Vuelta al cole en Andalucía: cifras y desafíos que marcarán el nuevo curso escolar

Los pasillos de los colegios andaluces recuperan el bullicio este miércoles en el segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial. Un total de 708.604 alumnos —8.420 menos que el año pasado— regresan a las aulas en un inicio del curso marcado por la caída de la natalidad y por un escenario educativo que arrastra asignaturas pendientes, como la bajada de la ratio, la falta de recursos para la atención a la diversidad o las deficiencias en infraestructuras.

El sistema educativo andaluz ha perdido en su conjunto más de 120.000 estudiantes desde el curso 2018/19. Para los sindicatos, esta tendencia de pérdida progresiva de alumnado ofrece una oportunidad para reducir la ratio que llevan años demandando las familias y el profesorado. Sin embargo, habrá que esperar al curso que viene para que se empiecen a aplicar medidas en este sentido, en virtud del último acuerdo firmado por la Consejería de Desarrollo Educativo en la mesa sectorial de julio.

Por el momento, desde el Gobierno andaluz se asegura que, a pesar de contar con menos alumnos, la plantilla docente se ha reforzado: 3.100 profesores se han incorporado a la red pública (que suma un total de 108.657 docentes) y 331 maestros lo han hecho en la concertada, compuesta por 16.446 profesionales de la enseñanza. En suma, más de 125.000 maestros y profesores en centros sostenidos con fondos públicos. A todos ellos hay que sumar 284 nuevos especialistas de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), hasta un total de 13.959 (lo que supone un 37,5% más que en 2018, según los datos aportados por la Consejería).

Mientras el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno pone el foco en el incremento de los números (sin concretar cuántos docentes se han incorporado en cada nivel educativo, pese a haberlo consultado este periódico), los sindicatos que representan al profesorado, las asociaciones de familias y los grupos de la oposición comienzan el curso con la mirada puesta en los “grandes retos” que tiene por delante la educación en Andalucía, convencidos de que esas cifras no bastan para corregir las carencias estructurales que acumula el sistema educativo andaluz.

Avances “insuficientes”

El curso 2025-2026 arranca así con un contexto de críticas generalizadas a la gestión de la Junta por parte de la comunidad educativa. “El Gobierno del PP empieza la vuelta al cole con muchas asignaturas pendientes y muy malas notas”, resume la portavoz de Educación de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Alejandra Durán. “Son tantísimos los frentes abiertos y las necesidades que tiene nuestro sistema educativo que podemos hablar de un ataque integral que atañe a toda la comunidad”, lamenta la diputada de Por Andalucía, poniendo el acento en “la drástica reducción de la plantilla docente” o “el recorte de las becas comedor”.

Sus palabras sirven como termómetro del arranque del nuevo curso. Sindicatos como USTEA coinciden en que la vuelta al cole llega marcada por “reivindicaciones históricas” y la preocupación por “el daño que se le está haciendo a la educación pública andaluza”. Al hilo, alertan de la “privatización” progresiva que sufre la enseñanza en Andalucía: “desde la llegada del PP al Gobierno andaluz, se han cerrado más de 2.400 unidades en la pública, sin que los recortes hayan afectado a la concertada”, recuerda Francisco Fernández, portavoz de Educación de USTEA.

No obstante, entre las organizaciones sindicales, hay voces que se muestran más optimistas este año. “Empezamos un curso escolar en el que existen problemas que son crónicos, pero que afrontamos con mayor solvencia que otros cursos escolares”, resume Elena García, la presidenta del sector de Educación de CSIF Andalucía. Se refiere al acuerdo firmado en julio con la Consejería del ramo para “mejorar el sistema educativo y las condiciones laborales del profesorado andaluz”.

Ese acuerdo contempla medidas que se van a aplicar a lo largo de los próximos cuatro cursos, dibujando “un horizonte mejor” para el sistema educativo, según la representante de la primera fuerza sindical en la enseñanza pública andaluza. Entre las novedades que empiezan a implantarse en el presente curso académico, Elena García remarca que el profesorado cuente desde ya con la posibilidad de realizar telemáticamente las tareas que no requieren atención directa al alumnado (como reuniones de claustros, de equipos docentes o la elaboración de materiales curriculares, a excepción de las evaluaciones oficiales).

Las familias, por su parte, consideran que el pacto alcanzado sigue siendo “insuficiente”. Rocío Begínez, presidenta de FAMPA Sevilla, lamenta que la bajada de la ratio en Infantil se retrase un curso más (se espera ver materializada el próximo curso 2026-2027) y que solo contemple una reducción en el segundo ciclo de Infantil de 22 alumnos por aula. Además, la representante de las madres y padres del alumnado recuerda que “otro de los grandes problemas y preocupaciones” a los que se enfrentan las familias este año es “la falta de recursos y medios del alumnado con necesidades especiales (NEE) y de apoyo educativo (NEAE)”.

La atención a la diversidad, de nuevo en el centro de las demandas

Precisamente, la demanda de recursos para garantizar “una atención a la diversidad real” fue la punta de lanza de las movilizaciones convocadas el curso pasado por la comunidad educativa en Andalucía. Pese a la magnitud de lo que se denunciaba ya entonces –“el desmantelamiento de la educación pública”–, los colectivos que defienden la educación en la comunidad aún no han logrado movilizar a la población lo suficiente como para alcanzar el mismo grado de contestación social que las protestas sanitarias, las más multitudinarias en la sociedad andaluza.

Ese será, por tanto, otro de los retos del próximo curso: conseguir que el sentimiento de hartazgo compartido entre familias y docentes de las escuelas públicas de Andalucía se vea reflejado en las calles. Las mismas preocupaciones que trasladan las familias son las que los grupos de la oposición han recogido en su plan de acción para el próximo curso.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, asegura que su grupo va a permanecer “vigilante”, centrando su atención en cuatro ejes principales: la atención a la diversidad, la estabilización del profesorado interino, el deterioro de los centros educativos y la expansión de la FP privada, que, según denuncian, crece a costa de una oferta pública que no cubre la demanda creciente.

En esa misma línea, el PSOE andaluz percibe que el nuevo curso escolar echa a andar marcado “por el caos, la falta de planificación y la ausencia de diálogo con la comunidad educativa”. Los socialistas detectan los mismos problemas que vienen denunciando familias y sindicatos —especialmente la falta de recursos para atender a la diversidad— y añaden otros frentes como la supresión de “una figura tan importante como son los auxiliares de conversación”.

Otras reivindicaciones

Este curso, los esfuerzos de las familias irán también dirigidos a que se cambie el modelo de gestión de los comedores escolares y se garantice el cumplimiento de la ley de bioclimatización, que lleva “cinco años guardada en un cajón”. “Estamos rezando por que las temperaturas del inicio del curso no sean tan elevadas como las de final del curso pasado”, expresa la presidenta de FAMPA Sevilla, en nombre de las familias que en junio reactivaron los actos de protesta al registrarse aulas a 40 grados.

Sindicatos como USTEA comparten esta reivindicación, recordando que “solo un 6% de los centros haya aplicado la ley de bioclimatización desde su entrada en vigor en 2020”. Entre los principales retos para el curso 2025-2026, esta organización sindical incide de nuevo en la necesidad de reducir las ratios de alumnado, especialmente en áreas metropolitanas como Sevilla, Málaga y la Costa del Sol, lo que exige también un incremento de las plantillas docentes. Y reclama asimismo menos carga burocrática para el profesorado y mejoras en salud laboral, con medidas como la desconexión digital y la mejora de derechos e infraestructuras.

En lo que se refiere a las infraestructuras, la Consejería de Desarrollo Educativo ha avanzado que con vistas al curso 2025/26 se finalizarán un total de 247 obras en centros educativos, con un presupuesto 51,64 millones de euros. “De estas intervenciones se beneficiarán cerca de 104.000 estudiantes matriculados en estos centros, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones”, indican desde el departamento dirigido por María del Carmen Castillo.

La semana que viene será el turno de Secundaria y Bachillerato

Tras la vuelta al cole del alumnado de Infantil y Primaria, el próximo lunes día 15 será el turno para el alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos (886.255 estudiantes, 19.000 menos en cómputo global respecto al curso anterior), mientras que el día 22 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial (Música, Danza, Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Arte Dramático e Idiomas), con 87.707 estudiantes.

Así, el nuevo curso arranca con casi 1,8 millones de estudiantes y más de 130.000 docentes en las aulas de los 7.243 centros educativos andaluces (tanto públicos como concertados y privados). Pero también con el desafío de que estos números no queden atrapados en las estadísticas y se traduzcan en mejoras palpables en el día a día de la comunidad educativa andaluza.