En el último momento, cuando parecía inevitable que hubiera tres listas a la izquierda del PSOE en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, IU y Podemos alcanzaron un acuerdo para que los de Ione Belarra se integren en la coalición Por Andalucía, en la que también está presente Sumar. Tras un brusco volantazo y a pesar de muchos recelos mutuos, Podemos e IU cerraron las conversaciones el viernes, después de que el jueves terminase sin un pacto y con las posturas alejadas. Pero, a pesar de lo sorprendente de esta alianza de última hora, el camino para un entendimiento de cara a las generales sigue plagado de incógnitas: el éxito de las negociaciones es un espaldarazo para la tesis de que la unidad a nivel estatal es posible, pero también se han abierto nuevas heridas entre IU y Podemos por la negativa de los de Antonio Maíllo a ceder un puesto de salida —con escaño casi asegurado— a los morados en las listas.

Aunque esta semana IU y Podemos tan solo han hablado de Andalucía, lo cierto es que el enrarecido escenario de la izquierda a nivel estatal lleva meses condicionando las relaciones entre ambos actores en esa comunidad. De hecho, si el acuerdo no se ha cerrado hasta el último momento ha sido por la negativa que mantuvo durante meses la dirección estatal de Podemos que lidera Ione Belarra a participar de cualquier alianza en la que también estuviera presente Sumar. Los morados no levantaron ese veto hasta finales de la semana pasada, pese a que la dirección andaluza del partido había pedido públicamente permanecer en Por Andalucía. Y fue solo entonces cuando las conversaciones se desbloquearon, aunque inicialmente IU no se creía que Belarra y los suyos quisieran realmente un acuerdo.

Varias de las fuentes consultadas en los días previos a que se forjara el pacto eran muy conscientes de que la negociación para las andaluzas, fuera cual fuera el resultado de la misma, iba a tener efectos en el complejo tablero de la izquierda alternativa a escala estatal. Que haya habido fumata blanca en Andalucía no anticipa que vaya a haber un acuerdo de unidad para las elecciones generales. Y lo cierto es que Podemos, tanto a nivel estatal como autonómico, se encuentra muy molesto porque considera que IU ha aprovechado su debilidad para laminarlos en las listas. Pero algunos dirigentes no dudan en afirmar que una nueva ruptura esta semana hubiera complicado, hasta casi hacerlo imposible, un entendimiento que ya se presentaba muy difícil.

Por el contrario, con un acuerdo firmado, aunque haya sido a última hora y sin una larga negociación previa para destensar la relación entre IU y Podemos, se puede hacer la lectura opuesta. Para los comicios generales —salvo que haya un adelanto, algo que ahora mismo el Gobierno niega— faltan aún muchos meses, y es probable que la situación experimente cambios hasta que Podemos se siente a negociar con los partidos ahora mismo integrados en torno a Sumar, si es que esas conversaciones llegan a producirse. Pero el pacto en Andalucía allana el terreno para una eventual confluencia porque es la primera vez que Podemos ha aceptado compartir listas con los de Yolanda Díaz desde su ruptura en diciembre de 2023. Si ha ocurrido en Andalucía, sería complejo para Belarra y los suyos explicar por qué no puede pasar a escala estatal.

Preguntado por esa posibilidad, Maíllo afirmaba el viernes en la Cadena Ser que confía en la “responsabilidad” de “todo el mundo” para que el entendimiento que ha tenido lugar para las andaluzas se reproduzca de cara a las generales. Una parte de Podemos, no obstante, ha vivido el pacto en Andalucía como una injusticia, dado que IU únicamente ha transigido con modificar unas listas armadas ya hace meses para dar a los morados el número uno en Jaén y el dos en Sevilla, a los que las proyecciones demoscópicas, hoy por hoy, no conceden escaños. Pese a que todas las encuestas vaticinaban que Podemos no iba a obtener representación parlamentaria presentándose en solitario, incluso la dirección andaluza del partido, que ha presionado a la estatal en los últimos meses para el acuerdo, se quejó de que este “no refleja el peso político” de Podemos, aseguró que solo se ha cerrado por su “generosidad” y recordó que casi 6.000 personas votaron en su consulta exprés para avalar una candidatura conjunta.

Podemos, en una situación frágil

Así las cosas, el camino hacia el reencuentro empieza ya con un bache. Y eso que el brusco viraje estratégico de los morados no viene de la nada, sino que tiene mucho que ver con su debilidad, fruto de los pésimos resultados que han obtenido en las dos últimas citas electorales, a las que han concurrido en solitario: las de Aragón y Castilla y León. En esas autonómicas Podemos no solo no consiguió escaño (IU tampoco lo hizo en las castellanas y leonesas), sino que se quedó por debajo del 1% de los votos. Y el propio secretario de Organización del partido, Pablo Fernández, admitió tras el último batacazo que era imperativa una “reflexión” para “ofrecer a la ciudadanía un proyecto de izquierdas que sea atractivo”.

Esa reflexión ha arrojado dos resultados concretos. El primero es el acercamiento de Podemos al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, con quien Irene Montero celebrará una charla en Barcelona el jueves que viene para hablar sobre “qué hacer” de cara al próximo ciclo electoral. Y el segundo es el volantazo con respecto a la unidad en Andalucía tras meses de negativa y de exigir a IU que rompiera con Sumar como condición previa a entablar una negociación. 

Algunas de las fuentes del espacio consultadas consideran que es fundamentalmente la cadena de pésimos resultados en las elecciones autonómicas la que explica este cambio de estrategia de Podemos. Y no tanto por el miedo de perder la representación en otro parlamento autonómico, sino porque un nuevo desplome electoral, aseveran, habría dejado muy tocados a los morados de cara a su objetivo prioritario, que es aguantar en las generales. Y eso teniendo en cuenta que Podemos tiene una ventaja con respecto al resto de los partidos congregados en torno a Sumar: que ya ha escogido una candidata, Irene Montero, y que esta está bien valorada entre sus propios votantes. 

IU, atada a la unidad de la izquierda

La otra cara de la moneda es IU, que en Andalucía es el partido con mayor implantación del espacio a la izquierda del PSOE y el que hegemonizará las listas de Por Andalucía. Los dos últimos batacazos electorales de Podemos han beneficiado a la federación que dirige Antonio Maíllo, que ha podido negociar desde una posición de mayor fuerza la inclusión de los morados en las listas autonómicas. Desde ese punto de vista, IU podría haberse visto beneficiada de un nuevo fracaso electoral de Podemos en Andalucía, puesto que hubiera agravado la ya delicada situación de los de Belarra de cara a una negociación para una lista única a las generales. De hecho, en los días previos al pacto, en algunos sectores de Podemos llegó a existir miedo a que los de Maíllo emplearan esta estrategia.

No obstante, pese a las dudas que al principio suscitó en IU el volantazo de Podemos, los de Maíllo han terminado optando por abrir las puertas de Por Andalucía a los morados. La federación se encuentra en una situación algo mejor que la de Podemos, pero lo cierto es que tampoco tenía las manos completamente libres para hacer y deshacer a su antojo con la vista puesta en las generales. Desde la ruptura entre Sumar y los morados, IU ha sido el actor que ha ondeado con más firmeza la bandera de la unidad de la izquierda. Y ese discurso, precisamente, no les ha dejado más opción que abrazar el cambio de postura de Podemos, a pesar del enfado que ha suscitado en los de Maíllo que haya llegado tan a última hora: un portazo habría debilitado su posición en el tablero estatal.

Además, está por ver si la debilidad demostrada en los últimos tiempos por Podemos en relación a IU sería tan palmaria en una futura negociación para las elecciones generales, si esta acabara produciéndose. Pese a haber escenificado públicamente su proceso de refundación, la coalición Sumar —que cambiará de nombre— no ha experimentado un repunte en las encuestas que le sitúe como el actor claramente hegemónico a la izquierda del PSOE. Y, aunque sigue por encima de los morados, por ahora carece de candidato, dado que el preferido de IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar, Pablo Bustinduy, rechaza asumir el liderazgo.

“Si tuviéramos algún candidato claro, ya lo habríamos hecho público”, admitía hace unas semanas un alto dirigente del espacio que, hasta ahora, se articulaba en torno a Yolanda Díaz. Y es que, al igual que Podemos, la alianza entre IU, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar no se encuentra en un momento especialmente boyante, aunque sus resultados —más bien, los de IU— en las elecciones de Aragón y Castilla y León no han sido tan desastrosos como los de los morados y su presencia en el Gobierno les permite mantener un potente altavoz.

La incógnita Rufián

La última de las piezas de este puzzle aún sin montar es una que puede terminar cambiando por completo el escenario, por lo que todos los actores a la izquierda del PSOE la observan expectantes: Gabriel Rufián. En febrero, el dirigente catalán presentó públicamente su propuesta de unidad de las izquierdas estatales y nacionalistas. Y, aunque BNG, EH Bildu y la propia ERC han rechazado la idea, el acto del próximo jueves en Barcelona, donde Rufián compartirá escenario con Irene Montero, supone un nuevo elemento de presión.

Tanto es así que la dirección de ERC, que hasta ahora había tratado de no criticar en voz muy alta a su portavoz en el Congreso pese a que está muy descontenta por sus movimientos, ha elevado el tono en los últimos días. Ha sido el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, quien ha vuelto a rechazar explícitamente la idea de un frente amplio, pero en esta ocasión ha empleado una dureza mayor que en ocasiones anteriores después de que el exdiputado Joan Tardà, uno de los principales apoyos de Rufián, se mostrara públicamente a favor de una lista única de ERC, Comuns y la CUP para las próximas generales en Catalunya. “Fui a la cárcel por Catalunya, no para que Ada Colau sea diputada en una lista de ERC”, espetó.

La militancia de Podemos ha decidido que el partido, finalmente e in extremis, se integre de nuevo en Por Andalucía para conformar una coalición de izquierdas de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Así lo han determinado las bases de manera aplastante en la consulta exprés a la que ha sido convocada sobre la marcha y para decidir en sólo 24 horas, lo que ahora a su vez abre otra carrera contra el reloj de pocas horas porque el plazo para registrar la candidatura expira a las 23.59 de este viernes.

El resultado final de la consulta ha sido abrumador a favor de la integración en este frente común de izquierdas, que ha tenido el respaldo del 81,4% (4.648 apoyos) de los que han participado en la consulta. Por contra, 684 (11,98%) se han pronunciado en sentido contrario, y 378 (6,62%) no optaron por ninguna de las opciones. En total han emitido su voto 5.710 personas, que han respondido así a una pregunta muy concreta: “¿Estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para conseguir la candidatura más amplia y unitaria posible para las próximas elecciones andaluzas?”.

El siguiente hito en este acelerado proceso va a tener lugar en la mañana de este jueves, cuando está convocada la mesa de partidos de Por Andalucía en la que esperan Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Partido Verde y Alternativa Republicana. De manera formal, Podemos está integrada en este foro de coordinación parlamentaria, pero hace año y medio que no acude y en los últimos meses todos los pasos han ido encaminados a presentarse en solitario.

Participación que “ha superado las expectativas”

Ahora, y “en consecuencia” con el resultado de la consulta, la dirección andaluza confirma que “los representantes de Podemos asistirán este jueves a la reunión de la mesa de partidos de Por Andalucía”. La formación morada destaca la “alta participación” en este proceso, que “ha superado las expectativas” y se ha situado como la más alta en los últimos dos años, a pesar de que la votación se ha desarrollado a lo largo de una única jornada.

“Me siento orgulloso de pertenecer a una formación política donde las decisiones importantes siempre las toman los inscritos e inscritas”, ha señalado al respecto el parlamentario Juan Antonio Delgado, candidato de Podemos a la Junta de Andalucía. “El objetivo no es otro que aportar lo mejor de nosotros y nosotras para echar a Moreno Bonilla y a sus políticas de San Telmo, porque nuestra tierra no puede soportar otra legislatura del PP”, ha subrayado.

Ahora, con menos de 48 horas de plazo, empieza la hora de la verdad, que es la negociación pura y dura. En teoría todo debería quedar sellado y amarrado en la reunión de este jueves, ya que desde IU (que lidera Por Andalucía) no se quiere repetir lo ocurrido con la coalición que se conformó para las elecciones de 2022, cuando se apuró tanto el plazo que Podemos quedó fuera. Al final hubo que hacer encajes de bolillos para integrar a los morados en sus listas, pero su logo no pudo aparecer en la papeleta electoral.

A verlas venir

Desde el resto de formaciones de Por Andalucía, especialmente IU, están a verlas venir, y no sólo por la precipitación con la que de nuevo se están desarrollando los acontecimientos. Con el líder federal de IU, Antonio Maíllo, ya elegido candidato de una coalición hasta ahora sin Podemos, en teoría están elegidos los cabezas de lista por cada provincia, una cuestión capital si se tiene en cuenta que ahora mismo el grupo parlamentario cuenta con cinco diputados.

Pero sobre todo, en la reunión de este jueves se calibrará de verdad el alcance de la apuesta de Podemos por la integración. Sus hasta ahora compañeros de viaje no ocultan el temor a que sea un brindis de cara a la galería para apropiarse del relato, hacer ver que lo han intentado y que son IU y Sumar los que ponen cortapisas. Sea como sea, es cuestión de horas saber por dónde sale el sol.

Pero lo cierto es que, en principio, se frena el camino en solitario que estaba recorriendo Podemos en contra del criterio de la propia dirección andaluza del partido, que lidera Raquel Rodríguez como secretaria general. Esto llevó incluso a que el número dos y coportavoz de Podemos Andalucía, el parlamentario José Manuel Jurado, anunciase que dejaba su cargo ante la negativa de la dirección estatal a desbloquear la negociación, lo que condenaba a que el 17M hubiese tres papeletas a la izquierda del PSOE pugnando por el mismo espacio electoral: Por Andalucía, Podemos y Adelante Andalucía.

Volantazo y fuera líneas rojas

Después de meses y meses abonando el ir en solitario, e incluso con su secretaria general estatal, Ione Belarra, dando la callada por respuesta hace una decena de días en un acto en Sevilla, Podemos ha dado un brusco volantazo desde este fin de semana. Entonces no sólo se abrió por primera vez de manera más explícita a integrarse en Por Andalucía, sino que de repente desaparecieron todas las líneas rojas, básicamente la presencia de Movimiento Sumar.

La balanza se ha inclinado finalmente por la coalición tras los catastróficos resultados en Aragón y Castilla y León, donde Podemos no cosechó ni el 1% de los votos y se ha quedado fuera de ambos parlamentos autonómicos. Hasta el PSOE andaluz ha hecho un llamamiento “a la unidad de la izquierda” de cara al 17M, al que el PP Juan Manuel Moreno comparece dando por hecho que revalidará su actual mayoría absoluta y en un escenario que, en todo caso, las encuestas a día de hoy dibujan un monolítico bloque de derechas por el esperado ascenso de Vox.

Sí pero no: Podemos está por la construcción de una izquierda fuerte, pero no aclara si considera viva la coalición Por Andalucía en la que formalmente está integrada en el Parlamento andaluz. Su secretaria general estatal, Ione Belarra, ha participado en Sevilla en el pistoletazo de salida de la precampaña de su partido para las autonómicas (que serán en junio como muy tarde), pero no ha desvelado ni si mantiene conversaciones con el resto de formaciones, de hecho ha venido a decir que “quien quiera sumarse a construir una izquierda verdaderamente transformadora”, que se una ellos, porque lo que hay ahora “no vale para pararlo los pies a Moreno Bonilla”.

De esta manera, y en declaraciones previas a los periodistas, ha dejado las cosas como están y como ya es sabido, con Por Andalucía (liderada por IU y con Antonio Maíllo como candidato) por un lado y, por otro, un Podemos que presenta como cartel al parlamentario Juan Antonio Delgado. Y como telón de fondo, los malos resultados electorales en Aragón y Castilla-La Mancha –donde ya no cuentan con representación– y un frente abierto en Andalucía ante la apuesta clara por la integración de su secretaria general, Raquel Martínez. Una Raquel Martínez, por cierto, que no ha estado presente al encontrarse de baja.

“Vamos a intentar construir la candidatura más fuerte de la izquierda”, ha apuntado como mucho Belarra, que ha insistido en que el objetivo en Andalucía “es el mismo que tenemos en el conjunto del país, poner a la izquierda en pie para que en Andalucía haya una izquierda fuerte”. “Que quede claro a todo el mundo que Podemos va a hacer todo lo que pueda y va a construir las candidaturas más amplias posibles para conseguir ese objetivo y echar a las derechas”, una intención que por ahora sólo ha atraído a su lado a Alianza Verde.

“No plegarse al PSOE”

La líder de Podemos ha puesto el acto que protagonizarán Irene Montero y Gabriel Rufián como ejemplo de su predisposición a ampliar frentes, aunque a la hora de la realidad eso no se traduce en nada práctico en Andalucía. “Quien quiera recuperar una izquierda valiente que no esté plegada al PSOE puede contar con Podemos y Podemos va a estar siempre ahí”, ha reiterado, negando que existan líneas rojas de partida y subrayando que, más allá de alianzas, “la clave está en recuperar la capacidad de transformación social”.

En este sentido, ha incidido en cómo actúa el Gobierno de Pedro Sánchez si está Podemos o no, lo que puede interpretarse como una enmienda a la totalidad a la labor de Sumar (que lidera Yolanda Díaz) en el Ejecutivo central. Belarra ha sacado pecho con el tope al precio del gas, las leyes feministas, la Ley de Vivienda o un escudo social “poniendo a la gente a cubierto”. “Eso, lamentablemente, se ha perdido y ahora lo que hay que hacer es recuperarlo para poder volver a transformar”.

El acto de Montero y Rufián es a su juicio un paso para que “la izquierda se ponga al frente y la gente se sienta orgullosa de ser de izquierdas”. “Es lo mismo que estamos haciendo en Andalucía, todo lo que esté en nuestra mano para que haya una izquierda valiente, orgullosa, que defienda la verdad el 'no a la guerra', que no apueste por un Gobierno de rearme y que no se trague todo lo que plantea el PSOE”.

“Pararle los pies a Moreno Bonilla”

“Vamos a hacer lo que hay que hacer, que es intentar construir la candidatura más fuerte de la izquierda y que permita recuperar la capacidad de transformación social, porque es evidente que con lo que hay en este momento no vale para pararle los pies a Moreno Bonilla”. Desde ese punto de vista, considera que la legislatura en Andalucía ha sido inútil para la izquierda, “y nosotras queremos ganarle a la derecha, para eso sirve Podemos, para demostrar que cuando se gobierna para la gente se puede parar a las derechas”.

En el acto en sí, los mensajes de los principales intervinientes han ido dirigidos a reavivar la llama del “sí se puede” y en reivindicar el objetivo de frenar a la derecha, pero sin alusiones a pactos, alianzas o frentes comunes. Tampoco ha hecho mención a ello el candidato, Juan Antonio Delgado, que previamente se centraba en arremeter contra el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), que por un lado dice que habrá guarderías gratis para niños a partir de un año y por otro ha impulsado seis universidades privadas y la sanidad pública andaluza es la peor valorada de España.

“Dice que va a hacer una cosa pero los antecedentes políticos, que no los penales que también los tiene por corrupción, demuestran que hace todo lo contrario”. Por ello, ha alertado a la ciudadanía sobre los que vienen con “publicidad engañosa, con esos crecepelos de decir que van a hacer una cosa y luego la realidad es muy distinta”.

Podemos mueve ficha. La formación de Irene Montero, Ione Belarra y Pablo Iglesias se acerca a Gabriel Rufián en pleno proceso de reseteo de la izquierda de cara al nuevo ciclo electoral. El portavoz de ERC en el Congreso, que ya amagó hace un mes con dar un paso y organizó un acto con Emilio Delgado (Más Madrid) para pedir la unidad de todas las formaciones progresistas, compartirá ahora cartel con la eurodiputada y exministra de Igualdad el 9 de abril en Barcelona. Un acto que pone sobre la mesa el horizonte de un posible acuerdo para las elecciones generales mientras los partidos de Sumar se enredan en la sucesión de Yolanda Díaz.

Fuentes de Podemos llegan a asegurar que Montero y Rufián han comenzado ya a hablar sobre “cómo colaborar de cara a unas futuras elecciones generales”. Y la propia Irene Montero abrió incluso de par en par la puerta a formar tándem con el portavoz independentista. “A mí hacer equipo con Gabriel me parece una muy buena idea. Ahora mismo, todo lo que estamos haciendo la gente de izquierdas no es solo para las elecciones generales, pero es también para las elecciones generales”, dijo Montero en una entrevista este jueves en TVE.

La secretaria general del partido, Ione Belarra, fue aún un paso más lejos y mencionó abiertamente una posible alianza electoral para hacer frente a las derechas y recuperar la “esperanza” para la izquierda. “Esa esperanza es necesaria ofrecérsela a la gente y a mí no se me ocurre un equipo mejor para poner ese proyecto en marcha que el equipo de Montero y Rufián”, dijo en declaraciones a TVE.

Desde el entorno de Gabriel Rufián, sin embargo, se apresuraron a bajar el suflé, quizás temerosos de las reacciones de su propio partido. En su equipo se limitan a apuntar que se trata únicamente de una “charla” y se desmarcan de cualquier hipótesis de negociación de coaliciones y de que el encuentro con Podemos implique ningún tipo de alianza futura.

“Esos titulares, provocados quizás por una de las dos partes, son interesados. De lo que se trata es de debatir cómo y de qué manera encaramos las izquierdas el futuro inmediato. Quienes deciden la política de alianzas son los partidos. Y el partido de Gabriel Rufián es Esquerra Republicana de Catalunya”, dijo en La Sexta Joan Tardá, el histórico portavoz de ERC y persona más cercana a Rufián entre los republicanos.

El anuncio del acto con Rufián, Montero y Xavier Domènech en Barcelona, que empezó a prepararse a finales de febrero, cogió a la mayoría de ERC con el pie cambiado. Un dirigente confesaba su estupor ante los titulares que hablaban de una candidatura conjunta con Podemos. “No sabría decirte ni quién es la gente de Podem en Catalunya”, apunta.

La iniciativa del diputado republicano en Madrid generó primero sorpresa y, después, enfado en la dirección. Fuentes de ERC recuerdan que el partido se ha posicionado de forma clara sobre la cuestión y que Oriol Junqueras ha sido rotundo al afirmar que Esquerra se presentará en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona y que lo hará con sus propias siglas. Además, descartan que se esté negociando ninguna coalición.

“Rufián insiste en el peligro de la extrema derecha, ¿cree que no sabemos lo que es?”, se pregunta este mismo dirigente. “Lo que pasa es que nosotros consideramos que es mucho más útil que haya diferentes izquierdas que puedan cubrir a más votantes”, abunda. En la cúpula republicana hace semanas que temen que la iniciativa de Rufián les acabe haciendo perder votos.

La crisis de las izquierdas

El movimiento de Podemos supone, en realidad, un volantazo en su propia estrategia política e incluso en la relación con Rufián, que en los últimos meses había llegado a lamentar públicamente los constantes dardos recibidos por los morados. “Sólo lo diré una vez. Sería de agradecer que cierta izquierda (ahora) pura entendiera que se puede no estar de acuerdo SIEMPRE con ellos e incluso CAMBIAR de opinión sin que eso signifique que existe un plan mediático masónico en su contra y sin que monten campañas digitales bully en contra. Primero porque es mentira. Segundo porque es muy cansado. Tercero porque ahuyenta a la gente NORMAL. Y cuarto porque es EXACTAMENTE lo mismo que hace la derecha. Hagan el favor que se les defiende y defenderá pero a veces lo ponen muy difícil”.

Pablo Iglesias llegó a decir públicamente que, en su opinión, Gabriel Rufián demostraba con su actitud hacia agitadores fascistas como Vito Quiles no ser suficientemente de izquierdas. “Yo le quiero mucho, pero le veo tan en el PSOE últimamente...(...) Vito Quiles es un escuadrista, es un provocador, y a esta gente no hay que darles ni un milímetro. Yo cada vez que veo a mi amigo Gabriel Rufián de compadreo con este es como... Gabriel, vamos a dejar de hacer el gilipollas. ¡Son fascistas!”, dijo en TVE.

Pero este acercamiento se produce en un contexto político muy concreto. Por un lado, el paso junto a Rufián llega tras las debacles electorales de Aragón y Castilla y León, donde los morados se quedaron sin representación parlamentaria con los peores resultados de su historia. Una crisis política en toda regla que hace crecer los temores internos sobre la viabilidad de que Podemos continúe su aventura política en solitario de cara a las generales tras su ruptura con Sumar.

En los últimos meses, de hecho, han crecido las voces internas que piden un cambio de rumbo. En plena precampaña de las elecciones a la Junta de Andalucía, varios dirigentes autonómicos se revolvieron contra la dirección estatal para exigir que la alianza electoral con el resto de las formaciones de izquierdas se mantenga vigente.

Pero los de Montero y Belarra, además, deciden compartir cartel con uno de los políticos de izquierdas más populares para los votantes progresistas coincidiendo también con la travesía del desierto que afronta Sumar. La coalición impulsada por Yolanda Díaz anda inmersa en los líos internos de las formaciones políticas de ese espacio por la búsqueda del sucesor o la sucesora de la vicepresidenta, que dejó el asiento vacante tras anunciar que no repetirá como candidata. Además, Sumar también lleva la crisis a cuestas de los resultados electorales cosechados principalmente en Castilla y León, donde tampoco consiguieron representación en las Cortes.

En la digestión de ese batacazo, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, pidió al conjunto de partidos del espacio político acelerar el proceso de decisión del nuevo líder. Y tal y como publicó este periódico, el nombre de consenso en la propia IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y Comunes es el de Pablo Bustinduy.

Según confirman desde la dirección de esas cuatro formaciones políticas a elDiario.es, “llevan meses” tratando de “convencer” al ministro de dar un paso del que, por ahora, reniega. “No creo que sea el papel que yo debo asumir”, volvió a desmarcarse este miércoles. La publicación de esa petición expresa de los partidos a Bustinduy molestó al ministro, que lo recibió como un intento de presión por parte de las formaciones políticas, según confirman fuentes al más alto nivel de ese espacio. Y por eso, admiten, emitieron una nota en la que aseguraron que nunca se lo han llegado a pedir formalmente.

Con el ciclo electoral autonómico en marcha y en plena cuenta atrás para las generales, que Pedro Sánchez insiste en fijar en verano de 2027, la incógnita de a quién podrá votar el electorado progresista a la izquierda del PSOE continúa sin resolverse. Por el momento, se amontonan las preguntas sin respuesta, como la de si Rufián se decidirá o no a romper con ERC para ser candidato estatal, o si ese camino lo compartirá o no con Podemos. O incluso si Podemos, a su vez, irá al final de la mano con Sumar. No hay indicios de que esta vez la izquierda, para variar, opte por el camino más recto y se apresure a despejar todas esas ecuaciones.

Más de 100 inscritos en Podemos Navarra han anunciado este viernes su decisión “firme y reflexionada” de abandonar la formación “ante la deriva sin rumbo a la que la dirección está empujando al partido en los últimos meses”. Acusan a la coordinadora navarra, Neniques Roldán, y a la dirección de la también navarra Ione Belarra de “imponer decisiones que condicionan el futuro sin el mínimo aval de las bases”. La dirección de Podemos en Navarra ha asegurado que los datos de estas bajas “son absolutamente falsos” y ha afirmando en un comunicado que “más de 1.650 personas” están inscritas actualmente en la formación.

“Desde el firme convencimiento de que es en los espacios plurales, plurinacionales, diversos y con arraigo al territorio desde donde se construye una Navarra más justa, hemos decidido seguir trabajando desde Contigo/Zurekin (la coalición de Podemos, Izquierda Unida, Batzarre e independientes que forma parte del Gobierno de coalición liderado por María Chivite). Se nos pide participar círculo a círculo, pero mientras tanto la dirección impone decisiones que condicionan el futuro sin el mínimo aval de las bases”, han explicado en un comunicado los inscritos que han dejado Podemos.

Según han señalado, en la dirección “hablan de participación, pero incumplen uno tras otro los compromisos adoptados en la Asamblea de mayo de 2025; dicen querer mejorar lo que funciona en Navarra, pero en la práctica solo contemplan el partido desde la óptica de los intereses de Madrid, ignorando la realidad y el trabajo propio de nuestro territorio”. “Aseguran respetar los tiempos de la militancia, pero las decisiones se aceleran desde arriba para justificar movimientos como salir del Gobierno de Navarra, justo cuando el trabajo de nuestras compañeras y compañeros es una referencia estatal en políticas públicas de Vivienda o Juventud”, han añadido.

También “proclaman la autonomía de Navarra”, pero “las decisiones finales sobre coaliciones y calendarios siguen manejándose desde Madrid, por un núcleo, cerrado, duro y reducido, con incoherencias tan extremas como no presentarse en Cataluña o tumbar preacuerdos de coalición para acabar concurriendo en solitario en Aragón”.

“Presumen de la fuerza, de las marcas Podemos o Unidas Podemos, pero la sociedad responde con resultados cada vez más negativos en cada elección autonómica desde mayo de 2023, llegando, sin la más mínima autocrítica, a niveles meramente testimoniales en estas últimas elecciones de 2026”, han añadido. Además, “hablan de pactar, pero actúan sembrando la división y el ataque constante contra compañeras y compañeros de nuestro mismo espacio político, incluidos quienes han asumido responsabilidades institucionales”.

“Dicen querer fortalecer el partido, pero lo único que vemos es una cascada de dimisiones en secretarías clave como Organización, Feminismos, LGTBIQ+ o Antirracismo y Justicia Social. Ponen en cuestión todo lo construido con el esfuerzo militante de años, sin presentar un solo documento de trabajo estratégico ciñéndose sus declaraciones exclusivamente al reparto de cuotas, nombres y dinero”, han continuado.

A su juicio, “prometen transformarlo todo, pero rehúyen cualquier responsabilidad de gobierno que permita mejorar la vida de la gente”. “Hablan de mayorías sociales mientras la actividad de una dirección cada vez más reducida se apoya en la crítica no constructiva, la negación de la realidad y la auto referencia permanente”, han manifestado.

Según han subrayado, “hoy Podemos es un partido que ha dejado de construir y de responsabilizarse de la mejora de las condiciones de vida de la gente”.

“A pesar de estas situaciones vividas, quienes abandonamos Podemos Navarra-Ahal Dugu Nafarroa no nos sentimos limitados, ni hacen decaer nuestro ánimo para seguir construyendo a través de los espacios políticos transformadores que con tanto trabajo impulsamos en estos últimos años”, han apuntado.

Y han añadido: “Desde nuestro trabajo y compromiso queremos seguir empujando desde lo cotidiano los proyectos políticos de izquierdas, por eso mantenemos nuestro compromiso en seguir construyendo poder popular desde nuestras militancias, tanto en organizaciones como en los diferentes espacios sociales, para avanzar hacia una sociedad navarra más justa, solidaria, feminista, ecologista, pacifista, republicana y confederal”.

“Con arraigo al territorio, con vínculos reales con las personas que militan en distintos espacios que luchan desde lugares diversos para seguir construyendo una Navarra mejor. Por todo ello, seguiremos adelante, aportando, construyendo y fortaleciendo el espacio político común y transformador que hoy representa Contigo/Zurekin, con la convicción de que solo desde la acción compartida se logra transformar la realidad”, han manifestado.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rechazado la querella presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por unas declaraciones sobre la muerte de un migrante a manos de unos agentes en Torremolinos (Málaga). El sindicato policial acusaba a Belarra de injurias y calumnias graves a las Fuerzas de Seguridad y de un delito de odio y los magistrados del Supremo consideran que las declaraciones fueron realizadas “en el contexto del debate político” y están amparadas por la libertad de expresión.

Belarra comentó desde su cuenta de X una información del diario 'Sur' titulada 'Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos'. “Decir mueres de un infarto mientras la policía te detiene es lo mismo que decir que las mujeres mueren a manos de su pareja mientras les dan una paliza. No son muertes, son asesinatos y esto violencia policial racista que hay que parar ya”.

Hiaitam, de 35 años, murió de un infarto en un locutorio de Torremolinos después de que un agente de la Policía Nacional descargara contra él su pistola táser. El suceso despertó una ola de indignación en la ciudad malagueña y un juzgado local investiga los hechos. Los sindicatos policiales defendieron la actuación de su compañero por la supuesta agitación de la víctima, pero la familia niega esta versión y considera que Haitam fue asesinado.

El SUP entendió que la líder de Podemos acusaba a la Policía Nacional de “ser unos asesinos, violentos y racistas” y que su afirmación eran “una acusación generalizada” contra todos los miembros del Cuerpo. Sin embargo, la Sala Segunda concluye que, “por más que las expresiones proferidas sean injustas y excesivas, en su forma y contenido, las entendemos amparadas por el derecho a la libertad de expresión”.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, añade: “Cuando las expresiones se producen en el contexto del debate político y se relacionan con asuntos de interés general, por las materias a que se refieren o por las personas que en ellos interviene, y contribuyen a la formación de una opinión pública libre, como es el caso, el derecho a la libertad de expresión tiene un máximo nivel de eficacia en garantía precisamente de esa opinión pública y de los valores democráticos por lo que el ejercicio de esta libertad o pera en este caso como causa excluyente de la antijuricidad penal”.

Es la segunda vez que el SUP intenta, sin éxito, que el Supremo impute a Belarra por criticar a la Policía. A raíz de los incidentes de Torre Pacheco y de la pasividad de miembros de las Fuerzas de Seguridad que mostraron los medios de comunicación, Belarra afirmó que la Policía tenía “un serio problema de infiltración neofascista”.

Como ahora, y dada su condición de aforada, el SUP se querelló contra Belarra ante el Supremo. Los jueces entendieron que las expresiones de la diputada “evidencian una falta de respeto y educación”, pero que prevalecía su libertad de expresión al estar en “un contexto político y social concreto”, en ese caso el auge del odio contra los migrantes tras la agresión a un anciano en la localidad.

Basta con revisar las interacciones a determinados perfiles en redes sociales. “Zorra”, “puta”, “cochambrosa”, “a ver si te mueres”, “roja de mierda”. La cascada de insultos y amenazas que inunda el entorno digital de cualquier mujer resulta inabarcable, más aún si la destinataria tiene algún tipo de notoriedad pública. Y no es novedoso. En realidad, es algo que viene de tan lejos que ese nivel de violencia verbal ha llegado a asumirse como consustancial al uso de esas redes. Como una especie de paisaje cotidiano del odio que se acepta como inevitable y que va a más, especialmente en el caso de mujeres que se dedican a la política y que son de izquierdas. Tanto, que un día salta de Instagram o X para llamar al timbre de la puerta de casa.

“Hay alguien dándole a hombres la dirección de mi casa para que vengan aquí pensando que pueden pagar por sexo. La última vez fue hace dos semanas. Es muy desagradable pensar que en cualquier momento, mientras estoy bañando a mis hijas, las duermo o les doy de comer, pueden llamar al timbre. Tengo sensación de invasión de la intimidad”. La denuncia es de Rita Maestre, dirigente de Más Madrid y líder de la oposición en el ayuntamiento de la capital. La hizo pública hace una semana. “Es una forma de decir: sé dónde vives y puedo acosarte”, advierte. Desde que lo contó, no dejan de acumularse casos similares.

Este mismo miércoles, la Brigada de Información de la Policía Nacional informó de la detención de dos hombres por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra, la secretaria general de Podemos. Uno de ellos había enviado más de 300 mensajes a su cuenta de Instagram. El otro, que la calificaba habitualmente de “feminazi” o “comunista de mierda”, la había amenazado finalmente con pegarle un “tiro en la cabeza”. Solo tres días antes, su compañera de filas y eurodiputada, Irene Montero, también hizo pública una amenaza explícita a su domicilio familiar y a ella misma.

“Estamos viendo cómo le pasa a muchas mujeres, lo que pasa es que algunas amenazas traspasan la línea de la violencia y en este caso es la propia Policía quien le ha dado esa importancia”, contó la propia Montero durante la manifestación del 8M. Fue la Policía, de hecho, la que trasladó a la dirigente de Podemos la gravedad de una retahíla de amenazas de muerte remitidas por correo electrónico por parte de miembros de 764, una organización considerada terrorista por el Departamento de Justicia de EEUU y el FBI que prometía ir a buscarla a su propia casa para matarla.

“Este es un salto cualitativo. He tenido durante un año diariamente a decenas de neonazis en la puerta de mi casa sin que hubiese ninguna consecuencia por ello. Pero sí creo que hay pasos más allá, que hay una violencia cada vez más explícita”, cuenta Irene Montero en conversación con elDiario.es. La eurodiputada denuncia una estrategia de la derecha y la ultraderecha con objetivos claros. “La violencia política es una estrategia para que no se produzcan las transformaciones sociales. Esa violencia se ejerce sobre las personas que tienen más visibilidad porque quieren expulsarnos a las mujeres del espacio público, que sea ejemplarizante para que ninguna mujer más se atreva a hacerlo. Cuando en los medios de comunicación o en el Parlamento se normaliza tal nivel de violencia, todo el mundo sabe que en algún momento alguien como verso libre o de forma más coordinada va a elevar ese nivel de violencia”.

Preguntada también por este periódico, Rita Maestre coincide en el diagnóstico. “Hay un tipo de violencia en redes muy específico, que es un peaje de género por hacer política que ningún compañero hombre paga. La violencia digital no es nueva, la sufrimos las mujeres y más aún las que nos exponemos públicamente. Se llama misoginia. Pero la situación a la que me enfrento ahora mismo, con personas viniendo a mi casa con mis hijas, es la situación más grave que he vivido. Y no es casualidad”.

Hay un tipo de violencia en redes muy específico, que es un peaje de género por hacer política que ningún compañero hombre paga

Rita Maestre

En solo una semana en el entorno del Día Internacional de la Mujer se han sucedido las expresiones de violencia explícita por parte de la ultraderecha. En la propia manifestación del 8M en Madrid, la Policía procedió a la detención de diez militantes de la organización neonazi Núcleo Nacional por provocar altercados. Un día antes, la Universidad Complutense denunció el asalto de decenas de encapuchados que destrozaron la cartelería de los actos del 8M. Justo lo que ocurrió también en las instalaciones de la Diputación de Sevilla con personas identificadas como miembros de Falange.

“Hay toda una infraestructura al servicio de esa estrategia política”, apunta Rita Maestre. “La extrema derecha tiene los mismos objetivos aquí, en Argentina o en Estados Unidos. Y son grandes multimillonarios los que están al frente de las empresas tecnológicas que amplían y promueven los discursos fascistas y además protegen las estrategias violentas”.

Seguir “la huella” del odio

Este miércoles, Pedro Sánchez inauguró el I Foro contra el odio organizado por el Gobierno. “Si el odio ya es peligroso, las redes sociales lo han convertido en un arma de polarización masiva que termina filtrándose en la vida cotidiana”, alertó el presidente, que anunció una nueva herramienta, denominada “HODIO”, para acotar las responsabilidades de los propietarios de esas redes. “La nueva herramienta permitirá que todo el mundo sepa quién frena el odio, quién mira hacia otro lado, quién hace negocio con él y exigir responsabilidades a quienes no actúan. Nada ni nadie, por más poderoso que sea, está por encima o al margen de la ley. Durante demasiado tiempo las plataformas han querido maximizar beneficios y minimizar las responsabilidades. Ese tiempo ha terminado”.

Tiene que haber consecuencias para las personas que ejercen esa violencia. Y tiene que haber consecuencias también para quienes lo están permitiendo

Irene Montero

El Gobierno, que quiere ser pionero en ese combate, ya ha aprobado una ley para que los CEO de las plataformas digitales tengan responsabilidad penal por la difusión de contenidos ilícitos. Además, plantea la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Un camino que para Rita Maestre es el correcto aunque hagan falta muchos más pasos. “No es fácil y todo suma, pero necesitamos medidas más contundentes. Entre las cosas que ha esbozado el presidente está implementar el delito de amplificación algorítmica, y me parece interesante que los responsables de las plataformas afronten responsabilidad penal personal si no retiran contenidos ilegales”.

Para Irene Montero, la única dirección correcta es el fin de la impunidad. “Tiene que haber consecuencias para las personas que ejercen esa violencia. Y tiene que haber consecuencias también para quienes lo están permitiendo. Se haría, por ejemplo, crujiendo a multas a los dueños de redes sociales o medios de comunicación y las grandes televisiones de nuestro país”, apunta Montero sobre la difusión de los mensajes de odio. “Si cada vez que algún presentador o algún tertuliano hace un discurso de odio y no se le para desde la propia cadena, tiene que pagar una multa, ya verías como entonces no habría tantos discursos de odio y se lo piensan. Tiene que parar la impunidad”.

También este miércoles, Antonio Giraldo, concejal del PSOE de Madrid, pidió protección a la Policía tras recibir amenazas de muerte en redes. El portavoz socialista en la Comisión de Urbanismo denuncia un “acoso organizado” en X, con mensajes que piden su “fusilamiento”, en una campaña orquestada después de criticar al Ayuntamiento por la anulación de un proyecto urbanístico.

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia asegura que el discurso de odio se duplicó en las redes sociales en el tercer trimestre de 2025. Según los datos del Ministerio de Inclusión Social, más de la mitad de los jóvenes de entre 15 y 29 años ha sido víctima de odio en redes sociales, principalmente por raza, género, orientación sexual o ideología, con predominio claro de la hostilidad por razones de género, raza o religión. Y solo el 35% de los mensajes de odio son retirados, apenas el 4% en las primeras 24 horas.

“Claro que tengo miedo, porque hay una persona dedicando su tiempo a acosarme a través de hombres que quieren pagar por sexo. Y vienen a mi casa, donde están mis hijas. Pero voy a luchar hasta el final, les he denunciado y les van a pillar. Quieren amedrentarnos por hacer política y no lo van a conseguir, no nos vamos a callar y vamos a ir a por ellos”, afirma Rita Maestre. Un mensaje que remarca también Irene Montero.

Dos hombres han sido detenidos en Toledo y Xirivella (Valencia) por acosar y amenazar de muerte a la líder de Podemos, Ione Belarra, según ha adelantado El Periódico. La operación la ha dirigido la Brigada de Información de la Policía Nacional en Madrid.

Uno de ellos, el de Valencia, de 30 años, había enviado más de 300 mensajes a la cuenta de Instagram de Belarra, según este medio. El Cuerpo Nacional de Policía pudo detener al presunto acosador a partir de estas amenazas.

Por otro lado, el hombre detenido en Toledo, de 49 años, había amenazado con pegar un “tiro en la cabeza” a la secretaria general de Podemos, a quien llama “feminazi” y “comunista de mierda”, por “promover la violencia”, según mensajes compartidos por El Periódico. Ninguno de los dos detenidos tenía vínculos conocidos con grupos de ultraderecha, si bien el hombre arrestado en la capital castellanomanchega tenía antecedentes “por otros motivos”.

Belarra ha condenado esta tarde la “violencia permanente de sesgo machista y fascista” que viven de forma “permanente” las mujeres de izquierda. “El objetivo es claramente sacarnos del debate público y de los espacios públicos y que no nos compense. Ahí yo tengo una muy mala noticia para los fascistas: nosotras no nos vamos ir, vamos a quedarnos defendiendo nuestros valores cueste lo que cueste y pase lo que pase”, ha reivindicado en el programa Malas Lenguas (TVE).

La líder de Podemos ha pedido hacer “una reflexión como sociedad” sobre las bases que han llevado a “este nivel de odio”. En este sentido, ha denunciado la financiación pública que reciben los “medios ultras” de las administraciones gobernadas por la derecha; la “inacción” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de “una justicia que sigue siendo el coto privado de la derecha”; así como los mensajes políticos que “se dedican a extender el odio racista, machista y fascista todo el tiempo, sin que nadie les pare los pies”.

Los arrestos se producen tan solo tres días más tarde de que la eurodiputada de la misma formación, Irene Montero, denunciase amenazas de muerte de una organización neonazi y pidiera protección al Ministerio de Interior. En la manifestación feminista con motivo del 8M, Montero alertó de la “brutal violencia política” que sufren las mujeres feministas en el ámbito público. “Nosotras no vamos a abandonar el espacio público, que es tan nuestro como de cualquier otra persona”, reivindicó la secretaria política de Podemos.

También la anterior semana, el 5 de marzo, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, denunció el acoso continuado que sufre desde hace casi un año en el portal de su casa, con hombres llamando a la puerta o que acuden borrachos a su domicilio, donde convive con su pareja e hijas. “Las mujeres estamos hartas del miedo y el acoso, pero no nos van callar: vamos a plantarles cara”, defendió Maestre.

Cuatro detenciones en año y medio

Es la cuarta detención por amenazas de muerte a través de las redes sociales a Ione Belarra. La anterior, a finales de octubre de 2025, cuando la Policía Nacional arrestó a un menor de edad acusado de ciberacosar a la también portavoz parlamentaria de Podemos. Entonces, La investigación reveló que el joven formaba parte de una red digital dedicada al doxxing —la difusión de datos personales— y al acoso sistemático contra políticos y personajes públicos.

Un año antes, en noviembre de 2024, los agentes de la Policía detuvieron a un hombre de 54 años en Abrera (Barcelona) por amenazas de muerte a Belarra a través de las redes sociales. El hombre había enviado sus amenazas a la diputada a través de Instagram, y fueron las brigadas policiales de Información de Madrid y Barcelona las que llevaron a cabo la investigación.

Según dos estudios que analizan miles de mensajes publicados en la red social X, la violencia machista en redes silencia a las mujeres en política y sigue patrones comunes en distintos países. La hostilidad que reciben no es casual ni fruto del debate político, sino que es un fenómeno sistemático, profundamente marcado por el género y con consecuencias directas sobre la calidad democrática.

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de una herramienta para seguir “la huella” del discurso de odio en redes sociales y ponerle coto“. ”Si el odio ya es peligroso, las redes sociales lo han convertido en un arma de polarización masiva que termina filtrándose en la vida cotidiana“, ha alertado Sánchez.

“Si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión final: es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande”. Con estas palabras ha reaccionado este viernes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a la propuesta lanzada el miércoles por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que durante su charla con Emilio Delgado habló de confluencias de partidos de la izquierda y de buscar las candidaturas de cada circunscripción con más opciones como método para ganar escaños a Vox. Belarra también ha descartado cualquier acuerdo con la órbita de Sumar con este mensaje: “A veces la vida no va de cantidad, va de calidad, y han hecho más cuatro diputadas valientes de Podemos que cinco ministros de Sumar”.

Durante su intervención ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Belarra se ha preguntado lo siguiente a raíz del planteamiento de Rufián: “¿Para qué haríamos eso si es precisamente la inacción del PSOE la que no para de alimentar a Vox?” A su juicio, tras aglutinar el voto en los socialistas “después habrá quien defienda también, lógicamente, que el PSOE se tiene que abstener para que el PP gobierne en solitario, como ya pasó en este país en el año 2016. Y por ese camino, lo que habrán barrido no es a la extrema derecha que dicen combatir, sino a la izquierda, al feminismo, al ecologismo, al antirracismo, que es precisamente quienes pueden pararle los pies”.

La líder de Podemos ha considerado “hoy más que nunca” España “necesita una izquierda feminista, antirracista, ecologista y antifascista. Una izquierda para la mayoría trabajadora fuerte. Un proyecto con ambición, que no haga política desde el miedo, porque el miedo paraliza”.

Ante la plana mayor de su partido, Belarra ha criticado que las estrategias de otras formaciones o proyectos de izquierdas únicamente se basen en el miedo a Vox. “El miedo de en sí mismo te lleva a pensar que eres mejor que los otros, te pone a la defensiva”, ha señalado. Después, ha considerado que “quizás es el momento de recordar que millones de personas en este país han vivido toda su vida con miedo”, que “no llega ahora con la ultraderecha”.

“Las mujeres tenemos miedo cuando volvemos a casa por la noche. Las personas migrantes a las que la policía para una y otra vez en la calle por su color de piel y tienen el riesgo de ir a un centro de internamiento de extranjeros, tienen miedo. Las inquilinas que no llegan a fin de mes y que están en riesgo de desahucio porque tienen que elegir entre pagar el alquiler o dar de comer a sus hijos tienen miedo. La trabajadora de Mercadona que va a currar enferma para que no la echen, tiene miedo. Las lesbianas que van de la mano por la calle y se exponen a un insulto o a una paliza tienen miedo. Las personas que van al centro de salud por miedo a tener un cáncer y les dan la cita para meses después tienen mucho miedo”, ha añadido.

Un proyecto “confederal”

Para Belarra, “la clase trabajadora siempre ha tenido miedo”, aunque ha querido destacar que “la conquista de derechos no surgió del miedo”. “Surgió de gente que, a pesar del miedo, fue más que su miedo, fue su rabia, fue su amor, fue su deseo de una vida mejor para sus hijos y sus hijas y para sí misma”, ha remachado.

Tras considerar que “una sociedad con miedo está perdida”, Belarra ha propuesto ser “más izquierda que nunca”. “Os proponemos que, a pesar del miedo, la izquierda se ponga de pie, que salgamos ahí fuera a defender esta camiseta con orgullo, a sudarla, a parar esta ofensiva reaccionaria con más derechos, peleando en las calles y en las instituciones, hablando con nuestros vecinos y vecinas, con nuestra gente más querida. Nosotras estamos orgullosas de lo que somos, de defender vidas dignas para todas, de ser feministas, de ser antirracistas, de decir las cosas como son. Sabemos cómo se conquistan derechos, y lo hemos demostrado en el Gobierno y en esta misma legislatura con la regularización”, ha concluido.

El proyecto de Podemos pretende “que cambie el rumbo” del país. “Un proyecto confederal, que construya una república plurinacional, sin reyes herederos del franquismo, que defienda que hay blindar la sanidad pública y que hay que bajar el número de niños y niñas por aula vivas en Cádiz o en Bilbao, y que se pueda aprender euskera, catalán, gallego, en cualquier escuela pública de este país, que la universidad tiene que ser toda pública y gratuita, y que ya tocaría que la judicatura en este país deje de ser el coto privado de la derecha, que hace falta una renovación a fondo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para que no se sientan impunes para ejercer violencia, como hemos vuelto a ver esta semana con esa brutal denuncia al DAO de la policía nacional”, ha zanjado.

Los medios se han llenado en los últimos días de debates sobre la izquierda que parten siempre de una misma pregunta: “¿Quiénes?”. Sorprendentemente, nadie parece tener demasiado interés en plantear otra cuestión: “¿Para qué?”. Pero, a mi juicio, el dilema determinante para combatir el ascenso de la derecha y la extrema derecha no es el de los nombres, es el del método, porque la unidad no se construye en torno a una foto, sino a un proyecto.

Si la clave para evitar que gobierne la derecha fuese ir todos juntos, ¿cómo se explica que las grandes transformaciones de la pasada legislatura –que en último término fueron las que detuvieron el avance del PP y Vox el 23J– hayan sido posibles gracias a fuerzas políticas que nunca nos hemos presentado juntas a las elecciones, como Unidas Podemos, ERC o EH Bildu? Si ir todos juntos es un fin en sí mismo, ¿por qué nadie sigue ese argumento de la unidad hasta sus últimas consecuencias y propone ir también con el PSOE, más cuando las fuerzas que gobiernan actualmente en España dicen estar más cerca del PSOE que de otras fuerzas de izquierdas? 

En Podemos pensamos que es el momento de bajar el balón y pensar con calma sobre lo que han representado las dos últimas legislaturas. Echemos la vista atrás por un instante: ¿Por qué en la pasada se debatía de vivienda, ecologismo y leyes feministas, mientras que en la presente legislatura los titulares solo hablan de corrupción, puteros y gasto militar? ¿Acaso han desaparecido problemas como el precio de los alquileres o el poder adquisitivo de los salarios? ¿O es que la izquierda ha perdido la capacidad de liderar la conversación y de transformar la realidad?

A Podemos se le ha acusado de muchas falsedades, pero una era cierta: nos gusta el ruido. Mientras compartimos Gobierno con el PSOE, nuestro objetivo fue empujar a Sánchez más allá de su zona de confort, ya fuese con el control del precio de los alquileres, con el tope al gas o con la ley trans, tres de los avances a los que los socialistas se oponían y que, muy a su pesar, tuvieron que aceptar por la presión política y social que se logró acumular.

Con sus aciertos y errores, el debate en la coalición sobre las medidas más eficaces para afrontar los problemas de la gente ocupaba la conversación pública, estrechándole el carril a la derecha y la extrema derecha, y se traducía en avances en derechos –y también en votos–: la prueba más evidente es que, en la campaña del 23J, Sánchez articuló su discurso en torno a políticas que le había arrancado Podemos, como la subida del SMI o el Ingreso Mínimo Vital, y logró revalidar la mayoría para gobernar.

Justo después, sin embargo, se expulsó a Podemos del Gobierno y se sustituyó por una izquierda dócil que abogó por “una nueva relación con el PSOE” basada en no incomodar. Sánchez tomó nota e hizo lo que mejor hace el PSOE cuando gobierna: decepcionar a la izquierda, ya sea por su inacción ante la emergencia habitacional, por meter el feminismo en un cajón o por realizar el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. Y, en los últimos meses, por los graves casos de corrupción y machismo en Moncloa y Ferraz.

Pese a esos escándalos, formaciones como las que todavía hoy integran Sumar, ERC o EH Bildu han defendido durante la legislatura que es necesario sostener a Pedro Sánchez y su Gobierno a cualquier precio, incluso si ello implica asumir recortes en el subsidio a mayores de 52 años, mirar hacia otro lado mientras el Ejecutivo vendía armas a los genocidas o comprar el discurso racista que vincula inmigración y delincuencia. El malmenorismo, es decir, la renuncia a transformar por miedo a incomodar al PSOE y a pagar el precio que ello implica, es el mayor fracaso de la izquierda y una alfombra roja para la derecha. No me parece menor que la medida social más importante –y probablemente la única de esta legislatura–, la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas migrantes, la haya conseguido Podemos con su método. Han hecho más cuatro diputadas que cinco ministerios.

Pedro Sánchez afirmó en su última comparecencia que el crecimiento de Vox no tiene nada que ver con él, sino con el PP, y que quien diga lo contrario, miente. En Podemos no estamos de acuerdo: el crecimiento del bloque de las derechas se dispara cuando el Gobierno es incapaz de resolver los problemas materiales de la gente y el malestar social se acumula; cuando en demasiados espacios mediáticos se normaliza el discurso clasista, racista y machista de la derecha –no así en RTVE, cuya renovación pactó el PSOE con Podemos–; y cuando una parte de la izquierda prefiere pedir perdón por existir antes que empujar políticas valientes.

Por eso, ahora que esa receta se ha demostrado fracasada, ahora que sabemos que este Gobierno y el descontento que genera es una fábrica de ultraderechistas, es el momento de que cada partido a la izquierda del PSOE y cada formación soberanista o independentista decida entre ahondar en la senda fallida de esta legislatura o corregir el rumbo. Nosotras lo tenemos claro: es la hora de volver a poner en pie a la izquierda inconformista e insumisa.

Por eso, cuando se plantea el debate sobre lo que debe hacer la izquierda, lo más honesto es empezar por responder a la pregunta de “para qué”: si es para pasar de las palabras a los hechos, si es para plantear y llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias un proyecto alternativo y diferente al proyecto del PSOE, y para poner toda la fuerza en la batalla contra la derecha y la extrema derecha, se puede contar con Podemos. Si es para culpar al feminismo, a las personas migrantes y al colectivo LGTBIQA+ del avance de la extrema derecha, Podemos con seguridad no estará.

En los últimos diez años hemos conformado las alianzas más amplias de la izquierda desde la Segunda República, y una vez más nos proponemos presentar en las próximas generales la candidatura más ambiciosa y plural para recuperar la capacidad de transformar la realidad y disputar el poder. Y esa disputa pasa, en estos momentos, no solo por hablar entre formaciones políticas, sino por establecer un diálogo permanente con todos los sectores sociales, organizaciones, trabajadores, feministas, antirracistas, personas del colectivo LGTBIQA+ y con esa mayoría social desencantada con el PSOE que necesita organizarse, porque es la única que puede parar a la extrema derecha en nuestro país.

“Dichoso aquel (que)…”, se leía en el Beatus Ille de Horacio. Tiempos de felicidad absoluta, en los que Felipe González -sí, el mismo- o José María Aznar, incluso Zapatero o Rajoy disfrutaban, sentados a la sombra de algún frondoso cedro, de la hermosa paz del bipartidismo, “el agua en las acequias corre, y cantan los pájaros sin dueño”, que remachaba Fray Luis de León. A lo más, unas cuantas cesiones al correoso Pujol o, ya puestos, al férreo Arzallus. Ahí tienen el ejemplo de Aznar: llegó a decir, tan mentiroso como mimoso, que hablaba catalán en la intimidad para ganarse el alma catalanista, y hasta el mismo Arzallus, pedernal puro, nos contó a todos aquello de “he conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González”. Era muy duro el guía espiritual y gran líder del PP, puro acero, sólo que vendía a su madre para gobernar. 

Decíamos de aquella paz. Es que hoy la vida de los presidentes de gobierno es un sinvivir. Ahí tienen a Alberto Núñez Feijóo, un hombre de firmes convicciones, aunque nadie sepa cuáles son porque nunca las ha explicitado, que ahora, para gobernar una comunidad más bien pequeña, tal que Extremadura, tiene que ocupar semanas en discutir con Vox, hay que ver qué desgracia nos ha traído este maldito pluripartidismo. Y Aragón, claro. Más lo que cuelga, que la cosa no se limita a Castilla y León y Andalucía, las urnas más próximas. Porque esto es solo un modesto aperitivo, una gilda clásica, su anchoíta, su aceituna, su pepinillo y hasta su cebollita, humedecida con un rico txakolí. Es que lo bueno vendrá meses adelante, el PP no quiere ni imaginarlo, cuando a lo peor las nubes de la tragedia se ciernan sobre este país -Satanás no lo quiera- y puedan, sumando escaños, gobernar España. ¡Qué no pedirá entonces el gran caudillo, Santiago (Abascal) y cierra España! Les crujen las mandíbulas a los listos de Génova si les piden una vicepresidencia, Economía, Agricultura, Industria e Interior, como ya están haciendo en Extremadura. Pero todavía es pronto para que nos imaginemos tamaña tragedia griega, una risa lo de Edipo y su mamá. 

O fíjense en Pedro Sánchez, que suda tinta no ya para convencer a los socios de investidura con cualquier norma de pitiminí, sino para poner de acuerdo a sus ministros del PSOE con sus ministros de Sumar, silla con silla, rodilla con rodilla. ¡Qué tiempos aquellos de Felipe González en los que si discutía con alguien era con Alfonso, o Zapatero con Pedro Solbes! Seguro que Sánchez sonreirá para sus adentros cuando vea los sufrimientos de Feijóo para hacer pactos de gobierno, harto de que le recriminen cesiones a sus socios y de acusarle, hasta la extenuación, de infiel y traidor a sus principios. Siéntense en primera fila y contemplen, extasiados, las torsiones del líder de los populares para tapar lo obvio: a tragar quina, que Vox les come el alma. ¿Principios irreductibles? Toma aceite de ricino. 

Sánchez, además, tiene que lidiar con unos grupos a su izquierda que parecen muy divertidos en jugar en el recreo a tula, uno por aquí y otra por allá para evitar que te toquen el hombro, y si tú la llevas se la das a otra que sigue corriendo para buscar a otro que huye de ti. Está bien la descarga de Rufián, que hay que dinamitar ese tonto patio de colegio y llamar al orden a los niñatos. Ya, ya sabe el Ojo que son cincuentones cuando no sesentones. Pero actúan como tiernos infantes, agarrando su juguete para que no lo usen los demás niños. Vayan ustedes a saber qué futuro tiene la propuesta del republicano, inteligentemente multiforme, pero parece -solo parece- que hay algunos elementos para frenar el tonto ejercicio de los pollos sin cabeza, pero con siglas, la mía es la mejor y más revolucionaria, que tú eres un despreciable revisionista. Discuten acalorados si Yolanda Díaz es la gran lideresa o bien un jarrón chino al que estrellar contra el empedrado. Pues eso, que sigan discutiendo y se inventen, de la nada, algún otro líder ignoto para salir a la pelea contra los toros bravos. Son unos cracs. Tampoco hay que confiar mucho, que todavía no han salido de abrumarnos con frases, tan rimbombantes como huecas, para dejarnos bien claro que no están dispuestos a vender su prístina honestidad al primer zarrapastroso burgués que asome por el camino. Oírlos, o leerlos, es un horror. Ya han demostrado que han leído mucho. Ahora, al curro. Se arremangan y trabajan, hágannos el favor. A Rufián, al menos se le entiende: o presentamos un frente amplio para añadir al PSOE, sea cual sea la fórmula elegida, o los fascistas nos barren. Vamos, como Epi y Blas, los ídolos del Ojo.

Porque aquí, en España, las cosas van como van, que si Ábalos y Koldo, que si las miserables acusaciones del PP, que si Felipe González, qué hastío, insultarnos ahora con una ridícula y frívola comparación entre Vox y Bildu, incomprensible para una mente alfabetizada. Entra el gran hombre, tan orondo, en la miserable trampa urdida por la derecha política, la del PP, y la mediática, la de los medios de la fiel infantería: blanquear a Vox, un partido democrático, decente y perfectamente constitucional. Viene a decirlo la suplicante María Guardiola -mi reino por un consejero de Vox- que hasta abraza subyugada el feminismo de Vox, la cosa tiene lo suyo, vergüenza ajena ante tanto desharrapado. Ah, los medios. Desde Okdiario a The Objective. Lean al siempre desmelenado Eduardo Inda: “Me provoca vergüenza ajena esa legión de blandiblús que critica la ideología de Vox por «conservadora», «rancia», «cavernícola», «extrema» e incluso «fascista». Si uno repasa su programa certificará que (…) representa prácticamente un calco de lo que fue el aznarismo y que se sitúa a la izquierda de lo que era el fraguismo. Son almas gemelas, les guste o no”. O el converso Fernando Savater, en tiempos remotos compañero de viaje de Herri Batasuna y hoy rendido admirador de Cayetana Álvarez de Toledo o Isabel Díaz Ayuso: “Don Felipe [González] acertó plenamente en otra de sus aseveraciones que despertó especial indignación (…) Dijo que no se le ocurriría, tal como están las cosas, pactar con Vox ”pero mucho, muchísimo menos con Bildu“. Los de las redes, los enredados, echaron los pies por alto: ¡prefiere Vox a Bildu! Pues sí, señores, faltaría más. Hay una distancia como de aquí a Lima, como de Mozart a Bad Bunny”. Lavemos, freguemos, esterilicemos a Vox, ese gran partido que nos ofrece ríos de leche y miel. ¿Ultraderecha? ¿Qué es eso?, preguntan Guardiola y Savater.    

Pero aún es peor lo que nos llega de fuera, muy expresamente de Estados Unidos y su infinita capacidad de amedrentar y corromper todo lo que se pone al paso de una bestia feroz que se llama Donald Trump. Se nos había medio olvidado Gaza -¡qué vergüenza política y humanitaria! -, y ahora vuelve Cisjordania que ante la pasividad internacional, el asesino Netanyahu anda suelto con la ametralladora en la mano, se la va a comer Israel sin que nadie, otra vez, mueva un dedo. ¿Sería posible que Europa, una nueva oportunidad, tuviera las agallas suficientes, quizá bastaría una exigente demostración de decencia para frenar este nuevo escándalo?

Desgraciadamente, no esperamos mucho, que ni siquiera ante la decisión terrorista de Trump -sí, puro terrorismo- de revertir todas las medidas ambientales para frenar el calentamiento global, en juego las vidas de nuestros hijos y nietos, nadie ha sido capaz de enfrentarse al nuevo y feroz Washington para evitar este desastre de dimensiones gigantescas. Así que si no nos importa la salud de Pepito y Anita, cómo vamos a conmovernos, o a reaccionar, ante las desgracias de Nour, Amal, Amir o Youssef. Y sí, claro que hay otras desgracias que llevan la misma firma, ya sea Minnesota, la vergüenza Venezuela, el ahogo a Cuba o las amenazas a Europa, yo impondré las normas del nuevo orden mundial, vocifera el monstruo naranja, vosotros a obedecer. Y en este campo de la política internacional, no nos debería costar demasiado reconocer que Pedro Sánchez lleva jugando muchos meses un papel de notable dignidad. ¿Esfuerzo corto, quizá pueda enfrentarse con mayor energía a Trump y sus políticas aberrantes? Siempre puede exigirse más, por supuesto. Hagámoslo, está bien, pero en el resto de Europa hay lo que hay, desde Meloni, ufff, a Merz o Starmer. Por no hablar de Feijóo, aquí, a mi no me metan en estos líos, que bastante tengo con azuzar a Tellado. Venga, a la tibia, no te me achiques.   

Mark Fortier, en Volverse facha (una terapia de conversión), editorial Voces de hoy, recuerda unas palabras de Víctor Klemperer en sus Diarios de 1933 a 1941: “Nos lo tomamos todo como si fuera una pantomima, no nos tomamos nada en serio, y nos quedaremos de piedra el día que este teatro se convierta en una sangrienta realidad”. Pero el mismo autor y en el mismo libro ya se sitúa en 2026: “La mayoría de los líderes populistas son figuras carnavalescas. No tienen un carácter heroico. Exhiben sin complejos su grosería, su fanfarronería, su perfidia, su indecencia. Su desprecio por el decoro y su condición de outsiders alteran los hábitos y las reglas establecidas. Toman la realidad a contrapelo, invierten todos los significados, se permiten todas las provocaciones”.

Esto es, aquel teatro ya se ha convertido en una sangrienta realidad. Acertó Klemperer. 

Adenda. Dentro y fuera. Dentro: la Comunidad de Madrid quiere que el Círculo de Bellas Artes, 100 años de cultura viva, institución brillante, reconocida en toda Europa, haga exclusivamente los proyectos que a ellos les gusten, porque si determinadas exposiciones o determinados conciertos no cuentan con su nihil obstat, Franco redivivo, se quedan sin apoyo económico de la Comunidad. ¡Qué vergüenza esta libertaria censora, ridícula parodia trumpista! Y fuera: hay que ser indigente intelectual para desde España, refugio de millones de latinoamericanos en busca de una vida mejor, premiar ahora, precisamente ahora al Estados Unidos de Donald Trump, tipos armados hasta los dientes acosando a niños y mayores hispanos. Dejemos de lado, si es posible, lo que representa de alineación con la ultraderecha más brutal esta última aparición estelar de la polímata Isabel Díaz Ayuso, la reina del vermú en el lavapiés a Trump de Mar-o-Lago. Dejen al Ojo que se quede pasmado ante los insultos a México. ¿A qué viene semejante salida de pata de banco? ¿Por qué insultar precisamente a ese gran país, más de 130 millones de habitantes? ¿Qué se le ha perdido a Ayuso en Chichén Itzá, Teotihuacán, la FIL de Guadalajara o Acapulco? ¿Qué busca la indocumentada? O quizá la pregunta correcta sería: ¿a quién obedece para iniciar esta guerra absurda? Lleva elDiario.es algunas semanas informándonos, y muy bien, por cierto, de quiénes son “Todos los hombres de la presidenta”, este domingo dedicado a José Antonio Sánchez, el sicario televisivo de la derecha más reaccionaria. 

Quizá, pronto, nos enteraremos de quién es la mente privilegiada -persona o grupo- que sugiere -u ordena, quién sabe- a Díaz Ayuso que inicie estas estúpidas batallas culturales contra la izquierda. Nos vamos a divertir.    

Un día más de actividad parlamentaria, un día más de violencia verbal acometida por Vito Quiles hacia políticos de izquierda. En esta ocasión, la portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha respondido a las numerosas provocaciones del agitador ultra durante su rueda de prensa. “La gente tiene derecho a saber cuánto cobras y para quién trabajas”, ha criticado Belarra tras las constantes preguntas fuera de su turno por parte de Quiles, que han obstaculizado la formulación de cuestiones del resto de medios de comunicación.

“Esas preguntas que me haces las he contestado todo el tiempo. El que no ha contestado a las preguntas eres tú (...) Estás haciendo el trabajo sucio del Partido Popular y de Vox”, ha concluido la líder de Podemos. De manera similar, en la rueda de prensa del PSOE por parte de su portavoz Patxi López, Quiles le ha preguntado sobre la conveniencia de convocar elecciones generales tras el resultado en Aragón, a lo que el diputado ha respondido con otra pregunta: “¿Esto forma parte del acto del Partido Popular que te pagaron por hacer?”

Tras este rifirrafe en la sala de prensa de las Cortes, Belarra ha remitido un escrito al órgano rector de la Cámara Baja, recordando la “actitud reiterativa” del agitador de EDA TV, “de bloqueo de la actividad de los medios de comunicación e impedimento del correcto desarrollo de la actividad de la cámara”. A continuación, se solicita en el mismo escrito la retirada de la acreditación de Vito Quiles, “que quiere aparecer como periodista y se dedica a dificultar del derecho a la información y el trabajo de los verdaderos y verdaderas profesionales”.

Fuentes del partido expresan también “su apoyo a los profesionales de los medios de comunicación que habitualmente desarrollan su labor en el Congreso y que actualmente se ven obligados a compartir espacios de trabajo con agitadores ultraderechistas que dificultan su labor”.

Este episodio ha sucedido apenas una semana después de que Quiles persiguiese a Pablo Iglesias y le acusase de “matón” tras increparle por la regularización de migrantes antes de subir a un vehículo.

El 23 de septiembre el Gobierno no perdió una simple votación, fue un día especialmente duro. Junts y PSOE llevaban negociando meses una ley para el traspaso de competencias de inmigración a Catalunya. Era un requisito que los independentistas habían puesto al inicio de la legislatura para seguir manteniendo su apoyo y ese día afrontaban su primer debate en el Congreso. Podemos había criticado aquel texto por un contenido que calificaban de racista y lo tumbó pese a la presión que le llegó incluso de partidos cercanos como ERC. Apenas un mes después, Carles Puigdemont confirmó los peores temores de Pedro Sánchez y anunció que sus siete diputados pasaban a la oposición.

Desde aquella votación han pasado algo más de cuatro meses en los que el Ejecutivo no ha parado de intentar recomponer la relación con su socio más complicado. El movimiento más importante se concretó el pasado lunes, cuando Podemos anunció un acuerdo para la regularización extraordinaria de más de medio millón de migrantes. Este pacto allana las conversaciones para volver a intentar aprobar el traspaso de competencias migratorias a Catalunya, en una negociación en cascada que Sánchez espera redondear con la aprobación de los primeros Presupuestos de la legislatura, aunque en Moncloa son conscientes de que es muy complicado.

El Gobierno reconocía ya aquel martes de septiembre de las consecuencias que podría tener la derrota de la ley pactada con Junts. Por eso, unos días después del varapalo, el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, reunió a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, para intentar desencallar la situación. 

En aquel encuentro, según fuentes al tanto de las negociaciones, Bolaños y Nogueras le pidieron a Belarra su apoyo a la ley a cambio de una regularización extraordinaria. Este era uno de los requisitos que el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna había verbalizado durante el debate sobre el traspaso de competencias: “Retiren esta proposición y pongan su voto para regularizar la ILP [de regularización de migrantes] y nos sentaremos a hablar. Ni ustedes ni nadie podrán parar a la extrema derecha asumiendo marcos racistas. Solo se para con más derechos”.

Podemos acepta “sentarse a negociar” el traspaso de competencias

Pero en aquel encuentro la líder de Podemos se negó a aceptar un acuerdo así, que suponía dar apoyo a un texto que, a su juicio, tenía un contenido racista. La exposición de motivos de la ley ya asociaba la inmigración con la saturación de los servicios públicos de Catalunya, hablaba de gestionar la inmigración con eficacia e instaba a las instituciones a hacer esfuerzos por “evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social”. En el articulado de la ley había también algunos puntos que tampoco cuadraban a los dirigentes de Podemos. 

Pocas semanas después de aquel encuentro fallido, el Gobierno hizo un segundo intento directamente con el partido de Belarra. Fue entonces cuando se comprometieron a sentarse a negociar la ley de competencias de inmigración si el Ejecutivo aprobaba una regularización extraordinaria de migrantes que se podía aprobar directamente en Consejo de Ministros sin pasar por el Congreso. “El Gobierno quería hacerlo y Podemos estaba muy interesado”, sostienen fuentes del Ejecutivo al tanto de las conversaciones que se dieron en aquel momento. 

Aunque era un primer paso, por delante quedaban meses de intercambio de textos con el detalle del contenido de la regularización, con mucha letra pequeña. Las conversaciones bajaron entonces a un nivel más técnico, con los equipos de Podemos en conversación con el movimiento de Regularización YA. Entraron también en la mesa los negociadores del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz, quien mantuvo interlocución también estos meses con Belarra.

La negociación a partir de entonces fue intensa, sobre todo en algunos puntos que eran importantes para Podemos y para el movimiento de regularización que había impulsado el año pasado la iniciativa legislativa popular. 

El primer asunto se centraba en evitar la burocracia para los solicitantes de la regulación. Por un lado, el partido buscaba conseguir que el proceso fuese compatible con el procedimiento de asilo y, por otro, que fuese fácil para los migrantes probar su permanencia en España, que no fuese necesario un certificado de empadronamiento o un contrato de alquiler, sino que sirviese un informe médico, el resguardo de un envío de dinero desde España hacia otro país… cualquier papel que acreditase la identidad y una fecha, pero no fuese necesariamente un documento oficial, tan difícil de conseguir precisamente para las personas que se encuentran en situación irregular. 

También fue complejo terminar de cerrar un acuerdo sobre la gestión de los antecedentes, que finalmente se hará a través de un mecanismo para que el Ministerio de Justicia pueda gestionar este trámite directamente con los ministerios del ramo de los países de origen, un modelo que según fuentes del Gobierno les deja “muy tranquilos”. Para Podemos era importante ofrecer a los solicitantes una alternativa en caso de que en sus países un trámite complejo como este se eternizara o directamente nunca llegara a concretarse. 

Los cinco meses de permanencia en España, principal escollo

Pero el punto del acuerdo que más costó cerrar fue el que establece el tiempo mínimo de permanencia en España para solicitar la regularización, cinco meses según el texto firmado. La discrepancia no estaba tanto en la duración de ese periodo sino en si empezaba a contar hacia atrás desde el 31 de diciembre de 2025 o en el momento de realizar la solicitud. La regularización pactada abarca a las personas que estuvieran en España hasta el último día del año pasado, pero si los cinco meses empezaban a contar a partir de ese momento, quedaban excluidos de facto todos los que hubiesen llegado a partir de agosto. 

El acuerdo final fija esos cinco meses en el momento de la solicitud de regularización, que según los cálculos que maneja el Gobierno se podrá empezar a pedir a partir de abril. De modo que para solicitarla, las personas interesadas deberán demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre y que han estado en el país en los últimos cinco meses hasta el momento de entregar la documentación. 

Era un tema muy importante para Podemos y el movimiento de regularización, que habían peleado en todos estos meses para que se redujera la burocracia y abarcara al máximo número de personas. Pero las conversaciones se habían enquistado y no se resolvieron de forma definitiva hasta una llamada el fin de semana pasado entre Bolaños y Belarra. Ambos mantienen una buena relación desde la etapa de Belarra al frente del Ministerio de Derechos Sociales y ese vínculo ha servido para destrabar algunas negociaciones complicadas en esta legislatura, incluso en los momentos en los que Podemos ha sido más duro con el Gobierno. La interlocución entre los dos nunca se ha roto. Ambos han mantenido contacto constante por teléfono con “docenas de llamadas” durante toda la negociación y llegaron a verse incluso en alguna ocasión de forma discreta en el Congreso para cerrar alguna cuestión más compleja. 

El acuerdo final lo anunció la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, en un acto pensado ad hoc para el momento, con la presencia de la plataforma Regularización YA, que estalló en gritos al conocer el acuerdo y los detalles de su contenido. “El racismo, compañeros y compañeras, se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, si ellos asesinan, si aterrorizan a la gente, nosotras damos papeles”, dijo Montero. 

Podemos mientras tanto ha celebrado estos días un acuerdo que activa lo que consideran una de las medidas más importantes de la legislatura, si no la que más. La negociación les ha servido para reivindicar la posición que mantuvieron en septiembre al votar en contra del traspaso de inmigración a Catalunya. “Habernos plantado en aquel momento es lo que nos ha dado fuerzas para negociar ahora”, defienden fuentes del partido. “Fue duro aguantar esa presión, pero sin haberlo hecho no habríamos tenido la fuerza suficiente”, resumen. 

En el partido advierten además de que van a estar “vigilantes” para que el acuerdo de regularización se concrete en los términos pactados. En el pasado, con medidas como el ingreso mínimo vital, Podemos ya quedó insatisfecho de la distancia que hubo entre lo negociado y los resultados a la hora de ejecutar la medida. 

En Moncloa por su parte creen que lo más relevante de esta negociación es el hecho de que Podemos vuelva a sentarse con ellos. “Hace tres meses estaban fuera de la mayoría. Ahora vuelven a estar dentro. El muro previo se ha roto, que es lo que tenemos que hacer con Junts”, razonan fuentes del Ejecutivo. 

El cierre del acuerdo se produjo apenas un día antes de una nueva votación complicada en el Congreso. El Gobierno comenzó la legislatura con muchos problemas para ahormar su mayoría parlamentaria y en los primeros compases fue salvando las votaciones a cambio de compromisos sobre los que pasados los meses ha tenido que ir dando cuentas. El ejemplo de las competencias de inmigración es claro: la promesa llegó a cambio de la abstención de Junts en los primeros decretos que se votaron en 2024. 

Pero cruzado el ecuador de la legislatura, Sánchez tiene ya escaso margen para seguir haciendo promesas y los socios le piden concreción. Por eso, para la votación de este martes, en el Gobierno cruzaban los dedos por que se produjera una triple carambola que no fue posible. Si Podemos aceptaba negociar el traspaso de competencias, podría acercar a Junts a un voto afirmativo en el decreto que revalorizaba las pensiones y que prorrogaba el escudo social. Si esa cadena virtuosa tenía opciones de activarse, no llegó a tiempo para la votación del martes, que Junts tumbó bajo el argumento de que el decreto mezclaba la subida de las pensiones con asuntos más espinosos para ellos, como la protección contra los desahucios a personas vulnerables.

Próximo paso: negociación del traspaso 

No obstante, el Gobierno tiene algo de margen en las próximas semanas para seguir convenciendo a Junts, con el compromiso ya público de que Podemos está abierto a negociar la ley de inmigración. El debate de los últimos días se ha centrado en el preámbulo. El partido de Carles Puigdemont abrió este miércoles la puerta a cambiar la exposición de motivos si eso servía para atraer a Podemos. Pero este viernes, Belarra aseguró que no basta con eso. 

“Podemos no tiene ningún problema con las delegaciones de competencias a las comunidades autónomas, tiene un problema con el racismo. El racismo no estaba solo en el preámbulo, sino también en toda la delegación de competencias de una política de extranjería que es abiertamente racista. Todo eso hay que cambiarlo, pero desde luego Podemos está disponible para negociar”, afirmó en declaraciones a los medios en el Congreso. El texto, por ejemplo, habla de la transferencia de la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que Podemos aboga directamente por eliminar. 

En el Gobierno no han decidido aún cómo presentarán la nueva propuesta para el traspaso de competencias, que en el pasado fue una proposición de ley firmada por Junts y el Grupo Socialista. “Con Junts no se habla. La relación está rota”, aseguran fuentes del Gobierno. 

En cualquier caso, tanto Junts como el PSOE tienen con este acuerdo muchas más garantías en la negociación de esta ley que hace cuatro meses. Y si el Gobierno logra sacar adelante esta ley, tendrá más cerca a los independentistas a las puertas de la negociación definitiva de la legislatura, los Presupuestos Generales del Estado. 

Sumar no apoyará la nueva ventaja fiscal a los propierarios de vivienda anunciada este lunes por el presidente del Gobierno. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha tardado apenas una hora en avanzar que el real decreto-ley que Sánchez llevará al Consejo de Ministros y que requerirá del aval parlamentario no contará con el voto a favor de su grupo. “En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo”, ha dicho Díaz, para quien “regalar dinero público a los rentistas es un grave error”.

Sánchez ha anunciado su intención de poner en marcha, si el Congreso se lo permite, una bonificación del 100% en el IRPF para los caseros que no suban los alquileres que renuevan en los próximos meses. Por el momento, el presidente no cuenta con el apoyo del socio minoritario, que ha venido mostrándose en contra de las diferentes ventajas fiscales propuestas por los socialistas. “La vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal”, ha defendido Díaz a través de su cuenta en BlueSky.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha señado que “la prórroga de los alquileres no puede ser una opción ni un premio a los caseros; tiene que ser un derecho de los inquilinos e inquilinas”. “Por fin, el Partido Socialista ha reconocido la necesidad de intervenir para, entre otras cosas, regular el desarrollo del mercado del alquiler. Pero, a nuestro entender, lo hace con una fórmula que es ineficaz, injusta y no es adecuada y, por tanto, no va a contar con nuestro apoyo”, ha dicho el ministro, que ha insistido en que desde su formación no creen que “la manera de intervenir el mercado de la vivienda sea por medio de regalos fiscales a los propietarios que ya cuentan con unos ingresos medios que son casi el doble que los de las familias inquilinas”.

Los ministros de Sumar habían propuesto al Ejecutivo un decreto-ley más amplio que el que plantea ahora Sánchez y que incluía una prórroga de tres años de los contratos de alquiler y la congelación de los precios, ante la avalancha de decenas de miles de renovaciones de aquellos arrendamientos que se firmaron en 2021, en un contexto de precios más bajos que los actuales, con subidas indiscriminadas. A preguntas de los periodistas, Bustinduy ha evitado hablar de “punto de ruptura” con en el seno del Gobierno.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha criticado duramente la medida. “Es para que ardan las calles en movilización social”, ha dicho Ione Belarra: “La solución del Gobierno a la brutal crisis de vivienda es más regalos fiscales a los caseros. En serio, basta ya”. En la misma línea se ha pronunciado la eurodiputada Irene Montero, que se ha mostrado “indignada” ante una política de vivienda que “no tiene perdón”.

2026 será un año clave para la configuración de la candidatura de la izquierda en la que se integran los partidos de Sumar que están en el Gobierno. Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y Catalunya en Comú han multiplicado en los últimos meses los contactos y establecido un mecanismo de diálogo para fortalecer la coalición con vista a diseñar en los próximos meses el esqueleto de la alianza para las elecciones generales. 

La izquierda alternativa, en estado permanente de mutación, ha sufrido multitud de problemas en esta primera parte de la legislatura. Desde la ruptura de Podemos a los resultados electorales pasando por la incapacidad de establecer una fórmula estable con estructuras de diálogo y toma de decisiones democráticas. Pero desde hace meses los partidos que forman parte del Gobierno tratan de revertir parte de esas faltas y empezar a pensar en la futura alianza electoral para las generales, previstas para el verano de 2027 pero que Pedro Sánchez podría adelantar en cualquier momento. 

Los cuatro partidos se ven desde hace tiempo de forma asidua y discreta, aunque en diciembre, en plena crisis del PSOE por las nuevas revelaciones sobre el caso Salazar, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirmó en una entrevista que el espacio político se había reunido para estudiar los pasos a seguir. Buena parte de estos encuentros sirve para abordar las cuestiones de coyuntura y diseñar respuestas.

En las últimas semanas, el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha ido adelantando además su intención de que estos encuentros empiecen a dar pasos de cara a la configuración de la nueva alianza electoral. “Yo estoy convencido de que en enero, todo lo que es el espacio político actual que soporta parte del Gobierno vamos a iniciar una nueva propuesta de un frente amplio que renueve el contrato social que tenemos con nuestro electorado y con el espacio de la izquierda alternativa, que lo actualice a una realidad que yo creo que ya hace que estén superadas experiencias anteriores”, dijo en una entrevista en Europa Press. Los Comuns coinciden en la necesidad de acelerar los trabajos para “relanzar el espacio de la izquierda transformadora” en el primer trimestre de 2026.

Las fuentes consultadas de las cuatro formaciones constatan que las reuniones se suceden aunque algunas voces rebajan las expectativas sobre un acto de lanzamiento de esa nueva candidatura en las próximas semanas y hablan de consolidar primero los espacios de toma de decisiones. Las reuniones se han sistematizado sobre todo desde la crisis que se desató en el Gobierno en verano desde el estallido del caso Santos Cerdán, que obligó a los partidos del Ejecutivo a pensar en una respuesta coordinada, al igual que ocurrió el pasado diciembre. 

“Llevamos meses trabajando juntos, con muy buen rollo, generando dinámicas de confianza entre las cuatro organizaciones que estamos dentro del Gobierno, para intentar hacer realidad un acuerdo político”, trasladan fuentes de Movimiento Sumar, el partido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que lidera Lara Hernández. Esas fuentes especifican no obstante que hasta ahora las conversaciones han estado más centradas en la acción del Gobierno o la respuesta a las crisis que ha ido sufriendo el PSOE, pero que evidentemente repercuten también en su socio en la Moncloa. 

Una visión parecida trasladan fuentes de Más Madrid, que creen que antes de pensar en clave electoral es esencial generar un espacio de diálogo y de toma democrática de decisiones. “Antes de ponerse a preparar una próxima alianza o plataforma electoral, la condición previa para que esto pueda suceder es mejorar lo que tenemos ahora”, afirman. “Lo fundamental es democratizar el espacio de los partidos de la coalición”, añaden. “Es la condición necesaria para cualquier cosa posterior”. 

Las fuentes de Izquierda Unida al tanto de estas negociaciones también apuntalan esa línea. “Hay una sintonía y una voluntad de acuerdo real, pero más allá de eso no se ha variado el trabajo que se viene haciendo desde hace meses sobre esta cuestión y en el mismo espacio normal, no extraordinario, de la Mesa de Partidos, cuyas características y método de trabajo actuales coinciden mucho con las que propuso e impulsó ya IU en 2024”, sostienen.

“Esta nueva izquierda que queremos contribuir a formar ha de partir de un reconocimiento de errores de las diferentes fórmulas de concurrencia a nivel estatal, contando con mejores espacios de democracia, coordinación y toma de decisiones que en los últimos tiempos no han sido lo suficientemente claros y funcionales”, trasladan mientras tanto fuentes de Catalunya en Comú, que creen que la mejora de este diálogo entre los cuatro partidos se debe en parte a que la experiencia de formar parte del Gobierno de coalición ha generado más espacios compartidos.

Los Comuns son de hecho un ejemplo a nivel catalán de la creación exitosa de un frente de partidos que han terminado integrándose en una estructura más amplia, con mecanismos democráticos de diálogo, en el que están formaciones como la antigua Iniciativa per Catalunya-Verds (ahora Esquerra Verda), la propia Izquierda Unida y todos los cuadros del movimiento con el que Ada Colau llegó a la alcaldía de Barcelona en 2015.

“Los Comuns queremos aportar nuestra experiencia como confluencia de largo recorrido en Catalunya donde múltiples organizaciones se han unido para dar forma a una izquierda arraigada en el territorio, de marcado carácter plurinacional y que trabaja desde el eje proximidad/lejanía, frente a los que quieren que todo se decida en Madrid, lejos de donde las organizaciones trabajan”, defienden esas fuentes. “La nueva izquierda que debemos construir debe ser mucho más cercana, mucho más transformadora y mucho más arraigada a los territorios. Solo haciendo este trabajo territorial, de abajo hacia arriba, podemos generar lazos más estables”, reivindican.

La construcción de esos espacios de toma decisión y diálogo es una demanda recurrente desde la época de Unidas Podemos. Tras crear Sumar y después de las elecciones del 23J, Yolanda Díaz intentó crear una estructura orgánica amplia que integrase a sus cargos propios con los de los partidos de la coalición, pero aquel experimento fracasó por completo en medio de tensiones internas por el peso que debían tener los partidos. El proceso terminó con la dimisión de la vicepresidenta como líder orgánica de la coalición, en el verano de 2024, y obligó a los partidos a una reorganización que empieza ahora a dar sus frutos.

Esa es parte de la tarea a la que se han encomendado las direcciones de las fuerzas que componen Sumar en el Gobierno. La idea es que sean estos cuatro partidos los que desarrollen una estructura y a partir de ahí, llegada la convocatoria electoral, poder sumar al resto de partidos que formaron la coalición del 23J. Hay fuerzas de marcado carácter territorial como Compromís, Chunta Aragonesista o Més per Mallorca que no se cierran a repetir alianzas pero que no quieren participar en ningún proceso de construcción de un proyecto estatal. 

Todas las fuentes consultadas coinciden en que una parte muy importante de cara a las próximas elecciones es conseguir avanzar en la agenda del Ejecutivo. “Gran parte de cómo nos vaya a juzgar la gente sigue siendo por nuestro desempeño en el Gobierno de coalición”, sostienen en el partido que lidera la ministra de Sanidad, Mónica García. Es una idea que comparte también el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. “Cuando haya un proceso electoral en el año 2027 la movilización de la izquierda va a depender mucho de las conclusiones que se saquen sobre la hoja de servicios de este Gobierno”, dijo en una reciente entrevista con este diario.

Por eso a principios de diciembre, los partidos tenían pensado un acto antes de final de año con el que lanzar una serie de propuestas de cara a la negociación con el PSOE de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Sumar cuenta con incluir en esta negociación una ambiciosa reforma fiscal y un importante paquete de medidas sobre vivienda en la línea de las que ya presentaron en noviembre, con la prórroga de cientos de miles de contratos de alquiler como plato estrella. 

Pero aquel acto quedó postergado tras la nueva crisis del PSOE, atrapado por la gestión de las denuncias contra Francisco Salazar y los avances en las investigaciones sobre el caso Santos Cerdán, con la entrada de la Guardia Civil en varios ministerios. En la reunión en la que los partidos de Sumar analizaron la respuesta, optaron por reclamar a los socialistas un encuentro y el compromiso con un relanzamiento de la legislatura. 

En los Comuns precisan no obstante que esta herramienta política no puede quedarse solo con la idea de frenar a la extrema derecha y revalidar el gobierno de coalición. “Debe ser consciente que eso es solo una parte de la tarea, debe ayudar a revitalizar los movimientos sociales, volver a la calle y proponer un nuevo horizonte de país por el que merezca la pena luchar, un horizonte que ponga en el centro las condiciones de vida de las familias trabajadoras y haga de su mejora el núcleo del futuro del país”, trasladan las mismas fuentes.

Más adelante llegará el momento de entrar en la construcción de una plataforma electoral. Tanto Más Madrid como Movimiento Sumar prefieren evitar poner fechas en el calendario sobre los próximos pasos y al final de este debate está latente el propio liderazgo del espacio. Tras la dimisión de Yolanda Díaz como líder orgánica, la vicepresidenta no ha vuelto a dar más pistas sobre su rol dentro de la coalición de partidos, más allá del papel que representa como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Y tampoco ha desvelado si quiere volver a liderar una candidatura como hizo el 23J. Esa incógnita abre la puerta constantemente a especulaciones sobre otros posibles candidatos, como le ha ocurrido a Bustinduy, hasta el punto de que ha tenido que aclarar en diversas ocasiones que no quiere optar a un puesto como ese.

Una unidad incompleta 

Aunque estos partidos han superado los desencuentros internos de los últimos dos años y la situación es mucho mejor que la de hace meses, la izquierda se encamina si nada cambia a unas elecciones en las que habrá dos candidaturas, con estas fuerzas por un lado y Podemos por otro. Pese a que Izquierda Unida y también Movimiento Sumar han hecho continuas llamadas a la unidad, el partido de Ione Belarra emprendió hace dos años un camino que parece determinado a seguir.

Podemos está convencido de que la clave del futuro de la izquierda pasa en estos momentos por un distanciamiento radical del Gobierno de coalición y hablan desde hace tiempo de Sumar como una operación de los socialistas para destruirles. La única vía para que los de Belarra pudieran entrar en una candidatura unitaria pasa por la recuperación del modelo de Unidas Podemos, con IU y los Comuns pero sin Sumar y tampoco Más Madrid. Y por el momento no hay indicios de que la formación de Maíllo y el partido que fundó Ada Colau estén abiertos a retomar esa senda. 

Más bien todo lo contrario. Este mismo viernes, Maíllo aseguró en una entrevista en Radio Nacional de España que el debate de la unidad “está agotado”. El coordinador general de IU cree que hay que empezar a hablar de propuestas y conmina a quien no quiera candidaturas unitarias a “explicarlo”. “Si hay organizaciones que pretenden ir solas, cero melancolías y cero nostalgias”, sostuvo. 

Los vetos cruzados han cristalizado en las negociaciones para una candidatura unitaria en Aragón, donde finalmente habrá tres candidaturas diferentes. Y han dejado Extremadura como un oasis en el que la ausencia de Movimiento Sumar facilitó la continuidad de la alianza de Unidas por Extremadura, un proyecto de confluencia trabajado por los partidos en el territorio desde hace varios años y que obtuvo el pasado 21 de diciembre el mejor resultado histórico de la izquierda alternativa en número de escaños. 

En las elecciones que siguen este año todo apunta a que se mantendrán las mismas divisiones. En Castilla y León y sobre todo en Andalucía, donde Podemos ha decidido por el momento alejarse de la candidatura del resto de partidos de Por Andalucía, que liderará Antonio Maíllo. 

Por eso hay voces dentro del espacio político que insisten en la necesidad de hacer el máximo esfuerzo posible para integrar a todas las sensibilidades. “El objetivo es generar un espacio estable de encuentro y confluencia lo más amplio posible, que permita a las izquierdas transformadoras y plurinacionales del Estado ensancharse y ser más competitivas electoralmente. Ofreciendo un espacio sólido y confiable a lo largo del tiempo”, apuntan fuentes de los Comuns de cara a esa futura candidatura estatal.

El Tribunal Supremo ha rechazado una querella de Isabel Díaz Ayuso contra Ione Belarra por las críticas de la líder de Podemos a la “gestión homicida” de las residencias de ancianos de Madrid durante la pandemia. Los jueces entienden que las palabras de Belarra forman parte de la “crítica política” y no pueden llevar a su imputación por asegurar que la presidenta madrileña “debería estar en la cárcel” por su “gestión homicida” de los centros geriátricos donde fallecieron más de 7.000 ancianos.

El ejecutivo regional de Ayuso anunció varias querellas contra políticos que en los últimos meses han criticado con dureza la situación de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Una de esas querellas se dirigió contra Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, que recientemente tuvo que ir a declarar en el juzgado para aclarar que nunca quiso atribuir un delito de asesinato a Ayuso. Otra fue presentada en el Tribunal Supremo contra Belarra.

“Ayuso debería estar en la cárcel por la gestión homicida que ha hecho de la pandemia y por todas las personas que fallecieron de manera absolutamente evitable, aunque ella dijera que iban a morir igual. No iban a morir igual, esas muertes eran evitables y esta es la gestión homicida que hace la derecha cuando gobierna”, dijo Belarra. Unas declaraciones que, añade ahora la Sala de lo Penal del Supremo, estaban amparadas por la libertad de expresión y la crítica política.

En su querella, la presidenta de la Comunidad de Madrid pedía la imputación de Belarra por un delito de calumnias con publicidad, la versión más grave del tipo que acarrea condenas de hasta dos años de cárcel y multas. Los jueces, tal y como defendía la Fiscalía, rechazan la querella entender que las declaraciones de la líder de Podemos “constituyen una crítica política asentada en la convicción, percepción o interés político de quien las hizo, para, desde su discurso disidente, censurar la gestión de un Gobierno Autonómico presidido por la querellante”.

“La crítica puede resultar, a veces, extremadamente dura o incluso injusta, pero que en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esta crítica es parte inseparable de todo cargo de relevancia”, zanja el Supremo para rechazar la petición de Isabel Díaz Ayuso de imputar a Ione Belarra.

Las 7.291 muertes en residencias de Madrid

Los fallecimientos de miles de ancianos en residencias públicas y privadas de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de coronavirus se ha convertido en el punto más cuestionado de la gestión que Isabel Díaz Ayuso hizo en esa crisis sanitaria, hasta el punto de que varios juzgados investigan si algunos de sus altos cargos de entonces deben asumir responsabilidades por la vía penal. Las familias afectadas cifran en 7.291 las personas ancianas que fallecieron en residencias de toda la región sin que fueran derivadas a hospitales por la aplicación de los protocolos sanitarios de la Comunidad de Madrid, bautizados por las víctimas como “protocolos de la vergüenza”.

La Fiscalía y los juzgados de Madrid han analizado decenas de denuncias y querellas de familiares, muchas de las cuales han terminado en archivo. El protocolo que aplicó entonces la Comunidad de Madrid, han dicho algunas de estas resoluciones, era “discutible” y sus consecuencias “no fueron valoradas por la autoridad política”, pero no existe materia penal. Otros juzgados de la región, sin embargo, mantienen a día de hoy causas abiertas con antiguos altos cargos imputados.

El pasado mes de mayo, y después de varias causas en las que habían ido a declarar como testigos, un juzgado abrió una causa e imputó a un alto cargo sanitario de Ayuso: Carlos Mur, entonces director de coordinación sociosanitaria durante la pandemia, así como a su sustituto en el cargo.

“Quien está faltando al rigor y al protocolo, si me permite, señora Belarra, es usted. No sé si conoce el protocolo del Es-Alert, me imagino que se lo habrá leído, ¿no?. Pues es imposible porque no existe, no existe protocolo del Es-Alert”. El presidente del Gobierno valenciano en funciones, Carlos Mazón, trató de dejar en mal lugar de esta forma a la diputada de Podemos, Ione Belarra, durante su comparecencia de este lunes en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana.

Sin embargo, es completamente falso. El protocolo de utilización se aprobó el 5 de diciembre de 2022, consta de 10 páginas y tal y como informó elDiario.es, está en poder de la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe que dejó 229 fallecidos en la provincia de Valencia. En concreto, la providencia de la magistrada del pasado 28 de mayo dice literalmente: “Dada cuenta del protocolo sobre el sistema de alerta a la población de la red de alerta nacional (Es-Alert), recibido por correo electrónico del Juzgado, únase, y dése traslado a las partes y al Ministerio Fiscal”. Se trata de un documento del Ministerio de Interior que asigna a cada Centro de Coordinación de Emergencias autonómico la responsabilidad del “envío inmediato” de la alerta automática a los móviles si urge “proteger” a la población.

Mazón afirma que el documento no existe porque es provisional y porque no se había incorporado al Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Generalitat. Sin embargo, de la provisionalidad a la inexistencia va un abismo. La prueba es que durante el Gobierno anterior del Pacte del Botànic se hicieron dos ensayos del Es-Alert (uno en l'Eliana y otro en la comarca de la Vega Baja) precisamente aplicando lo que establece ese protocolo.

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha reconocido en un informe remitido a la jueza de la dana que el Ministerio del Interior impartió a sus técnicos hasta ocho cursos sobre el sistema Es-Alert de aviso automático a los móviles de la población en caso de peligro de catástrofe.

Entre otras cosas, el documento indica que “la competencia para introducir alertas en el sistema es de carácter territorial”. Mientras que el envío corresponde a los centros de emergencias de las comunidades autónomas, a la dirección general de Protección Civil del Ministerio del Interior le corresponde asegurar su “correcto funcionamiento” y su “disponibilidad continua”.

También establece que el objeto del sistema “es enviar alertas relevantes a la población que se encuentre en zonas afectadas, o que se prevea que pueden verse afectadas, por situaciones de emergencia o catástrofe”, es decir, se puede enviar de forma preventiva antes de que se dé la situación de emergencia, como sucedió con el aviso rojo del pasado 28 de septiembre, o cuando se esté produciendo con el objetivo de dar instrucciones de autoprotección a la población.

El sistema, según este protocolo, “se basa en el principio de necesidad de actuar por parte de la población, de acuerdo con el cual se enviarán alertas relevantes cuando sus destinatarios deban tomar medidas activas de protección” y añade: “Las alertas susceptibles de ser emitidas a través de este sistema deberán enmarcarse en una emergencia declarada o en curso de declaración en un nivel de operatividad 1, 2 o 3 de acuerdo con los parámetros establecidos en el Plan Estatal General de Emergencias (Plegem). Excepcionalmente, el sistema podrá usarse para emitir alertas cuya urgencia y criticidad aconseje una rápida difusión entre la ciudadanía, al considerar que esta difusión puede reducir el impacto previsible de la emergencia, aun cuando no conlleve la activación de un plan de protección civil”. 

“Inútil”, “homicida”, “psicópata”. El president en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recibido durante su comparecencia en el Congreso un buen número de insultos por su gestión durante la tragedia de la dana, el pasado 29 de octubre de 2024, que se llevó la vida de 229 personas. Varios diputados de la izquierda han cargado contra su actuación durante aquel día y también contra sus explicaciones en los días posteriores y le han reprochado que asistiera al funeral de Estado por las víctimas a pesar de que muchos familiares le pidieron que no lo hiciera.

Mazón apenas ha tardado unos minutos en escuchar duros reproches contra él en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso. “Hace falta ser mala persona cuando las víctimas le han pedido que no vaya”, le ha dicho la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la primera en intervenir en la sesión de este lunes. “Usted es el responsable de la muerte de 229 personas, ojalá resuenen estas palabras en su cabeza el resto de su vida”, le ha dicho. “Su gestión ha sido homicida”, ha proseguido antes de empezar el interrogatorio previsto.

Uno de los más duros en el tono ha sido el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que ha usado durante su intervención el testimonio de varios de los familiares de las víctimas que fallecieron aquel día. Con fotos de esas personas y el relato que hicieron sus familias sobre el día de la dana, el diputado de ERC le ha ido pidiendo explicaciones, aunque trufadas de insultos. “Homicida, psicópata”, le ha llegado a llamar.

“Nunca me he encontrado con alguien como usted”, ha comenzado su intervención. “No mienta, no le eche más jeta”, le ha reprochado en varios momentos. Pero lo más duro se lo ha enrostrado al final de su intervención. “Es un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata. Ojalá pague con la cárcel todo lo que ha hecho y ojalá el pueblo de valencia le deje de votar”, le ha dicho. “Quien usa ese lenguaje se describe a sí mismo”, ha respondido Mazón.

Aunque los diputados de Sumar han aprovechado la mayor parte del tiempo en preguntas concretas sobre lo que hizo Mazón aquel día, el portavoz de Compromís Alberto Ibáñez, que forma parte de ese grupo parlamentario, ha dejado sus minutos finales para dejar una reflexión. “No se arrepiente de nada, ha demostrado que su gestión no solo ha sido inútil, sino indolente con las víctimas”, le ha dicho. “La pregunta que le acompañará siempre es: ¿si usted no hubiese sido presidente estas muertes podrían haber sido evitadas?”.

“¿No se arrepiente de haber abandonado a su pueblo?”, le ha preguntado para comenzar el diputado de IU, también dentro de Sumar, Nahuel González, que se ha repartido el turno de su grupo con Ibáñez.

El diputado valenciano le ha preguntado a Mazón si habló de fútbol con la periodista Maribel Vilaplana en la tarde de la dana, durante la comida que mantuvo con ella en El Ventorro en el peor momento de la tragedia. “Quizás unos segundos”, ha reconocido Mazón.

Una respuesta que le ha servido a González para recordarle que a la hora en la que conversaba sobre fútbol con Vilaplana había ya personas ahogadas. “Pida perdón, diga que lo hizo mal, diga que se arrepiente. A las siete sí tuvo comunicación con sus asesores, y su portavoz sabía que había no desaparecidos, sino muertos. ¿Cómo va a hablar de fútbol? Eso demuestra que usted o tiene psicopatía es un completo inútil”, le ha recriminado. “Tratar así a las personas es completamente indecente”, ha dicho.

El adelanto electoral en Extremadura ha tenido efectos colaterales en el cíclico debate sobre la unidad de la izquierda y ha roto una dinámica: Podemos concurrirá con Izquierda Unida por primera vez desde el 23 de julio. La decisión, que supone dar continuidad a la candidatura de Unidas por Extremadura liderada por Irene de Miguel, nace allanada por la previsible ausencia de Movimiento Sumar en esas negociaciones y ha puesto de relieve que la línea roja para el partido es el proyecto de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y no otras formaciones como la que lidera Antonio Maíllo.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, confirmó públicamente este lunes lo que los dirigentes de la formación trasladaban desde hace tiempo en privado. “Va a haber territorios en los que Izquierda Unida tendrá que tomar una decisión, si quiere colaborar con Podemos en poner en pie candidaturas verdaderamente transformadoras y de izquierdas, o quiere continuar por la senda de Sumar y el PSOE”, dijo en una rueda de prensa.

Podemos abrió a finales de 2023 una estrategia de ruptura con el Gobierno y los partidos que lo conforman, entre ellos Izquierda Unida. Tras la salida del grupo parlamentario de Sumar, la formación concurrió en solitario o en coalición con Alianza Verde en el carrusel de elecciones que se celebraron en los meses siguientes, en Galicia, Euskadi y en las europeas. Pero la convocatoria en Extremadura ha marcado un punto de inflexión y si nada se rompe hasta el límite del cierre de las coaliciones lo más probable es que Podemos e Izquierda Unida vayan en la misma lista electoral por primera vez desde la alianza de toda la izquierda para las generales de 2023. 

“Cualquier decisión la van a tomar los inscritos, pero mi opinión es que la candidatura de Irene de Miguel y de Unidas por Extremadura es la que puede generar un proyecto de transformación”, defendió la semana pasada en rueda de prensa la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, preguntada por la fórmula con la que concurriría su partido en esa cita.

Unidas por Extremadura se ha asentado como coalición durante los últimos años. En las últimas elecciones sacó cuatro escaños y más de 36.000 votos. Cuatro años antes, aunque bajo una fórmula distinta (Podemos-IU-Equo-Extremeños), la lista encabezada también entonces por Irene de Miguel había obtenido también cuatro escaños y unos 10.000 votos más. En la actualidad, la alianza la componen Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, del ecologista Juantxo López de Uralde. 

Hay varios factores que facilitan la coalición para el próximo diciembre. El esencial es la ausencia de Movimiento Sumar en ese territorio, que previsiblemente lo dejará fuera de las negociaciones para la reedición de la coalición. La formación de Yolanda Díaz ya ha anunciado que en cualquier caso pedirá el voto por esa alianza, pero descarta entrar en una pelea por puestos de salida. Aunque no descarta una negociación para entrar de alguna forma en la coalición, ese escenario parece muy lejano en una coyuntura en la que su único aliado dentro de la alianza es IU.

También ha ayudado a encarrilar las negociaciones con IU que en Extremadura lidera la candidatura Irene de Miguel, que forma parte de la ejecutiva de Podemos pese a que en el pasado ha mostrado cierta distancia con las decisiones de la dirección estatal. 

Más allá de las circunstancias que han propiciado la reedición de la alianza entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde en Extremadura, lo que confirman estas elecciones y el resto de comicios que están a punto de celebrarse en Andalucía y Castilla y León es la preferencia de la formación de Ione Belarra de cara a unas futuras elecciones generales, que pasa por una coalición en la que llegado el momento podrían estar los de Antonio Maíllo, pero no el entorno de la vicepresidenta del Gobierno ni formaciones como Más Madrid. 

El partido de Ione Belarra puso hace meses como condición para concurrir en una coalición en Andalucía que el resto de fuerzas se alejasen del Gobierno. “Tienen que decidir si están por hacer crecer las fuerzas de la paz, por construir candidaturas por la paz o si van a continuar empujando el consenso de guerra desde ese Gobierno”, dijo en una apelación directa a Movimiento Sumar y a IU, con ministerios en el Ejecutivo estatal.

Pero en la dirección del partido reconocen que la línea roja rodea esencialmente al proyecto de Yolanda Díaz y defienden que las diferencias son políticas. Con los de Antonio Maíllo, argumentan, hay mayor afinidad ideológica que con un proyecto político al que sitúan mucho más cerca de la órbita del PSOE que de la de la izquierda.

“Si Izquierda Unida en Castilla y León y en Andalucía quiere trabajar codo con codo con Podemos para poner a la izquierda en pie, podremos llegar a acuerdos. Y si quiere continuar con con el proyecto Sumar, que se ha demostrado que es un fracaso total y que ha perjudicado muchísimo a la izquierda de este país, llegará el momento en el que tendrá que elegir”, dijo Fernández este lunes. En el partido les cuesta entender por qué Izquierda Unida insiste en incorporar en esas candidaturas al partido de Díaz, pese a que, defienden, apenas tiene presencia en ninguno de esos territorios.

Fernández insistió en el mensaje preguntado sobre si los mismos argumentos valen para un escenario estatal: “Vamos a trabajar por intentar articular en todos los territorios una candidatura lo más amplia posible. Pero con esas premisas, una izquierda autónoma, una izquierda no subordinada al Partido Socialista, una izquierda que no represente lo que a día de hoy representa y significa Sumar”.

IU responde con dureza: “Alianzas amplias, sin personalismos”

Lejos de recoger el guante, Izquierda Unida ha trasladado a Podemos que su política de alianzas es clara, pública y diseñada sin “ultimátums”. “IU defiende candidaturas para la izquierda transformadora lo más amplias posibles, sin ninguna intención divisiva, decididas en cada territorio, con un programa común por delante, sin personalismos, pero también sin centralismos y sin cúpulas que muevan los hilos”, trasladan fuentes de la formación que lidera Antonio Maíllo.

Aunque el coordinador general de IU llegó a la formación con la intención de abrir un diálogo con Podemos, los resultados más de un año después no han fructificado y sus últimas declaraciones públicas han sido duras contra ellos, hasta el punto de proponer en una reciente entrevista con este diario una dimisión generalizada de liderazgos en todas las fuerzas.

Ahora IU insiste en sus críticas a las formaciones que tengan “contradicciones y no sepan cómo gestionarlas”, en una referencia a Podemos aunque sin nombrarles. “Quienes tengan contradicciones y no sepan cómo gestionarlas, manejen un plan en cada lugar según les interese o traten de imponer a los demás sus deseos desde Madrid son quienes deben dar públicamente explicaciones sobre qué quieren realmente, asumir sus consecuencias y no distraer la atención sobre lo fundamental”, trasladan esas mismas fuentes.

En una reciente rueda de prensa, el portavoz parlamentario de la formación, Enrique Santiago, consideró “difícil de entender” que Podemos no quiera mantener “coaliciones preexistentes” como las de Andalucía y calificó de “inescrutables” las decisiones estrategias de los de Belarra.

Lo dijo en referencia a Andalucía, donde la formación de Belarra no ha participado en ninguna de las reuniones para la construcción de la candidatura de Por Andalucía, en la que están además de IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz. En IU se quejan de que Podemos haya renunciado a una coalición que, según defienden, ha funcionado bien durante estos últimos años, pese a los problemas iniciales. También parece claro que no habrá unidad posible con Podemos en Castilla y León, donde los de Maíllo y Díaz ya han iniciado conversaciones junto a Verdes Equo.