Todo empezó moviendo un frigorífico. Detrás del electrodoméstico insonorizado, en una nave industrial del Tarajal, la Policía Nacional encontró la puerta de entrada a una de las infraestructuras más sofisticadas de la historia del narcotráfico en Ceuta: un narcotúnel con raíles, poleas y varios niveles diseñado para introducir toneladas de hachís en España sin contacto visual entre los implicados. El hallazgo forma parte de una operación que ha culminado con 27 detenidos —15 de ellos en prisión—, más de 17 toneladas de droga intervenida y la desarticulación de una organización con ramificaciones en Andalucía, Galicia y Marruecos.

La escena, descrita por los propios investigadores, tiene algo de arqueología criminal. Una nave aparentemente anodina, una cámara insonorizada y un frigorífico de grandes dimensiones que, tras ser desplazado “después de mucho esfuerzo”, dejaba al descubierto un acceso oculto. Lo que había debajo, a juicio de los investigadores, no era improvisación, sino ingeniería aplicada al narcotráfico.

Según la Policía, se trataba de una estructura “muy profesional, muy preparada, muy acondicionada”, en palabras de Antonio Martínez, jefe de la UDYCO central. Tenía tres niveles claramente definidos: un pozo de descenso, una cámara intermedia —la llamada “narcodespensa”— y una salida hacia Marruecos.

En ese espacio subterráneo, los fardos de hachís se movían mediante raíles, vagones, poleas y grúas. Un sistema diseñado para transportar grandes cargas sin necesidad de contacto directo entre quienes participaban en el alijo. La organización había instalado incluso bombas de achique para combatir el agua freática y sistemas de insonorización que permitían operar sin levantar sospechas en el exterior.

Las primeras mediciones apuntan a un descenso de unos 19 metros hasta la base del túnel, con una galería de aproximadamente 1,20 metros de alto por 80 centímetros de ancho. La longitud total sigue sin determinarse debido a la acumulación de agua, que ha obligado a emplear tecnología específica, incluido un dron submarino.

El “narcoarquitecto” y la doble dirección de la red que fue mutando

Detrás del conducto había una estructura de mando clara. Dos personas lideraban la organización: una desde Marruecos, considerada por los investigadores el “narcoarquitecto” y “patrón de los túneles” y otra en Ceuta, encargada de negociar los envíos y gestionar la distribución.

El primero, detenido el pasado 26 de marzo, ya estaba vinculado al túnel descubierto el año anterior. Su perfil sintetiza el salto cualitativo del narcotráfico en la zona: no solo coordinaba, sino que diseñaba y perfeccionaba las rutas.

“El principal investigado era el responsable del otro túnel intervenido el año pasado”, explicó Martínez, quien subrayó que la organización “introducía miles de kilos de hachís en Europa” y que su base operativa se apoyaba en este tipo de infraestructuras.

A esta conclusión llegaron tras más de un año de pesquisas. La investigación arrancó en febrero de 2025 y permitió detectar una organización con capacidad para mover grandes cantidades de droga hacia la península y otros puntos de Europa. En ese tiempo, el grupo criminal no se mantuvo estático, “mutó”.

Cuando las primeras incautaciones comenzaron a golpear su operativa, la red cambió de estrategia. “La organización entiende que tiene que cambiar de sistemas, deja el narcotúnel apartado durante un tiempo y empieza a colaborar con otras organizaciones”, señaló Martínez

Ese giro llevó a establecer conexiones con redes del Campo de Gibraltar —especializadas en el uso de embarcaciones de alta velocidad— y con grupos gallegos que utilizaban pesqueros para introducir la droga. El objetivo era mantener el flujo de estupefacientes pese a la presión policial.

La desarticulación acabó produciéndose por acumulación de golpes. Durante meses, los investigadores acumularon interceptaciones de cargamentos que permitieron poner en evidencia la red. Uno de los episodios fundamentales se produjo tras un incendio en una vivienda de la barriada ceutí del Príncipe, que permitió intervenir 510 kilos de hachís y vincular el inmueble con la organización. Posteriormente, el cuerpo incautó otros 432 kilos en la ciudad autónoma, en esa ocasión, en la zona de Cabrerizas Altas y un alijo de 15.000 kilos en Almería, transportado en un tráiler procedente de Nador.

A estos golpes se sumaron otras intervenciones, como 480 kilos en Málaga o los decomisos realizados en los registros finales, que incluyeron también cocaína. En total, más de 17 toneladas de droga han sido retiradas del circuito.

Un operativo técnico y a gran escala

El hallazgo del túnel requirió un despliegue técnico poco habitual. Según explicó Pedro Ferrer, jefe regional de operaciones en Ceuta, la investigación contó con “medios técnicos y tecnológicos de alta tecnología” y con el apoyo de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional. La complejidad del terreno obligó a emplear herramientas específicas para analizar la estructura. “Se ha usado igualmente un dron de última generación submarino, puesto que el túnel estaba lleno de agua freática”, detalló el mando policial. Además, en la fase final participaron los Bomberos de Ceuta y el Regimiento de Ingenieros número 7 de la Comandancia General.

La explotación de la operación implicó a más de 250 agentes y se extendió por varias provincias: Ceuta, Cádiz, Málaga, Huelva y Pontevedra. En total, se realizaron 29 registros domiciliarios. El balance es significativo: 27 detenidos —15 de ellos en prisión—, 1,43 millones de euros en efectivo, 66 equipos de comunicación y 15 vehículos de lujo intervenidos.

La operación habla del papel de Ceuta como punto estratégico en las rutas del hachís hacia Europa. Su proximidad a Marruecos y su posición geográfica la convierten en un enclave logístico de primer orden a ojos de los investigadores. La existencia de infraestructuras como los túneles hallados recientemente, sumada a las conexiones con otras regiones, dibuja un mapa en el que, para Policía Nacional y Guardia Civil, la ciudad es un nodo dentro de una red más amplia.

La aplicación de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha motivado la excarcelación de 24 detenidos en la operación Sombra Negra, que desmanteló hace meses una red que habría introducido 57 toneladas de cocaína en Europa, debido a que sus defensas no tuvieron suficiente información para impugnar la prisión al estar la causa secreta, informa Efe.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha tenido que poner en libertad a esos 24 investigados a la vista del criterio de la Sala de lo Penal, que ordenó hace semanas excarcelar a otro de los imputados en esta causa al considerar vulnerado su derecho de defensa por no haberle informado del “contenido de los indicios” que le llevaron a prisión provisional.

Para adoptar su decisión, la Sala tuvo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, establecida desde 2017 a través de diferentes sentencias, y reforzada el pasado mes de febrero en una resolución, que estableció que, en una causa secreta, el juez debe “concretar” no solo el listado de fuentes de prueba contra el investigado, sino también “los datos que permitan la identificación de dicha fuente”.

En su sentencia, el Constitucional constató que algunos tribunales habían interpretado erróneamente su doctrina, al entender que sólo debían informar al investigado del “tipo o clase de prueba de manera genérica, pero no su contenido efectivo”.

Algo similar ocurrió en la investigación de este caso de narcotráfico: la Sala concluyó que la jueza informó a uno de los imputados de su “participación concreta”, pero “no el contenido de los indicios” que motivaron su entrada en prisión. En concreto, no detalló el resultado de las vigilancias policiales, no proporcionó un resumen de la transcripción de los pinchazos telefónicos o detalles como con quién habló y cuándo en dichas conversaciones.

A la vista del criterio expuesto por la Sala en aplicación de la doctrina del Constitucional, ahora la jueza Tardón ha acordado la libertad de 24 detenidos, a quienes se les ha impuesto medidas cautelares.

Antidroga, preocupada por las excarcelaciones

El caso recuerda a lo ocurrido con otra importante trama de narcotráfico, en la que está procesado el exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez. El considerado cabecilla, Ignacio Torán, fue excarcelado en abril del año pasado junto a otros investigados por motivos similares, si bien meses después volvió a ingresar en prisión tras recabar los investigadores nuevos indicios en su contra.

Desde la Fiscalía Antidroga ven estas excarcelaciones con mucha preocupación, según admiten fuentes consultadas por Efe, que claman por una reforma legal que permita perseguir a este tipo de organizaciones criminales, de gran envergadura, con herramientas propias de la lucha contra el crimen organizado, como refleja la última hoja de ruta propuesta por la Comisión Europea.

Discrepan de la puesta en libertad de estos investigados, al considerar que sus defensas sí contaban con los datos necesarios para no mermar su derecho a defensa en una causa que está bajo secreto de sumario y que debe tener reservas por el buen futuro de la investigación.

Sienten además una profunda desolación por el lugar donde deja a los investigadores la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional a la hora de combatir el crimen organizado, en el que el secreto sumarial es esencial.

Golpe a la logística del narco en el Atlántico

La operación Sombra Negra supuso el desmantelamiento de una organización logística de apoyo al narcotráfico, con 105 detenidos en dos fases: la primera culminó en julio del año pasado en Canarias y la segunda finalizó en Andalucía en noviembre.

El operativo, que supuso un ataque al mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar, derivó en la intervención de 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, múltiples cuentas bancarias, dos 'hexacópteros' o megadrones, más de 800.000 euros y más de 150 móviles.

Según la investigación, el presunto líder de la organización, alias El Tapi, residiría en Dubai y se encargaría de la financiación de las partidas de droga que llegan a España. Su mano derecha, Hassan M.M., operaría desde Cádiz y se encargaría de dirigir y transmitir sus instrucciones, de acuerdo a documentación a la que ha tenido acceso Efe.

Otra persona identificada como “Escorpión” manejaba presuntamente desde Marruecos embarcaciones de alta velocidad cargadas de droga y daba las directrices sobre el lugar de entrega. Tendría el control de las narcolanchas que han transportado toneladas de cocaína hasta Canarias y la Península.

En el mismo escalón estarían los coordinadores, encargados de garantizar la entrada por las desembocaduras de los ríos, sobre todo el Guadalquivir, y dar provisiones a las embarcaciones que vienen desde mitad del Atlántico.

Después estarían los responsables del transporte de la droga y el personal en tierra que responde a órdenes de los coordinadores, y por debajo, las personas que, sin acceder directamente a la droga, se encargarían de alertar de la presencia policial o de dar salida a los beneficios del narcotráfico.

La Policía Nacional ha localizado en Marbella el primer narcozulo con una tonelada de cocaína en su interior en una operación en la que se llegó a abrir fuego contra los agentes y que finalizó con cuatro detenidos y la intervención, además, de armas largas consideradas de guerra. “Es el primer narcozulo localizado en el sur de España de estas características, ya que antes lo que se había intervenido era bidones enterrados o estructuras ocultas en interiores de naves o casas”, ha señalado el comisario de la Udyco Alberto Morales en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas (Madrid). Los detenidos son tres marroquíes y un español.

Además, en otra operación policial diferente, la Udyco también ha intervenido en el interior de un coche marca Toyota con las matrículas dobladas abandonado en Algeciras (Cádiz) un depósito de 25 armas de fuego, entre ellas 19 AK-47 y seis armas cortas, destinadas al suministro de narcos. En este caso, ha sido arrestado un marroquí gracias a la vigilancia policial en el marco de una investigación judicializada.

La Udyco ha subrayado la relevancia del narcozulo de grandes dimensiones excavado bajo tierra, “a modo de caleta”, en la zona del bosque de Ricmar, en Marbella, donde se ocultaban 30 fardos que contenían 1.056 kilos de cocaína. Contaba con vigilancia con una cámara y con inhibidores como medida de seguridad. En concreto, la operación se desarrolló en el distrito municipal de Las Chapas de Marbella, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un alijo de droga en una zona costera de la provincia malagueña, cercana a una zona residencial.

Una vez establecido el correspondiente dispositivo en la zona, los policías observaron un vehículo de alta cilindrada en dirección a la playa, por lo que se extremó la vigilancia y se controlaron los diferentes puntos de salida de la zona del bosque de Ricmar. El vehículo estuvo realizando maniobras por la zona durante una hora, todas ellas con el fin de detectar posible presencia policial en el lugar, hasta que se terminó alejando del lugar.

Disparos con armas de guerra

En ese momento, los agentes decidieron adentrarse en la zona boscosa y localizan a tres personas, dos de ellas portando subfusiles y chalecos de la Guardia Civil, golpeando a una tercera persona para robarle la droga, lo que se conoce en el argot policial como un vuelco. Tras una persecución a pie, en la que los narcos no dudaron en disparar varias ráfagas de disparos contra los agentes, fueron arrestados los cuatro implicados en los hechos.

En la intervención fueron incautados tres vehículos de alta gama –dos de ellos robados en Francia y en España–, así como armas largas consideradas de guerra por ser un AK-47, un fusil de asalto AR15 y un subfusil tipo UZI. También se intervinieron tres armas cortas, diverso material policial, equipos de transmisiones e inhibidores de frecuencia.

Tras la actuación policial, se realizó un rastreo en la zona en busca del estupefaciente, lo que permitió a los agentes hallar un narcozulo de grandes dimensiones con una tonelada de cocaína dentro, vigilado por una cámara de videovigilancia que controlaba un camino que daba acceso a la zona.

Los detenidos son tres marroquíes y un español con múltiples antecedentes y reincidentes, por lo que fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, delitos contra la salud pública, grupo criminal, robo/hurto con uso de vehículo y falsedad documental.

Armas de guerra provenientes de Ucrania

El comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes ha recordado que han cambiado los protocolos para aumentar la autoprotección policial desde el incidente en Isla Mayor (Sevilla), que dejó un agente herido de gravedad al ser alcanzado por un disparo en un operativo contra el narcotráfico.

En concreto, ha señalado que se han intervenido en los últimos seis meses más de 50 armas largas, la mayoría provenientes del conflicto en Ucrania que llegan a España por tierra y en un estado de conservación que dificulta su trazabilidad.

El precio oscila entre los 2.000 y 2.500 euros por unidad y las armas, como en este caso, están “customizadas como un símbolo de distinción” entre las diferentes organizaciones criminales.

Los narcotraficantes también recurren a armas cortas, muchas de ellas originarias de Turquía. “Cuando los 'narcos' tienen que usar las armas, la usan, ya sea contra otros 'narcos' o contra los policías para proteger la droga”, ha advertido el comisario.

'El Mencho' ha caído. Nemesio Oseguera Cervantes era el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más importantes no solo de México, sino del mundo entero. El líder del cartel lo ha sido todo en el panorama del narcotráfico y el crimen organizado mexicano, tras fundar y llevar a su mayor cuota de poder al CJNG.

¿Y ahora qué? El abatimiento del líder del cartel por parte de las fuerzas mexicanas es de tal relevancia que amenaza con reconfigurar de manera violenta el statu quo del narcotráfico en todo el país.

Esto es así porque muchas de las grandes organizaciones criminales mexicanas se sustentan gracias a alianzas regionales y liderazgos personalistas, pero donde el clan familiar tiene un enorme peso. De hecho, el CJNG había logrado un notable crecimiento en los últimos años a costa de la guerra civil abierta en el rival Cartel de Sinaloa.

La caída de perfiles clave del Cartel de Sinaloa como 'El Chapo' Guzmán y 'El Mayo' Zambada abrió una crisis de enormes dimensiones en su seno, con pugnas descarnadas por la sucesión y control del grupo. En ese contexto, 'El Mencho' aprovechó la ventana de oportunidad para crecer a costa del Cartel de Sinaloa.

La competición por el control criminal de México

No es en absoluto la primera vez que 'El Mencho' se hace fuerte a costa del Cartel de Sinaloa, ya que precisamente el CJNG emerge gracias a miembros del Cartel del Milenio, facción del primero. Y con la implosión del Cartel de Sinaloa, especialmente tras la caída de 'El Mayo' Zambada en 2024, se consolida el poder de Jalisco.

Fueron los 'Chapitos', los herederos de 'El Chapo' Guzmán, los que se acercaron al CJNG cuando se desató la batalla en los últimos dos años frente a la Mayiza, el sector heredero de 'El Mayo' Zambada. La enemistad entre los dos sectores más importantes del Cartel de Sinaloa se ha saldado con un renovado auge del CJNG.

De esta manera, 'El Mencho' logró una mayor hegemonía criminal en México, de nuevo, a costa de sus rivales. Ya de por sí el CJNG insistió en el establecimiento de alianzas y el apoyo a diferentes disputas en estados cercanos a su feudo, especialmente en Guanajuato, Zacatecas y Michoacán. Algo más alejados de Jalisco, también han podido penetrar con fuerza gracias a estas estrategias en Tamaulipas y Veracruz.

La difícil sucesión de 'El Mencho' en el CJNG

La caída de 'El Mencho' augura más inestabilidad. Si el CJNG no sobrevive a los siempre traumáticos procesos sucesorios del crimen organizado, la inestabilidad que ha sobrevolado la implosión de Sinaloa podría trasladarse también a este imperio criminal y a sus socios.

Junto a Oseguera Cervantes se encuentra fuera de combate una parte relevante de sus allegados. Con varios herederos familiares en prisiones estadounidenses —entre ellos su hijo y su hermano— también han caído en esta operación 'El Sapo' y 'El Tolín'. El primero de ellos, importante peso en Puerto Vallarta, Jalisco, murió junto a 'El Mencho', según las informaciones estatales; mientras que el segundo fue arrestado, de acuerdo con la misma fuente.

“Los Cuinis” también son una facción emparentada con opciones de heredar el peso del CJNG, pero perdieron peso notable frente a nombres propios regionales desde la separación de 'El Mencho' con su esposa, Rosalinda González Valencia.

Pero en función de cómo de tumultuoso sea este proceso, el imperio de 'El Mencho' podría menguar. Y esto podría perjudicar también a los 'Chapitos'. Es decir, 'El Mayito Flaco', heredero de 'El Mayo' Zambada, y algunos clanes aliados en Durango podrían presionar en su disputa por los rescoldos del Cartel de Sinaloa y aprovechar para lanzar ofensivas frente al CJNG en el estado de Zacatecas.

También el territorio controlado por 'El Mencho' en Michoacán podría verse comprometido ante rivales regionales que tenían en común su animadversión al CJNG. E incluso en regiones más lejanas como Chiapas o Tamaulipas podrían desatarse ecos contra la presencia del CJNG o luchas contra sus socios, especialmente gracias a la pujanza del Cartel del Nordeste en el entorno de Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

El fin de una generación de delincuentes

Con la caída de 'El Mencho' se profundiza la transformación del panorama criminal en México, que lleva años atomizándose, con una nueva generación de narcos al cargo de distintos clanes y el fin de los carteles de gran tamaño. De hecho, el CJNG carecía de una estructura tan clara como otros carteles y su conformación descentralizada podría tener réplicas en la nueva realidad criminal del país.

Además, la operación en la que ha muerto ha contado con participación de Estados Unidos en México, junto a la Secretaría de Defensa Nacional. Por lo tanto, Donald Trump podría vender que ha terminado con uno de los capos que se encontraba (en esta ocasión, sí) al cargo de la producción de fentanilo.

La reacción de los miembros del CJNG y de sus socios ha llevado a acciones armadas y narcobloqueos en muchas regiones del país, por lo que si la situación escalase, tampoco sería descartable que sirviese de pretexto para una operación de mayor calado por parte de EEUU.

Existe una importante lucha de facciones también dentro de las fuerzas de seguridad, tanto mexicanas como estadounidenses. Por consiguiente, si se dieran nuevos combates, habría que observar sobre qué fuerzas se concentran los ataques del CJNG. O si emergen diferencias de estrategia a la hora de abrir negociaciones para establecer un nuevo statu quo con las autoridades u otros grupos criminales.

Y también habrá repercusiones sobre el entramado regional, ya que los carteles mexicanos han ampliado notablemente su presencia en rutas y alianzas por todo el continente e incluso en otras partes del mundo. Así que, desde luego, todo cambia con la caída del que hasta la semana pasada podría ser considerado el narco más importante del mundo.

El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', uno de los capos del narcotráfico más buscados del mundo, ha fallecido este domingo a consecuencia de las heridas sufridas durante un dispositivo conjunto de las fuerzas federales mexicanas y liderado por el Ejército mexicano en la localidad de Tapalpa, en el Estado de Jalisco. Los carteles reaccionaron a la captura con numerosos bloqueos de carreteras ya controlados y coches y comercios incendiados además de incidentes con las fuerzas del orden que dejan 25 fallecidos entre sus filas.

La captura de Oseguera Cervantes se ha producido durante un conjunto de operativos coordinados entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y otras agencias de seguridad, en colaboración con agencias de inteligencia de Estados Unidos. 'El Mencho' fue herido durante la operación especial en Tapalpa, a 130 kilómetros de la capital del Estado, Guadalajara. Este lunes, el secretario de Defensa de México, el general Ricardo Trevilla Trejo, ha explicado que se decidió precipitar la operación tras identificar a una de las parejas sentimentales del líder del narcotráfico saliendo de un complejo residencial mientras él seguía en el interior.

El general ha detallado que, tras un primer intercambio de disparos, 'El Mencho' y su círculo de seguridad más cercano huyeron hacia una zona boscosa donde trataron de ocultarse. Tras resultar cercados por los militares, abrieron fuego, llegando a alcanzar a un helicóptero militar, que se vio obligado a aterrizar de emergencia. En el tiroteo resultaron heridos tanto el líder del cartel como dos de sus hombres, que fueron trasladados en un avión militar a Morelia (Michoacán) con la intención de transportarlos posteriormente a Ciudad de México, pero fallecieron en el interior de la aeronave.

Además, durante las operaciones militares del domingo también se abatió a Hugo H. 'El Tuli', responsable de la logística y las finanzas del Cartel Jalisco Nueva Generación y la persona de mayor confianza de 'El Mencho'. Según ha informado el general Trevilla, fue el instigador de los bloqueos de carreteras en una veintena de estados del país y fue abatido tras una operación de las fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas de México. En el interior de su vehículo se incautaron dos armas, 7,2 millones de pesos mexicanos y más de 950.000 dólares estadounidenses, además de munición.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado este lunes durante una rueda de prensa que el país “está en paz, está en calma” que “lo más importante es que estamos trabajando”. Además, ha confirmado que a primera hora de la mañana todas las carreteras habían sido liberadas tras los bloqueos efectuados por parte del narcotráfico y que su gobierno espera que el martes “todo pueda volver a la normalidad”. “Lo más importante es que se recupere la paz y la tranquilidad”, ha enfatizado tras aclarar que seguirá activo el Centro de Mando.

Durante el despliegue del domingo, los militares fueron atacados por presuntos integrantes del Cartel cuando se disponían a detener a 'El Mencho' y respondieron a esta agresión “en defensa de su integridad”, según informó la Secretaría de Seguridad en un comunicado y ha subrayado este lunes Sheinbaum. En la operación perdieron la vida cuatro miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación y tres más resultaron heridos de gravedad. Todos los heridos, entre los que se encontraría 'El Mencho', murieron durante su traslado por vía aérea a la capital, Ciudad de México.

Hay al menos dos miembros de la organización arrestados en la operación y se ha incautado diverso armamento, incluidos lanzacohetes de fabricación rusa, y vehículos blindados. Los dos detenidos han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Junto a los siete narcotraficantes abatidos en el operativo en Jalisco, otros cuatro murieron en Michoacán, según informó el gobernador Alfredo Ramírez, y otros dos en el mismo Estado de Jalisco, según autoridades estatales.

En la operación para la detención de 'El Mencho' murieron un total de 25 efectivos de la Guardia Nacional, según ha informado el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, que ha detallado también el fallecimiento de un miembro de la Fiscalía del Estado y de un guardia penitenciario. Además, hay un total de 70 detenidos en siete estados diferentes del país.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, los principales enfrentamientos se produjeron en la zona de las Cañadas, en la localidad de Zapopan, donde se produjeron hasta seis situaciones de agresión de los narcotraficantes hacia miembros de la Guardia Nacional. Además, ha muerto una mujer embarazada de tres meses y ajena a los hechos en Jalisco, según adelantaba El Occidental de Guadalajara y ha confirmado La Jornada.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha arrancado su comparecencia ante la prensa resaltando que “todas las carreteras hoy están libres, no tienen problema, ya se puede circular” aunque se mantiene operativo el Centro de Mando. “Se suspendieron algunos vuelos de forma preventiva por las propias aerolíneas, particularmente a Puerto Vallarta, y esperamos que en el trascurso del día de hoy, a más tardar mañana, pues ya se restablezcan todos los vuelos”, ha añadido Sheinbaum.

La líder mexicana ha querido recalcar que todas las operaciones militares del domingo fueron planificadas y ejecutadas por fuerzas federales mexicanas. “No hay participación de fuerzas de Estados Unidos”, ha dicho tajante, tras lo que sí ha reconocido que existe “mucho intercambio de información” y que este “entendimiento” con EEUU se basa fundamentalmente en intercambio de información de inteligencia.

“Tenemos muy claros los cuatro principios. Y los tiene muy claros el Gobierno de EEUU. Todo el entendimiento que se estableció a partir de nuestro gobierno con el gobierno del presidente Trump tiene estos cuatro principios. Y se han mantenido, se han respetado y seguimos trabajando así”, ha agregado la presidenta mexicana. Haciendo referencia a los principios de respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, de respeto y confianza mutua y de cooperación sin subordinación en los que se basa la actual relación entre ambos países.

Sheinbaum ha insistido en que el objetivo del domingo “era la detención” de 'El Mencho' y que “se respondió a la agresión”. Y ha destacado que todas las acciones militares y judiciales se hicieron en el marco del sistema penal, de la constitución mexicana y de las leyes y la “preparación muy importante” de las Fuerzas Armadas.

La fiscal general de la República mexicana, Ernestina Godoy Ramos, ha señalado en sus redes sociales que las acciones del Estado de este domingo “reafirman el compromiso con la legalidad y la seguridad para la población” y ha reconocido la actuación del Ejército y del Gabinete de Seguridad

Godoy Ramos ha confirmado que la Fiscalía General es la autoridad judicial que está llevando a cabo todas las diligencias judiciales y periciales derivadas de la operación de seguridad y ha asegurado que la respuesta institucional, en el marco de la legalidad, “fortalece el Estado de Derecho”. Y ha agregado: “La justicia no es opcional: es un compromiso institucional con México”.

Colaboración de EEUU

El Gobierno del presidente Donald Trump confirmó que brindó apoyo de inteligencia al Gobierno mexicano para desarrollar el operativo. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, corroboró en un mensaje en su cuenta de X que el gobierno estadounidense ayudó en la redada en la que terminó abatido el Mencho en Talpalpa.

“El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”, agregó Leavitt sobre el líder del narcotráfico. El Departamento de Estado de EEUU había llegado a ofrecer hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.

Un funcionario de defensa estadounidense había adelantado al Washington Post que la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC), una unidad de inteligencia recién conformada bajo la supervisión del Comando Norte de Estados Unidos, había sido clave para el operativo en el que murió el líder la CJNG. “El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestro país se vean obligados a enfrentar la justicia que merecen desde hace mucho tiempo”, recalcó la portavoz en su mensaje.

Además, Leavitt dijo que la Casa Blanca “elogia y agradece” al ejército mexicano por su cooperación y la exitosa ejecución de este operativo. Estados Unidos acusaba a Oseguera Cervantes de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” con el tráfico de fentanilo. Washington incluyó el año pasado al CJNG en la lista de organizaciones terroristas.

El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, comunicaba poco después del operativo en la red social X que había sido informado por las fuerzas de seguridad mexicanas de la muerte del líder del Cartel, a quien calificaba como “uno de los líderes de la droga más sangrientos y despiadados”, y defendió que se trata de “un gran avance” para México, EEUU, Latinoamérica y el mundo.

“Los buenos somos más que los malos”, añadía en español, tras lo que ha felicitado a las fuerzas de orden público de “la gran nación mexicana”. Minutos más tarde ha mencionado los incidentes provocados por el narcotráfico en respuesta a la operación y ha dicho que está observando las escenas “con gran tristeza y preocupación” y que no le sorprende que “los malos estén respondiendo con terror” y ha enviado un mensaje de ánimo al país vecino.

El Cartel de Jalisco Nueva Generación, bajo su liderazgo, se había consolidado como una de las organizaciones delictivas más violentas y de mayor expansión en México, con operaciones en al menos diez estados del país y en el exterior. Precisamente en noviembre del año pasado, la Policía Nacional desarticulaba su “oficina” en España en Talavera de la Reina, en una macrooperación que terminó con 20 detenciones.

Pese a las operaciones previas en su contra durante más de una década, 'El Mencho' había logrado hasta ahora evitar su captura. Su caída representa uno de los golpes más relevantes contra el narcotráfico de las últimas décadas y es sin duda el más importante desde la captura de Joaquín 'El Chapo' Guzmán en el año 2016.

Incidentes violentos en varios estados tras la operación

A lo largo del domingo, se han producido numerosos incidentes en hasta una veintena de los 32 estados del país, con bloqueos de carreteras en la mayoría de ellos, aunque especialmente en Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato, Baja California y Aguascalientes. Estos incidentes han provocado que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemús, activase el código rojo por la violencia desatada tras el operativo.

El gobernador ha asegurado a los medios que el operativo de seguridad se mantiene en plena coordinación y que el objetivo principal en estos momentos es restablecer la normalidad en las zonas afectadas. Hasta 26 carreteras han llegado a estar cortadas en Jalisco, aunque las fuerzas de seguridad han ido abriendo varias de ellas de forma progresiva, según ha informado el Gabinete de Seguridad, y a las 18.15 de la tarde (la 1.15 am en Madrid) apenas permanecían activos cuatro.

El aeropuerto internacional de Manzanillo, situado en el Estado de Colima, colindante con el de Jalisco, se ha visto obligado a cancelar algunos de los vuelos programados para este domingo debido a los cortes de carreteras que afectan a sus accesos. Más allá han ido las autoridades en el aeropuerto de Puerto Vallarta, donde se han suspendido vuelos tanto nacionales como internacionales.

A su vez, el Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que también es operado por la misma empresa, sí trabaja con normalidad y que no ha sufrido ni cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas. El Gabinete de Seguridad también informó de que el Hospital Civil de Guadalajara operaba con normalidad y sin afectaciones, así como los demás hospitales de Jalisco.

En todo el Estado el gobernador suspendió por precaución los eventos masivos, incluido el concierto de la cantante estadounidense Kali Uchis en Guadalajara, una de las ciudades sede del Mundial de fútbol de 2026. Según El Occidental de Guadalajara, en municipios como Autlán, Tala y Zapopan se identificaron algunos incendios durante la noche, principalmente en gasolineras y tiendas, y también se han producido saqueos.

Las clases han sido oficialmente suspendidas en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Baja California, Zacatecas y en la región del Itsmo de Oaxaca. En el resto del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no suspendió las clases, aunque informó que no aplicará faltas a los estudiantes que no puedan presentarse por “problemas de movilidad” en algunas regiones y facultades. En otros estados, como Veracruz, Ciudad de México o Tamaulipas, las universidades autónomas instaron a los alumnos a no acudir a las aulas, sobre todo a los foráneos, si no se sienten seguros.

En el Estado de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla también ordenaba desplegar las fuerzas de seguridad ante los bloqueos de carreteras y el incendio de vehículos en algunos municipios. En sus redes sociales comunicó que ha ordenado la puesta en marcha “inmediata” de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales tras los bloqueos en el Estado.

Además, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato ha confirmado que se han producido incendios intencionados en farmacias y tiendas de varios municipios como León, Silao, Irapuato, Purísima del Rincón, Moroleón o la misma capital, Guanajuato. Sobre las 19.15, hora peninsular española, la institución estatal ha confirmado la reapertura de todas las vías cortadas en el Estado.

La cúpula de la Iglesia Católica ha expresado su solidaridad con las familias afectadas por los incidentes violentos y ha pedido a los obispos del país que mantengan una vigilancia de la situación en sus respectivas diócesis.

Varios países piden a sus ciudadanos que no salgan a la calle

La embajada de Estados Unidos emitió este domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco y en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada tras la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación.

“Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EEUU deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso”, señala la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales. 

Las autoridades canadienses también solicitaron a sus ciudadanos que eviten salir a las calles de Puerto Vallarta y otras zonas del Estado mexicano por la violencia entre los carteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México y por los bloqueos en las carreteras.

En una advertencia emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá se recomienda a los ciudadanos en el estado de Jalisco que permanezcan en sus residencias y que mantengan “un bajo perfil”.

Ya este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, hizo un llamamiento a los ciudadanos españoles en México para que se pongan en contacto con alguno de los consulados de España en el país para su registro y ha recordado que los números de teléfono de los tres consulados generales en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, están “a plena disposición” de los ciudadanos en la página web del Ministerio, “precisamente para situaciones como esta”.

“Hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren, o bien por turismo o por motivos profesionales, de paso en estos momentos en México, y especialmente en la demarcación consular de Guadalajara, y que por lo tanto no nos consten en nuestro registro de matrícula consular, que se pongan en contacto con el consulado”, dijo en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

La Embajada de España y los consulados generales informaron este lunes de que están en contacto con los españoles afectados por la escalada de violencia que se vive en el país. El consulado de España en Guadalajara, una de las ciudades más afectadas, instó hoy a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de “permanecer en los domicilios o lugares resguardados y limitar todo desplazamiento no indispensable”.

Ante los bloqueos, el ministro remarcó que algunos grupos de españoles “están teniendo dificultades” tanto para la movilidad en los aeropuertos como “en torno a algunos hoteles”. “Pero estamos en contacto con ellos, intentando solventar lo antes posible la situación en la que se encuentran”, añadió Albares, que aseguró seguir “muy de cerca” la situación en el país.

Les rutes marítimes entre Sud-amèrica, la península i Eivissa servien, fins ara i de manera gairebé invisible, a una xarxa de narcotràfic internacional per a transportar quantitats estratosfèriques de cocaïna, haixix i marihuana. Havien assentat la seva base d'operacions a l'illa i s'havien desplegat, de manera molt organitzada i amb un complex modus operandi, entre l'arxipèlag balear (inclosa Mallorca), la ciutat de València i diversos punts del continent Sud-americà. Però una macrooperació conjunta entre la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Vigilància Duanera de l'Agència Tributària batejada com 'Cavalieri' ha assestat un dur cop a la xarxa: el resultat del dispositiu ha estat la intervenció de 1,5 tones de cocaïna, onze d'haixix i la detenció de 26 persones vinculades a l'organització.

La xarxa transportava les substàncies en camions per rutes marítimes i en vehicles caletejats -amb doble fons- per a ocultar la droga durant els viatges entre l'illa i la península. La cocaïna també viatjava en contenidors que es carregaven en el ports mediterranis de Dénia i València, així com en ràpides narcolanches que atracaven a la costa i que també traslladaven haixix. Una de les operacions contra aquesta organització es va dur a terme el passat octubre en la badia de Porroig (Sant Josep), com han explicat fonts de la Guàrdia Civil a elDiario.es. Allà es va detectar un iot de color vermell que va fer sospitar a una patrulla de l'institut armat que vigilava des de terra.

Els efectius de l'Institut Armat van començar a seguir a l'embarcació, que navegava en paral·lel a la costa i que, després de percebre la presència del servei marítim, va intentar envestir als agents. Després va fugir en direcció a Platja d’en Bossa, on va quedar encallada en les proximitats de la Torre des Carregador. Els ocupants van fugir a la carrera, abandonant la llanxa, que emmagatzemava a la cabina 21 fardells de cocaïna: en total, 521 quilos.

Les actuacions, dutes a terme al llarg de l'any passat sota la direcció del Jutjat d'Instrucció número 3 i de la Fiscalia Antidroga d'Eivissa, apunten al fet que es tractava d'una xarxa amb un elevat grau d'especialització i de diversificació i un complex sistema d'organització. L'entramat combinava múltiples formes de criminalitat i diverses vies d'introducció dels estupefaents a les illes. Comptaven, a més, amb un especialista en tecnologia -que es troba entre els detinguts-, encarregat de distribuir i gestionar sistemes de missatgeria encriptada. De fet, l'organització s'encarregava de proporcionar logística, contactes i de trasllat ràpid de grans partides a altres organitzacions nacionals i internacionals.

El fil de l'operació

El servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària va començar a tirar del fil de la recerca durant una operació de control de costes a l'octubre de 2023 a Eivissa en la qual es van confiscar 8,3 tones d'haixix, segons va publicar Diario de Ibiza: la major aprehensió de droga realitzada fins al moment en tot Balears, tal com van assenyalar des de Duanes. També es van intervenir 686.000 euros localitzats en el traster d'un domicili de l'illa.

Aquesta primera actuació va arrencar quan una patrulla terrestre del servei de vigilància va detectar tres furgonetes de gran capacitat i magatzematge en una zona costanera entre Sant Joan i una de les cales del municipi. Els sospitosos vehicles circulaven gairebé sense llums i en detectar el cotxe policial van frenar de sobte, el que va provocar la col·lisió entre tots dos. Després de donar avís a la resta d'unitats de Vigilància Duanera, que es van desplaçar immediatament, va començar una persecució per terra i un rastreig intensiu de la zona que va culminar finalment amb la localització dels sospitosos.

En total, les furgonetes carregaven 216 embalums d'arpillera, utilitzats per a transportar l'haixix mitjançant transport marítim. Així era com l'organització criminal ara desmantellada per la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Duanes distribuïa la droga pels seus principals punts de venda. En 2023, després de confiscar la gran partida, els agents duaners la van traslladar al port d'Eivissa i van carregar els fardells en el patruller ‘Paíño’ per a portar la droga a la base, a Palma. La mercaderia era tanta que van haver de comptar a més amb una altra embarcació de l'Agència Tributària. L'organisme ja va indicar que les recerques relacionades amb el cas continuarien obertes i no descartava detencions en els següents dies.

Eivissa: el centre de totes les operacions

També se sospitava que la xarxa criminal usava Eivissa com a punt de recepció temporal d'haixix per a la seva posterior distribució a punts de consum del continent europeu, encara que ara s'ha determinat que la pitiusa era el centre de totes les operacions. Després d'un any i mig d'esbrinaments, van començar, el 24 de maig de 2025, les actuacions operatives, amb l'arrest, en el polígon de Montecristo, d'una persona que carregava amb un paquet d'un quilo de cocaïna transportat en un camió que havia viatjat en un ferri des de València.

La següent operació es va produir al juny, en el port d'Eivissa, on es van confiscar deu quilos de cocaïna que s'havien introduït a l'illa de la mateixa manera: dins d'un camió, dins d'un ferri que havia partit del mateix port de la Comunitat Valenciana. Poc després es van intervenir a Mallorca vuit quilos de cocaïna, així com, de manera gairebé simultània, altres quatre quilos de marihuana a la zona portuària de Vila. Es va produir una segona detenció relacionada amb el cas.

Però les intervencions més importants encara estaven per produir-se. Els desplegaments van comptar amb la Unitat Combinada de Vigilància Duanera d'Eivissa, la UDYCO de la Policia Nacional de l'illa, el EDOA de la Guàrdia Civil a Balears i l'Equip de Policia Judicial d'Eivissa, amb suports arribats des de València i Elx, tant de Vigilància Duanera com de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. A més, es van reforçar amb grups especials d'intervenció i seguretat, com el Grup de Reacció i Intervenció (GRI), els Grup de Reserva i Seguretat (GRS), la Unitat de Seguretat Ciutadana de Comandància (USECIC) i la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR).

Durant el mes de juliol es van fer les aprehensions més importants: el dia 17, amb la temporada turística a ple rendiment, es van confiscar de 2,4 tones d'haixix que s'havien intentat introduir seguint el mateix modus operandi però fent el camí contrari: des del port de Vila fins al port de València. Va haver-hi un detingut. En el mateix mes de juliol els agents van detenir a altres dues persones i es van fer en els molls valencians amb més d'una tona de cocaïna i amb dos quilos de la mateixa droga a l'illa. En aquest cas, procedents de Dénia.

A la tardor es van intervenir les últimes partides, la major d'elles, 525 quilos de cocaïna a bord d'una embarcació a la platja de Ses Salines (Eivissa) en un operatiu que es va saldar amb altres quatre arrestats. L'operació va culminar entre desembre i febrer amb nou registres i setze detencions en diferents municipis d'Eivissa, però encara hi ha dotze persones en crida i cerca i els agents esperen realitzar encara més detencions en els pròxims dies.

Las rutas marítimas entre Sudamérica, la península y Eivissa servían, hasta ahora y de manera casi invisible, a una red de narcotráfico internacional para transportar cantidades estratosféricas de cocaína, hachís y marihuana. Habían asentado su base de operaciones en la isla y se habían desplegado, de manera muy organizada y con un complejo modus operandi, entre el archipiélago balear (incluida Mallorca), la ciudad de València y varios puntos del continente Sudamericano. Pero una macrooperación conjunta entre la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria bautizada como 'Cavalieri' ha asestado un duro golpe a la red: el resultado del dispositivo ha sido la intervención de 1,5 toneladas de cocaína, once de hachís y la detención de 26 personas vinculadas a la organización.

La red transportaba las sustancias en camiones por rutas marítimas y en vehículos caleteados -con doble fondo- para ocultar la droga durante los viajes entre la isla y la península. La cocaína también viajaba en contenedores que se cargaban en el puertos mediterráneos de Dénia y València, así como en rápidas narcolanchas que atracaban en la costa y que también trasladaban hachís. Una de las operaciones contra esta organización se llevó a cabo el pasado octubre en la bahía de Porroig (Sant Josep), como han explicado fuentes de la Guardia Civil a elDiario.es. Allí se detectó un yate de color rojo que hizo sospechar a una patrulla del instituto armado que vigilaba desde tierra.

Los efectivos del Instituto Armado comenzaron a seguir a la embarcación, que navegaba en paralelo a la costa y que, tras percibir la presencia del servicio marítimo, intentó embestir a los agentes. Después huyó en dirección a Platja d’en Bossa, donde quedó varada en las proximidades de la Torre des Carregador. Los ocupantes se dieron a la fuga a la carrera, abandonando la lancha, cuyo camarote almacenaba 21 fardos de cocaína: en total, 521 kilos.

Las actuaciones, llevadas a cabo a lo largo del año pasado bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 y de la Fiscalía Antidroga de Eivissa, apuntan a que se trataba de una red con un elevado grado de especialización y de diversificación y un complejo sistema de organización. El entramado combinaba múltiples formas de criminalidad y diversas vías de introducción de los estupefacientes en las islas. Contaban, además, con un especialista en tecnología -que se encuentra entre los detenidos-, encargado de distribuir y gestionar sistemas de mensajería encriptada. De hecho, la organización se encargaba de proporcionar logística, contactos y de traslado rápido de grandes alijos a otras organizaciones nacionales e internacionales.

El hilo de la operación

El servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria empezó a tirar del hilo de la investigación durante una operación de control de costas en octubre de 2023 en Eivissa en la que se incautaron 8,3 toneladas de hachís, según publicó Diario de Ibiza: la mayor aprehensión de droga realizada hasta el momento en todo Balears, tal como señalaron desde Aduanas. También se intervinieron 686.000 euros localizados en el trastero de un domicilio de la isla.

Esta primera actuación arrancó cuando una patrulla terrestre del servicio de vigilancia detectó tres furgonetas de gran capacidad y almacenaje en una zona costera entre Sant Joan y una de las calas del municipio. Los sospechosos vehículos circulaban casi sin luces y al detectar el coche policial frenaron de repente, lo que provocó la colisión entre ambos. Tras dar aviso al resto de unidades de Vigilancia Aduanera, que se desplazaron de inmediato, comenzó una persecución por tierra y un rastreo intensivo de la zona que culminó finalmente con la localización de los sospechosos.

En total, las furgonetas cargaban 216 bultos de arpillera, utilizados para transportar el hachís mediante transporte marítimo. Así era como la organización criminal ahora desmantelada por la Guardia Civil, la Policía Nacional y Aduanas distribuía la droga por sus principales puntos de venta. En 2023, tras incautarse del gran alijo, los agentes aduaneros lo trasladaron al puerto de Eivissa y cargaron los fardos en el patrullero ‘Paíño’ para llevar la droga a la base, en Palma. La mercancía era tanta que tuvieron que contar además con otra embarcación de la Agencia Tributaria. El organismo ya indicó que las investigaciones relacionadas con el caso continuarían abiertas y no descartaba detenciones en los siguientes días.

Eivissa: el centro de toda las operaciones

También se sospechaba que la red criminal usaba Eivissa como punto de recepción temporal de hachís para su posterior distribución a puntos de consumo del continente europeo, aunque ahora se ha determinado que la pitiusa era el centro de todas las operaciones. Tras un año y medio de averiguaciones, empezaron, el 24 de mayo de 2025, las actuaciones operativas, con el arresto, en el polígono de Montecristo, de una persona que cargaba con un paquete de un kilo de cocaína transportado en un camión que había viajado en un ferry desde València. 

La siguiente operación se produjo en junio, en el puerto de Ibiza, donde se incautaron diez kilos de cocaína que se habían introducido en la isla de la misma manera: dentro de un camión, dentro de un ferry que había partido del mismo puerto de la Comunidad Valenciana. Poco después se intervinieron en Mallorca ocho kilos de cocaína, así como, de manera casi simultánea, otros cuatro kilos de marihuana en la zona portuaria de Vila. Se produjo una segunda detención relacionada con el caso.

Pero las intervenciones más importantes aún estaban por producirse. Los despliegues contaron con la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de Ibiza, la UDYCO de la Policía Nacional de la isla, el EDOA de la Guardia Civil en Baleares y el Equipo de Policía Judicial de Ibiza, con apoyos llegados desde Valencia y Elche, tanto de Vigilancia Aduanera como de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además, se reforzaron con grupos especiales de intervención y seguridad, como el Grupo de Reacción e Intervención (GRI), los Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Durante el mes de julio se hicieron las aprehensiones más importantes: el día 17, con la temporada turística a pleno rendimiento, se incautaron de 2,4 toneladas de hachís que se habían intentado introducir siguiendo el mismo modus operandi pero haciendo el camino a la inversa: desde el puerto de Vila con destino al puerto de Valencia. Hubo un detenido. En el mismo mes de julio los agentes detuvieron a otras dos personas y se hicieron en los muelles valencianos con más de una tonelada de cocaína y con dos kilos de la misma droga en la isla. En este caso, procedentes de Dénia.

En otoño se intervinieron los últimos alijos, el mayor de ellos, 525 kilos de cocaína a bordo de una embarcación en la playa de Ses Salines (Ibiza) en un operativo que se saldó con otros cuatro arrestados. La operación culminó entre diciembre y febrero con nueve registros y dieciséis detenciones en distintos municipios de Ibiza, pero todavía hay doce personas en búsqueda y captura y los agentes esperan realizar aún más detenciones en los próximos días.

 La investigació que va permetre desarticular una de les xarxes de narcotràfic més grans que han operat a Mallorca, presumptament liderada per Stefan Milojevic, suma ara un nou moviment des de l’interior mateix de la causa. Faustino Nogales, exresponsable del Grup d’Estupefaents de la Policia Nacional a les Balears i en presó provisional per la seva presumpta col·laboració amb la trama, ha sol·licitat al jutjat que instrueix el procediment la compareixença de diversos caps de Duanes i d’un comandament del Servei Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil.

L’escrit, presentat pel seu advocat davant el Jutjat d’Instrucció número 7 de Palma i al qual ha tingut accés elDiario.es, sosté que Nogales mantenia amb aquests responsables una relació professional directa en diferents operatius conjunts contra el narcotràfic. La defensa considera que les seves declaracions són rellevants per contextualitzar actuacions policials que ara estan sent examinades per la Justícia.

Nogales està investigat per suborn, revelació de secrets i omissió del deure de perseguir delictes, il·lícits pels quals el jutge va acordar el seu ingrés a la presó el passat mes d’agost en apreciar risc de fuga i d’interferència en la investigació. El seu paper és especialment sensible per la posició que ocupava i pel possible accés a informació operativa d’alt nivell. Després d’haver estat investigat per Afers Interns, ara correspon a la Justícia valorar si aquestes indagacions van ser vàlides i si no es van sobrepassar els límits legals.

Una xarxa amb mètodes d’organització mafiosa

La causa es va originar arran d’una investigació de gran abast que va situar Stefan Milojevic com a presumpte líder d’una suposada estructura criminal amb capacitat per introduir grans quantitats de droga a l’illa i redistribuir-les a altres punts d’Europa i de la península. La xarxa operava amb mètodes propis d’organitzacions estructurades i, segons els investigadors, hauria comptat amb suports interns per esquivar controls i anticipar-se a les actuacions policials.

És en aquest context on s’emmarquen les sospites sobre Nogales, a qui s’atribueix haver afavorit presumptament l’organització des de dins del sistema. La petició de noves declaracions introdueix ara una possible ampliació del focus de la investigació, que es va saldar amb 76 detinguts i la incautació, entre d’altres, de 687 quilos de cocaïna i 2.500 quilos d’haixix.

Entre els arrestats en la macrooperació d’aquest estiu de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil també hi figura l’advocat Ignacio Gonzalo Márquez, per un presumpte delicte de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic, així com Stefan Milojevic, líder de la banda motera neonazi United Tribuns a Espanya i lluitador d’MMA.

Converses interceptades

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional van interceptar diverses converses entre Nogales i Milojevic. En una d’elles, Milojevic parlava per telèfon amb l’inspector i l’informava que havien desaparegut “diverses llapes” dels seus vehicles a Eivissa i Alemanya, és a dir, balises de seguiment instal·lades pels agents especialitzats per vigilar els narcotraficants.

— “Saps què ha passat?”, va preguntar Milojevic a Nogales.

— “El què?”, va respondre aquest.

— “Han desaparegut les llapes d’Eivissa”, va afirmar.

— “Han desaparegut?”, va qüestionar l’inspector.

— “Una del pàrquing on el cotxe fa tres o quatre mesos que no es mou i l’altra a Alemanya”, va dir Milojevic.

— “Estava clar”, va acabar dient Nogales.

Així mateix, el presumpte líder de la banda va comentar en una conversa recollida al sumari, al qual va tenir accés elDiario.es, que existien “conills”, un sinònim de “talps”, és a dir, individus que, aprofitant les seves funcions laborals, tenen accés a informació privilegiada i la faciliten als narcotraficants.

La investigación que desarticuló una de las mayores redes de narcotráfico que han operado en Mallorca, presuntamente liderada por Stefan Milojevic, suma ahora un nuevo movimiento desde el interior de la propia causa. Faustino Nogales, exresponsable del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional en Balears y en prisión provisional por presuntamente colaborar con la trama, ha solicitado al juzgado que instruye el procedimiento la comparecencia de varios jefes de Aduanas y de un mando del Servicio Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil.

El escrito, presentado por su abogado ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma y al que ha tenido acceso elDiario.es, sostiene que Nogales mantenía con estos responsables una relación profesional directa en distintas operaciones conjuntas contra el narcotráfico. La defensa considera que sus declaraciones son relevantes para contextualizar actuaciones policiales que ahora están siendo examinadas por la Justicia.

Nogales está investigado por cohecho, revelación de secretos y omisión de perseguir delitos, ilícitos por los que el juez acordó su ingreso en prisión el pasado agosto al apreciar riesgo de fuga y de interferencia en la investigación. Su papel resulta especialmente sensible por la posición que ocupaba y por el posible acceso a información operativa de alto nivel. Tras ser investigado por Asuntos Internos, ahora debe valorar la Justicia si dichas indagaciones fueron válidas y no se sobrepasaron.

Una red con métodos de organización mafiosa

La causa se originó tras una investigación de gran envergadura que situó a Stefan Milojevic como presunto líder de una supuesta estructura criminal con capacidad para introducir grandes cantidades de droga en la isla y redistribuirlas a otros puntos de Europa y la península. La red operaba con métodos propios de organizaciones estructuradas y, según los investigadores, habría contado con apoyos internos para eludir controles y anticiparse a las actuaciones policiales.

Es en ese contexto donde se encuadran las sospechas sobre Nogales, al que se atribuye haber favorecido presuntamente a la organización desde dentro del sistema. La petición de nuevas declaraciones introduce ahora una posible ampliación del foco de la investigación, que se saldó con 76 detenidos y la incautación de, entre otros, 687 kilos de cocaína y 2.500 kilos de hachís.

Entre los arrestados en la macrooperación de este verano de la Policía Nacional y la Guardia Civil se encuentra también el abogado Ignacio Gonzalo Márquez por presuntamente blanquear dinero procedente del narcotráfico y Stefan Milojevic, líder de la banda motera neonazi United Tribuns en España y peleador de MMA.

Conversaciones interceptadas

La Guardia Civil y la Policía Nacional interceptaron diferentes conversaciones entre Nogales y Milojevic. En una de ellas, Milojevic hablaba por teléfono con el inspector y le informa que habían desaparecido “varias lapas” en sus vehículos de Eivissa y Alemania, es decir, balizas de seguimiento instaladas por los agentes especializados para vigilar a los narcos. 

—“¿Sabes qué ha pasado?”, preguntó Milojevic a Nogales. “¿El qué?”, le respondió este. “Han desaparecido las lapas de Ibiza”, afirmó. “¿Han desaparecido?”, cuestionó el inspector. “Una del parking que está el coche ahí tres cuatro meses sin moverse y la otra en Alemania”, afirmó Milojevic. “Estaba claro”, terminó diciendo Nogales. 

Asimismo, el presunto líder de la banda comentó en una conversación recogida en el sumario, al que tuvo acceso elDiario.es, que existían “conejos”, un sinónimo de “topos”, es decir, individuos que, aprovechando sus funciones laborales, tienen acceso a información privilegiada y se la trasladan a los narcos.

El 15 de septiembre de 2015, el sargento de la Guardia Civil José Romero Béjar fue destinado a la Patrulla de Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Compañía de Tarifa. Romero Béjar, alias el Moro porque sabe árabe, llegaba así al que parecía su último destino. Lejos quedaban los años más negros del cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián, bajo las órdenes del general Enrique Rodríguez Galindo y que le llevaron a declarar ante Garzón cuando investigaba a los GAL. Una vez en Tarifa, Romero Béjar se convirtió en el zorro cuidando de las gallinas. Ha aceptado una pena de dos años por avisar a narcotraficantes de dónde iba a estar la Guardia Civil para que pudieran descargar sus narcolanchas sin problemas. El sumario del caso revela con detalle cómo las redes criminales penetran en los cuerpos policiales del Estrecho.

Para saber qué se cuece en el Estrecho, la PAFIF era el lugar ideal. La unidad en la que tenía un mando Romero Béjar se encarga de “prevenir, perseguir, descubrir y reprimir los delitos relacionados con el narcotráfico colaborando con las Unidades Territoriales en la custodia de las costas”.

Pero mes y medio después de la llegada de Romero a su nuevo puesto, algo se torció. A las 07.45 horas del 30 de noviembre de 2015, agentes de Tarifa abortaron un alijo con 66 fardos de hachís que sumaban dos toneladas. Como en un camping cercano vieron a dos viejos conocidos del instituto armado, los llevaron a las dependencias policiales. Y allí uno de los detenidos soltó la bomba: “En el cuartel había un mando que había venido hace росо у que controlaba alijos”. “Romero ha venido aquí a llenarse los bolsillos de dinero...”. 

El asunto fue escalando y comenzó la operación Jinete. Escuchas, seguimientos y registros revelaron un tren de vida incompatible con el sueldo de un veterano de la Guardia Civil. Para un agente de base, Romero era un jefe de los de antes, siempre conectado, 24 horas al día, siete días a la semana. “Los guardias civiles pertenecientes a su unidad le llaman periódicamente para indicarle cuando salen de servicio, así como a la zona a la que se dirigen a realizar el mismo. José Romero demanda esta información incluso encontrándose franco de servicio o de vacaciones”, relata un informe policial del sumario.

Lo que ocurría es que necesitaba saber de antemano a dónde iban a patrullar los agentes para avisar a los narcos y que evitaran esas playas. De vez en cuando había accidentes. El 4 de diciembre de ese año, por ejemplo, unos guardias civiles iban a intervenir un alijo se cruzaron por casualidad con Romero Béjar por la zona. Pero estaba de vacaciones. Fue sancionado por ello. Y sembró aún más la sospecha sobre su actividad. Un día más tarde, el 5 de diciembre de 2015, sumó otro indicio en su contra. “Esa noche, sin el conocimiento del acusado José Romero Béjar, se modificó el operativo en el sentido de que el vehículo con medios de visión nocturna adjudicado a su unidad se situó en un lugar distinto, novedoso y no utilizado nunca”. El resultado fue de 101 fardos de hachís aprehendidos. 

Los propios agentes de la Guardia Civil comenzaron a seguir a Romero Béjar y notaron variaciones extrañas en el uso de su radioteléfono, conversaciones en clave y citas que los agentes relacionaron con los narcotraficantes conocidos como el Feo y el Fantasma. Con su radioteléfono oficial podía conocer el movimiento de todas las patrullas de la Guardia Civil. Esa información fue, literalmente, oro. En el Estrecho es habitual que los agentes, especialmente los nacidos allí, se conozcan y se crucen con narcos. A veces es difícil deslindar esas relaciones de amistad incluso entre familias con un trato comercial.

El 23 de octubre de 2016, Romero Béjar se sinceró con la persona que hacía de enlace con los narcos. Estaba dentro de un coche, por teléfono era cauteloso. No sabía que agentes de Asuntos Internos con orden de un juzgado de Algeciras estaban grabando todo desde un dispositivo oculto –“medio técnico de sonorización ambiental”– en el interior del vehículo tras pedir al concesionario que vendió el coche un duplicado de las llaves. Ahí, el Moro dio cuenta de su alto ritmo de vida. “Es abusiva, tío. Cuando fuimos a ese hotel, el de aquí, me gasté en un día 5.000 euros. Cuando fuimos a Granada me gasté también cuatro o cinco mil euros. Cuando fuimos a Madrid, seis o siete mil euros. No se da cuenta esta tía”. Su pareja, se queja, “está obsesionada con un rólex de oro”. 

“Yo quiero vivir tranquilo, vivir bien”

Los agentes le hallaron gastos en Madrid en comidas en Zalacaín y el Asador Donostiarra. Él mismo, en la misma conversación, dio la que es una clave de su actuación y de otros agentes de la lucha contra el narco. “Yo quiero vivir tranquilo, vivir bien, tener para follar, darme un buen paseíto con la moto, para ir de pesca, para comprarme cuando pueda un buen cochecito, para vivir, para disfrutar, que para eso me he complicado la vida, pero no para jincármelo en un año o dos. Para empezar es que me he gastado yo este año 60.000 o 70.000 euros”. Safaris, una yegua y dos caballos, un Toyota Land Cruiser, una moto Yamaha ME 250R y otra BMW K1200... Romero no tenía sueños baratos. En 2013, Romero Béjar declaró ingresos por 36.794 euros, y en 2014, por 40.400, incompatibles con ese ritmo de vida. 

Paralelamente a la investigación de la Guardia Civil, su banco, el Santander, le pidió que dejase la entidad. No le daban explicaciones pero comenzó a mover sus hilos hasta descubrir que era por una orden de Madrid que temía tener problemas con antiblanqueo. En ese mismo momento, otra rama de la Guardia Civil inició su propia investigación patrimonial sobre el mando y la denominaron Black Rider que concluyó que tenía ingresos de origen no declarado.

Según la investigación, acosado por varios frentes y temiéndose lo peor al conocer la decisión del banco, paró su actividad un tiempo. “Esto me lo tienes que guardar donde sea, tío. He tenido que llevarle todo el dinero a Antonio, esconderlo todo, sacarlo de mi casa, no veas lo que me ha pasado”, cuenta a un amigo.

El 4 de noviembre de 2016, fue detenido junto con otros miembros de la red investigados. La Guardia Civil dio un vídeo con la entrada y registro en su casa. El caso saltó a la prensa. Allí no había mucho dinero, solo 3.857 euros, pero sí una carabina marca Sovereign Saut del calibre 22, un arma clásica para los safaris en los que participaba. El dinero estaba en un garaje vinculado a Andrés García Núñez. Bajo las baldas, metidos en bolsas, hallaron 442.560 euros.  

El caso, como tantos, se eternizó en los saturados juzgados del Estrecho, donde los funcionarios viven superados por estas causas. El pasado 28 de abril por la mañana, horas antes del apagón que afectó a toda España, llegó por fin a juicio. 13 acusados se sentaron en el banquillo. Apenas tres familiares se sentaron al fondo de la sala a seguir la breve liturgia. Fue breve. Los acusados habían llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Siete de los acusados quedaban fuera de la acusación y otros aceptaban penas de dos años, que normalmente no conllevan ingreso en prisión.

Entre estos últimos estaba Romero Béjar, que se adelantó unos metros y aceptó los hechos ante el tribunal. Según la sentencia, “beneficiados de su posición como agentes de la autoridad, tenían como función principal la cobertura policial a las organizaciones que se dedican a introducir grandes cantidades de hachís a través de las costas de Tarifa. El acusado Jose Romero Béjar como máximo responsable del PAFIF daba las órdenes que el acusado Andrés Guerrero Aznar transmitía a los narcotraficantes”.

Condenado por “delito contra la salud pública”

Romero Béjar, el Moro, fue condenado a dos años de prisión “como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daños a la salud y en cantidad de notoria importancia y uso de embarcación” y multas de 3,3 millones de euros. Fue absuelto del delito de pertenencia a grupo criminal y tenencia de arma prohibida. También fue suspendido definitivamente como miembro de la Guardia Civil. Su abogado no quiso comentar el caso.

Así, sin mucho ruido, acababa una carrera en el cuerpo cuando estaba próximo a la jubilación. Romero Béjar lo había vivido ya todo en el Instituto Armado. Nacido en Ceuta en 1959, con solo 20 años ingresó en el cuerpo. En los años 80 del siglo pasado estuvo destinado en el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián y epicentro de la lucha más negra contra ETA. En 1998 fue citado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dentro del sumario contra los GAL. Se negó a declarar.

El general Rodríguez Galindo, que acabó condenado a 75 años de prisión, salió en defensa de él y otros guardias también señalados. “Afirmo con orgullo y dolor que son plenamente inocentes todos aquellos guardias civiles que habiendo sido subordinados míos en tiempos pasados se encuentran hoy injustamente imputados en este proceso. El teniente en su momento, comandante hoy, Manuel Davó Soler, el teniente Pedro Gómez Nieto, el sargento Enrique Dorado Villalobos, el sargento José Romero Béjar, el sargento Luis Valentín Sandoval Campos, el sargento Francisco Hermida Bouzas y el cabo Felipe Bayo Leal y tantos otros que han servido a mis órdenes y siempre han actuado como leales, sacrificados y ejemplares servidores del pueblo español y del sistema de libertades recogido en nuestro ordenamiento constitucional”, escribió en un escrito al Tribunal Constitucional. Romero Béjar no fue ni juzgado por los GAL.

Rodríguez Galindo acabó condenado por los asesinatos de Lasa y Zabala y, según el diario Europa Sur, en una de sus últimas publicaciones en Facebook antes de ser detenido, Romero Béjar compartía una iniciativa para declarar héroe nacional a Rodríguez Galindo. Según el mismo diario, “formaba parte del grupo Omega, cuyos agentes eran conocidos como 'los pata negra', creados por Luis Roldán”. Tras pasar por Intxaurrondo, en 1996 volvió al Estrecho y en 2002 fue nombrado jefe de policía local de Los Barrios, tras una polémica por su nombramiento volvió al cuerpo. Y de ahí, con 45 años de servicio, acabó ante el tribunal.

El caso de un agente de Intxaurrondo vinculado con el narcotráfico remite de nuevo a finales de los años 80. El cuartel no solo fue denunciado como sede habitual de torturas, sino que tiene un halo de misterio sobre su vinculación con el narcotráfico. En 1988, el entonces fiscal jefe de San Sebastián, Luis Navajas, uno de los primeros en denunciar las torturas, recibió una denuncia de un agente que decía que había elementos en Intxaurrondo vinculados con mafias de contrabando en la frontera con Francia. Navajas trasladó el informe a sus superiores en Madrid y nunca más se supo de ella, murió en un cajón.

La corrupción en los procesos de acceso a la estiba del Puerto de València dio cobertura a la red de tráfico de cocaína que ha sido desmantelada por la Policía Nacional y que se ha saldado con la detención de 81 personas, entre ellos varios líderes sindicales de este sector, un médico y otros trabajadores portuarios.

La Policía Nacional ha informado este viernes en una rueda de prensa del desarrollo de la operación 'Spider', mediante la cual se ha desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en el Puerto de València y se han incautado 4,5 toneladas de esta droga, además de inmuebles, vehículos, armas, objetos de lujo y dinero en efectivo.

Además de la red de narcotráfico, con conexiones internacionales, los responsables del operativo han destacado el arraigo en la organización criminal de procesos corruptos de selección de personal en el Puerto de València, lo que permitía a los narcos un control minucioso de los turnos de trabajo para dar cobertura a las operaciones delictivas.

Entre los detenidos hay un agente de la Guardia Civil, tres miembros del cártel de los Balcanes, 17 trabajadores portuarios, nueve camioneros y 17 responsables de cinco empresas, entre otros.

Desde el pasado lunes se han desarrollado 59 registros -53 de forma simultánea- en la provincia de Valencia y la isla de Ibiza, con la intervención de más de 450 agentes de policía de diversos grupos, además de personal judicial, todos ellos coordinados por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

En el operativo se han incautado 4,5 toneladas de droga, 365.000 euros en efectivo, relojes de lujo valorados en dos millones de euros, 53 coches de alta gama, diamantes, lingotes de oro y un barco valorado en unos 400.000 euros, además de varias armas de fuego.

“Hombres araña”

La trama contaba con “hombres araña”, que se dedicaban a escalar por los contenedores del puerto para acceder hasta la mercancía (cuya labor ha sido grabada por los drones de la policía), así como colaboradores en empresas de transporte y concesionarios de vehículos industriales y transitarias.

La investigación se ha desarrollado en los últimos 18 meses, si bien una parte importante de la misma, la dirigida a desentramar la red de blanqueo internacional, sigue abierta y sobre la misma no se han dado detalles.

Tampoco se ha informado sobre el origen de la investigación policial y la labor de los agentes infiltrados. Los mandos policiales que han sido consultados al respecto en la rueda de prensa se han limitado a apuntar que la investigación del narcotráfico es una de las más dificultosas y que en este operativo “se han usado todas las técnicas de investigación, avaladas siempre por el juzgado y con el informe positivo del fiscal”.

El acceso a la estiba, clave para los narcos

La organización, en palabras de uno de los mandos policiales que ha dirigido la operación, tenía “pleno dominio sobre los procesos de selección de estibadores. Amañaba exámenes y falsificaba los test de drogas de los aspirantes”.

En el Centro Portuario de Empleo había, según ha asegurado, una “lucha soterrada por introducir a sus miembros en la estiba, de modo que una vez dentro controlaban las jornadas laborales para colocar los contenedores 'contaminados' en determinados sitios y podían controlar los movimientos de la Policía”.

Este centro de empleo actuaba a modo de “escudo” para los delincuentes, pues “algunos de sus componentes falsificaban incluso los documentos necesarios para que, en caso de que algún miembro fuese detenido, hacer constar que había pedido una excedencia antes de su detención, de modo que pudiese volver a trabajar en la estiba al salir de la cárcel”.

“Con total sigilo, la Policía Nacional ha penetrado en la organización y ha subido escalones en una estructura delincuencial con varias organizaciones, que compartían sinergias cuando les interesaba. Se autodenominaban 'la llave', pues se consideraban a sí mismos la puerta de entrada de la cocaína en Europa”, han explicado en la rueda de prensa.

“Esperamos que esta operación suponga un punto de inflexión, pero seguimos con el foco puesto en el Puerto de València”, han señalado los referidos mandos policiales, cuyo nombre prefieren no difundir.

“Estar tanto con los narcos deja a uno un poco trastocado y alejado de la democracia”. Así se ha referido este viernes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su primera gran intervención del curso político en Arganda del Rey (Madrid).

Este discurso es recurrente en el PP al referirse a las relaciones que atribuyen a Sánchez y al gobierno venezolano de Maduro, por sus supuestas connivencias con el tráfico de droga. Sin embargo, Ayuso ha pronunciado este ataque frente al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, quien compartió años de amistad y viajes con Marcial Dorado, uno de los capos de las Rias Baixas, condenado por narcotráfico y blanqueo de capitales.

Estas declaraciones las ha pronunciado tras acusar a Sánchez de “abrir y cerrar” el Parlamento según su antojo, algo que no es competencia del Ejecutivo, y que Ayuso explica a través de lo “trastocado” que deja relacionarse con narcotraficantes.

La sombra de Marcial Dorado persigue a Feijóo desde que el diario El País publicó las fotografías que narraban una vida en común de viajes, lujos y horas de navegación bajo el sol que calentaba la fueraborda del narco. Algo que en Galicia era conocido mucho antes, pero que, cada vez que el narco se pone en el foco, vuelve a aflorar todas las incógnitas sobre sus manejos con el ahora líder del PP.

Las respuestas de Feijóo en la entrevista que le hizo Jordi Évole en Salvados en 2018 mantuvieron una línea argumental que ya compartía su equipo desde que estalló el escándalo en la primavera de 2013. La propaganda oficial del Gobierno y del PP gallego trató de que aquello quedase en una foto producto de un descuido de juventud de Feijóo. Algo que desmiente José Precedo en este artículo: no es una foto, fueron años de amistad y viajes entre un cargo público y un capo del contrabando.

El pasado 10 de junio, Netflix celebraba su primera década desde que aterrizó en España, un hito que llegó en la madrugada del 20 de octubre de 2015, y que lo hacía con algunas de sus series más clásicas en su catálogo como ‘House of Cards’ o ‘Orange is the New Black’, pero también con lo que era el fenómeno del momento entonces, ‘Narcos’.

La serie se había estrenado previamente, de forma global, el 28 de agosto de 2015, y ofrecía una interesante imagen que no estuvo exenta de polémica sobre los orígenes del narcotráfico en la figura de Pablo Escobar en Colombia, y que tenía entre uno de sus protagonistas a Pedro Pascal, que es actualmente uno de los actores del momento.

A pesar de que la serie ‘Narcos’ contó con la colaboración de los dos exagentes de la DEA, Javier Peña y Steve Murphy, que son uno de los hilos conductores de la serie, a los que dan vida Pedro Pascal y Boyd Holbrook respectivamente, no fue totalmente fiel a los hechos reales, aunque algunos que podrían parecer totalmente fantasiosos no lo fueron.

El robo de la espada de Simón Bolívar

Uno de ellos es el robo de la espada de Simón Bolívar, que fue uno de los precursores de la independencia de Colombia en el siglo XIX, por parte del grupo guerrillero M19 y que este se la habría entregado a Pablo Escobar, una versión que corroboraba el hijo del narcotraficante que aseguraba haber jugado con ella en su infancia.

A principios de la década de los 90, con la desmovilización del grupo guerrillero, la espada de Simón Bolívar volvería al gobierno de Colombia. Una historia que, sin embargo, se da por cierta, aunque ha sido negada por exmiembros del M19.

Pablo Escobar participó en política

Uno de los hechos que la serie ‘Narcos’ narró en su primera temporada fue la ambición política que demostró Pablo Escobar, y que se mostró como un punto de inflexión en su detención por parte de la DEA. Esto es cierto, pues el narcotraficante participó en las elecciones parlamentarias de 1982 en Colombia.

Concretamente, Pablo Escobar fue candidato al Congreso como suplente, y llegó a ocupar su puesto titular, al que renunciaría poco después debido a la denuncia de su búsqueda criminal por los agentes de la DEA en pleno parlamento con su presencia, lo que hizo que le costara la vida al ministro Lara Bonilla.

La Catedral: las comodidades de Escobar en la cárcel

Tal y como muestra la serie, la vida de Pablo Escobar en la cárcel, a la que se llamó ‘La catedral’, fue todo un lujo y se convirtió en toda una fortaleza para el narcotraficante, que incluía televisión, gimnasio, campo de fútbol o bar, tal y como en su día contó el propio diario The New York Times, y un hecho que han confirmado también varios periodistas locales posteriormente.

Una bomba en un avión comercial

Fue el vuelo 203 de Avianca en el que Pablo Escobar fue responsable del atentado que se cobró la vida de 116 personas entre pasajeros, tripulantes y personas en tierra, que fue obra de Darío Uzma, que acabaría siendo asesinado por los hombres del narco por cobrar su dinero por este hecho.

Estos son algunos hechos reales que narra la serie ‘Narcos’ que cuenta actualmente con cuatro temporadas, dos centradas en la captura de Pablo Escobar y dos en la historia del cartel de México, con otros personajes, pero que no ha sido confirmada como finalizada y podría retomarse con nuevos papeles como protagonistas por parte de Netflix.

Este 24 de julio llega a los cines de casi todo el mundo ‘Los cuatro fantásticos: primeros pasos' y entre su reparto protagonista se encuentra Pedro Pascal, que es uno de los hombres del momento en el cine a sus 50 años y que se pone en la piel de Reed Richards o también Mr. Fantástico como líder del grupo que forman la familia de superhéroes.

Pedro Pascal: éxito en Hollywood más allá de los 40 años

Pedro Pascal es uno de los ejemplos de éxito tardío en el cine cuando hace una década encadenó los papeles de grandes ficciones de éxito como el de Oberyn Martell en ‘Juego de Tronos’ y del agente Javier Peña en 'Narcos', la primera gran serie original de Netflix como plataforma que colocarían al actor de origen chileno en el éxito de masas que no haría más que crecer en los últimos años con ‘The Mandalorian’ o ‘The Last of us’, que acabó por convertirlo en todo un ídolo.

Pero no todo fue así para Pedro Pascal, que tuvo que labrar su carrera fuera de los focos de Hollywood, con parada incluida en Madrid, donde trabajó como gogó, como él mismo ha recordado en varias ocasiones: “A los 30 se suponía que debía tener una carrera. Después de los 29 sin carrera significaba que estaba acabada, definitivamente”, declaraba en una entrevista hace años.

Los inicios de Pedro Pascal: “Tenía menos de 7 dólares en su cuenta bancaria”

Fue también en su discurso tras ganar del SAG Award, del sindicato de actores, por su papel en ‘The Last of Us’ en 2023, cuando mencionó los inicios complicados de su carrera, en los que vivió con ayuda de su hermana mayor y productora Javiera Balmaceda o su amiga, la también actriz Sarah Paulson:

“Mis comienzos duraron como 15 años. Y estamos hablando de no poder ir al médico, ponerse enfermo, recibir una cirugía o pagar mi alquiler, cuando tenía menos de 7 dólares en mi cuenta. Un pago residual de Buffy Cazavampiros apareció y me arregló el día. Es literalmente la razón por la que pude quedarme en Hollywood y no abandonar”, admitía.

Un inicio como actor que ha vuelto a recordar en una reciente entrevista en Vanity Fair durante la promoción de ‘Los cuatro fantásticos: primeros pasos’ al reconocer: “Tenía menos de 7 dólares en su cuenta bancaria” en el momento que recibió el cheque por su participación en la mítica ‘Buffy Cazavampiros’.

De Buffy Cazavampiros a Juego de Tronos, Narcos y The Last of Us

Este pequeño papel en la mítica serie de los 90 le daría sus primeras oportunidades, y en ella curiosamente estaba acreditado como Pedro Balmaceda haciendo de Eddie, un compañero de estudios de Buffy que acaba convertido en vampiro y que aparece en el cuarto capítulo de la primera temporada.

Desde entonces, Pedro Pascal siguió trabajando hasta encontrar su hueco, por ejemplo, con una larga trayectoria en el teatro, con alguna aparición ocasional en series como 'The Good Wife', 'Homeland' o 'Graceland', y no sería hasta que se puso en la piel del príncipe Oberyn Martell en ‘Juego de Tronos’ para comenzar una carrera de éxito que no ha parado.

De 2015 a 2017 se asentó con el papel de Javier Peña en 'Narcos', serie que contaba en sus primeras dos temporadas la historia de la captura del narcotraficante Pablo Escobar y que fue uno de los primeros grandes éxitos de Netflix, y de ahí pasaría a interpretar papeles en Hollywood de forma habitual hasta llegar a ser el actor del momento en la actualidad.

Aparentemente eran barcas para pescar por la bahía de Cádiz. Solían llevar a bordo dos cañas, aparejos y unas neveritas para aparentar ante cualquier control casual. Pero el fondo de esa embarcación de recreo, con depósitos de hasta 400 litros de combustible, ocultaban más de 2.000 litros de gasolina. “Era una bomba de relojería”, explica gráficamente uno de los guardias civiles. Fue, precisamente, repostando cantidades inusuales como descubrieron esta actividad delictiva, otra vuelta de tuerca de las mafias para abastecer a las narcolanchas. Hay cuatro detenidos en la que la Guardia Civil ha llamado ‘Operación Flotante’, un duro golpe para las redes de narcotráfico de la provincia, porque esta organización, además de gasolina, aportaba piezas de repuesto, reparaba en alta mar y transportaba tripulantes.

La investigación, presentada este martes por la Guardia Civil, se inició hace más de un año. A los agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) les llamó la atención el movimiento de un jeep que remolcaba una embarcación, que salía de una nave del recinto exterior de la Zona Franca de Cádiz, que realizaba pagos de hasta 3.000 euros en una gasolinera “low cost” al otro lado de la ciudad y acababa zarpando desde Puerto América, el puerto deportivo de la capital gaditana. A simple vista, era un barco más. Pero algo no cuadraba. El depósito original de esa embarcación tiene capacidad para unos 400 litros. Aun así, los agentes contaron hasta 2.200 litros de gasolina cargados en un solo repostaje, que introducían por el depósito normal y otro por el depósito de agua dulce. Era una bomba sobre ruedas. “En una de las fotos que tenemos se llegaba a ver a uno de ellos fumando encima. Era un peligro evidente”, ha contado OIga García, la portavoz de la Guardia Civil.

Los agentes de la UDAIFF le siguieron la pista durante meses, hasta que el lunes de la semana pasada interceptaron el jeep y la embarcación. Lo que encontraron no era solo un fondo trucado. Era una narcogasolinera flotante perfectamente montada para avituallar a narcolanchas en alta mar, con la capacidad logística de un pequeño astillero clandestino y la discreción de una empresa familiar. Ahora, cuatro personas han sido detenidas y enviadas a prisión provisional, pero los investigadores creen que hay más implicados: desde cooperadores necesarios hasta posibles blanqueadores de beneficios.

“No eran lujosos, eran prudentes”

“Tenían dos embarcaciones recreativas aparentemente normales. Pero al abrir uno de los asientos, descubrimos un doble fondo bajo el asiento del piloto, con un sistema hidráulico que dejaba diáfano todo el casco”. La nave en la Zona Franca era, en palabras de los investigadores, “un astillero”. Allí, con herramientas, piezas y grúas portátiles manipuladas, transformaban embarcaciones para convertirlas en estaciones de servicio móviles, talleres de emergencia y naves fantasma. Todo sin levantar sospechas en tierra firme. “Las modificaban con sistemas para cargar motores de más de 350 caballos en plena mar, sin necesidad de volver a puerto”, explican. Ese tipo de embarcaciones suelen moverse con motos de 100 o 150 caballos.

Durante los meses previos a la intervención, la organización habría repostado más de 37.000 litros en distintas operaciones, con un beneficio estimado superior a los 600.000 euros. En total, la investigación ha determinado que solo con la compraventa de combutstible podrían haber ganado un millón de euros. La cantidad era tal que la línea de flotación del barco bajaba visiblemente por el peso. Era el detalle que faltaba para empezar a demostrar que algo no encajaba. Porque, como resumen los agentes, “da igual lo que creas saber, lo que importa es lo que puedes demostrar ante un juez”. Y lo demostraron: los cuatro miembros han ingresado en prisión provisional sin fianza.

Los detenidos, todos varones, tienen entre 35 y 55 años. Uno de ellos, el piloto de una de las embarcaciones, ya tenía antecedentes por contrabando. El resto, aunque sin condenas previas por narcotráfico, estaban “en el mundillo”. De hecho, uno de ellos era el hijo de piloto. Vivían en Los Barrios, La Línea, y El Puerto de Santa María. Llevaban una vida discreta, pagaban en efectivo, usaban coches sin distintivos y, en una moto que tenían como apoyo logístico, llegaron a cubrir las pegatinas con publicidad falsa de comida rápida. Aparentaban ser vendedores de Glovo, pero no repartían hamburguesas, sino enseres básicos para los narcos.

“No eran lujosos, eran prudentes. Pero sí se notaba que estaban ganando dinero”, relatan los investigadores. La clave de su negocio era mantenerse en la sombra, evitar los controles en los puertos deportivos y operar desde zonas menos vigiladas del litoral gaditano. Lo hacían en zonas de marismas, caños y canales donde la vigilancia es más difícil. “Sabían que aquí el control es fuerte, así que operaban justo fuera del radar”, explican.

Una red profesionalizada

La Guardia Civil destaca que es la primera vez que detectan una estructura de este nivel dedicada exclusivamente al suministro de gasolina y apoyo logístico a narcolanchas. “Normalmente vemos lanchas más pequeñas, sin tanta infraestructura. Aquí se han sofisticado”, resume un agente. Y no solo suministraban combustible. También hacían reparaciones en alta mar, llevaban repuestos, cambiaban bujías, válvulas, hélices o incluso tripulaciones enteras. “No tenían que volver a tierra para nada. Podían mantener la operativa de las narcolanchas sin parar”, añaden. Disponían de material suficiente para asistir técnicamente a varias embarcaciones, y lo hacían desde una nave sin vigilancia exterior, donde incluso una de las embarcaciones contaba con videovigilancia 24 horas conectada al móvil de uno de los implicados.

La Guardia Civil ha puesto el foco también en la estación de servicio donde se realizaban los grandes repostajes. Aunque la ley obliga a los responsables a notificar cargas sospechosas de combustible, no siempre se produce esa colaboración. “La normativa está clara, pero no todos lo comunican. En este caso, la vigilancia fue nuestra”, señalan. En principio, los agentes no creen que los dueños de la gasolinera, aunque se beneficiaran, estuvieran metidos en el negocio. La operación se cierra, por ahora, con la incautación de dos embarcaciones, tres vehículos, una motocicleta, sistemas de navegación, bidones, herramientas, material electrónico y grúas adaptadas. Pero los agentes no descartan nuevas detenciones. “No hace falta que te pillen con las manos en la masa. El Código Penal recoge también a los cooperadores, a los que se lucran, a los que blanquean”, advierten.

Lo más llamativo, reconocen los investigadores, ha sido la profesionalización de la red. “Esta organización ha subido un nivel. Aquí, en Cádiz, no habíamos visto nunca algo así”, reconoce uno de los guardias. El suyo no era un trabajo de fuerza, sino de constancia. “Tú sabes que algo pasa, pero necesitas pruebas, planos, análisis técnicos… Esto no se resuelve en dos días”, repiten. Gracias a ese seguimiento largo, paciente y meticuloso, han conseguido frenar una estructura logística sin precedentes en el tráfico de drogas por mar. Una gasolinera flotante que se movía entre los astilleros, las marismas y los caños, y que hoy ya no navega. Entre el material requisado había ropa usada y manchada que se dejaron algunos de los tripulantes que transportaron, como una camiseta con una caricatura de Pablo Escobar y el lema “Jefe, Mr Escobar”. El día que fueron detenidos no había cañas de pescar a bordo para disimular.

La rueda de la Justicia se va imponiendo sobre una de las últimas bandas criminales que han traficado con droga en el Puerto de Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la pena de 15 años de cárcel que la Audiencia de Barcelona impuso al inspector de Policía Nacional C.M.G., al considerado uno de los líderes de la banda de 'narcos' que controló el tráfico de cocaína en los muelles barceloneses hace una década.

Al menos entre diciembre de 2014 y septiembre de 2017, el inspector y otro agente ya jubilado y también condenado “conformaron un entramado” cuyo objetivo era la distribución de cocaína desde la provincia de Barcelona hacia otros puntos de España y a otros países de Europa, concluyó la sentencia ahora corroborada.

El inspector, en aquel tiempo destinado en el Grupo I de la Sección de Estupefacientes de la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado), se valió de su condición de policía para “instruir y aleccionar” al resto de los miembros de la banda sobre la forma de ocultar su actividad delictiva y desarrollarla sin riesgo de ser descubiertos, instrucciones que daba en colaboración con el subinspector jubilado.

Tanto los policías como los otros condenados habían recurrido la sentencia con los argumentos habituales de los casos de narcotráfico: los miembros de la banda querían anular los pinchazos telefónicos y los micrófonos colocados en el coche del subinspector que corroboraron el anónimo recibido por los Mossos d'Esquadra con el que se dio inicio al caso, que ya advertía de que los 'narcos' contaban con protección policial.

La sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC rechaza, como mantenían los acusados, que la investigación del caso fuera “prospectiva” y respalda al 100% las medidas acordadas por la jueza instructora para desbaratar la trama.

“Existían sólidos indicios de la existencia de un delito de gran gravedad, de la participación del coacusado [el subinspector]., su teléfono había sido intervenido, y los agentes en las vigilancias habían detectado que se reunía en sus vehículos, el Mercedes y el Porsche Cayenne con otros de los investigados en aquel momento”, destaca la sentencia.

En suma, los micrófonos en el coche y las intervenciones telefónicas del caso eran “idóneas, necesarias y proporcionales, dichas razones resultan plenamente aplicables al apelante cuyo nombre había salido en las investigaciones como uno de los dos policías que daban cobertura a las operaciones de tráfico de cocaína. 

“Desde el inicio de la investigación ya se constataron encuentros físicos entre los dos policías y otros dos de los investigados. Y no solo por las vigilancias policiales, sino también por la información que se obtenía de las intervenciones telefónicas, encuentros vinculados con los desplazamientos que los dos policías hacían en sus vehículos”, destaca la sentencia del TSJC.

El alto tribunal catalán ha confirmado las condenas de la Audiencia de Barcelona a 28 de los 32 procesados a penas que oscilan entre los 9 meses y los 15 años de prisión por diversos delitos como tráfico de drogas, coacciones, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.

Ambos policías impartían al resto de acusados pautas de actuación sobre el modo de comunicarse o de reunirse, consejos sobre como referirse a la droga utilizando “palabras clave” o, sobre todo, donde llevar a cabo sus encuentros. También recaban información sobre los avances de la actividad delictiva en curso, sin que el inspector informara de estos encuentros a sus superiores dentro del cuerpo de la Policía Nacional.

El inspector condenado también usó sus claves de acceso a las bases de datos policiales para descubrir matrículas de coches patrulla secretas que les podían seguir en su actividad delictiva, para después pasar esta información a los narcotraficantes.

Entre algunas de las actividades ilícitas que recoge la sentencia, destaca la operación para descargar en el Puerto de Barcelona en 2015 de unos 200 kilos de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Brasil, para lo cual tuvieron la “cobertura policial” de los dos mandos policiales condenados.

El Parlamento Europeo enviará la semana que viene una delegación de eurodiputados hasta el litoral de Cádiz para investigar las “condiciones laborales” con las que operan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado español en la frontera sur de la UE, uno de los principales focos de lucha contra el narcotráfico.

La misión incluye una visita a Barbate, donde dos guardia civiles murieron arrollados por una narcolancha la noche del 9 de febrero de 2024. Los eurodiputados se entrevistarán con las viudas y familiares de los fallecidos, con los otros agentes que viajaban en la zódiac y sobrevivieron a las embestidas de la narcolancha, con el alcalde del municipio gaditano y organizaciones sociales significadas en la lucha antidroga en el Campo de Gibraltar.

La delegación la conforman diputados de todos los grupos en el Europarlamento, pero sus señorías vienen en discordia, porque la misión arrastra consigo cierta polémica. Nace de la solicitud que un agente de la Policía Nacional destinado en Madrid, David Gutiérrez Prieto, secretario de relaciones institucionales del sindicato Confederación Española de Policía (CEP), elevó al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, un órgano que recibe las consultas y quejas de cualquier ciudadano de la UE.

El agente hizo dos peticiones: “la adopción de una directiva que mejore y armonice, a nivel europeo, la legislación que otorga protección jurídica a los miembros de los cuerpos policiales que trabajan en la UE”; y “la inclusión del delito de agresión, acometimiento o atentado contra un agente de policía, en la lista de Eurodelitos”, con una pena mínima de 18 meses de cárcel para lesiones leves y de tres años para lesiones graves.

La exposición de motivos sí cita el caso de España, “donde los policías nacionales y guardias civiles sufren más de 1.400 ataques violentos al mes (un 24% más en los últimos tres años) alcanzando más de 11.200 acometimientos violentos desde el comienzo de 2023 hasta el mes de agosto”. Desde entonces los datos han empeorado. Según fuentes policiales, en 2024 se registraron 16.800 agresiones a policías nacionales y guardia civiles (unas 1.400 al mes).

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, no menciona Andalucía, ni Cádiz, ni Barbate, ni el Estrecho, ni Algeciras, ni el Campo de Gibraltar ni aparece el término “narcolancha”. Sin embargo, el grupo ultraderechista Patriotas por Europa, donde está integrado Vox y el nacionalpopulista Viktor Orban, reformula la solicitud del agente de la Policía española, enfocándola hacia las dificultades en la lucha contra el narcotráfico en el sur de Andalucía, y propone al Comité de Peticiones una “visita de investigación” [fact finding visit] a Barbate y Algeciras.

La propuesta sale aprobada con la mayoría de votos de la derecha y la ultraderecha y el rechazo en bloque de los grupos progresistas. A favor: el Partido Popular Europeo, Patriotas por Europa, Conservadores y Reformistas y Europa de las Naciones Soberanas. En contra, Socialdemócratas, Liberales, los Verdes y la Izquierda.

El Parlamento europeo termina autorizando una misión compuesta por seis eurodiputados, más el presidente de la Comisión de Peticiones, Bogdan Rzońca, con objeto de “investigar los derechos laborales de los oficiales de policía en la Unión Europea. En la comitiva van dos eurodiputados andaluces, el popular Juan Ignacio Zoido, y la socialista Lina Gálvez.

Aunque el objeto autorizado para la euromisión es muy genérico [labor rights of police officers in the EU], la agenda programada, entre el lunes y el miércoles de la semana que viene, está muy enfocada al asesinato de los guardia civiles en Barbate y la lucha contra el narcotráfico en el estrecho. El momento más sensible de la visita es el encuentro, previsto para el lunes, con las viudas y familiares de Miguel Ángel González y David Pérez, los dos agentes, naturales de La Línea de la Concepción (Cádiz), que murieron arrollados por la narcolancha en febrero de 2024.

En España, PP y Vox han cargado la muerte de estos dos agentes al Gobierno de Pedro Sánchez, han exigido en el Congreso la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien responsabilizan de su “asesinato” por “el abandono y la falta de medios” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Campo de Gibraltar.

Los socialdemócratas acusan al PP de usar el Parlamento Europeo como una cámara de oposición al Ejecutivo de Sánchez, “instrumentalizando” el Comité de Peticiones, que en los últimos meses ha autorizado cinco misiones sólo a España, aprovechando la mayoría que conforman los conservadores y la ultraderecha.

El agente Gutiérrez, autor de la petición original, admite que su solicitud “no aborda un problema local, sino europeo” y pide a los grupos de la Eurocámara que “no politicen” este asunto. “Hay lugares más conflictivos que otros por el auge de la delincuencia, pero esta petición se tramitó por vía de urgencia porque nos están matando. En toda Europa necesitamos mayor protección jurídica. Nosotros somos funcionarios, si hay algún grupo que quiere utulizar la petición de forma política, que quede claro que ese no es nuestro objetivo”, explica.

Con todo, Gutiérrez defiende la función del Comité de Peticiones como “una herramienta interesante que ofrece el Parlamento Europeo para que las instituciones de la UE tomen conciencia de determinados problemas”.

La agenda programada

Este es el escenario político que precede a la misión europea que comienza el lunes con una visita al Ayuntamiento de Barbate, continúa el martes en el Consistorio de Algeciras, más un recorrido por el puerto de este municipio gaditano, principal puerta de entrada de cocaína en Europa, y otro al Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. La misión culminará el miércoles en Sevilla, donde se reunirán con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y con el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz.

Los eurodiputados se encontrarán en Barbate con el agente de Policía Gutiérrez Prieto, que elevó la petición original, con la presidenta de la Asociación de Viudas y Familiares Nuestro Corazón por Bandera, Isandra Fernández Tinoco; y con Mónica Mójica, familiar de uno de los guardia civiles asesinados.

En Algeciras les recibirá el alcalde, y también tendrán un encuentro con Francisco Mena, presidente de la Coordinadora contra la droga “Alternativas”, con la fiscal antidrogas en la provincia de Cádiz, Ana Villagómez, con responsables de Viligancia Aduanera, miembros de la Udyco, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, con miembros de la UCO y con una letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Solano de Ugarte, entre otras autoridades. En la misión también participan agentes de otros países europeos que han sido heridos en acto de servicio.

A principios de mayo, agentes de la Guardia Civil arrestaron en la provincia de Cádiz al último de los cuatro tripulantes de la narcolancha responsable de la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate. En septiembre de 2024 ya fue detenido el piloto de la embarcación, el 8 de noviembre las otras dos personas que viajaban en ella. La investigación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz).

Un presunto narcotraficante ha fallecido en la noche de este lunes a 40 millas de la desembocadura del río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda, tras una persecución a una narcolancha en la que transportaban droga que terminó colisionando con la embarcación de la Guardia Civil.

Según han indicado fuentes de la Guardia Civil de Cádiz a Europa Press, en la embarcación, con tres motores, viajaban en total cuatro personas, de las que una ha fallecido y otra ha resultado herida, teniendo que ser trasladada en helicóptero hasta el hospital de Jerez de la Frontera. Las otras dos están detenidas.

Los hechos se produjeron sobre las 21.45 horas, cuando a 40 millas de la desembocadura del río Guadalquivir detectaron a la narcolancha que iba cargada con una cantidad de droga que hasta el momento no está determinada. En la persecución para su interceptación, la narcolancha sufrió un accidente resultado uno de los tripulantes fallecido y otro herido.

Rechazó los intentos de ayuda

Durante la intervención, cayó al agua uno de los cuatro tripulantes, al que, según ha señalado la Guardia Civil, se le lanzaron distintos medios de salvamento como un aro salvavidas, un chaleco salvavidas de la propia tripulación, un cabo e incluso una boya, “rechazando la ayuda que se le lanza desde la embarcación oficial de la Guardia Civil”.

Además, uno de los agentes de la embarcación de la Guardia Civil se lanzó al agua para rescatarlo, siendo “también rechazada esta ayuda y siendo el agente empujado”. Finalmente, el tripulante de la narcolancha resultó fallecido por causas que tienen que determinar los servicios sanitarios.

Se da la circunstancia que es el segundo fallecido en el mes de febrero, ya que el pasado día 7 una colisión en aguas de Tarifa entre una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y una embarcación de recreo que transportaba fardos de hachís también se saldó con la muerte de uno de los tripulantes de la embarcación con droga, además de dejar otro herido de gravedad.

Unas 200 personas han asistido este domingo a una ofrenda floral en el puerto de la localidad gaditana de Barbate para honrar el fallecimiento de los dos guardias civiles, arrollados mortalmente por una narcolancha el 9 de febrero de 2024. El suceso puso en entredicho las condiciones en las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan su trabajo contra las redes de tráfico de drogas en el Estrecho de Gibraltar y se alzaron las voces para reclamar más medios materiales y humanos. Una demanda que un año después continúa muy presente entre asociaciones de la Guardia Civil y familiares de Miguel Ángel González y David Pérez.

Ha sido el acto conmemorativo principal de los que se han desarrollando estos días en recuerdo y honor a estos dos agentes, como la concentración en Cádiz y un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Barbate, donde ocurrieron los hechos, ambos el pasado viernes. Además, este sábado se ha celebrado una misa en la iglesia de San Nicolás de Pamplona, de donde era David Pérez, uno de los guardias civiles fallecidos.

“Un homenaje lleno de recuerdo, respeto y gratitud. Queremos agradecer a todos los asistentes, así como a las asociaciones y sindicatos que nos han acompañado”, ha manifestado en redes 'Nuestro corazón por bandera', organizadora de la ofrenda, y que ha puesto en valor este “emotivo acto” sucedido en el municipio gaditano.

Críticas de la madre de un agente

Cabe destacar la presencia esta jornada de familiares como la madre de Miguel Ángel González, el otro guardia civil fallecido, o de agentes del instituto armado vestidos de uniforme. En este sentido, la madre ha denunciado que nadie del Gobierno le ha dado el pésame, “sin embargo a un etarra y a su familia sí se lo dan”.

Y es que, a pesar de que el piloto de la narcolancha que presuntamente embistió la zodiac de los agentes está en prisión desde hace varios meses, las familias siguen pidiendo justicia por estos asesinatos, ya que consideran que los altos cargos que dieron la orden de acudir a esa actuación mortal no se han responsabilizado por lo ocurrido.

Asociaciones de la Guardia Civil y familiares han tratado de que estos altos cargos sean investigados en este caso, pero las peticiones registradas han sido desestimadas en varias ocasiones, una circunstancia que sigue levantando ampollas. En este sentio, consideran que aunque “la mano ejecutora está en la cárcel, hay más gente implicada”, como recordaba este mismo viernes la madre de Miguel Ángel en una concentración celebrada en Cádiz para seguir reclamando justicia por sus muertes.

A este respecto, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, siempre ha negado que hubiera una falta de medios a la hora de participar en esta actuación, descartando también las numerosas peticiones de dimisión que ha recibido en este último año. El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, defendía este viernes que “ahora mismo” se está llevando a cabo “la mejor operativa internacional de lucha contra el narcotráfico en España” y se está “en un empeño permanente y continuo para imponer el principio de autoridad”.

El dolor de Barbate

En Barbate tampoco olvidan el dolor que se vivió en aquella noche de viernes con unos hechos que removieron la localidad y dejó una imagen de la que siguen tratando de desligarse, defendiendo que este pueblo tiene muchas virtudes por las que ser conocido, como su gastronomía en torno al atún de almadraba o el Parque Natural de la Breña que lo rodea.

Desde que ocurrieran los hechos, el alcalde Miguel Molina no ha dejado de reclamar “más medios” y una patrullera de la Guardia Civil siempre presente en su puerto, ya que se encuentra próxima al Campo de Gibraltar, una comarca fuertemente castigada por las redes del narcotráfico.

Los acontecimientos de hace un año se produjeron cuando una zodiac de la Guardia Civil acudió a un operativo para tratar de disuadir la presencia de varias embarcaciones de alta velocidad y gran envergadura, las llamadas gomas, que se estaban refugiando del temporal en el puerto de Barbate. Una de ellas arremetió en varias ocasiones contra la de los agentes, que era inferior en potencia y tamaño, y que propició que estos se encontraran indefensos ante la violencia con la que atacó el piloto de la narcolancha. La última embestida fue la mortal, al pasar por encima de la zodiac y causar la muerte de Miguel Ángel González y David Pérez. Además, otros tres guardia civiles quedaron gravemente heridos.

Tras estos trágicos hechos, se detuvo a ocho personas, de las que dos de ellas quedaron en libertad tras prestar declaración. Las otras seis ingresaron en prisión provisional, según decretó el Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 1 de Barbate, como presuntos responsables de manejar la embarcación que embistió a los agentes, aunque ellos siempre negaron su participación en este hecho concreto.

El caso da un giro

El caso dio un giro meses más tarde, en mayo de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargada de la investigación redactó un informe en el que descartaba la implicación de esos seis detenidos, unos de ellos Kiko El Cabra, acusado entonces de pilotar la narcolancha. Ante estos nuevos hechos, el juez determinó la puesta en libertad de los encarcelados, que seguían estando investigados por delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal, resistencia y desobediencia, pero no de asesinar a los dos agentes.

Ya en septiembre de 2024, la Guardia Civil logró la detención de Karim E.B., el presunto piloto de la narcolancha que causó la muerte de los guardias civiles, y poco después se detuvo a otras dos personas por su implicación en estos hechos. Los tres continúan en prisión a la espera de juicio, quedando aún un tercer tripulante por localizar.

Karim E.B. ha pedido perdón a las familias de las víctimas y defiende que todo fue “un accidente”, unas declaraciones que fueron rechazadas por la madre de Miguel Ángel González, que ya entonces advertía que “ni olvido ni perdono” a quienes le habían arrebatado a su hijo.

En todo este tiempo, el Gobierno de España ha destacado que las actuaciones desarrolladas en la provincia de Cádiz contra el narcotráfico a través del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, puesto en marcha en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, y en el que, según han alegado en numerosas ocasiones, ha permitido asestar un golpe a estas redes. El Ejecutivo llega incluso a hablar de que se ha recuperado el principio de autoridad en la zona, algo que las asociaciones de guardias civiles niegan continuamente con cada nuevo caso de agentes heridos en actuaciones “violentas” contra el tráfico de drogas.

Una persona ha muerto en aguas de Tarifa (Cádiz) y otra ha resultado herida de gravedad al colisionar la embarcación de recreo en la que transportaban fardos de hachís con una patrullera del servicio marítimo de la Guardia Civil que la estaba persiguiendo. El accidente se ha producido este viernes a unas diez millas de la costa de Tarifa, cuando la patrullera se encontraba desarrollando una actuación contra el tráfico de drogas y ha tratado de interceptar esta embarcación.

Así lo han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press, que apuntan que el herido está a la espera de ser detenido, ya que está siendo atendido tras el choque. Por su parte, los agentes actuantes han salido ilesos.

Se da la circunstancia de que este accidente se produce dos días antes de que se cumpla un año del fallecimiento de dos guardias civiles después de ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate.