El juicio en la Audiencia de Barcelona contra cuatro policías nacionales antidisturbios por mutilar el ojo a Roger Español durante el referéndum del 1 de octubre ha quedado este viernes al mediodía visto para sentencia después de cuatro sesiones. La fiscalía y las defensas, ejercidas por un abogado privado y la Abogacía del Estado, siguen pidiendo la absolución de los agentes; mientras que las acusaciones (la particular, Irídia, Òmnium y ANC) piden entre 12 y 13 años de cárcel por lesiones dolosas graves y torturas.

En el último día del juicio, ha sido el turno de la fiscalía y las defensas para presentar sus informes. El ministerio público ha dicho que la policía puede causar “lesiones graves” si su actuación “se ajusta a la norma”.

En su informe final, la fiscal Alexandra García Tabernero ha asegurado que el juicio de estos días no va de cuestiones políticas o morales, ni de la amnistía o la prohibición de las bolas de goma, sino que se juzga una actuación policial técnica. Así, cree que el tribunal tendrá que valorar si los policías debían prever que era muy probable la pérdida del ojo de Roger Español, y si, más allá de cualquier duda razonable, existía un riesgo serio y elevado de que esto ocurriera.

En este sentido, ha recordado que las policías democráticas tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza y la violencia cuando sea necesario para preservar el orden público o evitar males mayores, siempre bajo los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Según ha dicho, la policía puede usar la fuerza e incluso causar lesiones graves, si su actuación “se ajusta a la norma”. Así, cree que en ese caso se usó la mínima fuerza imprescindible, y de forma progresiva, para poder salir del “bloqueo” por parte de cientos de manifestantes independentistas en la calle Sardenya de Barcelona.

La fiscal ha añadido que la actuación policial fue especialmente compleja porque tenía “dificultades añadidas”, como la orden expresa de no practicar detenciones. “En cualquier otro contexto, se habrían producido detenciones inmediatas”, ha dicho, afirmando que la actitud de los votantes independentistas no era de “resistencia pacífica”. Asimismo, ha dicho que el bloqueo de la calle duró unos 40 minutos, y “la duración de las intervenciones policiales es directamente proporcional al riesgo para la seguridad ciudadana”. “Había una necesidad evidente del uso de la fuerza”, ha remachado, asegurando que “la hostilidad de algunos de los congregados iba en aumento, pasando de las amenazas verbales a los lanzamientos de piedras”.

Sobre la justificación del uso de bolas de goma, ha dicho que se avisó a los manifestantes, que se fue progresando en el uso de las diversas herramientas policiales, y que, finalmente, las salvas detonadoras no sirvieron para abrir la calle y permitir salir a la policía. Así, ha considerado que otro métodos como las porras hubieran sido más riesgosas y habrían ido contra los protocolos policiales.

Sobre las recomendaciones internacionales de prohibición de las bolas de goma, la fiscal ha dicho que las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no están vinculadas para los estados, y que no se puede pretender aplicar de forma retroactiva contra los agentes una guía de 2020 y un protocolo de 2024 por unos hechos de 2017.

Por último, ha dicho que el escopetero disparó, según el informe pericial de los Mossos d'Esquadra, haciendo rebotar la bola en el suelo, además de reducir la potencia un 60%. También ha dicho que tenía un campo de visión limitado debido a la presencia de sus compañeros por delante de él. Por todo ello, considera que no hubo voluntad de causar tan grave lesión a Español, y ha pedido la absolución de los cuatro acusados por la eximente completa de cumplimiento del deber y de orden legal.

La abogada del inspector jefe del grupo Camel-50, ha apuntado que la actuación policial de ese día se ajustó a la ley, debido a la “peligrosidad extrema” de los manifestantes, y que se limitó a cumplir “el mandato judicial”, aunque aseguró que sólo recibió la parte dispositiva del auto del Tribunal del Superior.

En todo caso, ha dicho que sí avisó a los manifestantes del uso de material antidisturbios y que, a raíz del lanzamiento de objetos por parte de los votantes o de los vecinos de la calle Sardenya, se acabaron disparando balas de goma, que, a su juicio, “no es material lesivo, sino simplemente disuasivo”.

Los tres abogados del Estado que han defendido a los dos subinspectores y el escopetero han justificado la actuación policial. Ambos subinspectores trasladaron las órdenes de sus superiores a los subordinados, e incluso uno de ellos no era el responsable del escopetero.

En el caso del escopetero, su letrado aseguró que había que mantener la distancia con los manifestantes porque algunos de ellos arrojaban piedras y desde menos de 15 metros de distancia las lesiones a los policías pudieron ser muy graves. También ha dicho que teniendo en cuenta la poca precisión de las bolas de goma, no puede atribuirse al escopetero la voluntad de lesionar a Roger Español.

Dos de los mandos de la Policía Nacional acusados de lesionar a Roger Español el 1-O han justificado el uso de balas de goma aduciendo que estaban replegándose, en una situación de “peligro extremo”, porque los concentrados les lanzaban botellas, ladrillos y palos. Tras la suspensión de la sesión durante tres horas por el episodio de hipertensión sufrido por el inspector acusado, el juicio contra los cuatro policías nacionales acusados de reventar un ojo a Español se ha reanudado al mediodía, en la que se prevé la última sesión de la vista oral.

El inspector acusado, el segundo que ha declarado, ha admitido que fue él quien dio la orden de disparar frente al instituto Ramon Llull de Barcelona para facilitar la retirada de los agentes, en un momento en el que los policías estaban caminando hacia atrás, en una “maniobra evasiva, de huida de la zona”, bajo una lluvia de “cascotes, ladrillos, botellas, adoquines, palos y hasta una maceta”.

Según el agente, cuando dio la orden de disparar, el dispositivo se encontraba a unos 20 o 25 metros de los concentrados, pero la situación era de “extrema gravedad”, un caso en el que, ha dicho, los protocolos permiten lanzar pelotas hasta una distancia de 15 metros. “Consideré que ahí estábamos a una distancia suficiente”, ha añadido el inspector. El informe de los Mossos d'Esquadra sobre la secuencia del disparo que lesionó a Español concluye que la pelota de goma se lanzó a poco más de 14 metros.

El inspector ha dicho que no vio al escopetero disparar la pelota que segó el nervio óptico de Roger Español, pero ha afirmado que, en general, no apreció “conductas antirreglamentarias” entre los agentes del dispositivo. De hecho, ha endosado al escopetero la responsabilidad de decidir si el momento de disparar era el adecuado porque, ha afirmado, cabe incluso la posibilidad de que un 'bocachero' opte por no lanzar pelotas de goma si la situación no lo aconseja.

En ese sentido, ha recordado que, en el informe previo que dio a su equipo, les recordó que debían disparar con rebote y con los reductores de potencia activados, dado que en todo momento su actuación debía regirse por los principios de “mínima lesividad posible y mínima intervención”.

En la misma línea ha declarado uno de los subinspectores acusados, que ha explicado que cuando reciben la orden de disparar los policías se encontraban a entre 20 y 25 metros, y ha defendido que, dada la gravedad de los alborotos, la actuación de los agentes era “perfectamente ajustada” a la circular de la Policía Nacional sobre el uso de balas de goma.

Ambos han mantenido que, si se usa de acuerdo con los protocolos y con rebote previo, las bolas de goma no deberían causar ningún tipo de daños personales. “No es un objeto pensado para lesionar a nadie”, ha afirmado el subinspector.

Los votantes suizos decidieron este domingo en referéndum no aceptar una iniciativa que hubiera significado blindar aún más la neutralidad inscrita en la Constitución de 1848, algo que podría haber cuestionado, por ejemplo, las actuales sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania.

Como ya habían adelantado las encuestas, el “no” a la iniciativa, presentada por la organización nacionalista conservadora Pro Suiza y apoyada por el partido ultra SVP, se impuso por un claro 70,15% de los votos, según los datos recogidos al término del escrutinio.

La iniciativa no logró convencer en ningún cantón, con amplias victorias del “no” en Basilea (79,91%) y Zúrich (74,47%), aunque en Ginebra el porcentaje fue menor a la media nacional, del 66,58%.

Tanto el Gobierno como el Parlamento habían recomendado a los ciudadanos votar en contra de la propuesta, pese a que contaba con el apoyo de la conservadora Unión Democrática del Centro (UDC), que forma parte de la coalición en el poder y es el partido con más representación en el Legislativo, sin ser mayoritario.

Pro Suiza pretendía con su iniciativa que la Constitución Federal incluyera expresamente una neutralidad “perpetua y armada”, y que hubiera mecanismos que impidieran al país adherirse a alianzas militares como la OTAN, así como cooperar con ellas, salvo en caso de ataque militar directo.

Además, el proyecto estipulaba que Suiza no debería imponer sanciones contra un país en conflicto, salvo aquellas impuestas por Naciones Unidas

En opinión de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la neutralidad ya inscrita en la Constitución desde hace más de siglo y medio ha demostrado su eficacia y ofrece cierto “margen de maniobra” en un cambiante mundo actual que se vería limitado en caso de que hubiera triunfado el “sí”.

Desde 2022 Suiza, de forma paralela a la Unión Europea, ha impuesto bloqueos de fondos, prohibiciones de entrada en el país y otras sanciones contra 2.790 personas y entidades rusas por la invasión de Ucrania.

Esas sanciones han llevado al Gobierno ruso a acusar a Suiza de haber perdido su condición de actor neutral, así como a rechazar que el país centroeuropeo sea mediador en el conflicto o sede de negociaciones de paz importantes.

Rodeada de grandes potencias europeas, y convertida durante siglos en un Estado “colchón” entre éstas, Suiza ha conseguido no involucrarse en los conflictos del Viejo Continente prácticamente desde principios del siglo XVI, incluyendo las guerras mundiales del siglo XX. 

El debat entre el descans nocturn i l'arrelament de les tradicions locals ja té un veredicte al municipi valencià de la Granja de la Costera. Els veïns d'aquesta localitat van acudir dilluns passat a les urnes per a decidir el futur del toc de les campanes de la seua església. El resultat de la consulta popular va reflectir una postura clara: 84 vots a favor de mantindre el toc durant les 24 hores del dia davant de 20 paperetes partidàries de restringir el so únicament a l'horari diürn.

L'origen d'aquesta polèmica es remunta a quasi un any arrere, quan l'arribada d'un nou resident al municipi va alterar la rutina sonora del poble. Aquest veí va traslladar el seu malestar a l'Ajuntament amb l'argument que el so continu de les campanes li impedia agafar el son. Per a donar suport a la seua reclamació, va recórrer a l'ordenança municipal de ciutadania i benestar, aprovada el 2014, que fixa un límit màxim de sonoritat per a la franja nocturna de 35 decibels. Les mesures van confirmar que l'impacte acústic del campanar superava aquests límits.

Davant d'aquesta situació, l'alcalde de la localitat, José Miguel Marín, va prendre la decisió de suspendre temporalment el repic nocturn amb l'objectiu de garantir el descans del veí i evitar friccions al municipi. “Va vindre a posar una queixa i em va recordar que hi ha una ordenança que prohibeix els sorolls. Ho va mesurar i eren més; ho vaig entendre i vaig decidir llevar temporalment el toc nocturn”, explica l'alcalde en declaracions a elDiario.es.

No obstant això, el cessament d'aquest so, habitual en el paisatge acústic de la Granja de la Costera, va generar un sentiment de pèrdua en una part de la població. Diversos residents van traslladar a l'Alcaldia el seu desig de recuperar un costum amb dècades d'història al municipi. Per a resoldre el xoc entre la normativa de sorolls i el costum popular, l'equip de govern va optar per convocar una votació vinculant dirigida als 280 veïns amb dret a vot registrats en el cens —el municipi té una població total pròxima als 350 habitants—.

Després d'un procés en què va participar poc més d'un terç dels veïns amb dret a vot, el suport al toc ininterromput va resultar majoritari. “El poble està content, perquè volen tornar als vells costums”, declara l'alcalde, alhora que celebra l'absència de disputes veïnals durant el procés.

L'Ajuntament de la Granja de la Costera iniciarà els tràmits per a modificar l'ordenança en el ple municipal de la setmana que ve, un pas imprescindible per a donar cobertura legal al restabliment del toc nocturn de les campanes tan prompte com la norma entre en vigor.

El debate entre el descanso nocturno y el arraigo de las tradiciones locales tiene ya un veredicto en el municipio valenciano de La Granja de la Costera. Los vecinos de esta localidad acudieron el pasado lunes a las urnas para decidir el futuro del tañido de las campanas de su iglesia. El resultado de la consulta popular reflejó una postura clara: 84 votos a favor de mantener el toque durante las 24 horas del día frente a 20 papeletas partidarias de restringir el sonido únicamente al horario diurno.

El origen de esta polémica se remonta a casi un año atrás, cuando la llegada de un nuevo residente al municipio alteró la rutina sonora del pueblo. Este vecino trasladó su malestar al Ayuntamiento con el argumento de que el sonido continuo de las campanas le impedía conciliar el sueño. Para respaldar su reclamación, recurrió a la ordenanza municipal de ciudadanía y bienestar, aprobada en 2014, que fija un límite máximo de sonoridad para la franja nocturna de 35 decibelios. Las mediciones confirmaron que el impacto acústico del campanario superaba dichos márgenes urbanísticos.

Ante esta situación, el alcalde de la localidad, José Miguel Marín, tomó la decisión de suspender temporalmente el repique nocturno con el objetivo de garantizar el descanso del vecino y evitar fricciones en el municipio. “Vino a poner una queja y me recordó que hay una ordenanza que prohíbe ruidos. Lo midió y eran más; lo entendí y decidí quitar temporalmente el toque nocturno”, explica el primer edil en declaraciones a elDiario.es.

Sin embargo, el cese de este sonido, habitual en el paisaje acústico de La Granja de la Costera, generó un sentimiento de pérdida en parte de la población. Diversos residentes trasladaron a la alcaldía su deseo de recuperar una costumbre con décadas de historia en el municipio. Para resolver el choque entre la normativa de ruidos y la costumbre popular, el equipo de gobierno optó por convocar una votación vinculante dirigida a los 280 vecinos con derecho a voto registrados en el censo –el municipio tiene una población global próxima a los 350 habitantes–.

Tras un proceso, en el que participó poco más de un tercio de los vecinos con derecho al voto, el respaldo al toque ininterrumpido resultó mayoritario. “El pueblo está contento, porque quieren volver a las viejas costumbres”, declara el alcalde, al tiempo que celebra la ausencia de disputas vecinales durante el proceso.

El Ayuntamiento de La Granja de la Costera iniciará los trámites para modificar la ordenanza en el pleno municipal de la próxima semana, un paso imprescindible para dotar de encaje legal al restablecimiento del tañido nocturno de las campanas tan pronto como la norma entre en vigor.

Islandia ha cerrado la puerta a reabrir las negociaciones para ingresar en la Unión Europea por un margen que no podía ser más ajustado. A falta de cerrar dos distritos electorales donde ya ganaba el “no”, la opción negativa se impone con un 52,8% frente al 47,2% del “sí”, frenando así el proceso que el Gobierno de centroizquierda de la primera ministra, Kristrún Frostadóttir, había trazado para replantear la relación del país con Europa. El referéndum había cobrado fuerza ante la creciente incertidumbre económica y geopolítica que en los últimos años ha sacudido al país nórdico y que ha reabierto el debate sobre su lugar en Europa. Según la cadena pública RÚV, la participación ha sido muy alta, comparable a la de las últimas elecciones generales, en las que votaron alrededor del 80% de los electores.

Este resultado tan ajustado no significa que Islandia haya rechazado definitivamente y para siempre entrar en la UE, ya que la consulta del sábado preguntaba a los ciudadanos si autorizaban al Gobierno a volver a sentarse a negociar con Bruselas, no si querían ser miembros del club comunitario. Pero el resultado de las urnas refleja que el país está prácticamente dividido en dos por la cuestión, después de una campaña marcada por el coste de la vida, la inflación, el contexto de seguridad geopolítico en el Ártico y el control de los recursos naturales como la pesca.

El principal temor entre los partidarios del “no” era que una eventual entrada en la UE obligase a Islandia a ceder parte del control de sus ricos caladeros y a someterse a la política pesquera común de los 27 socios de la UE. En este sentido, la pesca no solo representa la principal fuente de riqueza del país (40% de las exportaciones y alrededor del 7% del PIB), sino que también forma parte de la identidad económica y nacional de Islandia. Los expertos señalan que la gestión de los recursos marinos ha sido, además, uno de los argumentos que más han movilizado a los votantes durante la campaña.

Con estos resultados, el Gobierno de Reikiavik, que impulsó el referéndum tras la formación de la coalición de Gobierno en 2024, se reunirá en los próximos días con la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento para votar la retirada de la solicitud de adhesión a la UE, como ya ocurrió hace una década. Entonces, las negociaciones suspendidas en 2013 no llegaron a abordar los temas más delicados, como la pesca y la agricultura, y el proceso se dejó de lado con un cambio de Gobierno que no era favorable a entrar a formar parte de la UE.

El mayor argumento para la campaña del “no” ha sido señalar que Islandia ya se beneficia de la integración europea, al formar parte del Espacio Económico Europeo (EEE) y de la zona Schengen, sin tener que ser miembro de la UE, una fórmula similar a la de otro país nórdico, Noruega. En este sentido, Islandia ya ha incorporado alrededor del 75% de la legislación de la Unión Europea a través de su pertenencia al EEE. Sin embargo, los defensores del “no” han argumentado que, con una población de apenas 400.000 habitantes, el país seguiría siendo un Estado muy pequeño dentro del bloque y tendría dificultades para hacer oír su voz e influir en las decisiones que se toman en Bruselas.

Durante la campaña, la misma primera ministra Frostadóttir ha enfatizado que solamente estaría a favor de la adhesión a la UE si el país conseguía negociar un buen acuerdo con la UE. Los defensores del “no” han sostenido que, durante el proceso de negociaciones iniciado en 2013, la UE ya rechazó hacer concesiones significativas a Islandia en materia de pesca. La política pesquera común establece unas reglas comunes para el acceso y la gestión de los caladeros de los Estados miembros, y los partidarios del rechazo consideran que no había motivos para pensar que Bruselas estuviera ahora dispuesta a cambiar su posición en este ámbito. En cambio, muchos de los detractores de la adhesión consideran que la capacidad para decidir sobre asuntos como el de la pesca constituye uno de los pilares de la soberanía del país, conseguida en 1944 tras siglos de dominio colonizador por parte de Noruega primero y después de Dinamarca.

Otro de los argumentos esgrimidos por los partidarios del “no” para defender la soberanía nacional frente a Bruselas es que, en apenas un siglo, Islandia ha pasado de ser uno de los países más pobres de Europa a convertirse en una de las economías más prósperas del mundo sin necesidad de formar parte de la UE. Los defensores del “sí”, en cambio, han situado la actual incertidumbre económica en el centro de la campaña, poniendo el foco en la inflación, el elevado coste de vida y la volatilidad de la corona islandesa.

Rechazo mayoritario en las zonas rurales

El referéndum sobre la UE también ha dejado una fractura evidente entre el entorno urbano de la capital, Reikiavik, donde la opción del “sí” ha ganado más votos, y las regiones más aisladas de la costa que dependen más estrechamente de la pesca y la agricultura, donde la opción del “no” ha ganado de forma mayoritaria.

Durante la campaña, el Gobierno favorable a la adhesión trató de tranquilizar al sector pesquero, responsable del 40% de las exportaciones y de alrededor del 7% del PIB, asegurando que el control de los caladeros sería una línea roja en unas eventuales negociaciones con Bruselas. Sin embargo, finalmente se ha impuesto el argumento de quienes consideran que ceder a la UE el control sobre los recursos naturales supondría una pérdida de soberanía, uno de los principales pilares del discurso euroescéptico.

Este resultado también ha supuesto un revés para los que pensaban que el nuevo escenario de incertidumbre geopolítica justificaba un acercamiento a Bruselas. La guerra de Ucrania, el aumento de la tensión entre Rusia y Occidente y, sobre todo, las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia han colocado al Ártico en el centro de la geopolítica internacional, donde Islandia se encuentra estratégicamente situada entre Europa y América, siendo parte de la OTAN, pero sin tener un ejército propio.

Para el Gobierno de Frostadóttir, una mayor integración europea podía reforzar la posición internacional del país en un momento de incertidumbre, pero el argumento geopolítico no ha sido suficiente para convencer a una mayoría de islandeses.

Con todo, el estrecho margen de los resultados deja entrever que el debate sobre la UE no desaparecerá, ya que la sociedad continúa estando dividida y la relación con la UE seguirá siendo un asunto de fondo.

La iniciativa populista 'No a una Suiza de diez millones', que planteaba imponer medidas para frenar el crecimiento demográfico —principalmente a través de más restricciones a la inmigración y al derecho al asilo— si antes de 2050 el país llegaba a los 9,5 millones de habitantes, ha sido rechazada este domingo en un referéndum en el que más del 54,79% de los suizos han votado 'no'.

Propuesta y defendida en solitario por el Partido Popular Suizo, la iniciativa ha sido rechazada por un pequeño margen, que ha confirmado los primeros sondeos difundidos por la televisión pública suiza. Con una participación ligeramente superior al 58,8%, el 'no' a la iniciativa se impone por poco más de 300.000 votos.

Con el recuento ya terminado en todos los cantones, el 'no' vence el referéndum con más de 1.800.000 votos frente a algo más de 1.490.000 personas que han apoyado la iniciativa política. Por cantones, los que más favorables se han mostrado a estas medidas de control de la inmigración han sido los de Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Glarus o Appenzell Innerrhoden.

Por contra los cantones del oeste del país como Ginebra, Vaud, Neuchâtel, Basilea, Jura o Berna son los que menos han apoyado la medida. En Zúrich, uno de los cantones con más población, ha vencido el 'no' al referendum con más del 60% de los votos.

El objetivo de la iniciativa, que ha sido objeto de un arduo debate a nivel nacional, era evitar que la población del país sobrepase los diez millones de personas en 2050. La propuesta se ha enfrentado a la firme oposición del Gobierno, de ambas cámaras del Parlamento y de la comunidad empresarial y de servicios financieros.

Suiza ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico en las últimas tres décadas, especialmente desde el año 2002, con la entrada de más de un millón de personas procedentes de la Unión Europea. La libertad de movimiento promovida por el acuerdo que Suiza mantiene con Bruselas pese a no formar parte de la UE es la principal causa, y la población ha pasado de en torno a 7,5 millones a 9,1 millones de habitantes.

Actualmente, la población de origen extranjero representa un 27,6% del total en Suiza, y aproximadamente dos tercios de los residentes extranjeros proceden de países miembros de la UE.

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez (PP), pide al País Vasco y al PNV que respeten el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y advierte de que pedir al Gobierno un referéndum sobre la integración del enclave burgalés de Treviño en Álava sienta un “precedente peligroso”.

Suárez, presidente también del PP en Burgos, ha criticado las declaraciones que el presidente del PNV, Aitor Esteban, realizó el sábado en La Puebla de Arganzón en la celebración del 'Trebiñu Eguna', y en las que anunció que pedirán a Madrid un referéndum para acabar con la “anomalía” que supone la pertenencia de Treviño a Castilla y León.

A preguntas de los periodistas, Suárez ha asegurado que con esas declaraciones se “ratifican las aviesas intenciones que tiene el nacionalismo vasco con respecto a Treviño”, al que ha acusado de no respetar ni a los castellanos y leoneses, ni a los burgaleses ni tampoco a los treviñeses. Ha recordado que el proceso de cesión de territorios está “recogido, protegido, garantizado y blindado” por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y en él que se ampara Burgos para “defenderse”, ha asegurado, frente a lo que considera un “ataque al margen de la legalidad”.

“Que el PNV reclame a Pedro Sánchez una solución para el Condado de Treviño si nombrar en ningún caso la legalidad, el Estatuto de Autonomía es un precedente peligroso”, ha afirmado Suárez, apuntando que el Gobierno está “privilegiando” territorios a través de la financiación autonómica o la potencia energética. Y ha pedido al País Vasco que respete el Estatuto de Autonomía como en Burgos se respeta cualquier norma de rango orgánico: “Aquí estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de la identidad, la historia, la propiedad y el territorio de un pueblo” como es Castilla y León y Burgos.

“Respetando las normas del juego que nos hemos dado cualquier cabe cualquier debate”, ha afirmado Suárez, y ha defendido que la Diputación quiere que los treviñeses tengan los mismos servicios y oportunidades que el resto de vecinos de la provincia, y una administración vertebradora y no divisora.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, inicia una 'purga' en su Gobierno tras la sonora derrota de su referéndum sobre la reforma judicial y fuerza la dimisión de la ministra de Turismo y dos altos cargos de Justicia.

La última salida ha sido la de Daniela Santanchè, titular de Turismo y miembro del partido ultra Fratelli d'Italia de Meloni, que ha presentado este miércoles su dimisión, como le había pedido públicamente la líder del Ejecutivo y pese a su resistencia a hacerlo. “Querida Giorgia, te presento, como has deseado públicamente, mi dimisión del cargo de ministra que quisiste encargarme y que creo que he desempeñado con mis mejores capacidades”, se lee en una carta dirigida a la inquilina del Palazzo Chigi y difundida por el ministerio.

El resultado del referéndum —donde el 'no' a la propuesta se impuso con un 54% de los votos— propició la dimisión de dos polémicos altos cargos del Gobierno, criticados por haber empañado la campaña con sus declaraciones y acciones: el subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro, y la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi.

La hasta ahora ministra era uno de los miembros más polémicos del Gobierno por estar implicada en varios procesos judiciales y de fraude. Sin embargo, la primera ministra no ha explicitado los motivos de su petición de renuncia hacia ella. “He querido (y espero que lo entiendas) que quedara públicamente claro que eras tú quien me pedía dejar este cargo, porque, como siempre he dicho, habría dimitido solo ante una solicitud tuya explícita y pública. Quería que quedara claro, por mi honorabilidad, que doy un paso atrás únicamente ante la petición que la jefa de mi partido considera útil y oportuna”, afirma Santanchè en su carta. En la misma, también defiende que actualmente tiene un historial penal “impecable”.

Sobre su decisión de no dimitir inmediatamente, sostiene su intención de separar su renuncia del resultado del referéndum. “Quería que se mantuviera separada tanto de los comentarios sobre el referéndum, ya que no quisiera ser el chivo expiatorio de una derrota que ciertamente no ha sido determinada por mí”, alega.

Santanchè termina su misiva confesando su “amargura” y tendiendo su mano a la primera ministra: “En mi vida estoy acostumbrada a asumir mis responsabilidades y, a menudo, también las de los demás. Valoro más nuestra amistad y el futuro de nuestro movimiento”.

Se trata de la segunda dimisión de un ministro en el Gobierno de Meloni, después de la del extitular de Cultura, Gennaro Sangiuliano, en agosto de 2024 por un escándalo sentimental.

La legislatura se tuerce para Meloni

Hasta hace pocos días el horizonte político de Meloni, en el último tramo de una legislatura que concluirá previsiblemente en 2027, estaba limpio de nubarrones, pero han surgido inesperadamente con su fracaso en el referéndum al que sometió su importante reforma de la magistratura.

El resultado más inmediato ha sido la alegría de una oposición de centro-izquierda que rechazaba en bloque la reforma y que se apunta un triunfo simbólico. Pero también el disgusto de los partidos en el Gobierno y de la mandataria ante su primera gran derrota, que se interpreta también como una encuesta sobre la popularidad de la que goza la líder ultraderechista, al tratarse de una de sus medidas estrella.

La participación ha sido clave, según los medios italianos: se acerca al 59% de los 51,4 millones de italianos llamados a votar en una consulta que no requería una tasa de participación mínima para que el resultado sea válido. Ha sido el referéndum con mayor afluencia de la última década, tras otro celebrado en 2016 sobre la composición del Senado donde se llegó al 65% y que derivó en la derrota y dimisión de su gran promotor, el ex primer ministro Matteo Renzi.

En los últimos días y semanas, la campaña se aceleró en medio de la polarización y la apatía de gran parte de la ciudadanía que, en muchos casos, no entendió los tecnicismos enrevesados de la reforma y fue a votar más bien en función de su apoyo o rechazo al Gobierno ultraderechista de Meloni.

Entre los cambios previstos por la reforma judicial, está la separación de carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional. El Ejecutivo apeló a modificar el sistema, alegando que los profesionales de la Justicia ganarán imparcialidad con carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa, algo que niegan los críticos, que alertaron del mayor control político sobre los tribunales.

El rechazo a la polémica reforma de la Justicia promovida por el Gobierno de Giorgia Meloni parece imponerse este lunes, tras dos días de votaciones en un referéndum constitucional en Italia, en el que el NO ganó con el 53,7% de los votos, en lo que los analistas interpretan como uno de los mayores golpes políticos para la coalición de la ultraderechista desde que asumió el poder en 2022.

El SÍ, posición defendida por el Ejecutivo, ha obtenido el 46,3% de los apoyos, lo cual representa una derrota para uno de los proyectos estrella de Meloni, en una votación que se interpreta también como una encuesta sobre la popularidad de la que goza la líder ultraderechista ante los comicios previstos para 2027.

Tras el escrutinio de más de 73% de sufragios, Meloni reconoció la derrota en un post en la red social X. “Los italianos han decidido, y respetamos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto por el pueblo italiano e Italia”, declaró la mandataria, que lamentó que con este referéndum hubo “una ocasión perdida para modernizar” el país, aunque enfatizó su voluntad de seguir en el poder hasta agotar la legislatura. “Esto no cambia nuestro empeño para continuar con seriedad y determinación a trabajar por el bien de la nación y honorar el mandato que se nos ha confiado”, agregó. 

Meloni apeló a la reforma para modernizar la Justicia, mientras oposición y la mayoría de juristas se opusieron al plan por considerarlo un paso peligroso para ejercer control político sobre la judicatura y una amenaza a la separación de poderes. 

El resultado, en caso de confirmarse, supone uno de los mayores traspiés para la coalición de gobierno de Meloni en los más de tres años que lleva en el poder y encarna un triunfo simbólico para los partidos de la oposición de centro-izquierda, que rechazaron casi en bloque la reforma e hicieron una activa campaña para movilizar a su electorado por el NO.

Según el líder del opositor Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, la victoria del NO “es una señal política contundente” y “un resultado claro” que muestra el descontento con el Ejecutivo derechista, y ahora “se abre una nueva etapa política” en que los ciudadanos “quieren una política más atenta a las necesidades de la gente”.   

La participación ha sido clave, según los medios italianos: se acerca al 59% de los 51,4 millones de italianos llamados a votar en una consulta que no requería una tasa de participación mínima para que el resultado sea válido. Ha sido el referéndum con mayor afluencia de la última década, tras otro celebrado en 2016 sobre la composición del Senado donde se llegó al 65% y que derivó en la derrota y dimisión de su gran promotor, el ex primer ministro Matteo Renzi.

En los últimos días y semanas, la campaña se aceleró en medio de la polarización y la apatía de gran parte de la ciudadanía que, en muchos casos, no entendió los tecnicismos enrevesados de la reforma y fue a votar más bien en función de su apoyo o rechazo al Gobierno ultraderechista de Meloni. Todo ello sucedió además en un momento en que el escenario de inestabilidad internacional derivado del conflicto en Irán fue el centro de atención, dejando la consulta en un segundo plano, aunque la elevada participación indica que la cuestión ganó peso y consiguió movilizar a una buena parte del electorado.

“No se comprende nada de esta reforma. Si no la entienden ni los políticos, ¿cómo la van a entender los ciudadanos?”, se quejaba un anciano a elDiario, tras votar NO en un colegio del barrio de Pigneto, a las afueras de Roma, en lo que consideraba como “un referéndum político”. Otro votante de mediana edad, Daniele, defendió la reforma como “un cambio” para el futuro de Italia. Un tercer votante, Marco, señaló que lo importante fue votar NO por temor a que el plan conlleve “un traslado demasiado grande de poderes al Gobierno” y una deriva autoritaria.

Giovanni, a la salido del colegio electoral, dijo a este periódico que votó contra la reforma para proteger la Constitución de 1948, “una de las más bellas y democráticas del mundo”, elaborada con espíritu antifascista tras el fin del régimen de Benito Mussolini, y que el hombre consideró que no se debe tocar. “La reforma es sólo la punta del iceberg”, añadió este italiano en su cincuentena, que teme que el Gobierno de Meloni dé más pasos para reforzar su poder, como la reforma del Premeriato, que establece la elección directa del primer ministro.

“Este resultado no supone una derrota total para el Gobierno de Meloni, peró sí un revés significativo” que resta peso a la posición de fuerza que hasta ahora mantuvo su Ejecutivo, destaca a elDiario.es Giorgia Bulli, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de los Estudios de Florencia y experta en ultraderecha.

Según la docente, la consulta ha evidenciado también que “la confianza entre la primera ministra y el electorado tiene un límite, y este fue la Constitución, ya que los italianos ya han demostrado varias veces que prestan mucha atención cuando se trata de enmendar normas constitucionales”, y el NO a la consulta pone un freno a la coalición.

En otoño, la reforma judicial fue aprobada a nivel parlamentario con mayoría de votos de la coalición gobernante, pero no tuvo el apoyo de dos tercios de la Cámara necesario para medidas que introducen modificaciones constitucionales como esta reforma, que conlleva cambios en siete artículos de la Carta Magna, por lo que se debió someter a referéndum.

Con todo, según Bulli, “sin duda este es el primer golpe político relevante que recibe Meloni” desde que asumió el poder. La politóloga valoró también la gran capacidad de movilización del sector contrario a la reforma, más alta de lo que se esperaba en un principio.

Según los expertos, más allá de la cuestión judicial, este referéndum fue una prueba política para medir las fuerzas de Meloni y calibrar sus apoyos ante las elecciones generales previstas el año próximo. De hecho, la primera ministra ya anticipó que no dimitiría en caso de perder la consulta y ver fracasar su plan.

Ahora se verá cuánto puede afectarle este resultado en los comicios venideros. Pese al contrapié de hoy, Bulli considera que es aún temprano para hablar de un posible cambio de ciclo político en el país. “No creo que el electorado italiano se haya descubierto de repente como un electorado de centroizquierda, no diría eso”, matiza la analista.  

Por su parte, Matteo Giardiello, politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma, estima que el No al referéndum lleva al gobierno a “una situación inestable”que resta legitimidad a Meloni, ya que “ha puesto su propia cara y su poder político” para una campaña donde se abocó a promover abiertamente el SÍ.

“La coalición derechista invirtió mucho en ello, y es su primera gran derrota desde que está en el poder”, asegura Giardiello, que incide en que no provocará la dimisión del Ejecutivo, pero sí podría acarrear dimisiones de altos cargos como el ministro de Justicia, Carlo Nordio, principal promotor de la reforma.

Rechazo de la oposición y la judicatura

Más allá de fuerzas opositoras como el Partito Democratico (PD) o el Movimento 5 Stelle, la reforma también fue rechazada por sindicatos como CGIL (el más grande del país) y gran parte de juristas, que la consideran una amenaza a la independencia judicial. La Asociación Nacional de Magistrados, que aglutina al 96% de jueces y fiscales, se opuso a la reforma al verla como una vía potencial para “crear un poder judicial dócil y sumiso” que hace más frágil el Estado de derecho.

Con todo, Meloni quiso marcar perfil propio sobre el tema y este mes difundió un vídeo explicativo de 13 minutos para movilizar a sus simpatizantes, apelando a una Justicia “más moderna, meritocrática, autónoma, responsable” y “libre de condicionamientos políticos”. La pasada semana, también apareció en Pulp Podcast, pograma del famoso rapero italiano Fedez, donde apeló a votar por “una reforma que mejora el estado de la Justicia en Italia”. Fue de las primeras entrevistas de Meloni en un formato no tradicional, en lo que se vio como parte de una estrategia comunicativa orientada a llegar a otros públicos, como los jóvenes.   

Todo ello sucede en un contexto en que el Ejecutivo aumentó mucho sus críticas al poder judicial desde que está en el poder, con ataques de dirigentes políticos, como la misma Meloni, a sentencias que pusieron freno a las políticas de línea dura en materia migratoria del Gobierno –por ejemplo, su plan de expulsión y detención de migrantes en Albania–.

Esto también hizo que algunos detractos compararan su proyecto de reforma con las políticas llevadas a cabo en la Hungría del primer ministro Víktor Orban. Según Riccardo Magi, diputado y líder del partido opositor +Europa, “Meloni mereció perder por su deriva orbaniana, y ahora se tiene que poner freno a la ley electoral” para la elección directa del primer ministro, otra norma pendiente de aprobar que preocupa a los partidos de la oposición. 

Entre los cambios previstos por la reforma judicial, está la separación de carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional. El Ejecutivo apeló a modificar el sistema, alegando que los profesionales de la Justicia ganarán imparcialidad con carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa, algo que niegan los críticos, que alertaron del mayor control político sobre los tribunales.

A ello se añade la división del Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos distintos para separar a jueces y fiscales, lo que los detractores vieron como una forma de debilitar a este organismo que sirve para el autogobierno de los magistrados. La reforma también prevé el sorteo como vía para designar a miembros de estos organismos, una medida que según el Gobierno reduce la influencia de corrientes políticas internas entre magistrados, aunque los críticos aseguraron que refuerza la interferencia política sobre el sistema judicial.

Italia celebra este 22 y 23 de marzo un referéndum constitucional clave para calibrar el apoyo al Gobierno de Giorgia Meloni y materializar uno de sus planes de mayor peso de la legislatura. La consulta popular se centrará en un plan de reforma judicial que el ejecutivo ve esencial para modernizar la Justicia, aunque oposición, sociedad civil y muchos juristas la consideran un peligroso paso para ejercer control político sobre el sistema judicial. Mientras los sondeos indican que podría ganar el “no”.

Las fuerzas que integran el Ejecutivo han acelerado en los últimos días su campaña para movilizar a su electorado, en un contexto en que los ataques del Gobierno a los jueces han crecido en gran medida estos años, especialmente tras las varias sentencias que tumbaron el plan de expulsión de migrantes desde centros de internamiento en Albania y pusieron límites a las políticas de línea dura del Gobierno en materia migratoria.

El debate sobre la reformulación del sistema judicial italiano —considerado poco funcional, con un modelo de gestión anticuado y una burocracia que lo ralentiza— se remonta a los años 80. Uno de los que intentó cambiarlo a su medida fue el difunto magnate e histórico ex primer ministro Silvio Berlusconi, enmarañado durante su carrera en una treintena de procesos judiciales que incluyeron cargos por soborno, corrupción o prostitución de menores, aunque finalmente solo fue condenado e inhabilitado por fraude fiscal.

En su momento, los cambios que impulsó no prosperaron o fueron tumbados por la Corte Constitucional. Ahora, el Ejecutivo busca recuperar parte de ellos, como la separación de las carreras de jueces y fiscales, secundando en parte las acusaciones del Cavalliere, que incluso llegó a tachar a los magistrados de comunistas.

En esta legislatura, la acusación de que la Justicia está politizada o alineada con la izquierda fue recurrente entre altos cargos como Matteo Salvini o la misma Meloni, que estas semanas han visto cómo el escenario internacional, marcado por el conflicto de Irán, dejaba en segundo plano la campaña del referéndum, mientras los temores de los italianos por la subida de precios y el impacto económico de la guerra marcan la actualidad.

El efecto [electoral] habría sido distinto si la consulta hubiera sido un año antes, cuando Meloni tenía alta popularidad en un panorama internacional en que actuaba como factor decisivo entre Trump y la UE

Matteo Giardiello — Politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma

Esto coge a la primera ministra a contrapié, en una posición delicada por su alianza con Donald Trump —de la que la mandataria se jactó estos años— pero que ahora puede jugar en su contra ante una opinión pública contraria a la guerra que podría trasladar su malestar en el referéndum, según algunos analistas. De hecho, se prevé que la abstención sea cercana al 60%, y los sondeos señalan una pugna reñida entre el “sí” y “no”, aunque el voto contrario a la reforma ha ido ganando cierta ventaja.

Que la votación suceda en esta situación no es ideal para la primera ministra, según Matteo Giardiello, politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma. “El efecto habría sido distinto si la consulta hubiera sido un año antes, cuando Meloni tenía alta popularidad en un panorama internacional en que actuaba como factor decisivo entre Trump y la UE”, comenta el especialista a elDiario.es. En su opinión, ante ello, “el referéndum, más que un voto sobre la reforma, será una prueba política para la mandataria”, en el marco de una campaña marcada por la polarización y politización entre distintas posturas.

El Parlamento aprobó la reforma judicial en otoño con la mayoría de votos de la coalición, pero no tuvo el apoyo de dos tercios de la Cámara necesario para las modificaciones constitucionales que requiere, que afectan a siete artículos de la carta magna, por lo que se someterá a referéndum. Se trata de una consulta confirmatoria que no debe reunir un umbral mínimo de votantes para que el resultado sea válido.

El precedente de Renzi

El Gobierno también evitó plantear la votación como un pleibiscito para prevenir estragos en caso de derrota. Este fue el caso del referéndum para disminuir el poder del Senado que impulsó en 2016 el entonces primer ministro Matteo Renzi, que tuvo que dimitir tras fracasar en la consulta.

La Justicia ha sido la gran piedra en el zapato de Meloni en los últimos años. Para una gran parte de juristas, la reforma va un paso más allá en la meta de socavar su independencia. La Asociación Nacional de Magistrados (ANM), entidad que aglutina a la mayoría de jueces y fiscales de Italia, pide votar “no”, al considerar que llevaría “a crear un poder judicial dócil y sumiso”, con riesgo de debilitar su autonomía y hacer más frágil el Estado de derecho.

“La reforma busca hacer la Justicia más moderna, meritocrática, autónoma, responsable, y sobre todo más libre de condicionamientos políticos. No va contra los magistrados, sino contra la degeneración de un sistema estancado que nunca se adecuó al mundo cambiante que lo rodea”, aseguró este mes la primera ministra, en un vídeo difundido por redes donde pidió ir a votar “sí” ante el temor de que una abstención alta pueda beneficiar a los partidarios del “no”, más movilizados que el electorado progubernamental.

La líder del opositor Partido Demócrata, Elly Schlein, ha estado estos días de gira por Italia para pedir el voto negativo, y este miércoles, la CGIL —principal sindicato del país— hizo un acto de fin de campaña en el centro de Roma abogando por el “no”.

“La reforma crea las condiciones para que el poder judicial sea capturado por los políticos”, estima Giuliano Serges, profesor de derecho constitucional de la Universidad Roma Tre. Según agrega, servirá como test para que Meloni valore si tiene fuerza para seguir con otras reformas clave como el estatus dela figura del primer ministro, llamado Premierato. Este proyecto, ya introducido a nivel parlamentario y pendiente de aprobación final, prevé la elección directa del jefe de Gobierno en comicios, o la obtención del 55% de escaños para la lista ligada al candidato ganador, y es vista por críticos como una medida para reforzar el personalismo en torno a Meloni y el poder de su coalición.

Si esta consulta le funciona, Meloni impulsará otra reforma para pasar de una república parlamentaria a otra presidencial que dé más centralidad al Ejecutivo y el primer ministro

Giuliano Serges — Profesor de derecho constitucional de la Universidad Roma Tre

“Meloni quiere ver cómo va esta consulta. Si le funciona, impulsará pronto la reforma del Premierato, porque ganará fuerza y la oposición lo tendrá difícil para enfrentarse a ella”, asegura Serges a elDiario.es. En la misma línea se pronuncia Giardiello. Según alega, “la reforma judicial debe interpretarse como parte de un plan más amplio para transformar la estructura constitucional italiana”, con el Premierato como meta final. Este proyecto “busca pasar de una república parlamentaria a una presidencial que dé más centralidad al Ejecutivo y el primer ministro”.

Separar a jueces y fiscales

Entre los cambios de la reforma judicial hay un aspecto rebuscado y difícil de descifrar para el italiano medio. Se trata de la separación de las carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional, porque en ambos casos acceden a la magistratura tras superar un mismo examen. Meloni busca modificar el sistema y alega que los funcionarios ganarán imparcialidad si tienen carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa. Los críticos temen, por el contrario, un mayor control político sobre los tribunales.

A ello se añade la división del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) —equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España— en dos órganos distintos que separen a jueces y fiscales, así como la creación de un Tribunal Superior Disciplinario para gestionar casos de mala conducta. La separación, según Serges, hará que tales organismos “corran el riesgo de ser más débiles e influenciables desde el ámbito político”.

Meloni busca modificar el sistema y alega que los funcionarios ganarán imparcialidad si tienen carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa. Los críticos temen, por el contrario, un mayor control político sobre los tribunales

También se prevén otras reglas de elección, como la introducción del sorteo como vía para designar a miembros de estos organismos, una medida que según el Gobierno reducirá la influencia de las corrientes políticas internas entre magistrados, aunque los críticos aseguran que reforzará la interferencia política sobre el sistema judicial.

“El sorteo es ficticio, porque se debe hacer a partir de una lista reducida de potenciales miembros elegidos por el Parlamento, y es muy probable que surjan nombres de personas conectadas al poder político”, asegura a elDiario.es Giuliano Granato, portavoz de Potere al Popolo, fuerza izquierdista extraparlamentaria que estuvo entre los organizadores de una protesta por el “no” en Roma que el pasado sábado reunió a miles de personas.

Desde su punto de vista, “hay un intento de promover un modelo de autoritarismo con esta reforma”. Coincide en este planteamiento con Edoardo, otro participante en la protesta que espera un triunfo del “no” como “primera pequeña señal de oposición al gobierno”.

Apatía ciudadana

El ejecutivo de la líder ultraderechista ha mantenido la estabilidad sin grandes tropiezos desde 2022, y la reforma judicial —promovida en gran medida por el ministro de Justicia, Carlo Nordio— es uno de sus proyectos estrella. Sin embargo, tras semanas de debate en torno a un asunto muy enrevesado para la población a pie de calle, se prevé que muchos acudan a votar no tanto en clave jurídica, sino en función de su apoyo o rechazo a Meloni.

“Esta reforma afecta poco a la vida cotidiana de la gente. Yo iré a votar como forma de decir 'no' al Gobierno”, dice un ciudadano romano consultado por elDiario.es entre las callejuelas del barrio del Trastevere de Roma, en un ambiente de apatía ante la campaña que formaciones del Ejecutivo como la Lega han intentado revertir.

Así lo ha hecho Erika Stefani, senadora de la Lega, miembro de la Comisión de Justicia del Senado y del comité promotor del “sí”, que asegura en una llamada con elDiario.es que la reforma “beneficiará las relaciones entre política y poder judicial, independientemente del partido que esté en el Gobierno, sea de izquierda o derecha”, mientras que no ve ningún cambio “que prevea una interferencia política sobre la Justicia”.

El plan “permitirá a los magistrados, jueces o fiscales hacer carrera independientemente de su afiliación a corrientes políticas”, ya que busca “eliminar el fenómeno del faccionalismo” dentro la Justicia, asegura. Según añade, los cambios afectarán positivamente a los organismos del Consejo Superior de Justicia, donde accederán los juristas “que sean elegidos por sorteo, más allá de su afiliación” a una corriente u otra.

Según Stefani, en caso de perder, la coalición de Meloni no se verá gravemente afectada, porque “tiene un enorme consenso”, y “simplemente significará que la reforma queda aparcada y muere ahí”. El politólogo Giardiello discrepa. Opina que si vence el “sí”, Meloni verá legitimada su agenda y podría acelerar otras reformas como el Premierato, pero que una victoria del 'no' debilitaría al Ejecutivo en un contexto internacional también difícil y podría perjudicar a Meloni de cara a las elecciones de 2027.

La primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, ha indicado durante una rueda de prensa en Varsovia (Polonia) que el país prevé celebrar un referéndum sobre la posibilidad de negociar el ingreso en la Unión Europea “posiblemente en los próximos meses”. Las conversaciones estaban en suspenso desde 2013.

“Todavía no hemos decidido la fecha, pero será en los próximos meses”, ha dicho Frostadóttir en una intervención ante los medios junto al primer ministro de Polonia, Donald Trusk, con motivo de su visita de Estado a Polonia.

Los dos mandatarios han hablado sobre la oportunidad que puede representar la integración, siempre manteniendo “el respeto por la identidad islandesa dentro de Europa”. La dirigente ha indicado, en ese sentido, que sería importante para el país isleño conservar su “identidad ártica”, su “forma de vida” y el modo de uso de los recursos.

Tusk, que regresó al poder en Polonia en diciembre de 2023 con una candidatura proeuropea —fue presidente del Consejo Europeo entre 2014 y 2019— ha defendido que un ejemplo de la bondad de la integración son las encuestas de opinión en Reino Unido, mayoritariamente favorables hoy, una década después de la votación del Brexit, a la pertenencia a la UE. Frostadóttir ha sido menos tajante y ha señalado que su Gobierno hará lo que la población decida.

La coalición gobernante en Reikiavik (integrada por los socialdemócratas de Frostadóttir, los liberales y un tercer partido favorable a la integración) había prometido celebrar un referéndum sobre la reanudación de las negociaciones de adhesión a la UE para 2027, que llevaban paralizadas desde 2013.

El calendario se ha acelerado, sin embargo, en un momento en que EEUU amenaza con anexionar la relativamente cercana Groenlandia y ha impuesto también aranceles al país.

El Gobierno ecuatoriano del derechista Daniel Noboa sufrió este domingo un duro revés político en el referéndum y la consulta popular que rechazó reformar la Constitución vigente en el país sudamericano y llamar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna.

Según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, la opción del 'No' se impuso en las cuatro preguntas planteadas a los ecuatorianos, tres de ellas correspondientes al referéndum y una a la consulta popular. En su informe final de la jornada de votación, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, afirmó que los resultados escrutados mostraban una “tendencia marcada” en todos las interrogantes.

El propio Noboa reconoció su derrota minutos después de las 21.00 horas locales de este domingo, mediante una publicación en la red social X. “Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”, escribió. “Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”, añadió en el mismo mensaje.

Las tres preguntas del referéndum plantearon la posibilidad de levantar la prohibición para instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, eliminar la financiación estatal para los partidos políticos y reducir el número de asambleístas nacionales (legisladores). La consulta interrogó sobre la necesidad de convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución que reemplace la vigente, aprobada durante el Gobierno del izquierdista Rafael Correa (2007-2017).

Con un escrutinio superior al 90% al final de la noche de este domingo, el rechazo a las propuestas de Noboa superaba el 60% en la pregunta sobre las bases militares extranjeras y en la consulta sobre la instalación de una nueva asamblea constituyente; mientras que era más del 50% en las preguntas sobre financiación a partidos políticos y la reducción de asambleístas (de 151 a 73 legisladores).

Más de 13,9 millones de ecuatorianos estaban habilitados para votar. Un porcentaje cercano al 82% de esos electores ejerció su derecho al voto, informó la presidenta del CNE. En Ecuador, el sufragio es obligatorio para las personas mayores de 18 años y menores de 65.

Bases militares y nueva constitución

La victoria del 'No' en las cuatro preguntas está siendo interpretada como una reprobación a la gestión de Noboa, más allá de la opinión de los ecuatorianos sobre los cuatro asuntos planteados en el referéndum y consulta popular.

Consultado al respecto, Gonzalo Ortiz, analista político del periódico ecuatoriano Primicias, manifestó que el presidente cometió errores estratégicos en el proceso electoral que lo deberían llevar a reconducir sus políticas. “Noboa debe reflexionar y dedicarse a la gestión real en lugar del énfasis en redes sociales y TikTok, que no le está funcionando”, dijo en una entrevista con la edición digital del medio.

En una dirección similar, el investigador social Simón Pachano reconoció que Noboa se jugó gran parte de su capital político al someter a decisión del pueblo ecuatoriano dos de sus proyectos más personales: la reapertura de Ecuador a la presencia permanente de fuerzas militares estadounidenses y la redacción de una Constitución que sustituya a la aprobada en 2008. “Tomó un riesgo muy alto, por lo menos en las dos preguntas más importantes: la de las bases militares, porque expresa su posición en el tema de seguridad, y la de la asamblea constituyente”, dijo Pachano, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) con sede en Ecuador, en una entrevista con la cadena CNN.

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad y violencia criminal de grandes dimensiones, ante la cual Noboa viene aplicando estrategias represivas que, sin embargo, considera insuficientes por los límites que le impone la Constitución. Al mando del país desde 2023, el joven gobernante de 37 años fue reelegido este 2025 para ser presidente hasta 2029, un periodo para el que se ha propuesto aplicar transformaciones estructurales que demandan reformas constitucionales.

Además del combate contra la inseguridad, Noboa quiere reestructurar la institucionalidad ecuatoriana para volverla más amigable con los capitales extranjeros y favorable a la creación de empleo.

El presidente llegó confiado a la jornada de votación, para la que las encuestas previas pronosticaban una victoria del 'Sí' en al menos tres de las cuatro preguntas formuladas. La más polémica de ellas fue la que consultó a los ecuatorianos si estaba de acuerdo en eliminar el artículo 5 de la Constitución que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras.

La fe de Noboa en la aprobación de esa propuesta fue tal que llegó a recibir visitas de los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de EEUU para adelantar gestiones de cara a la habilitación de guarniciones militares de Washington en poblaciones como Manta y Salinas, en el Litoral del Pacífico ecuatoriano.

EEUU ya había contado con tropas militares en las Islas Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial, así como entre 1999 y 2009 en la ciudad costera de Manta. Sin embargo, la Constitución de Correa dispuso el desalojo de las fuerzas extranjeras.

No en vano, el expresidente celebró fervorosamente los resultados del referéndum y consulta popular. “La Constitución de Montecristi ha sido ratificada después de 17 años. Por primera vez en la historia de Ecuador una constitución ha sido votada mayoritariamente por los ciudadanos dos veces”, escribió Correa en su cuenta de X al conocerse los resultados. “Gran triunfo de todo un pueblo. Fue una campaña absolutamente ciudadana y sin recursos”, publicó en otro mensaje en la misma red social.

La derrota oficialista en la consulta popular acabó por redondear el fracaso de la estrategia del gobierno de Noboa, pues, en criterio de especialistas, la redacción de una nueva constitución habría servido para incorporar las reformas constitucionales aun recibiendo una negativa en el referéndum.

Distintos analistas coincidieron en que el mayoritario rechazo a las preguntas tuvo un carácter plebiscitario, al poner de manifiesto el malestar de la mayoría ecuatoriana ante el rumbo que está tomando el Gobierno de Noboa. La posibilidad de abrirse nuevamente a fuerzas militares estadounidenses puso en debate la soberanía territorial de Ecuador en un contexto en el que EEUU está aumentando su presencia en la región del caribe.

El catedrático Pachano recordó que la de este domingo fue la decimoquinta consulta popular en la historia política de Ecuador. De todas ellas, en nueve los votantes respondieron con un 'Sí' o un 'No' a todas las preguntas planteadas, lo que quiere decir –en su opinión– que más allá de discernir punto por punto, los ecuatorianos votaron en bloque para aprobar o desaprobar al que formuló las interrogantes, esto es, el gobernante de turno que, en este caso, ha sido Daniel Noboa.

Roger Español, el hombre al que una bala de goma de la Policía Nacional reventó el ojo durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, ha reclamado 13 años de cárcel para los antidisturbios a los que atribuye su lesión. En su escrito de acusación, el activitsta, representado por el centro Irídia, solicita además una indemnización de 320.632,06 euros por las secuelas físicas y psicológicas.

La lesión de Español será la única de las causas judiciales derivadas de las cargas policiales contra la votación soberanista que llegue a juicio. El resto han sido amnistiadas. La de las balas de goma es la única que no se ha incluido en el olvido judicial del procés debido precisamente a las lesiones de gravedad que sufrió Español, motivo que marca su exclusión de la norma.

El abogado del activista mantiene que los cuatro antidisturbios actuaron con “obstinada voluntad de causar daño y dolor” para “castigarle” por su participación en una protesta contra las cargas policiales que, minutos antes, habían ocurrido en los aledaños del colegio Ramon Llull de Barcelona.

Español, asegura el escrito, les había recriminado que hubiesen empujado a los concentrados, y el escopetero de la Policía Nacional disparó en represalia dos balas de goma “sin conseguir impactarlo”.

Fue la tercera bala de goma la que impactó de lleno en la cara de Español. El disparo, recalca la defensa del activista, no se produjo a cuenta y riesgo del escopetero, sino que se realizó “de común acuerdo y por las órdenes” del inspector y los dos subinspectores de la Policía Nacional también acusados.

“Los acusados se aprovecharon de su condición de funcionarios públicos por el lugar en el que se encontraban, por encontrarse protegidos por otros agentes, por disponer de armas y por el conjunto de elementos que componen una intervención policial”, asevera el abogado de Español, Antoni Mansilla.

La de Español (excandidato de Junts al Senado) será, junto a las populares de Òmnium Cultural y la ANC, la única acusación del juicio contra los cuatro agentes. La Fiscalía exculpa a los uniformados, pese a las evidencias forenses de que solo una bala de goma pudo causar las lesiones al hombre.

La Fiscalía descarta que el escopetero de la Policía Nacional disparara con intención a Español, y considera que el impacto que le dejó sin ojo “fue precedido de un uso progresivo de los medios”, de acuerdo con los principios de “oportunidad, congruencia y proporcionalidad”. En consecuencia, reclama la absolución de los procesados.

Español pide nueve años de cárcel y de inhabilitación a cada uno de los cuatro agentes acusados por el delito de lesiones con pérdida de órgano, más otros cuatro años de cárcel y sin la posibilidad de ejercer de policías por el delito de torturas. El juicio no se celebrará casi con seguridad este año, por lo que al menos habrá que esperar hasta nueve años después de los hechos.

La indemnización de 320.632,06 responde a las secuelas físicas y el tratamiento médico que ha necesitado (201.773,62), daños morales por haber tenido que abandonar los estudios médicos que cursaba en el momento de la agresión (30.000 euros) y los incrementos derivados de su condición de discapacidad física fruto de los disparos (88.709,44 euros).

Pues ya tenemos el resultado del referéndum sobre el valenciano en la Generalitat y no parece que pueda decirse que el asunto quede zanjado. Sí podemos intuir que no ha pasado lo que esperaba Mazón.

Los resultados oficiales dicen que han participado un 58% largo de las familias, que están en el empate técnico: un 50,53% votó por el valenciano como lengua base en su centro (la que se usará mayoritariamente) y un 49,47% por el castellano. Para sorpresa de nadie, donde se habla castellano se ha optado por el castellano y viceversa. Tampoco nadie ha levantado una ceja porque las familias de la pública hayan optado por el valenciano y las de la concertada no. Para el Govern es “un éxito” por el que casi el 100% de las familias que han votado podrán estudiar en el idioma de su elección.

Te dejo este gráfico en el que se ve bien el reparto de votos y en este enlace un pormenorizado análisis de los resultados centro a centro, calle a calle (y como casi todo lo que hacen los compis de la Comunitat Valenciana, lo tenemos también en valenciano).

Omitió el consejero cuando hizo esta valoración que eso solo será posible en los centros grandes, donde haya alumnos suficientes para llenar dos o más unidades escolares. En los que solo tienen un aula por curso solo sería posible contratando profesorado, y eso se sabe que no es el fuerte de Mazón. También se olvidó de las 240.000 que no han votado –cuatro de cada diez–.

Mi compañera Raquel Ejerique, valenciana y residente en València, explica en este análisis el autogol que se ha metido el presidente Mazón con la consulta. “En ese 'concurso de idiomas' planteado por el Consell como obligación (la abstención no se contemplaba como posibilidad en la votación) ha ganado el valenciano. Por muy poco, 50,53% frente a un 49,47%, pero simbólicamente es mucho porque muestra lo contrario de lo que Mazón quiso demostrar cuando planteó la consulta (...). Los resultados muestran una realidad provincial conocida y de la que algunos dentro del partido iban avisando cuando Mazón utilizaba la lengua para hacer política educativa: ”Los votantes del PP también hablan valenciano y también tienen a sus hijos en colegios valencianos“.

Yo no soy valenciano ni conozco al detalle la idiosincrasia local, pero, sinceramente, me cuesta ver una sola ventaja a rechazar el valenciano (o el catalán o el euskera o el gallego) en la escuela. Es quitarle un idioma a tu hijo o hija a cambio de nada, porque castellano va a aprender igual de bien. Ni eso es un riesgo real ni el castellano está amenazado, como se argumenta a veces en este tema. Si alguien tiene a bien explicármelo me encantará intentar entenderlo.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

El organizador de una gran fiesta independentista para conmemorar el 1 de octubre, celebrada en Arenys de Mar a finales del pasado septiembre, está en paradero desconocido y no ha pagado a los empleados que trabajaron en el evento, según ha avanzado La Vanguardia. La cantidad presuntamente defraudada ascendería a más de 100.000 euros.

Tanto el mencionado periódico como la agencia ACN han confirmado con diversos afectados que el organizador del evento, Jordi Mateu, ha desaparecido y no les ha pagado el dinero pactado. El consistorio de Arenys de Mar, donde se celebró el evento, ha anunciado que prepara una querella por estafa. Consideran que la organización convenció a muchas empresas asegurando que el Ayuntamiento estaba detrás del acto, cuando realmente solo cedió algunos espacios.

Al evento, llamado Som 1 d'octubre, acudieron cientos de personas para ver los conciertos de diversos cantantes y artistas. También participaron en los actos algunos de los principales líderes políticos del independentismo. Estuvieron Josep Rull, Jordi Turull, Laura Borràs, Joaquim Forn, Francesc de Dalmases y Aurora Madaula, en representación de Junts. Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig intervinieron vía videoconferencia.

Por parte de la CUP acudieron tanto Carles Riera como Dolors Sabater, mientras que en nombre de ERC acudieron la exconsellera Tània Verge, Joan Queralt y Gemma Humet. En el acto también tomaron la palabra el empresario Jaume Roures, el exdiputado de la CUP y abogado Benet Salellas y el periodista Vicent Partal, entre otros.

Según La Vanguardia, decenas de entidades independentistas involucradas en la organización se han desmarcado ahora del evento incluida la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que aparecía como una de las organizadoras del acto. Organizaciones como Òmnium Cultural, CDR, AMI o el Consell per la República, también apoyaron la actividad.

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha exigido al Estado español que haga “autocrítica” sobre su reacción tras el referéndum del 1 de octubre y ha asegurado que la Ley de Amnistía, si bien fue “la primera reacción tras un comportamiento represor y antidemocrático”, no es “suficiente para reparar el daño a la ciudadanía”.

Así se ha expresado en un acto organizado por el Consell de la República, entidad encabezada por el expresident, con motivo del séptimo aniversario de la consulta. Ha reivindicado la “contundencia” del referéndum y ha criticado a quienes pretendan gobernar de espaldas a él e intenten convertir la Generalitat en una “gestoría con un encefalograma políticamente plano”.

“No hay suficientes gomas de borrar para eliminarlo de nuestra historia”, ha dicho Puigdemont y, en alusión explícita al president Illa, ha considerado no se puede hablar de “normalidad” ni “normalización” en Catalunya mientras algunos tengan que “luchar con las manos atadas a la espalda”.

Con todo, Puigdemont ha asegurado que seguirá luchando por la independencia. “No tiramos la toalla ni lo haremos nunca, y menos ahora que la falta de unidad ha tenido consecuencias nefastas para la nación”, ha asegurado.

ERC insta a Junts a “no alinearse” con el PP y Vox

La estrategia de ERC y Junts en el Congreso es uno de los puntos en los que se notan las diferencias y falta de unidad entre partidos independentistas. El voto de Junts sobre la financiación singular es, a día de hoy, una incógnita y sin el apoyo de los de Puigdemont no saldría adelante.

Por eso, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha instado a Junts a “alinearse con Catalunya y no con el PP y Vox”. En este sentido, la republicana ha cargado duramente contra los de Puigdemont por “aliarse con la derecha españolista” votando en contra de la regulación de los alquileres de temporada.

“Que decidan en qué lado de la mesa quieren estar”, ha dicho Vilalta, que asegura que los suyos estarán al “lado de Catalunya y de hacer cumplir el acuerdo”.

Las campanas de la torreta del Ayuntamiento de Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo) continuarán sonando puntualmente cada hora entre la medianoche y las 6.00 horas de la mañana, tal y como han decidido en votación popular los vecinos y vecinas de la localidad.

La consulta, abierta por el Gobierno municipal encabezado por el alcalde Ángel Farao, se ha saldado con un total de 149 votos, de alrededor de 400 personas llamadas a participar en la consulta, con 147 votos a favor de mantener las campanadas frente a tan solo 2 partidarias de interrumpirlas en horario de madrugada.

Según ha explicado a Europa Press el concejal de Medio Ambiente, Urbanismo y Mantenimiento del municipio, Gustavo Delgado, la consulta se abrió el pasado lunes, 16 de septiembre, tras una serie de quejas de vecinos durante los meses de verano y se ha mantenido abierta hasta este viernes 20 de septiembre a las 12.00 horas.

Más quejas que votos en contra

“Ahora tenemos 300 personas, pero en el mes de agosto hay cerca de 3.000”, ha explicado el concejal, con relación al número de personas afectadas. “Vinieron a pronunciarse sobre las campanadas, porque yo lo comprendo perfectamente que a horas de la noche pueda causar una perturbación en el sueño”, ha señalado, ahondando en que el número de quejas superaba al mostrado por los resultados del referéndum.

Ante la polémica levantada, el equipo de Gobierno local decidió “dar voz a los vecinos y vecinas, y como la mejor manera de poder materializarlo o poder sentirse valorados y escuchados, a través del referéndum”.

Delgado ha reconocido que el referéndum ha expresado un sentir de la mayoría de la población, aunque ha defendido la pertinencia de la consulta, ya que “pueblos aledaños a este, Campillo de la Jara, por ejemplo, las campanas no suenan de doce a ocho de la mañana”.

“Es algo que ha estado aquí toda la vida”

Decenas de vecinos y vecinas del municipio se han acercado a la sede del Ayuntamiento para conocer de primera mano el resultado de la consulta, que también les ha sido transmitida a través de una plataforma digital de bandos municipales tras el debido recuento. La mayoría de ellos han celebrado el resultado del referéndum, defendiendo la pertinencia de mantener las campanadas durante las horas de madrugada, dado que “es algo que ha estado aquí toda la vida”.

En esta línea se ha manifestado Aurora, una vecina residente en el municipio “desde hace 23 años”, que ha señalado que las campanadas han venido sonando puntualmente cada hora. “Eso ha sido de toda la vida”, ha señalado Aurora, añadiendo que “en todos los pueblos hay esto”.

La vecina, partidaria de mantener las campanadas, ha subrayado el resultado de la consulta, defendiendo que los vecinos “en general, están a favor de que toquen las campanas”. “A mí me gusta, el sonido que tiene me gusta. Y el que no le guste, pues te digo lo mismo, que se pongan tapones, y que se vayan al cerro, que allí no escucha a nadie”, ha añadido.

Sin embargo, a pesar de los resultados, no faltaba algún vecino discrepante. Es el caso de Sergio, que reside “a apenas cinco metros de las campanas de la torre del Ayuntamiento”. “A mí sí que me molesta de vez en cuando porque cuando hay mucho estrés o estás cansado y eso y quieres dormir, no puedes dormir, pues suena y es como un martillazo”, ha explicado el vecino.

A pesar de su oposición, Sergio ha reconocido el resultado de la consulta con deportividad, exponiendo que entiende las razones de los vecinos que quieren mantenerlas, ya que “es un sonido familiar” y que a muchos de los vecinos de mayor edad “les acompaña”. “A mí de todas formas me da igual, me iré al monte a dormir o qué sé yo”, afirma, con sentido del humor.

Participación ciudadana

El referéndum presentado por el Ayuntamiento ha despertado el interés de la población, un factor que Gustavo Delgado ha subrayado como positivo de cara a fomentar la participación.

“Lo veo positivo porque eso indica que hay iniciativa por la gente, en que cada uno defiende lo que realmente cree que debe defender”, ha manifestado en este sentido.

En este sentido, ha señalado que con toda probabilidad no será la última consulta que se realice en Aldeanueva de San Bartolomé, ya que “los vecinos saben que tienen derecho plenamente”. “Además, nosotros les animamos a que vengan aquí al Consistorio y a cualquier duda y problema que tengan, pues que lo hagan saber y aquí seguiremos de canal para poder valorarlo y materializarlo si realmente conviene”, ha concluido Delgado.

En los barrios históricos y las zonas del corazón de Lisboa, los residentes son minoría desde hace varios años, ya que los turistas llenan los pisos turísticos donde antes vivía gente. Ahora, un grupo de ciudadanos quiere poner freno y acabar con los pisos turísticos en edificios residenciales mediante la celebración de un referéndum a nivel municipal.

Se calcula que en toda la capital portuguesa hay actualmente más de 19.000 pisos turísticos. Muchos de estos alojamientos se encuentran en edificios anteriormente en ruinas y que han sido rehabilitados específicamente para este fin. Otros estaban habitados, pero sus ocupantes han visto sus contratos de arrendamiento cancelados o el precio de estos se ha disparado. Con una crisis inmobiliaria en curso y una falta de construcción de viviendas destinadas a las clases medias, Portugal se enfrenta a una compleja situación: ¿Hasta dónde puede crecer el turismo? ¿Ha ido demasiado lejos?

Diogo Guerra cree que sí. Es miembro del movimiento “Referéndum por la vivienda”, el colectivo que lleva unos meses recogiendo firmas para que los lisboetas voten sobre la situación del turismo en la ciudad. Diogo Guerra explica a elDiario.es que el movimiento se formó porque no ven “a los políticos aplicar medidas” para controlar la turistificación de la ciudad.

La mitad del crecimiento económico de Portugal se debe al turismo

En 2022 el Tribunal Supremo de Justicia publicó una sentencia que dejaba claro que la actividad de los pisos turísticos no es compatible con un edificio donde viven personas. A pesar de la jurisprudencia, nada ha cambiado en Portugal e incluso ha aumentado el número de pisos turísticos. Según Diogo Guerra esto se debe a que se ha creado la idea de que “el turismo es la salvación de Portugal y, por lo tanto, no se puede tocar”, pero “no hay una evaluación crítica” de las consecuencias, sobre todo de las repercusiones para el sector de la vivienda y el perfil de empleos inestables y mal pagados que se han creado.

Tras la crisis económica de 2010, el país se reconstruyó aumentando el peso y la dependencia del turismo en la actividad económica. El alquiler informal de viviendas, tradicionalmente asociado a las zonas de playa, se ha expandido en las grandes ciudades, sobre todo en sintonía con el crecimiento de la plataforma Airbnb. Entre 2010 y 2023, Lisboa vio crecer el número de pisos turísticos de 500 a 19.000.

Basta con echar un vistazo a las cifras: Portugal creció un 2,3% el año pasado y casi la mitad del crecimiento (1,1%) impulsado por el sector turístico. El sector representa ahora en torno al 13% del PIB portugués.

A pesar de este panorama, Diogo Guerra se niega a echar toda la culpa de la crisis inmobiliaria al turismo: “Somos perfectamente conscientes de que la crisis no se debe a un único factor, entre otras cosas porque hay una enorme falta de construcción de viviendas”, afirma. En la última década, el sector de la construcción se ha centrado principalmente en edificar para la clase alta y para el turismo.

El referéndum

Este agosto entraron en vigor los incentivos propuestos por el Gobierno de centroderecha para que los jóvenes de hasta 35 años compren una vivienda –como la posibilidad de financiar el 100% del valor de la casa y la dispensa de pagar algunos impuestos durante la compra–, pero en un país en el que, de media, la gente deja la casa de sus padres a los 30 años, las medidas se consideran insuficientes, ya que no hay casas disponibles a un valor compatible con los bajos salarios que ofrece el país.

Diogo Guerra explica a elDiario.es que la idea es someter a referéndum local dos preguntas: una para preguntar a los lisboetas si están de acuerdo con la anulación en un plazo de 180 días de todas las licencias de pisos turísticos en edificios residenciales, y otra para preguntar si están de acuerdo con cambiar la normativa municipal para impedir nuevas licencias de pisos turísticos.

De momento, son los ayuntamientos los que definen las ratios de pisos turísticos en sus municipios. Actualmente, 16 de las 24 freguesias (barrios) de Lisboa no permiten nuevas licencias por haber superado el ratio del 15% de pisos turísticos sobre el total de viviendas. Sin embargo, hay excepciones que permiten aumentar el número de pisos turísticos, como en los casos en los que el edificio que se va a destinar a ocupación turística se encuentre en ruinas y sea remodelado para este fin.

Habiendo conseguido ya reunir las 5.000 firmas necesarias, el colectivo “Referéndum por la vivienda” entregará la propuesta a la Asamblea Municipal de Lisboa (órgano deliberativo del ayuntamiento) después del periodo de vacaciones. Aún no se ha hecho pública la postura de los distintos partidos, pero este órgano deliberativo cuenta con una mayoría de miembros de los partidos de izquierda que abogan por limitar los pisos turísticos en la ciudad, aunque los socialistas no defienden la retirada de las licencias existentes.

Las dos preguntas propuestas pasarán entonces a los tribunales para que verifiquen su viabilidad y constitucionalidad. El referéndum podría convocarse para la próxima primavera, o al menos eso es lo que espera el grupo de ciudadanos al que se le ocurrió la idea de este referéndum. Para que el resultado sea vinculante, debe haber una participación de al menos el 50% de los 465.000 electores de Lisboa, pero es tradición en Portugal que los órganos políticos respeten los resultados de las consultas a pesar de no alcanzar la mitad del censo electoral. Si los diputados aprueban su celebración, será la primera vez que se realice un referéndum local propuesto por los ciudadanos y no por los órganos municipales.

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, elegido por una coalición de centroderecha, tiene un discurso contradictorio sobre los pisos turísticos. En julio dijo en una entrevista a El País, que “es inaceptable que algunas zonas de la ciudad tengan un 65% de pisos turísticos” –como ocurre en algunos barrios históricos–, pero antes también fue crítico con las decisiones del Gobierno socialista que limitaban la expansión de este tipo de alojamientos para turistas, e incluso apoyó a los propietarios de pisos turísticos en una manifestación contra las medidas del anterior Gobierno. 

Por el momento, Carlos Moedas se niega a retirar licencias en zonas donde la presión supera los límites desde hace tiempo, pero admite no renovarlas. El alcalde aún no se ha pronunciado sobre la propuesta de referéndum.

No es la primera vez que se celebra un referéndum local en Lisboa. En febrero de 2023 se dio a escoger a los residentes del barrio de Benfica si querían que el aparcamiento fuera de pago en el barrio, pero la gran mayoría de los votantes (80%) prefirió mantener su barrio sin parquímetros.

Amnistía en marcha en Catalunya. El juzgado de Barcelona que investiga las cargas del 1-O y la Sección de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han dado cinco días a la Fiscalía y las partes de los respectivos casos para que valoren la aplicación de la amnistía sobre los 45 policías y otros 16 candidatos a la amnistía, entre ellos el exconseller de Interior catalán Miquel Buch condenado por la escolta de Puigdemont en Waterloo.

La Sección de Apelaciones del TSJC ha señalado ya el día 25 de junio para deliberar y votar si aplica la amnistía sobre ocho casos que tiene sobre la mesa, entre ellos el de Buch y Lluís Escolà, condenados por la Audiencia de Barcelona a cuatro años de cárcel por proveer ilegalmente de escolta a Carles Puigdemont. El mismo día los magistrados decidirán si amnistían a una decena de jóvenes condenados por altercados del procés en distintos casos.

La ley da dos meses a los jueces para decidir si aplican la amnistía, pero la Sección que preside la magistrada Àngels Vivas no ha querido apurar y ha convocado la deliberación y fallo de los casos 'amnistiables' para el 25 de junio, primer día laborable –el lunes 24 es festivo por Sant Joan en Catalunya– después de que venza el plazo que obliga la ley a dar a Fiscalía y las demás partes para que se posicionen.

El primer paso lo había formulado unas horas antes dado el juzgado de Barcelona que investiga a 45 agentes por las cargas del 1-O, que ha dado cinco días a la Fiscalía, las acusaciones particulares de los heridos y las defensas para que valoren la aplicación de la amnistía sobre los uniformados, tal y como algunos ya han empezado a pedir.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza que sustituye al titular del juzgado da cinco días a las partes para que “aleguen lo que a su derecho convenga” respecto a la aplicación de la amnistía. Recabar la opinión de las acusaciones y defensas del caso es un paso necesario que marca la norma de olvido penal del procés antes de que los jueces apliquen la amnistía.

Sobre el papel, la ley engloba todas las cargas investigadas en el juzgado de instrucción 7 de Barcelona, ya que solo excluye de la amnistía las torturas o tratos degradantes que superen un “umbral mínimo de gravedad” conforme a la normativa europea, aunque las acusaciones de los heridos creen que algunos de los 45 agentes investigados sí deberían ir a juicio porque su actuación el 1-O podría suponer un delito de torturas.

El centro de Derechos Humanos Irídia, que representa a varios heridos el 1-O, ya ha avanzado que se opondrá a que se amnistíe a todos los agentes. A su juicio, los agentes ejercieron un trato inhumano o degradante a los votantes, por lo que no deberían ser amnistiados. El resto de acusaciones particulares de los heridos se pronunciarán a lo largo de la próxima semana sobre si procede amnistiar a todos los agentes.

El plazo para pronunciarse de Fiscalía, acusaciones y defensas vencerá el próximo viernes 21 de junio, según las fuentes consultadas, por lo que el juez podría resolver ya sobre la amnistía a los agentes a la semana siguiente, lo que convertiría la causa de las cargas del 1-O en una de las primeras sobre las que se aplica el olvido penal del procés.

Por su lado, nueve de los 45 agentes investigados ya han pedido ser amnistiados para “aliviar” su situación procesal. Los policías alegan que “en ningún caso” se les puede dejar fuera de la amnistía, ya que su uso de la fuerza contra los votantes el 1-O no resultó un trato degradante o una tortura. Los uniformados insisten además en que están imputados “por meras fotografías, sin acreditar su autoría, o por una aplicación del uso de la fuerza en su mínima expresión, de más que dudosa ilicitud, ya no penal sino incluso administrativa”.

La ley de amnistía busca dejar en el olvido las causas judiciales que han saturado la política catalana los últimos años. La norma, que pretende un alcance global, incluye amnistiar tanto los preparativos del referéndum del 1-O que llevaron a cabo los independentistas como las actuaciones policiales para impedirlo, como las cargas contra votantes de la consulta.

Además de los 45 agentes investigados en el juzgado de instrucción 7 de Barcelona, la Audiencia de Barcelona deberá decidir si amnistía a otros cuatro agentes que ya esperan juicio y están acusados de dejar sin ojo a un independentista el 1-O con una bala de goma. Este caso sí parece más difícil que entre en la amnistía, ya que la norma excluye expresamente los actos dolosos que hayan producido la pérdida de un miembro, si bien la Fiscalía ya ha pedido que los agentes no sean juzgados porque, sostiene, cumplían órdenes de sus superiores.