“La posición de Ana Oramas, secundada por Fernando Clavijo [expresidente y hoy senador], que es el mejor acompañamiento para lo que ha hecho, retrata definitivamente ante los ojos de Canarias qué es y quiénes son los de la Agrupación Tinerfeña de Independientes, ATI”, la facción local de Coalición Canaria en la isla. Así se expresa el histórico ex líder socialista Santiago Pérez, hoy concejal de Urbanismo en La Laguna, donde coincidió en la oposición durante los años de alcaldesa de la hoy diputada nacional, tras el anuncio de la parlamentaria de que votará contra la investidura de Pedro Sánchez desobedeciendo los acuerdos de su partido.

Pérez sostiene desde hace décadas que los dirigentes de ATI son “un vástago de la vieja derecha tinerfeña, son epígonos del franquismo” Y se pregunta “¿cómo no iban a estar hoy del lado de la ultraderecha española representada por Vox y por un Partido Popular completamente ultraderechizado? Ana Oramas tenía que estar ahí”.

“Y por si algún incauto de las islas no capitalinas no lo había entendido hasta ahora, ATI solo se mantiene en Coalición Canaria mientras la lidere. Desde el momento en el que Coalición Canaria emprenda no un camino, sino un cierto aroma progresista, ATI, Fernando Clavijo, José Manuel Bermúdez [exalcalde de Santa Cruz de Tenerife] y todos esos vástagos de la derecha tinerfeña, volverán grupas a aquel lugar de donde nunca debieron haber salido”, resalta el histórico socialista en declaraciones a este periódico.

A su juicio, “con el doping del poder y porque se han dejado, ATI solo ha usado a las formaciones insulares integrantes de CC mientras homogeneizara a toda la organización para ponerla a disposición de la derecha económica e ideológica a la que, desde que nació, se ha esforzado en representar disfrazada de insularismo o nacionalismo”

Pérez cree que “Oramas ya habla de no estar en el partido, ATI, Coalición Canaria” y que, en consecuencia, “acabará integrándose en alguna de las hijuelas del Partido Popular, de donde nunca debió haber salido. Todo un autorretrato”.

“Por eso muchos entenderán hoy por qué muchos socialistas tinerfeños nunca aceptamos un pacto entre el PSOE y Coalición Canaria en el que el PSOE hiciera un papel secundario porque ése sí era un pacto contra natura para los que de siempre sabemos quién es, a qué intereses representa y cuál es el fondo ideológico y político de ATI, que representa mejor que nadie Coalición Canaria, la derecha más conservadora, los intereses más conservadores de la isla de Tenerife”, concluyó Pérez.

El Ayuntamiento de La Laguna elaborará una nueva propuesta de ordenación general del municipio basada en el principio de desarrollo sostenible que combine las posibilidades de crecimiento económico y poblacional con el respeto a los recursos naturales, que en el caso de La Laguna tienen un componente especialmente importante de suelo agrícola.

Los equipos de la Concejalía de Ordenación de Territorio, que dirige Santiago Pérez, y de la Consejería de Ordenación del Territorio y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, liderada por José Antonio Valbuena, han mantenido una reunión de trabajo para analizar la situación actual del Plan General de Ordenación Urbana del municipio (PGOU).

“El Plan de Ordenación de La Laguna ha estado tramitándose durante una década para llegar a una especie de punto muerto, después de que el Ayuntamiento haya gastado 4,5 millones de euros en este proceso”, comenta Santiago Pérez, quien señala que ante esta situación “existe un criterio unánime de la Consejería y este Ayuntamiento para darle marcha atrás al PGOU y someterlo a una evaluación ambiental estratégica”.

El concejal explicó que se van a aprovechar los estudios realizados hasta la fecha, pero en una nueva propuesta de ordenación basada “en un principio de desarrollo sostenible que obliga a combinar armónicamente las expectativas y posibilidades de crecimiento económico y crecimiento poblacional de La Laguna con el respeto a sus recursos naturales, y en especial al suelo agrícola del municipio”.

En este sentido, Santiago Pérez subraya el carácter estratégico del suelo agrícola, “un recurso que una vez destruido no se puede recuperar, por lo que es necesario garantizar su protección”, y asegura que el Plan General “debe tener unas proyecciones razonables de crecimiento poblacional y en consecuencia, de reserva de suelo urbanizable”. “Lo que no puede ocurrir es que exista, como sucedía en la propuesta aprobada inicialmente en 2013, una previsión de suelo urbanizable para una población de 338.000 habitantes, cuando La Laguna tiene censadas 155.000 personas”, añadió.

Desde la Gerencia de Urbanismo se va a examinar la dotación de suelo urbanizable ya clasificado pero no desarrollado. En el PGOU el nuevo suelo urbanizable, atendiendo a unos criterios razonables de crecimiento poblacional, estará situado en el entorno de los núcleos ya consolidados, para tratar de evitar que continúe la dispersión de la población. Esta propuesta habrá de ser sometida al procedimiento de evaluación ambiental estratégica.

Los técnicos del área de Urbanismo elaborarán ahora una evaluación del trabajo a realizar y establecerán su coste económico, para sacar a concurso público la reelaboración del Plan General de Ordenación hasta su aprobación definitiva. Entre tanto, las necesidades perentorias que haya que resolver se abordarán con modificaciones menores del actual Plan, vigente desde el año 2000. Estas modificaciones tendrán una visión estratégica para que se puedan integrar en el futuro PGOU, comentó el concejal.

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha archivado una denuncia presentada por el exalcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC) contra el concejal de Ordenación del territorio de Aguere, Santiago Pérez (Avante La Laguna). El Ministerio Público considera que “los hechos denunciados” por el máximo responsable del Consistorio durante el anterior mandato, “no son constitutivos de infracción penal alguna”.

Díaz le acusaba de rechazar un dictamen de la Comisión de Hacienda que pretendía que el superávit se dedicara al pago a los bancos, en lugar de a abonar la deuda que había contraído el Consistorio con la Sociedad Municipal de Viviendas (Muvisa). La decisión de destinar este dinero a Muvisa se logró por los grupos municipales del anterior mandato, hoy en el gobierno. Entonces, la propuesta salió adelante con los votos de Unidas se puede (6); Por Tenerife-Nueva Canarias (3), grupo al que pertenecía Pérez; Ciudadanos (2); los dos concejales no adscritos Yeray Rodríguez y Javier Abreu; y de uno de los dos ediles del PSOE.

El anterior grupo de Gobierno proponía abonar 8.165.574 euros del remanente de tesorería del ejercicio 2018 a la reducción del nivel de endeudamiento con las entidades financieras, aunque, finalmente, gracias al bloqueo de la oposición, parte de la misma, 5.652.797,05, se le acabó pagando a Muvisa, montante económico derivado de la ejecución de encomiendas ordenadas por el Ayuntamiento sin transferir la correspondiente financiación“, según recogía el texto de la citada enmienda.

De hecho, Muvisa es le empresa municipal que gestiona, entre otros temas estratégicos del municipio, el convenio de reposición y reurbanización de los bloques con aluminosis de Las Chumberas.

El Ministerio Fiscal afirma que “de la documentación recibida, tras su estudio y valoración entiende que no constituyen per se, hecho delictivo alguno, toda vez que en primer lugar no se ha llevado a cabo la enmienda aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna, toda vez que el mismo fue declarado lesivo en un Pleno posterior y por otro lado, de haber se trataría solo de irregularidades de carácter administrativo cuya controversia deberá ser resuelta por los órganos jurisdiccionales correspondientes”.

“CC es quien tiene problemas con la corrupción”

Al conocer el archivo, Santiago Pérez ha asegurado que “esta denuncia fue interpuesta muy cerca de la campaña electoral, el 7 de mayo, con un intencionalidad evidente, tratar de transmitir en vísperas de unas elecciones que todos somos iguales, pero resulta que los que tienen problemas por asuntos relacionados con la corrupción, y los van a seguir teniendo son ellos, Coalición Canaria”.

A juicio del concejal, “por mucho que se empeñen, no pueden dar la vuelta a la realidad y ponerla del revés, de forma que los que hemos defendido la legalidad como distintivo de nuestra trayectoria seamos los proscritos, y los que se han saltado la legalidad como distintivo de nuestra trayectoria seamos los proscritos, y los que se han saltado la legalidad cada vez que les ha dado la gana sean los honorables”.

Para Pérez esta denuncia es “malintencionada” y “descabellada” por parte de José Alberto Díaz. Además, insistió en que ha asumido “toda la responsabilidad de la decisión que tomamos (Santiago Pérez, el portavoz de Unidas Se Puede, Rubens Ascanio, y el consejero delegado de Muvisa, Javier Abreu) porque actuaba como presidente del Consejo de Administración de Muvisa y quise dar la cara, sin utilizar a ninguno de mis compañeros como escudo, tal y como hace José Alberto Díaz”.

Mientras Fernando Clavijo ve cumplido su deseo de aforarse frente al caso Grúas (y colateralmente frente al caso Reparos), el denunciante de ambos asuntos, el concejal lagunero Santiago Pérez, sigue ganando pequeñas batallas. Este lunes se ha sabido que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife le ha dado la razón en un pleito colateral que planteó contra Radio Club Tenerife (Cadena Ser) por haber publicado en su web que él y su grupo político habían votado favorablemente en 2014 al préstamo que en su día concedió Fernando Clavijo como alcalde lagunero a la empresa Autogrúas Poli para que saliera de su situación ruinosa.

Habría sido una flagrante contradicción dado que ese préstamo se encuentra en la génesis de la denuncia que Pérez interpuso en los juzgados de La Laguna, lo que contribuiría a su descalificación como denunciante. Era eso lo que en aquellos momentos -agosto de 2018- había lanzado Coalición Canaria a través de todos sus altavoces mediáticos en los momentos en los que el caso Grúas salpicaba abiertamente al alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, que rápidamente trasladó a su página de Facebook la noticia de la Ser para que todos sus seguidores pudieran regodearse en la filtración que había partido de su propia factoría.

Pérez reaccionó ejerciendo su derecho de rectificación, que no fue atendido por Radio Club Tenerife por considerar que el concejal se excedía al introducir juicios de valor en su escrito. Así opinó también la jueza de instancia frente a la que recurrió Pérez, jueza que no solo rechazó que la Ser tuviera que rectificar, sino que también condenó al demandante a pagar las costas.

Ahora la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en una sentencia de la que ha sido ponente su presidenta, Macarena González Delgado, ha resuelto que Pérez tiene derecho a que se publique su rectificación, aunque suprimiendo aquellos pasajes en los que se incluyen valoraciones o juicios de valor, como por ejemplo, llamar “ilegal” al famoso préstamo.

La Audiencia Provincial rechaza, eso sí, condenar al exalcalde de La Laguna a publicar la rectificación en su muro de Facebook, entre otras cosas porque al producirse la demanda de Pérez, borró aquella entrada.

Cada parte pagará sus propias costas, por lo que queda revocada la sentencia inicial. La sentencia es recurrible en casación ante el Supremo.

El concejal electo de Avante La Laguna Santiago Pérez propone abrir el proceso de diálogo para conformar un nuevo Gobierno en el municipio a PP y Cs, porque “si quieren comprometerse con este cambio, no puede acabar en la puerta del Gobierno, deben tener opción a participar si lo desean en función de la representatividad obtenida en las urnas”.

Pérez detalla que el liderazgo de ese gobierno debe ser de “orientación progresista” y su plataforma tiene un “compromiso” con un gobierno de cambio “indiscutible”. Y ese cambio, apunta, “se define por quién no puede estar en ese Gobierno, es decir, quienes han estado 32 años al frente del Gobierno municipal y presentan un balance pésimo de incompetencia, de corrupción, de desgobierno tanto en la gestión financiera como en la ordenación del territorio”.

En su opinión, “creo que abriendo una nueva etapa y propiciando el cambio, sería muy importante que ese Gobierno y ese programa tuvieran el más amplio respaldo de la ciudadanía y sus representantes posible”.

El candidato de Avante La Laguna a la Alcaldía del municipio tinerfeño, Santiago Pérez, se ha comprometido a poner todo el poder y el peso del Ayuntamiento del lado de los vecinos afectados por los problemas de acceso a la propiedad de sus viviendas protegidas, después de que el Gobierno de Canarias esté incumpliendo la promesa que les hizo, según ha indicado el partido en un comunicado.

“Cuando un Ayuntamiento se pone de verdad del lado de la ciudadanía es un adversario temible frente a quienes están negando sus derechos. Si hay que pleitear contra el Gobierno de Canarias, lo haré, desde la Alcaldía de La Laguna. Y ya saben los de Coalición Canaria cómo hace uno esas cosas cuando se trata de defender los derechos de la ciudadanía”, expuso Santiago Pérez.

“Estaría bien que al menos por una vez se pusiera a disposición de los vecinos y vecinas no solo los servicios jurídicos municipales, sino a uno de esos abogados galácticos de postín que contratan para resolver sus chanchullos los gobernantes”, añadió el candidato de Avante La Laguna.

Santiago Pérez señala que “la historia” de las viviendas que se adjudicaron con una opción de compra a favor de los adjudicatorios de las mismas es la historia de “un gran engaño protagonizado por los de siempre, por los mismos que ahora, sin el menor escrúpulo, están intentando chantajear a los vecinos planteándoles que la continuidad de ellos en el Gobierno es la condición imprescindible para que logren ejercitar su derecho a la adquisición de la propiedad y a la transmisión por parte del Gobierno de esas viviendas”, ha explicado.

En opinión de Pérez, tras las declaraciones del que fuera director general de Vivienda, Miguel Ángel Pulido, las cosas “han quedado claras”. Así, explicó, “el Gobierno de Canarias se endeudó, a través de créditos hipotecarios, que no se le iban a transmitir por pura sensibilidad con los vecinos aquellas viviendas con la carga hipotecaria y que, en consecuencia, ellos tenían una opción de compra en condiciones muy bien prefijadas para cuando el Gobierno cancelara los préstamos hipotecarios”.

Lo que ocurre, ha matizado Pérez, es que en este asunto, “como en tantos otros que tienen que ver con las políticas sociales, la lucha contra la desigualdad, o los derechos esenciales” de la ciudadanía canaria, “este es un Gobierno mentiroso y un chapucero. Son los mismos, y precisamente porque son los mismos, --Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y compañía-- durante este tiempo el Ayuntamiento de La Laguna no ha podido ponerse en serio del lado de los vecinos”, añadió.

Santiago Pérez señaló que “ellos, que forman esta banda, la banda de CC, se arropan los unos a los otros y hacen dejación de sus responsabilidades institucionales, que son las que tiene la Alcaldía de La Laguna para ponerse al lado de los vecinos. Esas responsabilidades institucionales las voy a ejercer yo desde el primer día. Y voy a poner todo el peso y todo el poder del Ayuntamiento del lado de los vecinos, en temas como este o como el gran problema de las antenas”.

El candidato de Avante terminó diciendo que “CC desprestigia” completamente la necesaria actuación de las empresas públicas para afrontar algunas demandas y servicios sociales de primera necesidad porque las acaban convirtiendo en un “nido de enchufados”. Pérez ha insistido en esta idea asegurando que “sabe bien de lo que habla”, y ha explicado que se ha llegado al punto de “colocar” a esas empresas aunque estén en situaciones financieras inviables.

Al final, ha concluido, “entre que sean útiles al servicio de las demandas sociales prioritarias y el enchufismo al que son adictos [en el Ayuntamiento], optan por el segundo y colocan a las empresas en situación de quiebra”.

El candidato de Avante La Laguna a la Alcaldía del municipio tinerfeño, Santiago Pérez, ha señalado este lunes que el abogado de Clavijo en el caso Grúas, José Antonio Choclán, “se comporta jurídicamente como un godo que piensa que aquí seguimos en taparrabos en Derecho”.

Pérez ha valorado que “el abogado súperestrella y súper caro que ha contratado Clavijo ha venido a darnos a darnos una lección de derecho a los canarios. No solo a los denunciantes que ejercemos la acusación popular, sino a la Fiscalía Anticorrupción y a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que en dos ocasiones ha percibido con claridad serios indicios de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en las actuaciones de Clavijo y su subordinado, el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz”.

El concejal lagunero añadió que “Choclán se comporta jurídicamente como un godo, y todos sabemos la diferencia entre peninsulares y godos. Cuando un abogado de postín, carísimo, viene a enseñarnos Derecho a todos los canarios dos años después de estarse tramitando el caso Grúas, tras importantísimas decisiones judiciales y con un informe demoledor de la Fiscalía Anticorrupción, se comporta como un godo jurídicamente hablando”.

A Santiago Pérez esto no le extraña, porque “desde hace muchos años, todos los mercenarios que vienen de la Península buscando poder y dinero enseguida olfatean dónde está y se arriman de inmediato a Coalición Canaria”. 

El candidato ha concluido asegurando que “todo esto” le recuerda “al viejo episodio en la etapa inmediatamente posterior a la Conquista, cuando vino un tal Grimón, mercenario, armado con arcabuces, para sofocar la revuelta de Ichasagua en el Sur. Ahora no vienen con arcabuces sino con unos Códigos Penales que pretenden que los canarios no entendemos porque creen que seguimos en taparrabos jurídicos”.

El candidato de Avante La Laguna a la alcaldí­a de esa ciudad, Santiago Pérez, ha colocado el planeamiento del territorio del municipio como uno de los ejes centrales de su programa de gobierno. Así­ se recoge en un ví­deo de campaña divulgado este lunes en el que se compromete a acabar con ocho años de incertidumbre en el planeamiento de la ciudad y de su suelo agrí­cola y natural.

“Aprobaremos un Plan General (PGO) participativo y democrático, con ADN lagunero, preservando el suelo agrí­cola y los recursos naturales”, asegura el candidato.

El portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, aseguró este miércoles que se “descojona” de la denuncia que el alcalde, José Alberto Díaz (CC), ha presentado por un acuerdo del pleno de la Corporación municipal.

En rueda de prensa, Santiago Pérez dijo que con esa denuncia el alcalde lo que pretende es dar la impresión de que “todos somos iguales”, cuando los imputados en los juzgados son de Coalición Canaria (CC), que está “inundada en corrupción”.

Recordó el portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias que el pleno municipal aprobó por unanimidad que 5,6 millones de euros del superávit se destinen a pagar las deudas que el Ayuntamiento de La Laguna tiene con la empresa municipal Muvisa.

Santiago Pérez indicó que el alcalde pretendía que los ocho millones de euros se destinasen a pagar la deuda que la Corporación municipal tiene con el Banco Santander y así pagar los “pufos” que han dejado los anteriores alcaldes, Fernando Clavijo y Ana Oramas, ambos de CC.

Pero la oposición planteó que 5,6 millones de euros se destinen al pago de la deuda con Muvisa, que, señaló Santiago Pérez, es una empresa pública que tiene que ser viable financieramente o de lo contrario hay que disolverla.

Por ello, añadió, los grupos de la oposición propusieron que antes de pagar la deuda con los bancos se abonasen los fiados a Muvisa, a la que no se paga y por ello tiene que utilizar el dinero que es para la reposición de las viviendas de Las Chumberas y que es un dinero finalista.

Santiago Pérez, que desde hace unos meses es el presidente de Muvisa, aseguró que el consejo de administración de esta empresa no permitirá que se siga con esa práctica.

Explicó que la propuesta aprobada por el pleno municipal se sustentó en la certificación de que el Ayuntamiento de La Laguna adeuda 5,6 millones de euros a Muvisa por diversos encargos, y agregó Santiago Pérez que el interventor municipal dice en un informe que el superávit hay que dedicarlo a pagar la deuda, pero antes hay que pagar a proveedores.

También se refirió Santiago Pérez a los delegados de Comisiones Obreras (CCOO) en Muvisa, a quienes dijo que han dado muestras de “estar vendidos” a Coalición Canaria.

Santiago Pérez también habló en la rueda de prensa de una sentencia por la cual la Audiencia Provincial da la razón a los grupos de la oposición, que denunciaron que se les había privado del derecho de contar con personal de apoyo.

La denuncia se presentó porque, como desde 2000 está prohibido por ley que los grupos destinen su dinero a personal de apoyo como secretariado y comunicación, es el ayuntamiento el que hace los nombramientos.

Pero el grupo de gobierno, CC-PSOE, “acaparó” todos los cargos, con lo que la oposición no pudo contar con ese personal y por ello se presentó la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, declaró Santiago Pérez.

El juzgado de lo contencioso administrativo denegó la vía del derecho fundamental que se alegaba en la denuncia y ante esa actuación de “ignorancia y frivolidad intolerable” se recurrió a la Audiencia Provincial, que “nos ha dado la razón” en que se trata de un ataque a un derecho fundamental.

Ante esta sentencia de la Audiencia Provincial, Santiago Pérez espera que el alcalde, José Alberto Díaz, “se trague las palabras que dijo cuando el contencioso administrativo nos denegó esa vía”.

El candidato de Avante La Laguna, Santiago Pérez, ha propuesto de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo “un cambio alrededor de unos objetivos tan sencillos como inaplazables”: “El primero, impedir que el Gobierno de La Laguna se decida desde fuera. El segundo, restablecer la legalidad en el funcionamiento del Ayuntamiento, especialmente en materia de contratación, porque la ilegalidad en la contratación de las administraciones públicas es la antesala de todas las corrupciones. Tercero, suprimir todo gasto superfluo para poder dedicar hasta el último euro a la lucha contra la pobreza y a la inversión pública generadora de empleo”, detalló el candidato a la alcaldía por aquella agrupación de electores.

A esas tres acciones, Pérez incorporó la “de aprobar cuanto antes el Plan General de Ordenación (PGO), que se presentó por Fernando Clavijo hace ya un decenio, y también que este sea un PGO que establezca un modelo de desarrollo urbanístico sostenible y de respeto al suelo agrícola y a los recursos naturales de nuestro municipio”, se indica en una nota de prensa de Avante La Laguna.

El actual concejal lagunero dijo dirigirse explícitamente “a los candidatos del Partido Popular (PP) y del PSOE, para que se comprometan abierta y públicamente ante la ciudadanía de La Laguna con este cambio de gobierno a partir de las próximas elecciones: ”El cambio en La Laguna es inaplazable y los invito a todos a que definan públicamente si adquieren el compromiso de contribuir al cambio o de nuevo van a convertirse en el bastón de apoyo de un partido completamente desgastado“.

El candidato de Avante explicó que se dirige “especialmente al PP y al PSOE porque durante este mandato ha quedado claro que Unidas Podemos, el Ciudadanos liderado por Teresa Berástegui, Javier Abreu y nuestros votos [los de XTF-NC]] han estado a la disposición de la voluntad de cambio expresada por el pueblo de La Laguna en 2015”.

El candidato de Avante La Laguna a la alcaldía de este municipio, Santiago Pérez, ha mostrado su “gran alegría” por el resultado de las elecciones generales del domingo: “El pueblo español ha confiado al PSOE la responsabilidad de restablecer el pacto constitucional, el mejor sistema de convivencia entre las personas y pueblos de España en nuestra historia. Ese pacto que se sustenta en la defensa de la unidad y la pluralidad del país, pero también en la solidaridad entre sus territorios y en la justicia, que es la finalidad primordial del Estado social”.

Pérez considera, según refleja en una nota de prensa, que con aquel resultado electoral “se abren inmejorables condiciones para el cambio en La Laguna. Si en el año 2015, cuando los resultados de las generales favorecieron claramente a la derecha, la ciudadanía lagunera votó cambio progresista, ahora el escenario de cara al 26 de mayo es especialmente alentador”.

En La Laguna, la izquierda ha pasado del 42,62% en 2016 al 46,03% en 2019 (casi cuatro puntos más), mientras que Coalición Canaria (CC) ha quedado relegada a la condición de tercera fuerza política, “pese a monopolizar el poder del Ayuntamiento y al extraordinario derroche en medios publicitarios del que ha hecho alarde”.

Pérez insiste en que “los resultados son muy elocuentes: en el año 2015 ese cambio no se pudo llevar a cabo por la deserción a última hora del PSOE, a quien considero suficientemente escaldado tras las deslealtades de CC y sobre todo después de que Coalición Canaria haya desarrollado toda su campaña con una actitud agresiva anti-PSOE”.

Así, recordó “las infames vallas del Paga lo que debes”, financiadas y puestas con el cinismo de quienes sí tienen una deuda muy seria con la ciudadanía tinerfeña y con la de Santa Cruz especialmente. Y no basada en especulaciones más o menos truculentas, sino en las sentencias reiteradas de los tribunales“.

El también concejal lagunero indicó que “es CC quien tiene esa deuda, y no Miguel Zerolo. Es CC y las instituciones gobernadas por ellos los que tomaron las decisiones de rematar la operación de Las Teresitas ejerciendo un poder desde la Comunidad Autónoma que Zerolo no tenía como alcalde (la recalificación de terrenos en Las Huertas, la parte del león del negocio, en contra de la legislación canaria y del derecho del pueblo de Santa Cruz a participar en las plusvalías)”.

Santiago Pérez quiso también “felicitar el importante resultado electoral de Unidas Podemos, que no se apalanca en el poder municipal, sino que ha sido conseguido a pelo, con el trabajo de sus militantes y cargos públicos. Es un ingrediente imprescindible para el cambio en La Laguna”.

El resultado en las generales -añade-, “siendo jubiloso para el PSOE en España y en Canarias, debe llamar a la reflexión a los dirigentes desde Ferraz hasta la Ejecutiva insular del socialismo tinerfeño, que fue siempre el gran baluarte electoral en Canarias. Ahora no ha sido así. Y la explicación tiene que ver con la pérdida de perfiles propios y la subordinación impuesta al socialismo tinerfeño desde de las más altas instancias; porque es el socialismo tinerfeño el que ha venido pagando la factura cada vez que ha habido un acuerdo con CC”.

“Soy consciente -dijo- de que en gran medida no es responsabilidad del socialismo tinerfeño ni de sus dirigentes, pero deben sacar conclusiones. Principalmente la dirección federal del PSOE porque la campaña de CC en la provincia ha sido extremadamente agresiva contra el PSOE”, afirmó.

Pérez señaló finalmente que le resulta “estrambótico cómo una CC que ha quedado reducida a la marginalidad en medio archipiélago, quinta fuerza política, y que ha dejado de tener la representación específica de cada isla en el Senado siga pretendiendo presentarse como la única y exclusiva representación de los canarios y canarias”.

El portavoz de Por Tenerife- Nueva Canarias y denunciante del caso Grúas, Santiago Pérez, ha manifestado que en su declaración de hoy miércoles ante la jueza, Fernando Clavijo ha intentado culpar a los funcionarios.

Pérez, en un comunicado, recuerda que Clavijo se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación popular lo que, ha ironizado, “es un gesto de valentía por su parte”.

Según Pérez, el presidente ha echado especialmente la culpa a una funcionaria que tendrá que comparecer pronto como imputada y en general a los funcionarios del Ayuntamiento.

Para el portavoz municipal, culpar a los funcionarios es “marca de la casa” de Coalición Canaria en todos estos procesos judiciales y señala que en la declaración parece que Clavijo tenía tres abogados, el suyo y los del edil Pérez Godiño y el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz.

“Clavijo está en su derecho de mentir como imputado. Y las contestaciones que dio a las preguntas de la Fiscalía no se las cree ni él. Donde no tenía derecho a mentir y lo ha hecho es en el Parlamento de Canarias y ante la opinión pública” ha señalado.

Santiago Pérez ha considerado “intolerable” que Clavijo convoque a los medios en Presidencia porque ello supone, a su juicio, asociar la institución de la Presidencia “a sus andanzas en el caso Grúas”.

El portavoz indica que Clavijo no respondió a preguntas como por qué se omitió el informe de la intervención en las diversas actuaciones con la empresa AutoGrúas Poli o acerca de quién dio la orden de que no se iniciaran los expedientes sancionadores ante las faltas que al parecer cometió la empresa concesionaria del servicio.

Pérez indica que otra de las preguntas no contestadas trata de los motivos por los que se evitó sancionar a la empresa concesionaria o por las causas por las que se ordenó a los interventores de la empresa de grúas que devolvieran al Ayuntamiento el préstamo antes de pagar otras deudas que tenía contraídas.

El presidente del consejo de administración de Muvisa, Santiago Pérez (también concejal de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna), convocó este martes a los medios de comunicación para objetar sobre la decisión del grupo de gobierno en esa Corporación, de Coalición Canaria (CC), de dar por finalizada la encomienda a esa empresa pública para determinadas tareas relacionadas con el nuevo Plan General de Ordenación (PGO), establecido al inicio del actual mandato, en 2015. Esa decisión se adopta tras pasar el control de la sociedad municipal lagunera a manos de la oposición.

Pérez criticó que se trata de una estrategia que responde al “fracaso continuado de José Alberto Díaz”, que de esta manera vuelve a justificar su mala gestión en la empresa pública.

Hay que recordar que el concejal de XTF-NC y candidato a las próximas elecciones por la nueva formación Avante La Laguna es presidente de Muvisa desde el pasado mes de febrero, cuando la oposición del pleno municipal votó a favor de destituir a los que hasta entonces formaban su consejo de administración, con el alcalde José Alberto Díaz presidente hasta ese día.

Santiago Pérez aseguró que en 2015, a través del Plan General de Ordenación, el grupo de gobierno planeaba que hasta seis millones de metros cuadrados de suelo rústico del municipio pasaran a ser urbanizables, enmascarando la situación al otorgar suelo agrícola a lugares que carecían de ello hasta ese momento. Con ese objetivo, se le otorgaron a Muvisa los trabajos técnicos para poder realizar los planes del Gobierno local, dando un plazo máximo de un año para dar por finalizadas esas labores.

Sin embargo, ahora se descubre que el alcalde da por finalizado el mandato actual y con ello la encomienda a la empresa municipal sin haber conseguido, cuatro años después, el resultado de esos trabajos. Los trabajos que debía realizar Muvisa en el año 2015 se basaban en dos grandes puntos: la contratación de personal cualificado y seguir las instrucciones dadas por la Gerencia de Urbanismo. “El Ayuntamiento daba a Muvisa esa potestad para no tener que realizar esa contratación y así evitar los plazos y las premisas necesarias para efectuar un contrato de titularidad pública”, afirmó el portavoz de XTF-NC.

El concejal Santiago Pérez aprovechó la ocasión para criticar los gastos llevados a cabo por los gobiernos que ha tenido CC en el Ayuntamiento de La Laguna, haciendo hincapié en los comandados por Ana Oramas, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz.

Pérez aseguró que el Ayuntamiento ha destinado una mayor cantidad de dinero a la partida de fiestas locales que a las ayudas a familias necesitadas o a entidades sin ánimo de lucro. Además, también comparó los gastos llevados a cabo por el Consistorio en plena crisis económica, en el año 2011, con los actuales. “En 2011, a 31 de diciembre, el Ayuntamiento gastó 52.323.000 euros en el funcionamiento de los bienes públicos, mientras que en 2018 el resultado fue de 51.128.000 euros. ¿Cómo es posible que se gaste más en crisis y menos cuando finalizó la recesión económica?”.

El candidato de Avante La Laguna, Santiago Pérez, señala “la salida a la palestra de Ricardo Melchior nos obliga a todos los laguneros y laguneras de buena voluntad a exclamar bien alto: La Laguna, como moneda de cambio nunca más”.

Santiago Pérez se refiere a las declaraciones de Melchior (expresidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife) revelando que el PP se retiró de la moción de censura de La Laguna, que ellos mismos habían promovido, a cambio de que les dejaran la presidencia de la Autoridad Portuaria “lo único que hace es oficializar un secreto a voces para el que reconocido por Melchior no hace falta más elementos de prueba”.

Pérez ha añadido que el hecho de que el PP y CC “negocien” con La Laguna “no es una novedad”. De hecho, apunta el concejal, “hace 20 años fue el PP quien permitió a CC sofocar la marea de cambio que se produjo en la victoria electoral de la candidatura socialista. CC y PP desde siempre han negociado, todo. Ha sido una constante, hasta los últimos tiempos, en los que ese papel lo ha desempeñado el PSOE, para tristeza infinita de muchos laguneros y laguneras”.

“Lo que no debe volver a ocurrir más –ha añadido-- es que quien apuntala a una CC en pleno declive, censurada por lo votantes, sea el PSOE. El que tiene el poder juega con una ventaja espectacular. Y perder la mitad de sus votantes fue una censura en toda regla, máxime cuando los votantes concedieron por primera vez desde 1983 una mayoría absoluta a las candidaturas progresistas”.

Las declaraciones de Melchior “no pueden desviar la atención de los laguneros de la grave responsabilidad que ha tenido el PSOE en este asunto; el PSOE de La Laguna, porque quiero distinguir entre el PSOE de La Laguna y el del resto de España, Canarias o Tenerife”, ha explicado.

Como ejemplo de esta diferencia, Pérez alude a que en el último Congreso de los Socialistas Tinerfeños, “por una mayoría abrumadora”, se decidió apoyar la moción de censura en La Laguna. Sin embargo, ha explicado, “quienes han venido decidiendo desde hace mucho tiempo lo que hacen los socialistas laguneros se han opuesto” [a la moción de censura], por lo que “tienen que dar una explicación a la ciudadanía. La Laguna”.

Santiago Pérez ha concluido diciendo que “si el PSOE de La Laguna mereciera confiabilidad a la hora del apoyo a un cambio en La Laguna, probablemente el panorama de candidaturas en estas elecciones sería otro, porque eso significaría que el PSOE en los últimos tiempos habría estado a la altura de lo que ha representado históricamente ante la ciudadanía lagunera”.

El pleno del Ayuntamiento de La Laguna celebrado este jueves ha acordado reprobar la gestión pública de Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y Antonio Pérez-Godiño, todos imputados por el caso Grúas, debido a las resoluciones administrativas que en su momento adoptaron en relación con ese servicio municipal. “sin fundamentos jurídicos que pudieran prevalecer sobre los reparos de la Intervención General, y por la ausencia de acciones de control de unos graves incumplimientos notificados en numerosas ocasiones, sin realizar la más mínima acción sancionadora o al menos el inicio de expedientes para ello”, señala el partido en la oposición y denunciante de ese caso XTF-Nueva Canarias (NC).

Esta formación además añade que ello se hizo “para favorecer a un grupo de empresarios afines, en contra de la legalidad y de los intereses generales” de los ciudadanos de La Laguna.

Esa ha sido la propuesta de acuerdo incluida en una moción presentada por Santiago Pérez, líder de XTF-NC, para revocar el acuerdo plenario de julio de 2017 en relación con las conclusiones de la comisión de estudio del caso Grúas. La moción ha salido adelante con 14 votos a favor y 11 en contra.

Esa será ya la conclusión de los trabajos de análisis de la comisión especial de estudio de la gestión del servicio de grúas municipales y no el dictamen impuesto “que frustró la función institucional que se había encomendado a la comisión especial de estudio: esclarecer hechos de interés público y fiscalizar el comportamiento político para su debate y control público”.

Santiago Pérez explica en un comunicado que “las resoluciones judiciales señalan la existencia de indicios de la comisión de diversos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, de los que aparecen indiciariamente como autores Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y Antonio Pérez-Godiño, mientras que el dictamen antes aprobado por el pleno se sustentaba en un relato que contradice plenamente la realidad de los hechos, tal y como van quedando de manifiesto tras una prolongada investigación judicial”, remata el concejal.

Frente al relato del expediente administrativo, “queremos poner sobre la mesa las responsabilidades políticas, teniendo en cuenta también las comparecencias realizadas”. La externalización del servicio, prosigue la nota, se hizo según un informe del año 2003 que en la propia página 12 del dictamen de la comisión reconoce que “nunca se llegó al máximo de retiradas de vehículos necesarios según el mencionado documento para que la facturación fuese la establecida en el contrato”.

El pliego de condiciones, que obligaba a unos requisitos técnicos en los vehículos prestadores del servicio, al pago regular de las nóminas, a estar al día en las obligaciones tributarias y que establecía entre 2005 y 2013 la contratación de 22 operarios, “no se cumplió durante largos periodos”.

Además, esto se puede comprobar de forma sencilla viendo cómo durante todo ese periodo nunca hubo más de 16 operarios de grúas; por la certificación de los más de 300.000 euros de deudas tributarias que los directores del servicio detectaron en 2014; por los incumplimientos muy graves o gravísimos del contrato; por la ausencia de tarjetas de transporte notificada en reiteradas ocasiones, incluso por la propia Guardia Civil, entre 2013-2014, y por los impagos de nóminas que fueron denunciados por los propios empleados que prestaban ese servicio, al menos en 26 escritos diferentes entregados entre 2012 y 2014 por el registro de este Ayuntamiento.

Ante todos esos acontecimientos, solo hubo una actuación municipal: “El silencio y el encubrimiento de estas responsabilidades. No existe en todo el expediente administrativo una sola actuación sancionadora por parte del Consistorio contra esta empresa que claramente estaba incumpliendo, ni el intento de sacar nuevamente a concurso este servicio, incluso de gestionarlo a través de Muvisa, como se llegó a plantear formalmente durante el pasado mandato y reconoció el propio José Alberto Díaz en la citada Comisión”, expone Santiago Pérez.

Este mismo concejal añade que eso no fue lo único, sino que “la respuesta fue la de salvaguardar a los propietarios de Autogrúas Poli, SL, de cualquier consecuencia económica, llegando al extremo de realizar -al margen de la ley- un préstamo de 120.000 euros para dar a la empresa una apariencia de solvencia y tratar de justificar la prórroga del servicio. Frente al interés general, se puso el interés particular de personas vinculadas a responsables políticos de CC”, sostuvo Pérez.

Con independencia de lo que ocurra en los tribunales de Justicia, “ese comportamiento merece una reprobación política como conclusión del trabajo de la comisión especial investigadora de la gestión del servicio municipal de las grúas”, remata el concejal de XTF-NC. Sin embargo, “la finalidad del dictamen aprobado en su día por el pleno fue la de evitar que la Comisión condenara tales comportamientos”.

El concejal lagunero y denunciante del caso Las Teresitas, Santiago Pérez, ha señalado que la operación “especulativa urbanística” involucra a Coalición Canaria (CC) en su conjunto, pues “fue promovida por el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero fue secundada por CC en todos los planos institucionales y prácticamente por todos sus líderes”.

Según dijo Santiago Pérez en una nota de prensa, “no fue Zerolo y ya está”. “La intervención de la Comunidad Autónoma en este asunto fue jurídicamente decisiva, aprobando la modificación parcial del Plan General de Santa Cruz propuesta por el Ayuntamiento para reordenar el ámbito de Las Teresitas”, ha explicado.

El concejal ha añadido que la última aportación a este proceso ha sido la del actual alcalde, José Manuel Bermúdez, que “lleva años en ese puesto y no ha tenido la menor diligencia en promover las medidas de aseguramiento que permitirían recuperar el dinero: el paso del tiempo es oro en el mundo de los paraísos fiscales y de las anotaciones electrónicas para evadir bienes y acabar zafándose de la devolución del dinero al pueblo de Santa Cruz”.

Santiago Pérez ha querido recordar que todas las iniciativas que tomó como responsable de los socialistas tinerfeños “estaban encaminadas exclusivamente a recuperar el dinero del sobreprecio que pagó el Ayuntamiento por el frente de playa (5.500 millones de pesetas) y la participación de Santa Cruz en las plusvalías que se originaron en los valles de Las Huertas y El Cercado (reclasificaciones de suelo que le dieron un valor astronómico)”.

“Es uno de los principios esenciales de nuestro derecho urbanístico la participación de la comunidad en las plusvalías originadas por la acción de los poderes públicos. Fue una reclasificación tan importante que permitió a Inversiones Las Teresitas vender ese terreno por 16.000 millones de pesetas pocos años después. Y de ese dinero el pueblo de Santa Cruz se benefició con cero pesetas”, afirmó Pérez.

El edil aseguró que la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y llevar todo el caso Las Teresitas a la vía penal fue la “última opción” a su alcance “para impedir que el paso del tiempo acabara haciendo olvidar y absolviendo toda aquella operación”.

“Pero la operación de Las Teresitas, cuya importancia viene del perjuicio económico que causó al pueblo de Santa Cruz, no es una cosa en la que participaran solo Miguel Zerolo y el Ayuntamiento, sino que fue toda una operación secundada al más alto nivel por el conjunto de Coalición Canaria (CC)”, insistió.

Para Santiago Pérez, “es evidente, si tomamos en cuenta que el convenio urbanístico se tramitó contraviniendo la regulación establecida por primera vez en la legislación canaria del año 2000, el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y los Espacios Naturales, que pasó a regular jurídicamente lo que hasta entonces había sido un territorio sin ley: el de los convenios urbanísticos que se prestaban a abusos y corruptelas”.

Agregó que el convenio de Las Teresitas “fue cumplido antes siquiera de que acabara el plazo para formular alegaciones, como las que presentó en nombre del PSOE, y la reclasificación del suelo incumbía también a las responsabilidades del Gobierno de Canarias”.

“Yo planteé una iniciativa en el Parlamento de Canarias para pedir al Gobierno que, a la vista de que la Fiscalía Anticorrupción había formulado la querella contra la operación, iniciara de oficio el procedimiento para revocar la modificación del Plan Parcial de Las Teresitas y la reclasificación del suelo en Las Huertas y El Cercado, en cumplimiento de un convenio urbanístico que no obligaba al Ayuntamiento. Y se negaron”, apuntó.

Pérez terminó diciendo que todas las iniciativas que tomaron en aquel tiempo, a pesar de la reacción “desmedida” de algunos dirigentes socialistas de Santa Cruz, “estaban encaminadas a impedir que la imagen del PSOE quedara involucrada en aquella operación porque la buena imagen del PSOE es el fruto del trabajo de muchas generaciones de socialistas honestos, comprometidos con la democracia y la defensa de los intereses generales”.

“Es ese legado el que intenté preservar y que me incumbe seguir haciendo hoy porque soy del PSOE aunque no esté dentro”, recalcó Santiago Pérez.

El concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, aseguró este miércoles que el informe de la Fiscalía Anticorrupción que considera que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), pudo prevaricar “marca un hito”.

En una rueda de prensa, Santiago Pérez ha incidido en que el informe de la Fiscalía apunta a que Fernando Clavijo, cuando estaba en el Ayuntamiento, y el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, cometieron presuntamente delitos de prevaricación porque, entre otros aspectos, ignoraron el informe de los funcionarios que alertaba de que la empresa de grúas incumplió de forma “grave” las condiciones contractuales.

“Autogrúas Poli no estaba al día en el pago a los trabajadores, una obligación esencial; tenía deudas muy cuantiosas con las agencias tributarias estatal y canaria, y estaba en condiciones de insolvencia, lo que la obligaba a convocar un concurso de acreedores”, ha enumerado Santiago Pérez.

Fernando Clavijo y José Alberto Díaz mantuvieron ese informe “escondido” durante dos años, según el concejal lagunero, porque pensaban concederle a Autogrúas Poli un préstamo, “como finalmente hicieron”, y prorrogar el servicio según un contrato “que tuvo que ser resuelto”.

Santiago Pérez, que es uno de los denunciantes del caso, ha celebrado que el informe de la Fiscalía coincida con la acusación particular del caso Grúas, que forman Unidos Se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias en La Laguna, en que el préstamo no fue en ningún caso una transferencia interna, ya que lo pidió el apoderado de la empresa y el Ayuntamiento se lo concedió.

Además, en su opinión la Fiscalía apunta igualmente a que la explicación de muchas decisiones que tomó Fernando Clavijo se deben a su relación “de amistad, de cercanía” con los empresarios de Autogrúas Poli.

Por otro lado, el edil lagunero ha criticado que el decreto ley convalidado hoy en el Parlamento de Canarias con el que se podrá continuar con la reposición de las viviendas de Las Chumberas no proteja a los vecinos, sino tan solo a Fernando Clavijo.

En torno a este asunto, Santiago Pérez ha citado un informe de la Abogacía del Estado que, según ha dicho, garantiza el apoyo del Estado en la operación siempre que el Ayuntamiento justifique qué ha hecho hasta ahora con el dinero.

“La administración de la Comunidad Autónoma es la única que no ha dicho nada. Porque si dice lo mismo que la del Estado o la del Cabildo (de Tenerife), tienen que investigar al presidente del Canarias. Y Clavijo la está amordazando”, ha acusado SantiagoPérez.

Y pese a que el Ayuntamiento ya ha adjudicado las obras, el concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias ha incidido en que ese acuerdo está condicionado a la obtención del suelo, un paso previo que el Consistorio lagunero no ha acabado.

Por lo tanto, el decreto convalidado hoy en sede parlamentaria es en su opinión otra muestra de “propaganda”, ya que trata de engañar a los vecinos y prometerles una rápida solución al problema cuando todavía no han ultimado siquiera el expediente de expropiación de los terrenos.

La prensa del Régimen ha montado un espectáculo grotesco porque en el encabezado del Auto de aplazamiento de la declaración de Clavijo como imputado, aparecía como interviniente. ¡Ya no está imputado! Habría que explicarle a Pomares, Lourdes Santana, Millet y compañía que ese encabezado no forma parte del Auto. Pero, sobre todo, que en la citación a Clavijo para que declarara como investigado también figuraba como “interviniente”. ¿Entonces? Clavijo sabe que está imputado. Hasta Antonio Doreste, en su particular “voto particular”, lo da por sentado.

La Jueza de Instrucción pretendió sustentar su negativa a citar como imputado al Actual alcalde en que este no había firmado (sino Clavijo y Pérez-Godiño, el primer imputado) ningún Decreto. La Audiencia Provincial, revocando la decisión de la jueza, ordenó citar como imputado a José Alberto Díaz por la “emisión de Informes y Propuestas favorables” a la concesión de un préstamo y a la prórroga de la concesión a la empresa Auto Grúas Poli, a pesar de las reiteradas advertencias de ilegalidad formuladas por la Intervención Municipal.

Pero fue Clavijo quien dictó los Decretos de la Alcaldía 858 y 1284 de 2014 “levantando” los reparos de ilegalidad y allanó el terreno para darle un préstamo en dinero público y prorrogarle la concesión de la gestión de las grúas a una empresa insolvente y gravemente incumplidora de sus obligaciones contractuales. A la que había, por imperativo legal y contractual -como concluyeron los funcionarios en un Informe jurídico que Clavijo escondió durante tres años-, que haber sancionado mediante la resolución del contrato y el rescate de la concesión. Clavijo juega a ganar tiempo, mediante maniobras dilatorias, para confundir a la opinión pública. Pretende aparentar que no está imputado. Pretende simular que está dispuesto a colaborar con la justicia.

Sigue intentando zafarse del Estatuto de Autonomía, que nos convierte a todos los canarios en iguales ante la ley, y seguir disfrutando de un aforamiento que ya no existe. La jueza de instrucción, después de advertir a Clavijo que debía aclarar “si está pidiendo la suspensión de la declaración, y en ese caso se proveerá”, acordó ese aplazamiento sin que Clavijo lo pidiera. Y sin que se le informara “del resultado de tal anuncio” del Recurso de Casación, es decir de su admisión a trámite, la otra condición imprescindible fijada por la propia jueza para acordar el aplazamiento de la declaración de Clavijo como imputado.

¿Por qué Clavijo no pidió expresamente el aplazamiento? Porque con esa petición habría desmentido él mismo su anuncio/farol de que iba a colaborar con la justicia ordinaria. En ese momento alguien debió salir al quite, para pedirle a la jueza que dispusiera el aplazamiento sin fecha de la declaración de Clavijo, sin que nadie hubiera solicitado el aplazamiento ni acreditado la admisión a trámite del recurso de casación. La jueza contradijo flagrantemente su propia resolución y sus propias exigencias, haciendo gala de su llamativa resistencia a investigar este caso. No es difícil imaginar quién pudo, con el ascendiente necesario, hacer esa gestión. En mi esquema mental, a ese personaje lo identifico como “factor D”.

La Ley de Enjuiciamiento solo admite recurso de casación contra autos judiciales “cuando la ley autorice dicho recurso de modo expreso” o “cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre”. Es palpable que no hace al caso Grúas, porque ni hay ley de establezca expresamente que es recurrible en casación el Auto denegando la Súplica de Clavijo contra la devolución de la investigación al Juzgado de La Laguna, ni dicho Auto supone la finalización del proceso. Todo lo contrario.

Contemplemos ahora los efectos suspensivos de del recurso de casación en el proceso penal. Si lo que se recurre en casación es una Sentencia condenatoria, la suspensión de la condena se deriva de la más elemental lógica jurídica: porque, de lo contrario, al cumplir la Sentencia se estaría privando de utilidad al recurso: encarcelando anticipadamente, por ejemplo, a un condenado que luego podría ser absuelto si el Tribunal Supremo estimara el recurso y revocara la condena.

En el caso de recurso de casación contra un Auto “que supone la finalización del proceso”, discutir la suspensión del auto no tiene el menor sentido. No hay nada que ejecutar, ni que suspender, porque el proceso ha terminado. No hay ninguna condena que aplazar. Ni ningún preso preventivo que poner en libertad, porque ya estaría en la calle. Fin de la cita.

Darle cuerda a la estrategia dilatoria de Clavijo supone bloquear la investigación del caso Grúas. Que como cualquier otra tiene un límite temporal establecido por la reforma, realizada en 2015, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¿De qué estamos hablando entonces? Sencillamente, como afirmábamos al principio, de las maniobras dilatorias de Clavijo. Y de la acogida incomprensible que le dispensa la jueza de instrucción.

El concejal en La Laguna de XTF-NC Santiago Pérez, uno de los denunciantes del caso Grúas (en este proceso judicial está imputado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo -por sus actuaciones cuando era alcalde de La Laguna-, el actual regidor en ese municipio, José Alberto Díaz, y el concejal Antonio Pérez-Godiño -todos ellos de CC-), lamentó este martes que la diputada nacional de CC, Ana Oramas, “de la que por fin toda la sociedad española ha visto su conexión ultraderechista, se haya referido a mí estos días a propósito del caso Grúas, al acusarme de estar haciendo guerra sucia. Esta acusación forma parte lógica de la facilidad compulsiva de Oramas para mentir sin cortarse un pelo”, subrayó el concejal.

Pérez recuerda en una nota de prensa que “en cualquier sociedad civilizada y democrática la defensa de la legalidad y del interés público nunca es guerra sucia; siempre es defensa del interés general, defensa de la transparencia, sobre todo cuando esas acciones judiciales se emprenden cumpliendo el deber legal que nos impone a los cargos públicos el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Y añadió: “Fundamentalmente cuando se ejerce con el claro objetivo de luchar contra la corrupción que inunda las prácticas y el estilo de Coalición Canaria”.

El concejal lagunero aclara que “practicar la guerra sucia, como hacen Ana Oramas, Fernando Clavijo y toda la dirigencia de CC, es instaurar la censura en los principales medios de comunicación en los que ellos actúan sin que los demás tengamos la oportunidad de contestarles debidamente”, recalcó el concejal lagunero.

Este además sostuvo que “practicar la guerra sucia es colonizar las instituciones y empresas que gestionan los servicios públicos para enchufar a toda la clientela de Coalición Canaria”; “practicar la guerra sucia es colonizar mediante subvenciones las entidades asociativas que debieran ser reivindicativas e independientes del poder político...”.

Todo eso, detalla Santiago Pérez en un comunicado, “es guerra sucia. Y en ella, Ana Oramas, su discípulo Fernando Clavijo y el discípulo de su discípulo [en alusión a José Alberto Díaz], se están revelando como consumados maestros”, remató.

“Afortunadamente -siguió Pérez- la sociedad española y nuestro sistema de convivencia, por mucho que a ellos les pese, se ha constituido como un Estado de Derecho en el que el imperio de la ley y la prevalencia del interés público, poco a poco pero inexorablemente, se van abriendo paso”.

“La última diputada del último de los partidos”

Santiago Pérez finalizó su respuesta a Oramas diciendo que la diputada nacional de CC “habla de mí como si me hubiera derrotado electoralmente, olvidando que es la última diputada del último de los partidos que obtuvo representación en el Congreso por nuestra provincia”.

Pérez recordó a Oramas que “en nuestro golaverage particular le llevo clara ventaja en concejales y en porcentajes en las dos confrontaciones electorales en las que hemos competido, con la diferencia de que ella lo hizo con el respaldo del aparato del poder y yo a pecho descubierto. Si esto fuera la Champions, estaría eliminada. Y cualquiera que la oiga parece que ha ganado electoralmente. Fue alcaldesa apoyándose en el bloque de una derecha que se siente muy bien representada por ella, un bloque de perdedores. Y sigue diciendo mentiras para dar la vuelta a los hechos, que es lo que intenta día tras días apoyándose en un aparato mediático pagado con dinero de los contribuyentes”, criticó el concejal y portavoz de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna.

El concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, ha señalado este jueves que la imputación del presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), por el caso Grúas estaba “cantada”.

“La presentación de un candidato imputado a las elecciones por delitos relacionados con la corrupción es impresentable y un síntoma de degradación de la calidad de nuestro sistema democrático”, ha criticado Santiago Pérez en rueda de prensa.

Pérez ha resaltado que la llamada de ayer del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna a Clavijo para que declare como investigado (imputado) el 15 de marzo “no destruye” su presunción de inocencia, pues ésta, en cualquier caso, solo se evaluará durante el juicio oral.

Pese a ello, el edil lagunero ha insistido en que esta investigación a Fernando Clavijo estaba “cantada” desde que también fueran imputados el concejal Antonio Pérez-Godiño y el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria, como el presidente del Ejecutivo canario.

Santiago Pérez ha negado que el denominado caso Grúas sea una “persecución política”, postura que ha calificado de “cantaleta” y de “paranoia”. A su juicio, sitúa a Clavijo “al lado de los peores elementos de la clase política de España” por tratar de “justificar sus malandanzas”.

“La imputación no fue causada por nuestra denuncia. Se produce en un momento muy avanzado de la investigación. Hay tres decisiones judiciales que la sustentan: dos autos de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y una exposición razonada, resolución judicial, de la jueza de instrucción de La Laguna que elevó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la petición de investigar a Clavijo”, ha indicado.