El consejero de Educación, Sergio Silva, ha informado que tras la publicación este viernes de las listas definitivas del proceso de escolarización para el curso 2026-2027 se estima una bajada de aproximadamente mil solicitudes respecto al mismo proceso del año pasado.

Silva ha señalado que esto supone un 15% menos, lo que conllevará la pérdida de unas 50 clases, sobre todo en las zonas rurales, y ha achacado esta circunstancia a la baja demografía.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la mesa sectorial del ámbito, en la que ha pedido coger estas cifras “con cautela” puesto que se trata de una estimación.

Al respecto, ha afirmado que “normalmente” estos números “van mejorando” en función de las escolarizaciones extraordinarias o incorporaciones tardías al sistema educativo.

“En contra de lo que piensa mucha gente, el proceso de escolarización no es cerrado, sino que se mantiene vivo durante todo el año”, ha defendido.

Según ha detallado el consejero, con estos datos -de alumnos de nuevo ingreso o que cambian de centro-, y dentro del escenario “más desfavorable”, del total de 3.000 clases que hay entre las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, se perderán en torno a 50, un 1,8%.

Y ha destacado que desde su departamento creen “necesario” abordar este tema con las organizaciones sindicales porque “pone de relieve algo de lo que llevamos hablando mucho tiempo, que es ese reto de la pérdida demográfica y, por lo tanto, de la pérdida de alumnos”, ha resumido.

En este sentido, el titular de Educación se ha referido a que la bajada “progresiva” de ratios en las aulas y que su Consejería sea “sensible” a esta realidad ha llevado a que “no se hayan tenido que tomar decisiones importantes en cuanto a la viabilidad de los centros”.

Aunque ha insistido en que si hay en torno a 3.000 nacimientos anuales, es “innegable” que eso “se está trasladando al sistema educativo”.

Al respecto, Silva se ha referido a estudios del Consejo Escolar o de fundaciones como la de Ramón Areces, que hablan que “de aquí al 2035 el sistema educativo de Cantabria puede perder aproximadamente entre un 20 y un 25% del alumnado que tiene en el tramo Infantil-Secundaria”.

El curso escolar 2026/2027 en Castilla-La Mancha comenzará el próximo 8 de septiembre, un día después de lo planificado previamente.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se quejaba de que empezar el 7 de septiembre “no es pedagógico” y celebra “la presión ejercida” ante la Consejería de Educación.

“Nuestras exigencias han sido finalmente escuchadas en dos aspectos clave para el bienestar de la comunidad educativa: se ha conseguido retrasar un día el inicio de curso, fijándolo el 8 de septiembre (segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional, así como Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas y Educación para Adultos) y se ha logrado que el 8 de enero sea declarado día festivo”, exponen desde el sindicato.

Para ellos una reivindicación “irrenunciable” para facilitar una reincorporación “lógica” tras las vacaciones de Navidad. Como consecuencia de este reajuste, la finalización del curso lectivo se trasladará al 22 de junio.

“Consideramos que estas concesiones son una clara victoria del trabajo y la insistencia sindical. Este día extra en septiembre, aunque mínimo, ofrece un ligero respiro a los equipos directivos y al profesorado para la siempre compleja planificación de los primeros compases del curso”, expresan.

FP y Educación de Adultos

A pesar de haber conseguido que el inicio de curso se postergase un día y conseguir un día extra tras las vacaciones navideñas, CSIF considera que “la Administración sigue sin entender ni atender las necesidades específicas de ciertas etapas educativas”.

Apuntan que tanto en Formación Profesional (FP) y Educación de Adultos deberían comenzar las clases más tarde: “Las particularidades de sus procesos de matriculación, las adjudicaciones y su compleja organización técnica requieren de unos tiempos técnicos que la fecha del 8 de septiembre sigue sin respetar. Esta falta de previsión volverá a sobrecargar de burocracia y estrés a los docentes implicados en el arranque del curso en estas enseñanzas”, explican.

El consejero navarro de Educación ha negado este miércoles sentirse “desautorizado” después de que la pasada semana el Parlamento foral aprobara con la abstención de Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo de María Chivite, una proposición de ley de UPN para tumbar la resolución de Educación que retiraba el concierto educativo a 14 aulas de la privada por la caída de la natalidad. “Todo lo contrario, me siento un privilegiado”, ha solemnizado Carlos Gimeno, que ha asegurado que ha tenido el respaldo “desde el principio hasta el final” tanto de la presidenta como de otros miembros del Gobierno navarro “por una causa absolutamente justa que es trabajar por la escuela pública”.

“Desde el primer día mi puesto está absolutamente a disposición de la presidenta del Gobierno y nunca he temido por mi puesto, insisto, he tenido el respaldo de la presidenta del gobierno en toda esta cuestión y yo se lo agradezco públicamente”, ha añadido el consejero Gimeno, que el pasado jueves quedó señalado tras la aprobación de la ley de UPN con el respaldo de Geroa Bai y el socio presupuestario del Gobierno, EH Bildu, que se abstuvieron.

Tanto Geroa Bai como EH Bildu acusaron al cnsejero de Educación de haber aprobado una resolución sin contar con mayoría parlamentaria y sin haber negociado previamente. Gimeno ha respondido este miércoles que ese es un “error de concepto”.  “Cuando se hace una resolución con unos criterios técnicos enmarcados en la ley, se hacen teniendo en cuenta que hay un marco, que es el acuerdo programático. Si luego se ha discrepado sobre esa cuestión, pues es una circunstancia que creo que no me compete en ese sentido. Es una cuestión que ya compete a los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo, que creo que han solventado perfectamente esta cuestión”, ha apuntado.

En este sentido, ha añadido que lo que ha hecho el Departamento que él lidera es “poner en la agenda social, educativa y política de esta comunidad una injusticia que se estaba o que se está estableciendo en contra de la escuela pública”. “Creo que eso ya es una circunstancia importante para poder contemplar en las planificaciones educativas y en las mesas de trabajo y en las circunstancias que se establezcan por los grupos parlamentarios”.

Califica de “embrollo” la ley que blinda los conciertos

El consejero de Educación también ha avanzado que el Departamento trabaja ya con la asesoría jurídica del Gobierno para hacer “una aplicación lo más adecuada posible” de la ley de UPN que blinda los conciertos educativos. Según ha añadido, se están encontrando con “un embrollo” y “dificultades” para ver la forma en la que se va a aplicar la norma.

“Existen muchas dudas en la aplicación de la ley y puede repercutir en varias cuestiones, como en la adjudicación de actos para los destinos de los funcionarios, del profesorado, en la adjudicación de las plazas, en la planificación del Departamento. Existen varios aspectos que hay que resolver y estamos en ello”, ha dicho.

En cuanto a la posibilidad de tener que repetir el proceso de matriculación, ha respondido que “sí que va a haber una reasignación de plazas derivadas de la ley”. “Existe un riesgo cierto de poder hacer otra reasignación de plazas por, de alguna manera, fallos judiciales que se pueden producir en los próximos días”, ha indicado.

En respuesta a si quienes ya tienen la plaza asignada en el centro que deseaban en su primera opción van a ver en riesgo su plaza, Gimeno ha señalado que “no”, ya que “esta primera reasignación es una reasignación pacífica, por el hecho de que hay sobreabundancia de plazas”. “Por lo tanto, entiendo que será ir a la plaza que ellos desean, pero también hay fallos que se pueden establecer por el TSJN, que son recursos que están ahí, que por lo tanto no sabemos cómo se van a resolver y puede haber ese riesgo de volver a readmitir o poder reasignar esas plazas”, ha dicho.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde en su reunión de este jueves al acuerdo alcanzado entre la Consejería de Educación y los sindicatos docentes para la mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado.

El acuerdo, firmado el 19 de marzo tras año y medio de negociaciones, contempla la recuperación y actualización de mejoras salariales pendientes desde el año 2008, concretamente el tramo retributivo cuya aplicación quedó suspendida como consecuencia de las medidas adoptadas durante la crisis económica.

El Gobierno de Cantabria procede ahora a restablecer este incremento actualizado conforme al IPC, lo que se traduce en una mejora consolidada de las retribuciones del profesorado de 60,23 euros mensuales. Esta medida tendrá efectos retroactivos desde septiembre de 2025 y se abonará a partir de julio de 2026.

A esto se suma un calendario progresivo de incrementos retributivos adicionales hasta el año 2029, que permitirá alcanzar una mejora total consolidada de 180,23 euros mensuales, con carácter lineal y general para todos los cuerpos docentes no universitarios.

El acuerdo incorpora asimismo una revisión del sistema de reconocimiento de la formación permanente del profesorado a través de los denominados sexenios. Se establecen nuevas cuantías más elevadas y un modelo reforzado que incrementa la exigencia formativa -hasta 130 horas acreditadas- y mejora la progresión económica a lo largo de la carrera docente.

Esta medida permitirá incrementar las retribuciones asociadas a la formación, con mejoras adicionales de hasta 158,37 euros mensuales, vinculadas al desarrollo profesional continuo y a la mejora de la calidad educativa.

Además de las mejoras retributivas, el acuerdo contempla actuaciones complementarias orientadas al bienestar y desarrollo profesional del profesorado, como la promoción de políticas de salud laboral, el análisis de nuevos complementos específicos para determinados colectivos, especialmente en el ámbito de la Formación Profesional, y la creación de una comisión de seguimiento que garantice la correcta implantación de las medidas hasta 2029.

El acuerdo que este miércoles habían alcanzado in extremis PSN y Geroa Bai sobre la concertada para evitar una grave crisis interna entre los socios del Gobierno de María Chivite ha saltado por los aires en cuestión de minutos. La coalición de Socialverdes y el PNV dice ahora que ve “peligrar” el acuerdo por las discrepancias surgidas a la hora de plasmar “negro sobre blanco” lo pactado en relación con la ikastola de Estella, una de las afectadas por el cierre de aulas anunciado por el consejero Carlos Gimeno, motivado por la caída de la natalidad, y que ha propiciado la brecha entre los socios.

Este jueves se va a votar en el pleno del Parlamento de Navarra una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años. Geroa Bai, que había amagado con apoyarla porque afectaba a varias ikastolas, alcanzó un acuerdo este miércoles con el PSN para no hacerlo. Pero ahora, desde la coalición aseguran que “no se dan garantías suficientes para el cumplimiento de los acuerdos que Geroa Bai había puesto encima de la mesa”. “A estas horas y ante la posición del PSN, desde Geroa Bai no vemos posible llegar a un acuerdo antes del pleno de mañana, salvo cambio de postura del PSN”, apostillan.

Según informa Geroa Bai la discrepancia ha surgido en torno a la ikastola de Estella, en la que seis alumnos no han sido admitidos porque Educación únicamente ha renovado el concierto para un aula de 25 alumnos, cuando recibieron 31 solicitudes. Geroa Bai ha exigido que se concierte una segunda aula, cuestión que el PSN rechaza con la actual demanda de plazas porque ello implicaría que esta escuela privada contase con mejores ratios que la pública. En el acuerdo alcanzado el mediodía de este miércoles se incluyó el siguiente punto: “Se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite”. Es decir, los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años.

“En lo referido a las dos aulas que solicita la ikastola de Lizarra con 31 preinscripciones, a requerimientos de esta coalición y a la hora de formalizar el acuerdo, negro sobre blanco, nos encontramos con que la voluntad y propuesta del PSN dista con mucho de la solución planteada por Geroa Bai, que ya viene avalada en jurisprudencia del Tribunal Supremo”, sostienen desde Geroa Bai.

El PSN pide a Geroa Bai que “recapacite” y “mantenga su compromiso”

Desde el PSN, por su parte, defienden que habían alcanzado un acuerdo con Geroa Bai que ratifican. Así, piden a sus socios de coalición que “recapaciten y mantengan su compromiso”.

“El PSN no puede aceptar que, una vez cerrado el acuerdo político, se pretenda incorporar al mismo cuestiones que deben ajustarse al marco legal vigente”, apuntan los socialistas.

El consejero de Educación ha declarado en varias ocasiones que la retirada del concierto a las 14 aulas era irreversible y alertó de que la proposición de UPN tiene visos de “inconstitucionalidad” y que de aprobarse obligaría a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, añadió.

PSN y Geroa Bai han alcanzado in extremis un acuerdo sobre el concierto educativo a aulas de la escuela privada y evitarán así una importante fractura entre los socios del Gobierno de María Chivite. En menos de 24 horas se va a votar en el pleno del Parlamento de Navarra una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio de los socialistas, había amagado con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos, pero no lo hará tras haber logrado un acuerdo con el PSN.

En virtud del acuerdo alcanzado no se modificará la resolución del Departamento de Educación en lo relativo al cierre de las 14 aulas de tres años en Educación Infantil por la caída de la natalidad. Pero “se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite”. Es decir, los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años.

Además, se añade que “todos los centros sostenidos con fondos públicos podrán participar en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”, por lo que si una de las aulas que ha sido cerrada, lograse nuevas matrículas antes de agosto, se abriría de nuevo.

Asimismo, durante el segundo semestre de 2026, se pondrá en marcha un plan de trabajo para el análisis del futuro del sistema educativo navarro, “desde la premisa de la defensa de la educación pública como eje vertebrador del sistema”. Con este fin, se constituirá una mesa de trabajo que analizará “el impacto que la evolución demográfica y otros condicionantes -como la despoblación o los flujos migratorios- tienen sobre el sistema educativo”.

Esta mesa examinará, entre otras cuestiones, la legislación vigente y futura, las medidas orientadas a la diversidad, las ratios, la financiación, la calendarización de las medidas, el plan de infraestructuras necesarias, el impacto de la expansión de la oferta educativa del modelo D en el modelo cooperativo de Ikastolas, el profesorado, “así como cualquier otra cuestión que planteen sus integrantes”.

La mesa también abordará el seguimiento e impulso del estado de ejecución de los acuerdos recogidos tanto en el acuerdo programático como en los acuerdos presupuestarios, así como el análisis de las medidas y proyectos legislativos “necesarios” y su calendarización, con el objetivo de “avanzar hacia la mejora del sistema educativo navarro financiado con fondos públicos”.

A los socios de Gobierno, que han celebrado la consecución de un acuerdo “de mínimos” les falta ahora el apoyo de EH Bildu, que también había amagado con apoyar la proposición de UPN para evitar el cierre de aulas en ikastolas. De lograrlo, la proposición de UPN saldría rechazada en el pleno.

UGT Castilla-La Mancha denuncia que las enseñanzas de idiomas en las Escuelas Oficiales están sufriendo “deterioro” provocado por las “políticas impuestas” por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que radican en “un recorte generalizado de profesorado y alumnado”.

Expresan que estos centros se encuentran en una situación “crítica”. En una encuesta realizada por el sindicato, donde han participado equipos directivos, refleja “el rechazo unánime a las políticas de remodelación de estas enseñanzas, las cuales no han sido negociadas en ninguna mesa sectorial, a pesar de las reiteradas peticiones de UGT y de su solicitud de convocatoria de una mesa técnica”.

El 100% de los equipos directivos muestran disconformidad

UGT Castilla-La Mancha exige “el fin al bloqueo negociador y la convocatoria inmediata” de esa mesa técnica para “frenar una deriva que está lastrando la calidad de la enseñanza pública de idiomas y sobrecargando a los docentes de la región”.

Según la encuesta de UGT Servicios Públicos, “ningún centro aprueba las políticas y remodelación de enseñanzas de la Consejería, hasta el punto de que el 100% de los equipos directivos encuestados muestran claramente su disconformidad, así como el 92% de los claustros -habiendo división de opiniones en el otro 8%-”. Entre las medidas más criticadas destacan el aumento de ratios mínimas y la creación de grupos mixtos e híbridos.

El 100% de los equipos directivos encuestados señalan, además, que el impacto es negativo o muy negativo, recalcando que han contribuido a la disminución del número de grupos y del alumnado (92%), a la disminución del profesorado (100%) y al aumento de la carga de trabajo del equipo directivo y del resto del personal docente (85%), provocando todo esto una disminución de la calidad de servicio (77%), según informa el sindicato.

También se destaca “la falta de negociación por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes”. El 46% de los equipos encuestados piensa que nunca se atiende a sus sugerencias y el 54% considera que sólo “alguna vez”. Además, desde UGT trasladan que a partir de esa encuesta, el 100% de las Escuelas Oficiales de Idiomas expresan su desacuerdo con que no se convoque una mesa técnica con las organizaciones sindicales que les representan.

UGT urge al Ejecutivo regional a que “no mire hacia otro lado, que asuma su responsabilidad con respecto a la situación actual de la Escuelas Oficiales de Idiomas y que inicie una verdadera negociación para impulsar una educación pública y de calidad en estos centros”.

La Junta de Castilla-La Mancha responde: “Hay que ajustar las plantillas de profesorado”

La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha indicado que la asignación del profesorado en las escuelas de idiomas de la región se realiza en función de “la reducción de nuevas matrículas constatada en algunos centros”.

“Hay que ajustar las plantillas de profesorado”, ha defendido Padilla, que ha descartado por contra que la merma de alumnos sea consecuencia de una reducción del profesorado.

Los socios del Gobierno de Navarra apuran las negociaciones para tratar de evitar la que sería una de las grandes crisis de la coalición desde que María Chivite es presidenta. El jueves se votará en el pleno del Parlamento foral una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, amagan con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que la situación, a tres días de que se celebre la votación, es “grave” porque todavía no hay acuerdo entre los socios y porque, de aprobarse la proposición de los regionalistas, Educación se vería obligada a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, alertaba hace unos días el consejero. Además, un informe de Educación también apuntó que la propuesta de UPN tiene “visos de inconstitucionalidad”.

Con todo, los socios de Chivite confían en llegar a un acuerdo antes del jueves para impedir una victoria de la oposición de derechas con el apoyo de Geroa Bai y EH Bildu —bastaría con que se abstuvieran—, que generaría una importante brecha en el seno del Gobierno. “Encontraremos un punto de acuerdo seguro”, ha asegurado la portavoz del PSN en el Parlamento, Ainhoa Unzu. “Aspiramos a llegar a un acuerdo”, ha apostillado Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai.

Pero las negociaciones no están siendo fáciles. Las partes han marcado unas líneas rojas contrarias entre sí. Mientras Geroa Bai y EH Bildu exigen que no se cierren las 14 aulas a las que el consejero Gimeno anunció que retiraría el concierto por la bajada de la matrícula en 700 niños y niñas, el PSN y Contigo/Zurekin aseguran que se mantendrán en lo pactado en el acuerdo de Gobierno, en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Esta ley nace para blindar intereses concretos de la educación concertada”, ha criticado la portavoz socialista, que ha dicho que le resulta “difícil de digerir” que Geroa Bai y EH Bildu puedan apoyarla porque afecte a las ikastolas. Así, ha apuntado que uno de los principales escollos está siendo la situación que se ha dado en la ikastola de Estella, donde seis alumnos se han quedado sin plaza por el cierre de una segunda línea en el aula de tres años. “La red pública es la que está absorbiendo en estos momentos la demanda de la enseñanza en euskera, especialmente en las zonas rurales”, ha defendido.

“Mientras exista una zonificación del euskera en Navarra, mientras los derechos lingüísticos vengan determinados por el código postal, mientras la enseñanza en euskera no esté normalizada, bienvenidos sean todos los esfuerzos en impulso de la enseñanza en euskera”, ha defendido por su parte EH Bildu.

Mientras, UPN, líder de la oposición , trata de agrandar la crisis en el seno del Gobierno y asegura que la presidenta Chivite ha “apartado” al consejero Gimeno de las negociaciones para pasar “la responsabilidad a otra persona de su confianza”, al vicepresidente primero Javier Remírez, extremo que han desmentido desde el ala socialista del Ejecutivo navarro.

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra va a enviar a la Fiscalía a la fundación Maestro Ávila, una comunidad ultracatólica y vinculada a la extrema derecha en la que están escolarizados 55 menores de entre 3 y 18 años, pese a que el centro “no cuenta con una resolución administrativa estatal que reconozca oficialmente la enseñanza impartida dentro del sistema educativo español”. Así lo ha anunciado este viernes el consejero Carlos Gimeno.

La fundación Maestro Ávila llegó a la localidad de Arguiñano, situada en la Meridad de Estella, en el año 2009. En los últimos años, han ido adquiriendo varios inmuebles, el más reciente el antiguo internado de Andéraz donde ahora imparten las clases. Tras haber recibido varias denuncias por desprotección de menores, EH Bildu ha llevado a la comisión de Educación el caso de esta fundación para que el Ejecutivo explique qué actuaciones planea impulsar.

El consejero Carlos Gimeno, que ha reconocido estar “preocupado” por la situación de los menores, ha lamentado que su Departamento “no puede cerrar” el centro ni “sancionar a las familias que voluntariamente llevan a sus hijos a esas instalaciones aunque estén en edad de escolarización obligatoria” por no tener competencias para actuar al no ser “un centro docente”.

Por ello, ha explicado que va a solicitar una reunión con la Fiscalía de Navarra para “explicarles las competencias del Departamento de Educación” y “con la intención de resolver las posibles irregularidades apreciadas haciéndolo de manera imprescindible por medio de una actuación de la Justicia que pudiera habilitar la actuación del Departamento”.

Gimeno ha detallado que “los responsables de la entidad manifiestan que el citado centro desarrolla su actividad educativa dirigida a estudiantes en edad de escolarización de familias residentes en las localidades de la zona” y que “el centro de estudios atiende a 55 alumnos y alumnas en edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, organizados en cinco agrupamientos correspondientes a los niveles de segundo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato”.

Según ha expuesto, los responsables del centro manifiestan que el centro de estudios “cuenta con un acuerdo de colaboración con un centro educativo privado situado en Michigan”. “Respecto al procedimiento de acreditación académica, se informa que la entidad no expide títulos oficiales con validez académica en el sistema educativo español, limitándose a realizar actividades educativas a distancia con el citado centro y vinculando a la acreditación de su alumnado a la certificación oficial de títulos del sistema de Estados Unidos”, ha explicado Gimeno, que ha añadido que “al finalizar los estudios, el alumnado obtiene un diploma de High School de Michigan, con la posterior homologación ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte de España, permitiendo obtener la equivalencia oficial al título de Bachillerato español, una cuestión que se está revisando y podría ser revocada o revisando cuando menos esa homologación”.

En estos momentos, ha comentado, “tienen planteada la posibilidad de constituirse en centro asociado o adscrito al centro de Michigan, tramitando en Navarra la homologación del mismo como centro de enseñanza extranjero”. Y ha aseverado que “a la entidad se le traslada e informa expresamente que la impartición de enseñanzas correspondientes a etapas del sistema educativo de carácter obligatorio requiere la preceptiva autorización administrativa conforme a la normativa vigente”.

“Los responsables del centro de estudio señalan que están trabajando en el proyecto de traslado de la actividad educativa a las instalaciones del antiguo centro privado Andéraz, que refieren haber adquirido recientemente”, ha apuntado el consejero, para apostillar que “no se ha acreditado la validez académica oficial de los estudios impartidos, más allá de los posibles mecanismos individuales de acreditación de su alumnado, vinculando a la certificación oficial de los sistemas de títulos del sistema de EEUU”.

Necesidad de identificar a los menores

La consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, por su parte, ha explicado que para valorar una posible situación de desprotección es indispensable poder identificar a los menores que están escolarizados en la fundación para así poder contactar con sus familias. Por ello, también han solicitado la colaboración al Ministerio Fiscal “ya que el Departamento y la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia no tiene competencia para realizar dichas identificaciones”.

Según ha detallado, el Departamento solo tiene capacidad de actuar si tiene conocimiento de una denuncia, “bien sea por parte de familiares, centros educativos sanitarios o servicios sociales” y se interviene si es necesario después de analizar el caso. Con todo, ha dicho que desde el Departamento han trasladado toda la información a Fiscalía, “que ha archivado el procedimiento”. “En cualquier caso, los Servicios Sociales de la zona son conocedores de la situación y todos estamos alerta ante posibles situaciones de riesgo que pudieran identificarse”, ha asegurado.

Llevan un mes en Madrid. No piensan parar y están ganando adeptas por todo el país: la huelga de la educación infantil que empezó la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) de la mano del sindicato CGT se expande al resto de España, ahora con el apoyo de CCOO. De A Coruña hasta Almería, unas 11.000 escuelas de todo el sector, que acogen cada día a medio millón de niños y niñas, están convocadas este jueves a secundar las movilizaciones y paralizar los centros en lo que será un paro histórico: es la primera huelga general de Infantil en España.

“Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”, han enumerado como las principales reclamaciones Rosa Marín y Lucía Martínez, de PLEI.

CCOO añade la necesidad de unificar un sector que hoy en día está atomizado: hay hasta diez modelos diferentes de escuelas infantiles, denuncian las organizaciones, en función de quién sea el propietario del centro —público o privado— y el modelo de gestión —directa por parte de la administración, sacada a concurso público o privada pura—, lo que genera condiciones laborales muy diferentes para trabajadoras que realizan la misma labor. Con carácter general, las maestras y educadoras infantiles que trabajan para el estado tienen una situación sensiblemente mejor que las empleadas privadas. Todas ellas sienten, sea cual sea su caso, que no se reconoce su labor y que trabajan en condiciones imposibles: una sola maestra tiene que atender a ocho bebés de un año, entre 12 y 14 de dos o 18 de tres.

Cuidar bebés por el SMI

Hay miles de trabajadoras por toda España cuidando bebés de cero, uno, dos o tres años por poco más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El nuevo convenio, firmado el año pasado, mejoraba las condiciones, pero no de manera automática; solo para quien firmara un contrato después de su entrada en vigor. Esto ha generado categorías no solo entre pública y privada, también dentro de la privada. Hay maestras firmadas como técnicas ganando apenas 1.200 euros al mes.

Pero la huelga no es solo por las trabajadoras. Muchas escuelas infantiles no están climatizadas ni tienen unos patios “suficientes”, ha explicado Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO.

También faltan plazas públicas, lo que aboca a muchas familias a recurrir al sector privado, con precios de hasta 500 euros al mes, o no poder llevar a sus hijos a una por motivos económicos. Save the Children calculó que existe una gran diferencia en el acceso a la educación infantil en función del estatus familiar: los hogares socioeconómicamente más favorecidos utilizan este recurso el doble que los más humildes, generando así un efecto Mateo, que quien más tiene más recibe. Porque acudir a una escuela infantil, dice la literatura científica, mejora el rendimiento académico futuro. Entre los que fueron uno o ningún año hay un 24,1% de bajo rendimiento; entre quienes pasaron tres o más años, apenas supera el 6%.

En los últimos años, el Gobierno central ha apostado por esta etapa, aunque no tanto por sus trabajadoras. Moncloa ha destinado 670 millones de euros a abrir 45.000 plazas públicas. La inversión ha surtido sus efectos con carácter general y la matriculación en la etapa, que no es obligatoria, ha subido hasta un 55%, por encima del objetivo europeo del 45%. Pero persisten las diferencias entre comunidades autónomas. Regiones como Andalucía, Cantabria, Euskadi o Madrid presentan tasas de matriculación con dos años del 80% o más, mientras Asturias, Canarias o Murcia se mueven en torno al 40%. Además, hay regiones, como la andaluza, que siguen apostando por reforzar su red privada y rechazaron esta partida porque prefieren bonificar las matriculaciones. Esto es, pagarle las cuotas a las familias y que vayan a las privadas, en vez de abrir plazas públicas.

La igualdad entre autonomías, tanto a nivel de oferta como de condiciones laborales, es otra de las peleas de las trabajadoras del sector. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene Marín, de PLEI.

Las organizaciones sindicales también han criticado los servicios mínimos, fijados en un 50%. “Queremos hacer mención especial a todas las compañeras a las que los servicios mínimos abusivos les han impedido ejercer su derecho a huelga. Hoy denunciamos alto y claro una contradicción que llevamos años sosteniendo sobre nuestras espaldas. Cuando se trata de derechos, de financiación y de reconocimiento, se nos considera prescindibles. Cuando se trata de sostener el sistema y de garantizar la conciliación, se nos declara esenciales. No se puede ser invisible para lo importante y obligatorias para lo urgente”, han explicado desde PLEI.

Enfrentamiento entre Madrid y el Ministerio de Educación

El epicentro de la protesta es la Comunidad de Madrid, donde empezó la huelga y que presenta, probablemente, las peores condiciones de todo el país. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejos, cargó contra el Ministerio de Educación por no incluir el primer ciclo de Infantil en el proyecto de ley por el que bajará las ratios en Primaria y Secundaria (si lo aprueba el Congreso) y le exigió que regule el número de niños por aula también en esta etapa. El Ministerio ha recordado a la consejera que tiene competencias para hacerlo si así lo considera.

“La Comunidad de Madrid ha regulado y puede regular en el ámbito de su competencia las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil, como lo ha hecho hasta ahora y, por tanto, puede establecer, si así lo considera, ratios más reducidas que las actualmente establecidas por esa Comunidad en su propia normativa”, reza la carta, firmada por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa. De hecho, el Gobierno de Esperanza Aguirre ya estableció unas ratios en 2008, de 8, 14 y 20 para uno, dos y tres años, respectivamente

Desde PLEI exigen una reunión con la consejera que aún no se ha dado. Sí lo han hecho con la ministra de Educación, Milagros Tolón, que anunció que antes del verano iniciará los trabajos para revisar las ratios. En cualquier caso, avisa su portavoz Marín, no van a parar hasta que consigan sus objetivos. “No volvemos a las aulas. Con estas condiciones, no vamos a volver”, anunció ayer en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid.

El principal problema educativo que tiene Castilla-La Mancha se da en los colegios e institutos de la comarca toledana de la Sagra. Así lo ha trasladado este miércoles el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM), en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la campaña 'La Sagra Existe', que el sindicato ha venido desarrollando en los centros educativos de dicho territorio desde el mes de marzo y que culminará en una concentración el próximo 28 de mayo frente a la sde Consejería de Educación en la capital regional.

En el marco de esta campaña, se han llevado a cabo 10 concentraciones en la comarca, que el sindicato asegura que han contado con la implicación de 500 profesores y profesoras, y el de más de 20 Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS) que representan a más de 1.000 progenitores.

Pedro Viejobueno, responsable de acción sindical de STE-CLM en la provincia de Toledo, ha explicado que la justificación para desarrollar esta campaña es que la mayoría de estos centros están “tensionados” debido a una “realidad muy dura” que se vive en ellos, que hace que sean los que necesitan más atención.

“Son centros que están en unos entornos con un nivel socioeconómico muy desfavorecido y que reciben mucha inmigración -que conlleva problemas de idioma-”, apunta Viejobueno.

El problema de las “matrículas sobrevenidas”

El portavoz sindical también alude al reto que supone para estos colegios e institutos la cantidad de matrículas sobrevenidas -estudiantes que llegan al centro con el curso escolar iniciado-.

“Tú arrancas el curso por ejemplo en un instituto con 800 alumnos Educación te asigna una cantidad de profesores en función a esos 800 alumnos ¿Qué es lo que ocurre? Que van llegando alumnos y nos vamos a encontrar en algunos sitios que a lo largo del curso terminan siendo 1100 No es lo mismo, 800 que 1.100 Como el cupo de docentes lo han asignado a principio de curso contando con los 800 iniciales, no pueden responder ante el aumento”. Una realidad que “desborda” los centros.

“Todas estas situaciones lo que hace es tensionar un centro. Es cierto que la educación pasa por horas bajas en todo el territorio. Pero en aquellos sitios más tensionados se acusa mucho más. Solamente hay que ver qué resultados académicos están teniendo estos centros. ¿Cuánto abandono escolar se está produciendo en ellos?”, añade Gonzalo Ballesteros, responsable sindical de STE-CLM.

Por todo ello, Ballesteros reclama “medidas excepcionales para centros excepcionales”. “Todo el mundo lo entiende Solo falta que también lo entienda la Consejería de Educación”.

Reclaman a Educación quince medidas

Y es que STE-CLM asegura que la Consejería de Educación, después de una primera campaña de ‘La Sagra Existe’ realizada en el curso 2024/25 en la que recabaron más de 1.110 firmas, les prometió una serie de actuaciones que, denuncian, no se han llevado a cabo.

El sindicato ha planteado una quincena de medidas para solucionar esta situación. Entre ellas, reclaman un aumento del 10% en la plantilla en los centros tensionados para poder atender al alumnado con necesidades educativas especiales, un plan de ampliación de instalaciones y la creación de nuevos centros, y actuaciones para combatir el problema de las matrículas sobrevenidas.

Por todo esto, el sindicato ha convocado una concentración para el próximo 28 de mayo frente a la sede de la Consejería de Educación en Toledo. En ella está prevista la participación de la comunidad educativa de la Sagra, Ocaña y otros puntos de la región, incluyendo a profesorado, padres, madres y alumnado. A dicha concentración seguirá un concierto de varias bandas, algunas de ellas integradas por profesores, en el reciente ferial de Santa María de Benquerencia.

“La conclusión que estamos sacando desde el sindicato es que la administración está confundiendo la vocación con la explotación”, asegura Viejobueno. “Hay vocación y ganas de trabajar, pero si no se dan herramientas, la frustración va a llevar a que esto sea cada vez más difícil. Los docentes nos están pidiendo ayuda”, zanja el representante de STE-CLM.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes el decreto de servicios mínimos para la jornada de huelga a nivel nacional convocada por CGT y CCOO de este jueves, 7 de mayo, para los trabajadores del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) de los centros educativos públicos dependientes de la Consejería de Educación.

En el decreto se indica que los servicios mínimos concretados “pretenden garantizar, previa ponderación de la naturaleza de intereses concurrentes, una cobertura suficiente del servicio público educativo que permita el acceso a los centros del personal y del alumnado, pues de no ser así se impediría el derecho a la educación y al trabajo”.

Según el decreto, los centros públicos afectados por la huelga en la comunidad autónoma deberán permanecerán abiertos en su horario habitual y aquellos en los que se presten los servicios complementarios de transporte escolar y de comedor deberán mantenerse.

Como servicio mínimo se ha establecido a una persona por centro educativo público que imparta ese primer ciclo y un refuerzo en aquellos centros cuyo número de alumnos supere un determinado umbral y en aquellas aulas con niños con edades comprendidas entre 0 y 1 años de edad, “dada la especial vulnerabilidad de estos”.

Según los datos de matriculación de la Consejería para este curso 2025/2026, en el primer ciclo de Educación Infantil -cuyas edades abarcan desde 1 a 2 años (que incluye a los de 3 años que iniciaron curso en el aula de 2 años)- hay matriculados 2.459 alumnos.

En todos los centros educativos con enseñanzas de primer ciclo de Educación infantil deberá haber un docente y/o técnico superior de Educación Infantil.

Además, se añaden en función del número de alumnos los siguientes servicios mínimos, no acumulativos: un docente y/o técnico superior de Educación Infantil por cada centro con 24 o más alumnos de 0-1 años y dos en aquellos que tengan más de 36 alumnos de estas edades.

Y en aquellos centros con menos de 24 alumnos de 0-1 año pero con más de 40 en el total del primer ciclo de Infantil deberá haber un docente y/o técnico superior.

Huelga frente al “abandono y el hartazgo”

Trabajadoras de Educación Infantil de 0 a 3 años están llamadas a la huelga este jueves por el “abandono” institucional del ciclo y el “hartazgo” de los profesionales, según sendas convocatorias de Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Además, ambas organizaciones sindicales han anunciado una manifestación el 23 de mayo frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte por este mismo motivo.

Un informe del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra alerta de que la proposición de ley que ha presentado UPN en el Parlamento foral para blindar los conciertos educativos en las 14 aulas de Infantil a las que se les va a retirar por la caída de la natalidad, que Geroa Bai y EH Bildu han amagado con apoyar, tiene “visos de inconstitucionalidad”. El consejero, el socialista Carlos Gimeno, ha advertido a sus socios que, de ser aprobada, tendría “gravísimas consecuencias” para el sistema educativo y para las familias. “Obligaría a rehacer el proceso de matrícula y podrían perder la plaza que ya tienen adjudicada”, ha alertado

Carlos Gimeno ha señalado que “existen serias dudas” sobre si la propuesta del partido regionalista “es acorde al ordenamiento jurídico vigente” y ha considerado que resulta “incomprensible que haya quien esté dispuesto a aprobar una ley que podría estar en contra de la Constitución”. “Es el mundo al revés y una perversión absoluta del sistema”, ha reprochado el consejero, que ha calificado la proposición de ley de “despropósito”.

Según ha explicado, UPN pretende con esta ley reducir las ratios en la educación concertada y al mismo tiempo mantener el próximo curso las unidades públicas y concertadas existentes en el curso actual. De forma, ha añadido, “que haría imposible la ampliación de nuevas unidades afectando gravemente al proceso de admisión de alumnado para el curso 2026-2027 que ya está muy avanzado”.

Tal y como ha alertado, si se aprobara la proposición de ley de UPN, Educación debería rehacer la adjudicación definitiva de puestos escolares en 1º de Infantil (aulas de 3 años) de centros concertados aplicando una ratio máxima de 23 alumnos/as por aula en vez los 25 estipulados ahora en la normativa, lo que significa que las vacantes disponibles en la mayoría de los centros concertados se reducirán y habrá alumnado que al tener que repetirse el proceso de admisión no va a tener la plaza escolar previamente adjudicada con carácter definitivo. “El número total de afectados es impredecible” ha anunciado el consejero, “puesto que, al tener que volver a resolver las admisiones, todas las solicitudes entrarían en juego con muchas menos plazas disponibles”.

Tras ello, el consejero ha subrayado que tiene la “mano tendida a propuestas que puedan estar dentro del contexto de la legalidad” y que está “abierto a planteamientos y acuerdos, pero la proposición de UPN va a perjudicar a más personas que las que pretende ayudar”. “La proposición es absolutamente incoherente, tiene una carencia de sentido absoluta y es un claro despropósito. Por intentar recuperar 15 unidades concertadas que no son necesarias para el sistema educativo se genera una incertidumbre para las 377 unidades restantes”, ha asegurado.

Carlos Gimeno ha planteado “que trasladen Geroa Bai, UPN y EH Bildu las propuestas que consideren oportunas”. “Nosotros lo que hemos hecho es aplicar una resolución de conciertos en el marco estricto de la ley ante una bajada demográfica ostensible para que la escuela pública no pierda peso”, ha dicho, para cuestionar si otros grupos “pretenden blindar la educación concertada”.

El consejero ha afirmado que “ha habido reuniones a alto nivel” entre los socios de Gobierno, aunque él no ha participado en ellas. “La idea es que se va a trasladar una propuesta, entiendo que será en el marco legal, y estamos expectantes, esperando, con toda la predisposición”, ha asegurado.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, el socialista Carlos Gimeno, ha anunciado este jueves que finalmente, pese a la caída de la natalidad y del número de alumnos, no se cerrarán las 19 aulas de 3 años en Infantil en la red pública que el propio consejero había anunciado para el curso 2026-2027. Educación sí mantendrá el cierre de 14 líneas de la red privada financiada con fondos públicos a las que no se les renovará el concierto educativo.

“En algunos centros sí se van a reducir unidades y en otros centros que estaban infraestimados se van a sobreestimar y han aparecido nuevas unidades en el global no se van a cerrar unidades en la escuela pública”, ha informado el consejero Carlos Gimeno tras la brecha abierta entre el PSN y Geroa Bai (socio del gobierno de los socialistas) y EH Bildu (socio presupuestario) tras el anuncio de cierre de aulas por el descenso de la natalidad.

Según ha añadido, han aparecido nuevas unidades en la organización de “centros pequeños, centros con una oferta de modelo lingüístico minoritaria, que son agrupaciones internivelares”. “A la hora de ver las listas provisionales, a la hora de ver cómo se conforman los agrupamientos no habrá reducción; sí habrá reducciones en algunos centros pero en otros centros habrá más unidades, por lo tanto el balance neto es que no habrá reducción de unidades en la escuela pública en las aulas de 3 años”, ha indicado. Además, ha dicho, “todavía queda la matrícula extraordinaria de agosto y es posible que se pudiera incrementar alguna unidad más”.

Geroa Bai y EH Bildu se unieron a UPN, PP y Vox y aprobaron en el Parlamento foral una moción para instar a Educación a aplicar una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos y no cerrar ningún aula, tanto en la pública como en la privada, en el curso que viene. Finalmente Educación ha rectificado y mantendrá todas las aulas en la pública, pero sí retirará el concierto a 14 líneas en la concertada, siete de ellas en ikastolas, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera. “Educación no está para financiar aulas vacías o semivacías”, ha defendido Gimeno.

“No es posible, como trasladaron los servicios jurídicos del departamento ayer, llevar a cabo la prórroga de los conciertos. Solo se pueden prorrogar en la interpretación correcta y jurídica del artículo 44 -del Decreto Foral 416/1992-”, ha dicho, para precisar que “la única interpretación posible del artículo 44 se puede aplicar a la ikastola de Lodosa”, ha señalado el consejero de Educación.

Ante las críticas de la Federación navarra de Ikastolas y de EH Bildu y Geroa Bai por el cierre de aulas en estos centros, el consejero ha asegurado “se puede estudiar en modelo D -en euskera- en toda la comunidad foral, también en la zona no vascófona”.

“Es palmario que se han ido aumentando unidades del modelo D en toda la comunidad”, ha dicho, para exponer que en el acuerdo presupuestario de este año se recoge que se van a introducir unidades de modelo D en Falces y en Aibar. “Si se introduce el modelo D en Ancín, si se hace un centro público para modelo D en Ancín, si se modifica el mapa escolar en Ancín, si se amplía un colegio público como el de Abárzuza, si se introduce más oferta de modelo D en Abárzuza, repercute en determinadas ikastolas del ámbito de influencia educativa”, ha apuntado.

Según ha comentado, además, se ha reducido la matrícula por una bajada demográfica por lo que “la ecuación afecta no solo al ámbito público sino al ámbito de modelo D concertado”.

Ha negado así Gimeno que “haya un ataque al euskera por parte del Departamento”. “Se han exceptuado de los criterios que ha aplicado el departamento tres ikastolas, se han incrementado recursos en una ikastola y se ha ofrecido la prórroga del concierto”, ha defendido, para exponer que “a la ikastola de Sangüesa se le aplican los criterios de la escuela pública por estar en una zona de riesgo de despoblación”.

Más de 5.000 son las firmas que el Ayuntamiento de Noblejas ha entregado en la mañana de este lunes ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en apoyo a la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en el municipio toledano.

En declaraciones a los medios antes de proceder al registro de las firmas, el alcalde de Noblejas, el socialista Agustín Jiménez, ha asegurado que las adhesiones, recabadas a través de la plataforma Change.org, son también de vecinos y vecinas de Villarrubia de Santiago, Villatobas y Dos Barrios.

Todos ellos, junto con el suyo, son municipios cuyos estudiantes de secundaria tienen que desplazarse a diario hasta Ocaña para dar clase “en una jungla llena de contenedores”, expresión con la que Jiménez se ha referido a unas aulas que define como “barracones” y que están “saturadas” de estudiantes. Según sus cálculos, la creación de un instituto en Noblejas beneficiaría a “no menos de 500 alumnos”.

El alcalde también ha afirmado que el 80% de los profesores de los institutos de Ocaña han dejado su firma en la petición, lo cual tiene “mucha importancia”.

Cabe recordar que Agustín Jiménez se puso en huelga de hambre el pasado verano para reclamar al Gobierno de Emiliano García-Page un instituto que, asegura, lleva prometido 19 años y cuenta con el apoyo del 84% de las familias de la zona.

“No esperamos nada”

Sin embargo, Agustín Jiménez se muestra “muy pesimista” sobre el efecto que tengan estas firmas entregadas: “No esperamos nada”. Ni siquiera una respuesta por parte de la Consejería de Educación, ya que el consejero, Amador Pastor, “no nos quiere ver”, asegura, después de haberle pedido cita “innumerables veces”.

Y ha sido entonces cuando ha ironizado con que van a dedicar en Noblejas una calle al presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page: “La calle del Olvido o la calle del Silencio”, ha indicado.

Además, aunque Jiménez y Page pertenecen al PSOE, ha asegurado que no son compañeros de partido, sino “co-carnetarios”: “Tenemos el mismo carnet, pero no somos compañeros. Yo no soy compañero de Emiliano García-Page ni para tomar café”.

Por último, el alcalde ha mostrado su deseo de que “siga la lucha”. “Nos veremos en las urnas en el año 27. A ver cuántos de esos 5.000 votan a Emiliano García-Page”, ha zanjado.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno regional, pondrá en marcha a partir del próximo curso un plan pionero, denominado 'Conecta talento: 2+3', que permitirá a los estudiantes de la región completar en cinco años una titulación de Formación Profesional de grado superior y un grado universitario, reduciendo en un año la duración habitual de estos estudios.

El programa consistirá en cursar dos años de Formación Profesional y tres años de grado universitario, con el reconocimiento de hasta 60 créditos ECTS en la etapa universitaria tras la convalidación de las asignaturas de la FP, el máximo permitido por la normativa vigente, lo que permite reducir la duración total de los estudios.

En su fase piloto, se implantará en el ciclo de Administración y Finanzas vinculado al Grado en Administración y Dirección de Empresas en varios institutos de Talavera de la Reina, Ciudad Real, Cuenca y Albacete, así como en el ciclo de Mecatrónica Industrial en el IES 'Mercurio' de Almadén conectado con el Grado en Ingeniería Mecánica en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de esta localidad.

El acceso al grado se realizará una vez finalizada la FP superior, bien mediante matrícula directa o, en el caso de titulaciones con alta demanda, a través de los procesos de admisión habituales.

El rector de la UCLM, Julián Garde; el consejero de Educación del Gobierno regional, Amador Pastor, y el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la universidad, José Manuel Chicharro, han sido los encargados de presentar este nuevo modelo educativo, que busca facilitar un itinerario continuo entre la FP y la universidad, con el fin de evitar que los estudiantes tengan que empezar de nuevo al cambiar de etapa.

Durante la presentación, el consejero de Educación del Gobierno regional, Amador Pastor, ha destacado que este modelo permitirá ahorrar tiempo y costes a los estudiantes, estimando un ahorro cercano a los 1.000 euros al reducirse el número de matrículas necesarias para completar ambos estudios, ahorro que se sumaría a la medida de la primera matrícula gratuita en la UCLM.

Por su parte, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha subrayado que este programa sitúa a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad autónoma en España en implantar este modelo, que ya funciona de manera integrada en Navarra, y ha señalado que se trata de un paso “importantísimo” para el sistema educativo regional, destacando que la comunidad se sitúa a la vanguardia en la conexión entre la Formación Profesional y la universidad.

Ultimando el borrador de la Ley de FP

Por otro lado, el consejero de Educación, Amador Pastor, ha anunciado que el Gobierno regional está ultimando el primer borrador de la futura Ley de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, que verá la luz a lo largo de este mes de abril y que convertirá a la Comunidad Autónoma en la primera en contar con una normativa propia tras el marco estatal aprobado por el Ejecutivo central.

Pastor ha enmarcado este avance en el esfuerzo realizado en los últimos años para reforzar y dimensionar la oferta de FP, que ya roza los 1.000 ciclos formativos y alcanza los 47.000 alumnos en la región, consolidando este modelo como una vía para el desarrollo del talento.

La nueva ley buscará blindar por norma un sistema integrado de Formación Profesional que conecte todas las etapas, refuerce la orientación académica y facilite itinerarios como el presentado con el programa 'Conecta talento: 2+3', evitando barreras entre niveles educativos.

Según ha avanzado el consejero, el objetivo es que este primer borrador sea presentado a mediados de abril y que la ley pueda quedar aprobada a finales de 2026 o principios de 2027, consolidando así un modelo formativo que apuesta por la “excelencia y la continuidad educativa” en Castilla-La Mancha.

El proyecto de Ley de Medidas de Fiscales y Administrativas que acompaña a la Ley de Presupuestos de Cantabria para 2026 contempla la posibilidad de prolongar la actividad lectiva para los docentes que alcancen la edad máxima de jubilación.

El titular de Educación, Sergio Silva, ha explicado que se trata de ofrecer la posibilidad de prolongar la permanencia en el servicio activo como máximo hasta los 70 años para los docentes, una medida que hasta ahora era “imposible legalmente” en el ámbito de la docencia de Cantabria y que algunas comunidades autónomas ya habían recuperado.

Esta iniciativa ya fue trasladada y explicada a directores de centros educativos y a Junta de Personal Docente en la presentación del proyecto de presupuestos, el pasado mes de noviembre, ha señalado el Ejecutivo cántabro en una nota de prensa.

El consejero cree que esta medida “fortalece la profesión docente”, sobre todo la de aquellos que se aproximan a la edad de jubilación y supone el reconocimiento de un derecho para este colectivo que se disfruta en otras profesiones.

Esta medida, como en el caso de la sustitución de la jornada lectiva para los docentes mayores de 55 años, pretende fortalecer a los profesionales con más experiencia y que los centros educativos puedan contar con estos perfiles más tiempo, siempre y cuando los interesados así lo deseen.

Renovación cada curso escolar

La prolongación se concede por cursos escolares y se somete a renovación por cada curso escolar de manera motivada, previo informe de la Inspección de Educación, debiendo solicitarse tres meses antes del inicio del curso siguiente.

En el curso en el que vaya efectivamente a producirse la jubilación, la prolongación en el servicio activo podrá autorizarse, a solicitud del interesado, única y exclusivamente hasta la terminación del periodo lectivo de ese curso escolar.

La Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente han concluido este martes sin acuerdo su reunión sobre la subida salarial de los profesores por peticiones de los sindicatos, que para el titular de ese departamento, Sergio Silva, “no son infranqueables”, por lo que volverán a sentarse a negociar, previsiblemente este jueves.

A la salida de la reunión, ambas partes han expresado “prudencia” sobre la posibilidad de que el acuerdo se pueda cerrar en dos días, una vez que los sindicatos de la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CCOO, UGT y TÚ) trasladen por escrito a la Consejería esas peticiones, algunas de las cuales tienen impacto presupuestario.

Una vez que tenga las peticiones por escrito, la Consejería las va a estudiar y convocará de forma inmediata a los sindicatos para continuar con la negociación.“Quiero pensar que no va a ser ningún problema en el sentido de que no nos permita firmar el acuerdo, pero también quiero ser prudente”, ha dicho Silva en un encuentro con periodistas a la salida de la reunión.

“Nosotros lo vemos como una oportunidad. Estamos dispuestos a llegar al acuerdo, pero entendemos que esa disponibilidad también hay que tenerla por la otra parte”, ha manifestado a continuación a los periodistas la presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba (ANPE), quien ha explicado que los sindicatos enviarán de forma inmediata sus peticiones para que se les pueda convocar a una nueva reunión este jueves.

Peticiones “no nucleares”

Silva ha explicado que, en la reunión, los sindicatos han planteado diez peticiones en dos bloques que ya se habían hablado en anteriores reuniones y “no son nucleares”, pero que algunas tienen impacto presupuestario, como la de vincular la subida salarial al incremento del IPC, mientras otras son “correcciones de estilo, de redacción, de enfoque” en la redacción del texto de la propuesta trasladada por la Consejería.

Por ello, el consejero ha considerado “más prudente” pedir a los sindicatos que trasladen esas peticiones por escrito “para tener la seguridad” de los que se firma. “Tengo que decir, en relación a esos 10 aspectos, que no son infranqueables. Al contrario, el Gobierno aquí tiene la voluntad, de alguna manera, de llegar al acuerdo”, ha precisado.

“Queremos hacerlo rápido, pero con seguridad”, ha alegado, y ha incidido en que el “principal escollo” para firmar el acuerdo en el último año y medio era la denominada 'cláusula Silva', ha desaparecido del texto de la propuesta de la Consejería, tras el acuerdo entre PP y PRC para aprobar los presupuestos de este año, que consignan 17 millones de euros para hacer frente al incremento salarial de los docentes.

En los siguientes ejercicios que establece la propuesta de acuerdo, ha recordado el consejero, solo será necesario que existe disponibilidad presupuestaria, como establece el acuerdo entre populares y regionalistas.

“Estamos hablando de la oportunidad de firmar un acuerdo salarial que en 18 años no se ha conseguido en esta comunidad autónoma. Yo creo que los 8.500 docentes de la pública y los 2.600 la red concertada, a los que también les afecta indirectamente, estarán deseosos y expectantes de que se firme un acuerdo”, ha concluido.

Demandas que no son nuevas

La presidenta de la Junta de Personal Docente ha aclarado que las demandas de los sindicatos no son nuevas, sino que ya se incluían en la propuesta de acuerdo que trasladaron a la Consejería en noviembre del año pasado. “No pedimos más, ni pedimos menos”, ha argumentado.

Rus Trueba ha recordado que la negociación “no parte de cero”, tras más de un año de negociación, y ha confiado en que Educación acepte las peticiones de los sindicatos que “no son grandes”. “No estamos tan lejos si se quiere ver así y esperemos que el Gobierno de Cantabria acceda a nuestras peticiones”, ha apuntado.

Se mantiene la manifestación del sábado

 Trueba ha precisado que, aunque se pueda alcanzar esta semana un acuerdo sobre la subida salarial de los docentes, la Junta de Personal mantiene la convocatoria de la manifestación para este sábado en Santander, porque va más allá, al tener como objetivo reclamar mejoras en la enseñanza pública y denunciar las decisiones “unilaterales” tomadas en esta legislatura por la Consejería.

La manifestación arrancará a las 12.00 horas desde la sede de la Consejería y recorrerá las calles de la capital hasta la plaza Porticada. “No es una manifestación sólo por una adecuación salarial, es una manifestación por la mejora de las condiciones de la enseñanza pública de Cantabria”, ha defendido.

Hasta que se celebre esta manifestación, la Junta de Personal ha anunciado este martes que mantendrá abierto un referendo entre los docentes para que se pronuncien sobre los cambios en las oposiciones, los conciertos con centros privados y sobre la continuidad del Consejero, entre otros asuntos. 

Parece simple. Después de 30 años reclamando un instituto público en el barrio de Aravaca —un barrio plagado de centros privados y concertados— el IES Ana Frank ya está preparado para recibir al alumnado. La obra se terminó el año pasado y los profesores ya tienen sus plazas adjudicadas; solo falta que se abran las puertas. Sin embargo, todas las mañanas desde hace casi siete años, las familias dejan a sus hijos e hijas en la puerta del colegio, donde, en vez de entrar, esperan a un autobús que les lleva a otro centro.

Este viernes, decenas de padres, madres y jóvenes se han concentrado frente a esa verja que permanece cerrada para exigir, una vez más, que el IES Ana Frank deje de ser un “instituto fantasma” y se cumpla la demanda histórica de un centro público. “Estamos rodeados de ofertas privadas, pero este es un colegio para todos”, subraya Fabiana Aguilar, presidenta de la AMPA y madre de una alumna de segundo de la ESO.

Debajo de sus paraguas, tapándose de la lluvia unos a otros, tanto padres y madres del Ana Frank como vecinos que arrastran la lucha por un instituto público en su barrio desde hace décadas están hartos de la espera. “Ya llevamos siete años, siete navidades. Estamos muy, muy cansados”, expresa Aguilar. En su caso, además de su hija pequeña, que está actualmente matriculada en el centro, la mayor también pasó por el “instituto fantasma” y se graduó el año pasado. Aunque en su diploma figura el nombre del IES Ana Frank, nunca se sentó en sus aulas y pasó por tres centros distintos. La única vez que pisó sus instalaciones fue en la graduación, cuando, excepcionalmente, se dejó entrar al alumnado en el gimnasio para la “triste” ceremonia, como la describen algunos padres.

Ante la demanda de un centro público en una zona plagada de concertados y privados, la Consejería de Educación llegó en 2019 a una solución algo estrambótica: creó el IES Ana Frank únicamente como figura jurídica, sin edificio. El instituto no existía físicamente. La idea era que funcionara provisionalmente utilizando espacios cedidos por otro centro educativo mientras se construía el nuevo inmueble, que supuestamente estaría listo para el curso siguiente. Fue en aquel año cuando la hija mayor de Fabiana y sus compañeros se matricularon en el centro: “Han hecho toda su trayectoria aquí y no han podido nunca ver su instituto construido. Y ahora que parece que valió la pena, cada vez dilatan más la recta final y no entendemos por qué”, explica la madre.

Han pasado casi siete años desde entonces y, aunque el edificio ya está en pie, sigue cerrado por “supuestos trámites pendientes con las contratas eléctricas”, según señalan las familias. Para la comunidad educativa, la explicación no resulta convincente: “Si es un papel y ellos son la administración, ¿por qué no lo firman?, ¿por qué no venimos aquí? Creemos que les da igual tener un instituto nuevo, pero a nosotros no”, asegura la presidenta de la AMPA.

Arrastran una solución provisional que se hace insoportable

La rutina diaria del alumnado sigue marcada por los desplazamientos. “Tienen que venir aquí, justo a la puerta, y aquí les recoge un autobús que les lleva a donde están ahora mismo, que es una escuela oficial de idiomas”, explica Beatriz Sahuar, madre de un alumno de segundo de la ESO. El trayecto, lejos de ser puntual, se alarga cada mañana: “Hay mucho tráfico y tardan de 30 minutos a una hora”, subraya. Aunque las familias conocían la situación al matricular a sus hijos, la provisionalidad se ha convertido en algo crónico: “Sabíamos cuál era la situación, pero contábamos con que la apertura era inminente. Esperábamos que este curso, en septiembre, ya empezarían aquí”, señala.

Frente a este contexto de promesas incumplidas y de constante desplazamiento del alumnado —que obliga a más de doscientos estudiantes a viajar cada día fuera de su barrio para recibir educación secundaria— la reivindicación apunta también a una cuestión de igualdad de oportunidades: “Hay una oferta de colegios privados y concertados espectacular, pero no hay una oferta de enseñanza pública secundaria en un municipio en el que hay un montón de chavales que quieren seguir estudiando”, defiende Sahuar.

“Siempre han estado como invitados o incluso apestados en otros centros”

Gretel Zamudio es madre de una joven de segundo de Bachillerato y, si el Ana Frank no abre antes de que se acabe el curso, ella formaría parte de la “segunda generación del instituto fantasma”, describe Zamudio. Destaca lo satisfecha que está la comunidad educativa del barrio con la calidad de la enseñanza de este centro, que tiene sus propios profesores y directora, a quienes considera “excelentes”, pero lamenta que sus hijos “no hayan tenido la misma experiencia que otros chicos en el Bachillerato. Siempre han estado como invitados o incluso apestados en otros centros”.

Desde 2019, el Ana Frank se ha visto afectado en distintos momentos por problemas administrativos y de gestión, incluida la tramitación de la parcela y la firma de convenios con el Ayuntamiento. Esta falta de avances ha mantenido al IES en una situación de provisionalidad durante varios cursos escolares, con alumnado cursando sus estudios en instalaciones ajenas o adaptadas, lo que ha tenido un impacto directo en la conciliación y en la vida cotidiana de las familias: “Venir acá todos los padres por la mañana, media hora antes para que puedan llegar… no es fácil para la familia, no es lindo, no es agradable”, apunta Aguilar.

En diciembre de 2023, la Comunidad de Madrid anunció la licitación de las obras para construir un nuevo edificio para el IES Ana Frank, con una inversión estimada en torno a 7,6 millones de euros y la intención de ofrecer alrededor de 380 plazas entre ESO y Bachillerato, con finalización prevista para 2025. Hoy, las familias y asociaciones consideran que los plazos no se han cumplido ni se ha dado una respuesta satisfactoria ante los continuos retrasos y la prolongada provisionalidad. “Ya tuvimos la paciencia que había que tener. No nos pueden decir que no luchamos por un instituto en este barrio”, concluye la presidenta de la AMPA.

No es la primera manifestación por un centro público en Aravaca a la que acude Celia, que ahora ha pasado a primero de la ESO y también está matriculada en el Ana Frank: “Hace muchos años ya vinimos a una manifestación para que lo hicieran y yo pensaba que cuando me tocara ir ya estaría hecho. Incluso este verano tenía esa expectativa”, cuenta. Su padre, Daniel, añade que el proyecto educativo fue lo que les atrajo de este centro, que está cerca de su casa y además es bilingüe: “Nos habían prometido que estaría listo. Si hubiésemos sabido que no lo iba a estar, nos lo habríamos pensado”, asegura.

En el colegio público CRA Sierra Oeste, Sergio Méndez denuncia que su hijo, con diabetes tipo 1, continúa sin enfermería escolar pese a que el recurso está oficialmente concedido. Desde finales de septiembre, cuando la enfermera solicitó la baja, es él quien permanece cada día en el centro, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas, para atenderle. Pero Méndez no es el único padre en esta situación. La Asociación de Diabetes de Madrid, uno de los colectivos que requiere un seguimiento diario de esta enfermedad, ha recibido quejas similares en al menos 21 centros de la Comunidad. El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) asegura que llevan años denunciando “la insuficiente implantación de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos de la Comunidad de Madrid” y aporta un dato revelador: solo el 22% de los centros educativos madrileños contaba con una enfermera escolar el pasado septiembre.

Para que un centro pueda disponer de esta figura debe informar a la Administración de que tiene al menos un alumno escolarizado con una enfermedad crónica, como la diabetes. Para el CODEM, el número de centros que cuentan con este servicio es claramente insuficiente. El número de enfermeras escolares en Madrid presenta “una ratio muy alejada de las recomendaciones internacionales”, aseguran. Pero incluso en los colegios donde la plaza ya está asignada, varios testimonios consultados por elDiario.es –como el de Sergio Méndez– apuntan a las grandes trabas burocráticas y a las dificultades para cubrir bajas y sustituciones, dejando a los niños sin un servicio esencial.

Es lo que denuncian varios padres de niños diabéticos y la propia Asociación de Diabetes de Madrid. Según el CODEM, faltan enfermeras dispuestas a cubrir estas plazas profesionales: “No se trata de una falta de vocación o disponibilidad”, explican, sino que “muchos de los contratos que se ofrecen son precarios, de jornada parcial o con condiciones laborales poco atractivas, lo que dificulta su cobertura de forma estable”. Estas profesionales añaden que su contratación ni siquiera “forma parte de una estrategia estructural, sino que en muchos casos depende de convenios temporales o acuerdos puntuales con empresas externas”.

La Consejería admite la escasez

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades admiten la “escasez de estos profesionales” y se defienden afirmando que “no solo afecta a la Comunidad de Madrid, sino a toda España tanto en hospitales como en residencias o centros educativos. Cuando se produce la baja de alguna enfermera escolar la Consejería de Educación tramita de la manera más rápida y eficaz posible su sustitución, y mientras, garantiza la atención de los niños que lo necesitan desplazando puntualmente a enfermeras que estén prestando servicio en otro centro escolar cercano si es necesario”.

Sin embargo, tras un mes denunciando en vano su situación ante las administraciones, Sergio Méndez llegó incluso a buscar personalmente candidatos en portales de empleo: “Ahí conseguí tres personas”. Eligió a un enfermero que cumplía todos los requisitos y lo comunicó a la DAT –la Dirección del Área Territorial de Madrid Oeste–, a Recursos Humanos y a la Consejería de Educación. Para cuando obtuvo alguna respuesta ya había pasado casi un mes y el candidato había encontrado otro puesto de trabajo. Para el padre, la situación es injustificable: “Estando el recurso concedido, es decir, el dinero está disponible, y habiendo un chico que quería venir, no se entiende la dejadez”.

Un caso similar se produce en el colegio público María Moliner de Villanueva de la Cañada, donde Alfredo Cañizo denuncia la falta de una enfermería escolar estable para su hijo de ocho años, también con diabetes tipo 1. Desde el 3 de septiembre, ante la ausencia de personal sanitario, los padres del niño se han visto obligados a asumir esa atención: “Nos íbamos turnando, en ocasiones no podíamos atenderle por motivos de trabajo”. Tras dos meses –y después de acudir en repetidas ocasiones a la Consejería de Educación, la DAT y la alcaldía–, en noviembre se asignó una enfermera al centro. No obstante, por otra oportunidad laboral, el próximo 9 de enero dejará su puesto y el colegio ha comunicado a la familia que, a partir de entonces y a falta de otra sustitución, su hijo “no podrá usar el comedor”.

“Se siente marcado”

Cañizo denuncia el impacto directo que esta situación tiene en su hijo, que “está pagando unas consecuencias muy graves”. “Se siente marcado. Mientras los otros niños están disfrutando del colegio de forma normal él tiene que tener a su padre allí todos los días”, explica.

Tanto Méndez como Cañizo se han dirigido también al Defensor del Pueblo para denunciar esta situación. Según ha comprobado este diario, la institución se ha dirigido a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid “al efecto de solicitarle información sobre los hechos”.

Ruth Navia, madre de una alumna de siete años con diabetes del colegio público Nuestra Señora de Navahonda, también ha tenido que hacerse cargo de la falta de un servicio estable de enfermería escolar: “Yo me he tirado un mes prácticamente, a veces en el colegio, y otras veces yendo de mi casa al colegio. He hecho unos 6 o 7 viajes todos los días”.

Madrid privatiza el servicio de enfermería escolar

Ante la falta de una plaza pública de enfermería, la solución aportada por la Comunidad de Madrid ha sido la externalización del servicio a empresas privadas. El propio colegio confirma esta situación y advierte de sus consecuencias: “Desde inicios del mes de noviembre hemos sido atendidos por dos empresas distintas, lo cual ha supuesto que 6 profesionales diferentes han ido cubriendo el servicio”. Esta situación, aseguran, “dificulta enormemente la atención al alumnado y afecta especialmente a la continuidad”.

El centro asegura que además de esta alumna diabética escolariza a otros menores que padecen “epilepsias, intolerancias alimentarias, [...] crisis de ansiedad, accidentes, golpes, subidas de fiebre” o problemas relacionados con la salud mental que no son atendidos en las escuelas “por falta de recursos”.

Una de las empresas que presta este servicio es School Nurses, dedicada a ofrecer enfermería escolar a colegios privados, concertados y, en ocasiones, públicos, como en estos casos en los que la administración no cubre una baja. Según la compañía, en lo que va de curso han atendido a 17 colegios públicos en la Comunidad de Madrid, “servicios que van desde un día a varias semanas, por lo que de seguir la tendencia es posible que en este curso se termine dando apoyo a aproximadamente 30 o 35 colegios”.

Desde School Nurses admiten no estar satisfechos con el funcionamiento del servicio en los centros públicos: “Hay un problema de planificación en los colegios públicos”. Añaden que “hay mucha rotación de personal” y que “a veces, esos colegios no tienen los espacios y materiales adecuados”, por lo que “algunos enfermeros se tienen que traer sus cosas de casa”. El CODEM confirma estas deficiencias: “En muchos centros educativos no se cuenta con espacios adecuados, materiales suficientes ni protocolos estandarizados para que la enfermera escolar pueda desarrollar sus funciones con garantías. Esto supone una limitación grave para ofrecer una atención sanitaria integral, preventiva y de calidad”.