La Federación Comarcal Sur Villaverde Alto de Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la organización Regularización Ya han presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el concejal delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández. Les atribuyen delitos por presunta prevaricación e irregularidades en la gestión del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno central.

La denuncia, recogida por Europa Press, está firmada por el secretario general del sindicato, Pablo Redondo Jiménez. En ella solicita que acuerde la apertura de la correspondiente investigación y ejercite las acciones penales de los delitos que se denuncian ante la autoridad judicial que resulte competente. El sindicato sostiene que el Ayuntamiento habría obstaculizado “el acceso de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular a los certificados de vulnerabilidad exigidos para tramitar su regularización extraordinaria antes del próximo 30 de junio”.

El escrito atribuye a los responsables municipales posibles delitos de denegación discriminatoria de prestación pública, recogido en el artículo 511 del Código Penal, y de prevaricación administrativa, tipificado en el artículo 404. Además de Almeida y Fernández, la denuncia incluye como presuntos responsables a la coordinadora general de Políticas Sociales, Raquel Muros Delgado; a la directora general de Servicios Sociales y Atención a la Discapacidad, María Consolación Alfaro Moreno; y a la jefa del Departamento de Coordinación y Programación de la Atención Social Primaria, María Pilar Benito Pecharromán.

Según la denuncia, los protocolos implantados por el Ayuntamiento desde finales de abril habrían introducido “trabas burocráticas adicionales” para acceder a los servicios sociales municipales y obtener el certificado de vulnerabilidad necesario para completar el proceso de regularización. CNT sostiene que dichas medidas afectaron especialmente a personas migrantes con dificultades idiomáticas, problemas de acceso digital o sin recursos económicos, provocando retrasos que podrían dejar fuera del proceso a numerosos solicitantes.

El Gobierno aprobó el pasado 15 de abril de 2026 el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes mediante el Real Decreto 316/2026. Entre los requisitos establecidos figura la acreditación de situación de vulnerabilidad a través de servicios sociales públicos o entidades colaboradoras autorizadas. La denuncia señala que, tras la entrada en vigor de la norma, los centros de servicios sociales municipales de Madrid no recibieron instrucciones claras durante varios días pese al fuerte aumento de solicitudes.

Posteriormente, el 21 de abril, los trabajadores sociales recibieron órdenes para cancelar citas previamente organizadas y derivar las solicitudes al sistema de Registro General del Ayuntamiento. Según el sindicato denunciante, este nuevo procedimiento añadió barreras administrativas y retrasó el acceso a los informes necesarios para la regularización.

Almeida minimiza las acusaciones: “Maniobra de propaganda”

Almeida, por su parte, ha trasladado en un acto con prensa desde Carabanchel que, aunque no conoce la denuncia, sí está seguro de que tanto él como el delegado Fernández no han cometido irregularidad penal alguna y que esto le parece “más bien una maniobra de propaganda por parte de la CNT”. Lo sustenta en que no le consta siquiera que CNT se haya dirigido de cualquier manera al Ayuntamiento de Madrid instando a que acometiera cualquier tipo de actuación en relación con el proceso de regularización.

“Este es un Estado de Derecho, que acudan a la Fiscalía, pero conviene acudir a la Fiscalía no para obtener un titular, sino cuando verdaderamente se pueda haber producido un ilícito penal. E insisto, estoy seguro de que ni el delegado ni yo hemos cometido ese ilícito penal. Así que tranquilidad total y absoluta”, expone el primer edil.

Polémicas palabras del alcalde recogidas en la denuncia

El documento de CNT se sustenta además en unas palabras del regidor después de la Junta de Gobierno municipal. El alcalde aseguró públicamente que el Ayuntamiento “no iba a colaborar” con el proceso de regularización impulsado por el Ejecutivo central. CNT considera que esas manifestaciones reflejan “una voluntad política de obstaculizar el procedimiento” y relaciona dichas declaraciones con los protocolos posteriores implantados en servicios sociales.

La denuncia subraya además que el Ayuntamiento conocía previamente la situación de saturación de los servicios sociales municipales. El escrito recoge datos internos que reflejarían esperas medias de hasta 36 días para obtener cita en servicios sociales y demoras superiores a los 50 días en algunos distritos como Villaverde, Hortaleza o San Blas-Canillejas. Pese a ello, el sindicato sostiene que el Consistorio no adoptó medidas extraordinarias de refuerzo de personal para afrontar el incremento de solicitudes derivado del proceso de regularización.

CNT solicita a la Fiscalía que abra diligencias de investigación, reclame los protocolos internos elaborados en abril y tome declaración tanto a los responsables políticos como a trabajadores sociales y personas migrantes afectadas. Entre las diligencias solicitadas figuran requerimientos al Ayuntamiento para que aporte comunicaciones internas, datos sobre citas anuladas y estadísticas de emisión de certificados de vulnerabilidad. Asimismo, el sindicato pide investigar quién elaboró y ordenó aplicar los protocolos denunciados y por qué dichos documentos carecían, según la denuncia, de firma oficial.

Entre el 10 de julio del 2025 y el 31 de marzo del 2026 hay 267 días. Son los que han pasado cumpliendo condena de cárcel 'Las seis de la Suiza', cinco mujeres y un hombre, que ven como este martes el Consejo de Ministros concederá un indulto a su pena de tres años y medio de prisión por “hacer sindicalismo”, como siempre han defendido desde que se inició el proceso judicial hasta la fecha presente.

'Las seis de la Suiza' son una veterinaria, una artista, una trabajadora del ámbito social, una trabajadora del sector del transporte, una empleada de hostelería y un profesor que fueron condenadas por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia por una acción sindical realizada en el año 2017. Tres años y medio de prisión en total para cada una de ellas. Inicialmente las condenadas a cárcel fueron ocho pero en los recursos dos lograron la absolución.

El caso nace en el año 2016 cuando una trabajadora de una pastelería llamada 'La Suiza' denunció acoso laboral, y sexual luego desestimado, y la pareja de esta tienen un altercado con el empresario. La CNT apoyó a la trabajadora con acciones de protesta ante la pastelería consistentes en concentraciones ante el local y reclamar al empresario una salida digna a la situación. El empresario les denuncia por delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia y se condena a siete personas a dos años por coacciones y un año y medio por obstrucción, y a otra a ocho meses. En los recursos siguientes quedaron seis con las condenas de tres años y medio de cárcel en total. Entonces nació la ola de solidaridad bajo el eslogan “Hacer sindicalismo no es delito”

El Tribunal Supremo ratificó la condena en el año 2024, ya que consideró que las acciones pacíficas constituyeron un hostigamiento que llevó a cerrar luego el local. El Constitucional rechazó revisar el caso y ahora están pendiente que se pronuncie el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde han elevado el asunto. Entraron voluntariamente en la prisión del Centro Penitenciario de Asturias el verano pasado tras agotar todas las vías judiciales en España, “con coherencia y dignidad”. Tras su ingreso en la cárcel fueron clasificadas en tercer grado penitenciario, por lo que han esperado el indulto cumpliendo la pena en régimen abierto, es decir, acudiendo a dormir a la prisión. Han cumplido casi la mitad de la condena de cárcel ya que la pena mayor es de dos años.

Desde el minuto uno tanto las sindicalistas, afiliadas a la CNT, como distintas organizaciones han elevado la voz contra la condena de cárcel, que consideran un “peligrosísimo precedente” para impulsar acciones contra el sindicalismo. En su batalla legal han contado con el pleno apoyo del sindicato CNT, que ha financiado la causa judicial e incluso la indemnización de 125.000 euros, y un gran apoyo social. El caso incluso han unido a todos los sindicatos en una “alianza histórica”, con decenas de movilizaciones a su favor en todo el país, tanto durante el proceso judicial como en la posterior fase de petición de indulto.

Fuentes cercanas a las sindicalistas reiteran su preocupación porque el caso suponga un precedente que se use para coartar la libertad sindical en España. A la “alegría personal” por la mejora evidente de su situación le sigue la preocupación como colectivo ya que entienden que a estas alturas ninguna persona debería cumplir una condena de cárcel por ejercer sindicalismo.

Su indulto viene avalado por la petición de 22 organizaciones sindicales de toda España, no de ellas como condenadas, por lo que no necesita arrepentimiento. No lo tienen porque no creen que haber organizado acciones pacíficas de protesta comunicadas ante la pastelería que tenía el conflicto laboral con una trabajadora merezca un reproche penal, y menos de estas características.

Para el acceso al indulto han tenido, además, el apoyo explícito del Gobierno del Principado de Asturias, aunque en la ciudad de Gijón las derechas del consistorio -PP, Vox y Foro- vetaron el debate. La vicepresidente y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido uno de los más firmes apoyos a la medida de gracia, aunque la resolución se ha retrasado casi nueve meses desde que entraron en prisión. El cantante Rodrigo Cuevas recordó este retraso en 'La Revuelta' hace escasos días, volviendo a poner sobre la mesa la derogación de la Ley Mordaza prometida por este Gobierno.

Durante estos meses de cumplimiento de condena las sindicalistas han mantenido silencio, aconsejado por sus equipos legales, mientras esperaban la resolución tanto del indulto como del pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El grupo de apoyo surgido en su apoyo, Sofitu, ha remarcado que “ya es hora” del indulto. “Nuestras compañeras están injustamente en la cárcel, nuestras compañeras deberían de estar aquí hoy con nosotras y nuestras compañeras están privadas de libertad, pero no hicieron nada”, reprochaban tras conocerse su ingreso en prisión. La movilización por su libertad ha sido intensa, emocionante y larga.

Pendientes de la 'letra pequeña'

Los casi nueve meses en prisión suponen realmente que las sindicalistas de la Suiza han cumplido más de la mitad de su condena en el momento que les llega el indulto. Desde el sindicato CNT señalan que están “contentas” por la concesión de los indultos pero piden “prudencia” hasta esperar la decisión del Consejo de Ministros y leer el detalle de cada uno de los indultos individuales, si total o parcialmente o en qué condiciones.

Recuerdan que las sindicalistas de Gijón han tenido que “parar sus vidas” por una condena que entienden que “parece que fuera una voluntad de acallar la reclamación en la calle de los sindicatos”.

Según Érika Conrado, secretaria general de CNT, la respuesta unitaria en defensa de las condenadas y la llegada del indulto demuestran que “El sindicalismo está más vivo que nunca y sigue siendo una cosa del presente”. “Está siendo muy importante la unión de todos los sindicatos y el empuje que hemos tenido todas en el acompañamiento de ellas”, señala para incidir que es necesario “que la gente se organiza y luche, que al final se consiguen cosas”.

Más de medio centenar de personas han recibido notificaciones de expedientes sancionadores a raíz de su participación en la huelga por la gestión de la dana convocada el pasado 29 de mayo por sindicatos como CGT, CNT o Intersindical. “Todo eso solo porque el 29M decidieron ejercer sus derechos”, asegura Alerta Solidària en un comunicado.

La entidad también indica que más de un centenar de personas fueron identificadas y registradas por la Policía Nacional durante la jornada de huelga, cuyos piquetes informativos se sumaron a la multitudinaria manifestación contra el Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón coincidiendo con el aniversario de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos.

Los expedientes de sanción, según Alerta Solidària y el Grup de Suport a les Represaliades del 29M, constituyen un “ataque al derecho a la manifestación y a la huelga”.

La entidad, que reitera la petición de la “inmediata” derogación de la Ley Mordaza, exige el archivo de los procedimientos sancionadores.

“Vulneración de los derechos fundamentales”

El comunicado denuncia la “vulneración de los derechos fundamentales” por parte de un cuerpo policial “a las órdenes de un partido supuestamente de izquierdas, el PSOE”.

También sostiene que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, “que ha intentado proyectar una imagen contrapuesta a la gestión nefasta del Gobierno valenciano el 29 de octubre, es responsable de actuar precisamente contra las personas afectadas por la riada y contras las que exigen responsabilidades políticas y judiciales”.

La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) ha publicado un comunicado en el que se pronuncia por primera vez en años sobre los locales de Tirso de Molina y la organización que en la actualidad los ocupa, la sección española de la Asociación Internacional del Trabajo (AIT), una entidad que se presenta públicamente con las siglas CNT-AIT. “Esperamos que [el conflicto] se cierre de la mejor manera posible con un proceso de mediación honesta, pero tiene que quedar claro que no vamos a renunciar a corregir una injusticia”, exponen desde CNT Madrid.

El número 5 de la plaza de Tirso de Molina, en el centro de la capital, lleva desde 2018 convertido en el gran símbolo de la división en el anarcosindicalismo de la ciudad y gran parte del país. El que fuera punto de encuentro para la militancia local y estatal desde los ochenta protagoniza desde hace años un encarnizado conflicto que derivó el pasado verano en una sentencia de desalojo para la autoproclamada CNT-AIT.

La resolución afecta a la Federación Local de Madrid de la AIT (siglas de Asociación Internacional de los Trabajadores). CNT Madrid ocupaba desde 1982 el segundo y sexto piso del edificio de Tirso, primero en alquiler y después en propiedad. El conflicto interno estalló después de que la Federación Local de Madrid permaneciese adscita a la AIT pese a que desde 2016 la CNT estatal seguía los postulados de otra Internacional, la de la Condeferación Internacional del Trabajo (CIT).

La Federacion de Madrid optó por no abandonar la sede de Tirso de Molina, incluso cuando su desfederación fue aprobada a finales de 2018 por CNT Regional Centro debido al “incumplimiento demostrado de acuerdos confederales”. CNT avisaba por entonces que “la sede en la plaza Tirso de Molina de Madrid cesa su actividad sindical hasta nuevo aviso”, trasladándose finalmente al número 7 de la glorieta de Embajadores. Mientras, ni esta entidad ha dejado de intentar recuperar el espacio ni la AIT ha dejado de utilizarlo para su actividad sindical mientras lo reivindica como propio.

“La Confederación Nacional del Trabajo no tiene ninguna clase de relación con la AIT desde diciembre del año 2016, momento en que la CNT quedó desvinculada de dicha internacional. Cualquier otra organización española integrada como sección en la internacional AIT no pertenece a la Confederación y no está legitimada para presentarse como CNT ni para emplear nuestras siglas o recursos. No hay una CNT-CIT y otra CNT-AIT”, trasladan desde el sindicato. 

“La antigua Federación Local de Madrid, tras una serie de incumplimientos graves de los acuerdos de la Confederación, es desfederada de la CNT mediante un acuerdo del Pleno Regional de octubre de 2018 por amparar conductas absolutamente deleznables contra las ideas, los acuerdos e incluso la convivencia. Fue entonces cuando se produjo la ocupación de los locales por parte de miembros expulsados de CNT, que trataron de agredir a las personas que hasta entonces se habían considerado sus compañeras para echarlas del local, amenazándolas, cambiando las cerraduras, quedándose indebidamente con sus pertenencias en el local e impidiendo el acceso desde aquel día al resto de la militancia”, cuentan en el comunicado.

Apostillan que, como organización anarcosindicalista, abogan por “respetar que haya federaciones locales o personas que no estén conformes con lo acuerdos de la CNT” y, del mismo modo, asumir que “estas personas son libres de organizarse y pasar a formar parte de la AIT, como es obvio”. Sin embargo, una decisión así conlleva “consecuencias inevitables como es que esas federaciones y/o personas deben dejar de identificarse con nuestras siglas y de utilizar los recursos” de los que dispone la entidad. “En ningún caso cabe utilizar la fuerza bruta para que nuestra razón domine frente a la de las demás. Lo ocurrido en los locales de Tirso de Molina vulneró estos principios básicos y es algo que no podemos tolerar”, sentencian.

Un conflicto judicial que no termina de cerrarse

“Un juzgado nos solicita, a petición de la CNT-CIT, el desalojo de los históricos locales de Tirso de Molina”, publicaba la cuenta de X CNT-AIT Madrid Oficias Varios a finales de julio. La sentencia reconoce la legítima propiedad de los inmuebles a CNT y otorga un mes para el abandono voluntario a los actuales ocupantes, un hecho que todavía no se ha producido. Transcurrido ese tiempo, abre la puerta a un lanzamiento. Desde la AIT reprocharon a CNT acudir a “la justicia burguesa”.

CNT Madrid contesta que “ocultan que fueron ellas quienes abrieron sucesivos frentes judiciales (civil y social), forzando a CNT a dedicar tiempo, energías y recursos a repeler esas iniciativas, e incluso a seguir compareciendo después de resoluciones favorables a CNT, como han sido todas las que se han notificado hasta el momento”. Apuntan que han recibido hace poco tiempo “un burofax anunciando un nuevo intento de activar la vía judicial por parte de personas que se identifican como la AIT”. Con este, dicen, serían cuatro los procedimientos judiciales abiertos por la AIT contra CNT Madrid, con slos correspondientes recorridos de recursos en todas las instancias judiciales.

Detrás del enfrentamiento jurídico subyace otro sobre el enfoque de la lucha sindical. CNT asume unos postulados más pragmáticos con el objetivo, sostienen, de lograr mayor implantación y mejoras sustanciales en las condiciones laborales de sus afiliados. Pero desde CNT-AIT les catalogan de “reformistas”, cuestionan su “dudoso crecimiento” y defienden que es su propia organización la garante de los principios, tácticas y finalidades del anarcosindicalismo.

Las divergencias entre ambas organizaciones han quedado patentes en sus posturas ante el propio proceso legal que les enfrenta. Hasta este comunicad, CNT Madrid ha preferido evitar las comunicaciones públicas al respecto del tema mientras la situación permanece judicializada. “Si no lo hemos hecho antes ha sido porque todo nuestro interés, tiempo y esfuerzo está dedicado a impulsar la organización y sus objetivos, mejorando las condiciones materiales e intelectuales de lo único que nos importa: la clase trabajadora”, argumentan en la nota emitida este miércoles.

Mientras, la sección española de la AIT ha publicado numerosos comunicados en su web o en redes sociales denunciando la situación y criticando a CNT: “No les bastó con expulsar a los sindicatos que les resultaban incómodos, no. Su fin último busca nuestra desaparición. Y para ello están dispuestos a utilizar todas las herramientas a su alcance: desde demandas en la Audiencia Nazional reclamándonos el pago de sumas estratosféricas hasta mandar a los antidisturbios a desalojar nuestros locales de Tirso, que como todo el mundo sabe ―la CNT-CIT mejor que nadie― no vamos a dejar voluntariamente”.

“Pese a nuestra total desconfianza en la justicia burguesa, no hemos podido dejar de sorprendernos con una sentencia tan vergonzosa, entre otras cosas porque la jueza la ha dictado sin darnos siquiera la oportunidad de defendernos. Nos quieren echar de los locales en los que hemos crecido como militantes sin ni siquiera haber podido hablar en todo el proceso. Y para empeorar la situación se nos impone el pago de las costas del juicio”, recogía esta entidad en el comunicado de su web donde hacían pública la sentencia.

El pasado septiembre lanzaron un último escrito en el que exponen su postura y acusan a CNT de un afán por “despojarnos de unos locales que la Federación Local de Madrid ha pagado y mantenido desde que comenzaron a alquilarse en los setenta”. Y añaden: “Tal como señalamos en la propuesta de negociación presentada a la CNT-CIT, los locales de Tirso de Molina no fueron adquiridos con fondos de patrimonio histórico, sino mediante un crédito hipotecario asumido por los sindicatos de la Federación Local”.

El modelo de CNT se centra en la figura jurídica de la sección sindical, común al resto de sindicatos pero que en este caso es el órgano prioritario, compuesto por los afiliados y afiliadas en una determinada empresa y regido por las decisiones de los mismos. Mientras, rechaza la participación en los comités de empresa y la figura de liberados sindicales habitual en CCOO o UGT, algo que tanto desde la AIT como desde la CIT consideran poco democrático y delegacionista.

La historia del anarcosindicalismo en España está marcada por este tipo de divisiones. No en vano, la Confederación General del Trabajo (CGT) nació en 1979 a raíz de otro proceso judicial entre facciones de CNT, debido a diferencias de criterio sobre la reorganización y reestructuración de las organizaciones sindicales a partir de la Transición y en particular al respecto de la participación en los comités de empresa. Tanto CGT como otras formaciones, caso de Solidaridad Obrera, acabaron emprendiendo sus propios proyectos aceptando eso si la implantación de nuevas siglas o nomenclaturas.

Los lugares nos hacen, incluso mientras se hacen. Es lo que ejemplifica el historiador, periodista y bibliotecario Luis de la Cruz a cuenta de la fascinante figura de Cipriano Mera. Un hombre convertido en mito que fue muchas cosas: un albañil que abrazó el anarcosindicalismo, un militante que convencía y movilizaba a las masas o un héroe de la Guerra Civil que lideraba las columnas anarquistas que derrotaron a los sublevados en las batallas de Madrid o Guadalajara.

En Mera, hombre de las afueras (Editorial Decordel), Luis de la Cruz lleva a cabo un acercamiento a la etapa más desconocida de Mera: sus raíces en Tetuán (cuando todavía era Tetuán de las Victorias) y en un extrarradio de Madrid que se construyó a la par que su toma de conciencia sociopolítica. La historia del obrero y referente anarcosindicalista antes de que sus hazañas en la resistencia contra los golpistas, al frente del IV Cuerpo del Ejército Popular, terminaran de cimentar su mito.

Mera, su familia o sus compañeros y compañeras de militancia guían un viaje por una ciudad en expansión. Barrios en los que la significación política y el alma obrera se edifican a la vez que las casas o los caminos. “El libro surge porque me encargan un paseo guiado por el Tetuán de Mera, así que empiezo a investigar sobre él ligando personaje territorio y personaje. No es circunstancial que naciera ahí o que su biografía política comience a desarrollarse en ese lugar, sino que hay una relación entre las características urbanísticas que le rodeaban y su sindicalismo revolucionario”, dice el autor en conversación con Somos Tetuán.

Cuando la ciudad desbordó a la ciudad

“En el libro me centro en el norte de Madrid porque es lo que vengo estudiando y es el contexto que rodea a Mera, pero sería una reflexión común para lo que era extrarradio de Madrid entre los últimos 20 años del siglo XIX y el primer tercio del XX”, aclara de la Cruz. Habla de “características urbanas y de crecimiento comunes en Tetuán, Cuatro Caminos, Ventas o Puente de Vallecas”. Su extensión coincide con “un momento de desborde de la ciudad, cuando se crea el ensanche planificado del llamado Plan Castro, que no responde a la cantidad de migrantes que están llegando a la ciudad, incluidas las personas que vienen a erigir ese ensanche”.

Así, “el crecimiento de los arrabales es mayor que el del propio ensanche”: Argüelles, Salamanca o Chamberí son “la ciudad que tiene que crecer, que está planificada para que así sea, pero lo hace más despacio que la urbe que la está abrazando”. Según el historiador, “la ciudad no oficializada se expande haciéndose a sí misma y eso le confiere una menor atención institucional a su existencia”.

Este último punto da pie a “equívocos o titubeos a la hora de denominarla de una manera u otra”. De la Cruz dedica varios pasajes a la heterogeneidad y evolución de los términos con los que referirse a este fenómeno, del desdén y la aporofobia de la prensa más oficialista al interés no exento de paternalismo en autores como Pío Baroja: “¿Estamos hablando de extrarradio, de periferia, de afueras, de periferia...? No se sabe muy bien por qué a muchos de sus propios contemporáneos (sobre todo a las clases burguesas) les es desconocido, a pesar de tenerlos al lado, ya que sus habitantes son trabajadores que entran a trabajar a la ciudad”.

Un hombre hecho en las afueras

La mencionada menor presencia en estos entornos de la autoridad, sea la municipalidad o el Estado, es uno de los motivos que explica el traslado de gran parte de la agitación sociolaboral desde el centro de Madrid hasta una periferia en auge. Pero no es el único: “Se trata de un tipo de ciudad que, por la propia necesidad de su crecimiento huérfano de tutela, tiene que crecer hecho a sí mismo y basarse en el apoyo mutuo. Con ello, es más fácil esconderse o tener vías y enlaces de huida si tu actividad no está sujeta a la legalidad, hablemos de delincuencia común o de gente perseguida por su actividad sindical o política”, explica el periodista de Somos Madrid.

El abandono institucional no solo se traduce en mayor capacidad de acción para actividades ilegales o subversivas, sino que fomenta la colectividad y lo comunitario: “La manera de ser del sitio tiene que ver con que 'a la fuerza ahorcan'. Las calles no están asfaltadas, las aguas fecales no son retiradas de la vía pública, el alumbrado tarda en llegar... Es un sitio donde las personas deben juntarse para hacer la ciudad por su cuenta. Eso provoca que mucha gente que hasta la fecha había estado en lo que se llamaban barrios bajos (Lavapiés, Malasaña o Chueca), zonas populares donde tradicionalmente se desarrollaba la acción contestataria y en las que seguirá produciéndose, se desplace a los extrarradios. A ellos, además, se unen nuevas generaciones de culturas subalternas que nacen en un nuevo contexto que les es apropiado”.

El extrarradio, en el caso de Cipriano Mera su Tetuán natal o las cercanas áreas de Cuatro Caminos y Chamartín de la Rosa (por entonces municipio independiente de la capital), se convierte para este referente del obrerismo en “un espacio de desobediencia y acción colectiva”, tal como Luis de la Cruz lo describe en su libro. “Hay un eslabón perdido, muy difícil de documentar, que es cuánto influye la cultura contestataria del suburbio en la conformación de culturas posteriores más formalizadas en partidos políticos o sindicatos. Mera, cuando aún es una persona que no ha terminado de adquirir conciencia política, está viendo en el barrio motines de subsistencia en los que participan niños y mujeres”.

Hay un eslabón perdido que es cuánto influye la cultura contestataria del suburbio en la conformación de partidos políticos o sindicatos. Mera, cuando es una persona que no ha terminado de adquirir conciencia política, está viendo en el barrio motines de subsistencia

Luis de la Cruz — Autor de 'Mera, hombre de las afueras'

Estos motines del hambre, imprescindibles para conformar el sujeto político de Mera y otras personalidades subversivas coetáneas, son para el autor “una forma de protesta popular no estructurada que la historiografía tradicional tildaba de primitivas”. Una manera de movilización “inferior” a las que luego se producirían con estructuras políticas más sólidas. Desde su punto de vista, ese menosprecio no se ajusta a la realidad: “El motín es simplemente otro tipo de movilización con unas lógicas internas también muy complejas que están muy ligadas a las políticas de clase”.

A Mera le influyen los movimientos que ve, y también los espacios en los que se producen: “Lo que sucede en el extrarradio, que venía ya pasando antes entre las clases populares, es que cuentan con una oferta mucho menor de lugares especializados que la de las clases burguesas. Los espacios son lugares para todo. Como además son barrios donde la sociabilidad es central, la taberna o el descampado se convierten en espacios sociopolíticos muy reseñables. En el libro hay ejemplos de mítines o asambleas en medio de la Dehesa de la Villa o en el merendero de Canuto González en Cuatro Caminos. El descampado fue en ese momento el Parlamento del pobre, el lugar improvisado donde se produce la acción política, siendo a la vez el sitio donde los vecinos experimentan su actividad diaria o de ocio”.

Posteriormente, recintos como el Cine Europa van ganando protagonismo. De la Cruz lo justifica así: “Según va creciendo la ciudad y el extrarradio se va integrando en ella estos lugares un poco más improvisados viran a teatros más importantes en los que la cultura del consumo también explota en la periferia. Sitios importantes firmados por arquitectos de renombre, como Luis Gutiérrez Soto en el caso del Europa. A la altura de los años treinta ya no estamos tanto en ese momento del descampado o los pequeños teatros, sino que va emergiendo esa estructura más urbana y más especializada”.

Mera y el auge del sindicalismo revolucionario

“¿Hasta qué punto el Sindicato Único de la Construcción o la UGT tienen mucha potencia en el extrarradio porque la gente entiende lo que es movilizarse y levantarse juntos? Es difícil de establecer o describir, pero es fácil de imaginar. Esa coincidencia de hechos, tiempos y personas hace inevitable pensar que esos aprendizajes estuvieron ahí, aunque la mayoría de veces no hayan quedado registrados”, cuenta Luis de la Cruz sobre la materialización de la movilización en la periferia (particularmente en el caso de Cipriano Mera).

Cita al Sindicato Único de la Construcción, una escisión de UGT que se acercó a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) a finales de 1931. Este grupo de albañiles madrileños, entre los que se integraba Mera, no estaba de acuerdo con las prácticas ejecutivas y a menudo claudicantes del comité local ugetista. Tampoco con los métodos con que se abordaban los problemas del sector y generales de la clase trabajadora. La figura del liberado sindical, que representaba a los trabajadores mientras cada vez vivía más desligado de la realidad que estos soportaban, fue uno de los principales disensos.

Cuando aparecen las periferias obreras en toda Europa se crean barrios en los que sus habitantes reflexionan como clase y se da un proceso de toma de conciencia. Esto germina en los años treinta con una adscripción política militante sin precedentes

Luis de la Cruz — Autor de 'Mera, hombre de las afueras'

De la Cruz contextualiza esta división en un contexto de “evolución del mundo del trabajo que incidió en la del propio modelo sindical”. Expone que “UGT, por entonces y todavía hoy el sindicato hegemónico, tenía un modelo muy centrado en lo que en ese momento había sido la industria madrileña (que es, fundamentalmente, la construcción). Lo que ocurre es que ese modelo se transforma, pasa de obras pequeñas y talleres herederos de la realidad gremial que podían ser controlados de las Casas del Pueblo de UGT a obras de un tamaño mucho mayor fundamentales para el crecimiento de Madrid: los trabajos en Nuevos Ministerios o Ciudad Universitaria son megatajos”.

“Aparecen empresas más poderosas que no tienen esa relación cercana con el maestro de obras y, por otro lado, crece la figura del parado como un obrero organizado. El problema del sindicalismo clásico es que básicamente atiende al trabajador, cuando ahora el parado también se convierte en sujeto de sindicalización. CNT atendió muy bien esta cuestión al tratarles como compañeros de igual a igual. Todo ello eclosiona en las huelgas de la construcción de finales de 1933 y la de 1936, en las que muchos militantes históricamente sindicados en UGT se pasan formalmente a CNT o apoyan formalmente unas maneras basadas en la confrontación que tienen más que ver con un contingente enorme de trabajadores frente a compañías ya grandes”, narra.

La deuda pendiente con las “resistencias cotidianas”

Ese año, 1936, marca la ruptura (que no el final) de una efervescencia política y social paralela al crecimiento urbano. En el libro se habla de huelgas obreras en Sevilla que reclamaban las 36 horas semanas, un objetivo al que no se ha llegado 90 años después. El golpe de Estado, la Guerra Civil y la represión franquista (tan severa con la clase obrera como complaciente con la burguesía y las grandes empresas) interrumpen el devenir de estos barrios periféricos en plena ebullición.

“Es una historia olvidada por escribir. Muchos de sus habitantes tuvieron que ir al exilio o a la cárcel y otros muchos fueron asesinados. Bastantes familias quedaron sumidas en el silencio inherente a la derrota y se desarticuló todo un entramado de antagonismo político”. Para el autor, la oposición en el exilio o la reconstrucción de los partidos ha sido documentada y reivindicada como merece, pero queda por “estudiarse y escribirse sobre las resistencias cotidianas [término acuñado por el politólogo y antropólogo estadounidense James C. Scott]”.

Son, según de la Cruz, “el pálido reflejo de lo que había sido un poder movilizador bestial en unos extrarradios que tenían una homogeneidad socioeconómica inéditos en la ciudad, que les convirtió en la geografía política más potente del momento”. De ese modo, “si hasta entonces en la ciudad había una cierta segregación de clases, pero todas ellas vivían muy cerca, cuando aparecen las periferias obreras en toda Europa se crean barrios en los que sus habitantes reflexionan como clase y se da un proceso de toma de conciencia. Esto germina en los años treinta con una adscripción política militante sin precedentes”.

Esa tendencia es la que “queda totalmente cortada por el franquismo”. “Está por contar cómo esta gente vivió la nueva coyuntura y cómo articularon sus resistencias cotidianas, porque también las hubo en la posguerra aunque la prensa del Régimen lo vetara”, apostilla.

De la militancia vecinal al urbanismo neoliberal: el neomudéjar como paradigma del alma tetuanera

Durante la lectura de Mera, hombre de las afueras sobrevuela una sensación de derrota o impotencia al comprobar el enorme vuelco ideológico de áreas como Chamartín o, en menor medida, la propia Tetuán. El cercenamiento franquista tiene mucho que ver, pero para Luis de la Cruz hay otras razones: “En todos estos barrios que en esos momentos eran extrarradios sigue habiendo una superposición de estratos que da idea de la densidad de esas etapas anteriores. Pero obviamente el haberse convertido en eso que se llama nuevas centralidades (Tetuán o Carabanchel ya no son afueras) hace que entren de lleno en todas las dinámicas de la oferta y la demanda o de un urbanismo neoliberal. Se arrasa, al menos parcialmente, con el carácter, la composición socioeconómica o incluso la cultura material de aquellos años”.

Sobre este último punto, el historiador cita las décadas de abandono y erradicación del patrimonio neomudéjar, “la arquitectura propia, popular y obrera de los años en los que se construyeron aquellos espacios”. Recalca que “solamente ahora se ponen en valor con un pequeño grado de conservación o protección, después de que muchas hayan caído en la piqueta y lo sigan haciendo”.

Por contra, la cultura material de los barrios populares fue reivindicada antes: “También costó mucho que se reconociera el valor histórico de las corralas populares del Centro, cayeron casi todos, pero empezó a hacerse ya en los ochenta. Son casas de la misma época, cultural y patrimonialmente parecidas, que se han comenzado a proteger con 40 años de diferencia”.

Mera, exiliado en Francia, continuó haciendo barrio. Literalmente. Siguió trabajando de albañil durante décadas. Según recoge el sindicato Solidaridad Obrera, antes de su muerte en 1975 (faltaban 16 días para la de Francisco Franco) dejó una frase que sintetiza su espíritu: “Poniendo ladrillos ayudo a construir el mundo”. A levantar casas y comunidades sobre esos descampados que le hicieron ser quien era.

Cipriano Mera tendrá un homenaje a su altura cuando se cumplen 50 años de su muerte. Un albañil convertido en mito libertario, primero desde el Sindicato Único de la Construcción (escisión de UGT en Madrid que se acercó al sindicalismo revolucionario de CNT) y más tarde como líder de las columnas anarquistas que en la Guerra Civil derrotaron a los sublevados en las batallas de Madrid y Guadalajara.

Será en las jornadas Mera: el albañil anarquista que cimentó nuestra esperanza, organizadas por CNT Madrid del 23 al 31 de octubre en la Fundación Anselmo Lorenzo de Estudios Libertarios (en el número 41 de la calle de las Peñuelas). Una cita que incluye dos mesas redondas y una exposición con documentación histórica, además de una ruta por el Tetúan que le vio nacer y dar sus primeros pasos militantes.

La celebración arranca este jueves 23 de octubre a las 18.30 en la Fundación con la mesa Mera, anarquista. La impartirá Luis de la Cruz, historiador, bibliotecario y periodista de este periódico. Es además autor de Mera, hombre de las afueras (Editorial Decordel), un trabajo de investigación que rescata los primeros años del militante en el extrarradio madrileño. Junto a él se sentará Alfredo González, experto en cultura libertaria y miembro del equipo de Tierra y Libertad, así como integrante de la publicación científica Germinal y la editorial Antorcha.

Al día siguiente y a la misma hora se celebrará otra mesa, Mera, Guerra y Revolución. Contará con Ana Garrudo, divulgadora y creadora de contenido especializada en la Guerra Civil, es presidenta de la Asociación Histórica Frente de Guadalajara y colaboradora del proyecto internacional bunker58.eu. Con ella estará Julián Vadillo, profesor e historiador, especializado en el movimiento obrero y autor de trabajos como Historia de la CNT o Por el pan, la tierra y la libertad: el anarquismo en la Revolución rusa.

El domingo 26, a las 10.00, el propio Luis de la Cruz guiará una ruta por el Tetuán de Mera. Para apuntarse, solo hay que solicitarlo en alguna de las mesas redondas o escribir al correo madrid@cnt.es entre el 22 y el 24 de octubre, indicando datos personales básicos con el asunto Ruta: El Tetuán de Mera.

Además, entre el 23 y el 31 de octubre la Fundación Anselmo Lorenzo albergará una exposición temporal titulada con fotografías y documentación sobre su vida, militancia y legado. Podrá visitarse gratuitamente de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de martes a viernes de 17.00 a 20.00.

Son las tres letras a las que aspira cualquier edificio histórico para garantizar su supervivencia. O, más bien, las personas que se dejan su tiempo y su empeño en defenderlos. La declaración de BIC (Bien de Interés Cultural) supone otorgar el mayor nivel de protección a un objeto o entorno por su gran valor histórico, artístico o científico. En la práctica, implica la obligatoriedad de obtener autorización ante la autoridad compentente para ejecutar cualquier modificación, permitir visitas públicas o desarrollar tareas de mantenimiento y restauración.

La concesión y gestión de las solicitudes corresponde a los Gobiernos autonómicos. Concretamente en Madrid, a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad. Este organismo tuvo a bien declarar BIC a la Fundición Tipográfica Richard Gans en julio de 2023, la última fábrica de tipos móviles que queda en pie en la ciudad. En ella se creaban las piezas de metal individuales que luego se ensamblaban para formar palabras y páginas de texto en la imprenta. La técnica consistía en la fundición de tipos a partir de un troquel de acero con el carácter en relieve, que a continuación se usaba para dar forma a una matriz de cobre donde se vertía el metal fundido.

Con el reconocimiento como BIC, parecía cerrarse un largo capítulo de ostracismo en un lugar otrora esplendoroso. Un tesoro patrimonial que traslada a una época de expansión urbana. Del crecimiento técnico y social de la prensa a los grandes conflictos laborales o bélicos que marcaron la primera mitad del siglo XX. Pero dos años después, el deterioro continúa en un edificio que continúa sin uso y abandonado.

Referente arquitectónico y periodístico

La Real Academia de la Historia, en su sesión académica de 10 de febrero de 2023, aprobó el informe clave para que la Fundición obtuviese la declaración de BIC: “El carácter excepcional de esta fundición, único ejemplo en la Comunidad de antigua fábrica de tipos y comercio de materiales, máquinas tipográficas y bienes de imprenta, justificaría a todas luces su reconocimiento, insistiéndose por ello en la necesidad de conservación conjunta del inmueble y de los objetos muebles que fueron parte de las tareas de dicha fundición y fábrica”, recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 19 de julio de 2023.

Además de fundir tipos, suministraba todo tipo de maquinaria para periódicos y revistas: las propias imprentas, rotativas, plegadoras, cosedoras, grapadoras, guillotinas... Así, la nave del número 5 de la calle Altamirano estaba dedicada a almacén y exposición, mientras que la del 65 de calle Princesa (que data de 1886) se destinó a la fundición en sí misma. Ambas, unidas en un solar en forma de T, se conviertieron en recursos indispensables para el periodismo madrileño en las primeras décadas del siglo XX.

La nave de Altamirano, proyectada en 1910 por el arquitecto Luis López López e inaugurada en 1911, fue ejecutada por los maestros de obras Madurell y Vilata con estructura de la Sociedad Española de Construcciones Metálicas. El edificio contaba en origen con tres plantas de altura en las dos primeras crujías (de uso residencial) y dos plantas en la zona interior, de uso industrial. Se construyó con fábrica tradicional de ladrillo, pilares de fundición en planta baja y entramado de madera en plantas superiores.

Los edificios industriales que componen la fábrica en las calles Altamirano y Princesa mantienen la estructura de acero laminado roblonada característica de la época, así como gran parte de sus elementos interiores de estética y funcionalidad industrial. Construyen por ello una muestra singular de ese Madrid en proceso de metamorfosis de villa a ciudad, cosmopolita e industrial. La Fundación Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) destaca del inmueble de Princesa su “coniguración netamente urbana”, mientras que en Altamirano predomina “una resolución entre modernista y decó” (un diseño más llamativo acorde a su carácter expositivo). Desde la Fundación resaltan el interés de la iconografía geométrica de la fachada, así como las molduras del alero y la cornisa.

A sus valores arquitectónicos se une el interés de los bienes muebles que se guardan en la fundición: maquinaria propia de la actividad, tipos móviles y mobiliario que permitieron mantener la actividad durante un siglo de existencia, a lo largo del cual surtió de material a las principales empresas editoriales, gráficas y cabeceras de prensa de la época. Entre ellas la conocida imprenta Rivadeneira, ubicada en la cercana Cuesta de San Vicente, o el periódico ABC. De hecho la primera rotativa de este periódico, muy famosa y la más avanzada de la época, fue fabricada por la marca de Richard Gans.

Una historia tumultuosa

El origen de la fábrica de tipos se remonta a finales del siglo XIX. El desarrollo de la capital obligó al Ayuntamiento de Madrid a plantear un proyecto urbanístico de ampliación de los límites de la ciudad, conocido como el Ensanche. Fue en este contexto de desarrollismo urbanístico cuando el empresario Richard Gans decidió establecer su sede en el recién trazado barrio de Argüelles (hoy situado en el distrito de Moncloa-Aravaca), junto a la mítica cárcel de la Modelo, durante una una época en la que convivían diversas fábricas e industrias en esta zona.

Gans nación en Karlsbad, al suroeste de Alemania, en 1850. Llegó a Madrid en 1874 como representante de una importante compañía de artes gráficas belga y en 1878 se especializó en la importación de artilugios de artes gráficas y de tipos de impresión. Mientras, trababa contacto con las principales empresas periodísticas o editoriales del país. Pocos años después, en 1881 y después de una creciente demanda, decidió iniciar la producción propia de dichos materiales.

El primer local donde se instaló estaba en el número 10 de la calle de Campomanes. Más tarde pasó a Villanueva, 22, un recinto más amplio. En 1886 la compañía llegó a Princesa, y en 1911, se extendió a Altamirano. Gans falleció en Madrid en 1925, pero el futuro de su emprendimiento parecía quedar en buenas manos con su estirpe familiar. No vio venir un futuro conflicto bélico que sería fatal, además de para millones de vida, para el patrimonio de todo un país.

“El recinto sufrió importantes destrozos durante la Guerra Civil”, explica Alberto Tellería, vocal técnico de la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. “De hecho, los hermanos Ricardo y Manuel Gans [hijos del fundador] fueron asesinados por los propios obreros de la Fundición, que fue requisada por el sindicato anarquista CNT [Confederación Nacional del Trabajo]”, apostilla. Después de esta rebelión, parte de su maquinaria pesada fue utilizada para la fabricación de munición para el bando republicano.

Fue la hermana superviviente, Amalia Gans, quien retomó la actividad de la fundición ya durante el franquismo y consiguió convertir el centro en un referente de las artes gráficas. “Hasta que la aparición en los años sesenta de nuevos modos de impresión relegó al olvido la fundición de tipos. Cesó su actividad y bajó la persiana hacia 1975”, cuenta Tellería. Otras fuentes, como la web de la Comunidad de Madrid, sitúan ese final en los años ochenta después de un progresivo declive desde que en 1964 se editara el último catálogo de la empresa.

En cualquier caso, las naves han experimentado varias décadas de abandono y deterioro que la declaración de BIC hace más de dos años todavía no ha logrado revertir. Así lo acreditan imágenes como la siguiente, recopiladas en su web por la organización de protección patrimonial Madrid Ciudadanía y Patrimonio.

La entidad lamenta “noticias del derribo de parte de las instalaciones”, fruto del mal estado de conservación de diversas estancias, aunque la inmensa mayoría del edificio sigue en pie. “Se tiene noticia extraoficial de intereses inmobiliarios que pretenden su demolición para edificar viviendas. Dado su valor se incluye en el observatorio para su seguimiento”, alertan.

Desde la Consejería de Cultura del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso trasladan a Somos Madrid que “es un bien privado y como tal el propietario es el responsable de su mantenimiento”. Indican que la Comunidad de Madrid “cuenta con ayudas para actuaciones de conservación, recuperación y restauración de los bienes inmuebles de la región, de titularidad privada, con protección como Bien de Interés Cultural o Bien de Interés Patrimonial”. No aclaran si esas subvenciones han sido solicitadas en el caso de esta histórica Fundición.

El número 5 de la plaza de Tirso de Molina, en el centro de Madrid, lleva años convertido en el gran símbolo de la división en el anarcosindicalismo de la capital y de todo el país. El que fuera punto de encuentro para toda la militancia local y estatal de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) desde los ochenta protagoniza desde hace años un encarnizado conflicto que ha derivado ahora en una sentencia de desalojo.

La resolución afecta a la Federación Local de Madrid de CNT-AIT (siglas de Asociación Internacional de los Trabajadores), después de una demanda interpuesta por CNT. Este sindicato ocupaba desde 1982 el segundo y sexto piso del edificio de Tirso, primero en alquiler y después en propiedad. El conflicto interno estalló después de que la Federación Local de Madrid permaneciese adscita a la AIT pese a que desde 2016 la CNT estatal seguía los postulados de otra Internacional, la de la Condeferación Internacional del Trabajo (CIT).

La Federacion de Madrid optó por no abandonar la sede de Tirso de Molina, incluso cuando su desfederación fue aprobada a finales de 2018 por CNT Regional Centro debido al “incumplimiento demostrado de acuerdos confederales”. CNT avisaba por entonces que “la sede en la plaza Tirso de Molina de Madrid cesa su actividad sindical hasta nuevo aviso”, trasladándose finalmente al número 7 de la glorieta de Embajadores. Mientras, ni esta entidad ha dejado de intentar recuperar el espacio ni CNT-AIT ha dejado de utilizarlo para su actividad sindical mientras lo reivindica como propio.

“Un juzgado nos solicita, a petición de la CNT-CIT, el desalojo de los históricos locales de Tirso de Molina”, publicaba la cuenta de X de CNT-AIT Madrid a finales de julio. La sentencia reconoce la legítima propiedad de los inmuebles a CNT y otorga un mes para el abandono voluntario a los actuales ocupantes, un hecho que todavía no se ha producido. Transcurrido ese tiempo, abre la puerta a un lanzamiento.

Detrás del enfrentamiento jurídico subyace otro sobre el enfoque de la lucha sindical. CNT asume unos postulados más pragmáticos con el objetivo, sostienen, de lograr mayor implantación y mejoras sustanciales en las condiciones laborales de sus afiliados. Pero desde CNT-AIT les catalogan de “reformistas”, cuestionan su “dudoso crecimiento” y defienden que es su propia organización la garante de los principios, tácticas y finalidades del anarcosindicalismo.

Las divergencias entre ambas organizaciones se hacen patentes en sus posturas ante el propio proceso legal que les enfrenta. CNT prefiere evitar las comunicaciones al respecto del tema. También declinan trasladar declaraciones a las peticiones de Somos Lavapiés. Aducen que prefieren tomar esta postura mientras la situación permanezca judicializada.

Mientras, CNT-AIT ha publicado numerosos comunicados en su web o en redes sociales denunciando la situación y criticando a CNT: “No les bastó con expulsar a los sindicatos que les resultaban incómodos, no. Su fin último busca nuestra desaparición. Y para ello están dispuestos a utilizar todas las herramientas a su alcance: desde demandas en la Audiencia Nazional reclamándonos el pago de sumas estratosféricas hasta mandar a los antidisturbios a desalojar nuestros locales de Tirso, que como todo el mundo sabe ―la CNT-CIT mejor que nadie― no vamos a dejar voluntariamente”.

“Pese a nuestra total desconfianza en la justicia burguesa, no hemos podido dejar de sorprendernos con una sentencia tan vergonzosa, entre otras cosas porque la jueza la ha dictado sin darnos siquiera la oportunidad de defendernos. Nos quieren echar de los locales en los que hemos crecido como militantes sin ni siquiera haber podido hablar en todo el proceso. Y para empeorar la situación se nos impone el pago de las costas del juicio”, recogía CNT-AIT en el comunicado de su web donde hacían pública la sentencia.

El modelo de CNT se centra en la figura jurídica de la sección sindical, común al resto de sindicatos pero que en este caso es el órgano prioritario, compuesto por los afiliados y afiliadas en una determinada empresa y regido por las decisiones de los mismos. Mientras, rechaza la participación en los comités de empresa y la figura de liberados sindicales habitual en CCOO o UGT, algo que tanto desde CNT-AIT como desde CNT consideran poco democrático y delegacionista. Es uno de los pocos puntos de unión, de sutura, entre dos organizaciones a los que este conflicto parece haber distanciado definitivamente.

La historia del anarcosindicalismo en España está marcada por este tipo de divisiones. No en vano, la Confederación General del Trabajo (CGT) nació en 1979 a raíz de otro proceso judicial entre facciones de CNT, debido a diferencias de criterio sobre la reorganización y reestructuración de las organizaciones sindicales a partir de la Transición.

El sindicato CNT ha comunicado este viernes que las sindicalistas conocidas como 'Las seis de la Suiza', que ingresaron en prisión la semana pasada para cumplir una pena de tres años y medio por una acción sindical en Gijón, “han sido clasificadas en tercer grado penitenciario en aplicación del artículo 72 de la LOGP y 102.4 del RP, por lo que realizarán el cumplimiento de la pena en régimen abierto”.

El pasado 10 de julio las seis sindicalistas, cinco mujeres y un hombre, se personaron voluntariamente en el centro penintenciario de Asturias tras haber dictado el día anterior el juez su ingreso en prisión para cumplir la condena de tres años y medio de cárcel por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia por una acción sindical en el año 2017 en la pastelería La Suiza de Gijón. El Supremo confirmó la condena inicial de un juzgado de Gijón en junio del año 2024.

El juzgado penal 1 de Gijón dictó auto de prisión sin esperar a la resolución de la petición de indulto o el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al que han presentado un recurso de revisión de su caso.

Una veintena de sindicatos han solicitado al Gobierno el indulto a las condenadas, que ha recibido el apoyo además de partidos de izquierdas y la vicepresidente y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El proceso del indulto no tiene fecha de finalización.

El caso ha provocado una intensa movilización social en Asturias y otras partes del Estado, con numerosas concentraciones de apoyo ante una condena que consideran criminaliza el sindicalismo.

El sindicato CNT reitera en su comunicado que “como hemos hecho desde el primer día, exigimos la libertad de las condenadas por hacer sindicalismo”.

El grupo de apoyo a 'Las seis de la Suiza', Sofitu, ha convocado una concentración para este sábado en la plaza del Marques de Gijón , a las 12 horas, para exigir la libertad plena de las seis condenadas. Lo hacen entendiendo que “El tercer grado no deja de ser uno de los grados penitenciarios. Tienen que tener la misma libertad que todas nosotras”. Esta concentración sustituye a una marcha programada hasta el centro penitenciario de Asturias también para este sábado como muestra de apoyo, que ha quedado sustituida por esta acción

El sindicato CNT de Extremadura ha convocado una concentración en la Plaza Mayor de Cáceres este jueves por la tarde, a la que se han unido CCOO, UGT y el sindicato 25 de Marzo (25-M), en protesta por el encarcelamiento de las sindicalistas conocidas como 'Las seis de la Suiza’, condenadas por coacciones al dueño de una pastelería de Gijón.

Desde el sindicato CNT afirman que esta condena es “inaudita en Europa” y “más acorde a regímenes dictatoriales y totalitarios”. Por ello, bajo el lema ‘Hacer sindicalismo no es delito’, CNT llama a la “solidaridad y a la defensa activa del derecho a organizarse y luchar colectivamente”. La concentración busca visibilizar la situación de estas trabajadoras y reivindicar sus derechos.

Además de UGT, CCOO y 25-M, se suma a esta iniciativa el Campamento Dignidad, cuyos miembros consideran que este hecho “es un atentado a la libertad sindical”.

A juicio de la CNT, esta condena no solo afecta a las seis sindicalistas implicadas, sino que “sienta un preocupante precedente para el movimiento sindical en toda España”, ya que “penaliza acciones legítimas y pacíficas en defensa de los derechos laborales”, señala en un comunicado.

El sindicato organizador ha realizado un llamamiento a toda la ciudadanía a participar en esta “manifestación pacífica y solidaria”, para mostrar su apoyo a las sindicalistas y exigir su liberación, porque 'Las seis de la Suiza' “no han sido condenadas por defender sus derechos, sino los tuyos”, aseveran desde CNT.

Nueve organizaciones sindicales han pedido este martes a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, que agilice el indulto para la puesta en libertad de las sindicalistas conocidas como las ‘Seis de la Suiza’, condenadas a penas individuales de tres años y medio de prisión por coacciones al dueño de una pastelería de Gijón.

Los sindicatos CCOO, UGT, CNT, CGT, LCT, Intersindical Asturiana, Colectivo de Trabajadores, USO y CSI han presentado en el registro de la Delegación del Gobierno un escrito en el que piden que las personas conocidas como las 'Seis de la Suiza', cinco mujeres y un hombre, que se encuentran en el Centro de Integración Social de la cárcel de Asturias desde el pasado jueves, “sean puestas en libertad de manera inminente”.

Además, han pedido una reunión con Lastra “a la mayor brevedad posible” para “exponerle de primera mano las reivindicaciones” de las organizaciones sindicales, que consideran el caso como un “exceso judicial con una clara intención de crear miedo a la clase trabajadora”.

La delegación sindical ha estado acompañada por decenas de personas que se han concentrado frente a la sede de la Delegación del Gobierno y que han gritado consignas como “Hacer sindicalismo no es delito” y “Compañeras no estáis solas”. Entre ellas había representantes de formaciones de izquierdas o el consejero de IU en el Gobierno de Asturias, Ovidio Zapico.

El grupo de apoyo a las ‘Seis de la Suiza“ ha convocado una manifestación para el próximo sábado a las 12 entre la estación ferroviaria de Tabladiello y la cárcel de Asturias, ubicada en la localidad de Villabona, así como concentraciones todos los miércoles a las 19 horas en la Plaza del Marqués, en Gijón.

El Tribunal Supremo ratificó hace poco más de un año las penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, y al pago de unos 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró el local como consecuencia de las protestas continuadas a las puertas del establecimiento por un conflicto con una trabajadora.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, que el pasado mes de junio desestimó la solicitud de las defensas y de la Fiscalía para que se suspendiera la condena, dictó la semana pasada el ingreso en prisión de estas seis personas, vinculadas al sindicato CNT, que ingresaron de forma voluntaria el pasado jueves.

Los sindicatos y las organizaciones sociales que forman el grupo de apoyo han expresado que la sentencia “ha ido más allá del cumplimiento de la ley” y constituye “una interpretación de la norma con clara intencionalidad de perjuicio hacia las compañeras encarceladas”.

En el texto registrado ante la Delegación del Gobierno se recuerda que el juez “denegó la petición de considerar por separado las dos penas que al ser menor a dos años cada una hubiera evitado la entrada en prisión” y “tampoco quiso tener en cuenta la tramitación del indulto que se había iniciado”.

La plaza Mayor de Gijón ha acogido este jueves una manifestación urgente de apoyo a las conocidas como 'las seis de La Suiza', después de que las trabajadoras hayan ingresado voluntariamente este día en la prisión de Asturias para cumplir la condena de tres años y medio por una acción sindical del año 2016. Las sindicalistas de la CNT, que permanecerán en régimen abierto en el Centro de Inserción anexo a la cárcel han recibido un sonoro aplauso de apoyo desde la ciudad donde tuvo lugar la acción por la que fueron condenadas con gritos de “Seis de la Suiza, libertad”.

La condena fue dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón y ratificada por el Tribunal Supremo el año pasado, por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia. 22 organizaciones sindicales han solicitado el indulto al Gobierno, apoyado por partidos de izquierda y el Gobierno de Asturias o la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.

“Están fuertes y están tranquilas” ha transmitido la portavoz del colectivo de apoyo Sofitu, Herminia González, que ha reiterado que el motivo de la concentración era porque “Nuestras compañeras están injustamente en la cárcel, nuestras compañeras deberían de estar aquí hoy con nosotras y nuestras compañeras están privadas de libertad, pero no hicieron nada”. “Lo único que hicieron fue defender a una trabajadora, lo único que hicieron fue hacer sindicalismo y no pueden permanecer con nosotros, exigimos que no permanezcan ni un minuto más en la cárcel”, señaló.

“Compañeres, nun tais soles” fue otro de los coros unánimes en la plaza Mayor de Gijón delante de la sede consistorial de un ayuntamiento que evitó apoyar la petición de indulto por el veto de los tres partidos de derechas. “Nos parece una tremenda barbaridad que por hacer sindicalismo en el 2025 estén seis compañeras en prisión”, inciden desde el grupo de apoyo. Los sindicatos asturianos han defendido desde el inicio del proceso la inocencia de las seis trabajadoras y denuncian una criminalización del derecho a la protesta.

“Tengo que estar aquí, no queda otra”

Juanjo, un jubilado de la construccion de 77 años, tenía muy clara su presencia en la plaza gijonesa: “No tenemos libertad para hacerse sindicalismo en un país que llaman democrático”, mostrándose muy crítico con la condena de prisión a las seis sindicalistas de la CNT. “Esto es inaudito, cómo no voy a estar aquí. Si yo fui toda la vida defensor del trabajo, fui trabajador. Es que tengo que estar aquí, no queda otra”, señalaba al tiempo que temía por el futuro del sindicalismo, “cualquiera va a hacer una denuncia y todo el mundo por la cárcel”.

Un grupo de mujeres vestidas con camisetas moradas mostraban su total solidaridad con 'Las seis de la Suiza'. Son trabajadoras de distintos Servicios de Ayuda a Domicilio y forman parte de la plataforma asturiana que defiende sus derechos. Carmen Diego, portavoz de la plataforma lo tiene claro, “el sindicalismo es lo que defiende los derechos de las trabajadores y las herramientas que siempre fueron un avance para los derechos”. Critica la condena ya que “las trabajadoras fueron a la manifestación, a la concentración, a la reivindicación y no hicieron otra cosa que sindicalismo, intentaron negociar y el patrón no quiso negociar”.

“Nuestros abuelos construyeron un futuro mejor para todos nosotros y lo estamos perdiendo a marchas forzadas”, vaticina, señalando como prueba que “ellas hoy están en prisión”. “Cada vez están criminalizando más derechos”, se lamenta.

El caso ha provocado una intensa movilización social en Asturias y otras partes del Estado, con numerosas concentraciones de apoyo ante una condena que consideran criminaliza el sindicalismo. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado públicamente su respaldo a las condenadas y ha confirmado que su equipo ya trabaja en la solicitud de indulto. “Nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales”, ha insistido.

El proceso del indulto no tiene fecha de finalización. De momento ha sido solicitado por 22 organizaciones sindicales ante el Ministerio de Justicia y no por las afectadas, que en este caso no implica el arrepentimiento. Además han presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras no lograr que el Constitucional revisara el caso.

Con las sindicalistas conocidas como 'Las seis de la Suiza' ya en prisión, tras su entrada este jueves, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que está trabajando en el seno del Gobierno de coalición para que sean indultadas “cuanto antes”.

“El sindicalismo es un derecho, no un delito”, ha subrayado la vicepresidenta en su cuenta de Bluesky, donde ha añadido que en una democracia “nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales”.

Yolanda Díaz viajó la semana pasada a Asturias para conocer de primera mano el caso de las sindicalistas condenadas a tres años y medio de cárcel por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia a raiz de unas protestas laborales. La responsable de Trabajo calificó la condena de “escándalo” y les expresó su apoyo, además de comprometerse a tramitar su indulto.

Este jueves, las cinco mujeres y un hombre condenados a tres años y medio de cárcel cada uno por coacciones graves por el caso de 'las seis de La Suiza' han ingresado en el Centro Penitenciario de Asturias. Todos ellos han ido juntos a entregar la documentación que se les requería y han quedado ya detenidos. El día anterior, el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón decretó la orden de ingreso en prisión.

Un caso que ha unido al sindicalismo

Las sindicalistas condenadas se enfrentan a una pena de cárcel de tres años y medio por haber participado en las movilizaciones relacionadas con el despido de una trabajadora de la pastelería La Suiza en Gijón en 2016.

Se les ha procesado por un delito continuado de coacciones graves al participar en piquetes y protestas sindicales frente a la pastelería y por un delito contra la Administración de Justicia por obstrucción a la justicia durante el conflicto laboral.

Tras la condena por estos hechos, las condenadas recurrieron la decisión judicial, pero el Tribunal Supremo ratificó la condena tras un proceso que se ha prolongado más de ocho años. En el trascurso del procedimiento judicial, y ante la ratificación de la condena de cárcel, los distintos sindicatos del país se han unido para denunciar este caso como una represión al sindicalismo.

El grupo de apoyo a 'las seis de la Suiza', Sofitu, ha asegurado que mantendrán las acciones de apoyo y que esto “no nos va a callar”, reiterando que mantendrán las acciones el tiempo que sea necesario. “No las vamos a abandonar”, han incidido.

La Plaza del Ayuntamiento de Gijón será escenario este jueves 10 de julio de una nueva concentración de apoyo convocada por el grupo de apoyo a las sindicalistas condenadas. Será a las 19:30 horas frente el consistorio gijonés, que ha evitado apoyar el indulto por el veto de los grupos políticos de derechas.

Las seis sindicalistas condenadas por una acción sindical en Gijón, conocidas como 'las seis de la Suiza', han ingresado voluntariamente este jueves por la mañana en la prisión de Asturias tras recibir este miércoles el auto de cumplimiento de la condena de tres años y medio por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia.

Las condenadas se han personado alrededor de las diez de la mañana de forma voluntaria para cumplir el mandato judicial, después de un proceso judicial que se ha alargado ocho años. El juzgado penal 1 de Gijón dictó auto de prisión sin esperar a la resolución de la petición de indulto o el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al que han presentado un recurso de revisión de su caso.

Fuentes cercanas al grupo han reiterado que “no son delincuentes”, lamentando el tiempo que se ha alargado el caso ocasionando un sufrimiento adicional. Además han pedido que se activen los protocolos de forma inmediata para que puedan acceder al tercer grado y no permanezcan tiempo innecesario en prisión. También piden que se adopten las medidas pertinentes “para que esta situación no vaya más allá”. Finalmente, las sindicalistas han quedado ingresadas en el Centro de Inserción Social (CIS) contiguo a la prisión, y permanecerán en régimen abierto previsiblemente hasta la concesión del indulto, es decir, pernoctarán en el CIS.

El grupo de apoyo a 'las seis de la Suiza', Sofitu, ha asegurado que mantendrán las acciones de apoyo y que esto “no nos va a callar”, reiterando que mantendrán las acciones el tiempo que sea necesario. “No las vamos a abandonar”, han incidido.

Los hechos por los que han sido condenadas 'Las seis de la Suiza' se remontan a 2016 cuando una empleada de la Pastelería La Suiza de Gijón pidió el asesoramiento jurídico de la CNT tras denunciar sus malas condiciones laborales aduciendo que en su trabajo le encargaban tareas que ponían en riesgo su embarazo y relatando que era víctima también de un presunto caso de acoso sexual, un caso archivado.

'Las seis de la Suiza' son cinco mujeres y un hombre, incluyendo entre ellos una pareja que son padres de un menor de edad, de profesiones variadas y en común un compromiso de acción sindical: una veterinaria, una artista, una trabajadora del ámbito social, una trabajadora del sector del transporte, una empleada de hostelería y un profesor.

La Plaza del Ayuntamiento de Gijón será escenario este jueves 10 de julio de una nueva concentración de apoyo convocada por el grupo de apoyo a las sindicalistas condenadas. Será a las 19:30 horas frente el consistorio gijonés, que ha evitado apoyar el indulto por el veto de los grupos políticos de derechas.

En otras ciudades del país también se han convocado protestas para este viernes 11 de julio, como León 11 de julio, donde habrá una concentración de 12 a 13 horas frente a la Subdelegación del Gobierno en contra del ingreso en prisión, convocadas por los sindicatos.

El grupo de apoyo a las seis condenadas, que en los últimos meses han organizado protestas multitudinarias apoyadas de forma unánime por los sindicatos y también por varias organizaciones políticas como PSOE, IU, Podemos, Sumar o EH Bildu, ha convocado nueva concentración, a las 19:30 horas de este jueves, frente al Ayuntamiento de Gijón.

La ciudad ya ha sido escenario las últimas semanas y meses de muestras de apoto a las seis sindicalistas condenadas por una acción en el año 2016, que motivó su pena de cárcel confirmada por el Tribunal Supremo en 2024. La última manifestación, el pasado 29 de junio, fue multitudinaria y varios miles de personas apoyaron la acción sindical frente a condenas represivas.

El indulto solicitado al Gobierno cuenta con el aval de 22 sindicatos y el Gobierno de Asturias, no así la ciudad de Gijón que el veto de las derechas evitó el apoyo.

Cargos públicos, como el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, han solicitado el indulto inmediato pare revertir el ingreso en prisión ya que “Es absolutamente injusto y aberrante que la lucha sindical sea castigada”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha manifestado en el mismo sentido, calificándolo como “un atentado a la democracia que es posible por la connivencia del poder económico y judical reaccinarios” y reclamando al Gobierno un indulto inmediato.

Enrique Santiago, secretario general del PCE también ha mostrado su pesar por el ingreso en prisión, mostrándose convencido de la aprobación del indulto.

Solo un recurso contra el auto del juez de lo Penal 1 de Gijón, Lino Rubio Mayo, o un indulto del Ministerio de Justicia podrían evitar la ejecución de la condena a “las seis de la Suiza” y, por tanto, su inmediato ingreso en el Centro Penitenciario de Asturias para el cumplimiento de la pena de tres años y medio de cárcel impuesta por su responsabilidad en las acciones de protesta que derivaron en el cierre de la pastelería La Suiza, de Gijón.

Somos Asturies, Izquierda Unida y Movimiento Sumar se han unido para reclamar, este viernes, en Oviedo, el indulto de las seis sindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) que apuran los últimos días en libertad a la espera de que alguna de estas medidas pueda prosperar.

Los diputados Delia Campomanes y Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturies-IU y la diputada Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, han comparecido hoy en rueda de prensa, en la Junta General del Principado para reclamar la libertad y denunciar el ataque que supone para la libertad sindical un posible encarcelamiento. De momento, el PSOE no se ha pronunciado ni a favor, ni en contra del indulto.

Campomanes: “No es delito”

Los tres diputados han incidido en que “la defensa de los derechos de la clase trabajadora no es delito” y han pedido que se detenga la represión hacia las condenadas. Así lo ha reflejado en su perfil de la red social X la diputada Delia Campomanes.

La diputada de IU Convocatoria por Asturies también ha llamado a participar en una manifestación de apoyo convocada para el próximo 29 de junio por distintas fuerzas sindicales.

Su compañero Xabel Vegas ha calificado de “enormemente injusta” la sentencia condenatoria, especialmente porque “sienta un precedente gravísimo” en el ejercicio de la libertad sindical.

“Hay una situación de emergencia ante la posibilidad de que entren en prisión por ejercer el derecho de representar a los trabajadores de una empresa que estaba cometiendo graves abusos”, ha afirmado.

Vegas: “El precedente será gravísimo”

Para el diputado de IU Convocatoria por Asturies, no se puede ceder: “Nos jugamos mucho en esto. Si estas personas entran en la cárcel, el precedente será gravísimo para la ciudadanía en general y, sobre todo, para la libertad sindical”.

Xabel Vegas ha aprovechado la rueda de prensa para sugerir a los socialistas que se sumen a su petición de indulto ya que, en su opinión, sería una opción “muy deseable”.

Por su parte, Covadonga Tomé ha resaltado que las fuerzas progresistas a las que representan están totalmente alineadas con “las seis de La Suiza”.

Tomé: “Es intolerable”

“Un asunto tan importante como es el derecho de los trabajadores a ejercer el sindicalismo y a defender las condiciones laborales es gravísimo si se vulnera. Estamos hablando de que seis compañeras, madres de familia algunas de ellas, están a punto de entrar a la cárcel por defender su trabajo en los términos que recoge nuestra Constitución”, ha destacado.

Para la diputada del Grupo Mixto es “absolutamente impresentable” que un Estado de derecho como el español permita que entren en la cárcel. Y, al igual que Xabel Vegas, estima que de cumplir la condena se estaría creando “un precedente por el que podría empezar el miedo a ejercer el sindicalismo. Es intolerable”.

Sumar: “¿Qué va a hacer el Gobierno?”

Por otro lado, el grupo parlamentario plurinacional de Sumar ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en las que plantea qué va a hacer el Gobierno para “proteger el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a huelga evitando otros casos de condena como éste”.

También se ha interesado sobre si el Gobierno tramitará, de forma urgente y prioritaria, un indulto y qué plazos maneja.

La condena

Las seis sindicalistas fueron condenadas por unos hechos que se remontan a 2017 cuando una empleada de la Pastelería La Suiza pidió el asesoramiento jurídico de la CNT tras denunciar sus malas condiciones laborales aduciendo que en su trabajo le encargaban tareas que ponían en riesgo su embarazo. Al mismo tiempo relató que era víctima también de un presunto caso de acoso sexual.

El equipo de acción sindical se puso en contacto con la empresa para pactar la salida de la trabajadora pero el empresario se negó a mantener cualquier tipo de reunión, por lo que el sindicato convocó varias concentraciones ante sus instalaciones en las que participaron las personas condenadas para mostrar su repulsa por la actitud del propietario hacia la empleada.

Los delitos

Finalmente, el negocio echó el cierre y el propietario culpó a las sindicalistas de haber sido las causantes con sus coacciones al protestar delante del negocio.

El alto tribunal dio la razón al propietario al considerar que sus acciones se enmarcan en un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia cometidos en el año 2016.

Ellas defienden que no hubo violencia

Eldiario.es asturias compartió sus impresiones con tres de las personas condenadas en julio de 2024. En esa conversación, ellas advertían que se habían limitado a defender a una trabajadora que sufría un presunto caso de acoso, sin que en sus protestas emplearan la violencia, ni causaran daños y, sobre todo, contando con el respaldo de la autorización expresa que había concedido la Delegación del Gobierno en Asturias para la celebración de estas manifestaciones.

Fuerza y entereza

En estas concentraciones participaban vecinas y vecinos, representantes sindicales y de partidos de izquierdas y paradójicamente en esa época ostentaba el cargo de delegado del Gobierno Gabino de Lorenzo, el que fuera alcalde de Oviedo por el Partido Popular (PP) entre 1991 y 2012.

Las sindicalistas reconocían tener fuerza para afrontar este delicado momento y mostraban su entereza ante la convicción de que habían actuado correctamente en defensa de la compañera.

Las seis sindicalistas de la Confederación Nacional de Trabajo (CNT) que fueron condenadas en 2021 por su participación en las movilizaciones convocadas a las puertas de la Pastelería La Suiza, situada en la Avenida de Shultz de Gijón, en protesta por el despido de una trabajadora, tendrán que ingresar en la cárcel en los próximos días.

El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, Lino Rubio Mayo, ha denegado la petición de las defensas para evitar que se ejecute la condena de tres años y medio de prisión que les impuso por su autoría en un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia. El magistrado sostiene que los propietarios se vieron abocados al cierre del negocio por la campaña de hostigamiento que se llevó a cabo con estas acciones.

Las defensas de las condenadas, conocidas como “Las Seis de La Suiza”, han recorrido un largo camino en los tribunales, recurriendo la sentencia condenatoria en las distintas instancias: desde la Audiencia Provincial de Asturias, al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), y posteriormente ante el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC). Pero los recursos han ido decayendo uno a uno.

Su último cartucho estaba en manos del juez Lino Rubio Mayo a quien solicitaron por un lado la separación de las dos penas y por otro la suspensión de la pena de prisión. Sin embargo, ninguna de las dos solicitudes ha sido estimada.

A través de un auto, ha rechazado su petición al considerar que no mostraron arrepentimiento y no hicieron frente personalmente al pago de la indemnización que debían abonar por los daños ocasionados.

Nuevas movilizaciones

La Fiscalía mostró su apoyo a la defensa en su petición de suspensión de condena, pero su apoyo no ha tenido efectos prácticos, ya que el magistrado-juez se ha posicionado a favor de los propietarios, a los que representaba como acusación particular el ex presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez.

Esta última actuación judicial ha movilizado de nuevo al sindicato que desde un principio ha convocado a varias organizaciones y colectivos de izquierdas para apoyar a las seis sindicalistas.

“Compañeres nun tais soles”

Esta tarde convocó en la Casa del Pueblo de Gijón/Xixón una asamblea abierta, que ha sido publicitada en redes sociales, para que el apoyo no se limite a un gesto simbólico y decidir futuras movilizaciones en solidaridad con las “Seis de la Suiza”.

Su eslógan ha seguido el lema de los últimos años: “Compañeres nun tais soles” junto al de “Facer sindicalismu nun ye delitu”.

El Grupo de Sofitu a Las Seis de la Suiza ha reprochado el contenido tanto del auto como de la sentencia condenatoria. Entre otras circunstancias, denuncia que el local estaba anunciado en portales inmobiliarios para su traspaso desde un año antes del inicio del conflicto.

“Este hecho señala que la intención de la administración de la empresa de deshacerse del local era previa y, tras cerrar la pastelería en el popular barrio gijonés, reabrió con otro nombre en una calle de Oviedo, situada en el casco viejo de la capital asturiana, en una ubicación privilegiada, próxima a la Catedral”.

“Pudiera parecer que, más que sufrir un perjuicio, el empresario consiguió su pretensión de cerrar la pastelería gijonesa y dar un salto en su carrera, abriendo una más exclusiva en la capital”, asevera.

“Encaran el futuro con dignidad”

Desde el Grupo de Sofitu a Las 6 de La Suiza resaltan la fortaleza de las seis sindicalistas condenadas que, según explica, “encaran el futuro con la tranquilidad y la inmensa dignidad de quien se sabe injustamente reprimida por dar lo mejor de su vida por construir un mundo mejor”.

“Sus nombres -continúan- se suman ya a la larga lista de mujeres y hombres que, a lo largo de la historia, han sufrido la represión por movilizarse para conseguir mejoras sociales que hoy en día asumimos como naturales”.

Una plataforma como respuesta

También han contado con el apoyo de la Plataforma Abogacía Defensa de la Acción Sindical, que nació como respuesta a su condena.

Además de volcar toda su solidaridad con ellas censura abiertamente el auto judicial por no entrar en el fondo del asunto ya que las ahora condenadas estaban denunciando la situación de “acoso y explotación laboral de una trabajadora embarazada”.

A continuación reproducimos el comunicado de apoyo que han difundido a través de la red social X.

En este escrito, dejan claro su posicionamiento. Opinan que todas las sentencias del caso, desde primera instancia hasta el Tribunal Supremo, “crean un precedente jurídico muy nocivo sobre los derechos fundamentales de libertad sindical, libertad de expresión y derecho de manifestación”.

La plataforma entiende que el auto judicial implica una exhibición de “orgullo por este retroceso, en lo que jurídicamente consideramos -afirma- un verdadero atropello a la acción sindical”.

Apoyo a una trabajadora embarazada

Los hechos por los que han sido condenadas se remontan a 2017 cuando una empleada de la Pastelería La Suiza pidió el asesoramiento jurídico de la CNT tras denunciar sus malas condiciones laborales aduciendo que en su trabajo le encargaban tareas que ponían en riesgo su embarazo. Al mismo tiempo relató que era víctima también de un presunto caso de acoso sexual.

El equipo de acción sindical se puso en contacto con la empresa para pactar la salida de, la trabajadora pero el empresario se negó a mantener cualquier tipo de reunión, por lo que el sindicato convocó varias concentraciones ante sus instalaciones en las que participaron las personas condenadas para mostrar su repulsa por la actitud del propietario hacia la empleada.

“No empleamos violencia”

Para el alto tribunal, sus acciones se enmarcan en un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia cometidos en el año 2016.

Eldiario.es asturias compartió sus impresiones con tres de las personas condenadas en julio de 2024. En esa conversación, ellas advertían que se habían limitado a defender a una trabajadora que sufría un presunto caso de acoso, sin que en sus protestas emplearan la violencia, ni causaran daños y, sobre todo, contando con el respaldo de la autorización expresa que había concedido la Delegación del Gobierno en Asturias para la celebración de estas manifestaciones.

Fuerza y entereza

En estas concentraciones participaban vecinas y vecinos, representantes sindicales y de partidos de izquierdas y paradójicamente en esa época ostentaba el cargo de delegado del Gobierno Gabino de Lorenzo, el que fuera alcalde de Oviedo por el Partido Popular (PP) entre 1991 y 2012.

Las sindicalistas reconocían tener fuerza para afrontar este delicado momento y mostraban su entereza ante la convicción de que habían actuado correctamente en defensa de la compañera.

Un año después, cuando comienza la cuenta atrás para su ingreso en prisión, cuentan con el apoyo de numerosos compañeros y compañeras que estudian las próximas convocatorias de movilizaciones para que “hacer sindicalismo no sea delito” en el siglo XXI.

Con llamamientos a la “Huelga general” o entonando cánticos como “No hay otra manera; o con la patronal, o con la clase obrera”, representantes de los sindicatos convocantes del paro general previsto para el próximo jueves, 29 de mayo, (CNT, Intersindical Valenciana, CGT y COS) para protestar contra la gestión de la DANA por parte del Gobierno valenciano de Carlos Mazón, han ocupado este martes el vestíbulo de la sede de la patronal valenciana CEV en València. Los participantes en la protesta, alrededor de una veintena de personas, han abandonados las dependencias de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana después de identificarse ante la Policía Nacional

Los sindicatos convocantes de la huelga general del jueves 29 de mayo han ocupado la sede de la patronal valenciana para denunciar “el papel jugado por el empresariado el 29 de octubre al no informar a los trabajadores, impedir que abandonaran su puesto de trabajo e incluso coaccionándoles para que asistieran a pesar de las condiciones meteorológicas”, afirma Juan Miguel Font, secretario general de CGT València.

La organización anarcosindicalista afirma que “esta actitud de los empresarios ha ocasionado un peligro real y tangible contra la vida y la salud de las trabajadoras y trabajadores, que, en algunos casos, ha tenido un final fatal y, en otros muchos, ha comportado secuelas psicológicas”.

Los sindicatos convocantes también han denunciado que la patronal valenciana se ha negado a reunirse con ellos los días previos a la huelga para tratar sobre las reivindicaciones que les han llevado a convocar la jornada de huelga del próximo 29 de mayo y hacen un llamamiento a la sociedad valenciana a secundar la convocatoria “porque nos sobran los motivos”.

La huelga general del próximo jueves ha sido convocada para denunciar la “gestión nefasta del Gobierno valenciano” como principal responsable de las víctimas mortales de las inundaciones. 

Además, coincidiendo con los siete meses desde la trágica DANA que el pasado 29 de octubre asoló parte de la provincia de Valencia, provocando la muerte de 228 personas, más de 200 colectivos cívicos, entre los que se encuentran las asociaciones de víctimas, los comités locales de emergencia y reconstrucción y los sindicatos valencianos, han convocado para el próximo jueves una nueva manifestación para reclamar la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la tragedia.

Los sindicatos CNT, Intersindical, CGT y COS saldrán a la calle el próximo 29 de mayo para denunciar la “gestión nefasta del gobierno valenciano”, al que señalan como responsable directo de las 227 víctimas mortales y de los estragos que, tras más de siete meses de la fatídica riada, siguen golpeando a la cotidianidad de las personas que residen en las zonas afectadas.

El pasado 25 de abril, estos cuatro sindicatos ya anunciaron la convocatoria de la huelga general y ahora, han presentado una notificación formal ante las autoridades laborales “para tener una jornada de éxito”. “Para nosotros significa un antes y un después porque queremos que ese día los trabajadores y trabajadoras escojan no ir a su puesto por muchos motivos, concretamente 31.630”, manifiesta Beatriu Cardona Prats, portavoz de la Intersindical Valenciana, en referencia a las 31.630 personas en ERTE y la cifra de muertes registradas por la DANA.

En este sentido, la portavoz de la Intersindical Valenciana ha instado al Consell de Mazón a depurar responsabilidades políticas y penales, tanto del propio gobierno como del empresariado que puso en riesgo la vida de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras: “Si ahora tuviéramos los mismos avisos meteorológicos, volverían a actuar de la misma forma”, ha advertido. Además, ha subrayado que el gobierno valenciano fue “incapaz de alertarnos, salvarnos y ahora, reconstruirnos”.

De igual forma, los representantes de los sindicatos han puesto el foco en los recortes, consumados por el PP y su socio Vox, como la Educación, la Sanidad o Emergencias, servicios públicos que sin ellos “nos debilitan ante una posible situación catastrófica”. “No estamos hablando solo de unas comarcas golpeadas, sino de una gestión criminal, negacionista del cambio climático y que pone el capital por encima de los intereses y la vida de la clase trabajadora”, ha insistido Cardona en una rueda de prensa frente a la sede de la Dirección General de Trabajo en València.

SIN UGT ni CCOO

Asimismo, Ana Mar Bueno, miembro de CNT València, ha puesto de relieve la vulneración de derechos laborales que cometieron las empresas obligando a los propios trabajadores a cumplir con su jornada “el día de la riada y los días posteriores”, aún incluso sin poder desplazarse o siendo directamente una persona afectada. “Estamos en un momento en el que el País Valencià está unido socialmente. Esto no ha sido una cuestión meramente meteorológica, sino que se engloba en un contexto de políticas neoliberales que ignoran los efectos del cambio climático”, ha destaca.

Bueno también ha querido poner énfasis en la situación habitacional de la autonomía valenciana, denunciando que, tras la gota fría del pasado 29 de octubre, el escenario se ha agravado: “Llegaron antes las inmobiliarias, que el Gobierno”.

El secretario general de CGT València, Juan Miguel Font, ha suscrito las palabras de las anteriores compañeras, y ha tildado posteriormente de “poca calidad humana y mediocridad política” al president y su equipo de gobierno. “La sociedad valenciana debe sumarse a esta huelga, independientemente de que no participen los sindicatos mayoritarios”, ha explicado Font en referencia a la ausencia de UGT y CCOO.

A preguntas de los medios sobre esta no adhesión, Cardona manifiesta que no es la primera huelga que se celebra sin las grandes centrales sindicales: “No entramos a valorar los motivos que tengan por secundarla o no querer hacerlo. Los cuatro estamos seguros de que la clase trabajadora valenciana quiere manifestar su rabia e indignación, ya no solo por la DANA, sino por como se está vulnerado el derecho a la vivienda, el territorio o por mejorar las condiciones laborales. No importa la sigla que convoque, se responderá igual”, ha aclarado la portavoz de la Intersindical Valenciana, quien posteriormente ha abierto la puerta a cualquier sindicato que quiera sumarse frente a esta “situación insostenible”.

“Mazón es el máximo culpable de la gestión y de la situación de muchos trabajadores que se encuentran en ERTE. Muchos de ellos van a perder su trabajo porque hay empresas que difícilmente podrán recuperar su actividad productiva”, ha sostenido el portavoz de CGT València.

La ola de solidaridad iniciada desde que a finales del mes de junio el Tribunal Supremo confirmara la condena para el grupo conocido como 'Las seis de la Suiza' no ha dejado de crecer en todo este tiempo. Concentraciones, manifestaciones, intervenciones artísticas y hasta la unidad histórica de todo el sindicalismo asturiano para apoyar a cinco trabajadoras y un trabajador condenados a tres años y medio de prisión por el Alto Tribunal “por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia”.

Porque, tal y como llevan años repitiendo “hacer sindicalismo no es delito”, desde el sindicato CNT y el Grupo Sofitu a Las seis de la Suiza han dado un paso más, poniendo en marcha una campaña de crowdfunding o financiación colectiva, para ayudar a las encausadas a afrontar los gastos derivados de este largo proceso judicial que comenzó hace ya casi ocho años.

A través de la página web www.goteo.org pueden realizarse aportaciones, a partir de un euro, a esta campaña solidaria que lleva recaudados ya más de 13 000 euros con los que podrán hacer frente, por ejemplo, al pago de multas; gastos derivados del ingreso en prisión de las trabajadoras; gastos judiciales, para continuar con el proceso en los tribunales; y gastos para garantizar su bienestar y el de sus familias, en el momento en el que entren en la cárcel.

Desde la CNT aseguran que esta campaña es, además, “una voz de denuncia” para que se revise el Código Penal de manera que “no vuelva a perseguirse y castigarse a trabajadores por el ejercicio de sus derechos”.

Las seis de la Suiza continúan esperando su ingreso en prisión y también el pronunciamiento del Tribuna Constitucional sobre si acepta tramitar el recurso que han presentado.

Son dos trabajadoras del ámbito sanitario, una trabajadora del sector del transporte, de la hostelería, otra del ámbito social y un profesor, los que afrontan lo que han calificado como un revés judicial que “sienta un peligrosísimo precedente”, al perseguir y condenar el ejercicio de la libertad sindical en defensa de una trabajadora que acudió a la CNT en busca de asesoramiento porque aseguraba estar siendo víctima de acoso laboral y sexual, en el ámbito laboral, por parte de su jefe, en una confitería de Gijón, La Suiza.

Tras intentar alcanzar un acuerdo con el empresario para conseguir la salida de esta trabajadora quien, además, estaba embarazada, y la negativa de este a facilitar su salida, comenzaron las concentraciones y los escraches frente al establecimiento, que conllevaron la denuncia del dueño de la confitería y el inicio de un procedimiento judicial que llega hasta hoy.

A principios del pasado mes de julio, tres de las personas condenadas de Las seis de la Suiza hablaron con elDiario.es Asturias y aseguraban estar tranquilas ante el inminente, en aquel momento, ingreso en prisión. Aseguraban que la situación no iba a condicionar su vida, ni ahora ni el futuro, y se manifestaban preocupadas, más que por su situación, por la condena al sindicalismo y a una mujer que denunció haber sido víctima de sendos delitos de presunto acoso laboral y sexual, aunque finalmente el caso fue archivado.

Finalizaban su entrevista preguntándose si la ley no es igual para todas las personas, y por qué.

El caso de Las seis de la Suiza ha logrado generar una marea de apoyo que ha traspasado las fronteras del propio Principado de Asturias, impregnando también, más allá del sindical, los ámbitos político, social y cultural, en una ola unión y solidaridad nunca ante vista.