El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, el socialista Carlos Gimeno, ha anunciado este jueves que finalmente, pese a la caída de la natalidad y del número de alumnos, no se cerrarán las 19 aulas de 3 años en Infantil en la red pública que el propio consejero había anunciado para el curso 2026-2027. Educación sí mantendrá el cierre de 14 líneas de la red privada financiada con fondos públicos a las que no se les renovará el concierto educativo.

“En algunos centros sí se van a reducir unidades y en otros centros que estaban infraestimados se van a sobreestimar y han aparecido nuevas unidades en el global no se van a cerrar unidades en la escuela pública”, ha informado el consejero Carlos Gimeno tras la brecha abierta entre el PSN y Geroa Bai (socio del gobierno de los socialistas) y EH Bildu (socio presupuestario) tras el anuncio de cierre de aulas por el descenso de la natalidad.

Según ha añadido, han aparecido nuevas unidades en la organización de “centros pequeños, centros con una oferta de modelo lingüístico minoritaria, que son agrupaciones internivelares”. “A la hora de ver las listas provisionales, a la hora de ver cómo se conforman los agrupamientos no habrá reducción; sí habrá reducciones en algunos centros pero en otros centros habrá más unidades, por lo tanto el balance neto es que no habrá reducción de unidades en la escuela pública en las aulas de 3 años”, ha indicado. Además, ha dicho, “todavía queda la matrícula extraordinaria de agosto y es posible que se pudiera incrementar alguna unidad más”.

Geroa Bai y EH Bildu se unieron a UPN, PP y Vox y aprobaron en el Parlamento foral una moción para instar a Educación a aplicar una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos y no cerrar ningún aula, tanto en la pública como en la privada, en el curso que viene. Finalmente Educación ha rectificado y mantendrá todas las aulas en la pública, pero sí retirará el concierto a 14 líneas en la concertada, siete de ellas en ikastolas, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera. “Educación no está para financiar aulas vacías o semivacías”, ha defendido Gimeno.

“No es posible, como trasladaron los servicios jurídicos del departamento ayer, llevar a cabo la prórroga de los conciertos. Solo se pueden prorrogar en la interpretación correcta y jurídica del artículo 44 -del Decreto Foral 416/1992-”, ha dicho, para precisar que “la única interpretación posible del artículo 44 se puede aplicar a la ikastola de Lodosa”, ha señalado el consejero de Educación.

Ante las críticas de la Federación navarra de Ikastolas y de EH Bildu y Geroa Bai por el cierre de aulas en estos centros, el consejero ha asegurado “se puede estudiar en modelo D -en euskera- en toda la comunidad foral, también en la zona no vascófona”.

“Es palmario que se han ido aumentando unidades del modelo D en toda la comunidad”, ha dicho, para exponer que en el acuerdo presupuestario de este año se recoge que se van a introducir unidades de modelo D en Falces y en Aibar. “Si se introduce el modelo D en Ancín, si se hace un centro público para modelo D en Ancín, si se modifica el mapa escolar en Ancín, si se amplía un colegio público como el de Abárzuza, si se introduce más oferta de modelo D en Abárzuza, repercute en determinadas ikastolas del ámbito de influencia educativa”, ha apuntado.

Según ha comentado, además, se ha reducido la matrícula por una bajada demográfica por lo que “la ecuación afecta no solo al ámbito público sino al ámbito de modelo D concertado”.

Ha negado así Gimeno que “haya un ataque al euskera por parte del Departamento”. “Se han exceptuado de los criterios que ha aplicado el departamento tres ikastolas, se han incrementado recursos en una ikastola y se ha ofrecido la prórroga del concierto”, ha defendido, para exponer que “a la ikastola de Sangüesa se le aplican los criterios de la escuela pública por estar en una zona de riesgo de despoblación”.

Más de 5.000 son las firmas que el Ayuntamiento de Noblejas ha entregado en la mañana de este lunes ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en apoyo a la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en el municipio toledano.

En declaraciones a los medios antes de proceder al registro de las firmas, el alcalde de Noblejas, el socialista Agustín Jiménez, ha asegurado que las adhesiones, recabadas a través de la plataforma Change.org, son también de vecinos y vecinas de Villarrubia de Santiago, Villatobas y Dos Barrios.

Todos ellos, junto con el suyo, son municipios cuyos estudiantes de secundaria tienen que desplazarse a diario hasta Ocaña para dar clase “en una jungla llena de contenedores”, expresión con la que Jiménez se ha referido a unas aulas que define como “barracones” y que están “saturadas” de estudiantes. Según sus cálculos, la creación de un instituto en Noblejas beneficiaría a “no menos de 500 alumnos”.

El alcalde también ha afirmado que el 80% de los profesores de los institutos de Ocaña han dejado su firma en la petición, lo cual tiene “mucha importancia”.

Cabe recordar que Agustín Jiménez se puso en huelga de hambre el pasado verano para reclamar al Gobierno de Emiliano García-Page un instituto que, asegura, lleva prometido 19 años y cuenta con el apoyo del 84% de las familias de la zona.

“No esperamos nada”

Sin embargo, Agustín Jiménez se muestra “muy pesimista” sobre el efecto que tengan estas firmas entregadas: “No esperamos nada”. Ni siquiera una respuesta por parte de la Consejería de Educación, ya que el consejero, Amador Pastor, “no nos quiere ver”, asegura, después de haberle pedido cita “innumerables veces”.

Y ha sido entonces cuando ha ironizado con que van a dedicar en Noblejas una calle al presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page: “La calle del Olvido o la calle del Silencio”, ha indicado.

Además, aunque Jiménez y Page pertenecen al PSOE, ha asegurado que no son compañeros de partido, sino “co-carnetarios”: “Tenemos el mismo carnet, pero no somos compañeros. Yo no soy compañero de Emiliano García-Page ni para tomar café”.

Por último, el alcalde ha mostrado su deseo de que “siga la lucha”. “Nos veremos en las urnas en el año 27. A ver cuántos de esos 5.000 votan a Emiliano García-Page”, ha zanjado.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno regional, pondrá en marcha a partir del próximo curso un plan pionero, denominado 'Conecta talento: 2+3', que permitirá a los estudiantes de la región completar en cinco años una titulación de Formación Profesional de grado superior y un grado universitario, reduciendo en un año la duración habitual de estos estudios.

El programa consistirá en cursar dos años de Formación Profesional y tres años de grado universitario, con el reconocimiento de hasta 60 créditos ECTS en la etapa universitaria tras la convalidación de las asignaturas de la FP, el máximo permitido por la normativa vigente, lo que permite reducir la duración total de los estudios.

En su fase piloto, se implantará en el ciclo de Administración y Finanzas vinculado al Grado en Administración y Dirección de Empresas en varios institutos de Talavera de la Reina, Ciudad Real, Cuenca y Albacete, así como en el ciclo de Mecatrónica Industrial en el IES 'Mercurio' de Almadén conectado con el Grado en Ingeniería Mecánica en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de esta localidad.

El acceso al grado se realizará una vez finalizada la FP superior, bien mediante matrícula directa o, en el caso de titulaciones con alta demanda, a través de los procesos de admisión habituales.

El rector de la UCLM, Julián Garde; el consejero de Educación del Gobierno regional, Amador Pastor, y el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la universidad, José Manuel Chicharro, han sido los encargados de presentar este nuevo modelo educativo, que busca facilitar un itinerario continuo entre la FP y la universidad, con el fin de evitar que los estudiantes tengan que empezar de nuevo al cambiar de etapa.

Durante la presentación, el consejero de Educación del Gobierno regional, Amador Pastor, ha destacado que este modelo permitirá ahorrar tiempo y costes a los estudiantes, estimando un ahorro cercano a los 1.000 euros al reducirse el número de matrículas necesarias para completar ambos estudios, ahorro que se sumaría a la medida de la primera matrícula gratuita en la UCLM.

Por su parte, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha subrayado que este programa sitúa a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad autónoma en España en implantar este modelo, que ya funciona de manera integrada en Navarra, y ha señalado que se trata de un paso “importantísimo” para el sistema educativo regional, destacando que la comunidad se sitúa a la vanguardia en la conexión entre la Formación Profesional y la universidad.

Ultimando el borrador de la Ley de FP

Por otro lado, el consejero de Educación, Amador Pastor, ha anunciado que el Gobierno regional está ultimando el primer borrador de la futura Ley de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, que verá la luz a lo largo de este mes de abril y que convertirá a la Comunidad Autónoma en la primera en contar con una normativa propia tras el marco estatal aprobado por el Ejecutivo central.

Pastor ha enmarcado este avance en el esfuerzo realizado en los últimos años para reforzar y dimensionar la oferta de FP, que ya roza los 1.000 ciclos formativos y alcanza los 47.000 alumnos en la región, consolidando este modelo como una vía para el desarrollo del talento.

La nueva ley buscará blindar por norma un sistema integrado de Formación Profesional que conecte todas las etapas, refuerce la orientación académica y facilite itinerarios como el presentado con el programa 'Conecta talento: 2+3', evitando barreras entre niveles educativos.

Según ha avanzado el consejero, el objetivo es que este primer borrador sea presentado a mediados de abril y que la ley pueda quedar aprobada a finales de 2026 o principios de 2027, consolidando así un modelo formativo que apuesta por la “excelencia y la continuidad educativa” en Castilla-La Mancha.

El proyecto de Ley de Medidas de Fiscales y Administrativas que acompaña a la Ley de Presupuestos de Cantabria para 2026 contempla la posibilidad de prolongar la actividad lectiva para los docentes que alcancen la edad máxima de jubilación.

El titular de Educación, Sergio Silva, ha explicado que se trata de ofrecer la posibilidad de prolongar la permanencia en el servicio activo como máximo hasta los 70 años para los docentes, una medida que hasta ahora era “imposible legalmente” en el ámbito de la docencia de Cantabria y que algunas comunidades autónomas ya habían recuperado.

Esta iniciativa ya fue trasladada y explicada a directores de centros educativos y a Junta de Personal Docente en la presentación del proyecto de presupuestos, el pasado mes de noviembre, ha señalado el Ejecutivo cántabro en una nota de prensa.

El consejero cree que esta medida “fortalece la profesión docente”, sobre todo la de aquellos que se aproximan a la edad de jubilación y supone el reconocimiento de un derecho para este colectivo que se disfruta en otras profesiones.

Esta medida, como en el caso de la sustitución de la jornada lectiva para los docentes mayores de 55 años, pretende fortalecer a los profesionales con más experiencia y que los centros educativos puedan contar con estos perfiles más tiempo, siempre y cuando los interesados así lo deseen.

Renovación cada curso escolar

La prolongación se concede por cursos escolares y se somete a renovación por cada curso escolar de manera motivada, previo informe de la Inspección de Educación, debiendo solicitarse tres meses antes del inicio del curso siguiente.

En el curso en el que vaya efectivamente a producirse la jubilación, la prolongación en el servicio activo podrá autorizarse, a solicitud del interesado, única y exclusivamente hasta la terminación del periodo lectivo de ese curso escolar.

La Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente han concluido este martes sin acuerdo su reunión sobre la subida salarial de los profesores por peticiones de los sindicatos, que para el titular de ese departamento, Sergio Silva, “no son infranqueables”, por lo que volverán a sentarse a negociar, previsiblemente este jueves.

A la salida de la reunión, ambas partes han expresado “prudencia” sobre la posibilidad de que el acuerdo se pueda cerrar en dos días, una vez que los sindicatos de la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CCOO, UGT y TÚ) trasladen por escrito a la Consejería esas peticiones, algunas de las cuales tienen impacto presupuestario.

Una vez que tenga las peticiones por escrito, la Consejería las va a estudiar y convocará de forma inmediata a los sindicatos para continuar con la negociación.“Quiero pensar que no va a ser ningún problema en el sentido de que no nos permita firmar el acuerdo, pero también quiero ser prudente”, ha dicho Silva en un encuentro con periodistas a la salida de la reunión.

“Nosotros lo vemos como una oportunidad. Estamos dispuestos a llegar al acuerdo, pero entendemos que esa disponibilidad también hay que tenerla por la otra parte”, ha manifestado a continuación a los periodistas la presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba (ANPE), quien ha explicado que los sindicatos enviarán de forma inmediata sus peticiones para que se les pueda convocar a una nueva reunión este jueves.

Peticiones “no nucleares”

Silva ha explicado que, en la reunión, los sindicatos han planteado diez peticiones en dos bloques que ya se habían hablado en anteriores reuniones y “no son nucleares”, pero que algunas tienen impacto presupuestario, como la de vincular la subida salarial al incremento del IPC, mientras otras son “correcciones de estilo, de redacción, de enfoque” en la redacción del texto de la propuesta trasladada por la Consejería.

Por ello, el consejero ha considerado “más prudente” pedir a los sindicatos que trasladen esas peticiones por escrito “para tener la seguridad” de los que se firma. “Tengo que decir, en relación a esos 10 aspectos, que no son infranqueables. Al contrario, el Gobierno aquí tiene la voluntad, de alguna manera, de llegar al acuerdo”, ha precisado.

“Queremos hacerlo rápido, pero con seguridad”, ha alegado, y ha incidido en que el “principal escollo” para firmar el acuerdo en el último año y medio era la denominada 'cláusula Silva', ha desaparecido del texto de la propuesta de la Consejería, tras el acuerdo entre PP y PRC para aprobar los presupuestos de este año, que consignan 17 millones de euros para hacer frente al incremento salarial de los docentes.

En los siguientes ejercicios que establece la propuesta de acuerdo, ha recordado el consejero, solo será necesario que existe disponibilidad presupuestaria, como establece el acuerdo entre populares y regionalistas.

“Estamos hablando de la oportunidad de firmar un acuerdo salarial que en 18 años no se ha conseguido en esta comunidad autónoma. Yo creo que los 8.500 docentes de la pública y los 2.600 la red concertada, a los que también les afecta indirectamente, estarán deseosos y expectantes de que se firme un acuerdo”, ha concluido.

Demandas que no son nuevas

La presidenta de la Junta de Personal Docente ha aclarado que las demandas de los sindicatos no son nuevas, sino que ya se incluían en la propuesta de acuerdo que trasladaron a la Consejería en noviembre del año pasado. “No pedimos más, ni pedimos menos”, ha argumentado.

Rus Trueba ha recordado que la negociación “no parte de cero”, tras más de un año de negociación, y ha confiado en que Educación acepte las peticiones de los sindicatos que “no son grandes”. “No estamos tan lejos si se quiere ver así y esperemos que el Gobierno de Cantabria acceda a nuestras peticiones”, ha apuntado.

Se mantiene la manifestación del sábado

 Trueba ha precisado que, aunque se pueda alcanzar esta semana un acuerdo sobre la subida salarial de los docentes, la Junta de Personal mantiene la convocatoria de la manifestación para este sábado en Santander, porque va más allá, al tener como objetivo reclamar mejoras en la enseñanza pública y denunciar las decisiones “unilaterales” tomadas en esta legislatura por la Consejería.

La manifestación arrancará a las 12.00 horas desde la sede de la Consejería y recorrerá las calles de la capital hasta la plaza Porticada. “No es una manifestación sólo por una adecuación salarial, es una manifestación por la mejora de las condiciones de la enseñanza pública de Cantabria”, ha defendido.

Hasta que se celebre esta manifestación, la Junta de Personal ha anunciado este martes que mantendrá abierto un referendo entre los docentes para que se pronuncien sobre los cambios en las oposiciones, los conciertos con centros privados y sobre la continuidad del Consejero, entre otros asuntos. 

Parece simple. Después de 30 años reclamando un instituto público en el barrio de Aravaca —un barrio plagado de centros privados y concertados— el IES Ana Frank ya está preparado para recibir al alumnado. La obra se terminó el año pasado y los profesores ya tienen sus plazas adjudicadas; solo falta que se abran las puertas. Sin embargo, todas las mañanas desde hace casi siete años, las familias dejan a sus hijos e hijas en la puerta del colegio, donde, en vez de entrar, esperan a un autobús que les lleva a otro centro.

Este viernes, decenas de padres, madres y jóvenes se han concentrado frente a esa verja que permanece cerrada para exigir, una vez más, que el IES Ana Frank deje de ser un “instituto fantasma” y se cumpla la demanda histórica de un centro público. “Estamos rodeados de ofertas privadas, pero este es un colegio para todos”, subraya Fabiana Aguilar, presidenta de la AMPA y madre de una alumna de segundo de la ESO.

Debajo de sus paraguas, tapándose de la lluvia unos a otros, tanto padres y madres del Ana Frank como vecinos que arrastran la lucha por un instituto público en su barrio desde hace décadas están hartos de la espera. “Ya llevamos siete años, siete navidades. Estamos muy, muy cansados”, expresa Aguilar. En su caso, además de su hija pequeña, que está actualmente matriculada en el centro, la mayor también pasó por el “instituto fantasma” y se graduó el año pasado. Aunque en su diploma figura el nombre del IES Ana Frank, nunca se sentó en sus aulas y pasó por tres centros distintos. La única vez que pisó sus instalaciones fue en la graduación, cuando, excepcionalmente, se dejó entrar al alumnado en el gimnasio para la “triste” ceremonia, como la describen algunos padres.

Ante la demanda de un centro público en una zona plagada de concertados y privados, la Consejería de Educación llegó en 2019 a una solución algo estrambótica: creó el IES Ana Frank únicamente como figura jurídica, sin edificio. El instituto no existía físicamente. La idea era que funcionara provisionalmente utilizando espacios cedidos por otro centro educativo mientras se construía el nuevo inmueble, que supuestamente estaría listo para el curso siguiente. Fue en aquel año cuando la hija mayor de Fabiana y sus compañeros se matricularon en el centro: “Han hecho toda su trayectoria aquí y no han podido nunca ver su instituto construido. Y ahora que parece que valió la pena, cada vez dilatan más la recta final y no entendemos por qué”, explica la madre.

Han pasado casi siete años desde entonces y, aunque el edificio ya está en pie, sigue cerrado por “supuestos trámites pendientes con las contratas eléctricas”, según señalan las familias. Para la comunidad educativa, la explicación no resulta convincente: “Si es un papel y ellos son la administración, ¿por qué no lo firman?, ¿por qué no venimos aquí? Creemos que les da igual tener un instituto nuevo, pero a nosotros no”, asegura la presidenta de la AMPA.

Arrastran una solución provisional que se hace insoportable

La rutina diaria del alumnado sigue marcada por los desplazamientos. “Tienen que venir aquí, justo a la puerta, y aquí les recoge un autobús que les lleva a donde están ahora mismo, que es una escuela oficial de idiomas”, explica Beatriz Sahuar, madre de un alumno de segundo de la ESO. El trayecto, lejos de ser puntual, se alarga cada mañana: “Hay mucho tráfico y tardan de 30 minutos a una hora”, subraya. Aunque las familias conocían la situación al matricular a sus hijos, la provisionalidad se ha convertido en algo crónico: “Sabíamos cuál era la situación, pero contábamos con que la apertura era inminente. Esperábamos que este curso, en septiembre, ya empezarían aquí”, señala.

Frente a este contexto de promesas incumplidas y de constante desplazamiento del alumnado —que obliga a más de doscientos estudiantes a viajar cada día fuera de su barrio para recibir educación secundaria— la reivindicación apunta también a una cuestión de igualdad de oportunidades: “Hay una oferta de colegios privados y concertados espectacular, pero no hay una oferta de enseñanza pública secundaria en un municipio en el que hay un montón de chavales que quieren seguir estudiando”, defiende Sahuar.

“Siempre han estado como invitados o incluso apestados en otros centros”

Gretel Zamudio es madre de una joven de segundo de Bachillerato y, si el Ana Frank no abre antes de que se acabe el curso, ella formaría parte de la “segunda generación del instituto fantasma”, describe Zamudio. Destaca lo satisfecha que está la comunidad educativa del barrio con la calidad de la enseñanza de este centro, que tiene sus propios profesores y directora, a quienes considera “excelentes”, pero lamenta que sus hijos “no hayan tenido la misma experiencia que otros chicos en el Bachillerato. Siempre han estado como invitados o incluso apestados en otros centros”.

Desde 2019, el Ana Frank se ha visto afectado en distintos momentos por problemas administrativos y de gestión, incluida la tramitación de la parcela y la firma de convenios con el Ayuntamiento. Esta falta de avances ha mantenido al IES en una situación de provisionalidad durante varios cursos escolares, con alumnado cursando sus estudios en instalaciones ajenas o adaptadas, lo que ha tenido un impacto directo en la conciliación y en la vida cotidiana de las familias: “Venir acá todos los padres por la mañana, media hora antes para que puedan llegar… no es fácil para la familia, no es lindo, no es agradable”, apunta Aguilar.

En diciembre de 2023, la Comunidad de Madrid anunció la licitación de las obras para construir un nuevo edificio para el IES Ana Frank, con una inversión estimada en torno a 7,6 millones de euros y la intención de ofrecer alrededor de 380 plazas entre ESO y Bachillerato, con finalización prevista para 2025. Hoy, las familias y asociaciones consideran que los plazos no se han cumplido ni se ha dado una respuesta satisfactoria ante los continuos retrasos y la prolongada provisionalidad. “Ya tuvimos la paciencia que había que tener. No nos pueden decir que no luchamos por un instituto en este barrio”, concluye la presidenta de la AMPA.

No es la primera manifestación por un centro público en Aravaca a la que acude Celia, que ahora ha pasado a primero de la ESO y también está matriculada en el Ana Frank: “Hace muchos años ya vinimos a una manifestación para que lo hicieran y yo pensaba que cuando me tocara ir ya estaría hecho. Incluso este verano tenía esa expectativa”, cuenta. Su padre, Daniel, añade que el proyecto educativo fue lo que les atrajo de este centro, que está cerca de su casa y además es bilingüe: “Nos habían prometido que estaría listo. Si hubiésemos sabido que no lo iba a estar, nos lo habríamos pensado”, asegura.

En el colegio público CRA Sierra Oeste, Sergio Méndez denuncia que su hijo, con diabetes tipo 1, continúa sin enfermería escolar pese a que el recurso está oficialmente concedido. Desde finales de septiembre, cuando la enfermera solicitó la baja, es él quien permanece cada día en el centro, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas, para atenderle. Pero Méndez no es el único padre en esta situación. La Asociación de Diabetes de Madrid, uno de los colectivos que requiere un seguimiento diario de esta enfermedad, ha recibido quejas similares en al menos 21 centros de la Comunidad. El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) asegura que llevan años denunciando “la insuficiente implantación de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos de la Comunidad de Madrid” y aporta un dato revelador: solo el 22% de los centros educativos madrileños contaba con una enfermera escolar el pasado septiembre.

Para que un centro pueda disponer de esta figura debe informar a la Administración de que tiene al menos un alumno escolarizado con una enfermedad crónica, como la diabetes. Para el CODEM, el número de centros que cuentan con este servicio es claramente insuficiente. El número de enfermeras escolares en Madrid presenta “una ratio muy alejada de las recomendaciones internacionales”, aseguran. Pero incluso en los colegios donde la plaza ya está asignada, varios testimonios consultados por elDiario.es –como el de Sergio Méndez– apuntan a las grandes trabas burocráticas y a las dificultades para cubrir bajas y sustituciones, dejando a los niños sin un servicio esencial.

Es lo que denuncian varios padres de niños diabéticos y la propia Asociación de Diabetes de Madrid. Según el CODEM, faltan enfermeras dispuestas a cubrir estas plazas profesionales: “No se trata de una falta de vocación o disponibilidad”, explican, sino que “muchos de los contratos que se ofrecen son precarios, de jornada parcial o con condiciones laborales poco atractivas, lo que dificulta su cobertura de forma estable”. Estas profesionales añaden que su contratación ni siquiera “forma parte de una estrategia estructural, sino que en muchos casos depende de convenios temporales o acuerdos puntuales con empresas externas”.

La Consejería admite la escasez

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades admiten la “escasez de estos profesionales” y se defienden afirmando que “no solo afecta a la Comunidad de Madrid, sino a toda España tanto en hospitales como en residencias o centros educativos. Cuando se produce la baja de alguna enfermera escolar la Consejería de Educación tramita de la manera más rápida y eficaz posible su sustitución, y mientras, garantiza la atención de los niños que lo necesitan desplazando puntualmente a enfermeras que estén prestando servicio en otro centro escolar cercano si es necesario”.

Sin embargo, tras un mes denunciando en vano su situación ante las administraciones, Sergio Méndez llegó incluso a buscar personalmente candidatos en portales de empleo: “Ahí conseguí tres personas”. Eligió a un enfermero que cumplía todos los requisitos y lo comunicó a la DAT –la Dirección del Área Territorial de Madrid Oeste–, a Recursos Humanos y a la Consejería de Educación. Para cuando obtuvo alguna respuesta ya había pasado casi un mes y el candidato había encontrado otro puesto de trabajo. Para el padre, la situación es injustificable: “Estando el recurso concedido, es decir, el dinero está disponible, y habiendo un chico que quería venir, no se entiende la dejadez”.

Un caso similar se produce en el colegio público María Moliner de Villanueva de la Cañada, donde Alfredo Cañizo denuncia la falta de una enfermería escolar estable para su hijo de ocho años, también con diabetes tipo 1. Desde el 3 de septiembre, ante la ausencia de personal sanitario, los padres del niño se han visto obligados a asumir esa atención: “Nos íbamos turnando, en ocasiones no podíamos atenderle por motivos de trabajo”. Tras dos meses –y después de acudir en repetidas ocasiones a la Consejería de Educación, la DAT y la alcaldía–, en noviembre se asignó una enfermera al centro. No obstante, por otra oportunidad laboral, el próximo 9 de enero dejará su puesto y el colegio ha comunicado a la familia que, a partir de entonces y a falta de otra sustitución, su hijo “no podrá usar el comedor”.

“Se siente marcado”

Cañizo denuncia el impacto directo que esta situación tiene en su hijo, que “está pagando unas consecuencias muy graves”. “Se siente marcado. Mientras los otros niños están disfrutando del colegio de forma normal él tiene que tener a su padre allí todos los días”, explica.

Tanto Méndez como Cañizo se han dirigido también al Defensor del Pueblo para denunciar esta situación. Según ha comprobado este diario, la institución se ha dirigido a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid “al efecto de solicitarle información sobre los hechos”.

Ruth Navia, madre de una alumna de siete años con diabetes del colegio público Nuestra Señora de Navahonda, también ha tenido que hacerse cargo de la falta de un servicio estable de enfermería escolar: “Yo me he tirado un mes prácticamente, a veces en el colegio, y otras veces yendo de mi casa al colegio. He hecho unos 6 o 7 viajes todos los días”.

Madrid privatiza el servicio de enfermería escolar

Ante la falta de una plaza pública de enfermería, la solución aportada por la Comunidad de Madrid ha sido la externalización del servicio a empresas privadas. El propio colegio confirma esta situación y advierte de sus consecuencias: “Desde inicios del mes de noviembre hemos sido atendidos por dos empresas distintas, lo cual ha supuesto que 6 profesionales diferentes han ido cubriendo el servicio”. Esta situación, aseguran, “dificulta enormemente la atención al alumnado y afecta especialmente a la continuidad”.

El centro asegura que además de esta alumna diabética escolariza a otros menores que padecen “epilepsias, intolerancias alimentarias, [...] crisis de ansiedad, accidentes, golpes, subidas de fiebre” o problemas relacionados con la salud mental que no son atendidos en las escuelas “por falta de recursos”.

Una de las empresas que presta este servicio es School Nurses, dedicada a ofrecer enfermería escolar a colegios privados, concertados y, en ocasiones, públicos, como en estos casos en los que la administración no cubre una baja. Según la compañía, en lo que va de curso han atendido a 17 colegios públicos en la Comunidad de Madrid, “servicios que van desde un día a varias semanas, por lo que de seguir la tendencia es posible que en este curso se termine dando apoyo a aproximadamente 30 o 35 colegios”.

Desde School Nurses admiten no estar satisfechos con el funcionamiento del servicio en los centros públicos: “Hay un problema de planificación en los colegios públicos”. Añaden que “hay mucha rotación de personal” y que “a veces, esos colegios no tienen los espacios y materiales adecuados”, por lo que “algunos enfermeros se tienen que traer sus cosas de casa”. El CODEM confirma estas deficiencias: “En muchos centros educativos no se cuenta con espacios adecuados, materiales suficientes ni protocolos estandarizados para que la enfermera escolar pueda desarrollar sus funciones con garantías. Esto supone una limitación grave para ofrecer una atención sanitaria integral, preventiva y de calidad”.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha convoca oposiciones para 31 plazas del Cuerpo de Inspectores de Educación. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 14 de enero hasta 2 de febrero de 2026. Se convocan un total de 29 plazas quedan reservadas para el sistema general de acceso libre, mientras que 2 plazas estarán destinadas a personas con discapacidad.

Requisitos para la participación

La persona que quiera presentarse a las oposiciones tendrá que tener cumplidos los 18 años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter general para la jubilación. Además, no debe padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo de Inspectores de Educación. Del mismo modo, no deberá haber sido sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas ni ser funcionario/a de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento como funcionario/a de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación.

Por otro lado, será necesario estar en posesión del título de Doctor, Máster Universitario, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título equivalente. En el caso de que la titulación se haya obtenido en el extranjero, deberá aportarse la credencial que acredite su homologación.

Además, la persona participante tendrá que pertenecer a alguno de los cuerpos que integran la función pública docente, así como acreditar una antigüedad mínima de ocho años, como personal funcionario de carrera, en alguno de los cuerpos que integran la función pública docente y una experiencia docente de igual duración. A estos efectos se entiende como experiencia docente la prestación de servicios de docencia directa con el alumnado de un centro y las actividades desarrolladas por personal docente en servicios y programas educativos y en otras unidades de la Administración educativa.

Plazas para personas con discapacidad

En el caso de las personas con discapacidad, los aspirantes deberán tener reconocida por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente o, en su caso, por el Ministerio competente en la materia, un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que sea compatible con el desempeño de las tareas y funciones propias de los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Inspectores de Educación.

Esta opción de acceso de personas con discapacidad deberá formularse en la solicitud de participación, con declaración expresa de reunir la condición exigida al respecto (acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%), debiendo consignar el aspirante el grado de discapacidad que tiene.

Tasas, examen y concurso

La tasa general por derechos de examen será de 41,79 euros. Si se realiza mediante medios electrónicos corresponderá a 37,61 euros. Las personas que presenten la solicitud de participación y pertenezcan a familias numerosas de categoría general tendrán una bonificación del 50%. Al utilizar la solicitud electrónica y al pagar la tasa por vía telemática, se les aplicará la bonificación del 10% sobre la cuantía correspondiente, en cuyo caso el importe será de 16,72 euros.

Estarán exentas de pago las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y aquellas personas que pertenezcan a una familia numerosa de categoría especial.

Con respecto al examen, en primer lugar, consistirá en el desarrollo por escrito de un tema referido a la parte A del temario, elegido por el aspirante entre dos opciones de tema. El tiempo para el desarrollo es de tres horas. Después, el ejercicio será leído por el aspirante en sesión pública ante el tribunal. La segunda parte consistirá en la exposición oral de un tema referido en la parte B , elegido por el aspirante entre dos extraídos por sorteo por el tribunal. Tendrá 30 minutos para la preparación del ejercicio y 60 minutos para la exposición oral ante el tribunal.

Por último, la tercera parte consistirá en el análisis por escrito de un caso práctico sobre las técnicas adecuadas para la actuación de la Inspección de Educación, que será propuesto por el tribunal. El tiempo para el desarrollo de este ejercicio escrito será de tres horas. El ejercicio será leído por el aspirante en sesión pública ante el tribunal. Finalizada la lectura por el aspirante, el tribunal podrá formularle las preguntas o solicitarle las aclaraciones que estime pertinentes, durante un tiempo máximo de quince minutos.

Tras el examen, en la fase de concurso se valorarán los méritos aportados, de acuerdo con el baremo y las especificaciones que figuran en el anexo I del documento publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Una vez publicadas las listas de aspirantes seleccionados se procederá a nombrar funcionarios en prácticas a los integrantes de estas. La duración de la fase de prácticas se fija en 6 meses.

Las bases completas de este proceso de oposición pueden consultarse a través de este enlace.

Los estudiantes de uno de los institutos considerados históricos en Madrid afrontan el próximo inverno sin ventanas y un frío que, en estos días, ya comienza a calar. Con el inicio de las obras en el IES Cardenal Cisneros, un centro educativo construido a finales del siglo XIX, los antiguos ventanales de madera se han ido retirando para instalar nuevos cristales aislantes con rotura de puente térmico. La idea es mejorar su cierre e impedir el paso del aire, pero un retraso en los suministros que se esperan para recuadrarlos ha dejado hasta 28 enormes huecos sin cubrir a pocos días de empezar noviembre.

Este verano, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó una inversión de 1,45 millones en reformas para seis colegios e institutos de Madrid, Alcalá de Henares y San Fernando de Henares. Uno de ellos era este centro de Secundaria y Bachillerato situado entre las calles Amaniel y Reyes, a un paso de Plaza de España, para el que se han destinado 315.263 euros en trabajos de mejora en las estructuras de eficiencia energética y el sistema de protección antincendios.

El recuadro de las ventanas se incluye en esta primera parte, pero la empresa adjudicataria de la obra “está viendo retrasadas incluso sus peores expectativas” por un “problema de suministros”, según una comunicación reciente que la dirección del centro ha enviado a las familias. “Ha llegado el primer frío y nos pilla sin ventanas en los pasillos [...] Les rogamos que pidan a sus hijos que vengan al centro con ropa adecuada para estas circunstancias actuales”, sigue el escrito, que pide a los usuarios “ser pacientes como hasta ahora”.

“Confíen en que la primavera siempre llega y el final de las obras, también. Esperemos que mucho antes”, concluye la notificación a las familias. Fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, que desarrolla el plan de reforma para actualizar el parque inmobiliario de sus centros públicos, indican a este periódico que las obras en el IES Cardenal Cisneros siguen su curso “con normalidad, cumpliendo los plazos previstos y ejecutándose por fases para ser más compatible con la actividad docente”.

Una obra escalonada para las clases y frío que entra por el pasillo

El mensaje enviado por la dirección del centro menciona que “no se dará clase en aulas sin ventanas” en este tiempo, pero reconoce que la carencia de ellas en los pasillos “afectará a la temperatura ambiente” en todas las instalaciones. El Real Decreto 486/1997, por el que se establecen rangos de temperatura para lugares de trabajo interiores, marca que la climatización de las oficinas debe oscilar entre los 17 y los 27 grados centígrados. En estos momentos, casi toda la fachada que conecta el IES Cardenal Cisneros con la calle de los Reyes se mantiene abierta al exterior sin ventanas a la vista, por lo que queda ver qué cifra marcarán los termómetros cuando comience el frío del invierno.

Consultados por Somos Madrid, desde el instituto celebran que hayan comenzado las obras pese a este contratiempo, ya que llevaban tiempo esperando algunas remodelaciones. Al ser un edificio antiguo que, desde su construcción, se ha utilizado como instalación educativa (allí impartieron clase las primeras profesoras del país). Por ahora, confirman que se está implementando una estrategia escalonada en las aulas para irlas reparando de una en una mientras que, en ese tiempo, el grupo de alumnos que se haya quedado sin clase por los trabajos se trasladará temporalmente a otra estancia vacía. Cuando las obras terminen en esa zona, volverán a sus pupitres y otro curso se desplazará a la misma sala mientras que acondicionan la siguente.

Las familias de los estudiantes llevan al menos siete años esperando una reforma como la que ahora se produce. En el catálogo de bienes y espacios protegidos del Ayuntamiento, el IES Cardenal Cisneros consta como uno de los edificios con un grado de protección singular, el tipo de blindaje más alto de entre los tres niveles que se establecen: primero están la protección parcial o ambiental, luego la estructural o volumétrica y por último la singular, que obliga a mantener las características arquitectónicas o elementos decorativos de un edificio considerado parte de la historia madrileña.

Como esta categoría limita una demolición parcial del inmueble o las actuaciones que puedan alterar sus rasgos principales, lograr poner en marcha una remodelación del instituto no ha sido tarea fácil. El porqué de que las obras se iniciaran a partir septiembre y no durante el verano es una incógnita por resolver, pero fue algo que se notificó a los usuarios a la vuelta como una decisión ajena al propio centro. Las ventanas estancas han sido uno de los grandes problemas que afrontan desde hace años para aclimatar las estancias durante el invierno. Pero recuadrarlas ha dejado en obras una mitad de las instalaciones con el curso ya arrancado.

Otro asunto es el del sistema de prevención de incendios, que en estos años ha variado ligeramente pero aún seguía pendiente de ajustarse por completo a la normativa actual. Con los cambios, se modernizarán los mecanismos de protección sin alterar demasiado la estructura del edificio, algo que tampoco ocurrirá con la modificación de sus ventanas de madera. Este es un material natural que se deforma con el paso del tiempo, así que que el nuevo modelo garantizará un cierre completo manteniendo la tipología del ventanal.

En un primer momento, la idea que se notificó a la dirección del centro fue que los trabajos estarían a punto para mediados de diciembre. Sin embargo, esas fechas podrían variar dados los últimos contratiempos. De ser así, el inicio de las vacaciones navideñas –en las que el centro estará vacío durante al menos dos semanas– supone para el instituto un pequeño respiro de ruidos o andamios, en caso de que la obra deba continuar unas semanas más.

Un total de 11 nuevos proyectos de innovación del programa INNOVA+ACTIVA FP se desarrollarán este curso 2025-2026 en los nueve centros de Formación Profesional de Cantabria sostenidos con fondos públicos.

Estos proyectos han resultado seleccionados de entre los 40 presentados a la primera convocatoria INNOVA+ACTIVA, de la Consejería de Educación, dirigida a centros de FP que imparten ciclos de grados básico, medio y superior, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Su objetivo es impulsar la investigación y la innovación en la FP a través de la realización de proyectos que potencien el desarrollo y la mejora de los procesos tecnológicos, así como la calidad en la metodología y en los procesos formativos, y el fomento de la colaboración en el mundo empresarial.

Estos proyectos se dividen en cuatro categorías: Didacinnova+; Tecnoinnova+; Coinnova+ y Retainnova+ y giran en torno a ámbitos tan diversos como la aplicación de la IA en la investigación de la aerodinámica en drones; la integración de generación fotovoltaica en redes de distribución eléctrica de baja tensión; belleza solidaria o la lucha contra la obsolescencia programada.

Los centros educativos en los que se desarrollarán son el IES Zapatón (Torrelavega), IES Montesclaros (Reinosa), CIFP La Granja (Medio Cudeyo), CIFP Nº 1 (Santander); IES Santa Cruz (Castañeda); IES Marqués de Manzanedo (Santoña); IES Miguel Herrero (Torrelevega); CEE Parayas (Camargo), CC López Vicuña (Santander); CCEE Padre Apolinar (Santander).

Para el titular de Educación, Sergio Silva, esta iniciativa constituye una oportunidad para seguir avanzando en la introducción en el aula de cambios metodológicos que permitan mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje y ha alentado a los centros participantes a seguir trabajando en este ámbito.

Los proyectos INNOVA+ACTIVA se suman a los 22 programas de la convocatoria Reta Cantabria que continuarán su segundo y tercer año de ejecución en 15 centros educativos de FP de Cantabria, que promueven metodologías competenciales basadas en el aprendizaje colaborativo.

Esta iniciativa propone retos y proyectos relacionados con situaciones y entornos laborales e integra actividades específicas de formación del profesorado.

Finalmente, establece una organización de los centros en redes, a través de las que se puede canalizar la formación y fomentar la cooperación, el apoyo mutuo y el intercambio de buenas prácticas.

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha confirmado que no va a dimitir de su cargo, pese a la petición de la Junta de Personal Docente, y cree que el nuevo curso escolar que este lunes se inicia con huelga “saldrá adelante, a pesar de las dificultades que surjan en el camino”.

“Creo que soy una persona que he demostrado que no me rindo y no lo voy a hacer en estas circunstancias por más que fuese algo cómodo para mí”, ha afirmado en unas declaraciones remitidas este lunes por el Gobierno regional.

En ellas, Silva “no comparte” y “lamenta profundamente” la petición realizada por la Junta, que este fin de semana ha pedido su dimisión o, si no, su cese por parte de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

“Creo honestamente que no es la solución a nada y que esto no aportaría absolutamente más que incertidumbre a un inicio de curso escolar que justo lo que necesita es estabilidad. Lo vimos en el 2017 cuando el Partido Socialista de Cantabria cesó al entonces consejero Ramón Ruiz al inicio de un curso escolar provocando una inestabilidad muy perjudicial para la educación de Cantabria”, ha argumentado.

Aunque el consejero ha reconocido que “no es una situación fácil” para él, y más cuando este mes se cumplen 25 años de dedicación al servicio público educativo, ha asegurado que tiene “la misma ilusión” y “convicción” que cuando empezó como docente.

Ha insistido en que va “a seguir trabajando con más ahínco si cabe y no voy a abandonar”. “Creo que tenemos proyecto y tenemos equipo, tenemos un compromiso con todos los cántabros, con los casi 120.000 cántabros que apoyaron al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga en las elecciones del 2023, un proyecto en el que la inclusión, la equidad, la Formación Profesional, el esfuerzo, la responsabilidad o la formación forman parte de esos ejes esenciales”, ha defendido.

El consejero ha afirmado que su compromiso es “con todos los cántabros, con toda la educación de Cantabria y no sólo con un sector en concreto”. “Y por eso debo seguir trabajando por la estabilidad y por la educación de Cantabria”, ha manifestado.

Silva ha asegurado que sigue “buscando soluciones realistas” y considera que “pedir ceses no ayuda a encontrar soluciones”.

A su juicio, sus últimas declaraciones, hablando de la posibilidad de que el proyecto de Presupuestos para Cantabria de 2026 incluya el compromiso salarial planteado a la Junta --que no se ha firmado por la intención de la Consejería de vincular su aplicación a que se aprueben las cuentas-- “ponen de manifiesto esa buena fe y esa intención de buscar soluciones y no problemas en todo este asunto”.

Silva ha insistido en que “se necesitan recursos para hacer las cosas” como, en su opinión, demuestra que el propio Ministerio de Educación haya “reconocido” que los planes de refuerzo en matemáticas y competencia lectora que se ponen en marcha este curso “nacen lastrados precisamente por la falta de Presupuestos Generales del Estado”.

“Una vez más se pone de manifiesto que la educación necesita recursos para poder desarrollarse y no debemos caer en el error de identificar educación con salario. La educación es algo que va mucho más allá del salario de los docentes”, ha añadido.

En sus declaraciones, Silva ha agradecido el “apoyo” que le han mostrado todas las personas que se han dirigido a él tras la petición realizada este fin de semana por la Junta para que dimita o, si no, sea cesado.

Más allá de esta cuestión, ha señalado que “lo importante” es el inicio de un curso escolar 2025-2026, con casi 8 millones de estudiantes en España, casi 84.000 en Cantabria, “donde muchas familias, muchos alumnos, se están incorporando a los centros educativos de nuestro magnífico sistema educativo”.

“Eso es lo importante, no que se pida la dimisión de un cargo público. Creo que tendremos un curso que saldrá adelante una vez más y que ese milagro, por así decirlo, de iniciar el curso escolar y de desarrollar la noble tarea educativa va a seguir teniendo lugar a pesar de las dificultades que surjan en el camino”, ha manifestado.

El consejero ha deseado un “feliz curso” a todos esos integrantes de la comunidad educativa, familias, personal de los centros, en general, a todos los que están relacionados directa o indirectamente con la educación.

Este lunes se inicia la vuelta al cole en la Comunidad de Madrid y algunas aulas abrirán sus puertas a los alumnos sin profesores. Quince días de retraso en la publicación de las listas provisionales y los incontables errores del sistema informático que adjudica las plazas a funcionarios e interinos han provocado un clima de fuerte descontento entre el profesorado por la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en este inicio de curso. Además de la falta de profesores, la caótica situación, que tratan de solventar apenas unos días antes de la vuelta a clase de los alumnos, también derivará en la incorporación tardía de muchos docentes que no han estado presentes la semana previa en los claustros y la preparación de la metodología. En total, 223 profesores de educación infantil se incorporarán este lunes.

Cientos de docentes se han encontrado durante la semana pasada con que la plaza que se les había asignado en las listas definitivas no existe o es de una naturaleza diferente. “Han cometido un error y yo ahora no tengo curro y entro más tarde a las listas extraordinarias”, denuncia Ana en conversación con elDiario.es. Ella es una interina que ha visto cómo se le asignaba una jornada parcial que no se correspondía con su posición en las listas y que ni siquiera le proporciona un salario suficiente para vivir.

A su vez, Laura escribió el pasado martes en el foro de dudas del Cesif en Telegram que el lunes se encontró con que su plaza ni siquiera existía. “Te mandan para casa y te dicen que no tiene solución”, relata otra compañera que prefiere no revelar su nombre, a lo que Laura añade que le dijeron que volvería a aparecer en la lista extraordinaria, es decir, en la asignación que se produce cuando se agota el procedimiento ordinario, compitiendo con aspirantes con menos méritos. Con el paso a la lista extraordinaria, además, pierde su derecho a la renuncia al que podría haberse acogido tras la publicación de las provisionales, ya que tanto las asignaciones en la lista definitiva como en la extraordinaria son irrenunciables.

El portavoz del sindicato minoritario Stem, Ramón Carrillo, asegura a este periódico que “continuamente están anulando asignaciones que ya estaban hechas”, algo que ha generado en esta primera semana de trabajo de los profesores un clima de tensión e incertidumbre y que vulnera el derecho a la igualdad entre aspirantes.

“La sensación de desamparo es tremenda”, lamenta María, una profesora en la Comunidad de Madrid que a una semana del inicio de clases ha descubierto que su asignación de centros fue errónea y tendrá que desplazarse entre los diferentes colegios donde imparte clase en coche debido a la gran distancia entre ellos, a diferencia de lo que le correspondía. Además de estos fallos, el retraso con el que se publicaron las listas provisionales dejó a los docentes únicamente dos semanas de margen para conocer su destino, organizar su vida personal y buscar, en muchos casos, una vivienda cercana. En el mismo foro, que cuenta con más de 7.000 participantes, numerosos afectados repiten las palabras de María: “No he visto mayor desastre organizativo”.

Los sindicatos piden un cambio en el proceso

Según Carrillo, esta situación se debe en gran parte al reducido número de administrativos que se encargan de gestionar los recursos humanos en la enseñanza pública madrileña y a un software obsoleto. Desde esta organización reclaman a la Consejería una solución para que no se vuelva a repetir esta situación en los próximos años, porque “demuestra un desprecio absoluto hacia el profesorado madrileño”.

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Educación niegan que haya errores sistemáticos en las asignaciones, lo califican como “algo normal en este tipo de procesos” y evitan las preguntas de elDiario.es acerca de una posible modernización del sistema informático y un aumento del número de administrativos encargados de esta gestión, a pesar de que estos errores han generado a muchos docentes graves problemas en su estabilidad laboral. “Es un cúmulo de errores tal que merece una explicación”, responde Carrillo.

Esta actuación de la Consejería demuestra un desprecio absoluto hacia el profesorado madrileño

El Gobierno de Ayuso se jactó el pasado miércoles, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, de haber conseguido iniciar el curso con un récord de alumnos y un récord de profesores. Incluso subrayaron que habían aumentado la contratación de docentes un 50% respecto al curso 2024/2025. Sin embargo, la progresiva privatización y los beneficios a los centros concertados de Ayuso han hecho crecer el número de profesores en estos colegios y ha impactado negativamente en los centros de titularidad pública exclusiva.

En las mismas declaraciones, el consejero Emilio Viciana insistió en el argumento de la “libertad de elección” de las familias para justificar este favorecimiento a los centros privados y concertados, y aireó los datos: el 53,7% de los alumnos madrileños estudian en centros de titularidad pública, mientras que los que van a privados suponen el 18,6% y a los concertados el 27,7%. Estas cifras están muy alejadas de la media europea de estudiantes en la enseñanza pública (83,8% en 2023) y la proporción española (68%), según las estadísticas de la Comisión Europea.

Plazas desiertas

Los equipos directivos se han encontrado la última semana con que varias plazas solicitadas a la Consejería no se habían cubierto ni en la asignación definitiva ni en la extraordinaria. Una directora de un colegio público que no quiere revelar su identidad ha detallado que en su centro de educación primaria faltan aún seis profesores, dos de los cuales deberían estar como titulares. Asegura que no han recibido ninguna información acerca del desequilibrio entre las necesidades de plantilla que comunicaron en junio, agosto y septiembre y, finalmente, los profesionales con los que contarán el primer día de clases.

Según esta fuente, hasta que las vacantes se cubran, ya con interinos del sistema PADI, todos los docentes disponibles en el horario de esa asignatura huérfana se ocuparán de atender a los alumnos, desde miembros del equipo directivo y orientadores hasta profesores de religión. “No podemos normalizar algo que se venía haciendo bien y que no funciona” porque “se acaba instaurando el desastre”, asegura.

El portavoz de la plataforma Menos Lectivas, Guillermo Sevilla, asegura que “el ambiente se está caldeando muy rápido”, en relación a las huelgas de profesores convocadas en otras comunidades autónomas como Cantabria y Comunitat Valenciana, por los recortes de plantilla en FP. Para Menos Lectivas, el caos administrativo es solo una materialización más de las malas condiciones laborales de los profesores de la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid.

En medio de este clima de frustración, el movimiento en defensa de la enseñanza pública celebró el pasado jueves la primera asamblea del curso para continuar con sus reivindicaciones y valorar la situación de cara a una posible nueva movilización en octubre “por un acuerdo digno”. Durante este encuentro, muchas profesoras coinciden en que la reducción de horas lectivas planteada por el acuerdo de mayo está siendo una asignatura pendiente en muchos centros de la comunidad, ya que estas horas se están cubriendo con las excepciones aceptadas por la mesa de negociación, principalmente miembros del equipo directivo y empleados a jornada parcial, que acaban trabajando más por menos. En otros centros aseguran que directamente no se está aplicando.

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra va a iniciar en doce centros educativos de la comunidad foral el pilotaje de una propuesta formativa de profundización en educación sexual, que se ha diseñado en colaboración con el Instituto de Salud Pública de Navarra y con personas externas expertas en el ámbito de la sexología.

El objetivo, según informan desde el Ejecutivo foral, es formar al profesorado en estas materias, así como ofrecer labores de asesoramiento y acompañamiento a la hora de desarrollar las propuestas pedagógicas en el aul. El Gobierno navarro ha asegurado que se trata de una iniciativa pionera en el terreno de la educación en cuanto al tratamiento de la educación sexual integral, que tiene como meta consolidar una adecuada impartición de los contenidos curriculares a través de la profundización formativa del profesorado encargado de acordar estas materias propias del Plan de Coeducación de Navarra, que recoge en uno de sus ejes todo lo relativo a la educación afectivo-sexual positiva, saludable y respetuosa con la diversidad.

La propuesta será tutorizada por sexólogas con experiencia en la materia que realizarán el acompañamiento al profesorado desde un enfoque en línea con los contenidos curriculares del Plan de Coeducación de Navarra.

Para ponerlo en marcha, el Departamento de Educación se puso en contacto con los centros educativos que ya habían completado el proceso formativo de Skolae y les ofreció la posibilidad de participar de forma voluntaria en el pilotaje. Doce de estos centros, tanto públicos como concertados, contestaron afirmativamente solicitando su participación.

El pilotaje se realizará en los centros ikastola Paz de Ziganda de Villava, el colegio público de Ochagavía y el instituto de la localidad, el colegio público de Irurita, el colegio Río Arga de Berbinzana, el instituto Askatasuna de Burlada, el colegio Hermanas Uriz Pi de Sarriguren, el colegio Luis Gil de Sangüesa, el Taller Escuela de Etxabakoitz, el colegio Julián M. Espinal Olcoz de Mendigorría, el colegio La Compasión-Escolapios de Pamplona y el colegio San Miguel de Santesteban.

El Gobierno foral ha destacado que, tal como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), resulta imprescindible ofrecer a las personas adolescentes y jóvenes una educación sexual integral, que les brinde información precisa, adaptada y lo más completa posible sobre su salud sexual y reproductiva.

Asimismo, los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible instan al sistema educativo a que realice actuaciones concretas para alcanzar objetivos vinculados a la igualdad entre hombres y mujeres. En concreto, el objetivo 5 hace referencia al ámbito educativo, y exige el compromiso para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Así, además de poner el foco en promover actuaciones que pongan fin a todas las formas de discriminación de este tipo, subraya la importancia de abordar estereotipos y prejuicios basados en el género, valorar los cuidados y el trabajo doméstico, y erradicar las discriminaciones por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

Por otra parte, el objetivo 3 sobre la salud y el bienestar, en lo que a educación se refiere, propone una educación sexual integral incluida en los planes de estudios desde las primeras etapas educativas hasta los niveles universitarios. Como concretó la Organización Mundial de la Salud en 2010, “para que todas las personas alcancen y mantengan una buena salud sexual, entendiendo esta como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, se deben respetar, proteger y satisfacer sus derechos sexuales”.

El pilotaje impulsado por el Departamento de Educación consistirá en un proceso formativo que correrá a cargo de un equipo de cinco profesionales de sexología que impartirán talleres vinculados al contenido curricular del Plan de Coeducación. Las sexólogas formarán a los equipos Skolae de los centros participantes, coordinando tanto el contenido de esta formación, como la forma de abordarlo y la calendarización de todo el proceso. Se tratará de un asesoramiento especializado de formación para los y las tutores del Plan de Coeducación.

En cada centro educativo habrá una especialista en educación sexual que formará al profesorado. Además, estas profesionales tendrán las funciones de asesoramiento y, si se considera necesario, acompañamiento en el aula para desarrollar las propuestas pedagógicas con el alumnado. Este proceso se llevará a cabo de octubre a mayo y culminará en junio con una sesión de buenas prácticas entre todos los centros participantes.

Según ha señalado el Gobierno foral, el papel de las familias será importante, ya que desde un primer momento estarán informadas de cómo se desarrollará el proyecto en el centro y se les invitará a ser parte activa ofreciendo reuniones informativas voluntarias donde podrán ver qué y cómo se trabaja con el alumnado en el aula, así como pautas para continuar con la misma línea de trabajo en casa.

El Ejecutivo ha destacado que existe abundante normativa que contempla obligaciones y recomendaciones que instan a la administración educativa a desarrollar medidas y planes que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la educación sexual, así como la prevención de la violencia de género. Entre ellas, la ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), que en su artículo 1 recoge el desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa.

El Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad del cuerpo de profesores propios que creó el Gobierno de Navarra para estabilizar 352 plazas de docentes de la red pública del Programa de Aprendizaje de Idiomas (PAI), que alcanzaba un 70% de temporalidad. El Alto tribunal ha desentimado el recurso del sindicato Steilas, que defendía que el personal docente perteneciente a los cuerpos estatales ostentaba la exclusividad en la función de impartir servicio público educativo. De esta forma, el Supremo avala que Navarra pueda contar con puestos de profesorado al margen del cuerpo de docentes estatal y les otorga la condición de funcionarios.

“352 profesionales ven respaldada su condición de funcionarios y garantizada su trayectoria profesional y Navarra ve reconocida su competencia exclusiva en materia de función pública y en materia de Educación”, ha celebrado el consejero Carlos Gimeno.

El Supremo valida las tesis del Departamento de Educación y del Gobierno de Navarra la exclusividad del cuerpo estatal de profesorado determinando que otro personal funcionario no integrado en los cuerpos docentes estatales puede prestar ese servicio. “Y esto es lo que ha hecho Navarra”, ha indicado el consejero Gimeno. “Ante la necesidad de personal docente al que se requiere conocimiento de una lengua extranjera para impartir el PAI se han creado puestos de trabajo fuera de los cuerpos estatales, sin que ello se oponga, por lo tanto, a la normativa estatal para la ordenación de los cuerpos en que se organiza la función pública docente”.

Gimeno ha resaltado que “Navarra ve reconocidas así por el Tribunal Supremo sus competencias históricas de autogobierno. La sentencia impide el intento del sindicato recurrente de recortar la capacidad de autogobierno de la comunidad foral de Navarra en materia de función pública. El tribunal respalda decididamente la apuesta del Departamento de Educación y del Gobierno de Navarra en la defensa de sus competencias”.

“Pues bien, teniendo en cuenta los artículos 48 y 49 de la LORAFNA no hay duda de la competencia autonómica exclusiva para la definición de las plantillas y puestos de trabajo del profesorado, por lo que, en principio, ningún reproche jurídico cabe efectuar a la oferta de empleo público impugnada…” Siendo esto así, continua la sentencia, “en consecuencia, y coincidiendo con el Defensor del Pueblo que por resolución de 28 de julio de 2022 (BOE 17 mayo de 2022), acordó no interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 11/2022, de 4 de mayo, no se advierten razones para plantear cuestión de constitucionalidad frente a la Ley Foral 11/2022, de 4 de mayo, y el recurso de casación debe ser desestimado.”

El consejero ha explicado que el Departamento de Educación va a poder contratar en función de las necesidades del sistema educativo navarro, “y eso va a mejorar la calidad del mismo”, ha argumentado. Según la ley foral que permitió la creación de plazas docentes con perfil de lengua extranjera, este personal no se integra en los cuerpos estatales. La ley encomienda al Gobierno de Navarra que realice los trámites necesarios ante la Administración del Estado y ahora el Tribunal Supremo deja abierta esa posibilidad, si bien, como hace la propia ley foral, la pone en manos del Estado por ser el competente.

El consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, ha considerado que es el momento de hacer un estudio “profundo” del calendario escolar de cara a posibles cambios. “No nos asusta ese debate. Es más, creemos que la responsabilidad nos debe llevar a ese debate” precisamente cuando este 2025 se cumplen diez años de la implantación del reparto de las clases en bimestres. Eso si, ha matizado que “nunca” se tomarán decisiones “en solitario” y si no hay “un consenso generalizado”.

Silva también se muestra partidario de “aligerar” el currículo en España, que tiene “mucho” en comparación con los países europeos y de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y puede suponer “un factor de estrés en los centros”: “Parece que no llegamos nunca a completar el currículo y hay una sensación de que hay que acabarlo como sea”, ha expresado.

En su opinión, eso a veces conduce también a una sensación de “ansiedad” en torno al calendario escolar, que influye en el currículo y que está dividido en trimestres a nivel nacional pero es bimestral desde hace una década en esta comunidad autónoma, donde el también titular de Formación Profesional y Universidades ha reiterado que es el momento de hacer un “estudio profundo” del mismo que sirva de marco para recabar datos y tomar decisiones o hacer cambios, si fuera necesario.

Eso sí, ha apuntado que esas modificaciones y mejoras se abordarían y adoptarían con un debate “sosegado”, una reflexión “global” y consenso, en el seno del Consejo Escolar de Cantabria, que además se va a “enriquecer” con la incorporación de más miembros.

“Los cambios que haya que introducir serán cambios muy medidos para mejorar lo que ya tenemos” y que “no podemos poner en riesgo”, ha señalado Silva, para quien “las cosas en Cantabria, educativamente, van bien”, desde el punto de vista del currículo, el calendario, la inversión o la estructura del profesorado, y atendido a indicadores objetivos del Ministerio de Educación, del informe PISA y otros internacionales.

El consejero ha respondido así a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa que ha ofrecido para presentar el informe sobre actividades complementarias de refuerzo (tareas y deberes) del Consejo Escolar y ha señalado que de cara a posibles cambios el planteamiento sería “primero el currículo y luego el calendario”.

En este sentido, ha indicado que el currículo viene del Ministerio y que la última ley orgánica que hizo un diseño nuevo -a nivel estatal y autonómico- es muy reciente. Y a continuación, tras insistir en que un cambio en este ámbito exige “consenso” para “jugar todos a lo mismo”, ha opinado que el contexto nacional actual “no es el mejor para eso”.

“Estamos constantemente hablando de otras cosas de más actualidad que son de mayor impacto pero no son tan importantes. Y el currículo es, para mí, una de las cuestiones donde más margen de mejora hay en este país y, por lo tanto también, en Cantabria”. No obstante, no cree que no se cumpla el currículo o los objetivos del mismo, sino que “hay cosas que corregir”.

La Plataforma de Profesores de Castilla-La Mancha ha exigido la repetición del examen del proceso selectivo de la especialidad de Procesos de Gestión Administrativa (PGA) correspondiente a las oposiciones al cuerpo de profesores de Secundaria.

Lo hace después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha haya confirmado la suspensión cautelar, hasta sentencia firme, de la apertura de plicas de la prueba práctica de la oposición de la especialidad de Procesos de Gestión Administrativa (PGA). De forma previa había tomado otra medida “cautelarísima” en la misma línea tras el recurso presentado por una de las personas que participaron en la prueba.

La plataforma recuerda que “el tribunal ha considerado acreditada la existencia de irregularidades graves que comprometen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, especialmente por la gestión del ejercicio práctico número 4, cuya plantilla de Excel no fue entregada simultáneamente a todos los aspirantes.

La Sala advierte expresamente que este tipo de errores “no solo perjudican a los intereses del recurrente al ver cómo se adjudican plazas a las que aspiraba, sino también a los intereses públicos y a los de terceros, por los trastornos que provocará en el futuro una retroacción de actos ya realizados”.

Según esta plataforma, “no estamos ante una simple incidencia”. En su opinión, el proceso “ha sido gestionado de forma negligente, sin transparencia ni responsabilidad, provocando una grave indefensión a centenares de aspirantes” y considera “ inadmisible que en algo tan serio como unas oposiciones públicas se actúe con tanta improvisación y falta de rigor”.

Ponen también el acento en que “no se trata de un caso aislado”. Habla de “errores” en otras especialidades que desde su punto de vista “ponen en duda la limpieza del proceso”: en Biología y Geología se cambiaron enunciados durante el examen y se usaron materiales en inglés; en Filosofía, se comunicó erróneamente un tema en el sorteo que luego fue anulado, penalizando injustamente a parte del alumnado.

Y tampoco es un caso único en España, abundan, porque en comunidades como Asturias y Cantabria ya han ordenado la repetición de procesos selectivos. En Asturias, la Consejería de Educación del Principado resolvió repetir parte del examen de la especialidad de Inglés tras sortearse un tema que no era válido según la normativa vigente, lo que obligó a los aspirantes a realizar nuevamente la prueba. En Cantabria, el Gobierno regional anunció la repetición de la oposición de Primaria ante las denuncias recibidas.

La Plataforma de Profesores de Castilla-La Mancha exige no solo la repetición “inmediata” de la prueba práctica de la especialidad de Procesos de Gestión Administrativa, como ya ha ocurrido en otros territorios del país, sino el nombramiento de un nuevo tribunal, “con garantías de imparcialidad, solvencia técnica y eficiencia”.

Reclaman la revisión de todas las especialidades afectadas por irregularidades, como Biología y Filosofía, y la repetición de las pruebas allí donde se detecten fallos objetivos y también “el cese inmediato” del consejero de Educación, Amador Pastor, “por su inacción, por permitir que el proceso avanzase pese a los avisos reiterados y por representar un modelo de gestión marcado por la desorganización, el desprecio al profesorado y la ausencia de soluciones efectivas”.

Según la plataforma, “la comunidad docente está cansada de soportar recortes, sobrecarga burocrática, pérdida de poder adquisitivo, falta de diálogo y una gestión ineficiente que ha convertido el acceso a la función pública en una carrera de obstáculos sin garantías”.

Llamamiento al presidente García-Page

Además, apelan directamente al presidente García-Page para que actúe “con determinación y altura institucional ante un conflicto que el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha considerado de interés general”.

En su auto, el tribunal recuerda que este tipo de situaciones no solo perjudican a los intereses del recurrente, sino también a los intereses públicos y de terceros, al generar “graves trastornos que podría producir en el futuro una retroacción de los actos ya realizados”.

El tribunal advierte, además, que la reciente sentencia ejecutoria sobre los procesos selectivos del SESCAM es una buena prueba del perjuicio que se habría evitado si se hubiese actuado a tiempo. Por eso, resaltan que “amparándose en criterios de prudencia y en la seguridad jurídica en juego, el TSJ ha decidido mantener la suspensión cautelar del proceso selectivo”.

“Castilla-La Mancha no puede permitirse una Consejería de Educación desbordada, ineficaz y ciega ante el daño causado. Exigimos responsabilidad política y soluciones inmediatas que pasan por el cese del consejero de Educación”.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha defendido las medidas planteadas por la Administración regional en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla-La Mancha como, por ejemplo fusionar varios niveles en una misma aula, para que sean viables los grupos de estudio en determinados centros.

“No son medidas para recortar por recortar”, ha apostillado Pastor, sino que son medidas para que finalmente pueda ser viable el estudio de los idiomas en determinadas escuelas. Por lo tanto, “no es una medida que atente contra las Escuelas Oficiales de Idiomas”.

Así ha reaccionado el consejero después de que durante estos días se hayan vivido protestas por parte de las Escuelas Oficiales de Idiomas ante una medida que, según el consejero, se ha planteado desde la Administración “en consenso, diálogo y permanentes reuniones” realizadas con los equipos directivos de las escuelas ante la pérdida de alumnado. Las Escuelas Oficiales de Idiomas han perdido cerca de mil alumnos en los últimos años, ha cifrado el consejero.

Ante este panorama, el servicio de inspección durante este curso ha hecho una inspección prioritaria para ver el funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas. Sin mencionar el centro, Pastor ha dicho que por ejemplo en un nivel de francés B2, había solo un alumno; en un nivel de italiano, dos alumnos; o en un nivel, por ejemplo, de alemán, tres alumnos en el nivel B1.

Unos datos que han hecho al Gobierno de Castilla-La Mancha proponer que, donde se pueda, se agrupen a alumnos para que sean viables los grupos de estudio. “Estamos hablando de dinero público y de eficiencia en el uso de los recursos públicos”, ha subrayado.

Dicho esto, Pastor ha dejado claro que “no afecta a todos los idiomas, no afecta a todos los niveles, tan solo afecta a aquellos niveles que con estos datos de matrícula se hace insostenible determinada viabilidad en los grupos”.

Abandono durante los primeros meses

Se da una circunstancia que también lo ha aflorado el informe de inspección y es que sobre esta matriculación durante los primeros meses hay un abandono importante del alumnado. Por lo tanto, ha apuntado Pastor, “no es una medida de recorte, no es una medida que atente contra las escuelas oficiales de idiomas, es una medida que trabaja con las escuelas oficiales de idiomas para la supervivencia y la viabilidad de determinados grupos”.

El año pasado se estableció como mínimo seis alumnos para que pudiesen salir los grupos hacia adelante. Con esa medida de seis alumnos se llegaron al mes de junio, “un alumno, tres alumnos, dos alumnos o incluso algunos con cero alumnos”.

Por lo tanto, ha recalcado el consejero, “este año se les ha pedido que para que podamos considerar un grupo desde el primer momento válido para la dotación de profesorado específico, haya como mínimo diez alumnos para prevenir y paliar ese futuro abandono que pueda producirse”.

Un consejero de Educación que asegura respetar las protestas, pero pide ser “justo” en el mensaje. “No son medidas para recortar. Son medidas para que finalmente pueda ser viable el estudio de los idiomas en determinadas escuelas. Pero sobre todo para que sean también sostenibles los grupos y sobre todo para que la gente que decide matricularse entienda que va a tener un grupo medianamente normalizado para poder llevar adelante las enseñanzas”.

Por lo tanto, “no afecta como digo ni a todas las escuelas ni a todos los idiomas. Ni a todos los niveles”, ha insistido en su mensaje.

Dicho esto, ha vuelto a decir en que lo único que se les ha pedido es que se parta de mínimo 10 alumnos para empezar a considerar grupo, que se pueda, cuando no se den esas circunstancias, trabajar con ellos para hacer agrupamientos y que puedan conseguir esos mínimos y sobre todo que puedan hacer viable el estudio de los idiomas.

Además, ha señalado el consejero, se está trabajado en otras fórmulas complementarias como modalidades semipresenciales o incluso totalmente online.

También Pastor ha aseverado que estas medidas afecta “muy poco” a la plantilla orgánica del profesorado que está al frente de las escuelas oficiales de idiomas. Y a los pocos que afectaba, ha defendido el consejero, se ha trabajado con ellos las posibilidades dentro de la misma escuela o incluso donde tienen sus destinos definitivos. “El impacto sobre el profesorado es muy pequeño”.

Finalmente, ha afirmado que “no es una decisión caprichosa”, sino que “es una decisión conocida”. “No es una cuestión arbitraria”, sino que “viene fundamentada en un estudio exhaustivo que se ha hecho durante todo este año con el servicio de inspección y responde única y exclusivamente a la falta de alumnado que tenemos en las escuelas oficiales de idiomas”, ha concluido.

Medio centenar de personas se han concentrado en el patio de la Escuela Oficial de Idiomas 'Raimundo de Toledo' para protestar contra las medidas que han impuesto desde la Consejería de Educación para el próximo curso escolar.

Entre sus principales peticiones, rechazan por completo la nueva modalidad de cursos mixtos en los que conviven dos niveles distintos (A-1 y A-2; A-2 y B1; B-2.1 y B-2.2, y sucesivos) porque “dos niveles distintos en una misma aula que luego tendrán que realizar un examen totalmente diferente para certificar una competencia más alta o baja al final del curso”, según Fernando Alonso, alumno desde hace más de cinco años y portavoz de la movilización.

También rechazan que se incremente el número mínimo de alumnos matriculados, a 10, para poder formar grupos de cada idioma. “Los recortes ya comenzaron el año pasado, cuando pedían un mínimo de seis alumnos para sacar una clase de un idioma y ahora piden 10”, subraya el alumno. Antes de eso, no existía un mínimo de alumnos matriculados para sacar adelante un grupo de idioma.

Alonso apunta a que “las personas vienen a la EOI por necesidad, para tener una titulación para su currículum o sus estudios, pero hay otros alumnos mayores que vienen para aprender, no para obtener un título” y eso, dice, se contrapone con justificación por parte de la Consejería de Educación que se queja de la pérdida de alumnado en las EOI: “Se ha constatado una notable reducción de la asistencia a partir del segundo trimestre del curso, llegando a tener grupos con un solo alumno o sin alumnado alguno”, asegura el Gobierno regional y, por lo tanto, es una situación que exige “un ejercicio responsable de planificación para garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema, sin renunciar a la calidad de la enseñanza pública”.

El portavoz del alumnado ha puesto el foco en el hecho de que se señale “que un gobierno de un signo es el de los recortes, pero aquí estamos en una comunidad autónoma con un gobierno que supuestamente no hace recortes, pero sí que los hace”.

La EOI Raimundo de Toledo cuenta con unos 1.000 alumnos matriculados y Alonso destaca que son “como una gran familia, de todas las edades, que venimos a aprender”. La semana pasada enviaron una carta a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, pero no han recibido respuesta. Su lucha sigue activa a través de una recogida de firmas. Ya han logrado más de 4.000.

Victoria, 66 años: “Es una enseñanza accesible para todos”

Victoria, toledana de 66 años y jubilada lleva desde hace tres años estudiando inglés y francés. Actualmente, está cursando un nivel B1 del marco europeo en ambos idiomas. “En cada clase tenemos una media de entre 15 y 18 alumnos”, señala. Sobre las medidas impuestas por la Consejería de Educación de unir a varios niveles de una lengua en un mismo grupo, Victoria considera que es “desvirtuar la enseñanza pública de idiomas, que es una enseñanza accesible e inclusiva para todo tipo de personas. Mi valoración es muy negativa”. Además, señala que “es una pena porque el sistema de la Escuela Oficial de Idiomas es muy riguroso y de calidad. En la escuela hay muchos alumnos jubilados y francamente venimos para aprender”.

En el caso de Gema, de 28 años, estudia francés -concluyendo el nivel B1- e inglés -que acaba de terminar el B2+1, dado que la EOI divide el nivel B2 en dos años escolares-. “Me parece fatal que exijan una ratio mínima de alumnos, porque es quitar oportunidades a mucha gente, tanto si lo necesitan para obtener un título en un grado universitario como si lo hacen por aprender y es una vía de escape”.

Gema señala que podría irse a una academia privada y hacer un intensivo de inglés durante tres meses para tener la titulación“, pero prefiere estar en la EOI: ”Es mucho más enriquecedor estar un año escolar donde aprendes mucho más“. Asimismo, destaca que la Escuela Oficial de Idiomas es una opción muy económica para la calidad que ofrece, ya que ”solo haces un pago anual a lo mejor de 100 o 200 euros, no es mensual como en las privadas, que a la larga s ehace más caro“.

Marisol, que lleva más de veinte años siendo alumna de la EOI Raimundo de Toledo en tres idiomas, ha querido hacer hincapié en que en la EOI “el ruso no se considera una enseñanza reglada y reiteradamente se le niega esta opción. Es por eso que el profesor da las clases de manera altruista. Los alumnos, que son muchos, no pagan tasas y están alcanzando un nivel B2 en la actualidad, pero no pueden titular”.

Las tres coinciden en que no se trata solo de aprender un idioma, sino que también existen otros valores para la EOI como un lugar de encuentro entre personas que disfrutan de aprender distintas lenguas, desarrollar relaciones de amistad y que también han realizado viajes con la institución a diferentes países para seguir perfeccionando el idioma o conocer su cultura in situ.

CSIF: “Las escuelas de idiomas están heridas de muerte”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se opone a la fusión de varios niveles en una misma aula, y por ende, a la creación de grupos mixtos como A1-A2, A2-B1 y B2.1- B2.2 en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la región.

“Las escuelas de idiomas están heridas de muerte, sobre todo, aquellas que son más pequeñas. Nacieron como un servicio que beneficiaba a las personas con menos recursos económicos y ahora lo que se fomenta es que los centros privados hagan negocio a precios más elevados”, explica Juan Luis Martínez, presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, que añade que “estos recortes han sido además una imposición de la consejería, va en contra de todos los criterios formativos, metodológicos y pedagógicos y pone a los docentes en una situación límite”.

Entre las soluciones, CSIF propone alargar el plazo de matriculación porque muchos alumnos podrían incluso inscribirse en octubre. Además, sugieren eliminar la nueva obligatoriedad de contar con un mínimo de 10 alumnos, que consideran “una ratio totalmente desproporcionada”.

Después abogan por la implantación de grupos formativos de reciclaje, aquellos formados por alumnos que no tendrían que matricularse en un nivel formativo superior al que tienen reconocido y el desarrollo de programas bilingües de capacitación para la obtención del certificado de idiomas.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de Castilla-La Mancha están en pie de guerra. Hay malestar y preocupación después de que el pasado 29 de mayo una reunión online con responsables de la Consejería de Educación pusiera sobre la mesa cambios sustanciales en su funcionamiento y, quizá, en su futuro a medio plazo.

Varios de estos centros públicos, alumnos y profesores ya hablan esta semana abiertamente de “recortes” por parte del Gobierno de Emiliano García-Page. No es algo nuevo porque estos centros coinciden en señalar que están viendo “cercenado” su funcionamiento en los últimos años. Creen que se está produciendo el “desmantelamiento progresivo” de este servicio público.

No hay una comunicación 'oficial', pero se apuesta por la obligatoriedad de que los grupos tengan un mínimo de 10 alumnos para poder conformarse y que se pueda llegar a una elevada ratio de 32. También se apuesta por combinar alumnado presencial y a distancia en un mismo grupo, como medida “innovadora” y se incluye la aparición de una nueva modalidad de cursos “mixtos” en los que convivirán dos niveles distintos (A2 + B1, B2.1 + B2.2, C1.2 + C2, entre otras combinatorias) hasta llegar ese mínimo de 10 alumnos fijado por el órgano competente en materia de Educación.

Desde la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Hellín se muestran contundentes. “Un atraco a mano armada es lo que pretende hacer con la Educación este Gobierno regional mal llamado socialista, pero no estamos dispuestos a perder este bastión pese a que las condiciones de trabajo de los funcionarios interinos son de las peores en esta comunidad castellanomanchega, porque nos gusta lo que hacemos, lo disfrutamos y lo vivimos para y con los alumnos”.

Es lo que han trasladado en una carta dirigida la opinión pública. Charlamos con el director de este centro por teléfono. En la sala, durante la conversación, está también buena parte del profesorado del centro hellinero. A todos y a todas les preocupa el cariz que está tomando su situación. “Algunas de las cosas que al principio parecían como una posibilidad se han convertido en obligación”, dice Manuel Jaldo.

“No se ha hecho un estudio previo, es una manera de experimentar y no sabemos cómo va a salir”, lamenta este docente de inglés.

Su compañera en el centro, Yolanda Yanes, que ejerce las funciones de secretaria en la escuela dice que no hay una comunicación “oficial” sobre las medidas y que además “se han basado en datos del número de alumnos que no tienen porque el plazo de admisión se abre ahora. Muchos de los actuales alumnos se matricularán en septiembre, ahora están en la playa y los nuevos tienen plazo hasta el 31 de octubre”.

La docente, que imparte también inglés, explica que en el centro albaceteño se enteraron por correo electrónico, “el habitual en junio para comunicar el cupo del siguiente curso, cuando vimos que desaparecía alemán, un grupo de B2 de inglés y C2, y aparecía una fusión de grupos de francés”.

No se ha hecho un estudio previo, es una manera de experimentar y no sabemos cómo va a salir

Manuel Jaldo — Director de la EOI de Hellín, en Albacete

Yolanda Yanes cree que esta decisión “atenta contra el principio de igualdad” y así se lo ha trasladado en una carta dirigida tanto a los sindicatos como a la Inspección Educativa. “Esto es un servicio público y tiene que existir con los recursos necesarios. No sabemos cuánta gente va a haber en un hospital, pero esos recursos tienen que estar. Lo que no se puede hacer es recortar”, critica.

La decisión de la Junta de Castilla-La Mancha, lamentan, les ha pillado a contrapié, en pleno cierre de curso que termina el 30 de junio y con el alumnado (y sus delegados) fuera ya de las aulas, iniciando las vacaciones. “Lo han hecho tarde, con toda la intención para que no nos dé tiempo a reaccionar”, lamenta la profesora.

La dura carta de Pedro Pablo Novillo, exviceconsejero de Educación

Pese a que las clases han acabado, el malestar no solo se ha trasladado desde el personal de estos centros. Algunos alumnos se suman a las críticas. Lo hace incluso el que fuera viceconsejero de Educación de Castilla-La Mancha, Pedro Pablo Novillo, hoy alumno de la EOI 'La Equidad' de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.

Se muestra perplejo con la política educativa del actual Gobierno regional, de la que él mismo fue responsable hace ya algunos años. “No comprendo cómo pueden tomarse -y más de golpe y porrazo- medidas que ponen en el disparadero de la desaparición a las [EOI] que no son de capital de provincia, y en la merma de calidad a todas sin excepción”.

Lo dice en una contundente carta que ha hecho llegar a este medio. “Castilla-La Mancha no puede ser el laboratorio donde comience (o se continúe, que en la vecina Madrid algo han ensayado) el desmantelamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas”.

Precisamente, la EOI 'La Equidad' de Alcázar de San Juan es otro de los centros que ha expresado públicamente su malestar. “Queremos hacer pública nuestra gran preocupación por la drástica reducción del cupo de profesores concedido a nuestro centro de cara al próximo curso”.

Ya advierten de que no podrán ofertar todos los niveles de los idiomas alemán, francés e italiano, dicen que habrá “masificación” de los grupos de inglés y “falta de plazas para nuevos alumnos”. Es decir, lamentan, “se dificulta enormemente el derecho de los ciudadanos a una formación pública de calidad en idiomas”.

Expresan también una petición. “Nos gustaría poder seguir desempeñando este papel en el futuro y por ello pedimos a la Consejería que reconsidere las medidas adoptadas”.

Nos gustaría poder seguir desempeñando este papel en el futuro y por ello pedimos a la Consejería que reconsidere las medidas adoptadas

EOI 'La Equidad' de Alcázar de San Juan

Desde Toledo, representantes del alumnado en el Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas han difundido otra carta en la que se suman así al “rechazo” del resto de estos centros en la región porque, en su opinion, “van a ver cercenado, otro año más, el cupo de profesores para el próximo curso”.

Rechazan la idea de dos niveles distintos en una misma aula “que luego tendrán que realizar un examen totalmente distinto para certificar una competencia más alta o baja al final del curso. A esto se le llama desde la Consejería de Educación eficiencia en la gestión de recursos”, ironizan.

¿Qué dice la Consejería de Educación?

Sobre toda esta marea de críticas, la Consejería de Educación se limita a un escueto comunicado en el que ofrece sus razones, a preguntas de este medio.

Sus responsables dicen mantener “un firme compromiso con las escuelas oficiales de idiomas, que son la oferta de carácter pública y de calidad para estudiar y certificar y titular en enseñanzas de idiomas”, pero también que estos centros “están experimentando una pérdida significativa de alumnado”.

Lo achacan a causas variadas, desde “el auge de academias privadas, el reconocimiento de algunos de estos como oficiales, el endurecimiento de los requisitos académicos para superar las pruebas a nivel estatal, y los cambios en los hábitos formativos de la población adulta, entre otros”.

Educación dice en algunos casos “se ha constatado una notable reducción de la asistencia a partir del segundo trimestre del curso, llegando a tener grupos con un solo alumno o sin alumnado alguno” y que eso exige “un ejercicio responsable de planificación para garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema, sin renunciar a la calidad de la enseñanza pública”.

Desde Hellín no lo niegan, pero el director Manuel Jaldo lamenta que no se hayan tenido en cuenta sus propuestas de mejora en el sistema de matriculación, abriendo la posibilidad a estudiantes de 14 años o recuperar antiguos alumnos. “Algunos no quieren certificar, quieren venir a clase por disfrutar”, asegura. El director ironiza: “Si la planificación es reducir costes, pues ya está. Mi opinión es que se ha dejado en manos de Recursos Humanos y no hay ninguna autocrítica”.

Por otro lado, Educación justifica la “posibilidad” de establecer agrupamientos mixtos aunque matiza que se hará “respetando siempre la separación de niveles en las evaluaciones oficiales”. En su opinión, este sistema organizativo “permite mantener la oferta educativa incluso en situaciones con baja demanda, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, o en idiomas minoritarios”.

El director de la EOI de Hellín subraya - y critica- la “mezcolanza” de grupos. “Va en contra del marco común europeo, que separa los niveles de aprendizaje de idiomas”.

Frente a eso el departamento regional de Educación mantiene su apuesta por las “experiencias innovadoras en idiomas y escuelas con especial dificultad como abrir la modalidad on line y/o presencial simultáneamente, que permita estudiar a cualquier alumno resida donde resida” y también “al ritmo y horario que las circunstancias laborales y personales les permitan”. Sobre esta cuestión Yolanda Yanes dice que “no cabe duda que son innovadoras, pero no metodológicas y no son válidas para la enseñanza de idiomas”.

Mientras la Consejería de Educación habla de “criterios de mejora de la gestión, eficiencia de los recursos públicos y adaptación a la nueva realidad educativa”, profesionales y alumnos de estos centros critican el nuevo modelo que todavía no se ha estrenado.

Manifestaciones este jueves

En Hellín y también en Alcázar de San Juan, este jueves se han manifestado contra los “recortes” en las escuelas oficiales de idiomas. También están recogiendo firmas. Su malestar no difiere del que estos días se está trasladando desde otros puntos de la región. En Castilla-La Mancha hay 13 EOI, pero el temor al cierre, sobre todo de las más pequeñas crece estos días.

Esperan el apoyo de la población castellanomanchega y de los alumnos y alumnas. Juan Carlos, ordenanza en la EOI de Hellín se suma a la conversación con elDiario.es de Castilla-La Mancha para explicar en el pueblo comentan que “cada vez es más difícil, se piden más destrezas y no certifican si no llegan a una nota de seis y medio... Da la sensación de que quieren ir quitando las escuelas. Todo son trabas y eso cansa”.

Si esto desaparece, estamos simplemente recurriendo a la economía de mercado: que no es económicamente viable... ¡Fuera! Cuando en realidad estamos perdiendo un valor social y cultural"

Manuel Jaldo — Director de la EOI de Hellín

Los directores y el profesorado de los centros rechazan las ratios mínima y máxima en los grupos, la desaparición de determinados idiomas, piden mantener la oferta horaria y el cupo de profesorado, flexibilizar la admisión y la matrícula, o revertir recortes que, dicen, “se vienen acumulando en los últimos años”, con plazas que se van amortizando sin nueva cobertura cuando se producen jubilaciones.

“Muchos de nosotros somos funcionarios públicos de carrera, no tememos perder el empleo, pero a mí lo que me preocupa es que no se está defendiendo la escuela pública. Y en Hellín me daría mucho pena que desapareciera un referente cultural. Aquí la programación y el espacio cultural brilla por su ausencia, sin perjuicio de toros o Semana Santa”, afea Yolanda Yanes.

“Si esto desaparece, estamos simplemente recurriendo a la economía de mercado: que no es económicamente viable... ¡Fuera! Cuando en realidad estamos perdiendo un valor social y cultural”, apostilla el director.

El presidente del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, realizó un viaje “relámpago” privado de dos días que coincidió con la dimisión de la consejera de Educación, Lydia Espina, en pleno conflicto de la enseñanza pública, con una huelga indefinida convocada por los cinco sindicatos de docencia, ANPE, CCOO, UGT, SUATEA y CSIF, en unidad de acción, y con protestas multitudinarias en concentraciones y manifestaciones del profesorado en los que participó su socio de gobierno, IU Convocatoria por Asturies.

Un panorama con muchos frentes abiertos que le han llevado a exponer, a través de redes sociales, cómo se siente y lo resume en la primera frase: “No están siendo días fáciles para nadie”.

Adrián Barbón ha recurrido a la red social X para dejar claro su posicionamiento en este conflicto educativo. Ayer, lunes, difundía también la carta de dimisión que le había presentado, horas antes, la hasta entonces consejera de Educación. Lydia Espina a la que agradecía “de corazón” su “trabajo, compromiso y generosidad, al igual que su honestidad y dedicación”.

Los negociadores

Este post era la explicación con la que se aclaraban las razones por las que a primera hora de la mañana -a las 8.20 horas- el gabinete de prensa del Principado anunciaba la cancelación del Consejo de Gobierno, una anulación sin precedentes.

En consecuencia, también quedaba desconvocada la posterior rueda de prensa que estaba anunciada y que iba a correr a cargo del portavoz del Gobierno regional y consejero de Hacienda, Justicia yAsuntos Europeos, Guillermo Peláez.

Sin avances en la mesa de negociación

Pelaez era nombrado, horas después, como interlocutor junto a Gimena Llamedo con los representantes sindicales con los que esa misma tarde iban a reunirse en la mesa de negociación.

El encuentro finalizó sin avances y se vivieron momentos de gran tensión al ver obstaculizada su salida del edificio donde se llevaba a cabo por un numeroso grupo de docentes.

Las explicaciones de Adrián Barbón

A continuación reproducimos el post de Adrián Barbón donde hace alusión a la carta de dimisión de Lydia Espina.

Lydia Espina exponía en esta carta su decisión “irrevocable” de abandonar el cargo y argumentaba para su marcha en el hecho de que “los acontecimientos que se han venido desarrollando en las últimas semanas”, en las que los sindicatos realizaron varios paros y protestas, le han supuesto “un enorme desgaste emocional y personal que ha llegado a su límite”.

Las razones de una dimisión

“Siento que el ruido y los ataques han traspasado los límites de lo racional y lo político, llegando a lo personal. Y se han impuesto a cualquier posibilidad de diálogo desde el respeto que todos y todas merecemos. Esto es algo -añade- que resulta imprescindible para avanzar en pro de ese objetivo común que es mejorar la educación pública”.

En estas circunstancias, la consejera consideraba que no podía ser “parte de una solución que, estoy convencida de que terminará por alcanzarse”.

Su carta concluía con el deseo de que “cuando cese el ruido”, se pudiera reconocer “todo el trabajo que hemos desarrollado”. Sus palabras de agradecimiento a su equipo, a su familia y la confianza del presidente del Principado ponen un punto y final a su etapa con unas argumentaciones que, según puntualizaba, le ha trasladado al presidente “desde el corazón y la convicción”.

El análisis del presidente

También “de corazón” agradecía su gesto el presidente que incidía en que la consejera necesitaba parar y recuperarse -está actualmente de baja médica- y recordaba un dato importante: “No olvidemos que los políticos también somos personas”, afirma en ese post Adrián Barbón.

Este martes, una vez que ha regresado de ese viaje “relámpago”, ha hecho un análisis de la situación. Su contenido se reproduce en este otro post.

El post comienza reconociendo que “no son días fáciles para nadie” y tampoco para él. Admite que “no es plato de gusto ver cómo se tensiona el ambiente o la crispación que existe. Ni tampoco que te dimita una consejera, con el propósito de favorecer el diálogo con su paso a un lado”.

Reforzar la educación pública asturiana

Anuncia el nombre de los nuevos interlocutores en la negociación y destaca en Gimena Llamedo y Guillermo Peláez tanto su talante como su capacidad negociadora y confía en que el diálogo fructifique pronto en algo que él mismo considera fundamental: “reforzar la Educación Pública asturiana”.

Adrián Barbón aprovecha también esta forma de dirigirse a toda la comunidad asturiana lanzando una pulla a los partidos de la derecha y la extrema derecha, de los que dice que solo pretenden con sus críticas dañar al Gobierno que preside.

La utilización política del conflicto educativo

“Sé que hay personas que están utilizando el conflicto para favorecer las opciones de la derecha y la extrema derecha y dañar al Gobierno de Asturias. Derecha y extrema derecha que, donde gobiernan, recortan en Educación Pública mientras favorecen la privada y que, en Asturias, cada vez que va un incremento del Presupuesto de educación, votan en contra”, especifica.

La búsqueda de acuerdos

Adrián Barbón incide en que él cree en el diálogo y la búsqueda de acuerdos: “Siempre he buscado construir puentes en vez de levantar muros”, añade.

“Acepto y me hago cargo del malestar de miles de personas con el Gobierno y conmigo, pero les reitero que el propósito que nos une es que, de este proceso negociador, debe salir una Educación Pública más fuerte en el que nuestros docentes, nuestros maestros y maestras, nuestro profesorado, salga reforzado”, augura.

“Estoy seguro de que lo vamos a lograr. Con talante, respeto a los demás, actitud constructiva y vocación de reforzar la Educación Pública, espero y deseo se avance hasta alcanzar el acuerdo que todos queremos”, concluye.