Durante años Sevilla ha tolerado que cientos de personas vivan y duerman en la calle sin garantizarles derechos básicos. Durante años ha carecido de una estrategia seria para erradicar el sinhogarismo, ha infradotado los recursos, se ha instalado en el asistencialismo y ha mirado hacia otro lado mientras la vivienda se convertía en un lujo inalcanzable para una parte creciente de la población. Ahora, cuando la pobreza ya no puede esconderse bajo las alfombras del centro turístico, se finge sorpresa. No estamos ante una novedad inquietante, sino ante la consecuencia lógica de un abandono institucional prolongado.

Nos preocupa que comiencen a proliferar relatos mediáticos que contribuyen a normalizar esta situación, desplazar responsabilidades políticas y, lo que es más grave, que sirva de coartada para preparar el terreno de nuevas medidas de exclusión, presentadas como inevitables o necesarias para preservar la “convivencia” o la “imagen de la ciudad”.

El reciente artículo publicado en Diario de Sevilla bajo el título “Los caídos al raso de Sevilla” es un ejemplo claro de este giro preocupante. Bajo una aparente mirada descriptiva, el titular y su entradilla construyen un marco profundamente peligroso. Presentan la presencia de personas sin hogar en el centro de la ciudad como una novedad inquietante, casi como una anomalía urbana creciente, cuando en realidad se trata de una realidad estructural, conocida y denunciada desde hace años por las entidades sociales. La única novedad es que son ya tantas que no pueden ocultarse con facilidad.

Nombrar como "indigentes" a las personas sin hogar las despoja de su condición de ciudadanas y de sujetos de derechos, reduciéndolas a un problema urbano

Resulta especialmente grave que el artículo anticipe el próximo conteo municipal desde el temor, hablando de un posible “repunte” y afirmando que este demostrará que “hay nuevas calles del centro que son tomadas cada noche”. Ese lenguaje no es neutro ni casual. Hablar de calles “tomadas” introduce deliberadamente un marco de ocupación y amenaza, propio del discurso securitario, como si estuviéramos ante un problema de orden público y no ante personas a las que se les ha negado el derecho más básico: tener un hogar. Y aunque se hable de sus derechos en el texto del artículo, la elección de la entrada no puede ser más desafortunada. 

A ello se suma el uso reiterado del término “indigentes”, una palabra cargada de connotaciones históricas y sociales que deshumaniza, estigmatiza y expresa una forma clara de aporofobia. No es una cuestión semántica menor: nombrar así a las personas sin hogar las despoja de su condición de ciudadanas y de sujetos de derechos, reduciéndolas a un problema urbano. El lenguaje construye realidad, y cuando se habla de “indigentes” que “toman calles”, se legitima la idea de que el problema no es la exclusión social, sino su visibilidad.

Este marco discursivo conecta directamente con lo que venimos denunciando desde hace años: la violencia institucional que se expresa en la falta de políticas de vivienda, en la infradotación crónica de recursos, en las trabas al empadronamiento y en la tendencia a gestionar la pobreza como algo que hay que esconder, desplazar o contener en lugar de erradicarla desde los derechos. El miedo y la estigmatización sustituyen así la responsabilidad política.

Se ha consolidado una lógica de profunda injusticia: expulsar la pobreza del centro turístico y concentrarla en barrios ya empobrecidos, cargando sobre ellos el coste social de la exclusión

Desde hace lustros Sevilla ha carecido de una estrategia municipal seria contra el sinhogarismo. Los recursos han sido insuficientes, fragmentados y centrados en un modelo asistencialista que cronifica la exclusión. La vivienda pública ha brillado por su ausencia como eje central de la política social. Y, paralelamente, se ha consolidado una lógica de profunda injusticia: expulsar la pobreza del centro turístico y concentrarla en barrios ya empobrecidos, cargando sobre ellos el coste social de la exclusión.

En este contexto, la ausencia de datos públicos rigurosos durante años por parte del Ayuntamiento de Sevilla no es casualidad, sino una forma de gobernar sin rendir cuentas. Es relevante que el anuncio de un nuevo conteo llegue solo después de las denuncias públicas realizadas por los colectivos sociales, coincidiendo con fechas tan significativas como el Día de las Personas Sin Hogar y el Día Internacional de los Derechos Humanos. No se trata de iniciativa política, sino de reacción tardía ante la presión social.

Que ahora se pretenda presentar ese conteo como un gesto de diligencia resulta difícil de sostener cuando Sevilla llevaba años sin datos públicos y rigurosos actualizados, mientras que desde entidades como APDHA, Cáritas u HOGAR SÍ advertíamos reiteradamente de un aumento sostenido de personas viviendo en la calle. 

Sin embargo, la política de parches, invisibilización y gestión punitivista del sinhogarismo no es una excepción sevillana, sino una práctica extendida en el resto de Andalucía y en buena parte del Estado. Las consecuencias de este abandono institucional no son abstractas. Un ejemplo concreto podemos verlo en Granada, donde, desde el año pasado, 14 personas sin hogar han fallecido mientras dormían en la calle, recordándonos de forma brutal que el sinhogarismo no es solo exclusión, sino también riesgo vital. Cuando las instituciones normalizan que alguien viva a la intemperie, también normalizan que se pueda morir en ella.

Frente a la narrativa del miedo y de la criminalización de la pobreza, reclamamos políticas de dignidad

Los datos que manejamos son, además, alarmantes: más de 700 personas sin hogar, centenares durmiendo en la calle cada noche, recursos estructurales insuficientes y saturados. Según el INE, una media diaria de 34.145 personas se alojó en centros de atención a personas sin hogar, un 57,5% más que en 2022 como refleja la Encuesta de Centros y Servicios de Atención a las Personas Sin Hogar 2024.

Existen alternativas conocidas y avaladas por la experiencia como el modelo Housing First, la vivienda pública en alquiler social, el empadronamiento sin trabas, la distribución equitativa de recursos por toda la ciudad, la remunicipalización de servicios y la participación real de las personas sin hogar en el diseño de las políticas que les afectan, porque frente a la narrativa del miedo y de la criminalización de la pobreza, reclamamos políticas de dignidad.

No hay nada “inquietante” en que el conteo vaya a mostrar más personas sin hogar. Lo inquietante es otra cosa, que llevemos años aceptando como normal lo que es una emergencia de derechos humanos. Y que, en lugar de hablar de vivienda, se hable de “indigentes”, en lugar de hablar de responsabilidades, se hable de “calles tomadas” y en lugar de políticas públicas, se ofrezca miedo.

Si Sevilla se mira al espejo después de Navidad, que no se engañe. Lo que verá no es un “repunte” inesperado, sino el resultado de decisiones políticas sostenidas en el tiempo. Porque una ciudad que convierte a las personas sin hogar en un problema de imagen para el centro, ya ha perdido el centro, el centro moral.

En los últimos años, el océano Atlántico ha sido escenario de un aumento significativo de la migración precaria, con cada vez más embarcaciones que zarpan de las costas de Senegal, Mauritania o Marruecos para intentar llegar a las Islas Canarias. Este incremento en el número de personas que intentan esta travesía ha ido acompañado de un crecimiento sin precedentes en las cifras de muertes y desapariciones en el mar. Sin embargo, el número real de víctimas sigue siendo incierto. Como ni los Estados en el lado africano ni en el europeo llevan un registro sistemático de las personas migrantes fallecidas o desaparecidas en el mar, organismos internacionales y de la sociedad civil se han propuesto cubrir este vacío de información mediante sus propios recuentos.

Es el caso de la APDHA, que desde el año 2003, en el Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur, viene recogiendo estas cifras. No obstante, los datos suelen diferir considerablemente, lo que da lugar a realidades contradictorias sobre la pérdida de vidas en el mar y plantea preguntas clave, no sólo sobre cómo se recopilan estos datos, sino también sobre lo que estas discrepancias pueden significar para las respuestas humanitarias y la formulación de políticas migratorias.

Documentar muertes y desapariciones en el mar es una tarea sumamente compleja, dado que muchas embarcaciones desaparecen sin dejar rastro en lo que se ha denominado 'naufragios invisibles'. Reconstruir estas travesías implica reunir fragmentos de información procedentes de familiares y amigos de los desaparecidos, medios de comunicación, redes de activistas, testigos locales o autoridades estatales. Quienes se encargan de llevar un recuento de muertes y desapariciones deben verificar relatos diversos, a veces contradictorios, sobre embarcaciones que partieron de lugares concretos con un número determinado de personas a bordo y que nunca llegaron a su destino.

Dada la dificultad de esta labor, no es de extrañar que los intentos existentes de llevar un recuento de muertes y desapariciones en el mar lleguen a conclusiones diferentes. Lo que sí resulta llamativo es la magnitud de las discrepancias en los datos. En nuestro proyecto de investigación en la Universidad de Osnabrück hemos analizado a distintos actores que llevan un registro sobre muertes y desapariciones de personas migrantes en la ruta a Canarias. Sus cifras revelan una creciente disparidad en las estimaciones del número de fallecidos y desaparecidos en esta ruta.

Desde que Caminando Fronteras publicó su último informe en diciembre de 2024, sus impactantes conclusiones han circulado ampliamente en medios españoles e internacionales suscitando reacciones diversas

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que empezó su recuento de “migrantes desaparecidos” en 2014, ha documentado un aumento alarmante de las muertes en la ruta migratoria a Canarias. Según sus datos, el número de fallecidos y desaparecidos pasó de 202 en 2019 a 877 en 2020. En 2021, la OIM documentó 1.126 muertes y en 2024, 1.142, la cifra más alta registrada hasta la fecha por este organismo. Sin embargo, otros recuentos disponibles dibujan un panorama mucho más letal.

Los datos de APDHA en sus Informes de Derechos Humanos en la Frontera Sur recogían 1.239 personas muertas o desaparecidas en el año 2020 y 1.332 en 2021. Cifras que se elevaron hasta las 1.907 personas en 2023 y las 1.866 en 2024.

Caminando Fronteras habla de 1.832 muertes en la ruta a Canarias en 2020, cifra que aumentó a 3.939 el año siguiente y llegó al escalofriante total de 9.757 en 2024. En comparación, la cifra de la OIM de 1.142 muertes en 2024 marca una diferencia abismal de 8.615 vidas perdidas. Hasta cierto punto, esta contradicción refleja las diferentes metodologías empleadas por estas organizaciones. Mientras que la OIM se basa principalmente en noticias de los medios de comunicación para documentar muertes y desapariciones en esta ruta, Caminando Fronteras recopila información de testimonios de supervivientes o de familiares y comunidades en los países de origen y tránsito.

Desde que Caminando Fronteras publicó su último informe en diciembre de 2024, sus impactantes conclusiones han circulado ampliamente en medios españoles e internacionales suscitando reacciones diversas. Un día después de su publicación, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, envió una carta a la Comisión Europea para llamar la atención sobre la “emergencia humanitaria” sin precedentes a la que se enfrenta el archipiélago. En la carta, citaba los datos de Caminando Fronteras e instaba a la UE a colocar a la ruta atlántica entre sus prioridades en política migratoria en 2025. En una reciente reunión con el Comisario de Interior de la UE en Estrasburgo, Clavijo volvió a hacer referencia a los datos de Caminando Fronteras y pidió un mayor despliegue de Frontex en las costas de Senegal, Gambia y Mauritania para “salvar vidas”.

Las cifras de Caminando Fronteras también han creado una mayor sensación de urgencia entre las ONG dedicadas a tareas de búsqueda y rescate. Aunque durante la última década los esfuerzos de la llamada 'flota civil' se han centrado en el Mar Egeo y en el Mediterráneo central, el presunto aumento drástico de víctimas mortales en el Atlántico ha llevado a algunas de ellas a explorar posibilidades de intervención en esta región.

Dada la amplitud de la ruta atlántica, en la que se puede tardar hasta diez días en llegar a Canarias, ¿dónde deben concentrarse los medios de rescate o vigilancia y qué zonas marítimas deben priorizarse?

Una de ellas es Humanitarian Pilots Initiative, una ONG suiza que ya ha realizado vuelos de vigilancia en el Mediterráneo central. En colaboración con Sea-Watch, este proyecto ha avistado más de 1.000 embarcaciones en peligro entre las costas de Libia e Italia desde 2017. Ahora, ante la creciente mortalidad en el Atlántico, la organización ha decidido lanzar una misión exploratoria con una aeronave ligera bimotor para detectar embarcaciones en riesgo de naufragar o desaparecer en la inmensidad del océano.

Al ampliar sus operaciones a la costa de África Occidental, al sur de la zona operativa de Salvamento Marítimo, los pilotos humanitarios abren un nuevo capítulo en los esfuerzos de la sociedad civil para evitar muertes en las fronteras marítimas de Europa. Sin embargo, las profundas discrepancias en los recuentos de muertes y desapariciones existentes plantean interrogantes clave para la planificación operativa: dada la amplitud de la ruta atlántica, en la que se puede tardar hasta diez días en llegar a Canarias, ¿dónde deben concentrarse los medios de rescate o vigilancia y qué zonas marítimas deben priorizarse?

Las prácticas actuales de recopilación de datos no ofrecen muchas respuestas. Aunque el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM registra cada presunto naufragio en su base de datos pública, las ubicaciones de los naufragios mostradas en sus mapas son, como reconoce el propio proyecto, meras aproximaciones. Y aunque Caminando Fronteras señala áreas generales donde sugiere que se han producido la mayoría de los naufragios, la ONG no ofrece información más detallada sobre sus prácticas y metodologías de datos, lo que dificulta los intentos de comprender o corroborar sus datos.

Aunque estas organizaciones buscan visibilizar lo que suele quedar fuera del radar público –los 'naufragios invisibles' y las muertes no registradas–, sus propios datos generan una incertidumbre considerable. En nuestra investigación, hemos hablado con actores clave en Senegal, España y Alemania que intentan entender las diferencias en los datos y lo que pueden significar para su trabajo. Mientras que algunos sacuden la cabeza con incredulidad ante la posibilidad de que la cifra anual de muertes se acerque a los 10.000, otros consideran esta cifra plausible.

Resulta paradójico que no sea la ausencia de datos, sino la existencia de recuentos contradictorios, lo que haya motivado a los pilotos humanitarios a plantear su intervención también como una misión de "investigación"

Cuando preguntamos a Ruben Neugebauer, miembro de Humanitarian Pilots Initiative, qué opinaba de los recuentos de muertes y desapariciones existentes, subrayó que las discrepancias en los datos suponen, efectivamente, un desafío operativo: “Sin duda, nos preguntamos por qué las cifras sobre el número de fallecidos y desaparecidos difieren tanto. La metodología de la OIM es clara, sólo cuentan los casos claramente documentados, por lo que podemos suponer que el número real de víctimas mortales es mayor. Al mismo tiempo, los datos de Caminando Fronteras son inquietantemente altos. Por eso, consideramos nuestro primer despliegue también como una operación de evaluación para obtener más información y datos”.

Resulta paradójico que no sea la ausencia de datos, sino la existencia de recuentos contradictorios, lo que haya motivado a los pilotos humanitarios a plantear su intervención también como una misión de “investigación”.

Entonces, ¿cómo deberíamos abordar estas discrepancias? Si bien no tenemos respuestas definitivas, el primer paso es reconocer el carácter controvertido de los datos. Aunque suelen presentarse como objetivos o neutros, los datos y las estadísticas no son inocentes. De hecho, como muestran los distintos recuentos de muertes en el Atlántico, los datos no describen una única realidad coherente, sino que producen múltiples realidades, a menudo contradictorias.

Según qué cifras se consideren válidas, diferentes fronteras se convierten en las más mortíferas del mundo. Para la OIM, sus estadísticas confirman que el Mediterráneo central es la frontera más mortífera del mundo, mientras que los datos de Caminando Fronteras elevan la ruta atlántica a esta posición. 

Además, los datos tienen consecuencias, ya que pueden determinar qué espacios fronterizos se convierten en lugares de intervención urgente. En el caso de Caminando Fronteras, sus cifras han desempeñado un papel crucial a la hora de crear una sensación de urgencia entre actores estatales y humanitarios para intervenir en la región atlántica.

La disparidad en los recuentos de muertes y desapariciones en la ruta atlántica nos deja con muchas preguntas abiertas: ¿cómo interpretamos las distintas realidades que construyen estos datos? ¿Cómo debemos lidiar con estas cifras contradictorias a la hora de diseñar intervenciones para prevenir y responder a la pérdida de vidas en trayectos migratorios? Y, si los datos nunca son neutros, ¿qué responsabilidad conlleva la elaboración de estadísticas sobre estas tragedias y todo lo que pueden desencadenar?

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Bios

Maurice Stierl es investigador sénior en el Instituto de Investigación sobre Migración y Estudios Interculturales de la Universidad de Osnabrück. Su libro Migrant Resistance in Contemporary Europe fue publicado por Routledge en 2019.

Marta Sánchez Dionis es investigadora especializada en migraciones y derechos humanos y actualmente trabaja como responsable de Incidencia Política en SOS MEDITERRANEE. Las opiniones expresadas en este artículo son propias y no reflejan necesariamente las de SOS MEDITERRANEE.

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Financiación

Maurice Stierl ha recibido financiación de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Fundación Alemana de Investigación) - SFB 1604 - 501120656.

El día que comienza el curso escolar es siempre especial, lleno de ilusión y muchas emociones encontradas. El comienzo del curso siempre trae algo nuevo para los niños y niñas: nuevas asignaturas y materias, nuevos horarios, nuevo profesorado e incluso cambios legislativos… pero, sobre todo, nuevos alumnos y alumnas que pronto se convertirán en compañeros y compañeras de aventuras.

También para los profesores y profesoras supone un momento especial, pues, aunque se haya trabajado previamente con el alumnado con el que se reencontrarán, la realidad es que el paso de los meses de verano habrá hecho diferentes a esos niños y niñas. Nunca dejarán de sorprendernos los rápidos cambios a estas edades.

Desde la APDHA queremos saludar el inicio del curso escolar recordando la situación de los niños y niñas palestinas que este año tampoco vivirán el inicio de un nuevo curso escolar, ya que sus escuelas han sido destruidas por el ejército israelí, al igual que la mayoría de sus hogares. Los niños y niñas de Gaza que aún sobreviven al genocidio que perpetra Israel vagan con sus familias -o con lo que queda de ellas- de un lugar a otro buscando un precario refugio donde no caigan las bombas. Anhelan un pequeño remanso de paz que no encuentran, porque en Gaza no hay un solo lugar seguro para la infancia.

Las cifras oficiales apuntan a que al menos 70.000 palestinos han perdido la vida, entre ellos en torno a 20.000 son niños y niñas. En los últimos meses muere cada día una media de 28 menores de edad, según las estimaciones de UNICEF. Es como si diariamente desapareciera ante nuestros ojos una clase entera de escolares. Muchos fallecen como consecuencia de las bombas, otros mueren por desnutrición, que es la política de hambre impuesta por Netanyahu que bloquea la llegada de alimentos y ayuda humanitaria a la población.

La población del Estado español ha dado cuenta de su solidaridad con la causa palestina durante las últimas semanas señalando la participación del equipo Israel Pro Tech en La Vuelta ciclista a España y para denunciar la pasividad de la comunidad internacional ante un holocausto que se está retransmitiendo en directo.

A pesar de tantas y tantas muestras de solidaridad, la realidad es que la mayoría de gobiernos occidentales son cómplices por acción u omisión del genocidio que está perpetrando Israel

Sin embargo, a pesar de tantas y tantas muestras de solidaridad, la realidad es que la mayoría de gobiernos occidentales son cómplices por acción u omisión del genocidio que está perpetrando Israel. El ente sionista sigue asesinando cada día a civiles inocentes, a niños y a niñas, sin sufrir ningún tipo de sanción y participando en competiciones deportivas, en certámenes musicales y en foros internacionales como si nada, absolutamente nada, estuviera pasando.

Por ello, desde la APDHA hemos lanzado una campaña que propone a los docentes iniciar este nuevo curso escolar de una manera diferente: hablando a nuestros escolares del horror que están viviendo los niños y niñas de Gaza. Porque hay niños y niñas que este año no volverán a las escuelas, ya que estas han sido destruidas. Algunos y algunas ni siquiera podrán vivir un primer día de clases, porque fueron asesinados aún siendo bebés. Porque hay niños y niñas que no tienen qué comer ni beber, porque se les pretende matar de hambre, literalmente. Y porque aquellos niños y niñas gazatíes que sobrevivan a este genocidio tendrán de por vida secuelas físicas y psíquicas imborrables.

Queremos también denunciar la actitud y la forma de proceder de la Junta de Andalucía, que ha obligado al IES Columela de Cádiz a retirar una bandera en solidaridad con Palestina que colgaba de su fachada desde el pasado mes de marzo. La dirección del Instituto recibió el pasado 1 de agosto una carta anónima en la que se les exigía que retiraran dicha bandera bajo amenaza de denunciar ante la Inspección Educativa e incluso pedir a Vox que interviniese. Sin embargo, ha sido el propio ejecutivo andaluz, presidido por Moreno Bonilla, quien exigió al centro escolar que retirara la bandera. Los y las docentes han tenido que retirar la bandera, aunque la han sustituido por una pancarta en la que, con colores de la bandera palestina, se puede leer “Stop Genocidio”.

No permanezcamos en silencio. No nos convirtamos en cómplices y exijamos cada día a nuestros gobernantes que no miren hacia otro lado y que rompan relaciones políticas, económicas, comerciales y culturales con el estado genocida de Israel.

Unas 200 personas, según la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Cádiz, se han concentrado este martes ante la mezquita de Puerto Real que el pasado domingo sufrió un ataque “islamófobo, racista y procedente de la ultraderecha”. Con este acto de protesta, la organización convocante ha querido clamar “contra el racismo, los discursos y acciones de odio”, mientras defendían “la democracia, la convivencia y los derechos humanos”.

El ataque perpetrado contra la casa que la comunidad musulmana de Puerto Real utiliza como mezquita –y que amaneció este pasado domingo repleta de carne, vísceras y embutido de cerdo– forma parte de una serie de “actos vandálicos” que llevan repitiéndose las últimas semanas, según denunció APDHA en su perfil de Facebook.

Se han visto pintadas con símbolos fascistas en numerosas zonas de la ciudad, se destrozó la pancarta sobre el 8 de marzo del Ateneo Republicano, aparecieron pintadas racistas contra “los moros” y se arrancaron carteles que anunciaban un acto del coordinador general de IU, Antonio Maíllo, y los del Ateneo Republicano para anunciar la conmemoración del aniversario de la Segunda República, precisamente para este mismo lunes 14 de abril.

“No podemos consentirle a la ultraderecha la impunidad, el odio y la violencia”, ha reivindicado APDHA en Cádiz durante la concentración convocada la tarde de este martes para denunciar la gravedad de estos ataques. “Nuestra democracia se basa en la igualdad y no discriminación, en la libertad de expresión, y así viene recogido en la Constitución”, ha recordado el colectivo.

Por ello, junto al aco de protesta “contra el racismo”, la entidad pro derechos humanos ha promovido una jornada de convivencia entre culturas para demostrar que la democracia se basa “en la convivencia y el respeto por las ideas diferentes”.

La casa que la comunidad musulmana de Puerto Real (Cádiz) utiliza como mezquita ha amanecido este domingo repleta de carne, vísceras y embutido de cerdo. Un ataque que, según la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía (APDHA), se repite constantemente en lo que considera un acto “islamófobo, racista y procedente de la ultraderecha”.

Según ha denunciado dicha entidad en su perfil de Facebook, en las últimas semanas se han visto pintadas con símbolos fascistas en numerosas zonas de la ciudad, se destrozó la pancarta sobre el 8 de marzo del Ateneo Republicano, aparecieron pintadas racistas contra “los moros” y se arrancaron carteles que anunciaban un acto del coordinador general de IU, Antonio Maíllo, y los del Ateneo Republicano para anunciar la conmemoración del aniversario de la Segunda República, precisamente para este mismo lunes.

“El último y despreciable acto vandálico ha sido arrojar vísceras y restos de cerdo a la puerta de la casa que usan como mezquita las personas de religión musulmana de Puerto Real”, ha lamentado la Asociación, que ha convocado una concentración el próximo martes, a las 19 horas, en la calle Amapola para denunciar la gravedad de estos ataques.

“Nuestra democracia se basa en los derechos humanos, en la convivencia y el respeto por las ideas diferentes, en la igualdad y no discriminación, en la libertad de expresión, y así viene recogido en la Constitución”, ha subrayado el colectivo, que llama a las organizaciones y a la ciudadanía de Puerto Real a participar en la concentración para “no permanecer impasibles ante estos actos vandálicos de carácter antidemocrático y racista”.

Tamara Manzano se ha pasado la noche limpiando una casa que nunca fue suya. La ocupó hace un año cuando, desesperada por no encontrar otra vivienda, supo que este piso, justo debajo del de su madre, se había quedado vacío. Allí ha permanecido hasta esta mañana junto a sus dos hijas, de 13 y 15 años. Sin luz, sin agua, con un cáncer por el que se tendrá que operar este mes, con los desbarajustes de una vida marcada por la violencia machista.

Tamara sabía que tenía que irse este martes. Así lo decía la orden de desahucio que le llegó hace varias semanas. Y ella no se resistió. A las diez en punto, después de haber estado barriendo el día anterior, abrió la puerta a los que llamaban y se marchó. Se ha ido sin saber seguro dónde dormirá. 

Según ha contado ella misma, el día que ocupó la casa llamó a la empresa municipal de vivienda, Procasa. Ese piso, ubicado en el barrio de Guillén Moreno, está en el octavo de un edificio donde esta empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Cádiz tiene varias propiedades para alojar a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Tamara está en esta situación. Pero por delante de ella había otras 100 personas. “He ocupado esta vivienda”, dice que dijo cuando llamó a Procasa. Y los técnicos municipales iniciaron el proceso para desahuciarla. El proceso que terminaba este martes a las 10 de la mañana. 

El Ayuntamiento, acusado de actuar “con crueldad”

Tamara Manzano ha pasado todos estos meses de incertidumbre sabiendo que había cometido un acto ilegal. Pero, debido a su situación de vulnerabilidad extrema, todos los colectivos que la han asesorado daban por seguro que el Ayuntamiento de Cádiz –gobernado por el PP– no actuaría contra ella hasta no tener una alternativa para ella y sus hijas.

No ha sido así. La mujer ha tenido que irse, sin saber seguro dónde podrá seguir viviendo a partir de esta noche. El portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Rafael Lara, ha acusado al gobierno municipal y al juzgado que ha ordenado el desahucio de actuar “con crueldad” contra ella. “Llevarla por la vía penal, dejarla en la calle, con multa, posibilidad de cárcel, antecedentes penales a una mujer en su situación nos parece demasiado cruel”, ha lamentado en las puertas de un edificio custodiado por la Policía.

Este colectivo ha estado hablando con el Ayuntamiento en las últimas horas para tramitar una ayuda al alquiler para Tamara. Hay un piso de un particular disponible, pero necesita un aval que se estaba resistiendo hasta esta mañana. “Hay una casa en el centro donde puede vivir de momento, pero necesitamos algo más de tiempo, estamos en ello”, ha explicado Lara. 

Cien familias por delante

Tamara ha salido del edificio entre lágrimas, entre los gritos de sus familiares y vecinos, que la han apoyado como han podido. Unos lamentaban que no se hubiese atrincherado en la casa. Otros clamaban contra los políticos que no han hecho nada por evitar que se quedara sin vivienda. Otros la animaban a ocupar cualquier otra casa vacía. Otros insultaban a la Policía o a los técnicos de Procasa que han supervisado la operación de entrega de la vivienda y la colocación de una alarma y una puerta antiocupación. 

El Ayuntamiento ha insistido en los últimos días en que ha hecho lo que marca la ley. El alcalde, Bruno García, en sus últimas comparecencias públicas, cada vez que se le ha preguntado por este caso, ha recordado que por delante de Tamara hay otras cien familias a las que los técnicos, con criterios objetivos, han situado por delante de ella para obtener una vivienda pública. Los trabajadores de Procasa presentes en el desahucio también han justificado esta actuación: “No se puede hacer lo que ella ha hecho. Tendría que haber presionado de otra manera. En esa casa debía estar una familia que estaba por delante de ella. Les ha birlado ese derecho”, han argumentado tras ser atacados verbalmente por los presentes. 

¿Hay alguien en una situación peor en Cádiz que una mujer víctima de violencia de género, con dos hijas menores a su cargo, enferma de cáncer pendiente de una operación en abril y sin posibilidades económicas de acceder a una vivienda? La respuesta de Procasa es que sí. Al menos, 100 por delante de Tamara. Por detrás, más de 5.000 personas, en una ciudad de 110.000 habitantes. “Hay gente que no tiene nada, gente que está en condiciones muy jodidas”, dicen desde la empresa municipal. Por eso argumentan que la ocupación que ha protagonizado Tamara ha sido un error, aunque durante un año le haya dado un techo que no tenía. 

El Ayuntamiento ha recordado que Tamara no se quedará en la calle. Hay un protocolo para este tipo de casos que permite pasar unos días en una pensión, además de que recuerda que cuenta con el ofrecimiento de un particular para que pueda alquilar un piso en el casco antiguo, siempre que consiga un aval. La vivienda que ha dejado vacía Tamara se la quedará alguien que esté en los primeros puestos del registro municipal de demandante de viviendas. Se la encontrará recién barrida y con una puerta nueva. 

El arranque del año nos está dejando trágicas cifras de cadáveres por ahogamiento entre África y Europa. Eso por desgracia no es nuevo (hay muertes o desapariciones cada cuatro horas en la frontera sur) pero sí la forma en que las personas migrantes tratan de pisar el 'viejo continente'. En lo que va de 2025 se han hallado seis cadáveres en diferentes zonas costeras de Ceuta, arrastrados por el mar, con trajes de neopreno y aletas para los pies. Una forma bastante nueva, sobre todo en los últimos tiempos entre quienes arriesgan su vida para dejar atrás su país de origen y que, según explica Ana Rosado, coordinadora del Informe Frontera Sur de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA), “desmonta el discurso de las mafias o de las bandas organizadas que prima entre la ciudadanía y que sirve principalmente para criminalizar al inmigrante”.

“Hay mucha autoorganización para este tipo de travesías, más corta, pero también mortales”, comenta la especialista a elDiario.es Andalucía. El cierre de las fronteras a las personas subsaharianas por parte del Gobierno de Marruecos no impide que los propios marroquíes o los argelinos “se lancen al agua por esta vía”, esto es, bordeando el espigón fronterizo a nado para llegar a la ciudad autónoma de Ceuta. Hubo al menos 27 cadáveres y otras 28 desapariciones en todo 2024, según el citado informe de la APDHA.

El Ministerio del Interior las contabiliza como entradas por vía terrestre, al igual que saltando la valla, “pero entran realmente por vía marítima”. “Antes era más común hallar los cadáveres procedentes de naufragios, pero ahora la tendencia en esta zona es otra”, ya que muchas personas de Marruecos se trasladan a Argelia o intentan acceder a territorio europeo a nado por el espigón de El Tarajal o Benzú en Ceuta, con los costes que ello tiene para las vidas humanas como se está viendo. El número de entradas irregulares de personas migrantes a Ceuta en lo que va de año se encuentra en 89 y la mayor parte de ellos cruzaron durante la primera quincena de enero, según la última actualización del Ministerio del Interior.

Un 90% menos de embarcaciones

Las entradas a Ceuta y Melilla se redujeron el pasado año en comparación con 2023 en un 90% respectivamente: frente a las 285 personas que lo hicieron el año pasado en Ceuta han entrado 28 personas en 7 embarcaciones en 2024, y frente a las 206 que lo hicieron en Melilla en 2023, 21 personas en 8 embarcaciones lo han hecho en este año pasado. “De hecho, a los subsaharianos tienen 'prohibido' comprar embarcaciones en Marruecos” y, entre otras cosas, hace tiempo eligieron la ruta canaria, la más mortífera: más del 75% de las personas que han perdido la vida o desaparecido en 2024 transitaba esa ruta.

Aquí nadie te obliga a meterte en una embarcación. Aquí hay chavales que cogen una tabla de surf, un hidropedal o se ponen un neopreno, y se echan al mar

De acuerdo a los argumentos de la experta, el recrudecimiento de la represión y control a las personas de determinado perfil étnico en el norte de Marruecos especialmente desde hace cinco años ha hecho, ha hecho que el perfil del migrante haya cambiado en esta zona. “Pero aquí no estamos hablando de tráfico de personas. Aquí nadie te obliga a meterte en una embarcación. Aquí hay chavales que cogen una tabla de surf, un hidropedal o se ponen un neopreno, y se echan al mar”, explica Rosado.

La experta en migraciones apunta otro dato: “En las provincias donde se han incrementado las llegadas, el discurso de la criminalización cobra más fuerza y el interés mediático por acusar de tráfico de personas al supuesto patrón de las embarcaciones, al que endosan el marrón, es proporcional a las condenas por acuerdos de conformidad que se dictan”.

Algeciras Acoge: “Siempre van a buscar una puerta”

Esas salidas al mar nado “son actos de valentía contra el intento de vulneración del derecho humano a circular libremente”, apunta María Ángeles Benítez, presidenta de Algeciras Acoge, quien opina que “no podemos olvidar que estas muertes tienen responsables y son quienes ostentan el poder político en Europa y en los países de origen, que son las personas que deben encargarse de tomar medidas para salvaguardar la vida de quienes buscan un futuro digno, creando vías seguras y legales”.

“Salvaguardar la vida humana es obligación de los Estados y se tienen que poner a disposición los recursos humanos y técnicos necesarios para ello”, añade Benítez, quien lamenta en todo caso que las muertes de personas intentando llegar a Europa “van a seguir aumentando mientras continúen estas necropolíticas migratorias que priorizan el control de las fronteras y no el derecho a la vida”.

“Pensamos además que son una forma de regulación de las migraciones fallidas y asesinas, ya que esos controles no van a disuadir a las personas de seguir adelante con sus proyectos migratorios” ya que “siempre van a buscar una puerta, una manera de salir de su país”, dice la presidenta.

La delegación en Sevilla de la Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha querido enviar este martes su más sentido pésame a los familiares y amigos de Mamouth B., un vecino de la ciudad que, procedente de Senegal y con tan solo 43 años, murió el pasado domingo ahogado en el Guadalquivir cuando era perseguido por agentes de la Policía Local de Sevilla. “La única razón de la muerte de Mahmoud fue intentar ganarse la vida dignamente como vendedor ambulante”, expone la asociación en una nota.

Pro Derechos Humanos de Andalucía exige “el fin de las redadas y la persecución al colectivo de manteros y vendedores ambulantes” y denuncia que la “criminalización institucional de la pobreza se está cobrando vidas humanas”. En este sentido, la entidad andaluza recuerda que “la primera medida que tomó José Luis Sanz tras asumir el cargo de alcalde, y a pesar de los graves problemas que padece la ciudad de Sevilla, fue implementar un plan contra la venta ambulante, dirigido específicamente contra los colectivos más vulnerables que, con esta práctica, intentan sobrevivir ante la falta de oportunidades”.

APDHA Sevilla entiende que “la muerte de Mamouth era completamente evitable” y, por ello, exige “una investigación independiente y el esclarecimiento de todas las circunstancias que rodean su dramático fallecimiento”. La asociación explica que “Sevilla es la ciudad del Estado español con los barrios más pobres y con importantes bolsas de exclusión social”, por lo que “criminalizar la venta ambulante, que es una de las prácticas a las que recurren en muchas ocasiones las personas más desfavorecidas, supone un ataque directo contra los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad”. Las personas de origen extranjero, además, son uno de los colectivos que más frecuentemente se ven obligados a recurrir a la venta ambulante ante la imposibilidad de acceder a otros trabajos como consecuencia de la aplicación de la Ley de Extranjería.

Pro Derechos Humanos de Andalucía señala que “independientemente de la responsabilidad penal que pudiera recaer, llegado el caso, sobre quienes que participaron en la persecución, es evidente que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, es el responsable político último de la muerte de Mamouth”. La entidad recuerda que ya en 2018, en Madrid, una persona de origen africano y que también se dedicaba a la venta ambulante murió al sufrir un infarto cardíaco tras una larga persecución policial.

El Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora cada 10 de diciembre le ha servido como percha a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) para presentar el informe 'Pobreza Sur 2024: Barrios olvidados', con el cual quiere denunciar que, con base a los “tozudos” datos oficiales, “Andalucía es el territorio peninsular con mayores niveles de pobreza, exclusión social, privación material severa y pobreza infantil” debido a “la consolidación de un modelo productivo que, basado en la precariedad laboral, está generando cada vez más trabajadores pobres”. Esto es, “personas que, a pesar de contar con un trabajo a priori estable, tienen severas dificultades para llegar a fin de mes”.

Así consta en un completo informe que, como cada edición, valora la situación de los derechos humanos en Andalucía y que en esta ocasión ofrece un análisis en profundidad sobre la situación que se vive en muchos barrios de Andalucía, una comunidad autónoma donde se ubican 10 de los 15 barrios más pobres de España, como viene recogiendo el INE. “La pobreza, la exclusión, la precariedad y la desesperanzan llevan arraigadas en Andalucía desde hace décadas, pero esta situación de auténtica emergencia social no ha hecho sino aumentar durante los últimos años”, según recoge el informe.

Los “alarmantes niveles de pobreza y exclusión social” que sufre Andalucía tienen sus reflejo en determinados espacios. Los Pajaritos y Polígono Sur, ambos situados en la ciudad de Sevilla, comparten el dudoso honor de ocupar los primeros dos puestos en el denominado ‘ranking de la vergüenza’, que refleja cuáles son los barrios con menores ingresos. La quinta posición la ocupa otro barrio ubicado en Sevilla, Torreblanca, mientras que desde el 7º al 13º puesto de esta clasificación es ocupada íntegramente por barrios andaluces: Polígono Guadalquivir (Córdoba), Letanías (Sevilla), Azahara-Palmeras (Córdoba), Palma-Palmilla (Málaga), Polígono Norte (Sevilla), Palmete-Padre Pío (Sevilla) y Sector Sur (Córdoba).

593.259 niños y niñas pobres

Para que no se trate de un drama ajeno, APDHA ha incorporado también los testimonios de algunas de las familias que más padecen esta realidad. “Creemos que no se puede permanecer ajenos y ajenas al drama de las familias que tienen que elegir entre pagar el alquiler o dar de comer a sus hijos e hijas. Consideramos que es importante empatizar y conocer la realidad de quienes viven sus vidas en la más absoluta incertidumbre, con trabajos temporales y precarios que no les permiten asegurar las necesidades más básicas de sus familias, pagar el alquiler y llegar a fin de mes”.

Es “una realidad” que afecta, según el informe, a las familias monomarentales, pues “un 57,6% de las mismas se encuentran en situación de pobreza. Y hasta un 16,2% de los niños y niñas andaluzas sufren de pobreza severa, no pudiendo un 13,3% de todas las familias andaluzas permitirse garantizar a sus hijos e hijas al menos comer proteínas dos veces por semana. Estamos hablando de que, estadísticamente, en Andalucía hay 593.259 niños y niñas pobres, que viven en familias que tienen dificultades no solo ya para pagar la hipoteca o el alquiler, sino también para poder mantener sus hogares a una temperatura adecuada”.

En la elaboración del informe han participado Lola Contreras, vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados; Manuel Morales, integrante de la Plataforma por la Ley Integral de Barrios Vulnerables; personas vinculadas al mundo universitario; vecinas de barrios vulnerables; y militantes de las diferentes delegaciones de la APDHA.

Diego Boza, coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ha iniciado su intervención señalando que “todos los datos y cifras con las que trabajamos nos están indicando que en Andalucía aumenta la exclusión, la pobreza y la precariedad y que, como consecuencia de ello, se está produciendo un grave retroceso en materia de derechos humanos”, por lo que “no es casual que Andalucía vuelva a ser, según todos los indicadores, la comunidad autónoma con niveles más elevados de pobreza, exclusión y pobreza infantil”.

Más pobre, menos esperanza de vida

Boza ha apuntado en rueda de prensa en Sevilla que “la creciente desigualdad y el deterioro de los servicios públicos se manifiesta incluso en la esperanza de vida de los andaluces, de tal forma que los vecinos y vecinas de los barrios más humildes de Andalucía viven hasta diez años menos que los de un barrio rico”. También ha anunciado que APDHA participará este martes en todas las convocatorias que, “con el objetivo de detener el genocidio que tiene lugar en Gaza”, tendrán lugar en el territorio andaluz. Además, la asociación ha convocado movilizaciones propias con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos en Almería, Cádiz, Chiclana, Barbate, San Fernando, Algeciras, Córdoba, Granada y Sevilla que tendrán lugar tanto este martes como en los próximos días.

Macarena Olid, vicecoordinadora de la organización y delegada por Sevilla, ha apuntado durante su intervención que con este informe “no solo queremos denunciar el aumento de la pobreza y las vulneraciones de derechos humanos que tienen lugar en Andalucía, sino que también queremos poner rostro a quienes están sufriendo estas situaciones”. Olid ha señalado que “hay cifras y datos que realmente te hielan la sangre, como saber, tal y como denuncia Save The Children, que prácticamente 6 de cada 10 hogares monomarentales están en situación de pobreza”.

El informe recoge que, durante los últimos años, la pobreza infantil haya aumentado en Andalucía mientras se reducía en otros territorios. La vicecoordinadora de APDHA ha lamentado que “la pobreza infantil ha aumentado en Andalucía hasta un 3,8%, disparándose hasta un 46,8% de toda la población infantil”. La vicecoordinadora ha explicado que “tener un trabajo, incluso aunque este sea estable, no garantiza no ser pobre” y ha apuntado que “pese a que Andalucía tiene mejores datos, por ejemplo, que Canarias o Asturias respecto a lo que se denomina intensidad de trabajo en el hogar, nuestros índices de pobreza y exclusión son superiores a los de estas dos comunidades”.

En un estado de derecho la sanción más grave que se puede imponer legítimamente es la privación de libertad. Encerrar a alguien durante un tiempo prolongado se considera una vulneración tan grave de sus derechos, que los ordenamientos jurídicos restringen este castigo a las conductas más peligrosas para la convivencia: los delitos graves. Este axioma jurídico se mantiene de forma unánime en la mayor parte de los estados democráticos de derecho, porque aquellos que prevén e imponen la pena de muerte no pueden considerarse de tal forma.

La regla tiene una importante y dolorosa excepción: la posibilidad de privar de libertad a personas sin que hayan cometido delito alguno, por la única razón de su nacionalidad. Tanto la normativa de la UE como la del estado español contemplan la posibilidad de privar de libertad a las personas extranjeras que se encuentren en situación irregular, a pesar de no haber cometido ningún delito.

Esta aberración, que se disfraza con el nombre de internamiento, se desarrolla en nuestro país en los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Desde el año 2004, cuando se abrió el CIE de La Piñera, en Algeciras, Andalucía mantiene en su territorio centros de este tipo. De hecho, en estos días, se anuncia la finalización de la construcción del nuevo CIE de Algeciras, que, según las informaciones, será el más grande. 

Los nombres de Samba Martine, Idrisa Diallo o Mohamed Bouderbala nos recuerdan que los CIE también se han cobrado la vida de muchas personas

Sin embargo, las cifras muestran que cada vez se encierra en CIE a menos personas. Frente a las más de 11.000 personas que fueron privadas de libertad durante 2011, en los últimos tres años el total de personas internadas ronda las 2.000.

La reducción del número de personas que sufren esta realidad no disminuye la magnitud de las situaciones que se generan allí. Las más de 83.000 personas que han sufrido las condiciones de estos Centros de Internamiento en el estado español desde el año 2010 pueden atestiguar la dureza de las condiciones de unos lugares que son espacios sin derechos para las personas migrantes.

Una revisión de la situación de cada uno de los CIE que hay y ha habido en territorio español pone de manifiesto que las condiciones en las que tienen que vivir las personas que son privadas de libertad su cautividad son nefastas. Los CIE suponen una prolongación de la dureza de las fronteras con una perspectiva racista, de la que son víctimas especialmente las personas que proceden de África. Los nombres de Samba Martine, Idrisa Diallo o Mohamed Bouderbala nos recuerdan que los CIE también se han cobrado la vida de muchas personas.

En un año como el pasado, en el que hemos padecido la cifra más alta de la serie histórica de migrantes víctimas de las políticas migratorias en nuestro país, de tal forma que 2.789 perdieron la vida o desaparecieron en su trayecto migratorio hacia España, no podemos olvidar que las vulneraciones de sus derechos no se limitan al camino, sino que se mantienen al llegar al territorio con mecanismos como el del internamiento y lugares como los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Cerrar los CIE en España es un paso absolutamente necesario en la transformación de las narrativas migratorias

La fuerza simbólica de los CIE como instrumentos de criminalización y estigmatización de las migraciones llevan a los poderes públicos a su mantenimiento y reforzamiento, a pesar de que se constaten tanto las innumerables y continuas vulneraciones de derechos como el despilfarro en la represión y control que los CIE suponen. Todo ello contrasta con la ausencia de mecanismos de entrada legales y la falta de inversión adecuada en los sistemas de asilo o de acogida.

El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que se aprobará en los próximos días, insiste en el desarrollo de medidas que se ubican en la misma línea, en la de la utilización de la privación de libertad como mecanismo de gestión migratoria, sea a través del internamiento o a través de nuevas vías, todo ello a pesar de las graves violaciones de derechos que generan y a pesar de su constatada ineficacia.

La APDHA insiste, como viene haciendo desde hace más de dos décadas, en la necesidad de cerrar los CIE en España. Es un paso absolutamente necesario en la transformación de las narrativas migratorias, en la modificación de las políticas securitarias de exclusión con las que España en particular, y la Unión Europea en general, vienen respondiendo a la realidad migratoria. El cambio de paradigma en los modelos migratorios europeos es absolutamente imprescindible y pasa por eliminar la centralidad de la deportación, por revisar el concepto de irregularidad y por cerrar todos los Centros de Internamiento.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado este miércoles en Sevilla su Balance Migratorio 2023, que recoge una cifra récord de muertes y desapariciones en toda la serie histórica de datos con la que trabaja la entidad andaluza. En total fueron al menos 2.789 personas las que fallecieron o desaparecieron para siempre cuando intentaban llegar al Estado español por su frontera sur., según informa APDHA en una nota.

El Balance Migratorio es fruto de la labor de monitoreo que realiza cada año la organización y en la que detalla de manera pormenorizada la evolución de los flujos migratorios, ofreciendo una detallada comparativa con respecto a los datos de los años anteriores. El Balance Migratorio elaborado por APDHA es también una respuesta ante la “falta de transparencia” del Ministerio del Interior y del Gobierno, quienes, “pese a tener la obligación de ofrecer datos detallados, incumplen reiteradamente este precepto y solo ofrecen datos mínimos, invisibilizando además a las personas que pierden la vida durante el trayecto migratorio”, denuncia APDHA.

Diego Boza Martínez, coordinador general de la APDHA, ha comenzado su intervención lamentando que “2023 es un año récord en cuanto a número de víctimas y desapariciones”, pues durante el año pasado “un total de 2.789 personas murieron o desaparecieron para siempre cuando intentaban acceder a Europa a través de la frontera sur del Estado español”. El coordinador de APDHA ha explicado que “durante los últimos 4 años se acumula una cifra de más de 8.000 personas que han muerto o desaparecido, lo que supone un 59% del total de muertos y desaparecidos que se han registrado desde 1988”. Boza ha apuntado que “un 80% de las víctimas han fallecido cuando intentaban llegar a Canarias, en la que sin duda es la ruta más peligrosa”.

Ana Rosado, coordinadora del Informe Frontera Sur de APDHA, ha señalado que “en 2023 58.762 personas accedieron de forma irregular al Estado español”, apuntando que “la mayoría lo hicieron por vía marítima”. Rosado explica que “la política de externalización de fronteras que mantiene el Estado español con Marruecos ha desviado a la mayoría de las personas migrantes hacia la ruta canaria, que es la más peligrosa de todas”. En este sentido, “cada día han llegado a Canarias una media de 112 personas, siendo la isla de El Hierro la que más personas ha recibido durante 2023, en total más de 14.000”. El aumento en la ruta canaria, como explica la coordinadora del Informe Frontera Sur, “se ha producido porque desde 2018 hasta 2023 se ha producido un descenso de hasta un 93% en la ruta del Estrecho por los acuerdos que el Estado español mantiene desde 2019 con el país vecino”.

Rosado ha informado de que “en 2023 llegaron de manera irregular a Andalucía un total de 9.800 personas, lo que supone un 17% del total estatal”. En este sentido, la ruta del Mar de Alborán ha sido la más utilizada para llegar a las costas andaluzas y Almería ha sido la provincia que más personas migrantes ha recibido, “2.000 más que en el año anterior”, mientras que las provincias de Málaga y Granada han recibido conjuntamente durante 2023 unas 1.100 personas. A Cádiz, como señala la integrante de APDHA, “han llegado en 2023 apenas 1.287 personas, lo que supone un descenso del 93% con respecto a la cifra de personas llegadas en 2018”. La llamada ruta de Levante, que conduce a provincias como Murcia, Alicante o a las Islas Baleares, “también ha sufrido un descenso significativo, suponiendo menos de un 10% del conjunto de personas que acceden al Estado español por su frontera sur”. También se ha producido un descenso significativo en las entradas, fundamentalmente por vía terrestre, que se producen en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La coordinadora del Informe Frontera Sur de la APDHA, Ana Rosado, ha explicado que “a pesar del aumento de llegadas respecto al año anterior, no es el máximo histórico, pues otros años aún hemos recibido a más personas migrantes” y ha lamentado que esa experiencia “no nos ha servido para implementar un sistema de acogida digno y respetuoso con los derechos humanos, dotado con suficientes recursos profesionales y materiales”. Rosado, en este sentido, ha precisado que “con la excusa de la emergencia, las autoridades ponen en marcha medidas que en la mayoría de los casos vulneran los derechos de las personas que se han jugado la vida con la esperanza de llegar a un lugar seguro”.

Toché García, integrante del Área de Migraciones de la APDHA, ha querido mostrar la preocupación de la entidad por “el auge de los discursos racistas y xenófobos, así como por las políticas de externalización de fronteras que la Unión Europea acuerda con países cuyos gobiernos son poco democráticos y vulneran sistemáticamente los derechos humanos”. Toché ha señalado que “durante 2023 llegaron a la frontera sur europea más de 280.000 personas, lo que supone un incremento del 60% respecto al año anterior, siendo Italia el país europeo que más personas migrantes ha recibido”. La portavoz del Área de Migraciones de APDHA ha señalado que, “pese al aumento con respecto a 2022, estamos muy lejos de las cifras de más de un millón de personas que se experimentó con la crisis de refugiados de 2015” y que “lo que queda demostrado es que las políticas migratorias de la Unión Europea ni frenan ni reducen el flujo migratorio, sino que solo lo reconduce hacia rutas más peligrosas”. García ha querido destacar también que “durante 2023 han llegado a la frontera sur europea más de 30.000 menores de edad, de los cuales más de 18.000 viajaban sin estar acompañados por ningún familiar o referente adulto” y ha denunciado que “los sistemas de acogida para estos niños y niñas distan mucho de lo que deberían ser para garantizar su protección y sus derechos”.

Para concluir, Diego Boza, coordinador general de la APDHA, ha vuelto a recalcar que “nos encontramos, como los datos indican, en el peor momento de nuestra serie histórica, con un récord y unas cifras nunca vistas de personas fallecidas o desaparecidas” y ha apuntado que “estos datos son fruto de unas políticas de externalización y control de fronteras que son unas políticas asesinas, que solo buscan ocasionar el mayor dolor y el mayor sufrimiento”. En este sentido, ha explicado que “el intento de impermeabilizar la costa norte de Marruecos, a través de los acuerdos firmados por este país con el gobierno español y con la Unión Europea, es lo que ocasiona que la mayoría de personas migrantes se vean abocadas a transitar por la ruta canaria” y que “siempre que la ruta canaria es la más utilizada, es cuando se producen más muertes y desapariciones”. Boza ha concluido su intervención asegurando que “es urgente y necesario cambiar nuestras políticas migratorias y, en contra de lo que afirma el pacto migratorio europeo recién suscrito, es preciso asegurar vías legales y seguras para llegar a Europa y garantizar el respeto de los derechos de todas las personas que quieren migrar a Europa”.

La APDHA constata desde hace años, entre otros, el continuo incumplimiento del artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece que las personas presas deben estar separadas en diferentes módulos atendiendo no sólo al género sino a otros criterios como la edad, el perfil delictivo, la situación procesal, el estado de salud mental o exigencias del tratamiento. Mientras que los hombres tienen la posibilidad de acceder a diferentes módulos conforme a dichos criterios y, por tanto, cuentan con diferentes posibilidades de progresión penitenciaria, las mujeres que cumplen condena en cárceles mixtas solo pueden acceder a uno o dos módulos.

En este sentido, interpusimos una queja ante el Defensor del Pueblo estatal en relación con las condiciones de desigualdad para el cumplimiento de la pena de las mujeres presas en el Centro Penitenciario de Puerto III, este ha emitido, el 7 de febrero, la siguiente sugerencia a Instituciones Penitenciarias: “que se procure una adecuada separación interior de las mujeres privadas de libertad del Centro Penitenciario de Puerto III en función de sus circunstancias penales y penitenciarias, de manera que, al menos, existan dos módulos exclusivamente destinados a aquellas, para lo cual sería conveniente que uno de los módulos ordinarios de hombres y que esté escasamente ocupado en la actualidad, fuera destinado a su ocupación por mujeres, siempre que esta decisión no perjudique al resto de la población penitenciaria de dicho establecimiento”.

En concreto, en este centro penitenciario, solo 23 de las 107 mujeres internas en Puerto III se encuentran ubicadas en un módulo mixto con acceso a trabajo remunerado. Además, la existencia de un único módulo hace que tengan menos posibilidades de progresar en el cumplimiento de su pena, pues obliga a una convivencia entre mujeres con perfiles muy diferentes e incompatibles: podemos encontrarnos con mujeres primarias y mujeres reincidentes; mujeres condenadas por delitos menos graves con otras por delitos más graves; mujeres en situación de preventiva con penadas, mujeres con problemática tóxica y mujeres con problemas de salud mental.

Incluso cuando existen dos módulos de mujeres en una prisión mixta,se genera una situación muy perversa: uno de los módulos será considerado de “respeto” mientras que al otro se le viene a llamar “conflictivo”

Incluso cuando existen dos módulos de mujeres en una prisión mixta,se genera una situación muy perversa: uno de los módulos será considerado de “respeto” mientras que al otro se le viene a llamar “conflictivo”. La institución va a dividir a las mujeres en “buenas”, mujeres que adoptan una actitud de sumisión ante la institución y “malas”, mujeres que no pasan por el rol de la docilidad.

En el mal llamado módulo “conflictivo” están ubicadas todas aquellas mujeres que presentan dificultades de adaptación al estricto sistema penitenciario y mujeres que incomodan el “normal funcionamiento de la prisión”. Son los módulos de las marginadas, las que nunca van a acceder a un trabajo remunerado, formación profesional, permisos de salida o progresión en grado; donde la salud mental es tratada básicamente a través de psicofármacos y los conflictos por incompatibilidades son resueltos a golpe de sanción y aislamiento.

Las mujeres representan tan solo un 7,3% del total de la población penitenciaria del estado español (3.984 incluyendo las de Cataluña y País Vasco, según datos de enero del Ministerio de Interior). En el entorno europeo, las mujeres representan el 5% y en el mundo, alrededor del 4%.

De estas cifras sacamos dos conclusiones: la primera, que las mujeres delinquen menos que los hombres y la segunda, que la tasa de población penitenciaria femenina en el estado español es alta en relación con la media europea. Y no es que en nuestro país se delinca más, sino que tenemos un Código Penal muy duro y se penan conductas por las que en otros países no se entraría en prisión.

Son las mujeres las que cumplen condena lejos de su lugar de residencia (muchas provincias no tienen plazas femeninas) o tienen limitado el acceso a los espacios, zonas y recursos por cumplir condena en cárceles de hombres

Sin embargo, las sucesivas reformas del Código Penal han introducido cambios que endurecen las penas, como por ejemplo agravantes en delitos contra el patrimonio y la transformación de antiguas faltas en delitos leves. Según nuestro informe de 2020, el 70% de los delitos por los que las mujeres cumplen condena están destinados a conseguir dinero y no son delitos violentos ni que causen alarma social, del cual el 40% son robos y hurtos y el 30% delitos contra la salud pública. En muchas ocasiones las mujeres son las que sostienen las cargas familiares y vienen de contextos de precariedad y pobreza.

No obstante, por todo lo señalado anteriormente, son las mujeres las que cumplen condena lejos de su lugar de residencia (muchas provincias no tienen plazas femeninas) o tienen limitado el acceso a los espacios, zonas y recursos por cumplir condena en cárceles de hombres.

Desde la APDHA reivindicamos que hay que poner los esfuerzos en evitar una entrada en prisión por los efectos deshumanizadores y desestabilizantes que todo paso por prisión conlleva. Pero, además, las mujeres presas cumplen una doble condena, la de estar privadas de libertad y la de hacerlo en un espacio pensado y diseñado para hombres.

Los tribunales sentenciadores deben tener en cuenta la situación de la mujer, las vulnerabilidades que presenta y las condiciones a las que se enfrenta con una entrada en prisión, potenciando las penas alternativas y otras formas de cumplimiento. Para profundizar en esta materia, recomendamos la lectura de “Feminismo anti carcelario: el cuerpo como resistencia” de Alicia Alonso Merino.

Muchas veces se etiquetan las cosas que nos son difíciles de asumir, para denominar aquello que resulta complejo, complicado de entender o simplemente no se quiere solucionar. Sirva este como ejemplo: hace menos de un mes me llegó una invitación para la jornada “Acceso vital: intercambio de experiencias sobre el trabajo de campo (IMV), detección y movilización de las personas elegibles para el ingreso mínimo vital en situación de non take-up”.

“Non take-up” (NTU) es el nombre que le ponen a las personas que no acceden a un ayuda/ingreso/subsidio para la que es objeto, bien porque no la conocen o por desistimiento en el proceso de trámite debido a su dificultad o falta de cercanía de la administración, así como rechazos administrativos de la solicitud por razón de tiempo o forma.

Además, aparece otro nuevo término, “outreach”, como estrategia para el acompañamiento y asesoramiento de las personas susceptibles de la ayuda (NTU) para que lleguen a tramitar la solicitud. Por supuesto esta jornada ha sido financiada por la Unión Europea Next Generation, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la Inclusión social y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tengo la sensación de “Camarote de los Hermanos Marx”: el mismo ministerio que saca el Real Decreto Ley 20/2020, 29 de mayo, por el que se establecen el Ingreso Mínimo Vital (IMV), se da cuenta de que no llega a quienes tiene que llegar por la cantidad de requisitos y el amurallamiento digital de la administración pública y pide dinero a Europa para hacer una investigación sobre la situación.

¿Realmente preocupa esa situación o simplemente, le ponen un nombre en inglés "cute" y así nadie se entera de nada? La respuesta es simple: las medidas de protección no funcionan. Pero la pregunta sería ¿interesa que funcionen?

¿Realmente preocupa esa situación o simplemente, le ponen un nombre en inglés “cute” y así nadie se entera de nada? La respuesta es simple: las medidas de protección no funcionan. Pero la pregunta sería ¿interesa que funcionen?

El laberinto burocrático, los innumerables y estrictos requisitos, así como la nula atención presencial en las oficinas de la administración pública, hacen que solicitar estas “ayudas” sea una gymkana sin sentido.

Sin contar que tienes que disponer de un teléfono móvil con internet, cuenta de banco como solicitante, correo electrónico y, por supuesto, saber leer y escribir muy pero muy bien. Además, para poder solicitar no puedes superar unos ingresos de “miseria”, demostrando públicamente y con papeles que eres pobre “de solemnidad”.

Todo se sustenta en la propaganda y en generar una falsa idea de Estado de Bienestar con erráticas y raquíticas medidas de protección social como, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción Andaluza y venderlas a bombo y platillo.

La medida más simple y fácil que la APDHA sigue exigiendo es el establecimiento de la Renta Básica Universal Incondicional. Con ella se garantizarían los ingresos mínimos para todas las personas que la soliciten sin trabas burocráticas y financiada con un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, las grandes empresas y sus beneficios.

Algo parecido pasa con las personas que viven en calle, Personas Sin Hogar (PSH). Tenemos mucha terminología para definir a este colectivo en situación de extrema vulnerabilidad, pero la realidad nos pega en la cara a diario: personas viviendo en bancos, cajeros, soportales, tiendas de campañas, en un cartón o simplemente en el suelo de la calle todos los días, todas las noches.

Tal y como apunta la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ni siquiera el 3% de la población andaluza en riesgo de exclusión y pobreza está cubierta con rentas mínimas de inserción

Analizando los datos recopilados por el INE en 2022, las comunidades autónomas que más personas sin hogar registran son: Andalucía, con 5.539 (un 19,4% sobre el total), País Vasco con 4.456 (un 15,6%) y Madrid, con 4.146 personas (el 14,5%). Sin embargo, siendo Andalucía la comunidad con mayor número de personas en esta situación, está por debajo de la media estatal en gasto por habitante y año en Servicios Sociales. Buscando el dato de acceso a ayudas o subsidios a nivel estatal, nos encontramos con que es la principal fuente de ingresos para el 7,6% de las personas sin hogar; solo un 5% indica que su mayor fuente de ingresos es el Ingreso Mínimo Vital y otro 6,1% recibe principalmente pensiones no contributivas.

Recordamos que, tal y como apunta la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ni siquiera el 3% de la población andaluza en riesgo de exclusión y pobreza está cubierta con rentas mínimas de inserción.  

También es muy significativo que mientras en el conjunto del estado hay una media de 41,2 plazas de alojamiento destinadas a personas sin hogar por cada 100.000 habitantes, esa cifra se reduce a tan solo 25 plazas en Andalucía. Si sumamos las causas por las que las personas viven en la calle, el 41% tiene que ver con la falta de vivienda (Encuesta INE PSH_2022). La ecuación sería simple: más viviendas, menos personas viviendo en la calle. La pregunta sigue siendo la misma ¿interesa que funcione? Permitidme recomendar la lectura del libro “La negación de la virtud. Una historia de la pobreza y el progreso”, de Juanma Agulles y la editorial Virus. Al final, no fui a las jornadas.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía lleva décadas denunciando las condiciones laborales que sufren las doce mil personas privadas de libertad que trabajan para la propia administración penitenciaria o para terceras empresas dentro de prisión. Entre sus principales quejas laborales destacan la retribución escasa -entre tres y cuatro euros la hora- muy por debajo del salario mínimo interprofesional, la realización de numerosas horas extraordinarias no retribuidas o los ceses indiscriminados y sin consecuencias. 

Esta materia, los derechos laborales de las personas presas, puede ser controvertida e incómoda para muchas personas: ¿por qué tienen que cobrar las personas presas? o ¿cómo vamos a dar un trabajo si no lo tenemos las personas libres? 

La respuesta a estos interrogantes es simple: porque vivimos en un teórico estado social y democrático de derecho; porque a nadie nos gusta trabajar gratis (esclavitud que ya sucedió en la dictadura con las personas presas) y porque es indispensable garantizar los derechos y obligaciones de las personas privadas de libertad. Un número nada desdeñable de personas, especialmente las que más sufren la exclusión, llega a la edad de jubilación sin cotización efectiva, pese a haber trabajado toda su vida. Por otra parte, debe recordarse que la Administración se ahorra millones de euros en elaboración de comida, mantenimiento, limpieza, entre otros servicios, utilizando mano de obra a un precio imbatible. 

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo declara que puede percibir como indemnización una cantidad equivalente a los salarios dejados de percibir

Contra el falso bulo de que la prisión es un hotel con piscina, que viven mejor que en las residencias de ancianos, hasta con trabajo, solo nos queda informar y, en última instancia, invitar a acercarse unas horas a esta realidad. Por eso, en el año 2015, la APDHA elaboró una guía práctica sobre esta materia dirigida a las personas trabajadoras presas. Se pedían cambios estructurales como la modificación de la regulación legal que desarrolla esta relación laboral de carácter especial (RD 782/2001) o cambios en las prácticas de la propia entidad empleadora. 

Esa regulación legal del año 2001, que en un principio aportó una primera regulación, se ha quedado dos décadas después completamente desfasada. Por fin, el pasado 19 de septiembre de 2023, el Tribunal Supremo ha estimado por primera vez que, en caso de que la persona presa trabajadora sea cesada de forma improcedente, además del derecho a volver al puesto de trabajo, tiene derecho a una indemnización económica. En concreto, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo declara que puede percibir como indemnización una cantidad equivalente a los salarios dejados de percibir. Se pone fin así a una clara discriminación que sufrían las personas presas, pues, en ninguna otra relación laboral, un despido improcedente resultaba gratis para la empresa. 

Es preciso pues dar cumplimiento al artículo 35 de la Constitución Española, al Convenio 26 de la OIT y al artículo 4 de la Carta Social Europea, que reconocen el derecho a obtener una remuneración mínima y suficiente

Queda aún pendiente un cambio en la propia Administración respecto al salario. El Salario Mínimo Interprofesional del año 2001 ha pasado de 433 euros a 1080 euros en 2023 (8,45 euros hora), casi triplicando su valor. Frente a ello, el salario de las personas privadas de libertad no ha aumentado ni a la mitad de su valor inicial de 2,5 euros hora. Así, el valor hora, ya bajo e insuficiente del año 2001, se ha quedado absolutamente desfasado. Se hace imprescindible un cambio por parte de la Administración sino se quiere generar un trabajo esclavo. 

El Tribunal Supremo siempre ha denegado que sea de aplicación el Salario Mínimo a las personas presas. No obstante, es hora de que se replantee dicha decisión. La jueza Arastey Sahún, hoy en el TJUE, consideró en el año 2004 (STJS 9149/2004) que era de aplicación el SMI, si bien el Supremo revocó dicha decisión. 

Es preciso pues dar cumplimiento al artículo 35 de la Constitución Española, al Convenio 26 de la OIT y al artículo 4 de la Carta Social Europea, que reconocen el derecho a obtener una remuneración mínima y suficiente para proporcionar a ellos y su familia un nivel de vida decoroso. 

Finalmente, volvemos a hacer una nueva y seguro que no última llamada a los sindicatos para que asuman sus funciones respecto a estas personas trabajadoras. Animamos a que las organizaciones sindicales españolas, que pueden presentar reclamaciones para denunciar la aplicación insatisfactoria de la Carta ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, lo hagan.

Bajo el lema “El silencio nos hace cómplices”, el Foro de Hombres por la Igualdad convocó en Sevilla el 21 de octubre del 2006 la primera manifestación de Hombres Contra la Violencia Machista. Más adelante, en 2011, en el Congreso Iberoamericano de Masculinidades y Equidad (CIME Barcelona) se consensuó la Agenda de los Hombres por la Igualdad, en la que se acuerda que todos los 21 de octubre se realicen actividades de denuncia de las violencias machistas por parte de los hombres y movilizarlos a participar en los actos del 25 de noviembre. En Sevilla, en 2021, bajo la convocatoria “21Octubre21” se celebró la más mayoritaria de estas manifestaciones. 

Esta fecha y consigna se hacen más relevantes este año ante el estruendoso silencio de la mayoría de los hombres implicados en el fútbol profesional y amateur, a partir del “pico” que sufre la futbolista Jenny Hermoso y la tibia reacción frente al clamor y la denuncia de la mayoría de las mujeres proclamando “Se acabó”.

Un año especialmente trágico en el que siguen aumentado los asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas -siete muertes en un solo mes- y 16 en lo que va de 2023 en Andalucía, al tiempo que surgen cada vez más movimientos políticos y sociales que niegan las violencias machistas de manera más o menos explícita. Unas ideologías neo-machistas que quitan importancia o reducen la incidencia de esas violencias esgrimiendo en muchos casos una supuesta igualdad ya alcanzada, que es el reflejo de lo que se conoce como “espejismo de la igualdad” (Gracia Prince; 2006) o el “velo de la igualdad” del que habla Marcela Lagarde. 

Estamos obligados a dar un paso al frente rompiendo un silencio que sirve de paraguas, que amortigua la vulneración de Derechos Humanos que supone esta lacra que padecemos como sociedad

Los hombres, en este contexto, sobre todo quienes formamos parte del activismo social, estamos obligados a dar un paso al frente rompiendo un silencio que sirve de paraguas, que amortigua la vulneración de Derechos Humanos que supone esta lacra que padecemos como sociedad.

Reconociendo que esta violencia es un problema de los hombres en tanto que grupo social y que la sufren fundamentalmente las mujeres, el silencio se rompe frente a las expresiones más burdas, como el tocamiento de una periodista en pleno directo, pero no mostrando clara y decididamente nuestra repulsa y condena entre el grupo de iguales, en los que aceptamos comentarios y cosificaciones que individualmente rechazamos, pero no somos capaces de cuestionar en espacios exclusivamente masculinos: en ese grupo de WhatsApp, en el vestuario o entre colegas del trabajo, como vimos en el grupo de WhatsApp de menores de Almendralejo o estudiantes de la Universidad de la Rioja, donde son pocos los activos, pero mayoría los que callan. 

Este silencio se explica al sentirnos parte de un grupo, de un colectivo percibido como “lo normal” a partir del cual se generan los “otros” sociales: personas a las que proteger, pero que en la práctica están un poco, o un mucho, por debajo, como mujeres, menores, personas con diversidad funcional u homosexuales. Grupos que no tienen la capacidad de representar al nosotros común, al ser humano. 

Desde la APDHA apoyamos las actividades y acciones que se convocan en Andalucía este 21 de octubre como un posicionamiento de “nosotros” los hombres, de nuestro rechazo a los asesinatos de mujeres, de las agresiones cotidianas que estas sufren

Asumir ese coste es fundamental y nos corresponde a los hombres dar el paso, reconociendo las situaciones de privilegio que aún mantenemos por el mero hecho de ser hombres. Privilegios que muchos no perciben al estar incorporados a nuestras pautas de comportamiento, pasan invisibles. Un paso al frente que cuestione un modelo de masculinidad que promete la pertenencia al grupo de los “privilegiados” que, en la mayoría de las ocasiones, supone para los hombres la puesta en marcha de acciones que suponen un serio riesgo para las mujeres pero también para los propios hombres. Un paso al frente para señalar a quienes asesinan o agreden y que ante el silencio de esa mayoría se sienten comprendidos o respaldados.

Asumir que la violencia contra las mujeres, las violencias machistas, suponen una violencia “ideológica” intrínsecamente ligada a una percepción dicotómica de los géneros -que niega la diversidad y la igualdad de derechos- es para quienes participamos de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía parte de nuestra esencia como activistas, asumiendo el feminismo como un elemento sustancial para la defensa de los Derechos Humanos. Un feminismo pro-derechos, interseccional e inclusivo, que nos obliga a dar un paso al frente rompiendo ese silencio que nos hace cómplices.

Desde la APDHA apoyamos las actividades y acciones que se convocan en Andalucía este 21 de octubre como un posicionamiento de “nosotros” los hombres, de nuestro rechazo a los asesinatos de mujeres, de las agresiones cotidianas que estas sufren, también de las que sufren las personas trans, lesbianas u homosexuales. Incorporarnos los hombres a esta denuncia, en lo público y en lo privado, es imprescindible si queremos avanzar en la lucha por los Derechos Humanos en Andalucía.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha anunciado este viernes su intención de recurrir la resolución del Tribunal Supremo que el día anterior rechazaba indemnizar a una víctima de tortura policial reconocida por el Comité de la ONU, revocando la sentencia de la Audiencia Nacional que daba cumplimiento parcial a la decisión de Naciones Unidas, organismo ante el que la propia APDHA acompañó jurídicamente a la denunciante de tratos crueles. La mujer, de Córdoba, sufrió una fractura de nariz después de ser detenida, en enero de 2013, por presunto robo. El caso, como ha venido informando elDiario.es Andalucía, fue archivado por la Audiencia Provincial y el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por la víctima.

El 27 de diciembre de 2019 el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) estimó la denuncia presentada por APDHA por el caso de la citada ciudadana cordobesa, identificada como E.L.G., que había sufrido rotura de los huesos nasales durante una detención. Cuando fue detenida, la denunciante no presentaba lesión alguna, pero sí a la salida de la propia comisaría, donde hubo de ser recogida por una ambulancia a la que hubo de llamar la propia afectada tras negarse la Policía a ponerse en contacto con los servicios sanitarios, recuerda la asociación.

El Comité contra la Tortura consideró que “el Estado parte (España) no proporcionó información suficiente que permita concluir que las lesiones no fueron causadas durante la detención”, lo que hace presumir que estas se produjeron durante su detención. De igual forma, el CAT apreció en su resolución contra España, como ya hizo en anteriores ocasiones, las “dificultades para recibir atención médica durante la detención policial y las deficiencias en la calidad y precisión de las evaluaciones forenses”, por lo que el organismo de Naciones Unidas entendía que, en ese caso, también se había incumplido la obligación del Estado de asegurar la asistencia médica.

El órgano de la ONU que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura señala que la detenida sufrió “tratos crueles, inhumanos o degradantes” en Córdoba. En el dictamen, además, se instó a que el Estado efectuará reparación plena, incluyendo indemnización y rehabilitación, tomara las medidas necesarias, incluyendo medidas administrativas contra los responsables, e impartiera instrucciones precisas a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar infracciones semejantes en futuro. El Estado decidió no dar cumplimiento, así como no responder a las peticiones efectuadas por la víctima.

“No hace falta que lo diga un Comité de la ONU”

La Audiencia Nacional consideraba por primera vez en su Sala que “mientras no se proceda a la reparación plena y adecuada de los daños causados en ejecución de la decisión del CAT, se mantiene, persiste y se perpetúa la vulneración de derechos humanos que aquélla declara, a saber que nadie será sometida a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”. Por tanto, “su falta de ejecución es la perpetuación de dicha infracción”.

Ahora el Supremo ha revocado aquella sentencia, apartándose de un precedente del propio Supremo de 17 de julio de 2018, para considerar que las decisiones de los Comités de Naciones Unidas no son vinculantes, es decir, que la decisión no tiene el carácter de título bastante y autónomo para haber lugar a responsabilidad patrimonial. El Supremo considera que deberán apreciarse si concurren los requisitos para la existencia de responsabilidad patrimonial, lo que en la práctica supone que, ante la existencia de resoluciones judiciales españolas que niegan la existencia de responsabilidad del estado, y un dictamen de Naciones Unidas que afirma la vulneración de derechos humanos, prevalezcan las resoluciones españolas. La decisión del Tribunal Supremo supone que en la práctica se priva de todo sentido a los díctamenes de Naciones Unidas.

El voto particular de dos magistrados, que consideran que sí debió indemnizarse, se cimenta sobre la afirmación de que es inaceptable que “una persona detenida sufra lesiones de las que, además, no sea atendida médicamente” y que “no hace falta que lo diga un Comité de la Organización de las Naciones Unidas”, lo que supone igualmente una falta de respeto hacía Naciones Unidas, a juicio de la APDHA.

Tal y como señalan desde APDHA, “esta decisión es un retroceso en la protección de los Derechos Humanos y supone descalificar el sistema de Naciones Unidas, careciendo de sentido pertenecer a una organización, participar en un procedimiento para depurar la existencia de violación de derechos humanos, y una vez declarada su existencia, hacer caso omiso al dictamen”.

Bajo estos argumentos, APDHA anuncia que interpondrá recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado su guía 'Municipios Andaluces y Derechos Humanos'. Se trata de un documento en cuya elaboración han participado las diferentes delegaciones territoriales y áreas de trabajo que conforman la APDHA para recoger hasta un total de 45 medidas de competencia municipal y otras 10 cuyo ámbito competencial corresponde a otras administraciones. 

Como explica Diego Boza, coordinador general de APDHA, “publicamos este documento, que recoge las principales exigencias que hacemos a quienes pretenden gobernar los municipios de Andalucía durante los próximos cuatro años”. El coordinador general de APDHA reclama además “un compromiso de las diferentes candidaturas por mejorar la situación de los municipios de Andalucía y, por tanto, por respetar los Derechos Humanos”. 

Tal y como recoge el documentado presentado por APDHA, “Andalucía acapara 18 de los 20 municipios con mayor porcentaje de personas paradas y 12 de los 15 con una menor renta per cápita” del conjunto estatal. El mismo informe recoge también otras cifras igualmente alarmantes, como “los 17,3 desahucios diarios de media que durante 2022 se produjeron en Andalucía” o que “desde 2019 hasta 2023 se han suprimido 1.457 aulas ubicadas en centros educativos públicos”. En este sentido, Óscar Mitillo, activista social y coordinador del Área de Marginación y Vivienda de APDHA, recalca que “para revertir esta situación se necesitan políticas públicas valientes” y señala que “es mucho lo que puede y debe hacerse desde el ámbito municipal”. 

Las medidas propuestas por APDHA abarcan diferentes áreas de actuación, como educación, sinhogarismo, servicios sociales, migraciones, dependencia, suministros básicos, vivienda, planificación urbanística, empleo, sanidad y memoria histórica. Como reclama Macarena Olid, vicecoordinadora de APDHA, “son muchas las cosas que pueden hacerse desde nuestros ayuntamientos para garantizar los Derechos Humanos en toda Andalucía” y señala, por ejemplo, que “es necesario e imprescindible un parque de vivienda público en régimen de alquiler social”, así como medidas dirigidas al colectivo de Personas Sin Hogar, “que sufren la exclusión más severa que tenemos en muchas de nuestras localidades y municipios”.

La vicecoordinadora de APDHA apunta además que se deben adoptar de manera urgente medidas para atender a “las personas migrantes, que han venido a nuestra tierra a trabajar y que se ven obligadas en muchas ocasiones a vivir en asentamientos y en infraviviendas”.

El 24 de febrero de 2022, Rusia inició la invasión de Ucrania. Ha pasado un año y la guerra se encuentra empantanada con incierto resultado y sin iniciativas de peso para una resolución negociada que traiga la paz. Ya lo dijimos hace un año. La invasión de Ucrania por parte de Rusia es un atropello a la legalidad internacional y el origen de una terrible situación humanitaria, al igual que lo fueron en su día las intervenciones militares de la OTAN o EE.UU.  

El número de víctimas crece entre la población civil ucraniana. La destrucción de infraestructuras vitales está creando graves problemas de abastecimiento y suministro a la población. Se han producido masacres intolerables sobre civiles, denunciadas por la ONU y organizaciones como Amnistía Internacional. La situación tremenda de los millones de refugiados provocados por la guerra solo ha sido paliada en parte por la acción de acogida de la UE y diferentes países europeos, entre ellos España. 

Muchos analistas dan por probados los motivos de esta agresión a Ucrania por parte de Rusia. Si es cierto que los objetivos de la invasión eran debilitar a la OTAN, subyugar a Ucrania y dividir a la UE, lo cierto es que el resultado es más bien el contrario: la OTAN se refuerza y recibe nuevas adhesiones, la Unión Europea actúa unida, aunque sea bajo el paraguas de EE.UU., y Ucrania resiste por la implicación de su población en su defensa y por la dotación de gran cantidad de armamento por los países occidentales. 

La apuesta de la OTAN y la UE ha sido la de escalar en la guerra mediante el envío de armamento cada vez más sofisticado a Ucrania.

La unilateral y criminal acción de Rusia al desencadenar esta guerra podría argumentarse por el acoso creciente de la OTAN, con su expansión hacia oriente. Siendo esto cierto, nada justifica desatar una guerra de la que no se puede responsabilizar a terceros. Pero también es cierto que por parte de la OTAN-EE.UU. y de la propia UE, una vez empezado este censurable conflicto, no ha existido ninguna voluntad de paz, al igual que no la existido por parte del gobierno ruso dirigido por Putin. La apuesta de la OTAN y la UE ha sido la de escalar en la guerra mediante el envío de armamento cada vez más sofisticado a Ucrania.  

Es verdad que podría argumentarse que sin ello Ucrania ya habría sucumbido a las fuerzas rusas. Es posible, pero el camino debería ser la búsqueda de la paz ausente por parte de todos los actores implicados en el conflicto, incluidas las Naciones Unidas. 

No hay duda de que en buena medida la prolongación del conflicto está vinculado al control de los combustibles fósiles, que ha entrado en crisis, y al increíble negocio que supone esta carrera armamentística para el poderoso entramado industrial-militar, cuya crueldad y falta de escrúpulos es palmaria.  

Por desgracia, el movimiento de rechazo a esta guerra y sus tremendas consecuencias por parte de la sociedad global está siendo extraordinariamente débil. Es inevitable comparar esta escasa movilización social con las ingentes movilizaciones contra la guerra de Irak que se produjeron hace ahora 20 años, en 2003. Y es que los factores que impulsaron aquel movimiento hoy no se dan: ni la sociedad es la misma ni las condiciones de esta guerra son similares.  

Hay movilizaciones sociales en torno a múltiples temas, tanto puntuales como sostenidas en el tiempo, como últimamente la muy meritoria alrededor de la defensa de la sanidad pública. Pero la sociedad en general está bastante desmovilizada y desmotivada. Además, la realidad es mucho más compleja que entonces y en torno a esa complejidad se han producido algunos desencuentros entre diversos actores sociales.  

No es suficiente un llamamiento pacifista genérico contra todas las guerras en general, que, por otra parte, tampoco visibiliza el drama de otros conflictos olvidados y en el que no se cita ni la agresión rusa ni la guerra de Ucrania.

No se percibe ya, como entonces, a un único enemigo de la paz, EE.UU. Tanto Rusia como la OTAN actúan de forma imperialista contra la paz y la legalidad internacionales, y para mucha gente el “enemigo” se difumina y ha empezado a funcionar aquello tan nefasto de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Otra mucha gente considera que es preciso armar a Ucrania hasta los dientes, y ven con simpatía la política de la OTAN-EE.UU.-UE (y de nuestro gobierno entre ellos) de alentar y mantener la confrontación.  

Influye también la sensación de que ningún bando tiene nada de sincero y altruista y que priman políticas oscuras que responden a inconfesables intereses, aunque haya sido inicialmente Rusia la primera responsable de la situación a la que hemos llegado.  

Así que las movilizaciones que convocaremos en el aniversario del inicio de la guerra de Ucrania serán posiblemente pocas y con escasa participación. Por todo lo anteriormente mencionado pero también por la falta de un planteamiento claro y concreto como fue aquel “No a la Guerra” de 2003. No es suficiente un llamamiento pacifista genérico contra todas las guerras en general, que, por otra parte, tampoco visibiliza el drama de otros conflictos olvidados y en el que no se cita ni la agresión rusa ni la guerra de Ucrania. 

Desde la APDHA creemos que lo urgente ahora es movilizarse para exigir un alto el fuego, la retirada de las tropas invasoras y el inicio de negociaciones sin condiciones previas, que permitan crear un estatus de seguridad para todas las partes, para Ucrania por supuesto, pero también para el conjunto de Europa y Rusia.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado este martes su Balance Migratorio 2022, en el que alerta de la peligrosidad de las rutas que el año pasado registran, con al menos 1.901 víctimas, la segunda cifra más alta de la histórica, solo superada en 2021, con 2.126 personas fallecidas. El balance migratorio, fruto del trabajo de monitoreo que anualmente realiza la organización, se detalla de manera pormenorizada la evolución de los flujos migratorios del año y su comparativa con años anteriores.

“Estas insoportables cifras de muertes en la frontera sur son aún más dramáticas si tenemos en cuenta que se producen a pesar de un descenso de las llegadas a las fronteras españolas de casi un 23% con respecto al año 2021 (una disminución que se eleva al 39,24% si se contempla la entrada en Ceuta de personas provenientes de Marruecos de mayo de 2021)”, lamenta la organización en un comunicado.

La reducción del número de llegadas no se ha traducido proporcionalmente en un descenso del número de muertes respecto al año anterior (11%). Si se toman en consideración el descenso del número de llegadas y el alto número de víctimas, se constata un incremento de la mortalidad, y por ello, de la peligrosidad de las rutas respecto a 2021. Es decir, “se produce un mayor número de personas muertas o desaparecidas por cada persona que llega”.

Según la organización, “se trata de un balance marcado, no ya en lo cuantitativo sino en lo cualitativo, por la masacre sucedida en la frontera de Melilla, el pasado 24 de junio. En ella, perdieron la vida un número indeterminado de personas migrantes, pero siempre superior a 23, a causa de la actuación de la Gendarmería marroquí y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas. ”Esa actuación ha de ponerse en el centro de cualquier análisis que se haga de las políticas migratorias y de fronteras del año 2022“, subraya la asociación.

El balance deja claro que la ruta canaria continúa siendo la más mortífera y acumula 1.330 de las 1.901 víctimas de 2022. También es la ruta por la que más personas han llegado a territorio español, un 56% del total de personas que alcanzaron territorio español durante el año pasado.

El documento también analiza el perfil de las personas que arriban. De acuerdo con los datos obtenidos, “resulta interesante constatar que mientras que en la ruta canaria predominan las personas migrantes de origen subsahariano, en el cómputo de la península y Baleares, la mayoría de las personas que llegan tienen origen norteafricano”.

La APDHA considera que el descenso en el número de llegadas está vinculado con los acuerdos entre España y Marruecos que, en estos días, se han visto reforzados por la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre los representantes de ambos países. Según la organización, “las cifras extraídas del informe ponen de relieve que la apuesta política del Gobierno español de Pedro Sánchez por intensificar la externalización del control migratorio en manos de Marruecos es una decisión de corto recorrido”. La organización entiende que “Marruecos no es siquiera capaz de gestionar adecuadamente la situación de sus propios nacionales y que difícilmente podrá aplicar a las personas migrantes en tránsito otro enfoque que no sea el de violencia y vulneración de derechos”.

En este sentido, la organización concluye destacando “en la necesidad de construir nuevas políticas migratorias que garanticen los derechos humanos en frontera y en territorio”. “La sangría incesante de vidas humanas o la falta de apoyo para las familias de las víctimas requieren una modificación de las políticas migratorias”, recuerdan. Para ello, desde la APDHA siguen insistiendo en “la creación de vías legales y seguras para las personas migrantes, aquellas que proceden de países en situaciones socioeconómicas más complejas”.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora este sábado, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha denunciado el “empeoramiento” de las condiciones de vida de una parte importante de la población andaluza, así como la “alarmante desigualdad” que presenta la comunidad. Así lo evidencia el informe 'Andalucía: La desigualdad echa raíces', presentado este viernes, donde se dibuja una “panorámica demoledora” de la sociedad andaluza.

A raíz del estudio, desde Apdha lamentan que los datos arrojen realidades como que Andalucía acapara “18 de los 20 municipios con mayor porcentaje de personas paradas, 12 de los 15 con menor renta u 11 de las 15 ciudades con mayor desempleo”. A todo ello hay que sumarle que es la primera región del Estado español “en tasa de pobreza y en calidad de vida, la segunda en pobreza severa y en salario más bajo”, además de encontrarse “a la cola en gasto sanitario por habitante y en inversión en políticas sociales”.

Un panorama aún más preocupante por el estrago que está causando la inflación en la economía de las familias andaluzas, que han sufrido especialmente el incremento exponencial de los precios, sobre todo, en electricidad y combustibles, como explica en un comunicado la organización. “Las consecuencias de la inflación están siendo duras, pero aún más duras para muchas familias andaluzas que ya partían de una clara situación de desventaja”, sostiene la Apdha, al señalar que antes de la crisis actual, Andalucía ya contaba con las tasas de pobreza más altas de todo el territorio español. Por lo que la situación actual “provoca un incremento de la desigualdad entre Andalucía y el resto del Estado español”, afirman.

Radiografía de la desigualdad

Sin embargo, “los poderes públicos, en especial en Andalucía, no están desarrollando políticas para paliar esta situación”, según recrimina la asociación pro derechos humanos. Lejos de solucionar el problema, opinan en Apdha, el Gobierno andaluz “agrava la desigualdad, privilegiando a la minoría que más tiene, a la que ha suprimido el impuesto de patrimonio (un 0,2% de la población andaluza), y perjudicando a quienes están en peores condiciones”, denuncian.

De ahí que lancen una crítica con respecto a los fondos destinados a los servicios públicos: “los recursos para la educación pública, principal instrumento para luchar contra la base de las desigualdades, son insuficientes”. Y en lo relativo a sanidad, reprochan que Andalucía sea “la tercera comunidad autónoma que menos invierte en este sector”, según advierte el informe 'La inversión social por comunidades', de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Al hilo de todo ello, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía también ha querido destacar la “intensificación” de la desigualdad que se produce al introducir otros factores. “La desigualdad tiene género, porque se extrema cuando la sufren las mujeres. El patriarcado machista no solo afecta al ámbito económico, sino que profundiza en una desigualdad social en el mantenimiento de roles arcaicos que permiten las violencias sobre las mujeres”, afirma la organización.

Movilización por los derechos humanos

Para ejemplificarlo, recuerdan que Andalucía encabeza el ranking de feminicidios “ con el doble de muertes en 2022 (10) que los territorios con mayor recuento”, asegura. “La desigualdad afecta especialmente a los colectivos más vulnerables”, como son las mujeres trans o el colectivo LGTBI, así como la población migrante que “padece índices superiores de pobreza, pero que también sufre condiciones laborales más precarizadas y las consecuencias del discurso racista que algunos políticos lanzan y otros no combaten adecuadamente”, añaden.

En este punto, también defienden a la población penitenciaria, que “sufre condiciones precarias en el ejercicio de sus derechos, como el derecho a la salud”, un derecho “muy condicionado por la situación límite” que se vive en las cárceles, donde “entre un 50 y un 60% de las plazas correspondientes a personal médico están sin cubrir”, según la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.

Por todo ello, la Apdh reconoce que “la desigualdad es enemiga de los derechos humanos”. Pero “la intensificación de sus causas y la ausencia de herramientas para luchar contra sus consecuencias plantean un panorama desolador para la lucha por los derechos humanos”, se quejan desde la organización.

De ahí que este sábado se hayan convocado actos a lo largo de toda la comunidad andaluza en aras de “exponer la necesidad de desarrollar políticas que luchen contra la desigualdad y que defiendan los derechos humanos”. Entre ellos, se encuentra una manifestación en Sevilla que arranca a las 12:00, desde Plaza Nueva hasta Las Setas, y la concentración también a mediodía en la plaza San Juan de Dios de Cádiz.