Andalucía suprimió el control previo a los contratos sanitarios a dedo tras paralizar la Intervención un gasto de 29 millones

El 11 de agosto de 2020, la interventora general del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Blanca Pons, paralizó un contrato de emergencia para la compra de “equipamiento médico inventariable para contingencia del COVID-19”, por valor de 28,8 millones de euros.

En un informe fiscal de disconformidad “con efectos suspensivos”, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la interventora puso “reparos” a la adjudicación a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, y paralizó el expediente alegando dos motivos: el primero, que ya había “concluido el estado de alarma” decretado por la pandemia de la COVID-19 [el 21 de junio de 2020]; y el segundo, que aquel expediente de gasto no venía avalado por acuerdo del Consejo de Gobierno, extremo obligatorio cuando un contrato excede de los ocho millones de euros.

Aquel fue el último informe de control previo de la interventora jefe del SAS, y el último, también, que paralizó un contrato de emergencia a una clínica privada, porque dos meses después el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno suprimiría la fiscalización previa, en el Consejo de Gobierno del 6 de octubre, para sustituirla por el control financiero permanente, esto es, auditorías a posteriori.

Los reparos que puso la interventora jefa del SAS en aquel último informe de fiscalización previa (verano de 2020) reaparecerían, dos años después, en casi una veintena de auditorías internas, ya bajo el sistema de control financiero permanente (a posteriori). Los interventores provinciales del SAS plasmaron en esos informes las “irregularidades” en la contratación de emergencia con clínicas privadas, que hoy sirven de base a dos investigaciones judiciales por prevaricación y malversación de fondos.

El PSOE y Podemos están personados como acusación popular. Los socialistas, que han recurrido el archivo de la causa en otro juzgado de Sevilla, denuncian una relación “causa efecto” entre la paralización de un contrato de emergencia por parte de la Intervención del SAS, en agosto de 2020, y la modificación urgente del sistema de fiscalización interna para dichos contratos, aprobada sólo meses después.

Siete fechas clave: de agosto a octubre de 2020

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España decretó el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19 que incluía, entre otras medidas, una flexibilización de las leyes de contratación del sector público para agilizar la respuesta de las comunidades a la crisis sanitaria desatada por el virus.

Ese mismo mes, el entonces director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, firmó las primeras resoluciones “para la contratación de emergencia de servicios sanitarios complementarios para procesos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos”, que daba cobertura a la tramitación de urgencia para expedientes de gasto millonario a dedo con clínicas privadas.

“Son muchos los pacientes que, durante el estado de alarma, a causa de la suspensión de la actividad asistencial programada, han visto pospuestos sus estudios diagnósticos, y vencidos sus plazos garantizados de respuesta asistencial”, justifica una resolución del 15 de julio de ese año.

El Gobierno central prorrogó seis veces el estado de alarma, del 14 de marzo al 21 de junio de 2020. A partir de esta última fecha, la Intervención Central del SAS consideró que la contratación sistemática por la vía de urgencia con la sanidad privada no estaba justificada y, el 11 de agosto, emitió un informe “de disconformidad con efectos suspensivos” que paralizó por primera vez un contrato a dedo.

En ese escrito, Pons también advertía de que las resoluciones de Guzmán que daban cobertura a ese contrato (del 13 y 20 de marzo) estaban “suscritas sin firma digital”. Se acababa de crear un precedente que comprometía el sistema de adjudicación directa del SAS con la sanidad privada.

Apenas una semana después, el 17 de agosto, la viceconsejera de Salud, Catalina García [hoy consejera de Medio Ambiente], respondió elevando a la Intervención General de la Junta de Andalucía un contrainforme, suscrito por el director general de Gestión Económica del SAS, José Antonio Miranda, que exponía sus “discrepancias” con los reparos que habían paralizado aquel contrato de 29 millones.

Ese contrainforme, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge los argumentos de Salud “contra el primer motivo de reparo” de la Intervención del SAS (esto es, ya había “concluido el estado de alarma”) y “contra el segundo motivo de reparo” (el Consejo de Gobierno no había autorizado un expediente de gasto superior a los ocho millones de euros, como establece la Ley de Presupuestos de Andalucía).

Dos motivos de reparto, uno desestimado y otro obviado

Sobre el primer reparo, la Consejería de Salud critica la “falta de fundamentación expresa”; advierte de “la intrascendencia de que la tramitación de emergencia se realice una vez concluido el estado de alarma, habida cuenta que se ampara en la normativa aplicable ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”; y alega que “la firma digital no resultaba exigible en este caso ni se enmarcaba dentro de un procedimiento electrónico”.

La entonces interventora general de la Junta (Amelia Martínez, hoy viceconsejera de Hacienda) recibió ese contrainforme de la Consejería de Salud el 20 de agosto y, de inmediato, instó a los servicios jurídicos del Gobierno andaluz a resolver el conflicto entre ambas partes.

Sin embargo, Martínez obvió el primer motivo de reparo expuesto por la interventora jefa del SAS en su informe, y pidió a los letrados que se posicionaran exclusivamente sobre “el segundo”.

Un mes después, el 14 de septiembre, el Gabinete Jurídico de la Junta emitió un informe que desbloqueó el contrato de emergencia de 28,9 millones. El documento, que obra en poder de los jueces, da la razón a la Consejería de Salud al concluir que la autorización del Consejo de Gobierno a un expediente de gasto superior a los ocho millones no era preceptiva en este caso.

Pero los letrados no se pronuncian en ningún momento sobre el principal reparo que expuso la interventora jefa del SAS (esto es, que el estado de alarma había concluido cuando Salud autorizó ese nuevo contrato de emergencia a dedo), porque la interventora general de la Junta no preguntó sobre este punto.

Las acusaciones ven aquí un punto ciego en la investigación, porque consideran que es el asunto mollar de la polémica. ¿Tiene amparo legal la contratación a dedo dos años y medio después de que el Gobierno central derogase el Real Decreto que habilitó a las comunidades para sortear los controles regulares y agilizar el gasto directo? ¿Dos años y medio después de que la Consejería de Hacienda advirtiera al SAS, por escrito, de que esa ley estaba “plenamente derogada” y que “el recurso a la contratación de emergencia” orientado a “hacer frente al COVID-19” debía tener “carácter excepcional y residual”. 

El 17 de septiembre, la Intervención General de la Junta desestimó el informe desfavorable de la auditora jefa del SAS y levantó la suspensión del contrato que ésta había paralizado un mes antes. En su escrito, Martínez resta importancia a la ausencia de una “firma digital”, recogida en el primer motivo de reparo, pero tampoco se pronuncia sobre la contratación a dedo una vez concluido el estado de alarma.

Lo que sí hizo la interventora general de la Junta, según consta en su escrito, es una consulta a la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda para solicitar un “informe facultativo sobre el segundo motivo de reparo objeto de la discrepancia”. Ese informe avaló la decisión de Salud, al concluir que “en el caso de que la cuantía total estimada de un contrato de emergencia sea igual o superior a 8.000.000 euros, no es legalmente exigible que previamente autorice el gasto el Consejo de Gobierno”.

El SAS logró un aval de la Intervención General y del Gabinete Jurídico de la Junta para contratar a dedo con la sanidad privada “sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, incluso el de la existencia de crédito suficiente”. Y, a pesar de todo, los reparos de los auditores del SAS a estirar la contratación de emergencia más allá del estado de alarma quedaron en sin evaluar, persistiendo el riesgo de que volvieran a paralizar otro expediente de gasto.

Un mes después, el 6 de octubre de 2020, el Consejo de Gobierno aprobó el polémico acuerdo que retiró los controles previos a los contratos sanitarios de emergencia, para sustituirlo por la fiscalización a posteriori. Este acuerdo desactivó los reparos que había planteado la principal responsable de fiscalización del SAS dos meses antes, y que paralizaron el contrato dedo de 28,9 millones. El mismo acuerdo aparece citado en todos los informes de disconformidad que los auditores del SAS emitieron a posteriori, sobre la contratación con la sanidad privada en los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024.

Tras retirar los controles previos por acuerdo del Consejo de Gobierno, el SAS sistematizó la contratación a dedo con clínicas privadas, ligadas a las resoluciones del director gerente del 15 de julio de 2020, y prorrogadas hasta 2024. Esas adjudicaciones, que alcanza los 243 millones de euros, aún son objeto de investigaciones judiciales.

Una decisión clave sin autor material

Los altos cargos de la Junta que aparecen en esta secuencia de informes y contrainformes fueron citados a declarar en calidad de imputados o de testigos ante el juez de Sevilla que abrió la primera investigación por un supuesto delito de prevaricación en los contratos sanitarios de emergencia, entre 2020 y 2024: Blanca Pons, Miguel Ángel Guzmán, Catalina García, José Antonio Miranda y Amelia Martínez. Los tres últimos gerentes del SAS fueron imputados, pero la causa de Sevilla fue archivada, y la investigación sigue su curso en un juzgado de Córdoba y otro de Cádiz.

Una de las líneas de investigación apuntaba precisamente al Consejo de Gobierno y su decisión de retirar los controles previos a los contratos de emergencia. En su declaración ante el juez, los responsables directos admitieron que aquel acuerdo se adoptó sin “informe preceptivo”. Una semana antes, el 29 de septiembre de 2020, la ex interventora general de la Junta había firmado la “memoria” para proponer el cambio de fiscalización previa por el control financiero permanente a determinados gastos, pero en esa lista no incluyó los contratos de emergencia del SAS.

Martínez aseguró ante el juez que esa decisión se adoptó verbalmente en un consejillo –la reunión de los viceconsejeros que prepara el orden del día del Consejo de Gobierno– entre la exviceconsejera de Salud, Catalina García, y el exnúmero dos de Hacienda, Roberto Ochoa. Y estos, a su vez, señalaron a los “técnicos” del SAS, incluido el ex responsable de Contabilidad, José Antonio Miranda. Cuatro altos cargos de la Junta justificaron las prórrogas a la contratación de emergencia con la sanidad privada, pero ninguno se hizo responsable directo de aquella decisión.

Las dos interventoras responsables de los informes desfavorables que censuraron la adjudicación a dedo a clínicas privadas se ratificaron ante el juez en los “incumplimientos detectados”. Las dos admitieron que se plantearon pedir un informe de actuación a la Consejería de Hacienda, una alerta por un posible delito de menoscabo de fondos, pero que finalmente lo descartaron al observar “cierta mejoría” en la contratación posterior.