Montero critica las siete rebajas fiscales de Moreno pero evita aclarar si las suprimirá de ser elegida presidenta de Andalucía

Desde que accedió a la presidencia de la Junta de Andalucía, en 2019, Juan Manuel Moreno ha implantado siete rebajas fiscales consecutivas dirigidas a personas (sin limitación de renta), a empresas y a autónomos. El Gobierno del PP calcula que, en conjunto, han supuesto una merma de ingresos de 1.794 millones de euros, “un dinero que se ha quedado en el bolsillo de los andaluces”.

La secretaria general del PSOE andaluz y candidata en las elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero, fue muy crítica con esta política tributaria de Moreno cuando era ministra de Hacienda y, en paralelo a los incentivos fiscales, el presidente andaluz se lamentaba por la “infrafinanciación” de Andalucía y exigía al Gobierno de Pedro Sánchez más fondos. En torno a 1.500 millones más al año por la mala aplicación del modelo de reparto entre comunidades, según cálculos del Ejecutivo andaluz.

Una vez abandonado el Ministerio y metida de lleno en la precampaña andaluza, a Montero le han preguntado este miércoles si prevé eliminar esas siete rebajas fiscales que tanto ha criticado. La candidata socialista, en un encuentro organizado por la Cadena SER Andalucía en el Club Cámara Antares de Sevilla, reiteró sus críticas a Moreno -“no se puede pedir más recursos al Estado con una mano y con tus competencias hacer justo lo contrario y rebajar impuestos”-, pero evitó aclarar si derogará esas siete rebajas fiscales, en caso de ser elegida presidenta de la Junta.

El dilema es complicado y Montero ya lo padeció como consejera de Hacienda del último Gobierno socialista de Andalucía, presidido por Susana Díaz. Entonces, el PP de Moreno y Ciudadanos [entonces aliado del PSOE] abanderaron desde la oposición una dura campaña contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que en esta región abonaba una parte minúscula de la población, con un patrimonio muy elevado.

A pesar de toda la pedagogía que se hizo y del discurso político -“es un impuesto para los ricos”-, Montero terminó claudicando y aceptando rebajas a ese impuesto, admitiendo que habían perdido el debate en la calle. Moreno se presentó como candidato esgrimiendo la consigna de la “bajada masiva de impuestos” -lo bautizó el “BMI”- y cuando fue presidente lo llevó a cabo.

En los casi ocho años que lleva gobernando, ha eliminado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (con una bonificación del 99%) para parientes directos; y en esta campaña acaba de anunciar su intención de extenderlo a hermanos, tíos y sobrinos de manera progresiva.

También ha reducido el tramo autonómico del IRPF, con más beneficio para las rentas altas que para las rentas medias; ha deflactado la cuota del IRPF, para evitar que las subidas salariales por la inflación obliguen a los ciudadanos a pagar más impuestos; ha eliminado el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; suspendió el canon del agua (aunque tuvo que restituirlo al año siguiente) y en el último tramo de esta legislatura aprobó deducciones por alquiler (hasta 10.000 euros) para menores de 35 años, mayores de 65 y colectivos vulnerables; deducciones para gastos veterinarios en mascotas; para las cuotas del gimnasio; para apoyo a la natalidad y por las clases particulares privadas de Inglés o Informática de los hijos.

La exministra de Hacienda, muy hábil en las respuestas, se ha preguntado si Moreno va a rechazar definitivamente su propuesta de modelo de financiación autonómica, que aportaría 5.700 millones de euros extra al año a Andalucía, y la quita de deuda autonómica, que descargaría a esta comunidad de tener que pagar al Estado casi 19.000 millones de euros.

Volver al modelo anterior del SAS

Mucho más explícita ha sido la candidata socialista cuando le han preguntado aspectos concretos de su programa electoral sobre sanidad, piedra de toque de su campaña. Montero ha confirmado que su intención es restituir algunas de las medidas que ya formaban parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuando gobernaba el PSOE, y que fueron derogadas por el PP.

Por ejemplo, prevé restituir la subasta pública de medicamentos, que le supone “un ahorro de mil millones de euros al año” a las administraciones sanitarias en España. También volverá a prohibir a los jefes de servicio del SAS que compaginen su plaza con otro trabajo en la sanidad privada, dado que ellos son los responsables de derivar a los pacientes de la pública a la privada y elegir la clínica donde serán atendidos. “Esto no ocurre en ninguna empresa”, ha reiterado.

Esta medida también la recoge el programa de la coalición Por Andalucía, que encabeza el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, aunque la socialista no prevé hacerla extensible al conjunto de médicos del SAS. “Quien opta voluntariamente a una plaza de jefe de servicio, tiene que renunciar al sector privado. El resto de facultativos no. Hay un sistema de compatibilidades que ha funcionado bien”.

Montero ha planteado estas elecciones andaluzas como “un referéndum por la salud” y, este miércoles, ha vuelto a acusar a Moreno (sin aportar datos ni evidencias) de estar ultimando la implantación del copago en la sanidad pública, igual que existe el copago farmacéutico.