El consejero de Educación, Sergio Silva, ha mantenido una reunión con el alcalde de Santa María de Cayón, Francisco Viar, en la que han abordado diferentes necesidades educativas del municipio, especialmente la dotación de mobiliario del salón de actos del IES Lope de Vega y las posibles alternativas para mejorar el transporte de los estudiantes que se desplazan a Santander para cursar estudios universitarios, una necesidad que también afecta a otros municipios de los Valles Pasiegos.

En este sentido, Silva ha explicado que la Consejería estudiará, junto con los ayuntamientos afectados y la Universidad de Cantabria (UC), posibles soluciones compartidas que faciliten los desplazamientos de estos alumnos, ha informado el Gobierno.

Para avanzar en esta cuestión, el Ayuntamiento de Santa María de Cayón se ha comprometido a facilitar información sobre el número de estudiantes que se encuentran en esta situación, mientras que Educación analizará las posibles alternativas en colaboración con la Universidad.

“Si aquí hay una necesidad, lo tenemos que estudiar”, ha afirmado el consejero, quien ha planteado también la posibilidad de incorporar a este trabajo a la Dirección General de Transportes, teniendo en cuenta la elaboración del nuevo mapa concesional de transporte urbano.

Por su parte, Viar ha expresado su voluntad de colaborar en la búsqueda de soluciones para el transporte universitario. “Nos toca trabajar en equipo, como no puede ser de otra manera”, ha señalado el regidor.

Silva ha confirmado que la Consejería tiene en marcha la licitación para suministrar el mobiliario del salón de actos del instituto.

El consejero ha reconocido que esta actuación debería haberse completado anteriormente y ha explicado que las dificultades administrativas relacionadas con la contratación, así como las características específicas del mobiliario requerido, han retrasado su ejecución.

“Ya tenemos esa licitación en marcha y nuestro objetivo y nuestro compromiso es tener dotado ese salón de actos antes de que acabe el año 2026”, ha señalado Silva.

El titular de Educación ha recordado que el IES Lope de Vega, que cuenta con cerca de un millar de alumnos, ha sido objeto de una importante actuación de ampliación, y ha agradecido al Ayuntamiento su interés y colaboración para atender las necesidades de los centros educativos del municipio.

El consejero de Educación, Sergio Silva, solicitará comparecer en el Parlamento de Cantabria para analizar los resultados de PISA 2025, ante lo que ha calificado de “inacción” por parte del Gobierno de España.

Silva ha realizado este anuncio con motivo de su participación, este viernes, en la Conferencia Sectorial de Educación convocada por el Ministerio de Educación, un encuentro en el que ha trasladado la preocupación del Ejecutivo cántabro ante los resultados del informe PISA, “que constatan un suspenso rotundo del sistema educativo nacional, con la LOMLOE como punta de lanza de un sistema agotado”.

En ese sentido, ha anunciado su voluntad de comparecer, a petición propia, en la Cámara regional a “analizar la situación para encararla con responsabilidad”, desde la convicción de que los resultados educativos de PISA responden a múltiples factores y exigen una reflexión profunda por parte de todas las administraciones implicadas.

“La LOMLOE y el resto de factores que influyen en la enseñanza deben ser analizados en profundidad”, ha puntualizado el consejero. “Somos conscientes de que hay muchos factores que rodean estos resultados y no podemos mirar para otro lado. Nuestra obligación es analizar lo que está ocurriendo, asumir responsabilidades y trabajar para mejorar”, ha señalado.

Silva ha lamentado la ausencia de una respuesta coordinada por parte del Gobierno de España ante unos datos que considera especialmente preocupantes en el conjunto del país. “Nos encontramos ante una auténtica emergencia educativa nacional”, ha afirmado el titular de Educación, que ha recordado que España registra los peores resultados de su serie histórica desde que participa en el informe PISA hace más de dos décadas.

En su opinión, estos resultados deberían haber provocado la apertura de un gran debate nacional sobre la evolución de la educación en España, liderado y coordinado por el Gobierno de la nación. “Estamos ante una cuestión de Estado y, por lo tanto, corresponde al Gobierno de España impulsar una reflexión compartida con las comunidades autónomas y liderar una respuesta que esté a la altura del desafío educativo que tenemos por delante”, ha subrayado.

FP

Sobre el reparto territorial de los fondos vinculados al Programa EFESO para el impulso y mejora de la Formación Profesional, el consejero ha defendido que la distribución de recursos debe ir acompañada de una evaluación rigurosa de los resultados y de una planificación estratégica que permita resolver los problemas detectados durante su implantación.

Silva ha lamentado que el Ministerio “continúe priorizando el reparto de fondos sin abordar cuestiones fundamentales como la falta de coordinación con las comunidades autónomas, la ausencia de indicadores comunes para medir resultados o las dificultades que siguen encontrando los centros y las empresas para desarrollar la FP Dual”.

A pesar de estas reservas, Cantabria ha respaldado la propuesta para no quedar excluida del reparto de fondos.

Rechazo a la reforma de ratios de 0 a 3 años

Asimismo, el consejero ha mostrado la oposición de Cantabria a la propuesta de modificación del Real Decreto 132/2010 relativo a las condiciones mínimas de los centros educativos, especialmente en lo referente a las nuevas ratios planteadas para la etapa de 0 a 3 años.

Según ha explicado, la propuesta ministerial reduciría de forma drástica el número de alumnos por aula sin acompañar la medida de una memoria económica que permita asumir el incremento de personal y de infraestructuras necesario para aplicarse en las comunidades autónomas.

La Consejería considera que la medida pone en riesgo la actual oferta educativa, tanto pública como privada, y puede afectar negativamente a la escolarización temprana y a la conciliación de las familias.

En el caso de Cantabria, ha puesto como ejemplo las aulas de dos años actualmente en funcionamiento, donde la aplicación de los nuevos límites provocaría una pérdida “muy significativa” de plazas disponibles.

Silva ha reclamado al Ministerio “más diálogo, más respeto institucional y más corresponsabilidad financiera”, y ha recordado que las comunidades autónomas asumen cerca del 90% del gasto educativo en España, por lo que “no se puede seguir instalando una dinámica de 'invito yo y pagas tú' cada vez que se impulsa una nueva iniciativa desde el Gobierno de España”, ha concluido.

Las educadoras de las escuelas infantiles de Madrid han protagonizado este miércoles una sentada en la consejería de Educación para exigir la apertura de una mesa de negociación con la Administración regional y establecer mejoras en sus condiciones salariales y laborales. La protesta, que las educadoras habían planeado como una acción pacífica, ha terminado siendo disuelta después de que acudiera la Policía y no les permitiera continuar, según han explicado las propias trabajadoras.

“Nos hemos encerrado para exigir de una vez que se abra una mesa de negociación y aquí nos vamos a quedar hasta que nos echen o nos den esa reunión”, defendían las educadoras infantiles en declaraciones a este medio. Finalmente, la intervención policial ha impedido que pudieran mantener la sentada en el interior de la Consejería.

Las trabajadoras, que mantienen la huelga desde el pasado 7 de abril, reclaman mejoras salariales, una reducción de las ratios y la implantación de la pareja educativa. La protesta llega después de meses sin una respuesta por parte de la Comunidad de Madrid y de varias movilizaciones, que ahora coinciden con el inicio del curso escolar, lo que hace que la situación se haya vuelto todavía más “delicada”.  

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) mantiene desde hace cinco meses la presión sobre las administraciones para que se sienten a negociar las condiciones laborales del personal que trabaja en el primer ciclo de Educación Infantil. 

El comienzo de este nuevo año lectivo ha coincidido con el mantenimiento de la huelga de las educadoras de 0 a 3 años. A principios de septiembre, las educadoras ya habían organizado una concentración permanente con pernocta en la Puerta del Sol, frente a la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, para recordar que el conflicto todavía sigue abierto y que las reclamaciones de la huelga “no habían sido escuchadas” por la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.

“Queremos que se abra una mesa de negociación”, resumen las trabajadoras, que aseguran que no están dispuestas a abandonar sus reivindicaciones hasta que la Comunidad se siente a negociar. 

De un lado, denuncian aulas saturadas, con ratios de 8 bebés por educadoras, 13 de uno a dos años y 16 de dos a tres, para lo que ya han conseguido que el Ministerio de Educación elabore un real decreto que mejore esas ratios. Por otro lado, la gestión de este ciclo, que en su mayoría está en manos de empresas privadas y que, como señalan, “han precarizado las condiciones laborales”, con salarios que rondan el salario mínimo y contratos inestables. 

Salarios que no reconocen la responsabilidad de su trabajo 

Una de las principales reivindicaciones de las trabajadoras es la equiparación salarial entre las profesionales de las escuelas infantiles de gestión directa y las de gestión indirecta, estas últimas con una gestión externalizada a empresas o cooperativas mediante contratos públicos. 

La diferencia es sangrante, prácticamente el doble

Las educadoras denuncian que, pese a desempeñar funciones similares, las condiciones retributivas pueden ser muy diferentes en función del modelo de gestión. Una de ellas, Lucía Martínez, asegura que algunas profesionales “cobran alrededor de 1000 euros, mientras que otras, pueden alcanzar los 1800 o 1900 euros, dependiendo de su antigüedad o condiciones”. “La diferencia es sangrante, prácticamente el doble”, afirma.

Las trabajadoras buscan que las administraciones incorporen complementos salariales en los pliegos de contratación para garantizar que las mejoras lleguen a las empleadas de las escuelas de gestión indirecta. Desde la plataforma, reclaman que el dinero público destinado a las escuelas infantiles se traduzca en mejores condiciones para las profesionales. “Este año un 10, el que viene un 20”, explican como ejemplo de una posible aplicación progresiva de estos complementos.

Menos niños por aula y más profesionales

La reducción de las ratios y la implantación de la pareja educativa son otras de las demandas centrales de la huelga. Las trabajadoras soportan actualmente una elevada carga de profesional y denuncian que las aulas pueden llegar a estar formadas por 8 bebés, 14 menores de uno a dos años y 20 niños de dos a tres años por educadora. En este sentido, las educadoras ya han conseguido que el Ministerio de Educación haya planteado modificaciones de estas ratios y que se reduzcan estas cifras.

Sin embargo, reclaman que es necesario, además, que se incluya la pareja educativa y que haya dos profesionales de referencia en cada aula. “La pareja educativa permite atender mejor las necesidades de los menores y evitar que una baja deje a una sola trabajadora al frente del grupo”, reconoce Lucía Martínez. “Si una persona está de baja, mañana tiene que haber otra”, añade.

Para las trabajadoras, la falta de personal “repercute directamente en los cuidados” y recuerdan que están defendiendo algo que va “mucho más allá” de sus condiciones laborales: “Estamos defendiendo el derecho de los niños y niñas a recibir la atención, el cuidado y la educación que merecen”, señalan.

Además, desde la plataforma sostienen que las primeras semanas son cruciales porque constituyen el periodo de adaptación con los niños y que los cambios constantes de educadora pueden dificultar la creación de vínculos estables con ellos. “En todo caso, debe haber otra persona que sea de ayuda y que también se convierta en un referente para las criaturas”, afirma Martínez.

Una etapa educativa “crucial”

Las educadoras defienden que el trabajo en las aulas de cero a tres años no se limita a los cuidados básicos, sino que también implica acompañar el desarrollo emocional de los menores, detectar posibles necesidades educativas y trabajar con las familias. “Somos gente muy formada y, por las condiciones que hay, se está perdiendo mucho capital humano que se ve obligado a trabajar en otro sitio para contar con un mejor salario”, lamentan las educadoras.

“Si yo no puedo pagar mis facturas, ¿con qué cuerpo entro yo en clase?”, resume una de las educadoras. Para las trabajadoras, la precariedad laboral termina afectando también a la atención que pueden ofrecer a los menores: “No puedo transmitir calma si no tengo calma”. La falta de unas buenas condiciones, explican “afectan a la atención emocional, a los cuidados y también al trabajo pedagógico que se desarrolla en estas edades”.

La protesta de este miércoles se suma así a cinco meses de huelga y movilizaciones, mientras las educadoras reclaman a la Comunidad de Madrid que abra una mesa de negociación y concrete medidas para mejorar las condiciones laborales del sector. Las educadoras sostienen que “la protesta se mantendrá abierta” hasta tener una respuesta desde la administración regional. 

Cinco meses después de su inicio, la huelga indefinida de las educadoras infantiles en la Comunidad de Madrid continúa con una concentración permanente con pernocta en la Puerta del Sol convocada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) y CGT y con el objetivo conseguir mejoras en las condiciones laborales y salarios dignos para el sector del primer ciclo de infantil.

Desde este lunes y hasta las el jueves 10 de septiembre decenas de educadoras infantiles estarán instaladas en Sol, frente a la sede del gobierno madrileño, para exigir que la Consejería de Educación de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid abran mesas de negociación para la subida de salarios y una bajada de ratios en las aulas. Las educadoras aseguran que “la huelga continuará si no se cumplen estos requisitos”.

La fecha elegida para la protesta no es casual, sino que coincide con el inicio del curso escolar del primer ciclo de infantil, que estará marcado por unos servicios mínimos que condicionarán la adaptación de niños y bebés en las escuelas. Las educadoras, que llevan desde el 7 de abril en huelga indefinida, usan esta fecha para maximizar el impacto de su protesta y forzar una respuesta de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid que llevan cinco meses esperando.

La plataforma recuerda que septiembre es una etapa vital para forjar vínculos con los niños y las niñas y que, con la protesta, muchas están “renunciando” a esa posibilidad, mientras que las compañeras que continúan en las aulas lo hacen “bajo servicios mínimos”. “Deben tener en cuenta que estamos en tiempo de vinculación en el que llegan nuevas familias con nuevos niños y hay menos personal porque gran parte estamos aquí”, señala una de las educadoras instaladas en Sol, quien además incide en “que es importante seguir defendiendo esto porque no solo defendemos nuestros derechos, defendemos los derechos de la infancia y también de las familias”.

Con sillas plegables, sombrillas y abanicos para soportar el sol y las altas temperaturas, la marea amarilla mantiene intactas sus peticiones y reivindican la importancia de su profesión que consideran “imprescindible”. “Creamos unas bases que, si no están creadas, los niños no van a poder llegar a una primaria y una secundaria con dignidad y un acompañamiento respetuoso”, destacan las educadoras. “Esto es muy vocacional, pero la vocación no paga un alquiler o una hipoteca”, recuerdan.

Las trabajadoras de educación infantil llevan cinco meses esperando una respuesta de la Administración, y concretamente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que nunca llega. Las educadoras reclaman que no han tenido la posibilidad de sentarse a negociar con Mercedes Zarzalejo, Consejera de Educación de la Comunidad, a pesar de que, como apuntan, “anunció que lo haría”. “Cuando se enteró de que quien lo convocaba no era un partido, sino un sindicato mayoritario, se echó para atrás”, señalan.

Durante estos meses de movilización, las educadoras indican que solo han logrado que el Ministerio de Educación se comprometa a crear un real decreto para la bajada de ratios en las escuelas infantiles. No obstante, señalan que, desde la Comunidad de Madrid, los pliegos han vuelto a salir con las mismas condiciones salariales que tenían. “Mi sueldo es, ahora mismo, de 1.080 euros”, indica una de ellas, a la vez que insiste en que “no se puede ignorar un conflicto que lleva cinco meses en curso”. “Pedimos que se sienten y negocien, ya que lo que queremos es volver a las aulas”, añade.

En la Comunidad de Madrid, las ratios ordinarias son de una educadora por cada ocho bebés, por cada 14 niños de entre 1 y 2 años y por cada 20 de entre 2 y 3. En estas condiciones, las educadoras infantiles reclaman a la Comunidad de Madrid “meter la pareja educativa”. “No bajan tanto las criaturas por clase, sino que sube el número de trabajadoras en los centros”, explican. Sin embargo, ahora afrontan la vuelta a clase con muchas de las docentes en huelga y, por tanto, con servicios mínimos, lo que eleva todavía más esas ratios y empeoran las condiciones de atención para esos niños.

Las educadoras de 0 a 3 años llevan cinco meses denunciando unas condiciones precarias, que se unen a un malestar generalizado de las trabajadoras de otros sectores de educación que dará lugar a una huelga indefinida que comenzará el 14 de octubre. La huelga se extenderá a nivel nacional y afectará desde las escuelas de educación infantil hasta la Formación Profesional, unificando la lucha de los educadores infantiles con la huelga indefinida que afectará a diferentes sectores educativos.

El último informe PISA (Programme for International Student Assessment, por sus siglas en inglés), con datos de 2025, refleja que Navarra ha sufrido un mayor desplome que la media del país en todas las materias. La caída más dura se ha registrado en lectura, donde el descalabro ha sido de 37 puntos en relación con los datos del pasado informe, del año 2022. La comunidad foral ha pasado de superar a la media española en todas las materias a hacerlo solo en Matemáticas y por apenas cinco puntos de diferencia. Se pueden ver aquí los datos generales de España.

El consejero navarro de Educación, Carlos Gimeno, ha reconocido que los datos del último informe PISA han sido “desfavorables” que ha señalado como una de las causas del descenso “más acusado” en Navarra que la comunidad foral sea la cuarta con mayor tasa de alumnado inmigrante (26,70%), con aproximadamente uno de cada cuatro alumnos. “PISA no da los motivos de los resultados, no es un estudio causal, es un estudio externo sobre tres competencias, es un estudio parcial. No es un estudio que sirva para analizar el sistema educativo”, ha manifestado el consejero, tras incidir en que Navarra cuenta con una tasa de inmigración “tremendamente alta y significativa” que “nada tiene que ver” con “años pretéritos”. “No se pueden comparar churras con merinas”, ha dicho.

Navarra obtuvo en PISA 461 puntos en matemáticas, ubicándose en el nivel 2, por encima de la media de España en esta competencia (457) y prácticamente equiparada con la media de la Unión Europea y del promedio de los países de la OCDE (463 puntos). En el último informe PISA 2022, obtuvo en la competencia matemática una puntuación de 492 puntos, superior a la media española (472), al total de la UE (474) y al promedio OCDE (473).

En Ciencias, Navarra alcanzó en este informe PISA 2025 un total de 472 puntos, situándose también en el nivel 2, mientras que España obtiene una media de 477, la UE 481 y la OCDE 482. En el anterior Informe PISA 2022, Navarra obtuvo 489 puntos frente a los 485 de la media española, la UE y la OCDE.

En competencia lectora, la comunidad foral ha obtenido 441 puntos, ubicándose en el segundo nivel, frente a los 451 puntos de la media española, 459 del total UE y 461 del promedio OCDE. En el informe PISA 2022, Navarra obtuvo 478 puntos, España 474, la UE 475 y el promedio OCDE 476.

Las puntuaciones obtenidas en los cuatro territorios reflejados (Navarra, España, Promedio OCDE y Total UE) son inferiores a las de la edición anterior, observándose un descenso “más acusado” en el caso de Navarra. En el ranking, Navarra ocupa el puesto número 11 en competencia matemática, el puesto número 14 en competencia lectora, y el puesto número 13 en competencia científica.

El informe constata también que se dan peores resultados en los centros de titularidad pública. Navarra es la tercera comunidad, solo por detrás de Euskadi y Madrid, con menor porcentaje de alumnado escolarizado en centros de titularidad pública (62,6%). Según los últimos resultados la brecha entre los dos tipos de centros es de 47 puntos en Ciencias, 53 en Lectura y 38 en Matemáticas.

En cuanto a las puntuaciones medias obtenidas por el alumnado nativo y el alumnado inmigrante en Navarra, en PISA 2025 el informe constata “una diferencia estadísticamente significativa” entre ambos: 488 puntos para el alumnado nativo en Ciencias frente a 449 del alumnado inmigrante, 479 frente a 429 en matemáticas, y 453 frente a 427 en lectura. En este apartado, no obstante, el Informe “constata una importante diferencia” de resultados de puntuación entre el alumnado inmigrante de primera generación (tanto el estudiante como sus progenitores han nacido en un país distinto al de la prueba) y el de segunda generación (el estudiante ha nacido en el país donde se realiza la evaluación, pero sus progenitores han nacido en otro país.

En este aspecto, el alumnado de segunda generación “obtiene unas puntuaciones notoriamente mejores y mucho más cercanas al resultado del alumnado nativo”. Así, en Ciencias, el alumnado inmigrante de segunda generación obtiene 459,3 puntos frente a los 435,3 del inmigrante de segunda generación. En matemáticas, los estudiantes inmigrantes de segunda generación obtienen 441 puntos frente a 412,7 de los de primera generación, y en lectura, 438,8 frente a 410,9.

Finalmente, el Informe PISA 2025 analiza los resultados en función del género del alumnado. Así, las alumnas obtienen 477 puntos en Ciencias frente a 469 los alumnos. En Matemáticas, en cambio, los alumnos obtienen mejor puntuación (466 frente a 457 de las alumnas) y en Lectura las alumnas vuelven a registrar resultados bastante mejores que sus compañeros (457 puntos frente a 425).

Con respecto a PISA 2022, los alumnos pierden la ventaja que tenían de 8 puntos en ciencias; en Matemáticas las alumnas se acercan al rendimiento medio de sus compañeros reduciendo de 143 a 9 puntos la diferencia de los chicos; y en lectura crece la diferencia a favor de las alumnas, que pasan a obtener 32 puntos más frente a los 24 que separaron en PISA 2022 a ambos grupos.

Este verano han coincidido en Cantabria dos procesos de oposición educativa. Por un lado, en Enseñanzas Medias, salían unas plazas resultantes de renuncias del llamado concurso de estabilización, convocadas en 2025 con el sistema tradicional. Por el otro, en Maestros, se está poniendo en práctica por primera vez los cambios que provocaron las movilizaciones de interinos a finales del año pasado.

En ese contexto, STEC, sindicato mayoritario de la educación pública, ha decidido realizar una encuesta entre el colectivo interino de Cantabria, principal afectado, para que valoraran si prefieren una u otra tipología de oposición. Más de 700 docentes, que en su mayoría han pasado por la experiencia, han dado su opinión en una encuesta realizada en el principal canal de mensajería docente de Cantabria (t.me/stecinterinos) durante la primera mitad del mes de agosto.

Una de las grandes modificaciones tiene que ver con la periodización de las pruebas. Mientras las oposiciones “tradicionales” ya han concluido con el nombramiento del profesorado seleccionado, a las oposiciones “estilo Silva” les falta aún toda la segunda parte y no ha comenzado siquiera a ser corregida la primera. Esto genera una gran incertidumbre entre las personas opositoras, que no sabrán hasta finales de año si han superado o no la primera prueba, por lo que están pasando sus vacaciones sin saber si continúan o no inmersas en el proceso. Por ello, desde el STEC propusieron nombrar algún tribunal más, para al menos corregir la parte A antes de agosto. Planteadas las dos opciones, solo el 9% del personal interino está de acuerdo con la modificación impuesta por la Consejería en los tiempos.

Otra medida polémica fue la de generar plazas voluntarias en los tribunales, de forma que la mayor parte estuviera designado por la Adminstración. Esto generó fuertes críticas de los sindicatos docentes, que consideran que el método por sorteo garantiza mejor la independencia del tribunal. El planteamiento tampoco ha contado con el seguimiento docente, pues solo se presentaron 7 voluntarios de las 52 solicitudes necesarias para cubrir los tribunales establecidos. Pero sobre todo, ha sido rechazado masivamente por el personal interino, que solo comparte esta modificación en un 5%.

También se ha dejado de guardar la nota de las dos últimas convocatorias para las listas de interinidad si no se supera la prueba. Sin embargo, se permite traer la nota desde otras CCAA, sin necesidad de demostrar ningún conocimiento del sistema educativo o el currículo cántabro. Esto solo parece bien al 7% del colectivo interino.

Por último, desde el STEC planteábamos que la publicación anticipada de rúbricas y criterios de calificación mejoraría y aportaría garantías, tanto a la preparación como a la corrección de las pruebas. Llegamos incluso de elaborar un modelo concreto, como los que salen en alguna otra comunidad con la propia convocatoria. Ha sido la medida que más consenso ha suscitado, con un 95% de apoyo (667 votos) y solo el 3% indiferente (23 votos), con un 2% (11 votos) de “no sabe / no contesta”.

“Lo que en la teoría parecían cambios negativos que empeorarían el proceso, se ha confirmado en la práctica como cambios negativos que empeoran el proceso. No lo decimos solo desde las organizaciones sindicales, es que lo señala la abrumadora mayoría de las personas opositoras”, indican desde el STEC tras publicar los resultados. Una Consejería que velara por el mejor sistema posible se reuniría con las organizaciones sindicales para revertir los cambios contraproducentes, intentando mantener lo que se haya valorado positivamente, pero con los precedentes conocidos durante esta legislatura, nos tememos que quieran perpetuarlos.

Cantabria ha sido una de las comunidades que este miércoles no ha participado en la Conferencia Sectorial de Educación, algo que ha hecho “como muestra de solidaridad” con aquellas comunidades en situación de emergencia por los incendios forestales.

“En estos momentos es prioritaria la gestión de la emergencia en estas comunidades”, han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería que dirige el popular Sergio Silva, en relación a la ausencia de las CCAA del PP a dicho encuentro, un gesto que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha calificado como “boicot”.

Desde la Consejería, han indicado que Cantabria, en solidaridad con la situación que padecían algunas comunidades por los incendios, se había sumado a la petición de aplazamiento que hicieron varios territorios.

Y ha indicado que, “ante la negativa” de acceder a esta petición, “se ha considerado que la conferencia debería aplazarse para celebrarse en otro momento en el que todas las comunidades pudiesen participar y que todas las administraciones implicadas puedan participar en este órgano en las mejores condiciones posibles, entendiendo que en estos momentos es prioritaria la gestión de la emergencia en estas comunidades”.

El Ministerio censura el “boicot” de las CCAA del PP

Por su parte, el Ministerio ha tildado de “boicot” la actitud de las comunidades del PP por no asistir a la sectorial “sin razón objetiva” que impidiera su participación en esta reunión.

En este sentido, el departamento que dirige Milagros Tolón ha lamentado que algunas comunidades autónomas hayan optado por no participar en una Conferencia Sectorial para la que, a su juicio, “existían fórmulas que permitían compatibilizar las obligaciones propias de los responsables autonómicos con el ejercicio de sus responsabilidades institucionales”.

Ha explicado que el Ministerio decidió mantener la reunión, entre otros motivos, por “la necesidad de aprobar la distribución territorial de 31.296.070 euros destinados al impulso y la calidad de la Formación Profesional”.

Para el Ministerio, “retrasar ese acuerdo supone retrasar también la llegada de esos recursos a las comunidades autónomas y, por tanto, dificultar su gestión y la puesta en marcha de actuaciones que benefician al alumnado, al profesorado y al conjunto del sistema educativo”.

Del mismo modo, en el orden del día se incluía el estudio y, en su caso, aprobación, del Plan Estratégico de Educación Inclusiva, una herramienta consensuada con el conjunto de la comunidad educativa para favorecer el avance del sistema hacia una educación inclusiva, equitativa, accesible y de calidad.

Además, también estaba previsto informar sobre la reforma de la educación de 0 a 3 años y de los avances que se han producido, “dando respuesta con ello a las demandas de las profesionales y de las familias en este ciclo formativo”, según apunta Educación.

“Todas estas decisiones quedan ahora en suspenso debido a una incomprensible falta de lealtad institucional por parte de algunas comunidades autónomas que hacen un uso partidista y arbitrario de la Conferencia Sectorial de Educación, demostrando con ello su falta de interés por la educación inclusiva, la Formación Profesional o la educación de 0 a 3 años”, ha criticado el Ministerio.

Además, destaca que algunas comunidades comunicaron su intención de no participar en la Conferencia “apenas una hora antes de su celebración”.

“Desde el primer momento, el Gobierno de España está volcado en la lucha contra los incendios. Está dirigiendo directamente la emergencia y mantiene también un amplio despliegue de medios estatales para apoyar las tareas de extinción y protección de la población. Mientras tanto, continúa ejerciendo con normalidad las responsabilidades que tiene encomendadas para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y el desarrollo de las políticas que afectan al conjunto de la ciudadanía”, agrega el Ministerio.

En este punto, recuerda que este martes se celebró “con normalidad y sin impedimento” la Conferencia Sectorial de Transportes convocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; e insiste en que la convocatoria “contemplaba la posibilidad de asistir por medios telemáticos y, además, cada comunidad autónoma podía delegar su representación en la persona que considerara más adecuada si las circunstancias impedían la asistencia de su consejero”.

“Este Gobierno gobierna para la gente, trabajando cada día para dar respuesta tanto a las emergencias como a las necesidades cotidianas de la ciudadanía. Otros, desgraciadamente, han preferido convertir un órgano de cooperación institucional en un instrumento de confrontación y boicot”, ha reprochado el Ministerio.

La Junta de Personal Docente ha presentado este jueves la campaña “Por la Pública”, una iniciativa que busca canalizar “el malestar creciente de familias, estudiantes y docentes de Cantabria” ante una gestión de la Consejería de Educación marcada por los recortes y la falta de diálogo.

Esta movilización se produce como una respuesta a las demandas ya planteadas por el profesorado de los centros; de hecho, la cifra de apoyos sigue creciendo y ya son 92 los claustros de toda la red educativa pública que han suscrito el documento reivindicativo conjunto.

Uno de los ejes de la denuncia sindical se sitúa en la gestión de los datos de escolarización, donde acusan a la Consejería de ejercer “una absoluta falta de transparencia con el objetivo de manipular la percepción pública y justificar la supresión de unidades”. Según han detallado los portavoces Conchi Sánchez (CCOO), Diegu San Gabriel (STEC) y Rus Trueba (ANPE Cantabria), mientras que en el proceso ordinario de matriculación se publican listas de admitidos y no admitidos en plataformas como EduCantabria, en el proceso extraordinario esta información se oculta sistemáticamente.

Los equipos directivos y las familias se encuentran ante un muro informativo que les impide conocer cuántas solicitudes reales existen para cada centro y dónde se están denegando plazas. Esta opacidad es calificada por la Junta como “inédita”, ya que nunca antes se había negado la matriculación en centros públicos en periodo extraordinario bajo el argumento de suprimir líneas en la propia localidad.

Los sindicatos denuncian que se está enviando a las familias el mensaje de que “no pueden matricularse ahora y deben esperar a septiembre”, lo que genera una incertidumbre deliberada que empuja a los padres a buscar alternativas fuera de la red pública, principalmente en centros privados-concertados.

Emplazamiento urgente al consejero Sergio Silva

Ante lo que consideran una situación límite, la Junta de Personal Docente ha lanzado un mensaje directo al responsable de Educación, Sergio Silva. Los representantes sindicales le han convocado públicamente para el próximo miércoles 29 de julio a las 10:30 horas en la sede de la Consejería. El objetivo de este encuentro es forzar el inicio de unas negociaciones que “llevan estancadas más de un año y medio”, según los docecntes.

El dato esgrimido por los sindicatos es contundente: se cumplen 548 días desde la última reunión mantenida para negociar la extensión de la bajada de ratios, celebrada el 21 de enero de 2025. Durante este tiempo, la administración no ha dado respuesta a las constantes propuestas e invitaciones para retomar el diálogo, a pesar de que la bajada de ratios en todas las etapas educativas fue un compromiso de legislatura del actual Ejecutivo, ha recordado Diegu San Gabriel.

Los portavoces de la Junta han advertido que, si el consejero no acude a la cita o no ofrece soluciones concretas, se procederá a anunciar el calendario de movilizaciones.

Recortes políticos: 94 grupos y 100 docentes menos

La campaña 'Por la Pública' pretende denunciar que los recortes previstos por la Consejería para el próximo curso no responden a causas demográficas naturales, sino a decisiones políticas deliberadas. A falta de conocer la propuesta definitiva de cupos, la administración pretendería suprimir 94 grupos escolares y más de un centenar de plazas de profesorado entre centros de Primaria, ESO y Bachillerato en toda la región.

Para los sindicatos, el argumento de la bajada de la natalidad es una “excusa” que se aplica de forma discriminatoria. Mientras se cierran líneas en la red pública bajo este pretexto, se mantienen intactos los conciertos con la educación privada, incluso en centros que presentan cifras de matriculación con las que se están eliminando unidades en la pública.

Este “doble rasero” está afectando gravemente a localidades como Colindres, Laredo, Barreda y Torrelavega (Sierrapando), donde las AMPAS ya han iniciado recogidas de firmas y movilizaciones para defender sus colegios, han recordado.

La “secundarización” de la Primaria

Otro de los puntos más alarmantes señalados durante la presentación de la campaña ha sido el impacto pedagógico de estos recortes, especialmente en los cursos de primero y segundo de Primaria. Los sindicatos alertan de un fenómeno que denominan la “secundarización” de la Primaria: debido a la falta de personal y a la supresión de puestos, se está privando a los alumnos más pequeños de una figura de tutor de referencia fija, según ha explicado la portavoz de CCOO, Conchi Sánchez.

“En lugar de contar con un docente que lidere el proceso de transición desde Infantil, los niños de apenas seis años se encuentran con aulas por las que pasan hasta siete docentes diferentes”, ha detallado. Especialistas de música, inglés o educación física, junto a otros profesores con “horas sueltas”, asumen funciones tutoriales de forma fragmentada. Esta situación, que ya comenzó a detectarse el curso pasado, se agravará considerablemente si se mantienen los cupos actuales, suponiendo lo que la Junta define como una “absoluta bajada de la calidad educativa” y un perjuicio directo para el alumnado más vulnerable, ha incidido Sánchez.

Burocracia y extraescolares: compromisos incumplidos

La campaña no solo se centra en las ratios y los recortes, sino que exige además el cumplimiento de los acuerdos firmados anteriormente. Los sindicatos denuncian que han pasado dos años desde que se fijó en el cronograma oficial la negociación para la reducción de la burocracia docente, sin que se haya celebrado ni una sola reunión al respecto. Los docentes se ven “sepultados por tareas administrativas” que les restan tiempo para la atención directa al alumnado.

Asimismo, la regulación de las actividades extraescolares sigue siendo una asignatura pendiente. A pesar de haber registrado cerca de 3.000 firmas de docentes en marzo de 2025 reclamando un marco jurídico que aporte seguridad a profesores y alumnos, la Consejería no ha mostrado voluntad de avance tras 16 meses de espera, han lamentado.

Para la Junta, es una cuestión de voluntad política, ya que muchas de estas regulaciones no dependen de partidas presupuestarias, sino de la disposición al diálogo del consejero Silva, a quien han acusado de ser “incapaz de llegar a acuerdos”.

El “doble rasero” de las aulas con pocos alumnos

De otro lado, la Junta de Personal Docente ha cuestionado la supuesta insostenibilidad de las aulas con diez alumnos, denunciando que este argumento varía arbitrariamente según se trate de la red pública o la concertada.

Mientras la Consejería justifica la supresión de unidades en centros públicos alegando falta de demanda, mantiene vigentes conciertos educativos en centros privados con cifras similares -como ocurre en el caso de La Salle en Los Corrales-, lo que evidencia un “doble rasero” en la gestión de recursos, han argumentado.

“Hay muchos factores a la hora de proponer la supresión de unidades de la escuela pública. En un colegio de una localidad rural, alejada de entornos urbanos, ¿hacemos a esas familias trasladarse a un núcleo urbano?”, ha cuestionado Rus Trueba (ANPE). “No se nos olvide que la escuela pública es la garante de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas. Es nuestro deber y nuestra obligación que esa red se mantenga y en las mejores condiciones posibles. No se trata únicamente de hacer matemáticas”, ha añadido.

Hacia una nueva “marea verde”

La Junta de Personal Docente ha concluido con un llamamiento a toda la sociedad cántabra para que se sume a esta nueva “marea verde”. El objetivo es hacer confluir las protestas de las AMPAS, los equipos directivos y los sindicatos en un frente común que exija “aulas con menos alumnos, docentes con mayor dedicación” y una defensa firme de los recursos públicos.

“Es hora de demostrar con hechos la disposición al diálogo que se pregona”, han sentenciado los representantes de STEC, ANPE y CCOO, recordando que el papel del consejero es, ante todo, velar por la enseñanza pública de su comunidad. La cita del próximo miércoles 29 de julio se presenta para ellos como decisiva en un conflicto que amenaza con enturbiar el inicio del próximo curso escolar si no se producen avances reales en las demandas de los 92 centros que ya se han sumado a las reivindicaciones.

El consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha ratificado el “compromiso” del Gobierno regional para destinar ayudas a las diferentes administraciones para la climatización de centros escolares frente a las críticas de algunos consistorios, las protestas registradas en Toledo y Talavera de la Reina y la intención anunciada por el sindicato Comisiones Obreras de denunciar ante la Inspección de Trabajo por el incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales.

Preguntado por los medios por esta cuestión, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, el consejero ha reconocido que ha habido “reproches” por parte de diferentes administraciones con respecto a las competencias en esta materia, pero ha puesto encima de la mesa que las convocatorias de ayudas para la climatización, hasta tres, han tenido una “alta respuesta” por parte de más de 300 ayuntamientos “que no han cuestionado ni las competencias ni las titularidades, simplemente han aprovechado esta disposición de fondos”.

Respecto a la situación en Talavera de la Reina, ha referido que ha sido uno de los ayuntamientos que ha pedido las ayudas para la climatización de centros, concretamente la tercera convocatoria que se resolverá en breve, por lo que entiende que con la concesión de estas ayudas “rápidamente se podrán climatizar los centros educativos”.

En este contexto ha invitado a los consistorios a que “reconsideren determinadas posturas”. “Muchos de los colegios son utilizados en verano para las escuelas y campamentos urbanos en los meses de julio y agosto, por lo que invito a una corresponsabilidad en la climatización, al margen de la labor propia del gobierno regional, que está cometiendo la climatización paulatina de los centros de Secundaria, priorizando aquellos en los que precisamente se van a celebrar este próximo sábado las oposiciones al cuerpo de maestros”, ha concluido.

La Consejería de Educación sustituirá la “obsoleta” plataforma educativa Yedra por una nueva que será “mucho más intuitiva y operativa” y que mediante el uso de inteligencia artificial (IA) permitirá una gestión “interoperativa” de los datos que simplificará la burocracia educativa.

En concreto, implementará el software Séneca, ofrecido por la Junta de Andalucía “libre y gratuitamente” a Cantabria, y que facilitará a los docentes la introducción de datos en el sistema y a las direcciones generales la recopilación de los mismos para abordar asuntos como la escolarización o la bajada de ratios, por ejemplo.

Así lo ha anunciado este martes el consejero del ramo, Sergio Silva, antes de la celebración del tercer comité de directores del curso 2025-2026, en el que ha detallado esta mejora a los responsables de los casi 300 centros de la región.

Silva ha explicado que actualmente la Consejería realiza un trabajo “casi artesanal” para recabar los datos, por lo que el cambio resulta “imprescindible”, ya que la futura plataforma aporta “rapidez”.

En este sentido, Educación trabaja con una hoja de ruta “a tres o cuatro años” para cambiar tanto el hardware como el software, tiempo suficiente para “aterrizar” el nuevo sistema, en un proceso que afectará “mucho” a los centros y a las familias, tras más de dos décadas con Yedra.

En un primer momento, el Ejecutivo valoró si se podía escalar el sistema actual para adaptarlo a las necesidades de gestión educativa, pero los técnicos informáticos del Gobierno han dicho “claramente” que no es operativo y que es necesaria una nueva plataforma, ha señalado Silva.

Para la elección del futuro sistema, la Consejería ha contactado con diferentes comunidades autónomas para conocer sus modelos e incluso el consejero y el director general de Calidad Educativa, José Luis Blanco, viajaron a otras regiones.

En esas visitas, comprobaron que el modelo “más avanzado” es Séneca, ha insistido Silva, quien ha asegurado que la Junta de Andalucía ha realizado una gestión “muy altruista” de la cesión de su software, ya que ha explicado a Cantabria cómo funciona y se lo ha cedido “libre y gratuitamente”.

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha informado que tras la publicación este viernes de las listas definitivas del proceso de escolarización para el curso 2026-2027 se estima una bajada de aproximadamente mil solicitudes respecto al mismo proceso del año pasado.

Silva ha señalado que esto supone un 15% menos, lo que conllevará la pérdida de unas 50 clases, sobre todo en las zonas rurales, y ha achacado esta circunstancia a la baja demografía.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la mesa sectorial del ámbito, en la que ha pedido coger estas cifras “con cautela” puesto que se trata de una estimación.

Al respecto, ha afirmado que “normalmente” estos números “van mejorando” en función de las escolarizaciones extraordinarias o incorporaciones tardías al sistema educativo.

“En contra de lo que piensa mucha gente, el proceso de escolarización no es cerrado, sino que se mantiene vivo durante todo el año”, ha defendido.

Según ha detallado el consejero, con estos datos -de alumnos de nuevo ingreso o que cambian de centro-, y dentro del escenario “más desfavorable”, del total de 3.000 clases que hay entre las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, se perderán en torno a 50, un 1,8%.

Y ha destacado que desde su departamento creen “necesario” abordar este tema con las organizaciones sindicales porque “pone de relieve algo de lo que llevamos hablando mucho tiempo, que es ese reto de la pérdida demográfica y, por lo tanto, de la pérdida de alumnos”, ha resumido.

En este sentido, el titular de Educación se ha referido a que la bajada “progresiva” de ratios en las aulas y que su Consejería sea “sensible” a esta realidad ha llevado a que “no se hayan tenido que tomar decisiones importantes en cuanto a la viabilidad de los centros”.

Aunque ha insistido en que si hay en torno a 3.000 nacimientos anuales, es “innegable” que eso “se está trasladando al sistema educativo”.

Al respecto, Silva se ha referido a estudios del Consejo Escolar o de fundaciones como la de Ramón Areces, que hablan que “de aquí al 2035 el sistema educativo de Cantabria puede perder aproximadamente entre un 20 y un 25% del alumnado que tiene en el tramo Infantil-Secundaria”.

El curso escolar 2026/2027 en Castilla-La Mancha comenzará el próximo 8 de septiembre, un día después de lo planificado previamente.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se quejaba de que empezar el 7 de septiembre “no es pedagógico” y celebra “la presión ejercida” ante la Consejería de Educación.

“Nuestras exigencias han sido finalmente escuchadas en dos aspectos clave para el bienestar de la comunidad educativa: se ha conseguido retrasar un día el inicio de curso, fijándolo el 8 de septiembre (segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional, así como Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas y Educación para Adultos) y se ha logrado que el 8 de enero sea declarado día festivo”, exponen desde el sindicato.

Para ellos una reivindicación “irrenunciable” para facilitar una reincorporación “lógica” tras las vacaciones de Navidad. Como consecuencia de este reajuste, la finalización del curso lectivo se trasladará al 22 de junio.

“Consideramos que estas concesiones son una clara victoria del trabajo y la insistencia sindical. Este día extra en septiembre, aunque mínimo, ofrece un ligero respiro a los equipos directivos y al profesorado para la siempre compleja planificación de los primeros compases del curso”, expresan.

FP y Educación de Adultos

A pesar de haber conseguido que el inicio de curso se postergase un día y conseguir un día extra tras las vacaciones navideñas, CSIF considera que “la Administración sigue sin entender ni atender las necesidades específicas de ciertas etapas educativas”.

Apuntan que tanto en Formación Profesional (FP) y Educación de Adultos deberían comenzar las clases más tarde: “Las particularidades de sus procesos de matriculación, las adjudicaciones y su compleja organización técnica requieren de unos tiempos técnicos que la fecha del 8 de septiembre sigue sin respetar. Esta falta de previsión volverá a sobrecargar de burocracia y estrés a los docentes implicados en el arranque del curso en estas enseñanzas”, explican.

El consejero navarro de Educación ha negado este miércoles sentirse “desautorizado” después de que la pasada semana el Parlamento foral aprobara con la abstención de Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo de María Chivite, una proposición de ley de UPN para tumbar la resolución de Educación que retiraba el concierto educativo a 14 aulas de la privada por la caída de la natalidad. “Todo lo contrario, me siento un privilegiado”, ha solemnizado Carlos Gimeno, que ha asegurado que ha tenido el respaldo “desde el principio hasta el final” tanto de la presidenta como de otros miembros del Gobierno navarro “por una causa absolutamente justa que es trabajar por la escuela pública”.

“Desde el primer día mi puesto está absolutamente a disposición de la presidenta del Gobierno y nunca he temido por mi puesto, insisto, he tenido el respaldo de la presidenta del gobierno en toda esta cuestión y yo se lo agradezco públicamente”, ha añadido el consejero Gimeno, que el pasado jueves quedó señalado tras la aprobación de la ley de UPN con el respaldo de Geroa Bai y el socio presupuestario del Gobierno, EH Bildu, que se abstuvieron.

Tanto Geroa Bai como EH Bildu acusaron al cnsejero de Educación de haber aprobado una resolución sin contar con mayoría parlamentaria y sin haber negociado previamente. Gimeno ha respondido este miércoles que ese es un “error de concepto”.  “Cuando se hace una resolución con unos criterios técnicos enmarcados en la ley, se hacen teniendo en cuenta que hay un marco, que es el acuerdo programático. Si luego se ha discrepado sobre esa cuestión, pues es una circunstancia que creo que no me compete en ese sentido. Es una cuestión que ya compete a los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo, que creo que han solventado perfectamente esta cuestión”, ha apuntado.

En este sentido, ha añadido que lo que ha hecho el Departamento que él lidera es “poner en la agenda social, educativa y política de esta comunidad una injusticia que se estaba o que se está estableciendo en contra de la escuela pública”. “Creo que eso ya es una circunstancia importante para poder contemplar en las planificaciones educativas y en las mesas de trabajo y en las circunstancias que se establezcan por los grupos parlamentarios”.

Califica de “embrollo” la ley que blinda los conciertos

El consejero de Educación también ha avanzado que el Departamento trabaja ya con la asesoría jurídica del Gobierno para hacer “una aplicación lo más adecuada posible” de la ley de UPN que blinda los conciertos educativos. Según ha añadido, se están encontrando con “un embrollo” y “dificultades” para ver la forma en la que se va a aplicar la norma.

“Existen muchas dudas en la aplicación de la ley y puede repercutir en varias cuestiones, como en la adjudicación de actos para los destinos de los funcionarios, del profesorado, en la adjudicación de las plazas, en la planificación del Departamento. Existen varios aspectos que hay que resolver y estamos en ello”, ha dicho.

En cuanto a la posibilidad de tener que repetir el proceso de matriculación, ha respondido que “sí que va a haber una reasignación de plazas derivadas de la ley”. “Existe un riesgo cierto de poder hacer otra reasignación de plazas por, de alguna manera, fallos judiciales que se pueden producir en los próximos días”, ha indicado.

En respuesta a si quienes ya tienen la plaza asignada en el centro que deseaban en su primera opción van a ver en riesgo su plaza, Gimeno ha señalado que “no”, ya que “esta primera reasignación es una reasignación pacífica, por el hecho de que hay sobreabundancia de plazas”. “Por lo tanto, entiendo que será ir a la plaza que ellos desean, pero también hay fallos que se pueden establecer por el TSJN, que son recursos que están ahí, que por lo tanto no sabemos cómo se van a resolver y puede haber ese riesgo de volver a readmitir o poder reasignar esas plazas”, ha dicho.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde en su reunión de este jueves al acuerdo alcanzado entre la Consejería de Educación y los sindicatos docentes para la mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado.

El acuerdo, firmado el 19 de marzo tras año y medio de negociaciones, contempla la recuperación y actualización de mejoras salariales pendientes desde el año 2008, concretamente el tramo retributivo cuya aplicación quedó suspendida como consecuencia de las medidas adoptadas durante la crisis económica.

El Gobierno de Cantabria procede ahora a restablecer este incremento actualizado conforme al IPC, lo que se traduce en una mejora consolidada de las retribuciones del profesorado de 60,23 euros mensuales. Esta medida tendrá efectos retroactivos desde septiembre de 2025 y se abonará a partir de julio de 2026.

A esto se suma un calendario progresivo de incrementos retributivos adicionales hasta el año 2029, que permitirá alcanzar una mejora total consolidada de 180,23 euros mensuales, con carácter lineal y general para todos los cuerpos docentes no universitarios.

El acuerdo incorpora asimismo una revisión del sistema de reconocimiento de la formación permanente del profesorado a través de los denominados sexenios. Se establecen nuevas cuantías más elevadas y un modelo reforzado que incrementa la exigencia formativa -hasta 130 horas acreditadas- y mejora la progresión económica a lo largo de la carrera docente.

Esta medida permitirá incrementar las retribuciones asociadas a la formación, con mejoras adicionales de hasta 158,37 euros mensuales, vinculadas al desarrollo profesional continuo y a la mejora de la calidad educativa.

Además de las mejoras retributivas, el acuerdo contempla actuaciones complementarias orientadas al bienestar y desarrollo profesional del profesorado, como la promoción de políticas de salud laboral, el análisis de nuevos complementos específicos para determinados colectivos, especialmente en el ámbito de la Formación Profesional, y la creación de una comisión de seguimiento que garantice la correcta implantación de las medidas hasta 2029.

El acuerdo que este miércoles habían alcanzado in extremis PSN y Geroa Bai sobre la concertada para evitar una grave crisis interna entre los socios del Gobierno de María Chivite ha saltado por los aires en cuestión de minutos. La coalición de Socialverdes y el PNV dice ahora que ve “peligrar” el acuerdo por las discrepancias surgidas a la hora de plasmar “negro sobre blanco” lo pactado en relación con la ikastola de Estella, una de las afectadas por el cierre de aulas anunciado por el consejero Carlos Gimeno, motivado por la caída de la natalidad, y que ha propiciado la brecha entre los socios.

Este jueves se va a votar en el pleno del Parlamento de Navarra una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años. Geroa Bai, que había amagado con apoyarla porque afectaba a varias ikastolas, alcanzó un acuerdo este miércoles con el PSN para no hacerlo. Pero ahora, desde la coalición aseguran que “no se dan garantías suficientes para el cumplimiento de los acuerdos que Geroa Bai había puesto encima de la mesa”. “A estas horas y ante la posición del PSN, desde Geroa Bai no vemos posible llegar a un acuerdo antes del pleno de mañana, salvo cambio de postura del PSN”, apostillan.

Según informa Geroa Bai la discrepancia ha surgido en torno a la ikastola de Estella, en la que seis alumnos no han sido admitidos porque Educación únicamente ha renovado el concierto para un aula de 25 alumnos, cuando recibieron 31 solicitudes. Geroa Bai ha exigido que se concierte una segunda aula, cuestión que el PSN rechaza con la actual demanda de plazas porque ello implicaría que esta escuela privada contase con mejores ratios que la pública. En el acuerdo alcanzado el mediodía de este miércoles se incluyó el siguiente punto: “Se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite”. Es decir, los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años.

“En lo referido a las dos aulas que solicita la ikastola de Lizarra con 31 preinscripciones, a requerimientos de esta coalición y a la hora de formalizar el acuerdo, negro sobre blanco, nos encontramos con que la voluntad y propuesta del PSN dista con mucho de la solución planteada por Geroa Bai, que ya viene avalada en jurisprudencia del Tribunal Supremo”, sostienen desde Geroa Bai.

El PSN pide a Geroa Bai que “recapacite” y “mantenga su compromiso”

Desde el PSN, por su parte, defienden que habían alcanzado un acuerdo con Geroa Bai que ratifican. Así, piden a sus socios de coalición que “recapaciten y mantengan su compromiso”.

“El PSN no puede aceptar que, una vez cerrado el acuerdo político, se pretenda incorporar al mismo cuestiones que deben ajustarse al marco legal vigente”, apuntan los socialistas.

El consejero de Educación ha declarado en varias ocasiones que la retirada del concierto a las 14 aulas era irreversible y alertó de que la proposición de UPN tiene visos de “inconstitucionalidad” y que de aprobarse obligaría a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, añadió.

PSN y Geroa Bai han alcanzado in extremis un acuerdo sobre el concierto educativo a aulas de la escuela privada y evitarán así una importante fractura entre los socios del Gobierno de María Chivite. En menos de 24 horas se va a votar en el pleno del Parlamento de Navarra una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio de los socialistas, había amagado con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos, pero no lo hará tras haber logrado un acuerdo con el PSN.

En virtud del acuerdo alcanzado no se modificará la resolución del Departamento de Educación en lo relativo al cierre de las 14 aulas de tres años en Educación Infantil por la caída de la natalidad. Pero “se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite”. Es decir, los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años.

Además, se añade que “todos los centros sostenidos con fondos públicos podrán participar en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”, por lo que si una de las aulas que ha sido cerrada, lograse nuevas matrículas antes de agosto, se abriría de nuevo.

Asimismo, durante el segundo semestre de 2026, se pondrá en marcha un plan de trabajo para el análisis del futuro del sistema educativo navarro, “desde la premisa de la defensa de la educación pública como eje vertebrador del sistema”. Con este fin, se constituirá una mesa de trabajo que analizará “el impacto que la evolución demográfica y otros condicionantes -como la despoblación o los flujos migratorios- tienen sobre el sistema educativo”.

Esta mesa examinará, entre otras cuestiones, la legislación vigente y futura, las medidas orientadas a la diversidad, las ratios, la financiación, la calendarización de las medidas, el plan de infraestructuras necesarias, el impacto de la expansión de la oferta educativa del modelo D en el modelo cooperativo de Ikastolas, el profesorado, “así como cualquier otra cuestión que planteen sus integrantes”.

La mesa también abordará el seguimiento e impulso del estado de ejecución de los acuerdos recogidos tanto en el acuerdo programático como en los acuerdos presupuestarios, así como el análisis de las medidas y proyectos legislativos “necesarios” y su calendarización, con el objetivo de “avanzar hacia la mejora del sistema educativo navarro financiado con fondos públicos”.

A los socios de Gobierno, que han celebrado la consecución de un acuerdo “de mínimos” les falta ahora el apoyo de EH Bildu, que también había amagado con apoyar la proposición de UPN para evitar el cierre de aulas en ikastolas. De lograrlo, la proposición de UPN saldría rechazada en el pleno.

UGT Castilla-La Mancha denuncia que las enseñanzas de idiomas en las Escuelas Oficiales están sufriendo “deterioro” provocado por las “políticas impuestas” por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que radican en “un recorte generalizado de profesorado y alumnado”.

Expresan que estos centros se encuentran en una situación “crítica”. En una encuesta realizada por el sindicato, donde han participado equipos directivos, refleja “el rechazo unánime a las políticas de remodelación de estas enseñanzas, las cuales no han sido negociadas en ninguna mesa sectorial, a pesar de las reiteradas peticiones de UGT y de su solicitud de convocatoria de una mesa técnica”.

El 100% de los equipos directivos muestran disconformidad

UGT Castilla-La Mancha exige “el fin al bloqueo negociador y la convocatoria inmediata” de esa mesa técnica para “frenar una deriva que está lastrando la calidad de la enseñanza pública de idiomas y sobrecargando a los docentes de la región”.

Según la encuesta de UGT Servicios Públicos, “ningún centro aprueba las políticas y remodelación de enseñanzas de la Consejería, hasta el punto de que el 100% de los equipos directivos encuestados muestran claramente su disconformidad, así como el 92% de los claustros -habiendo división de opiniones en el otro 8%-”. Entre las medidas más criticadas destacan el aumento de ratios mínimas y la creación de grupos mixtos e híbridos.

El 100% de los equipos directivos encuestados señalan, además, que el impacto es negativo o muy negativo, recalcando que han contribuido a la disminución del número de grupos y del alumnado (92%), a la disminución del profesorado (100%) y al aumento de la carga de trabajo del equipo directivo y del resto del personal docente (85%), provocando todo esto una disminución de la calidad de servicio (77%), según informa el sindicato.

También se destaca “la falta de negociación por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes”. El 46% de los equipos encuestados piensa que nunca se atiende a sus sugerencias y el 54% considera que sólo “alguna vez”. Además, desde UGT trasladan que a partir de esa encuesta, el 100% de las Escuelas Oficiales de Idiomas expresan su desacuerdo con que no se convoque una mesa técnica con las organizaciones sindicales que les representan.

UGT urge al Ejecutivo regional a que “no mire hacia otro lado, que asuma su responsabilidad con respecto a la situación actual de la Escuelas Oficiales de Idiomas y que inicie una verdadera negociación para impulsar una educación pública y de calidad en estos centros”.

La Junta de Castilla-La Mancha responde: “Hay que ajustar las plantillas de profesorado”

La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha indicado que la asignación del profesorado en las escuelas de idiomas de la región se realiza en función de “la reducción de nuevas matrículas constatada en algunos centros”.

“Hay que ajustar las plantillas de profesorado”, ha defendido Padilla, que ha descartado por contra que la merma de alumnos sea consecuencia de una reducción del profesorado.

Los socios del Gobierno de Navarra apuran las negociaciones para tratar de evitar la que sería una de las grandes crisis de la coalición desde que María Chivite es presidenta. El jueves se votará en el pleno del Parlamento foral una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, amagan con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que la situación, a tres días de que se celebre la votación, es “grave” porque todavía no hay acuerdo entre los socios y porque, de aprobarse la proposición de los regionalistas, Educación se vería obligada a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, alertaba hace unos días el consejero. Además, un informe de Educación también apuntó que la propuesta de UPN tiene “visos de inconstitucionalidad”.

Con todo, los socios de Chivite confían en llegar a un acuerdo antes del jueves para impedir una victoria de la oposición de derechas con el apoyo de Geroa Bai y EH Bildu —bastaría con que se abstuvieran—, que generaría una importante brecha en el seno del Gobierno. “Encontraremos un punto de acuerdo seguro”, ha asegurado la portavoz del PSN en el Parlamento, Ainhoa Unzu. “Aspiramos a llegar a un acuerdo”, ha apostillado Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai.

Pero las negociaciones no están siendo fáciles. Las partes han marcado unas líneas rojas contrarias entre sí. Mientras Geroa Bai y EH Bildu exigen que no se cierren las 14 aulas a las que el consejero Gimeno anunció que retiraría el concierto por la bajada de la matrícula en 700 niños y niñas, el PSN y Contigo/Zurekin aseguran que se mantendrán en lo pactado en el acuerdo de Gobierno, en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Esta ley nace para blindar intereses concretos de la educación concertada”, ha criticado la portavoz socialista, que ha dicho que le resulta “difícil de digerir” que Geroa Bai y EH Bildu puedan apoyarla porque afecte a las ikastolas. Así, ha apuntado que uno de los principales escollos está siendo la situación que se ha dado en la ikastola de Estella, donde seis alumnos se han quedado sin plaza por el cierre de una segunda línea en el aula de tres años. “La red pública es la que está absorbiendo en estos momentos la demanda de la enseñanza en euskera, especialmente en las zonas rurales”, ha defendido.

“Mientras exista una zonificación del euskera en Navarra, mientras los derechos lingüísticos vengan determinados por el código postal, mientras la enseñanza en euskera no esté normalizada, bienvenidos sean todos los esfuerzos en impulso de la enseñanza en euskera”, ha defendido por su parte EH Bildu.

Mientras, UPN, líder de la oposición , trata de agrandar la crisis en el seno del Gobierno y asegura que la presidenta Chivite ha “apartado” al consejero Gimeno de las negociaciones para pasar “la responsabilidad a otra persona de su confianza”, al vicepresidente primero Javier Remírez, extremo que han desmentido desde el ala socialista del Ejecutivo navarro.

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra va a enviar a la Fiscalía a la fundación Maestro Ávila, una comunidad ultracatólica y vinculada a la extrema derecha en la que están escolarizados 55 menores de entre 3 y 18 años, pese a que el centro “no cuenta con una resolución administrativa estatal que reconozca oficialmente la enseñanza impartida dentro del sistema educativo español”. Así lo ha anunciado este viernes el consejero Carlos Gimeno.

La fundación Maestro Ávila llegó a la localidad de Arguiñano, situada en la Meridad de Estella, en el año 2009. En los últimos años, han ido adquiriendo varios inmuebles, el más reciente el antiguo internado de Andéraz donde ahora imparten las clases. Tras haber recibido varias denuncias por desprotección de menores, EH Bildu ha llevado a la comisión de Educación el caso de esta fundación para que el Ejecutivo explique qué actuaciones planea impulsar.

El consejero Carlos Gimeno, que ha reconocido estar “preocupado” por la situación de los menores, ha lamentado que su Departamento “no puede cerrar” el centro ni “sancionar a las familias que voluntariamente llevan a sus hijos a esas instalaciones aunque estén en edad de escolarización obligatoria” por no tener competencias para actuar al no ser “un centro docente”.

Por ello, ha explicado que va a solicitar una reunión con la Fiscalía de Navarra para “explicarles las competencias del Departamento de Educación” y “con la intención de resolver las posibles irregularidades apreciadas haciéndolo de manera imprescindible por medio de una actuación de la Justicia que pudiera habilitar la actuación del Departamento”.

Gimeno ha detallado que “los responsables de la entidad manifiestan que el citado centro desarrolla su actividad educativa dirigida a estudiantes en edad de escolarización de familias residentes en las localidades de la zona” y que “el centro de estudios atiende a 55 alumnos y alumnas en edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, organizados en cinco agrupamientos correspondientes a los niveles de segundo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato”.

Según ha expuesto, los responsables del centro manifiestan que el centro de estudios “cuenta con un acuerdo de colaboración con un centro educativo privado situado en Michigan”. “Respecto al procedimiento de acreditación académica, se informa que la entidad no expide títulos oficiales con validez académica en el sistema educativo español, limitándose a realizar actividades educativas a distancia con el citado centro y vinculando a la acreditación de su alumnado a la certificación oficial de títulos del sistema de Estados Unidos”, ha explicado Gimeno, que ha añadido que “al finalizar los estudios, el alumnado obtiene un diploma de High School de Michigan, con la posterior homologación ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte de España, permitiendo obtener la equivalencia oficial al título de Bachillerato español, una cuestión que se está revisando y podría ser revocada o revisando cuando menos esa homologación”.

En estos momentos, ha comentado, “tienen planteada la posibilidad de constituirse en centro asociado o adscrito al centro de Michigan, tramitando en Navarra la homologación del mismo como centro de enseñanza extranjero”. Y ha aseverado que “a la entidad se le traslada e informa expresamente que la impartición de enseñanzas correspondientes a etapas del sistema educativo de carácter obligatorio requiere la preceptiva autorización administrativa conforme a la normativa vigente”.

“Los responsables del centro de estudio señalan que están trabajando en el proyecto de traslado de la actividad educativa a las instalaciones del antiguo centro privado Andéraz, que refieren haber adquirido recientemente”, ha apuntado el consejero, para apostillar que “no se ha acreditado la validez académica oficial de los estudios impartidos, más allá de los posibles mecanismos individuales de acreditación de su alumnado, vinculando a la certificación oficial de los sistemas de títulos del sistema de EEUU”.

Necesidad de identificar a los menores

La consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, por su parte, ha explicado que para valorar una posible situación de desprotección es indispensable poder identificar a los menores que están escolarizados en la fundación para así poder contactar con sus familias. Por ello, también han solicitado la colaboración al Ministerio Fiscal “ya que el Departamento y la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia no tiene competencia para realizar dichas identificaciones”.

Según ha detallado, el Departamento solo tiene capacidad de actuar si tiene conocimiento de una denuncia, “bien sea por parte de familiares, centros educativos sanitarios o servicios sociales” y se interviene si es necesario después de analizar el caso. Con todo, ha dicho que desde el Departamento han trasladado toda la información a Fiscalía, “que ha archivado el procedimiento”. “En cualquier caso, los Servicios Sociales de la zona son conocedores de la situación y todos estamos alerta ante posibles situaciones de riesgo que pudieran identificarse”, ha asegurado.

Llevan un mes en Madrid. No piensan parar y están ganando adeptas por todo el país: la huelga de la educación infantil que empezó la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) de la mano del sindicato CGT se expande al resto de España, ahora con el apoyo de CCOO. De A Coruña hasta Almería, unas 11.000 escuelas de todo el sector, que acogen cada día a medio millón de niños y niñas, están convocadas este jueves a secundar las movilizaciones y paralizar los centros en lo que será un paro histórico: es la primera huelga general de Infantil en España.

“Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”, han enumerado como las principales reclamaciones Rosa Marín y Lucía Martínez, de PLEI.

CCOO añade la necesidad de unificar un sector que hoy en día está atomizado: hay hasta diez modelos diferentes de escuelas infantiles, denuncian las organizaciones, en función de quién sea el propietario del centro —público o privado— y el modelo de gestión —directa por parte de la administración, sacada a concurso público o privada pura—, lo que genera condiciones laborales muy diferentes para trabajadoras que realizan la misma labor. Con carácter general, las maestras y educadoras infantiles que trabajan para el estado tienen una situación sensiblemente mejor que las empleadas privadas. Todas ellas sienten, sea cual sea su caso, que no se reconoce su labor y que trabajan en condiciones imposibles: una sola maestra tiene que atender a ocho bebés de un año, entre 12 y 14 de dos o 18 de tres.

Cuidar bebés por el SMI

Hay miles de trabajadoras por toda España cuidando bebés de cero, uno, dos o tres años por poco más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El nuevo convenio, firmado el año pasado, mejoraba las condiciones, pero no de manera automática; solo para quien firmara un contrato después de su entrada en vigor. Esto ha generado categorías no solo entre pública y privada, también dentro de la privada. Hay maestras firmadas como técnicas ganando apenas 1.200 euros al mes.

Pero la huelga no es solo por las trabajadoras. Muchas escuelas infantiles no están climatizadas ni tienen unos patios “suficientes”, ha explicado Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO.

También faltan plazas públicas, lo que aboca a muchas familias a recurrir al sector privado, con precios de hasta 500 euros al mes, o no poder llevar a sus hijos a una por motivos económicos. Save the Children calculó que existe una gran diferencia en el acceso a la educación infantil en función del estatus familiar: los hogares socioeconómicamente más favorecidos utilizan este recurso el doble que los más humildes, generando así un efecto Mateo, que quien más tiene más recibe. Porque acudir a una escuela infantil, dice la literatura científica, mejora el rendimiento académico futuro. Entre los que fueron uno o ningún año hay un 24,1% de bajo rendimiento; entre quienes pasaron tres o más años, apenas supera el 6%.

En los últimos años, el Gobierno central ha apostado por esta etapa, aunque no tanto por sus trabajadoras. Moncloa ha destinado 670 millones de euros a abrir 45.000 plazas públicas. La inversión ha surtido sus efectos con carácter general y la matriculación en la etapa, que no es obligatoria, ha subido hasta un 55%, por encima del objetivo europeo del 45%. Pero persisten las diferencias entre comunidades autónomas. Regiones como Andalucía, Cantabria, Euskadi o Madrid presentan tasas de matriculación con dos años del 80% o más, mientras Asturias, Canarias o Murcia se mueven en torno al 40%. Además, hay regiones, como la andaluza, que siguen apostando por reforzar su red privada y rechazaron esta partida porque prefieren bonificar las matriculaciones. Esto es, pagarle las cuotas a las familias y que vayan a las privadas, en vez de abrir plazas públicas.

La igualdad entre autonomías, tanto a nivel de oferta como de condiciones laborales, es otra de las peleas de las trabajadoras del sector. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene Marín, de PLEI.

Las organizaciones sindicales también han criticado los servicios mínimos, fijados en un 50%. “Queremos hacer mención especial a todas las compañeras a las que los servicios mínimos abusivos les han impedido ejercer su derecho a huelga. Hoy denunciamos alto y claro una contradicción que llevamos años sosteniendo sobre nuestras espaldas. Cuando se trata de derechos, de financiación y de reconocimiento, se nos considera prescindibles. Cuando se trata de sostener el sistema y de garantizar la conciliación, se nos declara esenciales. No se puede ser invisible para lo importante y obligatorias para lo urgente”, han explicado desde PLEI.

Enfrentamiento entre Madrid y el Ministerio de Educación

El epicentro de la protesta es la Comunidad de Madrid, donde empezó la huelga y que presenta, probablemente, las peores condiciones de todo el país. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejos, cargó contra el Ministerio de Educación por no incluir el primer ciclo de Infantil en el proyecto de ley por el que bajará las ratios en Primaria y Secundaria (si lo aprueba el Congreso) y le exigió que regule el número de niños por aula también en esta etapa. El Ministerio ha recordado a la consejera que tiene competencias para hacerlo si así lo considera.

“La Comunidad de Madrid ha regulado y puede regular en el ámbito de su competencia las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil, como lo ha hecho hasta ahora y, por tanto, puede establecer, si así lo considera, ratios más reducidas que las actualmente establecidas por esa Comunidad en su propia normativa”, reza la carta, firmada por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa. De hecho, el Gobierno de Esperanza Aguirre ya estableció unas ratios en 2008, de 8, 14 y 20 para uno, dos y tres años, respectivamente

Desde PLEI exigen una reunión con la consejera que aún no se ha dado. Sí lo han hecho con la ministra de Educación, Milagros Tolón, que anunció que antes del verano iniciará los trabajos para revisar las ratios. En cualquier caso, avisa su portavoz Marín, no van a parar hasta que consigan sus objetivos. “No volvemos a las aulas. Con estas condiciones, no vamos a volver”, anunció ayer en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid.