“Ventajas” por denunciar y “lavado de coco” a los hijos: las expertas desmontan los bulos machistas del juez del exDAO

Mujeres que denuncian por interés, que van “a la caza” de las órdenes de protección, que “lavan el coco” de sus hijos para separarles de sus padres y que son “enemigas acérrimas” de la custodia compartida. A pesar de los datos y de la forma en que realmente se ejerce y se juzga la violencia machista, esta es la imagen que el juez David Maman Benchimol describió el pasado febrero en una ponencia organizada por el Colegio de Abogados de Madrid. No es un magistrado cualquiera: es el encargado de la denuncia por agresión sexual contra el exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, y es, además, titular en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº8 de Madrid.

Eso significa que Maman Benchimol se dedica en exclusiva a la violencia machista y que cada día recibe casos de mujeres que denuncian agresiones sexuales y maltrato –y sus hijos–. Sus palabras, publicadas por laSexta, son una sucesión de los mitos y estereotipos más extendidos y presentan el derecho de los padres a ver a sus hijos como derechos absolutos por encima incluso de la seguridad de madres y niños, a las que dibuja como manipuladoras que instrumentalizan los procesos en su beneficio.

Por eso las declaraciones han provocado la indignación de expertas, víctimas e incluso compañeras de profesión. “Solo desde unos profundos prejuicios de género se pueden hacer esas afirmaciones”, apuntan desde la asociación de Mujeres Juezas de España en un comunicado, en el que reclaman al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tome medidas.

En su intervención, el juez asegura que “muchas” denuncias “enseguida se ve que no tienen demasiado sentido” porque las mujeres “intentan forzar una vía” para obtener una orden de protección, dice agitando el mantra de las denuncias falsas. “Se han otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer una denuncia...”, afirma apuntando a la asistencia jurídica gratuita, reconocida en la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 y que, por otro lado, tienen también las víctimas del terrorismo o de bajos ingresos. Tras señalar las supuestas “ventajas” que gana “la mujer” por denunciar, repite dos veces seguidas: “Pero ¿qué pierde?, ¿qué pierde?”

“Lo que dice es puro prejuicio machista y es muy grave que lo diga un titular de un juzgado. La primera falsedad es que el sistema induce a la denuncia, cuando es totalmente lo contrario. De hecho, lo que vemos en un sistema judicial que muchas veces no responde y revictimiza a las mujeres. Es insultante pensar que una mujer va a ir a comisaría a denunciar al padre de sus hijos y estar allí de cinco a siete horas más todo lo que implica posteriormente el duro proceso judicial por tener la posibilidad de un abogado gratis”, señala la abogada Eva Pérez Nanclares.

La infradenuncia es la norma

La realidad es que denunciar violencia machista es “difícil” para miles de mujeres que nunca llegan a hacerlo. “Es doloroso y costoso, ir a denunciar no es coser y cantar. Claro que pierden, pierden mucho, en parte por toparse con un sistema que reproduce mitos como estos”, añade la experta, que señala cómo, frente al tópico de mujeres frívolas y manipuladoras que denuncian para hacer daño al marido, “la mayoría” lo que sienten es culpa. “Vienen pensando que son las culpables de lo que está pasando y llegan a decir 'no quiero meterle en la cárcel'. Cuando una mujer acude al sistema es porque ya no puede más”.

De hecho, los datos apuntan a que, no solo no es que no haya un problema sistemático con las “denuncias sin sentido”, como afirma Benchimol, sino que la violencia de género es un tipo de delito extendido pero marcado por un alto nivel de infradenuncia. Según la última Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer, de 2025, casi una de cada tres mujeres mayores de 16 años han sufrido maltrato por parte de alguna pareja, pero solo el 16,8% lo ha denunciado. En caso de la violencia sexual, tres millones de mujeres han sido víctimas, pero la proporción de las que han denunciado no alcanza ni el 5%.

La realidad es que, además, las órdenes de protección no se dan automáticamente y en muchos casos las denunciantes se topan con denegaciones. Así ocurrió con el 33% de las medidas solicitadas en 2024, según los datos del CGPJ, y también con buena parte de las que gestiona Benchimol, que ejerce como juez especializado en violencia machista desde 2011. De hecho, el magistrado rechazó ese mismo año la mayoría de las órdenes que le pidieron: el 69%, muy por encima de la media estatal. En 2023 negó el 65%. También se opuso a la petición de prohibición de comunicación que solicitó la denunciante del exDAO de la Policía Nacional, un tipo de caso –la violencia sexual– que desde finales de 2025 llevan también estos juzgados

Cira García Domínguez, jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 14 de Madrid, remarca que las órdenes de protección “no otorgan ventajas” a las denunciantes “sino derechos”. “No podemos olvidar que estamos hablando de contextos de violencia, en los que hay mujeres a las que hay que proteger, pero en todo caso, las decisiones se deben tomar en base a una valoración de la prueba. Que no haya fuerza probatoria suficiente no quiere decir, además, que sea mentira lo que denuncia”, explica.

La jueza lamenta el “efecto disuasorio” que este tipo de declaraciones pueden tener con otras víctimas. Es algo a lo que también hace referencia la Asociación de Mujeres Juezas, que subraya que estos actos “resultan tremendamente perjudiciales” y pueden suponer “una quiebra de la confianza” en el sistema judicial. “Causan un daño irreparable a la imagen de la justicia y una desazón y angustia en las víctimas que no merecen”, esgrimen las juezas, que también apelan a que los profesionales “no podemos apartarnos de los principios básicos del ordenamiento jurídico ni faltar al respeto a la ciudadanía” ni en el juzgado ni en actos institucionales o formativos.

Madres culpables

En la ponencia, que fue parte de una jornada formativa celebrada el 18 de febrero en Madrid, el magistrado critica que el Código Civil no permita establecer custodias compartidas en casos de violencia de género –un precepto que, por otro lado, afecta a todos los tipos de violencia hacia los hijos–. En este sentido, Benchimol da a entender que en los procesos judiciales “va pasando el tiempo”, los jueces “no podemos dar la custodia compartida” y ese momento es supuestamente aprovechado por las mujeres “para hacer el correspondiente lavado de coco” a su hijo y lograr que “se separa del padre progresivamente”. “Luego es muy difícil recuperar ese tiempo perdido”, añade.

Las expertas consultadas ponen el foco en cómo estas declaraciones revelan un “prejuicio muy instalado” que tiene que ver con la “manipulación e instrumentalización materna” de los hijos y con reducir la violencia de género a simples riñas o conflictos de pareja. “No estamos hablando de padres en una situación de divorcio, sino de padres violentos con sus parejas y sus hijos, que deben ser protegidos en base al interés superior del menor”, remarca Domínguez, para la que ese supuesto “lavado de coco” es una forma de hacer referencia al falso Síndrome de Alienación Parental, cuya aplicación está prohibida por la ley y por cuyo uso ha llamado la ONU la atención a España.

En la práctica, este tipo de discursos vienen a dar a entender que el rechazo de los menores hacia sus padres es siempre inducido por sus madres y no una respuesta lógica ante un riesgo. “No parten de la protección de los niños y niñas, sino de hacer pensar que las mujeres utilizan los procesos estratégicamente”, señala Pérez Nanclares, que hace referencia a “todo un conglomerado de leyes” con las que chocan las declaraciones del juez. “Lo grave es que no es cualquier persona, es él el que tiene que aplicarlas”, añade.

Sobre la custodia compartida, el magistrado también asegura que “la mujer es una enemiga acérrima” de la misma. “No entiendo yo esa animadversión”, afirma antes de apuntar hacia “la casa, el factor económico...[la mujer] piensa que [el hombre] ya no le va a pagar la pensión”. “Lo que dice es una barbaridad. Primero por la generalización y por asegurar que las mujeres usan los procesos para alargar custodias en su favor y por intereses incluso económicos. Pero para empezar, la pensión es un derecho de los hijos, no de ellas”, asegura Pérez Nanclares. Más aún, la realidad es que no son pocas mujeres las que deben enfrentarse a procesos por impago de alimentos, algo que hasta el Tribunal Supremo ha calificado como “violencia económica”.

En otro de los momentos de la intervención, el juez también sostiene que, en estos casos, “la madre quiere asumir y asumir porque solo ella se considera buena madre” y sostiene que “tiene la idea” de que un hombre que ha ejercido violencia contra ella “también va a maltratar al niño” y por eso “no se fía de él”. Domínguez insiste en que no se trata de “un pensamiento o desconfianza” de las mujeres, sino que desde 2015 la ley reconoce que los hijos e hijas de las mujeres que han sido maltratadas son también víctimas directas de esa violencia y por eso “debe garantizarse su protección”. “No es que las madres quieran asumir, ya les gustaría a ellas contar con padres igualitarios que no maltraten. Esto es culpabilizarlas a ellas y eximirles a ellos”, dice.

Varias organizaciones de mujeres han reaccionado a las palabras del magistrado, entre ellas las Madres Protectoras de Madrid y Stop Violencia Vicaria, que denuncian que estos hechos “no son casos aislados, sino un patrón” vinculado a resoluciones judiciales en las que “pese a existir denuncias o procedimientos abiertos se imponen custodias compartidas o regímenes de visitas” o se usan “teorías sin base científica” como el SAP “para poner en duda nuestra credibilidad”. “En sala, muchas de nosotras hemos sido cuestionadas, desacreditadas y tratadas con hostilidad”, aseguran sin nombrar a Benchimol, pero denunciando sus palabras a través de las “prácticas judiciales” que aseguran haber vivido.