Un operativo conjunto entre Policía Nacional y Guardia Civil ha permitido desarticular en Sevilla a una organización criminal que se dedicaba a la distribución y venta de droga. La investigación se ha saldado con 17 detenidos y 3.370 kilos de hachís, 288 kilos de cocaína y seis armas de guerra incautadas. La banda contaba con “guarderías” y “buzones” en Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz para guardar y distribuir las sustancias. 

La operación “Itálica 153 Legs/Avant”, como ha sido llamada por las autoridades, tenía su sede principal en la provincia de Sevilla, si bien contaba con puntos para esconder la droga, conocidos coloquialmente como “guarderías”, y otros puntos de entregas o “buzones” en el resto de provincias de Andalucía occidental. En un principio, Guardia Civil y Policía Nacional mantenían investigaciones abiertas en paralelo pero, tras la unificación, se permitió conocer a todos los integrantes del grupo criminal y averiguar sus roles específicos. 

Su modus operandi destacaba por el uso de vehículos en funciones de lanzadera, que tenía como objetivo detectar con antelación los dispositivos operativos policiales y garantizar la seguridad del vehículo de carga hasta su destino final. La gran movilidad e itinerancia de los narcotraficantes, hizo que los investigadores se vieran obligados a precipitar una primera fase de explotación durante el transcurso de uno de los “narcoviajes”, lo que permitió la interceptación simultánea de los detenidos en las provincias de Almería, Murcia y Sevilla. 

Como consecuencia se ha desarticulado la banda y se han detenido a 17 personas, de los cuales a 12 se les ha decretado el ingreso en prisión provisional. Por otro lado, se han incautado un total de 3.370 kilos de hachís y de 288 de cocaína y se han intervenido seis armas de guerra, entre las que hay cuatro subfusiles “Skorpion” con silenciadores y dos fusiles de asalto “AK-47”, todos ellos con munición. 

Entre el total de la droga incautada durante la investigación, destaca la intervención de 500 kilos de hachís en Jerez de la Frontera (Cádiz) y otros 720 kilos en Burgos. Asimismo, la investigación ha podido demostrar que la red logró mover un volumen aproximado de 285 fardos, con unos 9.400 kilogramos de hachís, entre los meses de octubre de 2025 y enero de 2026. 

El operativo ha sido desarrollado y ejecutado de forma conjunta por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Guardia Civil de Sevilla, la Sección de Crimen Organizado de la UDYCO Costa del Sol de Málaga y el GRECO de Cádiz, perteneciente a la Brigada Central de Policía Judicial de Policía Nacional. 

La investigación de la Policía Nacional sobre una de las mayores redes de tráfico de hachís asentadas en Ceuta dibuja un entramado en el que la corrupción de agentes —principalmente de la Guardia Civil— aparece como una pieza estructural del negocio. Las conversaciones intervenidas revelan que los sobornos a miembros de las fuerzas de seguridad —tanto en Marruecos como en España— no solo facilitaban el paso de la droga, sino que resultaban imprescindible incluso para acceder a grandes partidas en origen. “Sin agentes pagados ni nos venden la droga”, llega a reconocer uno de los cabecillas.

En paralelo, la trama mantiene vínculos con figuras del narcotráfico internacional, como el conocido como ‘Messi del Hachís’, que, según relata un ex guardia civil implicado, llegó a regalar relojes de lujo —un Patek Philippe— tanto a él como al futbolista Sergio Ramos. Todo ello en una organización que operaba mediante lanchas, camiones y narcotúneles, incluido un segundo paso subterráneo en construcción tras el descubierto en el Tarajal. A lo largo de los casi 500 folios de investigación, hay una constante que se repite en distintos momentos, escenarios y conversaciones: la necesidad de “pagar” para que la droga circule.

Los investigadores detectan referencias explícitas a pagos de hasta 120.000 euros a agentes, descritos en las conversaciones como “los de las gorras”, a cambio de facilitar el tránsito de la mercancía. En otros momentos, los propios integrantes de la red atribuyen fracasos en operaciones a fallos en la cadena de sobornos. Tras la incautación de un cargamento de 15 toneladas en Almería —ocultos en patatas simuladas con plástico y escondidas en sacos dentro de un camión que venía de Nador—, uno de los líderes especula abiertamente con esa posibilidad: la droga no habría pasado porque el dinero no llegó a tiempo a quienes debían mirar hacia otro lado. La reacción inmediata no es replantear la logística, sino verificar si el pago se ejecutó correctamente.

Ese patrón se repite en múltiples conversaciones. La organización da por hecho que el paso de grandes cantidades de hachís depende de la compra de voluntades entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tanto es así que uno de los cabecillas admite que sin esos pagos previos ni siquiera los proveedores acceden a vender grandes cantidades de droga.

Construyendo el segundo narcotúnel

El otro eje fundamental de la investigación es el uso de infraestructuras subterráneas para introducir la droga en Ceuta. La organización ya había estado detrás primer narcotúnel descubierto en el polígono del Tarajal —conducto que reconocen haber detonado antes de que la Guardia Civil lo encontrara—, y lejos de abandonar esa vía, trabaja en la construcción de un segundo paso. Las conversaciones intervenidas sitúan a los cabecillas planificando la obra, hablando de materiales, mano de obra y de la necesidad de reducir la presión policial en la zona. En uno de los diálogos, un colaborador advierte de la presencia constante de la gendarmería marroquí en el entorno donde se ubicaría la entrada.

El propio líder de la red asume la responsabilidad directa sobre la infraestructura. En conversaciones anteriores ya había reivindicado la autoría del primer túnel, asegurando haber introducido toneladas de droga por esa vía. Ahora, el objetivo es consolidar una alternativa más discreta frente a las rutas marítimas, cada vez más expuestas.

La construcción del nuevo túnel se convierte en una prioridad operativa. Hablan de metros pendientes, de la necesidad de introducir a trabajadores de forma clandestina en Ceuta y de coordinar el reparto de funciones: uno se encargaría de la entrada de la droga y otro de su distribución en territorio español.

Exagentes, contactos y relaciones peligrosas

Dentro de ese entramado, la figura de un ex guardia civil resulta especialmente significativa. Ángel A.F., ya retirado, mantiene una relación directa con la organización, participando en operaciones y actuando como intermediario. Las conversaciones revelan que no solo facilita contactos dentro del Instituto Armado, sino que también participa en la compraventa de droga y en la gestión de información tras incautaciones. En un momento dado, el cabecilla recurre a él para averiguar qué ha fallado tras una intervención policial en Almería. Su papel va más allá de lo operativo. En una conversación con un conocido, relata un encuentro con una figura de primer nivel en el narcotráfico internacional: Abdellah El Haj Sadek El Menbri, conocido como el ‘Messi del Hachís’. Describe con detalle su casa, su colección de relojes y un episodio concreto en el que este le habría regalado un Patek Philippe.

El relato incluye una referencia llamativa: ese mismo narco habría hecho un regalo similar al futbolista Sergio Ramos en una noche de fiesta. La escena, narrada con naturalidad, muestra el nivel de relaciones en el que se movían algunos de los implicados. Días después, el ex agente aparece contando grandes cantidades de dinero en efectivo junto a otros individuos, con el objetivo de comprar décimos premiados de la Lotería de Navidad. Los investigadores interpretan esta práctica como un mecanismo para blanquear capitales.

Una logística sostenida sobre sobornos

La red dirigida por ‘Amandis’ —nombre de la empresa de la luz marroquí en la que trabajaba antaño el investigado— y ‘El Holandés’ operaba a gran escala. Movía toneladas de hachís desde Marruecos hacia España y Europa utilizando una combinación de rutas marítimas, terrestres y subterráneas, merced a la colaboración de narcos de la Costa del Sol y Galicia. En cada fase del proceso, la corrupción aparece como un elemento transversal. Desde la salida de la droga en origen hasta su distribución final, los implicados hablan de pagos, contactos y garantías. La existencia de agentes que no aceptan sobornos también forma parte de sus conversaciones, identificados como un riesgo añadido.

En uno de los diálogos, los cabecillas mencionan expresamente a un inspector de la UDYCO que, según dicen, no entra en la dinámica. La incertidumbre que genera la incorruptibilidad de algunos condiciona decisiones operativas, incluyendo la elección de rutas o el volumen de los cargamentos. La red busca constantemente minimizar riesgos dentro de un esquema en el que el soborno es la base.

A lo largo de la investigación, la Policía Nacional logra interceptar numerosos cargamentos: 600 kilos en Arcos Quebrados —gracias a un incendio en la casa de uno de los miembros de la red—, más de 400 en el Serrallo (ambos barrios de Ceuta), otros 650 en Écija o casi 500 en una furgoneta interceptada en Málaga. Los golpes policiales muestran las conversaciones grabadas, generan tensiones internas, sospechas de chivatazos y reajustes en la operativa. Sin embargo, la actividad no se detiene. Tras cada intervención, los miembros de la organización analizan qué ha fallado, reparten pérdidas y preparan nuevos envíos. En muchos casos, la primera hipótesis vuelve a ser la misma: si alguien no ha cobrado.

La red mantiene contactos en distintos puntos de España —Andalucía, Galicia, Madrid o Valencia— y en varios países europeos. También explora nuevas rutas y métodos, desde narcolanchas hasta túneles, pasando por vehículos con dobles fondos o convoyes con lanzaderas.

El volumen económico del negocio es elevado. Manejan cifras de cientos de miles de euros por operación y gastos millonarios en logística, combustible para las narcolanchas, que en ocasiones permanecen en la mar hasta quince días esperando a descargar o pagos a colaboradores.

Violencia, amenazas y control interno

El funcionamiento de la organización no se limita al tráfico de droga. Las conversaciones intervenidas reflejan un clima de presión constante, con amenazas hacia quienes consideran responsables de filtraciones. El nombre de Himad T.B., vinculado al descubrimiento del primer narcotúnel, aparece de forma recurrente. Los cabecillas lo señalan como “chivato” y llegan a plantear acciones violentas contra él, incluyendo la contratación de terceros para atacarlo.

Ese episodio evidencia el grado de control que intenta mantener la organización sobre su entorno y las consecuencias de romper la omertá.

Todo empezó moviendo un frigorífico. Detrás del electrodoméstico insonorizado, en una nave industrial del Tarajal, la Policía Nacional encontró la puerta de entrada a una de las infraestructuras más sofisticadas de la historia del narcotráfico en Ceuta: un narcotúnel con raíles, poleas y varios niveles diseñado para introducir toneladas de hachís en España sin contacto visual entre los implicados. El hallazgo forma parte de una operación que ha culminado con 27 detenidos —15 de ellos en prisión—, más de 17 toneladas de droga intervenida y la desarticulación de una organización con ramificaciones en Andalucía, Galicia y Marruecos.

La escena, descrita por los propios investigadores, tiene algo de arqueología criminal. Una nave aparentemente anodina, una cámara insonorizada y un frigorífico de grandes dimensiones que, tras ser desplazado “después de mucho esfuerzo”, dejaba al descubierto un acceso oculto. Lo que había debajo, a juicio de los investigadores, no era improvisación, sino ingeniería aplicada al narcotráfico.

Según la Policía, se trataba de una estructura “muy profesional, muy preparada, muy acondicionada”, en palabras de Antonio Martínez, jefe de la UDYCO central. Tenía tres niveles claramente definidos: un pozo de descenso, una cámara intermedia —la llamada “narcodespensa”— y una salida hacia Marruecos.

En ese espacio subterráneo, los fardos de hachís se movían mediante raíles, vagones, poleas y grúas. Un sistema diseñado para transportar grandes cargas sin necesidad de contacto directo entre quienes participaban en el alijo. La organización había instalado incluso bombas de achique para combatir el agua freática y sistemas de insonorización que permitían operar sin levantar sospechas en el exterior.

Las primeras mediciones apuntan a un descenso de unos 19 metros hasta la base del túnel, con una galería de aproximadamente 1,20 metros de alto por 80 centímetros de ancho. La longitud total sigue sin determinarse debido a la acumulación de agua, que ha obligado a emplear tecnología específica, incluido un dron submarino.

El “narcoarquitecto” y la doble dirección de la red que fue mutando

Detrás del conducto había una estructura de mando clara. Dos personas lideraban la organización: una desde Marruecos, considerada por los investigadores el “narcoarquitecto” y “patrón de los túneles” y otra en Ceuta, encargada de negociar los envíos y gestionar la distribución.

El primero, detenido el pasado 26 de marzo, ya estaba vinculado al túnel descubierto el año anterior. Su perfil sintetiza el salto cualitativo del narcotráfico en la zona: no solo coordinaba, sino que diseñaba y perfeccionaba las rutas.

“El principal investigado era el responsable del otro túnel intervenido el año pasado”, explicó Martínez, quien subrayó que la organización “introducía miles de kilos de hachís en Europa” y que su base operativa se apoyaba en este tipo de infraestructuras.

A esta conclusión llegaron tras más de un año de pesquisas. La investigación arrancó en febrero de 2025 y permitió detectar una organización con capacidad para mover grandes cantidades de droga hacia la península y otros puntos de Europa. En ese tiempo, el grupo criminal no se mantuvo estático, “mutó”.

Cuando las primeras incautaciones comenzaron a golpear su operativa, la red cambió de estrategia. “La organización entiende que tiene que cambiar de sistemas, deja el narcotúnel apartado durante un tiempo y empieza a colaborar con otras organizaciones”, señaló Martínez

Ese giro llevó a establecer conexiones con redes del Campo de Gibraltar —especializadas en el uso de embarcaciones de alta velocidad— y con grupos gallegos que utilizaban pesqueros para introducir la droga. El objetivo era mantener el flujo de estupefacientes pese a la presión policial.

La desarticulación acabó produciéndose por acumulación de golpes. Durante meses, los investigadores acumularon interceptaciones de cargamentos que permitieron poner en evidencia la red. Uno de los episodios fundamentales se produjo tras un incendio en una vivienda de la barriada ceutí del Príncipe, que permitió intervenir 510 kilos de hachís y vincular el inmueble con la organización. Posteriormente, el cuerpo incautó otros 432 kilos en la ciudad autónoma, en esa ocasión, en la zona de Cabrerizas Altas y un alijo de 15.000 kilos en Almería, transportado en un tráiler procedente de Nador.

A estos golpes se sumaron otras intervenciones, como 480 kilos en Málaga o los decomisos realizados en los registros finales, que incluyeron también cocaína. En total, más de 17 toneladas de droga han sido retiradas del circuito.

Un operativo técnico y a gran escala

El hallazgo del túnel requirió un despliegue técnico poco habitual. Según explicó Pedro Ferrer, jefe regional de operaciones en Ceuta, la investigación contó con “medios técnicos y tecnológicos de alta tecnología” y con el apoyo de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional. La complejidad del terreno obligó a emplear herramientas específicas para analizar la estructura. “Se ha usado igualmente un dron de última generación submarino, puesto que el túnel estaba lleno de agua freática”, detalló el mando policial. Además, en la fase final participaron los Bomberos de Ceuta y el Regimiento de Ingenieros número 7 de la Comandancia General.

La explotación de la operación implicó a más de 250 agentes y se extendió por varias provincias: Ceuta, Cádiz, Málaga, Huelva y Pontevedra. En total, se realizaron 29 registros domiciliarios. El balance es significativo: 27 detenidos —15 de ellos en prisión—, 1,43 millones de euros en efectivo, 66 equipos de comunicación y 15 vehículos de lujo intervenidos.

La operación habla del papel de Ceuta como punto estratégico en las rutas del hachís hacia Europa. Su proximidad a Marruecos y su posición geográfica la convierten en un enclave logístico de primer orden a ojos de los investigadores. La existencia de infraestructuras como los túneles hallados recientemente, sumada a las conexiones con otras regiones, dibuja un mapa en el que, para Policía Nacional y Guardia Civil, la ciudad es un nodo dentro de una red más amplia.

La memoria de la Fiscalía vasca correspondiente al año 2024 recoge que desde el inicio de ese año la Ertzaintza ha realizado “una amplia campaña de prevención e incautación” en lugares de ocio del llamado “gas de la risa” u óxido nitroso, cuyo consumo se estaba “extendiendo en exceso” en el ocio nocturno de Vitoria. “Existía un gran desconocimiento de la nocividad de dicho consumo, de los efectos secundarios que podían padecerse, así como de la ilegalidad de su venta”, sostiene el documento, publicado el pasado septiembre.

Según informa la Ertzaintza, la comisaría de Vitoria ha iniciado desde 2023 tres investigaciones relacionadas con la compraventa de óxido nitroso. Como resultado, cuatro personas están siendo investigadas por un presunto delito contra la salud pública. La gravedad de estos datos ha llevado a la Policía vasca a poner el foco en su compraventa, al constituir esta un delito contra la salud pública. Hasta el momento se han abierto diligencias por tres delitos de este tipo en la capital vasca, tanto en el interior de locales de ocio nocturno, como en la vía pública, con el resultado de cuatro personas investigadas por los hechos. Su venta y consumo estaría tan integrado en dichos ambientes que se ofertaría junto al consumo de otras sustancias legales como el fumar tabaco en cachimbas, cuando, en realidad, se estaría incurriendo en un delito de tráfico de drogas.

El óxido nitroso es una sustancia cuyo uso está permitido tanto en la industria alimentaria como en la aeroespacial y, también, como medicamento de uso hospitalario bajo prescripción facultativa. Sin embargo, cada vez se está detectando más en las zonas de ocio, donde se utiliza de manera lúdica, lo que puede provocar diferentes reacciones en el organismo de la persona que lo consume tales como, entre otras, alucinaciones, desorientación o desmayos.

Por lo general, se vende en pequeños botes de plata y se inhala. Afecta de manera diferente, según la cantidad inhalada, el peso y estado de salud del consumidor, el nivel de tolerancia y la interacción con otras sustancias o medicamentos. Los efectos inmediatos del gas de la risa incluyen euforia, entumecimiento del cuerpo, sensación de sedación, mareos, risas incontroladas, descoordinación, visión borrosa, confusión, debilidad y cansancio. En los casos más graves se podría llegar a producir la muerte súbita.

En caso de una ingesta excesiva los riesgos son enormes. El efecto del gas puede llevar a una pérdida de presión arterial que puede desencadenar en un desmayo e infarto de miocardio o una hipoxia por falta de oxígeno. Además, el consumo prolongado puede llevar a efectos secundarios como la pérdida de memoria, déficit de vitamina B12, zumbidos en los oídos, entumecimiento de extremidades, espasmos, depresión, debilitamiento del sistema inmunológico, psicosis o dependencia psicológica.

Turismo cannábico de Francia

Otra de las cuestiones en las que pone el foco la Fiscalía, en este caso en Gipuzkoa, es en las asociaciones de consumo de cannabis, donde está permitido consumir dicha sustancia siempre y cuando se realice dentro de los locales que tienen las asociaciones y sean socios. Cuando no ha sido así, se ha investigado si realmente se trata de lugares para la adquisición o compra de cannabis y hachís bajo el subterfugio de haberse hecho previamente socio de la misma. En estos procedimientos, siguiendo la línea marcada en tres sentencias del Tribunal Supremo, se aplica ya junto al delito contra la salud pública, el de asociación ilícita con la consiguiente petición de disolución de la asociación.

La Fiscalía constata, además, que dada la situación fronteriza de Gipuzkoa, la existencia de ciudadanos franceses que cruzan la frontera para adquirir cannabis o hachís en España en las propias asociaciones de cannabis en las que figuran como socios, para, a continuación, regresar a Francia con dicha sustancia, sin consumirla de forma inmediata en el interior de la asociación. Esa práctica es ilícita.

La Guardia Civil de Asturias ha interceptado un alijo de 90 kilos de hachís en una entrega controlada desde Madrid a Asturias y ha detenido a la pareja que actuaba como 'correo' en el transporte de la droga. Los arrestados son un hombre de 38 años y una mujer de 30, ambos residentes en Madrid.

Tras su detención, ambos pasaron a disposición judicial acusados de sendos delitos contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

El titular del Juzgado ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, siguiendo el criterio de la Fiscalía que había interesado la adopción de esta medida cautelar.

Un discreto seguimiento

La actuación policial se ha llevado a cabo en el marco de la “Operación Reise”. Los agentes lograron información, dentro del ambiente delincuencial, sobre un posible transporte de droga que se iba a realizar por carretera, partiendo de Madrid y con destino en Asturias.

A primera hora de la mañana del pasado día 15 se estableció un dispositivo especial para tratar de localizar el vehículo en el que viajaban los dos 'correos'.

El dispositivo de vigilancia

Los datos aportados indicaban que el turismo donde iba a estar la droga camuflada era un Volkswagen Touran de color oscuro.

Sobre las nueve de la mañana, en la autopista A-66 en sentido hacia Oviedo y a la altura de la localidad de Figaredo se observó la llegada del turismo, por lo que se realizó un discreto seguimiento para evitar que los 'correos' pudieran detectar a los agentes.

Un recorrido de 'control'

El Volkswagen circuló por varias calles de Oviedo, de la zona sur, e incluso adoptó “amplias medidas de seguridad para comprobar que era seguido”, según ha confirmado la Guardia Civil de Asturias.

Tras la prueba de comprobación, el turismo donde viajaban los dos 'correos' se detuvo en el estacionamiento de una gran superficie comercial, momento en que la mujer bajó del vehículo y entró en el establecimiento, en cuyo interior permaneció “deambulando en actitud de espera”, ratificaron las mismas fuentes.

Las detenciones

Entre tanto, su compañero siguió circulando por varias rotondas y realizando “contramarchas comprobando si era seguido” y regresó al centro comercial.

Poco después, salió del establecimiento y ante la posibilidad de que abandonara la zona, los agentes decidieron intervenir y detuvieron al conductor.

El registro

En el registro que se llevó a cabo en ese momento se intervino oculta entre los asientos una bolsa de rafia que contenía 10 paquetes de un kilogramo de peso cada uno.

También fue localizada en el interior del turismo una maleta con otros 32 kilogramos de la misma sustancia, que resultó ser hachís, y una segunda maleta en cuyo interior guardaba 48 kilogramos de hachís.

La mujer también fue detenida acusada del mismo delito de tráfico de drogas considerada de notoria importancia.

El ingreso en prisión

Los 90 kilogramos de hachís serán entregados en el Servicio de Farmacia-Control de Estupefacientes del Área de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno de Cantabria, para la extracción de las muestras y la realización de los análisis.

La Fiscalía pidió esta mañana el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos detenidos y, poco después, el juzgado dictó un auto adoptando esta medida cautelar, por lo que ambos han sido trasladados al Centro Penitenciario de Asturias.

La Policía Local de Logroño detuvo la semana pasada en la zona oeste de la ciudad a un varón como autor de un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias estupefacientes.

La intervención se produjo tras ser recibir una llamada de un ciudadano que alertaba de la presencia de un individuo consumiendo estupefacientes en las inmediaciones del parque de La Cometa. Los agentes localizaron en la calle La Caridad a la persona, de 56 años, que coincidía con la descripción aportada y que desprendía un fuerte olor característico del hachís.

Durante la identificación, el individuo intentó abandonar el lugar, pero fue interceptado y reducido por los agentes. En el cacheo superficial se le intervinieron cinco tabletas de hachís con un peso total aproximado de medio kilogramo, además de seis trozos adicionales de la misma sustancia, que sumaban otros 28 gramos. Además, portaba 120 euros en billetes fraccionados.

El detenido fue trasladado a las dependencias policiales, donde se instruyeron diligencias y quedó a disposición judicial.

La Policía Nacional ha procedido a la detención de una persona por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas. El detenido se encontraba solo, sentado en un banco de un parque de Logroño, a las 03:30 de la mañana y despertó la atención de los agentes. 

Una patrulla de la Policía Nacional de uniforme y en vehículo rotulado, observó a una persona sentada, sola, sin que hubiera nadie más en las inmediaciones del parque en el que se encontraba, a las 03:30 de la madrugada. Al conversar con él, les manifestó que acababa de salir de trabajar y estaba “relajándose”. Esta persona se mostraba extremadamente nerviosa ante los agentes actuantes, llegando incluso a balbucear en sus declaraciones.

La patrulla en ese momento procedió al registro superficial de las pertenencias que portaba, y en el interior de una mochila, los agentes observaron un bote metálico de una conocida marca de refrescos, en cuyo interior ocultaba un trozo de Hachís envuelto en plástico de 72,144 gramos. Cantidad suficiente que permite presuponer que la posesión de esta sustancia estaba destinada al tráfico de la misma. Hecho por el que procedieron a su inmediata detención, además de la intervención de la sustancia estupefaciente. El detenido ha sido puesto a disposición judicial.

La Policía Nacional ha detendo a una persona por tráfico de drogas en el centro de Logroño. El presunto autor de la venta portaba un trozo de hachís de casi 10 gramos de peso, envuelto en un plástico transparente. Si bien la cantidad en sí misma no es una cantidad suficiente para inferir que estaba destinada al tráfico de drogas, sí es un indicio suficiente lo que observaron los agentes actuantes.

Una dotación de Policía Nacional, vistiendo de paisano, dedicada a la prevención de hechos delictivos patrullaba en ese momento la zona centro de Logroño, concretamente en la confluencia de la calle San Antón con la calle Pilar Salarrullana. Los agentes fijaron su atención en dos personas que caminaban juntas por dicha calle, y pudieron observar claramente como en ese momento el presunto autor le hacía ‘un pase’ (entrega) de droga a su acompañante envuelta en plástico trasparente, a plena luz del día.

Los agentes, tras lo observado, procedieron a identificarse como agentes de la Policía Nacional, y tras comprobar la identidad de ambas personas, y realizar un registro superficial de las pertenencias que portaban, comprobaron que el acompañante había recibido la entra de los 10 gramos de hachís aproximadamente. Y además el presunto autor portaba en el bolsillo de su sudadera un billete de 50 euros arrugado. 

Los agentes procedieron a la detención del presunto autor por un delito de tráfico de drogas, y a la incautación de la sustancia. Además de realizar al comprador un acta denuncia por una presunta infracción de tenencia de sustancia estupefaciente en vía pública contemplada en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Al detenido no le constan antecedentes policiales.

Una niña de 12 años se escapó del centro de menores donde vivía tutelada por la Comunidad de Madrid. Acudió a su tía, con quien ya había vivido cuando era pequeña, pero lo único que encontró fue un infierno en las chabolas y portales de la capital: obligada a prostituirse a cambio de cocaína y hachís, fue violada durante meses por ocho hombres adultos que le daban droga y algo de dinero. La Audiencia Provincial de Madrid, según ha sabido elDiario.es, acaba de condenar a su tía y otras nueve personas más a penas de entre 6 y 27 años de cárcel por prostituir y drogar a la menor. Todos sabían que era “extremadamente vulnerable”, dicen los jueces, y “se aprovecharon” de ello hasta que la niña “tocó fondo” y pidió ayuda a su hermanastra.

Los jueces declaran probado que la menor tenía 12 años cuando, en octubre de 2019, se marchó para no volver del piso tutelado en el que vivía en régimen abierto. Entonces fue cuando recurrió a su tía materna, con quien ya había vivido durante varios años, creyendo que era “la única que podía prestarle ayuda”. Lo que encontró fue una mujer enganchada a las drogas que decidió usar a la menor para conseguir más cocaína y hachís.

Fue esta mujer quien instó a la víctima a prostituirse con hombres mayores de edad a cambio de droga y pequeñas cantidades de dinero, a veces en poblados de chabolas, otras en portales e incluso en garajes y locales abandonados, pero también en casas de sus propios familiares. Los encargos de su familiar para ir a prostituirse y conseguir droga llegaban, a veces, del número de teléfono de su propia abuela. La niña, que acudió a su tía buscando ayuda pero según la sentencia “se topó con sus adicciones”, acudió a su hermanastra cuando “tocó fondo” y decidió buscar ayuda. Ese día, relató esta testigo, la menor de 12 años acudió a ella con droga y una pipa para consumirla.

El resultado fue una investigación que arrancó en el centro de menores del que se había fugado, pasó por manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y terminó en un juzgado de la Plaza de Castilla con todos los detalles de lo que había pasado. Identificó a su tía, la pareja de ésta y ocho hombres más y relató, tanto ante la Policía como ante el juez, lo que había pasado.

Desapareció antes del juicio –no pudo ser citada, algo que sucede de forma habitual en este tipo de procesos–, pero reapareció por sorpresa para intentar exculpar a su tía de todo lo que había pasado. Los jueces creen que este intento de dejar a su tía fuera del juicio años después “no es creíble” y que responde a un “conflicto de lealtades”. “Todo casa”, dice la Audiencia Provincial de Madrid. “Los datos nucleares de sus testimonios coinciden” y procede, explican, condenar tanto a la mujer como a su pareja y los ocho hombres que durante meses prostituyeron a la menor de edad.

Hasta 27 años de cárcel

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que según ha sabido este periódico ya ha sido recurrida por todos los acusados, impone condenas que van desde los seis años de prisión impuestos a la tía de la menor hasta los 27 años de presidio impuestos a uno de los hombres que violó a la víctima. Delitos de corrupción y prostitución de menores, agresión sexual y tráfico de drogas que, además de las condenas de cárcel, acarrean órdenes de alejamiento y una indemnización de 60.000 euros que, entre todos, deben pagar a la víctima.

La menor cumplió los 13 años después de fugarse y todos, según los jueces, se “aprovecharon” de su situación “extremadamente vulnerable”. Algunos intentaron alegar ante el tribunal que no conocían su edad, pero la Audiencia de Madrid explica que ninguno podía pensar de forma razonable que tenía más de 16 años, límite que podría haberles librado de los delitos de carácter sexual. “El aspecto de la menor es claramente incompatible”, dice la sentencia, con pensar que era mayor de edad.

Muchos, además, sabían que se había fugado de un centro de menores. Solo uno de los acusados ha quedado absuelto por falta de pruebas a la hora de identificarle como uno de los que prostituyó a la niña a cambio de drogas. Varios de los acusados, según figura en la sentencia, pasaron varios años en prisión provisional antes de que se celebrara el juicio y tienen antecedentes penales. La Comunidad de Madrid, tutora legal de la menor, ejerció la acusación en el proceso en representación de la adolescente.

Todos ellos, dice la Audiencia de Madrid, eran “plenamente conocedores de la edad de la menor”, que cumplió los 13 años durante su fuga. “Sus circunstancias personales, familiares y sociales hacían de ella una persona extremadamente vulnerable y en riesgo psicosocial, con una grave inestabilidad física y emocional” de la que todos “se aprovecharon”. Eran “conscientes” de ello y del “abuso generalizado al que se veía sometida”, y “se aprovecharon”. La víctima, explican los jueces, presenta como consecuencia “una intensa afectación emocional”.

La Guardia Civil de Cádiz ha incautado esta pasada madrugada un cargamento de hachís en la desembocadura del río Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda, donde fueron recibidos por los participantes con una descarga de armas de guerra para evitar su intervención. La operación, en la que no se produjeron heridos, se saldó con la detención de nueve integrantes de la organización y la incautación de unos 2.500 kilos de hachís repartidos en 77 fardos, además de cuatro vehículos todo terreno que previamente habían sido sustraídos.

Los hechos ocurrieron sobre las 03.20 horas de la madrugada de este miércoles, cuando los guardias civiles que operaban en el SIVE detectaron una embarcación que navegaba de forma sospechosa en la desembocadura del río Guadalquivir, ha detallado en una nota la Benemérita.

Ante la posibilidad de que se tratara de un alijo, se organizó un dispositivo de interceptación de la misma, que culminó cuando la embarcación sospechosa tocó tierra en una zona donde la organización había previsto la descarga de la droga. Para ello, contaban con cuatro vehículos todo terreno y personal de tierra.

Al llegar los agentes al lugar, los narcotraficantes comenzaron a huir a la carrera, descargando sobre los efectivos de la Guardia Civil numerosos disparos de armas automáticas de guerra desde varias direcciones y teniendo éstos que repeler la agresión utilizando sus armas reglamentarias.

Apoyo de la Policía Nacional

La embarcación utilizada consiguió abandonar la zona huyendo en dirección sur, pero se logró la detención de nueve integrantes de la organización. Además, en el lugar del alijo se aprehendieron un total de 77 fardos de arpillera, conteniendo hachís con un peso aproximado de 2.500 kilos.

Una vez asegurada la zona se contó con apoyo de Policía Nacional de la Comisaría de Sanlúcar, que fue requerida como apoyo a la actuación.

La droga, los vehículos y los detenidos, fueron trasladados a dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, para la instrucción de las oportunas diligencias, encontrándose la operación abierta por lo que no se descartan detenciones.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en la estación de autobuses de Logroño dentro de los Dispositivos preventivos de control en estaciones de transporte de la Brigada Móvil en el Transporte. Estos dos varones han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Dentro de las funciones encomendadas a esta Brigada corresponde la prevención de los delitos, la atención al viajero y el control de la utilización de los medios de transporte por delincuencia especializada, tráfico de seres humanos y estupefacientes, entre otros, llevando a cabo estas tareas en medios de transporte terrestres (autobús, tren, metro…) y marítimos, como en sus respectivas estaciones.

El primero de los detenidos poseía entre sus pertenencias una bolsa con 100 gramos de ‘speed’, un trozo de hachís y una bolsa con marihuana. La Policía Nacional, de paisano, se percataron de que una pareja allí presente desprendía un fuerte olor a hachís. Por ello, procedieron a su identificación y registro de sus pertenencias y dentro de una maleta de ruedas encontraron una bolsa de plástico, que contenía una bolsa de plástico verde con una sustancia pastosa de color rosáceo y eran 98.4 gramos de ‘speed’.  

También, tras realizar un cacheo de seguridad al varón se le encontró un trozo de sustancia resinosa compacta de color marrón hachís y una sustancia herbácea de color verde, resultando ser marihuana. Por la posesión de estas dos sustancias el hombre fue propuesto para sanción por la LO 4/2015 de Seguridad Ciudadana.

El segundo de los detenidos poseía entre sus pertenencias dos bloques de pasta vegetal, al parecer ‘hachís’ de 43,100 gramos de peso y un cuchillo de unos 4 cm de longitud de hoja. 

Esta otra actuación también tuvo lugar mientras los agentes realizaban labores propias de paisano y observaron cómo un varón estaba deambulando por el interior de la Estación y al percatarse de su presencia mostró actitud nerviosa y esquiva. Una vez que fue identificado se procedió a un cacheo superficial, localizando un cuchillo con las cachas de color negro y una hoja de unos 4 cm de longitud. También portaba una sustancia resinosa al parecer ‘hachís’ en el bolsillo del pantalón y tras un cacheo más exhaustivo se le ha localizado otro bloque de esta sustancia más grande, similar a la anterior, envuelto en un trozo de plástico transparente, con un peso de 45,500 gramos y un valor en el mercado de casi 300 euros.

En total, el valor de la droga incautada en el mercado ilegal sería de unos 3.200 euros. 

Detenidos

El primer varón de 33 años de edad, natural de Logroño y con residencia en una localidad cercana a la ciudad, posee tres antecedentes policiales previos, dos de la misma naturaleza que el que se le imputa actualmente. El segundo detenido, se trata también de un varón, de 21 años de edad, de nacionalidad española, y con residencia en una localidad vecina a Logroño. Posee un antecedente policial previo por otras corporaciones.

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por un delito de tráfico de drogas en un control policial rutinario en una rotonda de Logroño durante el pasado martes.

Los agentes identificaron un vehículo ocupado por dos varones. En un primer momento, les pidieron la documentación reglamentaria de los dos ocupantes del vehículo, para más tarde llevar a cabo un registro de sus pertenencias y cacheo superficial de seguridad. Fue en ese momento cuando localizaron entre el calcetín del copiloto 10 bellotas de una sustancias estupefaciente al parecer ‘hachís’.

En ese mismo momento el conductor del vehículo manifestó a los funcionarios que ‘eso era para fumárselo ellos durante todo el mes’. La sustancia estupefaciente intervenida tenía un peso de 104 gramos en total las 10 bellotas y la hubiera ascendido a 706 euros en el mercado ilegal. 

Los dos varones, de nacionalidad española, residen en Logroño. Uno de ellos posee dos antecedentes policiales previos, no relacionados con el tráfico de drogas y el otro no posee ningún antecedente policial.

Dos operaciones policiales contra el tráfico de drogas se han saldado con cinco detenidos en Asturias. En una actuación desarrollada por la Policía Nacional han sido arrestados el propietario y un camarero de una sidrería de Sama de Langreo a quienes se atribuye su presunta autoría en la venta de cocaína en el local, tras incautar 29 papelinas y un trozo de hachís.

Los otros tres detenidos son tres jóvenes, con edades comprendidas entre 22 y 24 años, a los que la Guardia Civil sorprendió cerca de un centro comercial de Siero con dos kilos de hachís; uno de los arrestados resultó herido tras saltar un muro de cuatro metros cuando huía de los agentes. Los cinco detenidos han pasado ya a disposición judicial.

La Policía Nacional abrió una investigación ante las sospechas que apuntaban hacia la posible venta de sustancias estupefacientes que se realizaban en el interior de una sidrería de Sama de Langreo.

Tras varias vigilancias, los agentes realizaron un registro en busca de drogas dentro del establecimiento el pasado día 15. Acudieron al local acompañados de la Unidad Especial de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de Asturias con su perra, “Mía”, una pastor belga malinois, de 8 años.

El registro dio un resultado positivo. En el local se hallaron 29 papelinas de cocaína que arrojaron un peso de 0,75 gramos cada una que, según han explicado fuentes policiales, estaban ya predispuestas para su inmediata venta, así como un trozo de hachís.

La Comisaría de Langreo San Martín del Rey Aurelio ha detenido a a una decena de personas por tráfico de drogas y ha propuesto para sanción administrativa por posesión a otras 59 en lo que va de año.

La huida de uno de los detenidos

La segunda operación policial ha corrido a cargo de la Guardia Civil de Asturias y ha arrojado un balance de tres jóvenes detenidos, uno de ellos herido cuando trataba de huir de los agentes.

En esta ocasión, las detenciones se produjeron el pasado día 13, en la rotonda de acceso a un centro comercial del concejo de Siero, en el transcurso de un dispositivo de verificación de seguridad ciudadana que estaba instalado en las inmediaciones.

Hacia las cinco y media de la tarde, los agentes observaron que los ocupantes de uno de los vehículos que habían parado para su identificación mostraban “una actitud nerviosa”. En un cacheo, localizaron entre las ropas de uno de ellos un total de 20 gramos de hachís.

Seguidamente, realizaron un registro superficial del vehículo y vieron una bolsa en el suelo del asiento del copiloto. Una vez abierta constataron que contenía 2.050 gramos de hachís, distribuidos en paquetes de 101 gramos cada uno.

Al verse sorprendidos, uno de los tres jóvenes emprendió la huida corriendo hacia el parking del centro comercial y llegando a saltar un muro de unos cuatro metros de altura. Al caer, el joven resultó herido y tuvo que ser atendido en un centro de salud, según han confirmado fuentes policiales.

Entre los efectos incautados, los agentes localizaron una báscula de precisión pequeña denominada comúnmente como “tanita” y 730 euros en efectivo.

Logos de Mikey y Minnie Mouse

La droga se hallaba distribuida en bloques de placas envueltas en papel de aluminio: cinco de ellos llevaban el logo de Mikey y Minnie Mouse, y la inscripción de “La Mousse+2024”, mientras que otras 15 placas estaban envueltas en plástico con una caricatura de un cogollo de marihuana.

La Guardia Civil imputó a los tres jóvenes, que residen en Oviedo, un delito de tráfico de sustancias estupefacientes.

La droga aprehendida será entregada en el Servicio de Farmacia- Servicio de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno de Cantabria para la realización de los análisis pertinentes.

El resto de efectos aprehendidos, entre los que se encuentran una báscula de precisión, tres teléfonos móviles y 730 euros en metálico han sido entregados en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Siero, que lleva la causa.

Juan Clavero, histórico ecologista en Cádiz, no oculta cierta desesperación. Se acaba de aplazar la celebración del juicio contra cuatro personas acusadas de tenderle una trampa para atajar de raíz su lucha contra la apropiación de caminos públicos en Andalucía. Pasó rápidamente de sospechoso a víctima, pero la Justicia formal no es tan rápida.

El arranque de la vista oral ya se había dilatado varios años (los hechos ocurrieron en la verano de 2017), y ahora no hay siquiera fecha cerrada. “Nos han dicho que hasta verano está todo ocupado y, por tanto, como pronto se celebrará en otoño”, comenta a elDiario.es Andalucía desde el otro lado del teléfono.

¿Cómo se siente después de que, tras seis años y medio de espera, el juicio se haya aplazado?

Me siento un poco desesperado. La Justicia ha ido muy lenta en la instrucción de un caso que, prácticamente desde un principio, se había resuelto. No me explico que se tarden seis años y medio en enjuiciar unos hechos que no tienen mayor complejidad. Y muchísimo menos se explica que ahora, por un imprevisto más que ha sido el fallecimiento de uno de los abogados, que fue dos semanas antes del juicio, se aplace.

¿A qué cree que se debe esa demora?

La culpa en parte es de los encausados y también en parte del juzgado de Ubrique, que ha permitido que hasta cinco jueces distintos hayan llevado el caso. Ese juzgado ya es famoso en sí por lo lento que es, y las personas implicadas han intentado dilatar el procedimiento, pidiendo incluso que la Audiencia Provincial archivase el caso.

¿Cree que esa circunstancia ha beneficiado a los acusados?

Claro, con total seguridad. Sospecho además que pedirán una reducción de pena por dilaciones indebidas.

¿Considera que detrás de esa supuesta trama se esconde una persecución contra las actividades de los ecologistas andaluces?

Sospecho que detrás de todo esto se encuentra la sociedad del belga Marnix Galle y que mantiene un pacto con los encausados para que no hablen. La primera premisa que me hizo pensar eso es el hecho de que los ex trabajadores de la finca fueron despedidos con unas indemnizaciones demasiado cuantiosas, lo que suena a soborno. Pese a eso y a que todos cuentan con abogados privados de prestigio, cuando el juzgado les pidió que depositaran una fianza se declararon insolventes. Además, el infiltrado que introdujo la droga en mi furgoneta, que cuenta con muy bajos recursos, tiene uno de los abogados más caros de Jerez. El belga podría tener intereses en que me detuvieran, ya que querían cerrar el camino público que atravesaba su finca y desde Ecologistas en Acción lo impedimos. 

¿Qué recuerda de aquellos días en que le acusaban de traficante de droga?

En un primer momento, cuando me di cuenta de que me habían metido la droga en el vehículo, estaba muy asustado. No solo por los años de cárcel sino porque eso iba a destruir mi vida, mi honestidad y la imagen de Ecologistas en Acción. No obstante, sabía que no me podía quedar parado y que tenía que averiguar quién estaba detrás. Fui a por todas movilizando a una gran cantidad de gente que me apoyó y encontré a testigos que ayudaron en una semana a que se solventase todo lo ocurrido.

La información que recibimos la compartimos con la Guardia Civil y, tras consultar las cámaras de seguridad de un bar, se descubrió que la persona que llamó al agente encargado de detenerme era un trabajador de la finca del belga. Y en menos de diez días se archivó la causa. Suena a broma, pero estuve imputado solo diez días. En el auto se reflejaba que había sido víctima de una trampa por la labor que desde Ecologistas en Acción llevamos a cabo para que vías pecuarias y coladas de titularidad pública no sean ocupadas por propietarios de fincas privadas.

Una vez conocida la verdad, tanto los medios como los ayuntamientos rectificaron las noticias y se pasó del 'Clavero imputado por tráfico de cocaína' a 'Clavero víctima de una trampa'. A partir de ese momento iniciamos una campaña para que los cuatro responsables de mi detención fuesen juzgados y pagasen por lo que habían hecho. No hemos dejado pasar ni una en defensa de los caminos públicos y en contra del caciquismo neomoderno que estamos sufriendo por parte de los nuevos ricos. Las dos únicas personas que utilizaron los hechos políticamente en nuestra contra fueron el portavoz del PP en el Puerto, Germán Beardo, y el secretario general del PP en la provincia. Ellos mismo se retrataron.

¿A qué otras amenazas se han enfrentado por sus actividad ecologista?

De todo. La primera fue cuando nos enfrentamos a Puerto Sherry. Tuvimos una batalla durísima, parando la obra por seis años. Casualmente me quemaron el coche. Después, cuando quisimos parar una construcción en un pinar protegido que era parque público, me amenazaron personalmente. Me dijeron que habían circulado fotos de mi casa con la frase “esta casa huele a gasolina y aquí vive un ecologista”.

¿Tienen ustedes miedo de qué puedan volver a repetirse ese tipo de actos hacia el colectivo?

No, estoy tranquílisimo. Creo que han fracasado y les ha salido muy mal la jugada. Ahora que han pasado varios años me reafirmo en mis principios y los de Ecologistas en Acción. Hemos tenido razón desde el principio. Esto ha servido para volver la situación en su contra, porque no solo no se han salido con la suya,sino que han sido perjudicados.

¿Qué otras acciones próximas tienen previstas desde Ecologistas en Acción?

Pues precisamente el 17 de marzo, coincidiendo con el Día de las Vías Pecuarias y Caminos Públicos, tenemos convocada una marcha en la que vamos a atravesar la finca del belga para manifestarnos en defensa del camino público del que querían apropiarse.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha comunicado que va a proponer al Ministerio de Justicia en la Conferencia Sectorial del próximo 1 de marzo la creación de un Tribunal de Instancia en el Campo de Gibraltar con el objeto de combatir el narcotráfico. La propuesta pasa por poner en marcha un plan piloto con el que mejorar el funcionamiento de la Justicia en esta zona de Andalucía, donde la alta rotación de los jueces y la complejidad de los casos con conexiones muchos de ellos internacionales hace que muchas causas relacionadas con el tráfico de drogas queden “impunes”.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, el consejero de Justicia ha recordado que la figura de los tribunales de instancia estaba recogida en la Ley de Eficiencia Organizativa, que decayó con la convocatoria de las últimas elecciones generales del mes de julio de 2023 y que generó malestar en los sindicatos. De acuerdo a lo previsto, esos tribunales “se configurarán como el órgano de organización colegiada que agrupará, en sus respectivas secciones especializadas, a los jueces de los distintos juzgados existentes en un partido judicial”.

El plan piloto que propondrá la Junta pasa por 'repescar' del proyecto de Ley la medida del Tribunal de Instancia para que, bajo este paraguas y ante la necesidad y urgencia que hay en el Campo de Gibraltar, los juzgados de allí Barbate, San Roque, La Línea y Algeciras puedan abordar de manera más eficiente los casos de narcotráfico.

De manera paralela, el consejero andaluz de Justicia se ha mostrado partidario de que los casos de narcotráfico con conexiones internacionales sean perseguidos por la Audiencia Nacional, aunque ha insistido en que esta cuestión está en un “segundo término”, apostando primero por la creación de un Tribunal de Instancia.

En otro orden de cosas, José Antonio Nieto ha defendido el decreto de simplificación administrativa aprobado por el Gobierno andaluz, con el que se persigue, ha dicho, que los plazos “no se eternicen” en cuestiones como cubrir una baja o una vacante. El consejero ha subrayado que este Decreto supondrá la modernización y agilización de la Administración.

El jurado popular del juicio celebrado en la Audiencia de Sevilla contra el teniente de la Guardia Civil, acusado de presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto, ha declarado a dicho agente culpable. Al acusado se le inculpa de haber obtenido dinero del mundo del narco a cambio de información policial, haber intentado hurtar 100.000 euros ocultos en un coche depositado en la Comandancia de la Guardia Civil y 29 fardos de hachís custodiados en dichas instalaciones, para traficar con los mismos.

El fiscal inicialmente pedía para el teniente de la Guardia Civil, Raúl P.M. ocho años de cárcel y 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por un delito continuado de cohecho. Además, le reclamaba otros cuatro años de cárcel y una multa de tres millones de euros por un delito de tráfico de drogas; dos años más de cárcel por un delito de hurto; cuatro meses de prisión por un delito de hurto en grado de tentativa y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de revelación de secretos.

No obstante, debido a la evolución del caso, durante la fase de conclusiones, la Fiscalía ha rebajado la condena de prisión al agente dos años y tres meses, pasando de 14 años y cuatro meses a 12 años y un mes. La rebaja se fundamenta en la nueva consideración del fiscal de que los citados delitos de tráfico de drogas y de hurto tienen el grado de tentativa y no de consumados, al haberse frustrado la operación con el arresto de los tres inculpados y la intervención de la droga. Asimismo, sus dos presuntos compinches también han sido declarados culpables.

“Siempre bajo control policial”

Según el fiscal, dado que en todo momento Asuntos Internos tuvo constancia de la operación y estuvo siguiendo a los acusados, la droga recuperada al ser desmontado el robo “siempre estuvo bajo control policial” y fue “aprehendida” una vez detenidos los dos presuntos colaboradores del agente cuando intentaban salir de la Comandancia de Montequinto a bordo de una furgoneta.

Como consecuencia de esta rebaja de la calificación de los delitos de tráfico de drogas y hurto, el fiscal redujo de cuatro a tres los años de cárcel pedidos para Raúl P.M. por el delito de tráfico de drogas y de dos años a nueve meses de prisión en el caso del supuesto delito de hurto. En términos globales, la pena que solicita para el agente se reduce de 14 años y cuatro meses de cárcel, a 12 años y un mes de prisión.

La defensa de Raúl P.M., de su lado, pedía la absolución del agente, manteniendo la premisa de que un mando del equipo antidroga lo había usado de “chivo expiatorio”, de ahí que solicitara que se juzgase como un delito provocado.

La Audiencia Nacional ha condenado a tres años de cárcel a dos guardias civiles destinados en Tarifa y Algeciras por recibir dinero de una de las principales bandas de narcotráfico asentadas en España, la de los hermanos Al Moudi. Tras un acuerdo con la Fiscalía, el guardia civil Antonio Jesús P. Ll, al que los traficantes llamaban ‘Ojos de loco’, reconoció el delito de cohecho pasivo y se libró de la acusación de narcotráfico en grado de tentativa. 

La sentencia de la Sala de lo Penal considera probado que Moustafa Al Moudi, número dos de la banda, se puso en contacto con agentes de la Guardia Civil destinados en los puertos de Algeciras y Tarifa para que, “a cambio de las correspondientes remuneraciones” le permitieran “pasar camiones procedentes de Marruecos cargados con hachís, oculto entre mercancía legal, evitando los controles aduaneros”.

Los investigadores de la Policía Nacional habían comenzado a investigar a la organización de los Al Moudi en agosto de 2020, bautizando sus pesquisas como 'Operación Toga', por la implicación de un abogado en la trama. El 2 de diciembre de ese año, mientras escuchaban la conversación en el coche de uno de los miembros de la organización, entendieron que esta contaba con la ayuda de agentes del instituto armado, lo que provocó que se incorporara a la investigación el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil. 

La sentencia de la Sección Segunda, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Andreu, describe a Antonio Jesús, ‘Ojos de loco’, como el guardia civil que “dirige y coordina” a otros agentes en las labores de colaboración con la organización de los Almoudi. Destinado en la Sección Fiscal del puerto de Tarifa informa a Mustafá Almoudi de los turnos de trabajo de sus compañeros para que escoger el momento en que estén vigilando los agentes implicados.

La sentencia recoge que ha sido imposible determinar la identidad de otros guardias civiles implicados pese al convencimiento de que no solo participaron Antonio Jesús y el otro condenado, Vicente José O. R. , destinado en la misma sección que Antonio pero en el puerto de Algeciras y en el servicio cinológico, esto es, con los perros que detectan la droga. 

En las grabaciones se escucha a los hermanos Al Moudi hablar de que hacer “un regalo para que pasen buenas Navidades” los guardias civiles. Ese “regalo” se concretó el 17 de diciembre de 2020 con una entrega de 12.000 euros que se repartió de la siguiente forma: 2.000 para “el de los perros (Vicente José)”, 2.000 para ‘Ojos de loco’ (Antonio Jesús P. Ll) y otros 2.000 para un tercer guardia civil que no ha podido ser identificado. 

Tres semanas después, el 7 de febrero de 2021, el mismo hermano Al Moudi entregó 50.000 euros, la Udyco y Asuntos Internos de la Guardia Civil controlaron otro encuentro con ‘Ojos de loco’ en el que el primero hizo entrega de 50.000 euros y el agente le entregó el cuadrante de turnos de los colaboradores uniformados y dos fechas posibles “para introducir el camión cargado con el hachís.

Sin embargo, según relata la propia sentencia de la Audiencia Nacional, “no consta que finalmente metieran el cargamento de hachís, ni siquiera que hicieran un intento de prueba”. La Fiscalía retiró la acusación por tráfico de drogas contra los agentes y el tribunal les aplicó un atenuante de confesión tardía, al igual que con el resto de los principales acusados. 

“Un grave problema de corrupción policial”

Finalmente se llegó a un acuerdo de conformidad según el cual el jefe de los Almoudi, Said, ha sido condenado a 12 años de prisión por tráfico de drogas y a un año más por tenencia de armas y falsificación de documentos. Su hermano Mustafa es quien ha pagado por el soborno de los agentes. A la pena de diez años por tráfico de drogas se suman otros tres por cohecho y seis meses por falsificación de documento público. El tercer hermano, Mohamed, fue condenado a un año y seis meses como cómplice en el tráfico de drogas. 

En un caso diferente, otro agente de la Guardia Civil de Algeciras, en la misma plantilla que uno de los dos condenados por su vinculación con los Al Moudi, fue condenado a 12 años de cárcel por participar en 2018 en la introducción en España del mayor alijo de cocaína incautado en la historia de nuestro país: 7.337 kilos de cocaína oculta en palés y cajas. En uno de los atestados de Asuntos Internos por el caso de 'Ojos de Loco', los investigadores advertían a la Audiencia Nacional de que existe “un grave problema de corrupción policial en el sur de España”. Interior lo niega.

Está el electricista que trabaja para una compañía energética y, para ganar unos euros extra, ayuda a montar una instalación para un gran cultivo de marihuana. Está el agente inmobiliario que ayuda a encontrar una nave industrial discreta y se lleva una comisión. También está el que vigila las plantas a cambio de un salario pírrico. Y luego está el policía que cobra un soborno para mirar hacia otro lado. 

Todo son ejemplos de hasta dónde llegan los tentáculos del crimen organizado vinculado a la marihuana en nuestra sociedad. Y los aborda la periodista de TV3 Fàtima Llambrich, experta en temas policiales y de tribunales, en el libro Brots de narcosocietat [Brotes de narcosociedad] (Columna, 2023).

El texto aporta algunos datos que dan que pensar: aproximadamente el 30% de la droga incautada en todo el mundo se decomisa en España. De las 40 organizaciones criminales que desmantelaron los Mossos en 2018, 33 se dedicaban al tráfico de marihuana. En 2018 se incautaron en Catalunya más de 12 toneladas de esta planta; en 2022 fueron más de 26.

“El tráfico de marihuana ha dibujado una nueva realidad y está siendo un reclamo muy potente para el crimen organizado internacional”, sostiene la periodista. “A casi la mitad de los grupos desarticulados en 2020 se le encontraron armas de fuego”, añade.

Llambrich ha entrevistado a miembros de todos los cuerpos policiales del país, ha consultado sumarios judiciales y hemerotecas de hace décadas y ha hablado con traficantes de hachís y cultivadores de marihuana. También ha acompañado a la Guardia Civil en operaciones en el mar para interceptar narcolanchas y ha acompañado a los Mossos en operativos para desmantelar grandes cultivos de marihuana. 

“Mi objetivo era hacer una foto del momento y alertar de las posibles consecuencias que puede tener el aumento de esta criminalidad”, sostiene la autora en conversación telefónica. “No podemos ser naifs”.

Llambrich describe un mundo en el que conviven mafias extranjeras totalmente organizadas con simples cultivadores que se quieren sacar un sobresueldo. Como ejemplo, destaca que prácticamente la mitad de los detenidos por plantar marihuana no tienen antecedentes penales. “Algunos porque son extranjeros”, matiza, “pero es cierto que muchos de los implicados no han cometido nunca ningún otro delito”.

La periodista, que describe el enfoque de su libro como “muy policial”, considera que el cultivo de marihuana puede suponer una “entrada al mundo delincuencial” y destaca la “aceptación social muy grande” de esta práctica, que le recuerda a la que pudo apreciar reporteando en los pueblos andaluces de La Línea, donde cualquier vecino conoce a alguien que se dedique al tráfico de hachís. 

“Cuando preguntaba a mis amigos si conocían a alguien que se dedicara a cultivar marihuana a gran escala, muchos me decían que sí, que hablarían con ellos y me pondrían en contacto”, analiza. “Si les hubiera preguntado por alguien que hace lo mismo con cocaína, todos me habrían dicho que no conocían a nadie”.

El libro también destaca cómo, al contrario de lo que muchos puedan pensar, las lanchas cargadas de hachís no solo llegan a España por la zona del Estrecho: existen al menos cinco grupos organizados que entran esta droga por la Costa Brava y otros cinco que trabajan en la zona del Delta de l’Ebre, según alertó en 2021 la Guardia Civil.

“En poco más de un año se ha pasado de no tener constancia de ningún hecho vinculado con el tráfico de hachís en las playas catalanas a haber un goteo de informaciones sobre narcolanchas varadas y decomisos de fardos en playas”, precisa la reportera.

Sobre el motivo de por qué España -y Catalunya y Andalucía en particular- se han convertido en el huerto de la marihuana europea, Llambrich considera que es una mezcla de factores. “Desde el buen clima a la legislación, pasando por el gran número de naves industriales que quedaron abandonadas durante la crisis de 2008”, sostiene. “También hay zonas boscosas alejadas que son ideales para habilitar cultivos exteriores”.

El libro también menciona el elefante en la habitación de la lucha policial contra el tráfico de droga: por cada planta que arrancan los Mossos, hay cultivadores sembrando una nueva. La periodista explica que son muchos los agentes que se sienten en una “rueda de hámster” combatiendo un fenómeno muy difícil de atajar y que, además, consume muchos recursos policiales. 

“Fuimos a desmantelar una plantación en el Maresme y se destinó toda la plantilla del turno de mañana y del turno de tarde para cortar y recoger las plantas”, recuerda Llambrich. “Después hay que redactar los atestados y gastar otro día para llevarlas a destruir”. En la operación no se logró detener a una sola persona. 

“Creo que es un problema que no se puede resolver sólo desde una óptica policial”, concluye la autora. “Hace falta un compromiso político que acepte el problema lo enfrente y ofrezca alternativas”.

Dos socios de una empresa de mensajería y residentes en Cáceres han sido detenidos por importar droga desde Italia a través de mensajería, en concreto 12,4 kilos de cogollos de cannabis y 80 gramos de resina de hachís.

Efectivos de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Cáceres, en colaboración con el Área Regional de Vigilancia Aduanera de Madrid, han sido los encargados de llevar a cabo la operación, según detalla el Ministerio de Hacienda en nota de prensa.

En concreto, la operación se realizó el pasado 31 de enero, coordinada por la Fiscalía de Madrid, mediante una entrega controlada de las sustancias estupefacientes, que eran enviadas desde Italia con destino a un comercio del centro de la capital cacereña, utilizando para su entrega a una empresa de mensajería.

En el operativo se detuvo a los dos socios de la empresa que estaba importando la droga, quienes fueron puestos a disposición judicial.

El Órgano Judicial ha decretado la obligación de los investigados de comparecer cada quince días.

Así, Hacienda ha recordado que los cogollos de cannabis, independientemente de su contenido en el psicoactivo tetrahidrocannabinol (THC), están sujetos a fiscalización según la Lista 1 de la Convención Única de la ONU sobre Estupefacientes de 1961.

Por tanto, solo pueden ser objeto de producción, distribución o comercialización para fines médicos o científicos y con la autorización legal correspondiente.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, vecinas de los municipios coruñeses de Ferrol y Pontedeume, por un presunto delito contra la salud pública, ya que ocultaban 61.900 gramos de hachís en el coche en el que circulaban por la autovía A-66.

Según ha informado este lunes en nota de prensa el instituto armado, en la mañana del jueves pasado, los agentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras de Badajoz interceptaron un turismo procedente del sur de la península, a su paso por el término municipal de Villafranca de los Barros.

Durante el transcurso de la identificación de su conductor y la ocupante, detectaron claros síntomas de nerviosismo en su comportamiento esquivo hacia los agentes.

Ante las sospechas de que pudieran ocultar algo ilícito, llevaron a cabo una minuciosa inspección del vehículo y observaron ciertas anomalías en la zona reservada para la rueda de repuesto.

Con el apoyo del perro adiestrado para la búsqueda y detección de sustancias estupefacientes perteneciente al Servicio Cinológico de la Comandancia de Badajoz, descubrieron un doble fondo o “caleta” practicada bajo el paragolpes trasero, donde ocultaban un total de 61.900 gramos de hachís en su interior, distribuidos en paquetes envasados al vacío con la intención de minimizar su olor, indican las mismas fuentes.

Además, en el registro de sus vestimentas se les intervino 3.280 euros, dinero que supuestamente habrían obtenido del tráfico de sustancias estupefacientes.

De la droga aprehendida se podría obtener en el mercado ilícito 247.600 dosis, que tenían previsto distribuir en Galicia.

Estas dos personas fueron detenidas en el mismo lugar y, tras la instrucción de las correspondientes diligencias por el supuesto delito de tráfico de drogas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros, decretando la autoridad judicial el ingreso en prisión de ambos