, aquest projecte de decret es publica al Portal de Transparència i es tracta del primer reglament del sector a Balears, que està compost de 63 articles per regular les condicions de prestació de serveis de taxi i VTC que transcorren íntegrament al territori de l'arxipèlag, tant urbans com interurbans.

Després de la fase d'al·legacions, es traslladarà al Consell Balear del Transport Terrestre, aquesta entitat li haurà de donar el vistiplau i després elaboraran diversos informes altres organismes públics, per així quedar aprovat definitivament al Consell de Govern i publicar-se al BOIB.

Mateo ha incidit que és una regulació “molt necessària” a les illes, un territori limitat, amb una “gran afluència de visitants” durant la temporada turística, i pretén “garantir un servei adequat per atendre la demanda i alhora evitar una allau de noves autoritzacions de VTC”.

Estudis sobre llicències cada tres anys

Així, s'estableixen els criteris que permetran determinar la xifra màxima de llicències de taxi i autoritzacions de VTC a les diverses administracions competents en els seus respectius àmbits --per municipi i per illa--, basada en criteris de l'oferta i la demanda existent.

D'aquesta manera, es tracta d'atendre les necessitats dels usuaris potencials, residents i visitants, l'existència de serveis públics com hospitals o grans infraestructures com ports i aeroports, així com criteris mediambientals i de congestió viària.

“El Govern dialogarà amb el sector buscant optimitzar el servei per cobrir les necessitats dels usuaris, amb una millora de la competitivitat del sector, i avançar cap a una mobilitat més sostenible, en reduir la contaminació i la congestió viària”, han reivindicat.

Una vegada s'aprovi el decret, s'aixecarà la suspensió en la tramitació de llicències i autoritzacions de taxi i VTC que es va establir a la Llei 1/2024 l'any passat i que es va prorrogar al Decret Llei 2/2025 al febrer d'aquest any.

A partir de l'aprovació del reglament, per resolució del conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, es determinarà el nombre màxim de llicències i autoritzacions interurbanes de taxi i VTC a cada illa, en un procés que comptarà amb la participació de diferents organismes, com Consells insulars, ajuntaments i entitats del sector, i en què els Consells insulars de Menorca, Eivissa i Forment de llicències a la seva illa respectiva. En el cas de Mallorca, aquesta competència correspondrà al Govern.

Entre el 5 i el 10% de la flota adaptada

A més, s'afavoreix l'accessibilitat i l'augment del nombre de vehicles adaptats per a persones amb discapacitat. En aquest sentit, el reglament estableix una quota mínima del 5% de la flota de taxi i VTC de cada municipi per a vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

En el cas de les empreses que disposen de flotes de VTC de més de deu vehicles, s'estableix que un 10% de la flota en l'àmbit insular haurà de ser de vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Quant a la concessió de noves llicències, tant de taxi com de VTC, el reglament estableix que s'efectuarà per concurs públic i que s'hauran de valorar de manera preferent criteris de millora del medi ambient i reducció d'emissions contaminants, la dedicació prèvia a la professió en règim de treballador assalariat en el cas del taxi i ser-ne titular d'autorització en el cas dels VTC. taxi i VTC.

D'altra banda, el text regula les condicions de la futura aplicació pública (app) per a dispositius mòbils de gestió dels serveis de taxi, inicialment per a Mallorca i en fase de desenvolupament, i preveu, entre altres mesures, que s'haurà de tenir disponible mentre el taxi presti servei i que no es podrà rebutjar un servei excepte que es trobe ocupat amb altres serveis prèviament entre programat o sigui incom.

Pel que fa a les tarifes, s'inclourà un article que impedeixi cobrar “preus excessius” per part de les VTC en moments d'alta demanda, com ha afirmat de la Vall que ha passat a la península. Cal recordar que actualment hi ha operatives menys de 800 llicències de VTC a totes les illes, mentre que en el cas dels taxis aproximadament són 2.500.

El Govern ha apuntado que a finales de 2025 o principios de 2026 podría entrar en vigor el reglamento que establecerá umbrales máximos de licencias de taxis y VTC que podrán operar en cada una de las islas.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, han informado este viernes de que el borrador de esta normativa ya se encuentra en fase de exposición pública para que las distintas administraciones y asociaciones del sector puedan presentar alegaciones, algo para lo que disponen de un plazo de 30 días.

Además de estipular la cantidad de licencias que podrán prestar servicio --tanto ordinarias como temporales--, el reglamento pretende también establecer precios en momentos de alta demanda, el número mínimo de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida que tendrán que estar operativos o regular los criterios de funcionamiento de la futura app del servicio de taxi, entre otras cuestiones.

Se trata de un reglamento que surge del desarrollo de la Ley 1/2024, de mejora de la regulación de los servicios de transporte con vehículos de hasta nueve plazas en Balears, que se aprobó y consensuó en el Parlamento el año pasado, y de la Ley 4/2014, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las islas.

Para la información pública, este proyecto de decreto se publica en el Portal de Transparencia y se trata del primer reglamento del sector en Balears, que está compuesto de 63 artículos para regular las condiciones de prestación de servicios de taxi y VTC que transcurren íntegramente en el territorio del archipiélago, tanto urbanos como interurbanos.

Después de la fase de alegaciones, se trasladará al Consell Balear del Transporte Terrestre, esta entidad le tendrá que dar su visto bueno y después elaborarán diversos informes otros organismos públicos, para así quedar aprobado definitivamente en el Consell de Govern y publicarse en el BOIB.

Mateo ha incidido en que es una regulación “muy necesaria” en las islas, un territorio limitado, con una “gran afluencia de visitantes” durante la temporada turística, y pretende “garantizar un servicio adecuado para atender la demanda y a la vez evitar un alud de nuevas autorizaciones de VTC”.

Estudios sobre licencias cada tres años

Así, se establecen los criterios que permitirán determinar la cifra máxima de licencias de taxi y autorizaciones de VTC en las diversas administraciones competentes en sus respectivos ámbitos --por municipio y por isla--, basada en criterios de la oferta y la demanda existente.

De este modo, se trata de atender a las necesidades de los usuarios potenciales, residentes y visitantes, la existencia de servicios públicos como hospitales o grandes infraestructuras como puertos y aeropuertos, así como criterios medioambientales y de congestión viaria. El decreto fija que los Consells insulares elaborarán el estudio para la determinación del número máximo de licencias en el ámbito insular, con una periodicidad de tres años.

“El Govern dialogará con el sector en busca de optimizar el servicio para cubrir las necesidades de los usuarios, con una mejora de la competitividad del sector, y avanzar hacia una movilidad más sostenible, al reducir la contaminación y la congestión viaria”, han reivindicado.

Una vez que se apruebe el decreto, se levantará la suspensión en la tramitación de licencias y autorizaciones de taxi y VTC que se estableció en la Ley 1/2024 el año pasado y que se prorrogó en el Decreto Ley 2/2025 en febrero de este año.

A partir de la aprobación del reglamento, por resolución del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, se determinará el número máximo de licencias y autorizaciones interurbanas de taxi y VTC en cada isla, en un proceso que contará con la participación de diferentes organismos, como Consells insulares, ayuntamientos y entidades del sector, y en el que los Consells insulares de Menorca, Ibiza y Formentera, posteriormente, podrán acordar la aplicación de esta cifra o establecer su propio número máximo de licencias en su isla respectiva. En el caso de Mallorca, esta competencia corresponderá al Govern.

Entre el 5 y el 10% de la flota adaptada

Además, se favorece la accesibilidad y el aumento del número de vehículos adaptados para personas con discapacidad. En ese sentido, el reglamento establece una cuota mínima del 5% de la flota de taxi y VTC de cada municipio para vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

En el caso de las empresas que disponen de flotas de VTC de más de diez vehículos, se establece que un 10% de la flota en el ámbito insular tendrá que ser de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

En cuanto a la concesión de nuevas licencias, tanto de taxi como de VTC, el reglamento establece que se efectuará por concurso público y que se tendrán que valorar de manera preferente criterios de mejora del medioambiente y reducción de emisiones contaminantes, la dedicación previa a la profesión en régimen de trabajador asalariado en el caso del taxi y ser titular de autorización en el caso de los VTC. También se regula la autorización previa para la transmisión de licencias y autorizaciones ordinarias de taxi y VTC.

Por otro lado, el texto regula las condiciones de la futura aplicación pública (app) para dispositivos móviles de gestión de los servicios de taxi, inicialmente para Mallorca y en fase de desarrollo, y prevé, entre otras medidas, que se tendrá que tener disponible mientras el taxi preste servicio y que no se podrá rechazar un servicio excepto que se encuentre ocupado, próximo a la finalización de jornada o sea incompatible con un servicio programado previamente, entre otros.

En cuanto a las tarifas, se incluirá un artículo que impida cobrar “precios excesivos” por parte de las VTC en momentos de alta demanda, como ha afirmado del Valle que ha ocurrido en la península. Cabe recordar que actualmente hay operativas menos de 800 licencias de VTC en todas las islas, mientras que en el caso de los taxis aproximadamente son 2.500.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) ha sembrado la “incertidumbre” en el sector del transporte andaluz con un nuevo decreto-ley aprobado “sin diálogo previo”, según denuncian tanto el colectivo de taxistas como el de vehículos de transporte con conductor (VTC) de empresas como Uber y Cabify. Estos dos sectores históricamente enfrentados coinciden en trasladar su “preocupación” y “desconcierto” ante una política de movilidad, que ambos achacan a una falta de previsión y transparencia por parte de la Junta de Andalucía.

La nueva norma –aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 11 de junio y ratificada este miércoles en el Parlamento andaluz– suspende temporalmente la concesión de nuevas autorizaciones para VTC tras constatar, según la Junta, “que en los últimos meses se ha producido un crecimiento exponencial de las solicitudes”. Esta decisión deja en el aire las 1.373 solicitudes de VTC registradas entre enero y abril de este año (frente a las 3.713 autorizaciones que hay hoy vigentes en la comunidad andaluza).

La moratoria queda supeditada a la elaboración de un estudio técnico que, en el plazo de dos meses, tendrá que analizar la demanda total de la movilidad en Andalucía y definir los “criterios objetivos que permitan alcanzar una buena gestión de la oferta del transporte”, según consta en el decreto-ley impulsado por la Consejería de Fomento. El departamento que encabeza Rocío Díaz argumenta que se ha producido un “cambio brusco en las dinámicas de mercado”, debido a la proliferación de vehículos eléctricos, que ha disparado las solicitudes de nuevas licencias.

Aunque difieran en sus intereses, taxistas y empresarios de VTC comparten la crítica de responsabilizar a la Junta de generar inseguridad jurídica en un sector ya de por sí tensionado. El presidente de Élite Taxi Andalucía, Rafael Baena, afea que la Junta “actúe ahora sorprendida por el aluvión de solicitudes” cuando ha tenido años para intentar frenar el “crecimiento descontrolado”, en el que ahora justifica el nuevo “decretazo”.

Desde el sector de los vehículos con chófer, el presidente de la Asociación Empresarial VTC Andalucía, Pablo García-Trespalacios, denuncia “el inmenso coste económico y social” que implica la moratoria, comprometiendo “una inversión de unos 15 millones de euros”, derivados de los gastos que acometieron los transportistas al invertir en vehículos eléctricos, para adaptarse a los criterios que les dio a conocer la Junta en enero de 2025.

A qué se debe ese “cambio brusco” en el mercado

El polémico decreto-ley que permitía a los vehículos VTC seguir operando en territorio urbano congeló en septiembre de 2022 la concesión de nuevas autorizaciones de VTC en Andalucía, ya que la comunidad superaba con creces la ratio de un VTC por cada 30 taxis, fijada por el Gobierno de España en el conocido como “decreto Ábalos”.

Sin embargo, la nueva legislación estatal aprobada en 2023 –adaptándose a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tumbó la limitación de las licencias con las que operan empresas como Uber y Cabify– abrió la puerta a que se concedieran nuevas autorizaciones, siempre que se cumplieran con ciertos requisitos medioambientales.

Así lo recogió la Junta de Andalucía en el borrador del desarrollo reglamentario del decreto-ley de 2022, que presentó a los sectores implicados en enero de 2025. Al comprobar que esos criterios no son aplicables a los coches eléctricos, los conductores de VTC se lanzaron a adquirir vehículos 100% eléctricos, obligando al Gobierno andaluz a conceder esas solicitudes.

“La apertura del proceso de autorización de más licencias desde enero de 2025, cumpliendo una serie de requisitos ambientales, ha llevado a multitud de pymes, autónomos y cooperativas de toda Andalucía a realizar importantes inversiones”, como recuerda el presidente andaluz de la Asociación Empresarial VTC. “Las empresas han acometido esas inversiones porque eran necesarias para poder realizar la solicitud y además con la confianza de que el Gobierno de Andalucía en las primeras semanas había concedido más de 40 licencias, con lo cual más que expectativas, las empresas tenían la certeza de que cumpliendo los requisitos tendría lugar el otorgamiento”, argumenta García-Trespalacios.

Fuentes de la Consejería de Fomento alegan que esas autorizaciones se han concedido antes de establecer la moratoria “en cumplimiento de la sentencia”, en referencia al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El resultado ha sido que el número de solicitudes se ha disparado, pasando de las 23 presentadas en el año 2024, a las 1.373 registradas hasta mediados de abril de 2025. Con esta progresión, la Consejería del ramo calcula que las autorizaciones se duplicarían en un plazo de seis meses. De ahí que justifique la urgencia del decreto recién aprobado.

Falta de previsión

“Lo que ha pasado es que no se esperaban un aluvión de solicitudes, pero podrían haber definido los criterios antes de que los transportistas acometieran las inversiones, podrían haber consensuado sectorialmente los criterios y concedernos seguridad jurídica porque ahora hay cientos de coches parados, aun cumpliendo rigurosamente con los requisitos que estableció la Junta”, lamenta el presidente de la Asociación Empresarial VTC en Andalucía.

Por su lado, los taxistas lo interpretan como otro “atropello del servicio público en beneficio de las grandes empresas privadas”, entendiendo que, pasados esos dos meses, se reactivará la concesión masiva de autorizaciones bajo criterios que consideran insuficientes. “Volvemos a asistir nuevamente a lo que entendemos por un engaño del Gobierno andaluz, que viene a traer nuevamente, igual que en 2022, por vía decreto y por vía urgente, algo que no permite participación ni transparencia por parte del sector”, ha reprochado el presidente de Élite Taxi, una de las organizaciones que ha convocado este miércoles una manifestación de protesta a las puertas del Parlamento andaluz, coincidiendo con el debate en el pleno.

Lejos de calmar las tensiones, el nuevo decreto-ley ha provocado que se reavive el enfrentamiento del Gobierno de Moreno con ambos sectores. Ya en 2022, el sector del taxi andaluz se enfrentó a la Junta por sentirse “engañado y traicionado” tras autorizar a los vehículos VTC seguir operando en territorio urbano, también por la vía urgente. La medida tampoco contentó del todo a los VTC, que criticaron las limitaciones impuestas.

Tres años después, el descontento y el ambiente de protesta vuelven a sobrevolar las relaciones del Gobierno andaluz con el sector. Mientras tanto, la Junta defiende la urgencia del nuevo decreto, ya que “la proliferación de estos vehículos eléctricos, que están exceptuados del cumplimiento de criterios medioambientales, puede implicar un crecimiento descontrolado del número de autorizaciones para prestar estos servicios de transporte y romper con el equilibrio y la armonía dentro de este sector y en su relación con el sector del taxi”. Sin embargo, la falta de diálogo previo han sembrado una incertidumbre que taxis y VTC, aunque por razones distintas, coinciden en reprobar.