La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha decidido acumular las condenas de José Enrique Abuín Gey, el Chicle, por el intento de secuestro y agresión de una joven de Boiro y por el asesinato de Diana Quer, y ha establecido en un mínimo de 18 los años que deberá pasar en prisión antes de solicitar el tercer grado, régimen de semilibertad.

En un auto fechado este jueves, la Audiencia ha acordado que los cinco años de prisión a los que Abuín Gey fue condenado por el ataque de Boiro, previos a la condena por el caso de Diana Quer, se sumen a las penas que se le impusieron por el crimen de la joven madrileña, que son prisión permanente revisable como autor de un delito de asesinato con alevosía cometido para ocultar una agresión sexual y cuatro años de cárcel por detención ilegal y agresión sexual. Con ello, establece que el Chicle debe cumplir por ambos sucesos la pena de prisión permanente revisable de forma acumulada.

Otra consecuencia de la decisión es que los plazos se computan como si solo hubiese sido sentenciado a una única pena de prisión permanente revisable en lo que se refiere al acceso al tercer grado. Enrique Abuín deberá pasar al menos 18 años en prisión antes de solicitar el régimen de semilibertad y 25 años antes de pedir la revisión de la condena y una posible libertad total.

José Enrique Abuín Gey fue condenado en diciembre de 2019 por la Audiencia Provincial de A Coruña como autor material de la detención ilegal, agresión sexual y asesinato de la joven Diana Quer, que desapareció en agosto de 2016 en las fiestas de la localidad coruñesa de A Pobra. Su cuerpo no fue localizado, sin embargo, hasta 500 días después, oculto en un pozo en la parroquia de Asados, en Rianxo.

Unos meses antes de esta sentencia, en abril de 2019, Enrique Abuín había sido condenado a cinco años de prisión por detención ilegal e intento de agresión sexual por unos hechos sucedidos en Boiro en la Navidad de 2017. Su detención como sospechoso de este segundo caso y los nexos que lo vinculaban a la desaparición de Diana Quer desencadenaron la resolución del crimen de la joven madrileña, ya que Abuín llevó a los agentes hasta la nave de Asados dos días después de ser apresado por el intento de agresión.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha ratificado “al no existir duda alguna” la condena a prisión permanente revisable de José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle, por el asesinato de Diana Quer y, por tanto, ha desestimado el recurso interpuesto por el único culpable del crimen.

El alto tribunal gallego avala la sentencia bajo la que se le impuso la máxima pena privativa de libertad contemplada en el Código Penal y subraya en la resolución facilitada a la prensa que está clara la realidad de unos hechos que han “sido debidamente acreditados” en primera instancia, consistentes en un asesinato con alevosía para ocultar otro delito previo contra la libertad sexual de la víctima.

Avala, por tanto, el fallo de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, que, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, acordó esa medida. Los jueces sostienen en esta nueva resolución que es “posible presumir, hasta alcanzar una conclusión de certeza más allá de toda duda razonable”, que el traslado de la víctima hasta la nave de Asados, en el municipio de Rianxo, lugar en el que ella acabó desnuda, obedece a una única razón: atentar contra su libertad sexual. Máxime al tratarse de un inmueble “apartado y solitario” y al no existir una motivación contra la propiedad “ni atisbo de cualquier otra posibilidad que de manera razonable pudiera aventurarse”, recoge la agencia EFE. El móvil de naturaleza sexual, según el Tribunal Superior, “se corrobora por la ausencia de cualquier otra motivación, una vez descartada la tesis de que la víctima fuese trasladada ya sin vida a la nave de Asados”.

Los magistrados recuerdan que los actos de naturaleza sexual llevados a cabo no necesariamente habrían de integrar un supuesto de violación. “No se trata de una condena arbitraria, ni se vulnera el principio acusatorio ni el derecho a la presunción de inocencia, pues los hechos se fijan sobre la base de la prueba indiciaria”, manifiesta la Sala de lo Civil y Penal en la sentencia, en la que subraya que no es necesario “que se determine de manera exacta y precisa la conducta atentatoria contra la libertad sexual, bastando la certeza, más allá de toda duda razonable”. Esto alude a la calificación de hechos de naturaleza sexual indeterminada, pues el cadáver estuvo más de 500 días sumergido en agua dentro de un pozo.

El alto tribunal ahonda además en la sentencia en que “no existen datos objetivos” que indiquen, tal y como alega la parte recurrente, que el jurado se haya comportado “de manera ajena a las exigencias de imparcialidad” o de que no haya basado su decisión “sobre las premisas que deriven, exclusivamente, de aquello que aconteció en el plenario”. “La sociedad de la información en que vivimos nos impide ser ajenos a las cosas que acontecen en nuestro entorno vital. Nada de lo que conocemos nos es ajeno. Pero esa circunstancia, por sí misma, no determina la imposibilidad de llevar a cabo un enjuiciamiento imparcial y libre”, detallan.

Diana Quer, una joven madrileña de 18 años, fue agredida sexualmente y asesinada tras su desaparición el 22 de agosto de 2016. Acudió esa noche a una fiesta en A Pobra do Caramiñal, localidad coruñesa en la que pasaba el verano con su madre y su hermana menor, de la que nunca regresó.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, ha condenado a José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', a la pena de prisión permanente revisable por el crimen de la joven madrileña Diana Quer, así como a 10 años de libertad vigilada desde que concluya esa medida.

Esta sentencia llega después de que el pasado 30 de noviembre el Tribunal del Jurado declaró por unanimidad culpable a Abuín de haber agredido sexualmente a Diana Quer y de matarla intencionadamente después de cometer la agresión, con la intención de ocultar su primer delito.

La sentencia también le impone a 'El Chicle' la prohibición de aproximarse a los padres y a la hermana de la víctima, a sus domicilios, lugar de trabajo o cualquier lugar en el que se encuentren, a una distancia inferior a 1.000 metros, así como la prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio durante la duración de la pena y, en todo caso, desde el inicio de cumplimiento de la misma y hasta que transcurran 10 años desde la conclusión.

Además, lo condena, como autor responsable de un delito de detención ilegal y de un delito de agresión sexual, en concurso medial, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de confesión, a la pena de cuatro años de prisión y a cinco años libertad vigilada.

La Audiencia también le ha impuesto el abono de una indemnización de 130.000 euros a cada uno de los progenitores y de 40.000 a la hermana de la víctima, además de imponerle las costas de proceso judicial.

José Enrique Abuín, 'El Chicle', ha sido declarado por unanimidad culpable de un delito de detención ilegal a Diana Quer, otro de agresión sexual indeterminada y otro de asesinato. La lectura del veredicto se ha producido este sábado a mediodía.

El jurado popular considera probado que 'El Chicle' asesinó a Diana Quer tras agredirla sexualmente, pero no violarla, en la nave de Asados, lo que abriría la puerta a que fuese condenado a la prisión permanente revisable.

Se han opuesto, también por unanimidad, a la concesión de indulto y a la suspensión de la pena.

La resolución llega tras cuatro días de deliberación y después de que este viernes el juez devolviera el veredicto que había recibido del jurado popular por considerar que contenía “errores formales” y que hacía falta una mayor fundamentación.

La deliberación comenzó en la tarde del martes, un día más tarde de lo inicialmente fijado. El juez entregó entonces a los jurados el objeto de veredicto sobre el que han versado sus deliberaciones, que concluyeron la noche de este jueves.

Diana Quer desapareció el 22 de agosto de 2016 cuando se dirigía de las fiestas de A Pobra (A Coruña) a la casa de veraneo de su madre. Año y medio después Abuín Gey, residente en Rianxo, confesó ser el autor de su muerte.

Poco después, el cadáver de la joven fue hallado en un pozo de agua en una fábrica en una zona próxima al lugar donde se le perdió el rastro. La autopsia no ha podido probar la agresión sexual debido al estado del cadáver en el momento en el que fue encontrado, el 31 de diciembre de 2017.

El juicio por el asesinato de Gabriel Cruz en febrero de 2018 ha quedado visto para sentencia este martes tras escuchar las conclusiones de la fiscal, la acusación particular y la defensa. A partir de este momento, el jurado popular formado por siete mujeres y dos hombres− tiene que deliberar sobre la culpabilidad o no culpabilidad de Ana Julia Quezada como autora de un delito de asesinato por la muerte violenta del menor.

Esta institución jurídica formada por ciudadanos de a pie intervendrá también en la causa por la muerte de Diana Quer. Precisamente hace una semana la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña acordó prohibir la divulgación por los medios de comunicación del vídeo de la reconstrucción de hechos practicada durante la investigación de su muerte para preservar la imparcialidad de los candidatos a jurado. El magistrado tomó la decisión tras la solicitud de la acusación particular de que se suspendiera la emisión del vídeo en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de sentencias emitidas en 2016 por un jurado popular fue de 209, en su mayoría condenatorias: el 92,3% del total. Esta herencia de la tradición anglosajona está presente en muchos países, aunque con distintos matices. Estados Unidos es uno de los países que más recurre a esta figura. Por ejemplo, un jurado popular de Florida declaró culpable de un triple asesinato al español Pablo Ibar. La Corte Suprema de este Estado anuló en 2016 la condena por la debilidad de las pruebas en su contra y, tras la repetición del juicio y una nueva sentencia condenatoria, uno de los doce miembros se retractó del veredicto. Su defensa inició a principios del mes de junio los pasos previos para el recurso de solicitud de repetición del juicio.

Elección por sorteo y retribución por cada día de juicio

En España, la composición de los nueve miembros y dos suplentes del jurado se decide entre los vecinos de un mismo municipio, dentro de la provincia en la que se ha cometido el delito, según la Ley del Tribunal del Jurado, que data de 1995. Tienen que ser españoles y mayores de edad, saber leer y escribir, poder ejercer sus derechos políticos y no tener una discapacidad psíquica o física que impida el desempeño de sus funciones.

Los ciudadanos de a pie solo pueden enjuiciar delitos contra las personas, los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, contra el honor y contra la libertad y seguridad. Están excluidos, por ejemplo, de los delitos cuyo enjuiciamiento se atribuya a la Audiencia Nacional.

La lista de candidatos −que podrán ser llamados o no− se realiza cada dos años por sorteo dentro del censo electoral. Hay varios impedimentos: estar procesado, cumplir condena por delito doloso o estar suspendido de cargo público, entre otras. Tampoco pueden formar parte de un jurado popular los diputados y senadores, la familia real o los miembros en activo de la carrera judicial y fiscal; así como las personas que tengan vínculos familiares, amistad o interés directo o indirecto en la causa.

Cuando se tiene que formar un jurado para un caso, el magistrado entrevista de forma individual a 36 personas citadas de esa lista procedente del censo electoral. Uno de los problemas a los que se enfrentan los candidatos en este punto es compaginar su vida laboral y familiar con un juicio. Precisamente por ello, hay un periodo de excusas en el que los candidatos pueden exponer sus motivos para no participar. Una vez han sido elegidos de forma definitiva, tienen derecho a ausentarse del trabajo de forma justificada y la Ley contempla una retribución por cada día que dure el juicio de 67 euros, además de indemnizaciones por gastos de viaje en vehículo particular, alojamiento y gastos de manutención en caso de ser necesarios.

¿Cómo funcionan los juicios con tribunal de jurado?

Los ciudadanos tienen que pronunciarse sobre los hechos, pero nunca realizan calificaciones jurídicas. Es decir, concluyen si el acusado es culpable o no lo es, pero no concretan el delito y la pena, que es trabajo del juez. Durante el desarrollo del juicio, el tribunal puede realizar preguntas a los testigos, acusados y peritos. El juez es el encargado de decidir si las cuestiones son procedentes, como en cualquier otro proceso.

Al final, el presidente del tribunal tiene que entregarles una hoja con los hechos concretos para que ellos declaren si han sido probados o no probados, y deben emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia: para el de culpabilidad se necesitan siete votos, mientras que para la inocencia son cinco. Es el magistrado el que debe dar forma jurídica al veredicto y acatarlo, salvo que se produzcan contradicciones en los hechos probados o haya defectos en la votación.

Durante la deliberación, los nueve ciudadanos permanecen incomunicados con el exterior. De esta forma se pretende evitar la influencia que puede tener la información de los medios de comunicación o incluso que haya llamadas relacionadas con el caso, por ejemplo. La defensa de Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, cuestionó en septiembre el tribunal pudiera juzgar con “imparcialidad” por la enorme repercusión del caso y pidieron que fuera enjuiciada por profesionales.

La causa de los trajes de Francisco Camps es otro de los ejemplos de juicio con mucha relevancia mediática: en 2012, el jurado le declaró a él y al exdirigente regional del PP Ricardo Costa “no culpables” por cinco votos a cuatro de un delito de cohecho pasivo impropio al no considerar demostrado que la trama Gürtel le hubiera regalado unos trajes de Milano. Un militante del PP que había estado presente en todas las sesiones del juicio, Carlos Lirio, fue fotografiado en la terraza del hotel donde se alojaba el jurado. El Supremo confirmó la decisión un año después.

El Tribunal Supremo ha confirmado esta semana la condena de prisión permanente revisable que impuso el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco a un hombre que asesinó a una bebé de 17 meses en Vitoria. El asesinato se enmarca en un contexto de violencia machista: el agresor atacó a la madre de la criatura -con la que entiendo que había iniciado recientemente una relación- mientras éstas dormían, la golpeó al grito de “te voy a matar”, trató de tirarla por el balcón y terminó tirando a la niña. Algunos elementos que sostienen la confirmación de la sentencia son el hecho de que la víctima mortal sea una menor y que ese asesinato se sume al intento de asesinato de su madre. No es un caso excepcional, incluso hay un concepto para nombrar la violencia que ejercen los agresores machistas contra niños y niñas como forma de castigo a sus madres: violencia vicaria. 

Recuerdo que, cuando el pasado mes de septiembre leí la noticia de la condena a este hombre, se me sumó al runrún que me había provocado otra noticia unas semanas antes: los Mossos d'Esquadra habían estrenado las pistolas eléctricas contra un maltratador.los Mossos d'Esquadra habían estrenado las pistolas eléctricas contra un maltratador. La Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña sostiene que es un arma no letal, y Amnistía Internacional responde que más de 700 personas han muerto desde 2001 en Estados Unidos después de recibir descargas de pistolas eléctricas tipo Taser. No me pareció casualidad que eligieran un caso de violencia machista en “el año del feminismo” para estrenar ese arma ni tampoco me pareció casualidad que fuera mujer la portavoz del cuerpo de policía catalán quien explicó su uso en los informativos y magazines de la mañana. 

Ahí se me encendió la lucecita: ¿estaremos asistiendo a una instrumentalización de los derechos de las mujeres y de la lucha contra las violencias machistas para legitimar políticas represivas? ¿Cuánto tardarán las fuerzas de seguridad del Estado o de las comunidades autónomas en utilizar las pistolas eléctricas para reducir, pongamos, a manteros o a inmigrantes en Frontera Sur? 

En realidad, en Pikara Magazine esa inquietud se ha planteado casi desde los inicios de nuestra revista. En 2012, M en conflicto, psiquiatra queer que escribía en ese momento en Pikara, alertó de ello en relación al caso de José Bretón, un hombre que desapareció y asesinó a sus hijos cuando su mujer le pidió el divorcio. Señalaba M en conflicto la tendencia a presentar a los agresores machistas como monstruos o como enfermos mentales irrecuperables en vez de enmarcar sus crímenes en el problema social de la violencia hacia las mujeres. 

En 2013, Andrea Momoitio escribió sobre las reacciones a la derogación de la Doctrina Parot, una jurisprudencia que cronificaba las penas de cárcel y que  el Tribunal de Estrasburgo consideró contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Desarrollada en juicios contra miembros de ETA, contaba Andrea que a muchas feministas les preocupaba que su derogación hubiera tenido como resultado la puesta en libertad de violadores. Lanzaba preguntas tan pertinentes como éstas:  ¿Ser “violador” es una identidad inamovible? ¿Puede nuestra ideología estar por encima de los Derechos Humanos? ¿Estábamos más protegidas de la violencia patriarcal mientras esos hombres estaban en prisión?

En febrero de 2014, la periodista Meritxell Guàrdia i Serentill analizó la reforma del Código Penal impulsada por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Señalaba que la propuesta penal se había presentado como “una de las más 'proteccionistas' con las mujeres”, y respondía que ese proteccionismo no solo victimizaba sino que chocaba con el hecho de que el endurecimiento del Código Penal afectaría a las mujeres en situación de marginalidad o exclusión social, ya que aumentaba la presión punitiva ante el hurto o la prostitución. 

Avanzamos hasta 2018. La prisión permanente revisable fue incorporada al Código Penal en 2015, y ante la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez la revoque, hombres conservadores liderados por padres de jóvenes asesinadas recogen firmas para mantenerla en el ordenamiento jurídico. El caso de Diana Quer reabre el debate y pedimos un análisis a la abogada penalista Laia Serra.

En un artículo imprescindible, Serra nos habla del “populismo punitivo”: “Se define como la estrategia ideológica, manipuladora y reaccionaria del Estado de explotar las inseguridades de la colectividad para neutralizar ciertos debates sociales y criminalizar selectivamente ciertas conductas y sectores sociales para ir restringiendo libertades fundamentales”. Añade que se basa un interés electoralista y se vale de la manipulación informativa, dando recetas fáciles, obviando datos objetivos y opiniones expertas: “La construcción de los problemas sociales en clave delictiva evita que el Estado se responsabilice de las consecuencias de sus políticas y ofrecer una solución tangible: el castigo al ”delincuente“. Se genera un aliviante efecto balsámico al ofrecer un chivo expiatorio contra el que proyectar toda la indignación y la ansiedad que generan las actuales condiciones de vida”.

La jurista señala como tercer eje del populismo punitivo “la instrumentalización del dolor de las víctimas y de las supervivientes y de la empatía social que suscitan”, algo que choca con la realidad: las carencias de las políticas institucionales a la hora de atender las necesidades de las víctimas y garantizar su acceso a la Justicia.

Hay un último y reciente artículo de Pikara que quiero recomendar, el de Alicia Murillo sobre los que denomina como “patriarcas coraje”, padres de mujeres asesinadas que están recabando apoyos a favor de la cadena perpetua y que, en algunos casos, han sido fichados por partidos de derecha y extrema derecha. Murillo observa “cómo se vive, desde la masculinidad hegemónica, la pérdida de una hija víctima de violencia machista”, y compara los discursos de estos hombres con los de las madres que, lejos de pedir un sistema judicial más represivo, señalan que precisamente ese sistema es patriarcal, citando a referentes como Susana Guerrero o Asun Casasola, que se han vinculado al movimiento feminista conscientes de que el problema es más profundo que la existencia de unos cuantos individuos desalmados. 

Tecleo en Google “feminismo prisión permanente revisable” y, además de a Pikara Magazine, me lleva a los siguientes contenidos: 

Decía que llevamos desde 2012 preocupándonos por esta deriva, pero en 2019 el caldo de cultivo es particular: un contexto de auge y protagonismo mediático del feminismo pero también de la extrema derecha y sus discursos punitivistas. Acabamos de ver cómo ahí se crean alianzas peligrosas, como la de la Asociación Clara Campoamor con los “patriarcas coraje”. Recuerdo haber leído a Begoña Zabala, emblemática activista feminista navarra, que en los años ochenta el movimiento feminista autónomo era decididamente antipunitivo y no esperaba soluciones en lo penal, consciente de que la justicia patriarcal era generadora de violencia patriarcal. Tres décadas después, el feminismo se ha vuelto de masas, pero esas masas piden condenas más largas para los agresores. Creo que ahora es especialmente importante que nos dotemos de un argumentario antiautoritario sólido y lo divulguemos. 

Termino leyendo en alto a Angela Davis, que sigue siendo una firme activista por la abolición de las prisiones:

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Lee también:

“El Estado ha amparado a un pederasta y ha desprotegido a una niña”, entrevista a Susana Guerrero.

El Ministerio Fiscal ha solicitado la imposición de la pena de prisión permanente revisable para José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', por el secuestro, agresión sexual y asesinato de Diana Quer, cuyo rastro se perdió en A Pobra do Caramiñal, A Coruña, en agosto de 2016.

Así lo recoge el escrito de acusación presentado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira, que la semana pasada dio por cerrada la instrucción de este caso.

La Fiscalía considera a Abuín Gey culpable de los delitos de detención ilegal y agresión sexual, por los que pide penas de 20 y 12 años de prisión. A mayores, le atribuye el asesinato con alevosía y ensañamiento de Diana Quer, por lo que reclama, al igual que la acusación particular que ejercen los padres de la joven, la prisión permanente revisable. Al mismo tiempo, ha solicitado una indemnización para los familiares de 290.000 euros.

Este escrito de acusación se conoce el mismo día en el que ha trascendido que el Juzgado de Instrucción número 2 de Ribeira ha acordado la apertura de juicio oral contra 'El Chicle' por el intento de rapto y de agresión sexual a una joven de Boiro.

Los organismos del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) implicados en la recogida de datos sobre violencia de género han dado los primeros pasos para considerar violencia machista casos de mujeres asesinadas por hombres que no son su pareja o expareja. Sería el caso de Laura Luelmo de confirmarse que fue asesinada por un hombre con un móvil de género, es decir, por ser mujer. Agentes de la Guardia Civil han detenido este martes a un vecino de El Campillo (Huelva) en el marco de la investigación por la muerte violenta de la profesora de 26 años, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado lunes tras desaparecer hace una semana.

Tanto la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género como el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ trabajan para superar el concepto que impone la actual Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, que la restringe al ámbito de la pareja o expareja. Una reivindicación que se amplificó con el hallazgo del cadáver de Diana Quer, asesinada cuando volvía sola a casa y con indicios de agresión sexual, en la Nochevieja de 2017. Este enfoque, de hecho, está incluido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre del año pasado, que contempla la recogida de datos a otras formas de violencia machista más allá de la pareja o expareja.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que contabiliza las víctimas mortales desde 2003, ha enviado circulares durante los últimos meses a todas las Unidades de Violencia de todo el país que dependen de Delegación del Gobierno para que les remitan todos los datos que tengan sobre homicidios y asesinatos contra mujeres, según confirman fuentes del organismo a eldiario.es. Una vez recopilados, se analizarán y se tratarán estadísticamente.

No hay plazos para que esa información sea pública. Actualmente, Delegación del Gobierno solo ofrece la cuenta actualizada de los asesinatos de mujeres perpetrados en el marco de la pareja o expareja, como contempla la Ley de Violencia de Género de 2004. La detección de otros casos no es tan inmediata, ya que requiere del análisis del componente de género que pueda incidir en cada crimen. Por ejemplo, en el de Laura Luelmo, aunque la investigación apunte a ello, todavía no puede confirmarse. Por ello, una vez todas las unidades envíen cada una sus informes, tendrán primero que tratarlos.

La Delegación del Gobierno lleva desde el año 2003 informando sobre las víctimas de violencia machista solo dentro de la pareja o expareja. De esa manera, son 974 víctimas mortales en 15 años. La Ministra de Igualdad y Vicepresidenta Carmen Calvo escribió, cuando se supieron los primeros datos sobre la muerte de Laura Luelmo, que “no se descarta violencia machista”. El envío de circulares como primer paso para la actualización de los datos es un trabajo que ha comenzado a hacerse con la nueva Delegada para la Violencia de Género, Pilar Llop.

Los jueces estudian feminicidios

Por su parte, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ ya ha pedido a la Comisión Nacional de Estadística Judicial “que implemente las reformas pertinentes” para contabilizar denuncias y sentencias sobre casos más allá de la pareja o expareja, explican fuentes del organismo. Actualmente, los boletines estadísticos que trimestralmente publica el CGPJ se refieren a denuncias y sentencias dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que ven casos de violencia de género en el sentido estricto del término. En el futuro, también se incorporarán otros delitos considerados por el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, como violencia machista: violaciones, acoso sexual, trata, mutilación genital o matrimonios forzados.

Con el objetivo de dar cumplimiento al enfoque contenido en el pacto, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial ya inició estos trabajos el pasado mes de mayo, cuando incluyó por primera vez en sus análisis de sentencias anuales casos de asesinatos y homicidios en los que el género convertía a la víctima en vulnerable. Así, incorporó nueve fallos de mujeres asesinadas en 2016 por hombres que no eran sus parejas o exparejas, entre ellas una prostituta asesinada por un cliente o el caso de una mujer asesinada por un hombre tras negarse a mantener relaciones sexuales con él.

Aunque la legislación española no reconoce el término feminicidio, que sí se utiliza en otros países para tipificar específicamente los crímenes contra las mujeres por el hecho de serlo, el CGPJ sí utiliza el concepto en su informe para englobar los nueve casos estudiados en los que el género de la mujer asesinada “era lo que la hacía vulnerable”, según cita el estudio.

Actualmente, el Observatorio trabaja ya en la publicación de su segundo informe con esta perspectiva, el referido a 2017. El hecho de que se trate de un análisis de sentencias firmes hacen que el caso de Diana Quer no pueda ser aún incluido, puesto que no se ha celebrado el juicio. Fue precisamente este caso el que motivó a la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, a asegurar pocos días después de que su cuerpo fuera encontrado que Diana sería contabilizada oficialmente como tal.

Asesinó José Bretón a los dos hijos de Ruth Ortiz en noviembre de 2011. Es posible que el nombre de la madre no les suene de nada, es probable que conozcan más a José Bretón, hoy encarcelado, padre de las dos criaturas, marido durante un tiempo de Ruth Ortiz, y que decidió asesinar a sus dos hijos cuando su mujer le dijo que se quería separar de él.

Aquel fue un crimen machista, una violencia transferida: hacer el máximo daño posible a tu ex mujer asesinando a sus hijos; a los hijos que piensas que son sólo de ella, para el criminal convertidos en un mero objeto arrojadizo cuando su mujer dice que no aguanta más. Se llama violencia vicaria: asesinar a terceras personas, y es una variante de la violencia machista.

No solemos emplear este sintagma en los medios. Deberíamos hacerlo, para visibilizarlas, para saber que existen: mujeres a las que sus ex maridos han querido hacer el mayor daño posible asesinando a sus hijos.

Hay seis mujeres en España, conocidas, a las que sus parejas o exparejas, hombres, han asesinado a sus hijos. Una forma de hacer más daño que el asesinato de la mujer en sí mismo. No están en la agenda política y apenas aparecen en la informativa.

Ruth Ortiz ha dicho ahora, ayer, que no quiere que la foto de sus dos hijos asesinados aparezca al lado de la ministra Fátima Báñez y del ‘líder’ del PP andaluz, Moreno Bonilla. Que le parece “patético, indignante e insoportable”, que los dirigentes andaluces del PP corran en primera fila de la manifestación a hacer una utilización obscena del asesinato de sus hijos y enarbolen la foto de las dos criaturas carbonizadas por su padre. Ruth Ortiz no quiere ninguna manipulación, de la que se ha dado cuenta después de la manifestación, al ver las fotos de sus hijos junto a las de otras hijas asesinadas no necesariamente por sus padres, junto a políticos que dicen tener la solución.

En la sesión del Congreso de los Diputados de la pasada semana, una señoría del PP creyó alcanzar el éxtasis de la bondad al enjaretar una frase, emplazando a la oposición socialista, en la que les pedía que miraran a los ojos de los padres compungidos, presentes en la tribuna de invitados, que han sufrido cómo asesinaban a sus hijas/os, y les dijeran que sí ante ese panorama devastador, no pensaban que la prisión permanente revisable era justa y necesaria, nuestro deber y salvación, étcetera. Algunos padres pusieron el pulgar boca abajo ante el voto de parte de la oposición.

La cosa se ha puesto de tal manera que los que no creen que ese oxímoron con patas que se construye al unir permanente y revisable sea la panacea, son convertidos de inmediato en colaboradores necesarios de los asesinos. Alta temperatura emocional.

Algunos diputados del PP aprovechan el tsunami de irritación que provocan determinados asesinatos para pedir que se pudran en la cárcel los asesinos del niño Gabriel, el de la madre ejemplar que no quiere odios, que transmite bondad y denuncia la manipulación de algunos medios; o el asesino de Diana Quer, la adolescente asesinada antes de que su padre arremetiera contra la madre de la criatura, quedase con los medios para contarles maldades de su expareja y contratase un asesor de imagen.

Se ha establecido intencionadamente un clima en el que si tienes dudas o no te parece que la prisión permanente revisable sea la solución a la violencia contra mujeres y niños, eres sospechoso de colaborar con los criminales.

Es cierto que hay delincuentes que con sus delitos pasados demuestran que no tienen solución. Ya son hechos. Gente narcisista y criminal, que es capaz de violar, asesinar y quemar a dos mujeres policías nacionales mientras disfruta de un permiso carcelario y cuando le quedan ¡seis meses! para salir en libertad definitiva. Pero eso no quiere decir que tenga que pasar con todos los criminales igual. Hay asesinos a los que la prisión les ha servido para darse cuenta de la gravedad de lo que han hecho; hombres que entraban en la cárcel tras asesinar a sus mujeres y decían: “sí, he matado a mi mujer, pero yo no soy un delincuente”, y que después de años de cárcel y rehabilitación se han dado cuenta del mal hecho y no han reincidido.

De momento, en España tenemos a un único criminal encarcelado con prisión permanente revisable, que entró en vigor en 2015. Se llama David Oubel y también cometió un crimen machista: asesinó a sus dos hijas la víspera de entregarlas a su madre. Otra violencia vicaria.

Ruth Ortíz, la madre de los niños asesinados por José Bretón, se queja de que durante años las autoridades del mismo signo que los que ahora invocan, y manipulan, el dolor de las víctimas no le hayan prestado atención, ni se hayan reunido con ella, y con otras mujeres como ella, para visibilizarlas y saber que existían, para darles consuelo y reconocimiento legal.

El asunto de los asesinatos de niños es lo bastante endemoniado como para no simplificarlo en soy estupendo si pido la perpetua y colaboras con los criminales si no lo tienes tan claro. Aunque sólo sea porque luego va la madre de dos niños asesinados y te reprocha que manipules su dolor.

La oposición ganó este jueves dos votaciones en el Congreso para evitar el endurecimiento de la prisión permanente revisable en uno de los plenos más broncos que se recuerdan en la Cámara Baja y con las familias de víctimas de asesinatos como testigos en la tribuna del Parlamento.

Se trata de otra victoria simbólica que evidencia lo obvio –el PP y Ciudadanos no suman para imponer sus leyes– pero eso no implica que la cadena perpetua instaurada en 2015 vaya a ser derogada a corto plazo. No existe ningún indicio de que eso vaya a pasar, por más que el Congreso iniciase el pasado octubre la tramitación parlamentaria del texto del PNV para tumbar la última reforma del Código Penal que abrió la puerta a castigar con prisión permanente –revisable solo a partir de los 25 años de condena– a los autores de algunos crímenes.

Mariano Rajoy y Albert Rivera tienen en su mano no solo mantener esa legislación vigente durante todo el mandato, también estirar un debate en el que ambos partidos se sienten cómodos, sobre todo tras el viraje de Ciudadanos que pasó de firmar un acuerdo con el PSOE que propugnaba “su derogación urgente” a encabezar el endurecimiento del Código Penal intentando dificultar el acceso de los presos a los permisos.

La llave de todo está en la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos sí tienen la mayoría y por tanto la capacidad para programar los debates y controlar los plazos. Entre ellos, el de las enmiendas parciales que el resto de grupos pueden presentar a la iniciativa del PNV sobre el que trabaja la mayoría de la oposición.

Por lo visto en el hemiciclo, la postura del PSOE, el grupo confederal de Unidos Podemos, PDeCAT y Esquerra Republicana de Cataluña es firme en contra de esa pena que no avala ninguna organización judicial y contra la que han firmado un manifiesto un centenar de catedrátidos de Derecho Penal.

Pero ni siquiera el PSOE, cuyos diputados se han sentido muy incómodos debatiendo en la Cámara sobre este asunto con las imágenes del crimen del pequeño Gabriel en todas las televisiones, tiene prisa por abordar este asunto. El partido, cuya posición es inequívoca contra la prisión permanente, pretendía esperar a que se resolviese su recurso ante el Tribunal Constitucional y su portavoz parlamentaria, Margarita Robles, acusó ayer al PP de incumplir “el pacto tácito” de no debatir nada hasta que hubiera sentencia. Para alargar el debate el camino es postergar el trámite de enmiendas al texto del PNV, pero dirigentes socialistas asumen que son Ciudadanos y el PP quienes tienen la sartén por el mango para seguir explotando su “populismo punitivo” y tratar de tapar otros asuntos políticos delicados como las protestas de los jubilados o las reivindicaciones feministas, informa Irene Castro. 

Unidos Podemos ya evidenció en el debate del jueves que el partido “no va a pedir perdón por defender la reinserción en la Justicia”. Su portavoz Eduardo Santos aseguró que seguirán defendiéndolo “en el Congreso, en las tertulias y en los medios de comunicación”. 

El asunto tiene garantizada la atención mediática tras los asesinatos de Diana Quer y del pequeño Gabriel y los procesos judiciales que se siguen por ambos casos. Y volverá al hemiciclo cuando el Gobierno remita a la Cámara Baja su proyecto de ley para ampliar los supuestos de la prisión permanente: a crímenes en los que el autor haya escondido el cuerpo, violaciones en serie, violaciones a menores, asesinatos con secuestro previo o las muertes por incendios intencionados o uso de elementos químicos o nucleares. Esa nueva iniciativa tendría que ser debatida de nuevo en el Pleno y cobrará vida propia, con independencia de lo que suceda con el texto del PNV que continuará su trámite en la comisión de Justicia.

Para que alguno de los proyectos logre modificar el Código Penal deberá volver al Congreso, pasar por el Senado y ser ratificado de nuevo en la Cámara Baja con al menos 176 votos por tratarse de la reforma de una ley orgánica.

El Partido Popular y Ciudadanos han perdido la votación en el Congreso para endurecer la prisión permanente revisable y tumbar una iniciativa del PNV que pretende su derogación. La suma de PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, Esquerra Repúblicana de Catalunya, Bildu y los nacionalistas vascos han echado abajo dos propuestas de populares y Ciudadanos que reclamaban mantener la cadena perpetua instaurada en la legislación española en 2015 con los únicos votos del PP.

La tramitación para derogarla sigue ahora su curso en el Congreso de los Diputados. El debate se produjo en un tenso pleno, que la presidenta Ana Pastor, amenazó con suspender. La mayoría de la oposición recriminó al PP la utilización de las víctimas -en la tribuna estaban los familiares de Diana Quer, de la pequeña Mari Luz y de otras menores asesinadas- y el “transformismo político” de Ciudadanos que ha pasado de reclamar la derogación “urgente” de la cadena perpetua y de llamarle “populismo punitivo” a defender su endurecimiento.

El Partido Popular ha invocado directamente a los familiares de menores asesinadas como Diana Quer o la niña Mari Luz presentes en la tribuna del Congreso para pedir a la oposición que les mire a ellos antes de defender la derogación de la prisión permanente revisable.

En una intervención muy dura, el portavoz popular José Antonio Bermúdez de Castro, preguntó al resto de partidos si pensarían lo mismo sobre la cadena perpetua instaurada en 2015 si fueran ellos las víctimas de esos crímenes.

“¿Ustedes creen que los españoles quieren aplicar penas más leves a los delitos más graves? ¿Que el 80% de los españoles están equivocados? No miren al PP, miren a España. Han podido comprobar el dolor el daño y el sufrimiento que ahí sí a perpetuidad han causado en muchas familias españolas? ¿Se imaginan que esas desgracias nos hubieran ocurrido a cualquier de nosotros? ¿De verdad pensarían lo mismo? No nos ha ocurrido a ninguno de nosotros, aquí nos acompañan personas que han vivido esas tragedias. Cuando suban a este estrado, no me contesten solo a mí, miren a la tribuna y convénzales a ellos”, dijo el diputado del PP, quien antes había avanzado que votarán a favor de la enmienda de Ciudadanos contra la iniciativa del PNV que pretende tumbar la reforma del Código Penal“.

Coalición Canaria y UPN, los primeros grupos en intervenir mostraron su desacuerdo con la proposición del PNV (apoyada por PSOE, Unidos Podemos y otros grupos nacionalistas) para acabar con la prisión permanente revisable.

Lo que se ha debatido esta mañana son dos resoluciones del Partido Popular y Ciudadanos para que dejar sin efecto la iniciativa del PNV.

Ciudadanos ha cambiado de portavoz para este debate. La diputada que había intervenido durante las sesiones anteriores y que había empleado gruesos calificativos -“demagogia punitiva”, entre otros más duros- para referirse a la prisión permanente revisable ha sido sustituida por Juan Carlos Girauta, que hoy la ha defendido.

“No se puede legislar en caliente. Tampoco hay que dejar que las cosas se pudran” [...] “En Cs defendemos la necesidad de que se garantice el cumplimiento integro y al menos nos acerquemos al cumplimiento efectivo”, ha insistido el dirigente de Ciudadanos en el nuevo argumentario del partido, que se modificó a raíz del asesinato de la joven madrileña Diana Quer.

El Partido Popular y Ciudadanos, que en su día llegó a llamar “demagogia punitiva” a este endurecimiento de las penas y pidió su derogación “urgente” en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, solo han logrado el apoyo de Unión del Pueblo Navarro y de Coalición Canaria, si bien, su portavoz, Ana Oramas, ha criticado el uso del dolor de las víctimas que ha hecho el PP.

El portavoz del PNV Mikel Legarda ha subrayado que, al contrario de lo que defienden los dirigentes populares, ninguno de los países que mantiene vigente la prisión permanente revisable tiene un plazo de 25 años como fija el Código Penal español ahora. El diputado vasco acusó al Gobierno de romper “el consenso constitucional optó por respuestas penales garantistas y por el principio de humanización de la pena”. “No hay razones de política criminal que justifiquen esta sanción. La cifra de delitos más graves no deja de disminuir y tenemos las penas más duras de nuestro entorno”, aseguró Legarda.

Esquerra Republicana de Catalunya también se ha posiciona en contra de la prisión permanente revisable y acusó al PP de estar instalado en la venganza: “Hoy debatimos cómo dos partidos, el PP, y la derecha del PP, Ciudadanos. Quítense las caretas y decidan si quieren estar más cerca de Ankara o de Estrasburgo”.

Varios de los diputados han recordado el manifiesto que han firmado más de 100 expertos juristas contra la cadena perpetua. Las intervenciones de los partidos más críticos con la prisión permanente insisten además en que el plazo de revisión establecido en España no tiene parangón en Europa: Suecia establece 10 años, Alemania, 15 y Francia, 18.

En el debate, que continúa en el Congreso, se ha citado además el bajo índice de criminalidad española: 0,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de Europa, solo por encima de Austria.

El grupo confederal de Unidos Podemos también se ha mostrado tajante en contra de la prisión permanente revisable. Su portavoz Santos Itoiz ha subrayado que su partido “no pedirá perdón por pedir que el sistema de justicia tenga un fin reinsertador”. Itoiz ha acusado al PP de legislar amparándose en encuestas de medios de comunicación afines: “Es contraria a los Derechos Humanos, no vamos a pedir al PP que cambie su forma de actuar, para el PP cuando las cosas vienen torcidas, siempre echa mano del Código Penal. La cadena perpetua es un placebo, llevan años enarbolando endurecimiento de penas de las que ningún estudio ha justificado su eficacia. Arguyen la mayoría de la sociedad española que no hemos visto por ninguna parte salvo en las encuestas de algunos periódicos que le son afines. No tengamos un planteamiento emotivista, hagamos un debate racional. Defenderemos la derogación de esa barbaridad en esta tribuna, en las tertulias, en las radios y en los medios de comunicación”.

El PSOE ha sido muy crítico con que el debate se esté realizando en estos momentos en que el crimen del pequeño Gabriel monopoliza las parrillas te televisión. Su portavoz Juan Carlos Campo Moreno advirtió al PP: “Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA, con prisión permanente revisable, no hemos evitado la muerte de Gabriel”. El diputado socialista citó las palabras de la madre del niño asesinado pidiendo “que no se extienda la rabia” y cargó contra la intevención del portavoz parlamentario del Partido Popular desde la capilla ardiente donde se velaba al menor. “Sentí vergüenza al verlo”, dijo de Rafael Hernando.

El dirigente popular pidió entonces la palabra para decir que en ese mismo escenario había intervenido unos minutos antes la presidenta andaluza, Susana Díaz. El alboroto en el hemiciclo obligó a intervenir a la presidenta del Congreso, Ana Pastor que primero llamó al orden a un parlamentaario de su mismo grupo, José María Chiquillo, y justo después advirtió: “No me hagan suspender el Pleno, sería todo un bochorno”.

Antes de la votación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no ha acudido al debate, aseguró en los pasillos que no ve razones para derogar la prisión permanente revisable. En estos momentos se procede a la votación, donde si no hay sorpresas la mayoría de la oposición tumbará las enmiendas de Ciudadanos y PP y la tramitación parlamentaria contra la última reforma del Código Penal seguirá su curso.

Fuera del hemiciclo, al terminar el debate, Albert Rivera, ha apelado directamente a los votantes del PSOE que no están de acuerdo con la oposición del partido y ha pedido una “revisión sensata del Código Penal”. “Estoy satisfecho con lo que ha dicho Ciudadanos”, dijo Rivera, el firmante del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, que pedía “la derogación urgente” de esta medida.

En la subasta electoral abierta entre el Partido Popular y Ciudadanos a propósito del endurecimiento de penas -con los crímenes de Diana Quer y el pequeño Gabriel como telón de fondo en todas las televisiones- vale todo. Y eso incluye utilizar la filtración de una carta enviada por el autor confeso de la muerte de Diana Quer, José Enrique Abuín, a su familia en la que pronostica (sin ninguna base) que en siete años volverá a estar en la calle.

En la misiva, un texto manuscrito publicado por el Abc, el único detenido por la muerte de la joven madrileña, asegura a sus familiares: “Vosotros tranquilos. Aquí ya me dijo la abogada que me iban a pedir homicidio (son de 10 a 15 años) pero a los siete ya estaría fuera y con tres o cuatro de permiso. Tranquilos, vale. Sed fuertes y gracias por el apoyo”.

La carta ha sido utilizada por dirigentes del PP para defender una nueva modificación del Código Penal que amplíe la prisión permanente revisable -esa especie de cadena perpetua introducida en 2015 en la que a los 25 años de cárcel un tribunal debe evaluar si el preso está reinsertado para decidir sobre su libertad- a casos como el de Diana Quer.

El viceportavoz del partido Pablo Casado citó el lunes esos párrafos el pasado lunes tras la reunión de la Ejecutiva de su partido para meter más presión al resto de partidos que se han comprometido a derogar esa modificación del Código Penal. “Hemos leído la carta de este desalmado. Que un preso tras cometer esta atrocidad haga cálculos de beneficios penitenciario y del dinero que se va a llevar en las tertulias es indignante”, aseguró Casado, antes de defender “sin rencor y sin revancha” pero “con mucha responsabilidad” el mantenimiento de esa pena.

La ya famosa misiva del autor de la muerte de Diana Quer ha sido utilizada -en las vísperas del debate parlamentario sobre la prisión permanente que se celebra este jueves en el Congreso- como argumento de autoridad en tertulias y columnas de opinión por los partidarios de la cadena perpetua.

La realidad es que no existe ningún indicio para concluir que Abuín quedaría libre en siete años, si finalmente es condenado. Tampoco hay elementos para aventurar que será acusado de homicidio cuando se celebre el juicio. El Código Penal español, uno de los más duros de Europa, ya establecía antes de su última reforma -para introducir la prisión permanente- penas de entre 15 y 25 años en caso de asesinato. El homicidio se castigaba con entre 10 a 15 años. La diferencia es que el asesinato requiere haber llevado a cabo el crimen con alguno de estos elementos “alevosía; por precio, recompensa o promesa; ensañamiento; o para facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra”. El juez que investiga el caso no ha descartado el asesinato. Serán los tribunales quienes dicten la condena al autor de la muerte de Diana Quer cuando haya una sentencia. Es seguro que su caso no será castigado con prisión permanente revisable, porque en su actual formulación solo rige para las muertes de menores de 16 años.

En el otro crimen que monopoliza estos días las parrillas de las televisiones, el del pequeño Gabriel en Almería, sí podría aplicarse la cadena perpetua introducida en la legislación española en 2015. Los juristas consultados por eldiario.es sostienen que lo que se conoce de la muerte del niño almeriense sí encajaría en los supuestos introducidos por el Partido Popular en el Código Penal y que la presunta autora del crimen, Ana Julia Quezada, podría enfrentarse a esa acusación.

En caso de ser condenada a prisión permanente revisable, el castigo iría de los 25 a los 35 años de prisión, y tendría que ser un tribunal el que evaluase al final de todos esos años sí la reclusa está reinsertada para volver a la sociedad. Con el viejo Código Penal en caso de asesinato la escala oscilaría entre los 15 y los 25 años de prisión. Lo que no cambiaría es el régimen de permisos: tanto antes de la modificación como ahora, un condenado por asesinato o a prisión permanente revisable debería pasar al menos ocho años entre rejas antes de poder disfrutar de una salida. En este caso sería el juez de vigilancia penitenciaria el que decidiría basándose en los informes de los equipos psicosociales de la prisión.

La regulación de la prisión permanente revisable sí endurece el acceso al el tercer grado que permite al recluso un régimen de semilibertad -de 16 horas al día fuera de la prisión- como un paso intermedio para rehacer la vida fuera cuando expire la condena. Para que un condenado a prisión permanente pueda acceder a él debe pasar antes 18 años en la cárcel. En el caso de los condenados por asesinato con el código antiguo, el recluso debía haber cumplido al menos la mitad de la condena, además de pasar una serie de exámenes.

En la hemeroteca de los últimos crímenes de menores que causaron gran impacto en la opinión pública figuran sentencias ejemplarizantes. El asesino de Marta del Castillo, Miguel Carcaño fue condenado a 21 años y tres meses de cárcel. La Fiscalía había pedido para él 52 años por un delito de asesinato, dos de agresión sexual y otro contra la integridad moral.

En el caso de la niña Mari Luz, una niña de cinco años asesinada en Sevilla en 2008, Santiago Del Valle fue sentenciado a 22 años por asesinato y abusos sexuales con el agravante de reincidencia.

En ambos casos todavía existía la prisión permanente revisable y las familias de las dos menores organizaron campañas de recogidas de firmas para que se instaurase la cadena perpetua en España, abolida durante la dictadura de Primo de Rivera.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, ha confirmado en un auto notificado este lunes a las partes el sobreseimiento provisional de la causa con respecto a la esposa del sospechoso de la muerte de Diana Quer al entender que no hay “indicios racionales suficientes” sobre la participación de la mujer del autor confeso de la muerte de la joven, José Enrique Abuín Gey, conocido como 'el Chicle'.

Así, la Audiencia desestima el recurso presentado por los padres de la víctima y entiende, al igual que el juez instructor, que de las diligencias practicadas hasta el momento, “no se aprecia la existencia de indicios racionales suficientes respecto a participación deliberada de la investigada” en los hechos supuestamente delictivos.

En este sentido, en el auto, recogido por Europa Press, la Audiencia subraya que “esto no excluye que, en su caso, de aparecer nuevos elementos que desvirtúen las razones aducidas pudiera ser reaperturado el procedimiento”.

“El proceso penal sirve, no sólo para preparar el juicio oral, sino también para evitar la apertura de juicios innecesarios”, aclara la Audiencia, para matizar que “la posibilidad de que el instructor decrete el sobreseimiento no supone, en modo alguno, la asunción de funciones propias del órgano de enjuiciamiento, sino el correcto ejercicio de la función de filtro que ha de desempeñar esta fase procesal”.

Situación

Las investigaciones realizadas “no parecen situarla (a Rosario) en la noche del 21 al 22 de agosto de 2016 junto a su esposo”, indican los magistrados en el auto.

“De las diligencias practicadas hasta el momento, no se aprecia la existencia de indicios racionales suficientes respecto a participación de la investigada Rosario R.F.”, concluye la Audiencia, que puntualiza que “las diligencias practicadas no parecen situarla en la noche del 21 al 22 de agosto de 2016 junto a su esposo José Enrique Abuín en la salida de éste de su domicilio”.

Por ello, concreta que el sobreseimiento provisional en relación a Rosario R.F., además de en base a su segunda declaración policial voluntaria y su declaración judicial, se acuerda en base a las declaraciones judiciales de otras dos personas de las que se deduce que esa noche “se encontraba en su domicilio en pijama” y apunta que “el terminal telefónico de Rosario la ubica en su vivienda”.

“La declaración de José Enrique A.G. es exculpatoria hacia la investigada”, destaca la Audiencia, que añade que “ninguno de los informes obrantes en autos aporta indicio alguno de la participación de Rosario en los hechos”.

“No se trata de que dichos informes no descarten la participación en el hecho de terceras personas, como argumenta el recurrente, sino que deben determinar la existencia de dichos indicios en la persona de la investigada. Es decir, en fase de instrucción ha de aportarse un bagaje de indicios de criminalidad suficiente que permita cuestionar la presunción de inocencia de la investigada”, expone la Audiencia en el auto.

“En el recurso no se dan razones concretas y específicas porque razón dichas diligencias permitirían mantener a la misma en la condición de investigada”, apostilla la Audiencia. No obstante, matiza que ratifica el sobreseimiento “sin perjuicio de que pueda reabrirse el procedimiento en relación a Rosario R.F. tan pronto se aporten indicios con entidad suficiente en relación a la misma”.

Testigos

De este modo, la Sala ratifica también las consideraciones realizadas por el juez instructor de Ribeira (A Coruña) sobre la concurrencia de la excusa absolutoria por encubrimiento, al ser cónyuge del sospechoso.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira continua con la instrucción de la causa y entre este lunes y el pasado viernes se ha tomado declaración a cuatro nuevos testigos, han informado fuentes judiciales.

El Chicle, autor confeso del crimen de Diana Quer, será juzgado por homicidio doloso o asesinato. Con el primer escenario intentaba tranquilizar a su familia en una carta publicada este sábado por ABC. Pero a Diana Quer la mató mientras volvía a casa, tras una presunta agresión sexual que no se ha podido probar debido al estado de su cadáver cuando fue hallado, año y medio después. Hay quien defiende encuadrar su caso bajo el concepto de feminicidio o femicidio, ambos nacidos y muy extendidos a todos los niveles en América Latina, pero que no recoge la legislación española.

El término, que sí legitima la RAE, fue utilizado por primera vez en los años 60 tras el asesinato de tres mujeres dominicanas, las hermanas Mirabal, María Teresa, Patricia y Minerva. Teresa Peramato Martín, Fiscal adscrita de la Sala contra la Violencia sobre la Mujer, describe el feminicidio como “la muerte violenta de una mujer cometida por un hombre por el simple hecho de ser mujer”, independientemente de su ámbito y de la relación entre agresor y víctima. A pesar de que desde 2015 sí existe un agravante de género en algunos asesinatos, la Ley de Violencia de Género de 2004 solo contempla a las asesinadas por su pareja o expareja. No incluye el tipo de feminicidio denominado “no familiar” (como el de Diana Quer) ni “por conexiones” (mujer que acudió en auxilio de otra; sería el caso de Laura, asesinada por el exnovio de su amiga Marina).

Graciela Atencio lleva varios años al frente de Feminicidio.net. Se trata de una web donde llevan un recuento de todas las mujeres víctimas de feminicidio, que también definen como “asesinato misógino”. La Ley de Violencia de Género española solo contempla el asesinato que implica a la pareja o expareja de la mujer, pero ellas categorizan otros tipos tradicionalmente englobados como feminicidio, entre ellos el que efectúa otro familiar, el transfóbico, la mutilación genital o el que se produce cuando la víctima es prostituta. Su recuento lleva 10 víctimas en 2018, mientras el oficial lleva 3; el cómputo anual suele ser el doble. “También registramos asesinatos de mujeres que no son por razones de género, aunque la mayoría de los que se cometen lo sean, y los diferenciamos”, explica. Lo hacen así para exponer otra realidad: “El perpetrador de la violencia casi siempre es un hombre”.

Atencio reconoce otro problema que hay que salvar si se englobaran todos estos tipos de violencia, y es que la misoginia no está tipificada: “Tendríamos que establecer qué se entiende por ella, cómo la considera la ley en el marco del delito. No existe el agravante por misoginia. Y a veces, los feminicidios son crímenes de odio”. Cuando se refiere a casos como el de Quer no entiende la reticencia a hablar de feminicidio: “Homicidio cabe para el crimen contra un hombre, pero si tienes que hablar de asesinato de una mujer a manos de un hombre por razones de género, es la única palabra”. Homicidio, que proviene del latín y significa matar a un humano, “invisibiliza que es a una mujer. Por eso feminicidio es un concepto potente”.

Qué ganamos

Aunque la antropóloga mexicana Marcela Lagarde estableció una sutil diferencia entre feminicidio (que vincula al Estado por la inseguridad y el incumplimiento) y el femicidio, se suelen emplear indistintamente. Carmen Vives, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, destaca que precisamente sería la visibilidad de las causas lo que ganaría la sociedad al adoptar uno de los dos. “El caso de Diana Quer va a quedar como uno más, como el de Nagore Laffage. Así se invisibiliza el machismo, la desigualdad, el abuso sexual como expresión de dominación y control de las mujeres”, explica. Hay dos motivos para mostrar todo eso que hay detrás: que tenga implicaciones jurídicas y que se genere una cultura de rechazo.

Vives, que compareció en el Congreso con motivo del Pacto de Estado exponiendo datos, ha desarrollado con expertas de 27 países europeos un proyecto para crear un observatorio del feminicidio de la UE. Entre todas consensuaron que había dos claves esenciales para que un registro de este tipo sea eficaz. La primera es la voluntad política, “igual que fue necesaria en su momento para asumir el concepto de violencia de género”. La segunda es la formación, “incluso a nivel técnico, para recabar datos (desde saber tomar nota en el hospital hasta policiales), pero también para que se cree sensibilidad”.

“Con todas las mejoras que ha habido en los últimos 15 años en cuanto al registro y concienciación de la violencia de género, creo que sería posible también un cambio en esto”, sostiene. La familiarización con el término es un hecho en América Latina, donde está reconocido de una manera u otra en unos 15 países. La hegemonía ahí es tal que el Papa habló de erradicar la “plaga” del feminicidio en su visita a Perú. Atencio, argentina como Francisco, explica que se debe al largo recorrido histórico en la región, donde se acuñó y donde más teóricas lo han desarrollado, pero también al contexto: “Se trata del continente con más prevalencia y con tasas más altas de feminicidio”.

Esos datos tienen que ver con uno de los dos mitos a los que achaca que en España no haya calado todavía: que se asocie con un “asesinato masivo” que solo ocurre al otro lado del Atlántico, no aquí. “Solo nos referimos a ello para hablar de otros países”. El otro mito está relacionado con la concepción de feminicidio como “crimen de estado cómplice”, y eso “no es una situación que se dé necesariamente en todas las sociedades ni siempre”. “Creo que sí podemos hablar de cierta complicidad, o mejor, de responsabilidad, cuando, por ejemplo, una mujer es asesinada con una orden de protección en vigor. Cuando no se hizo todo lo que había al alcance”, reflexiona Atencio.

Legislación en España

Aunque sí existen intenciones de ampliar la Ley a la violencia ocurrida fuera de la pareja, como la defendida por Unidos Podemos en su programa electoral y para el Pacto de Estado, el concepto concreto se ha oficializado en pocas ocasiones. En la Asamblea de Madrid se tomó en consideración una reforma de la Ley regional que incluía el término. La iniciativa era de Podemos, y el Partido Popular lo puso como pega: “No lo recoge nuestro ordenamiento jurídico y nos produce cierta estridencia y tensiones”. Además, la Ley Foral de 2015 de Navarra sobre la violencia contra las mujeres sí contempla expresamente el feminicidio como forma de violencia machista.

Concepción Gorjón, experta en Derecho Penal y Violencia de Género de la Universidad de Salamanca, opina que aunque el feminicidio sí es un término con mucho poder político “al poner de manifiesto las estructuras en las que hay que profundizar y que llevan a un hombre a matar a una mujer” no sería tan necesario que estuviese incluido en el propio Código Penal. Sí ve positivo que se tenga en cuenta para las estadísticas y de forma institucional, “igual que se dice portavoza y genera revuelo”, “pero lo fundamental es que nos atrevamos como sociedad. El Código Penal suele llegar tarde y mal, cuando la mujer ya está asesinada. No es muy útil para educar”.

En 2018 y a consecuencia del Pacto sí se ha producido un ligero cambio: se amplían los informes y análisis de sentencias elaborados por el Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género para contabilizar los casos de asesinatos fuera de la pareja, por lo que sí entraría Diana Quer. De esta manera también se cumple el convenio de Estambul, ratificado por España. “Con ello se pretende visibilizar estas otras formas de violencia sobre la mujer y la consiguiente concienciación social sobre ello”, confirma Ángeles Carmona, presidenta del órgano. En cuanto a la posible incorporación del término feminicidio en el Código Penal, se limita a remitirse a la inclusión del agravante de género “en todos los casos en los que resulte probado el elemento subjetivo de motivos machistas, o por razones de género, en los casos de agresión sexual y abuso sexual”.

“Creo que aún estamos a tiempo en España: las directrices de la UE lo están incorporando, en la ONU ya se habla de esto”, recuerda Atencio. Se refiere a que la relatora de Naciones Unidas para la Mujer, Dubravka Simonovic, pidió formalmente en noviembre un Observatorio contra el Feminicidio. Y lamenta: “El término ya ha calado en muchos sitios de manera muy fuerte. España siempre ha ido a la vanguardia en otros temas. Al no utilizarlo, nos quedamos esta vez al margen de la agenda global”.

David Oubel tenía que entregar al día siguiente a sus dos hijas a la madre, de la que estaba separado. Prefirió asesinarlas con una sierra radial de acreditada eficacia, según se interesó en preguntar en la ferretería donde la compró.

Con un corte de pelo modernuki, conjuntado en la vestimenta y frío como si estuviera escuchando la lista de los reyes godos cuando le anunciaron los cargos contra él, Oubel reconoció los hechos impecablemente vestido.

Su caso fue el primero en España de aplicación de prisión permanente revisable, ese sintagma que parece un oxímoron, pero que viene a traducirse en que te comes a pulso de 25 a 35 años de cárcel, te portes como te portes, y que pasada esa vida en prisión puedes seguir entre rejas si el juez considera que no te has reinsertado. Si lo quieren más resumido: cadena perpetua.

El debate sobre esa cadena perpetua encubierta para nuevos casos de crímenes especialmente cruentos ha sufrido un proceso casi idéntico al de otros asuntos en nuestro país: urgente ¡para ayer! olvidado en seco desde mañana. Cambios concretos: cero. Agitación, propaganda y excitación de pasiones: cien. Pero como la gaseosa. Efervescencia y caída en el olvido en cuestión de horas. ¿Ya no es importante? ¿Era solo ruido? ¿Se trataba de acusar de flojos al resto?

En el lenguaje taleguero los presos decían hace años una frase que daba mucha información: “yo estoy pagando por…”, y a continuación enunciaban el delito cometido, que solía ser un atraco a un banco con una recortada, doce años, o un robo con diferentes modalidades, mínimo cuatro años, dos meses y quince días.

No existía entonces -¡por favor, era el franquismo!- la idea de reinserción; todo lo más penitencia, flagelo y, en el mejor de los casos, propósito de la enmienda del preso después de haber dicho los pecados al confesor. Era estadísticamente probable que el encarcelado emplease su tiempo entre rejas embebido en la depuración de las técnicas empleadas en golpes anteriores, en la autocrítica rumiada por los errores cometidos en el palo anterior, en el ajuste de las destrezas necesarias para que el golpe siguiente fuera perfecto, sin detención y con todo el beneficio en caliente, para él sólo. La cárcel como forma de aprendizaje para el delito, control de calidad de la próxima fechoría. Sí, eso, universidad de delincuentes, se decía entonces. Hace mucho de esto.

Con la democracia se estableció en la Constitución la idea de que las penas de cárcel debían servir sobre todo para reinsertar al delincuente, para que el detenido por cometer un delito no sólo no volviera a reincidir, sino que se diera cuenta de que lo que había hecho estaba mal y proclamara su afán por no volver a delinquir, tan judeocristiano como tantas veces improbable. Usted esta en la cárcel para no volver a estar en la cárcel, era la idea de los buenos legisladores.

Así, las cárceles se modernizaron, se llenaron de gimnasios, bibliotecas y teles mejores que las de antes, de piscinas, psicólogos, juntas de evaluadores, paseos con árboles y hubo hasta cárceles mixtas. En una de esas cárceles, estas sí modélicas, sin rejas visibles para los presos, que puso en pie Mercedes Gallizo, en Mansilla de las Mulas (León) para facilitar la reinserción de los muy delincuentes, estaba el tal David Oubel, el que compró la radial como quien adquiere un juego de escarpias de calidad para que los cuadros cuelguen bien.

Al tal David Oubel, un narciso de aquí a Orio (Gipuzkoa), es al primer español al que se le aplicó la prisión permanente revisable. Un jurado compuesto por siete hombres y dos mujeres, buenos, coincidió en la urgencia de mandar a este humano, por muy monstruo que le llamen, a la cárcel de por vida.

El criminal fue tan metódico en el asesinato de sus hijas, Amaya y Candela, nueve y cuatro años, que les metió un sedante en el ColaCao y a la mayor, que se resistió a pesar de la droga, la sometió a “múltiples acometidas”, según la sentencia, hasta asesinarla.

Un caso de violencia machista. Un caso de violencia de género: hacer el mayor daño posible a la madre asesinando a sus hijas, sin asesinarla a ella. ¡Que viva con ese dolor el resto de sus días! Violencia vicaria, la ejercida a través de tercereas personas.

Casi nunca usamos en los medios esta expresión, hasta el punto de que las madres que han perdido a sus hijos a manos de sus ex maridos asesinos han encontrado severos problemas para ser reconocidas como víctimas de violencia machista, ellas y sus hijas/os asesinados. Matar en vida a la madre, eso pretendía el asesino machista elegantemente vestido, asesinando a sus hijas.

Toda mi vida he defendido, desde que conviví con ellos en el talego, que todos los delincuentes se podían reinsertar, que en muchos casos eran hijos del agobio, aquello que decíamos que la culpa la tenía la sociedad y no el propio criminal.

A fecha de hoy tengo que reconocer que hay criminales, un tanto por ciento muy bajo, que sencillamente no tienen solución. Particularmente en casos de violación, violencia machista, asesinatos y abusos de críos; hay gente, unos cuantos, que no tienen ni siquiera arreglo.

Ese individuo al que le faltan seis meses para salir en libertad y en un permiso carcelario viola, asesina y quema a dos mujeres, policías nacionales, no tiene arreglo. Es muy dura esta conclusión, pero ese así. Ese violador del estilete que después de media vida en la cárcel, entra en período de descuento para violar a otra mujer. No tienen solución.

El debate se plantea cuando esa prisión permanente revisable se formula como posible vía de reinserción o como pura cadena perpetua. Son complejos los mecanismos para saber si un criminal está reinsertado, porque algunos de esos asesinos repugnantes son “buenos presos”, a la vista de quienes les evalúan, pero en realidad están pensando en el siguiente crimen que cometerán en cuanto alcancen un permiso.

Luego está la cosa de dar satisfacción al público del Coliseo. Recuerdo los años de los asesinatos de ETA en cadena. El excelente profesional que era Luis del Olmo abría los micrófonos a los oyentes: la inmensa mayoría pedía pena de muerte para los criminales. Creo que en aquellos años, si se hubiera hecho un referéndum, la inmensa mayoría de españoles hubiera votado a favor de la pena de muerte.

Un servidor no se cansaba de repetir, a pesar de las críticas, muy virulentas, que aquella no era la solución.

Ante asesinatos como los de Sandra Palo, Marta del Castillo, Mari Luz Cortés, Ruth y José Bretón, las niñas de Alcaser…, y el más reciente de Diana Quer, uno quiere que los criminales paguen por ello, pero que también el juez revise si alguno de esos criminales se ha reinsertado o no, por mucho que nos duela, por mucho que sepamos que hay criminales que no tienen arreglo.

El debate queda congelado, hasta nuevo crimen, por los partidos. No debería ser aparcado por los medios.

El dolor que desgarra a los familiares de víctimas de crímenes atroces cursa de muy diversa manera. En España, desgraciadamente, tenemos una amplia experiencia. Hemos conocido a muchos padres coraje, que han adoptado una actitud combativa ante los crueles asesinatos de sus hijos, y hemos visto a personas que, como Irene Villa o el joven Utrera, que testificó en el juicio del 11M, consideran que una perpetua victimización no les ayuda a continuar. No nos corresponde indicar a nadie cómo afrontar estos golpes de la vida que casi nadie imaginamos como seríamos capaces de soportar.

Pero el dolor no es la Justicia. La Justicia en un Estado democrático no se hace desde el dolor ni desde la venganza. Mucho menos se puede articular en torno a una postura ventajista, como en estos últimos días está haciendo el Partido Popular que se ha asido a la desgracia de los Quer como un método para conseguir que la mayoría parlamentaria no derogue la llamada cosméticamente “prisión permanente revisable” que instauraron con sus solos votos. Ya no los tienen.

Los representantes de la mayoría de la sociedad española no quieren que nuestro ordenamiento recoja penas inconstitucionales y que pueden atentar contra los Derechos Humanos. Representan a millones de ciudadanos que piensan, como Antonio Cuerda, que “no hay nada que justifique que se mantengan en España estos castigos, ya que la grandeza del Estado se demuestra más por la justicia de sus penas que por la venganza”.

No sólo los representantes ciudadanos piensan que tal pena es inconstitucional, el Consejo General de la Abogacía así se manifestó, así como asociaciones de jueces y fiscales y otros juristas. El único que no ha dicho ni mu aún es quien está llamado a hacerlo: el Tribunal Constitucional. Hace más de dos años y medio que tiene este recurso sobre la mesa sin que haya tomado ninguna decisión. Que está bien correr para impedir que se conculque el artículo 2 de la CE, pero no estaría mal darse prisa por ver si se atacan el 10, el 15 y el 25 de forma simultánea. Quizá estén esperando a la derogación parlamentaria para no tener que darle un guantazo al Partido Popular.

Comprendo a Quer en su necesidad de “no quedarse parado” ante su drama, pero me parece inaceptable la postura de los populares pidiendo firmas para la iniciativa del doliente padre. El PP sabe que la recogida de firmas es estéril. No hay iniciativa legislativa popular posible para estos asuntos y no es por casualidad. Están pues usando un terrible drama humano y personal para apuntalar una medida en la que siempre han estado solos. Quer cree que el 80% de los españoles son favorables a una pena que no resuelve nada y que crea muchos conflictos que voy a intentar explicar. No es cierto. La mayoría parlamentaria lo demuestra.

A Quer, como hombre de acción, la desgracia le ha cursado poniéndose en movimiento para “luchar para que otros padres no pasen por esto”. Y no podríamos sino sumarnos a ese deseo hecho de humanidad y de aflicción. Lo que sucede es que criminalistas, penalistas y expertos en Ciencia Penitenciaria podrían explicarle que esto no va a suceder, ni con esa pena ni con ninguna otra. Aun suponiendo que elimináramos para siempre de la sociedad mediante la muerte social -la reclusión perpetua- o mediante, sí digámoslo, la pena de muerte no conseguiríamos de ninguna manera que tales infames casos no volvieran a producirse. Ni la prisión permanente ni la cadena perpetua ni la pena de muerte tienen ningún efecto a la hora de incrementar la prevención general - es decir, de disuadir- en este tipo de delincuentes. Los últimos guillotinados en Francia, en 1976, lo fueron por raptos y asesinatos de niñas. ¿Dejaron de suceder en ese país? No. Y si no vamos a conseguir que haya nuevos delitos, si esa seguridad que como padres o como ciudadanos buscamos, no nos puede ser ofrecida. ¿Qué se busca con la instauración de esta pena?

Ha repetido muchas veces el Partido Popular que es un castigo que existe en todo nuestro entorno. Algo que el padre de la desgraciada Diana Quer ha reiterado también. En 33 países, les añado yo. Sólo que estos países no tenían ya un artículo como el 76 de nuestro Código Penal que permitiera un cumplimiento efectivo de las penas de 30 y 40 años, según los delitos. En realidad, muchas de las prisiones permanente de los países de nuestro entorno se parecen más a eso que a lo que pretenden con la reforma. En Francia, esta pena se denomina Perpétuité incomprensible y sí, habría que traducirla como perpetuidad irreducible, pero, paradojas de la lengua, también como incomprensible. Hay un movimiento en el país vecino contrario a su establecimiento como lo hay en Suiza y en otros países. Hasta el momento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado por la forma de aplicación de esta pena, al considerar que incumple el artículo 3 de la Declaración, a Gran Bretaña (que tuvo que cambiar el sistema), Hungría, Turquía, Bulgaria, Holanda, Lituania y estudia el caso de Italia y su ergastolo ostativo.

Ya hemos visto que tal pena no conseguirá evitar que aparezcan nuevos criminales. ¡Pero evitará que los ya condenados reincidan! ¡Nunca se reinsertan!, me dirán algunos. Una pena nunca debería fundarse en la posibilidad de futuros delitos. Aun así, no hay que dejar de poner sobre la mesa los problemas penitenciarios y los riesgos que supone crear almacenes de carne sin esperanza. A un penado así ¿qué puede retenerle de asesinar o cometer otras crueldades en prisión? ¿Se lo quieren preguntar a los funcionarios de prisiones? Otras vidas serían puestas en peligro. Y no les he traído hasta aquí sin doble idea porque si condenar sin esperanza no resuelve el problema y lo que desean es que no vuelvan a delinquir ¿por qué no piden entonces el restablecimiento de la pena de muerte? Los argumentos que apoyan la instauración de estas penas para evitar la reiteración delictiva acaban justificando la pena capital.

No se sientan mejores personas por querer destruir a los que nos dañan. Ningún sufrimiento de estos padres va a hallar desgraciadamente reparación en ninguna pena por enorme o inhumana que fuera. Nuestra confianza en el ser humano y en su posibilidad de cambio es un pilar fundamental de nuestra dignidad como sociedades.

Descansa en paz, Diana.

Fue agredida y su denuncia y testimonio resultaron claves para resolver el asesinato de Diana Quer. Un mes después de que el asesino confeso de la joven desaparecida en A Pobra del Caramiñal intentara presuntamente secuestrarla introduciéndola en el maletero de su coche, algunos medios de comunicación no permiten que continúe su vida con normalidad. Es la situación que está viviendo la mujer a la que, tal y como detalló, José Enrique Abuín agredió el pasado 25 de diciembre en Boiro, cuya precisa descripción de los hechos y del vehículo del acusado fue trascendental para aclarar la autoría de la muerte de la joven madrileña.

Ha sido el propio juzgado de Ribeira que instruye estos hechos -se investigan en un procedimiento diferente del caso de Diana Quer- el que se ha visto obligado a transmitir esta advertencia a la prensa que suele cubrir la información judicial en Galicia. Lo ha hecho después de que la mujer se haya dirigido a las autoridades judiciales para denunciar el “acoso” por parte de equipos de algunos medios de comunicación, algunos de los cuales, según la información recibida por el juzgado, hacen guardia ante su casa. Esta presión se produce a pesar de su decisión de mantener el anonimato y no realizar declaración alguna, especifica el juzgado.

Este nuevo episodio llega después de que las fuerzas de seguridad, el Colegio de Periodistas de Galicia e incluso la familia de Diana Quer, así como movimientos feministas, hayan reclamado en las última semanas “respeto” en la cobertura de estos hechos. En este sentido, el padre de la joven asesinada, Juan Carlos Quer, revelaba en una entrevista reciente en la Cadena SER que había tenido que ponerse en contacto con varias cabeceras para reclamar que cesaran en la difusión de imágenes del levantamiento del cadáver de su hija en Rianxo.

En este sentido, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) había apelado también, en los días posteriores a la resolución del caso, a la “ética y a la responsabilidad del conjunto de la profesión periodística” para que las informaciones de los medios “no sumen más dolor al dolor” de la familia. En el mismo comunicado público la entidad profesional llamaba a enmarcar el asesinato en el contexto de la lucha contra la violencia machista y a preservar especialmente la privacidad y el derecho a la propia imagen de personas menores de edad y no implicadas directamente en el sucedido.

Por todo esto recordaban la existencia y vigencia del Código Deontológico, así como de la Declaración de Compostela y de la Guía práctica para el tratamiento informativo de la violencia contra la mujer, en los casos específicos de las agresiones de género. El Colegio ha reiterado este miércoles estas advertencias en un nuevo comunicado público.

También los responsables de la investigación del asesinato de Diana Quer habían llamado la atención sobre la actitud de algunos medios de comunicación. Así, habían advertido de que “graves filtraciones” habían llegado a poner en riesgo algunas de las pesquisas y habían resaltado que “hay titulares” sobre lo sucedido que “pueden suponer daño de por vida” a la familia.

Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, la joven madrileña asesinada, ha defendido este viernes en una entrevista en la Cadena SER la necesidad de mantener la prisión permanente revisable “exclusivamente para casos de extrema gravedad”.

“La normativa penal vigente establece sanciones que son lo suficientemente duras y todos creemos en la reinserción”, ha reconocido Quer, que ha defendido la petición que ha lanzado en plataforma Change.org para pedir que no se derogue la prisión permanente revisable. “Prisión permanente revisable significa casos de extrema gravedad, delitos cometidos sobre niños inocentes, casos como el de Diana”, ha asegurado el padre de la joven sobre la petición en la que participan los familiares de Marta del Castillo, MariLuz Cortés, Candela y Amaia Oubel Viéitez, y Ruth y José Bretón Ortiz. “Las familias sufrimos una pena perpetua”.

El padre de Diana Quer ha querido expresar toda su “solidaridad” con la familia del asesino confeso de su hija, José Enrique Abuín -conocido como 'El Chicle'-, y ha reconocido que habló con su madre para decirle que ella “no era culpable de nada”. “Cuando vi a la madre de 'El Chicle' llorando de esa forma en televisión, pedí su teléfono, la llamé y le dije que ella no era culpable de nada”, ha apuntado el padre de Diana, que ha asegurado que la hija de Abuín es “una victima más en esta salvajada”.

“Nuestros hijos no son una página de sucesos”, ha apuntado Juan Carlos Quer sobre la cobertura mediática del caso de la desaparición y el asesinato de Diana. “Yo no quise ver el cuerpo de mi hija y dos días después me lo encontré, cubierto de una sábana, en la portada de un periódico”, ha asegurado Quer, que ha pedido ha pedido un código de ética en el tratamiento de este tipo de informaciones. “Existirá un antes y un después, se lo aseguro. No voy a consentir que estos dramas humanos queden en una página de sucesos”.

“Todas somos Diana Quer”, era el grito indignado de varias manifestantes cuando esta chica de 18 años desapareció volviendo a su casa. Lo último que se supo de ella, un mensaje de whatsapp advirtiendo a un amigo: “me estoy acojonando, un hombre me está llamando”.

Creo que al leerlo pocas mujeres no se habrán sentido identificadas con Diana Quer, porque pocas, yo no conozco ninguna, no han sentido alguna vez en sus carnes el miedo de una voz, una sombra, o unas pisadas extrañas por la noche de vuelta a casa.

Y aquí la sombra se hizo carne. Quiso violarla, y como se resistió la mató. El chicle, me pregunto si habrá muchos hombres que se sientan identificados con esta persona de ridículo apodo. Imagino que pocos, ¿un violador, un asesino?. Pues las noticias y hechos nos confirman que son demasiados los hombres que van por la vida pensando que una mujer es un objeto, demasiados los hombres cuya relación con las mujeres se mantiene en un vínculo de fuerza y superioridad, demasiados los que han mamado el trato denigrante a la mujer y lo ejercen con absoluta normalidad, son sin duda demasiadas las víctimas de este pensamiento machista.

Así que por favor, ¡basta ya! Pero de verdad, no de esa que se queda en el discurso políticamente correcto, no esa de llevar la chapa y pensar “qué estupendo soy que suelto mis proclamas defendiendo a la mujer” pero luego como productor de un programa televisivo me lucro mostrando a la mujer como mero objeto de deseo, utilizando base material de toda esta ponzoña asesina de la sociedad machista, mientras delego todas las tareas del hogar y cuidado de hijos y familia dependiente en la mujer, mientras cuento y río gracias machistas, mientras me siento ofendido por recibir directrices de una mujer, mientras legitimo la violencia física o verbal porque “tampoco es para tanto”.

Mientras subestimo la capacidad femenina porque total, “si es una mujer”, mientras como empresario mantengo una plantilla femenina porque cobran menos y no se quejan, o pago menos a la mujer que a su compañero realizando el mismo trabajo porque “eso que me ahorro”, mientras no entienda que las leyes paritarias son necesarias para atenuar décadas, siglos de invisibilidad femenina en la esfera pública.

Mientras todo esto siga sucediendo en las vidas, en las cabezas de tantos hombres, todas podremos ser ser Diana Quer, y si nos libramos de su trágico final, será solo por puro azar.

Y seguiremos viendo medias banderas institucionales cada vez que una mujer sea asesinada, y nos rasgaremos las vestiduras en el juicio de “El chicle”, como nos las hemos rasgado en el de “ La manada”, hijos ambos casos del mismo vertedero machista.

Por desgracia, si Diana Quer somos todas, convendría reflexionar sobre cuántos chicles y manadas conocemos, cuánto de chicle y manada somos como sociedad, sin percatarnos de la violencia que esconde esa forma de pensar y ver la realidad.

Esto no es solo un tema de mujeres, ni siquiera es un tema más de mujeres, cambiar esto requiere la implicación de todos, mujeres y hombres.

Hombres aún dormidos, despertad, rebelaos. Mujeres secundando el patrón machista, quitaos la venda, abrid los ojos. La sociedad, la integridad y desarrollo de todos necesitan honradez y valentía, necesitamos un cambio para dejar de ser Diana Quer.

Mi máximo respeto y condolencia hacia la familia y entorno, y absoluta empatía con su persona.

La autopsia ha confirmado que la joven Diana Quer fue estrangulada y no atropellada por el asesino confeso del crimen, José Enrique Abuín Gey, 'el Chicle'. El informe ratifica que el cadáver no presenta lesiones traumáticas compatibles con un atropello y, de tal manera, queda descartada la primera explicación que dio 'el Chicle', que dijo a los investigadores que atropelló a Diana Quer.

La autopsia ha sido enviada al juez de instrucción número 1 de Ribeira (A Coruña) y entregado a las partes. No ha trascendido a los medios si el asesino confeso la estranguló con sus manos o utilizando otro objeto –podría haber usado una brida, la cual apareció en el pozo en el que el cuerpo sin vida de Diana Quer ha pasado los últimos 16 meses.

El informe preliminar de la autopsia realizado por el forense Fernando Serrulla será ampliado y completado para estudiar la posibilidad de que 'el Chicle' también cometiera un delito de agresión sexual, el cual no ha sido determinado todavía. La Voz de Galicia confirma que, en dicho informe, Serrulla comenta que “se descarta en un principio agresión sexual externamente, pero se harán pruebas complementarias”.

Traslado a una prisión de Pontevedra

José Ramón Sierra, el abogado de José Enrique Abuín, confirmó este miércoles que el asesino confeso de Diana Quer ha sido trasladado a la prisión de A Lama (Pontevedra) para garantizar su seguridad. El letrado sigue sostenido que, si se constata que hubo agresión sexual, algo que se determinará con exámenes de tejidos y fluidos en el Instituto Nacional de Toxicología, dejará de representar a su cliente.

Por su parte, la familia de Diana Quer, desaparecida el 22 de agosto de 2016, recibió también este miércoles el cuerpo de la joven. El funeral se celebra este jueves en el tanatorio madrileño de La Paz y, para su sepelio, la familia ha pedido que sea en la más estricta intimidad.

Los padres de Diana Quer, Juan Carlos Quer y Diana López-Pinel, se han personado como acusación particular en el caso judicial con el mismo abogado, Ricardo Pérez Lama. Fuentes de su entorno han confirmado que sopesan recurrir el auto del juez por el que se exonera a Rosario Rodríguez, la mujer del 'Chicle', como presunta autora o cómplice.

Investigar la agresión sexual a su cuñada

Entre tanto, la Fiscalía analiza “si procede o no” pedir la reapertura de la investigación sobre la supuesta agresión del autor confeso de la muerte de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, conocido como el 'Chicle', a su cuñada en 2005.

Así lo han manifestado a Europa Press fuentes del Ministerio Fiscal, que han indicado que la Fiscalía “está analizando el procedimiento del archivo” y las “circunstancias” que lo rodearon para ver “si procede o no” pedir la reapertura.

También la Guardia Civil no descarta investigar de oficio la supuesta agresión sexual de José Enrique Abuín Gey a su cuñada en 2005, pero por el momento su prioridad radica en determinar cómo murió Diana Quer y qué delitos se le pueden atribuir al autor confeso de su muerte.

La nueva normativa en materia de violencia de género permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad investigar de oficio en un caso de estas características.

Los casos de violación prescriben a los 20 años, por lo que esta supuesta agresión sexual aún puede ser investigada toda vez que solo han transcurrido 12 años desde que ocurrieron los supuestos hechos denunciados por la hermana de la mujer del 'Chicle'.