La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, inicia una 'purga' en su Gobierno tras la sonora derrota de su referéndum sobre la reforma judicial y fuerza la dimisión de la ministra de Turismo y dos altos cargos de Justicia.

La última salida ha sido la de Daniela Santanchè, titular de Turismo y miembro del partido ultra Fratelli d'Italia de Meloni, que ha presentado este miércoles su dimisión, como le había pedido públicamente la líder del Ejecutivo y pese a su resistencia a hacerlo. “Querida Giorgia, te presento, como has deseado públicamente, mi dimisión del cargo de ministra que quisiste encargarme y que creo que he desempeñado con mis mejores capacidades”, se lee en una carta dirigida a la inquilina del Palazzo Chigi y difundida por el ministerio.

El resultado del referéndum —donde el 'no' a la propuesta se impuso con un 54% de los votos— propició la dimisión de dos polémicos altos cargos del Gobierno, criticados por haber empañado la campaña con sus declaraciones y acciones: el subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro, y la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi.

La hasta ahora ministra era uno de los miembros más polémicos del Gobierno por estar implicada en varios procesos judiciales y de fraude. Sin embargo, la primera ministra no ha explicitado los motivos de su petición de renuncia hacia ella. “He querido (y espero que lo entiendas) que quedara públicamente claro que eras tú quien me pedía dejar este cargo, porque, como siempre he dicho, habría dimitido solo ante una solicitud tuya explícita y pública. Quería que quedara claro, por mi honorabilidad, que doy un paso atrás únicamente ante la petición que la jefa de mi partido considera útil y oportuna”, afirma Santanchè en su carta. En la misma, también defiende que actualmente tiene un historial penal “impecable”.

Sobre su decisión de no dimitir inmediatamente, sostiene su intención de separar su renuncia del resultado del referéndum. “Quería que se mantuviera separada tanto de los comentarios sobre el referéndum, ya que no quisiera ser el chivo expiatorio de una derrota que ciertamente no ha sido determinada por mí”, alega.

Santanchè termina su misiva confesando su “amargura” y tendiendo su mano a la primera ministra: “En mi vida estoy acostumbrada a asumir mis responsabilidades y, a menudo, también las de los demás. Valoro más nuestra amistad y el futuro de nuestro movimiento”.

Se trata de la segunda dimisión de un ministro en el Gobierno de Meloni, después de la del extitular de Cultura, Gennaro Sangiuliano, en agosto de 2024 por un escándalo sentimental.

La legislatura se tuerce para Meloni

Hasta hace pocos días el horizonte político de Meloni, en el último tramo de una legislatura que concluirá previsiblemente en 2027, estaba limpio de nubarrones, pero han surgido inesperadamente con su fracaso en el referéndum al que sometió su importante reforma de la magistratura.

El resultado más inmediato ha sido la alegría de una oposición de centro-izquierda que rechazaba en bloque la reforma y que se apunta un triunfo simbólico. Pero también el disgusto de los partidos en el Gobierno y de la mandataria ante su primera gran derrota, que se interpreta también como una encuesta sobre la popularidad de la que goza la líder ultraderechista, al tratarse de una de sus medidas estrella.

La participación ha sido clave, según los medios italianos: se acerca al 59% de los 51,4 millones de italianos llamados a votar en una consulta que no requería una tasa de participación mínima para que el resultado sea válido. Ha sido el referéndum con mayor afluencia de la última década, tras otro celebrado en 2016 sobre la composición del Senado donde se llegó al 65% y que derivó en la derrota y dimisión de su gran promotor, el ex primer ministro Matteo Renzi.

En los últimos días y semanas, la campaña se aceleró en medio de la polarización y la apatía de gran parte de la ciudadanía que, en muchos casos, no entendió los tecnicismos enrevesados de la reforma y fue a votar más bien en función de su apoyo o rechazo al Gobierno ultraderechista de Meloni.

Entre los cambios previstos por la reforma judicial, está la separación de carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional. El Ejecutivo apeló a modificar el sistema, alegando que los profesionales de la Justicia ganarán imparcialidad con carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa, algo que niegan los críticos, que alertaron del mayor control político sobre los tribunales.

El rechazo a la polémica reforma de la Justicia promovida por el Gobierno de Giorgia Meloni parece imponerse este lunes, tras dos días de votaciones en un referéndum constitucional en Italia, en el que el NO ganó con el 53,7% de los votos, en lo que los analistas interpretan como uno de los mayores golpes políticos para la coalición de la ultraderechista desde que asumió el poder en 2022.

El SÍ, posición defendida por el Ejecutivo, ha obtenido el 46,3% de los apoyos, lo cual representa una derrota para uno de los proyectos estrella de Meloni, en una votación que se interpreta también como una encuesta sobre la popularidad de la que goza la líder ultraderechista ante los comicios previstos para 2027.

Tras el escrutinio de más de 73% de sufragios, Meloni reconoció la derrota en un post en la red social X. “Los italianos han decidido, y respetamos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto por el pueblo italiano e Italia”, declaró la mandataria, que lamentó que con este referéndum hubo “una ocasión perdida para modernizar” el país, aunque enfatizó su voluntad de seguir en el poder hasta agotar la legislatura. “Esto no cambia nuestro empeño para continuar con seriedad y determinación a trabajar por el bien de la nación y honorar el mandato que se nos ha confiado”, agregó. 

Meloni apeló a la reforma para modernizar la Justicia, mientras oposición y la mayoría de juristas se opusieron al plan por considerarlo un paso peligroso para ejercer control político sobre la judicatura y una amenaza a la separación de poderes. 

El resultado, en caso de confirmarse, supone uno de los mayores traspiés para la coalición de gobierno de Meloni en los más de tres años que lleva en el poder y encarna un triunfo simbólico para los partidos de la oposición de centro-izquierda, que rechazaron casi en bloque la reforma e hicieron una activa campaña para movilizar a su electorado por el NO.

Según el líder del opositor Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, la victoria del NO “es una señal política contundente” y “un resultado claro” que muestra el descontento con el Ejecutivo derechista, y ahora “se abre una nueva etapa política” en que los ciudadanos “quieren una política más atenta a las necesidades de la gente”.   

La participación ha sido clave, según los medios italianos: se acerca al 59% de los 51,4 millones de italianos llamados a votar en una consulta que no requería una tasa de participación mínima para que el resultado sea válido. Ha sido el referéndum con mayor afluencia de la última década, tras otro celebrado en 2016 sobre la composición del Senado donde se llegó al 65% y que derivó en la derrota y dimisión de su gran promotor, el ex primer ministro Matteo Renzi.

En los últimos días y semanas, la campaña se aceleró en medio de la polarización y la apatía de gran parte de la ciudadanía que, en muchos casos, no entendió los tecnicismos enrevesados de la reforma y fue a votar más bien en función de su apoyo o rechazo al Gobierno ultraderechista de Meloni. Todo ello sucedió además en un momento en que el escenario de inestabilidad internacional derivado del conflicto en Irán fue el centro de atención, dejando la consulta en un segundo plano, aunque la elevada participación indica que la cuestión ganó peso y consiguió movilizar a una buena parte del electorado.

“No se comprende nada de esta reforma. Si no la entienden ni los políticos, ¿cómo la van a entender los ciudadanos?”, se quejaba un anciano a elDiario, tras votar NO en un colegio del barrio de Pigneto, a las afueras de Roma, en lo que consideraba como “un referéndum político”. Otro votante de mediana edad, Daniele, defendió la reforma como “un cambio” para el futuro de Italia. Un tercer votante, Marco, señaló que lo importante fue votar NO por temor a que el plan conlleve “un traslado demasiado grande de poderes al Gobierno” y una deriva autoritaria.

Giovanni, a la salido del colegio electoral, dijo a este periódico que votó contra la reforma para proteger la Constitución de 1948, “una de las más bellas y democráticas del mundo”, elaborada con espíritu antifascista tras el fin del régimen de Benito Mussolini, y que el hombre consideró que no se debe tocar. “La reforma es sólo la punta del iceberg”, añadió este italiano en su cincuentena, que teme que el Gobierno de Meloni dé más pasos para reforzar su poder, como la reforma del Premeriato, que establece la elección directa del primer ministro.

“Este resultado no supone una derrota total para el Gobierno de Meloni, peró sí un revés significativo” que resta peso a la posición de fuerza que hasta ahora mantuvo su Ejecutivo, destaca a elDiario.es Giorgia Bulli, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de los Estudios de Florencia y experta en ultraderecha.

Según la docente, la consulta ha evidenciado también que “la confianza entre la primera ministra y el electorado tiene un límite, y este fue la Constitución, ya que los italianos ya han demostrado varias veces que prestan mucha atención cuando se trata de enmendar normas constitucionales”, y el NO a la consulta pone un freno a la coalición.

En otoño, la reforma judicial fue aprobada a nivel parlamentario con mayoría de votos de la coalición gobernante, pero no tuvo el apoyo de dos tercios de la Cámara necesario para medidas que introducen modificaciones constitucionales como esta reforma, que conlleva cambios en siete artículos de la Carta Magna, por lo que se debió someter a referéndum.

Con todo, según Bulli, “sin duda este es el primer golpe político relevante que recibe Meloni” desde que asumió el poder. La politóloga valoró también la gran capacidad de movilización del sector contrario a la reforma, más alta de lo que se esperaba en un principio.

Según los expertos, más allá de la cuestión judicial, este referéndum fue una prueba política para medir las fuerzas de Meloni y calibrar sus apoyos ante las elecciones generales previstas el año próximo. De hecho, la primera ministra ya anticipó que no dimitiría en caso de perder la consulta y ver fracasar su plan.

Ahora se verá cuánto puede afectarle este resultado en los comicios venideros. Pese al contrapié de hoy, Bulli considera que es aún temprano para hablar de un posible cambio de ciclo político en el país. “No creo que el electorado italiano se haya descubierto de repente como un electorado de centroizquierda, no diría eso”, matiza la analista.  

Por su parte, Matteo Giardiello, politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma, estima que el No al referéndum lleva al gobierno a “una situación inestable”que resta legitimidad a Meloni, ya que “ha puesto su propia cara y su poder político” para una campaña donde se abocó a promover abiertamente el SÍ.

“La coalición derechista invirtió mucho en ello, y es su primera gran derrota desde que está en el poder”, asegura Giardiello, que incide en que no provocará la dimisión del Ejecutivo, pero sí podría acarrear dimisiones de altos cargos como el ministro de Justicia, Carlo Nordio, principal promotor de la reforma.

Rechazo de la oposición y la judicatura

Más allá de fuerzas opositoras como el Partito Democratico (PD) o el Movimento 5 Stelle, la reforma también fue rechazada por sindicatos como CGIL (el más grande del país) y gran parte de juristas, que la consideran una amenaza a la independencia judicial. La Asociación Nacional de Magistrados, que aglutina al 96% de jueces y fiscales, se opuso a la reforma al verla como una vía potencial para “crear un poder judicial dócil y sumiso” que hace más frágil el Estado de derecho.

Con todo, Meloni quiso marcar perfil propio sobre el tema y este mes difundió un vídeo explicativo de 13 minutos para movilizar a sus simpatizantes, apelando a una Justicia “más moderna, meritocrática, autónoma, responsable” y “libre de condicionamientos políticos”. La pasada semana, también apareció en Pulp Podcast, pograma del famoso rapero italiano Fedez, donde apeló a votar por “una reforma que mejora el estado de la Justicia en Italia”. Fue de las primeras entrevistas de Meloni en un formato no tradicional, en lo que se vio como parte de una estrategia comunicativa orientada a llegar a otros públicos, como los jóvenes.   

Todo ello sucede en un contexto en que el Ejecutivo aumentó mucho sus críticas al poder judicial desde que está en el poder, con ataques de dirigentes políticos, como la misma Meloni, a sentencias que pusieron freno a las políticas de línea dura en materia migratoria del Gobierno –por ejemplo, su plan de expulsión y detención de migrantes en Albania–.

Esto también hizo que algunos detractos compararan su proyecto de reforma con las políticas llevadas a cabo en la Hungría del primer ministro Víktor Orban. Según Riccardo Magi, diputado y líder del partido opositor +Europa, “Meloni mereció perder por su deriva orbaniana, y ahora se tiene que poner freno a la ley electoral” para la elección directa del primer ministro, otra norma pendiente de aprobar que preocupa a los partidos de la oposición. 

Entre los cambios previstos por la reforma judicial, está la separación de carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional. El Ejecutivo apeló a modificar el sistema, alegando que los profesionales de la Justicia ganarán imparcialidad con carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa, algo que niegan los críticos, que alertaron del mayor control político sobre los tribunales.

A ello se añade la división del Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos distintos para separar a jueces y fiscales, lo que los detractores vieron como una forma de debilitar a este organismo que sirve para el autogobierno de los magistrados. La reforma también prevé el sorteo como vía para designar a miembros de estos organismos, una medida que según el Gobierno reduce la influencia de corrientes políticas internas entre magistrados, aunque los críticos aseguraron que refuerza la interferencia política sobre el sistema judicial.

Italia celebra este 22 y 23 de marzo un referéndum constitucional clave para calibrar el apoyo al Gobierno de Giorgia Meloni y materializar uno de sus planes de mayor peso de la legislatura. La consulta popular se centrará en un plan de reforma judicial que el ejecutivo ve esencial para modernizar la Justicia, aunque oposición, sociedad civil y muchos juristas la consideran un peligroso paso para ejercer control político sobre el sistema judicial. Mientras los sondeos indican que podría ganar el “no”.

Las fuerzas que integran el Ejecutivo han acelerado en los últimos días su campaña para movilizar a su electorado, en un contexto en que los ataques del Gobierno a los jueces han crecido en gran medida estos años, especialmente tras las varias sentencias que tumbaron el plan de expulsión de migrantes desde centros de internamiento en Albania y pusieron límites a las políticas de línea dura del Gobierno en materia migratoria.

El debate sobre la reformulación del sistema judicial italiano —considerado poco funcional, con un modelo de gestión anticuado y una burocracia que lo ralentiza— se remonta a los años 80. Uno de los que intentó cambiarlo a su medida fue el difunto magnate e histórico ex primer ministro Silvio Berlusconi, enmarañado durante su carrera en una treintena de procesos judiciales que incluyeron cargos por soborno, corrupción o prostitución de menores, aunque finalmente solo fue condenado e inhabilitado por fraude fiscal.

En su momento, los cambios que impulsó no prosperaron o fueron tumbados por la Corte Constitucional. Ahora, el Ejecutivo busca recuperar parte de ellos, como la separación de las carreras de jueces y fiscales, secundando en parte las acusaciones del Cavalliere, que incluso llegó a tachar a los magistrados de comunistas.

En esta legislatura, la acusación de que la Justicia está politizada o alineada con la izquierda fue recurrente entre altos cargos como Matteo Salvini o la misma Meloni, que estas semanas han visto cómo el escenario internacional, marcado por el conflicto de Irán, dejaba en segundo plano la campaña del referéndum, mientras los temores de los italianos por la subida de precios y el impacto económico de la guerra marcan la actualidad.

El efecto [electoral] habría sido distinto si la consulta hubiera sido un año antes, cuando Meloni tenía alta popularidad en un panorama internacional en que actuaba como factor decisivo entre Trump y la UE

Matteo Giardiello — Politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma

Esto coge a la primera ministra a contrapié, en una posición delicada por su alianza con Donald Trump —de la que la mandataria se jactó estos años— pero que ahora puede jugar en su contra ante una opinión pública contraria a la guerra que podría trasladar su malestar en el referéndum, según algunos analistas. De hecho, se prevé que la abstención sea cercana al 60%, y los sondeos señalan una pugna reñida entre el “sí” y “no”, aunque el voto contrario a la reforma ha ido ganando cierta ventaja.

Que la votación suceda en esta situación no es ideal para la primera ministra, según Matteo Giardiello, politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma. “El efecto habría sido distinto si la consulta hubiera sido un año antes, cuando Meloni tenía alta popularidad en un panorama internacional en que actuaba como factor decisivo entre Trump y la UE”, comenta el especialista a elDiario.es. En su opinión, ante ello, “el referéndum, más que un voto sobre la reforma, será una prueba política para la mandataria”, en el marco de una campaña marcada por la polarización y politización entre distintas posturas.

El Parlamento aprobó la reforma judicial en otoño con la mayoría de votos de la coalición, pero no tuvo el apoyo de dos tercios de la Cámara necesario para las modificaciones constitucionales que requiere, que afectan a siete artículos de la carta magna, por lo que se someterá a referéndum. Se trata de una consulta confirmatoria que no debe reunir un umbral mínimo de votantes para que el resultado sea válido.

El precedente de Renzi

El Gobierno también evitó plantear la votación como un pleibiscito para prevenir estragos en caso de derrota. Este fue el caso del referéndum para disminuir el poder del Senado que impulsó en 2016 el entonces primer ministro Matteo Renzi, que tuvo que dimitir tras fracasar en la consulta.

La Justicia ha sido la gran piedra en el zapato de Meloni en los últimos años. Para una gran parte de juristas, la reforma va un paso más allá en la meta de socavar su independencia. La Asociación Nacional de Magistrados (ANM), entidad que aglutina a la mayoría de jueces y fiscales de Italia, pide votar “no”, al considerar que llevaría “a crear un poder judicial dócil y sumiso”, con riesgo de debilitar su autonomía y hacer más frágil el Estado de derecho.

“La reforma busca hacer la Justicia más moderna, meritocrática, autónoma, responsable, y sobre todo más libre de condicionamientos políticos. No va contra los magistrados, sino contra la degeneración de un sistema estancado que nunca se adecuó al mundo cambiante que lo rodea”, aseguró este mes la primera ministra, en un vídeo difundido por redes donde pidió ir a votar “sí” ante el temor de que una abstención alta pueda beneficiar a los partidarios del “no”, más movilizados que el electorado progubernamental.

La líder del opositor Partido Demócrata, Elly Schlein, ha estado estos días de gira por Italia para pedir el voto negativo, y este miércoles, la CGIL —principal sindicato del país— hizo un acto de fin de campaña en el centro de Roma abogando por el “no”.

“La reforma crea las condiciones para que el poder judicial sea capturado por los políticos”, estima Giuliano Serges, profesor de derecho constitucional de la Universidad Roma Tre. Según agrega, servirá como test para que Meloni valore si tiene fuerza para seguir con otras reformas clave como el estatus dela figura del primer ministro, llamado Premierato. Este proyecto, ya introducido a nivel parlamentario y pendiente de aprobación final, prevé la elección directa del jefe de Gobierno en comicios, o la obtención del 55% de escaños para la lista ligada al candidato ganador, y es vista por críticos como una medida para reforzar el personalismo en torno a Meloni y el poder de su coalición.

Si esta consulta le funciona, Meloni impulsará otra reforma para pasar de una república parlamentaria a otra presidencial que dé más centralidad al Ejecutivo y el primer ministro

Giuliano Serges — Profesor de derecho constitucional de la Universidad Roma Tre

“Meloni quiere ver cómo va esta consulta. Si le funciona, impulsará pronto la reforma del Premierato, porque ganará fuerza y la oposición lo tendrá difícil para enfrentarse a ella”, asegura Serges a elDiario.es. En la misma línea se pronuncia Giardiello. Según alega, “la reforma judicial debe interpretarse como parte de un plan más amplio para transformar la estructura constitucional italiana”, con el Premierato como meta final. Este proyecto “busca pasar de una república parlamentaria a una presidencial que dé más centralidad al Ejecutivo y el primer ministro”.

Separar a jueces y fiscales

Entre los cambios de la reforma judicial hay un aspecto rebuscado y difícil de descifrar para el italiano medio. Se trata de la separación de las carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional, porque en ambos casos acceden a la magistratura tras superar un mismo examen. Meloni busca modificar el sistema y alega que los funcionarios ganarán imparcialidad si tienen carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa. Los críticos temen, por el contrario, un mayor control político sobre los tribunales.

A ello se añade la división del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) —equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España— en dos órganos distintos que separen a jueces y fiscales, así como la creación de un Tribunal Superior Disciplinario para gestionar casos de mala conducta. La separación, según Serges, hará que tales organismos “corran el riesgo de ser más débiles e influenciables desde el ámbito político”.

Meloni busca modificar el sistema y alega que los funcionarios ganarán imparcialidad si tienen carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa. Los críticos temen, por el contrario, un mayor control político sobre los tribunales

También se prevén otras reglas de elección, como la introducción del sorteo como vía para designar a miembros de estos organismos, una medida que según el Gobierno reducirá la influencia de las corrientes políticas internas entre magistrados, aunque los críticos aseguran que reforzará la interferencia política sobre el sistema judicial.

“El sorteo es ficticio, porque se debe hacer a partir de una lista reducida de potenciales miembros elegidos por el Parlamento, y es muy probable que surjan nombres de personas conectadas al poder político”, asegura a elDiario.es Giuliano Granato, portavoz de Potere al Popolo, fuerza izquierdista extraparlamentaria que estuvo entre los organizadores de una protesta por el “no” en Roma que el pasado sábado reunió a miles de personas.

Desde su punto de vista, “hay un intento de promover un modelo de autoritarismo con esta reforma”. Coincide en este planteamiento con Edoardo, otro participante en la protesta que espera un triunfo del “no” como “primera pequeña señal de oposición al gobierno”.

Apatía ciudadana

El ejecutivo de la líder ultraderechista ha mantenido la estabilidad sin grandes tropiezos desde 2022, y la reforma judicial —promovida en gran medida por el ministro de Justicia, Carlo Nordio— es uno de sus proyectos estrella. Sin embargo, tras semanas de debate en torno a un asunto muy enrevesado para la población a pie de calle, se prevé que muchos acudan a votar no tanto en clave jurídica, sino en función de su apoyo o rechazo a Meloni.

“Esta reforma afecta poco a la vida cotidiana de la gente. Yo iré a votar como forma de decir 'no' al Gobierno”, dice un ciudadano romano consultado por elDiario.es entre las callejuelas del barrio del Trastevere de Roma, en un ambiente de apatía ante la campaña que formaciones del Ejecutivo como la Lega han intentado revertir.

Así lo ha hecho Erika Stefani, senadora de la Lega, miembro de la Comisión de Justicia del Senado y del comité promotor del “sí”, que asegura en una llamada con elDiario.es que la reforma “beneficiará las relaciones entre política y poder judicial, independientemente del partido que esté en el Gobierno, sea de izquierda o derecha”, mientras que no ve ningún cambio “que prevea una interferencia política sobre la Justicia”.

El plan “permitirá a los magistrados, jueces o fiscales hacer carrera independientemente de su afiliación a corrientes políticas”, ya que busca “eliminar el fenómeno del faccionalismo” dentro la Justicia, asegura. Según añade, los cambios afectarán positivamente a los organismos del Consejo Superior de Justicia, donde accederán los juristas “que sean elegidos por sorteo, más allá de su afiliación” a una corriente u otra.

Según Stefani, en caso de perder, la coalición de Meloni no se verá gravemente afectada, porque “tiene un enorme consenso”, y “simplemente significará que la reforma queda aparcada y muere ahí”. El politólogo Giardiello discrepa. Opina que si vence el “sí”, Meloni verá legitimada su agenda y podría acelerar otras reformas como el Premierato, pero que una victoria del 'no' debilitaría al Ejecutivo en un contexto internacional también difícil y podría perjudicar a Meloni de cara a las elecciones de 2027.

La primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, ha indicado durante una rueda de prensa en Varsovia (Polonia) que el país prevé celebrar un referéndum sobre la posibilidad de negociar el ingreso en la Unión Europea “posiblemente en los próximos meses”. Las conversaciones estaban en suspenso desde 2013.

“Todavía no hemos decidido la fecha, pero será en los próximos meses”, ha dicho Frostadóttir en una intervención ante los medios junto al primer ministro de Polonia, Donald Trusk, con motivo de su visita de Estado a Polonia.

Los dos mandatarios han hablado sobre la oportunidad que puede representar la integración, siempre manteniendo “el respeto por la identidad islandesa dentro de Europa”. La dirigente ha indicado, en ese sentido, que sería importante para el país isleño conservar su “identidad ártica”, su “forma de vida” y el modo de uso de los recursos.

Tusk, que regresó al poder en Polonia en diciembre de 2023 con una candidatura proeuropea —fue presidente del Consejo Europeo entre 2014 y 2019— ha defendido que un ejemplo de la bondad de la integración son las encuestas de opinión en Reino Unido, mayoritariamente favorables hoy, una década después de la votación del Brexit, a la pertenencia a la UE. Frostadóttir ha sido menos tajante y ha señalado que su Gobierno hará lo que la población decida.

La coalición gobernante en Reikiavik (integrada por los socialdemócratas de Frostadóttir, los liberales y un tercer partido favorable a la integración) había prometido celebrar un referéndum sobre la reanudación de las negociaciones de adhesión a la UE para 2027, que llevaban paralizadas desde 2013.

El calendario se ha acelerado, sin embargo, en un momento en que EEUU amenaza con anexionar la relativamente cercana Groenlandia y ha impuesto también aranceles al país.

El Gobierno ecuatoriano del derechista Daniel Noboa sufrió este domingo un duro revés político en el referéndum y la consulta popular que rechazó reformar la Constitución vigente en el país sudamericano y llamar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna.

Según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, la opción del 'No' se impuso en las cuatro preguntas planteadas a los ecuatorianos, tres de ellas correspondientes al referéndum y una a la consulta popular. En su informe final de la jornada de votación, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, afirmó que los resultados escrutados mostraban una “tendencia marcada” en todos las interrogantes.

El propio Noboa reconoció su derrota minutos después de las 21.00 horas locales de este domingo, mediante una publicación en la red social X. “Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”, escribió. “Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”, añadió en el mismo mensaje.

Las tres preguntas del referéndum plantearon la posibilidad de levantar la prohibición para instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, eliminar la financiación estatal para los partidos políticos y reducir el número de asambleístas nacionales (legisladores). La consulta interrogó sobre la necesidad de convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución que reemplace la vigente, aprobada durante el Gobierno del izquierdista Rafael Correa (2007-2017).

Con un escrutinio superior al 90% al final de la noche de este domingo, el rechazo a las propuestas de Noboa superaba el 60% en la pregunta sobre las bases militares extranjeras y en la consulta sobre la instalación de una nueva asamblea constituyente; mientras que era más del 50% en las preguntas sobre financiación a partidos políticos y la reducción de asambleístas (de 151 a 73 legisladores).

Más de 13,9 millones de ecuatorianos estaban habilitados para votar. Un porcentaje cercano al 82% de esos electores ejerció su derecho al voto, informó la presidenta del CNE. En Ecuador, el sufragio es obligatorio para las personas mayores de 18 años y menores de 65.

Bases militares y nueva constitución

La victoria del 'No' en las cuatro preguntas está siendo interpretada como una reprobación a la gestión de Noboa, más allá de la opinión de los ecuatorianos sobre los cuatro asuntos planteados en el referéndum y consulta popular.

Consultado al respecto, Gonzalo Ortiz, analista político del periódico ecuatoriano Primicias, manifestó que el presidente cometió errores estratégicos en el proceso electoral que lo deberían llevar a reconducir sus políticas. “Noboa debe reflexionar y dedicarse a la gestión real en lugar del énfasis en redes sociales y TikTok, que no le está funcionando”, dijo en una entrevista con la edición digital del medio.

En una dirección similar, el investigador social Simón Pachano reconoció que Noboa se jugó gran parte de su capital político al someter a decisión del pueblo ecuatoriano dos de sus proyectos más personales: la reapertura de Ecuador a la presencia permanente de fuerzas militares estadounidenses y la redacción de una Constitución que sustituya a la aprobada en 2008. “Tomó un riesgo muy alto, por lo menos en las dos preguntas más importantes: la de las bases militares, porque expresa su posición en el tema de seguridad, y la de la asamblea constituyente”, dijo Pachano, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) con sede en Ecuador, en una entrevista con la cadena CNN.

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad y violencia criminal de grandes dimensiones, ante la cual Noboa viene aplicando estrategias represivas que, sin embargo, considera insuficientes por los límites que le impone la Constitución. Al mando del país desde 2023, el joven gobernante de 37 años fue reelegido este 2025 para ser presidente hasta 2029, un periodo para el que se ha propuesto aplicar transformaciones estructurales que demandan reformas constitucionales.

Además del combate contra la inseguridad, Noboa quiere reestructurar la institucionalidad ecuatoriana para volverla más amigable con los capitales extranjeros y favorable a la creación de empleo.

El presidente llegó confiado a la jornada de votación, para la que las encuestas previas pronosticaban una victoria del 'Sí' en al menos tres de las cuatro preguntas formuladas. La más polémica de ellas fue la que consultó a los ecuatorianos si estaba de acuerdo en eliminar el artículo 5 de la Constitución que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras.

La fe de Noboa en la aprobación de esa propuesta fue tal que llegó a recibir visitas de los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de EEUU para adelantar gestiones de cara a la habilitación de guarniciones militares de Washington en poblaciones como Manta y Salinas, en el Litoral del Pacífico ecuatoriano.

EEUU ya había contado con tropas militares en las Islas Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial, así como entre 1999 y 2009 en la ciudad costera de Manta. Sin embargo, la Constitución de Correa dispuso el desalojo de las fuerzas extranjeras.

No en vano, el expresidente celebró fervorosamente los resultados del referéndum y consulta popular. “La Constitución de Montecristi ha sido ratificada después de 17 años. Por primera vez en la historia de Ecuador una constitución ha sido votada mayoritariamente por los ciudadanos dos veces”, escribió Correa en su cuenta de X al conocerse los resultados. “Gran triunfo de todo un pueblo. Fue una campaña absolutamente ciudadana y sin recursos”, publicó en otro mensaje en la misma red social.

La derrota oficialista en la consulta popular acabó por redondear el fracaso de la estrategia del gobierno de Noboa, pues, en criterio de especialistas, la redacción de una nueva constitución habría servido para incorporar las reformas constitucionales aun recibiendo una negativa en el referéndum.

Distintos analistas coincidieron en que el mayoritario rechazo a las preguntas tuvo un carácter plebiscitario, al poner de manifiesto el malestar de la mayoría ecuatoriana ante el rumbo que está tomando el Gobierno de Noboa. La posibilidad de abrirse nuevamente a fuerzas militares estadounidenses puso en debate la soberanía territorial de Ecuador en un contexto en el que EEUU está aumentando su presencia en la región del caribe.

El catedrático Pachano recordó que la de este domingo fue la decimoquinta consulta popular en la historia política de Ecuador. De todas ellas, en nueve los votantes respondieron con un 'Sí' o un 'No' a todas las preguntas planteadas, lo que quiere decir –en su opinión– que más allá de discernir punto por punto, los ecuatorianos votaron en bloque para aprobar o desaprobar al que formuló las interrogantes, esto es, el gobernante de turno que, en este caso, ha sido Daniel Noboa.

Roger Español, el hombre al que una bala de goma de la Policía Nacional reventó el ojo durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, ha reclamado 13 años de cárcel para los antidisturbios a los que atribuye su lesión. En su escrito de acusación, el activitsta, representado por el centro Irídia, solicita además una indemnización de 320.632,06 euros por las secuelas físicas y psicológicas.

La lesión de Español será la única de las causas judiciales derivadas de las cargas policiales contra la votación soberanista que llegue a juicio. El resto han sido amnistiadas. La de las balas de goma es la única que no se ha incluido en el olvido judicial del procés debido precisamente a las lesiones de gravedad que sufrió Español, motivo que marca su exclusión de la norma.

El abogado del activista mantiene que los cuatro antidisturbios actuaron con “obstinada voluntad de causar daño y dolor” para “castigarle” por su participación en una protesta contra las cargas policiales que, minutos antes, habían ocurrido en los aledaños del colegio Ramon Llull de Barcelona.

Español, asegura el escrito, les había recriminado que hubiesen empujado a los concentrados, y el escopetero de la Policía Nacional disparó en represalia dos balas de goma “sin conseguir impactarlo”.

Fue la tercera bala de goma la que impactó de lleno en la cara de Español. El disparo, recalca la defensa del activista, no se produjo a cuenta y riesgo del escopetero, sino que se realizó “de común acuerdo y por las órdenes” del inspector y los dos subinspectores de la Policía Nacional también acusados.

“Los acusados se aprovecharon de su condición de funcionarios públicos por el lugar en el que se encontraban, por encontrarse protegidos por otros agentes, por disponer de armas y por el conjunto de elementos que componen una intervención policial”, asevera el abogado de Español, Antoni Mansilla.

La de Español (excandidato de Junts al Senado) será, junto a las populares de Òmnium Cultural y la ANC, la única acusación del juicio contra los cuatro agentes. La Fiscalía exculpa a los uniformados, pese a las evidencias forenses de que solo una bala de goma pudo causar las lesiones al hombre.

La Fiscalía descarta que el escopetero de la Policía Nacional disparara con intención a Español, y considera que el impacto que le dejó sin ojo “fue precedido de un uso progresivo de los medios”, de acuerdo con los principios de “oportunidad, congruencia y proporcionalidad”. En consecuencia, reclama la absolución de los procesados.

Español pide nueve años de cárcel y de inhabilitación a cada uno de los cuatro agentes acusados por el delito de lesiones con pérdida de órgano, más otros cuatro años de cárcel y sin la posibilidad de ejercer de policías por el delito de torturas. El juicio no se celebrará casi con seguridad este año, por lo que al menos habrá que esperar hasta nueve años después de los hechos.

La indemnización de 320.632,06 responde a las secuelas físicas y el tratamiento médico que ha necesitado (201.773,62), daños morales por haber tenido que abandonar los estudios médicos que cursaba en el momento de la agresión (30.000 euros) y los incrementos derivados de su condición de discapacidad física fruto de los disparos (88.709,44 euros).

Pues ya tenemos el resultado del referéndum sobre el valenciano en la Generalitat y no parece que pueda decirse que el asunto quede zanjado. Sí podemos intuir que no ha pasado lo que esperaba Mazón.

Los resultados oficiales dicen que han participado un 58% largo de las familias, que están en el empate técnico: un 50,53% votó por el valenciano como lengua base en su centro (la que se usará mayoritariamente) y un 49,47% por el castellano. Para sorpresa de nadie, donde se habla castellano se ha optado por el castellano y viceversa. Tampoco nadie ha levantado una ceja porque las familias de la pública hayan optado por el valenciano y las de la concertada no. Para el Govern es “un éxito” por el que casi el 100% de las familias que han votado podrán estudiar en el idioma de su elección.

Te dejo este gráfico en el que se ve bien el reparto de votos y en este enlace un pormenorizado análisis de los resultados centro a centro, calle a calle (y como casi todo lo que hacen los compis de la Comunitat Valenciana, lo tenemos también en valenciano).

Omitió el consejero cuando hizo esta valoración que eso solo será posible en los centros grandes, donde haya alumnos suficientes para llenar dos o más unidades escolares. En los que solo tienen un aula por curso solo sería posible contratando profesorado, y eso se sabe que no es el fuerte de Mazón. También se olvidó de las 240.000 que no han votado –cuatro de cada diez–.

Mi compañera Raquel Ejerique, valenciana y residente en València, explica en este análisis el autogol que se ha metido el presidente Mazón con la consulta. “En ese 'concurso de idiomas' planteado por el Consell como obligación (la abstención no se contemplaba como posibilidad en la votación) ha ganado el valenciano. Por muy poco, 50,53% frente a un 49,47%, pero simbólicamente es mucho porque muestra lo contrario de lo que Mazón quiso demostrar cuando planteó la consulta (...). Los resultados muestran una realidad provincial conocida y de la que algunos dentro del partido iban avisando cuando Mazón utilizaba la lengua para hacer política educativa: ”Los votantes del PP también hablan valenciano y también tienen a sus hijos en colegios valencianos“.

Yo no soy valenciano ni conozco al detalle la idiosincrasia local, pero, sinceramente, me cuesta ver una sola ventaja a rechazar el valenciano (o el catalán o el euskera o el gallego) en la escuela. Es quitarle un idioma a tu hijo o hija a cambio de nada, porque castellano va a aprender igual de bien. Ni eso es un riesgo real ni el castellano está amenazado, como se argumenta a veces en este tema. Si alguien tiene a bien explicármelo me encantará intentar entenderlo.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

El organizador de una gran fiesta independentista para conmemorar el 1 de octubre, celebrada en Arenys de Mar a finales del pasado septiembre, está en paradero desconocido y no ha pagado a los empleados que trabajaron en el evento, según ha avanzado La Vanguardia. La cantidad presuntamente defraudada ascendería a más de 100.000 euros.

Tanto el mencionado periódico como la agencia ACN han confirmado con diversos afectados que el organizador del evento, Jordi Mateu, ha desaparecido y no les ha pagado el dinero pactado. El consistorio de Arenys de Mar, donde se celebró el evento, ha anunciado que prepara una querella por estafa. Consideran que la organización convenció a muchas empresas asegurando que el Ayuntamiento estaba detrás del acto, cuando realmente solo cedió algunos espacios.

Al evento, llamado Som 1 d'octubre, acudieron cientos de personas para ver los conciertos de diversos cantantes y artistas. También participaron en los actos algunos de los principales líderes políticos del independentismo. Estuvieron Josep Rull, Jordi Turull, Laura Borràs, Joaquim Forn, Francesc de Dalmases y Aurora Madaula, en representación de Junts. Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig intervinieron vía videoconferencia.

Por parte de la CUP acudieron tanto Carles Riera como Dolors Sabater, mientras que en nombre de ERC acudieron la exconsellera Tània Verge, Joan Queralt y Gemma Humet. En el acto también tomaron la palabra el empresario Jaume Roures, el exdiputado de la CUP y abogado Benet Salellas y el periodista Vicent Partal, entre otros.

Según La Vanguardia, decenas de entidades independentistas involucradas en la organización se han desmarcado ahora del evento incluida la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que aparecía como una de las organizadoras del acto. Organizaciones como Òmnium Cultural, CDR, AMI o el Consell per la República, también apoyaron la actividad.

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha exigido al Estado español que haga “autocrítica” sobre su reacción tras el referéndum del 1 de octubre y ha asegurado que la Ley de Amnistía, si bien fue “la primera reacción tras un comportamiento represor y antidemocrático”, no es “suficiente para reparar el daño a la ciudadanía”.

Así se ha expresado en un acto organizado por el Consell de la República, entidad encabezada por el expresident, con motivo del séptimo aniversario de la consulta. Ha reivindicado la “contundencia” del referéndum y ha criticado a quienes pretendan gobernar de espaldas a él e intenten convertir la Generalitat en una “gestoría con un encefalograma políticamente plano”.

“No hay suficientes gomas de borrar para eliminarlo de nuestra historia”, ha dicho Puigdemont y, en alusión explícita al president Illa, ha considerado no se puede hablar de “normalidad” ni “normalización” en Catalunya mientras algunos tengan que “luchar con las manos atadas a la espalda”.

Con todo, Puigdemont ha asegurado que seguirá luchando por la independencia. “No tiramos la toalla ni lo haremos nunca, y menos ahora que la falta de unidad ha tenido consecuencias nefastas para la nación”, ha asegurado.

ERC insta a Junts a “no alinearse” con el PP y Vox

La estrategia de ERC y Junts en el Congreso es uno de los puntos en los que se notan las diferencias y falta de unidad entre partidos independentistas. El voto de Junts sobre la financiación singular es, a día de hoy, una incógnita y sin el apoyo de los de Puigdemont no saldría adelante.

Por eso, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha instado a Junts a “alinearse con Catalunya y no con el PP y Vox”. En este sentido, la republicana ha cargado duramente contra los de Puigdemont por “aliarse con la derecha españolista” votando en contra de la regulación de los alquileres de temporada.

“Que decidan en qué lado de la mesa quieren estar”, ha dicho Vilalta, que asegura que los suyos estarán al “lado de Catalunya y de hacer cumplir el acuerdo”.

Las campanas de la torreta del Ayuntamiento de Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo) continuarán sonando puntualmente cada hora entre la medianoche y las 6.00 horas de la mañana, tal y como han decidido en votación popular los vecinos y vecinas de la localidad.

La consulta, abierta por el Gobierno municipal encabezado por el alcalde Ángel Farao, se ha saldado con un total de 149 votos, de alrededor de 400 personas llamadas a participar en la consulta, con 147 votos a favor de mantener las campanadas frente a tan solo 2 partidarias de interrumpirlas en horario de madrugada.

Según ha explicado a Europa Press el concejal de Medio Ambiente, Urbanismo y Mantenimiento del municipio, Gustavo Delgado, la consulta se abrió el pasado lunes, 16 de septiembre, tras una serie de quejas de vecinos durante los meses de verano y se ha mantenido abierta hasta este viernes 20 de septiembre a las 12.00 horas.

Más quejas que votos en contra

“Ahora tenemos 300 personas, pero en el mes de agosto hay cerca de 3.000”, ha explicado el concejal, con relación al número de personas afectadas. “Vinieron a pronunciarse sobre las campanadas, porque yo lo comprendo perfectamente que a horas de la noche pueda causar una perturbación en el sueño”, ha señalado, ahondando en que el número de quejas superaba al mostrado por los resultados del referéndum.

Ante la polémica levantada, el equipo de Gobierno local decidió “dar voz a los vecinos y vecinas, y como la mejor manera de poder materializarlo o poder sentirse valorados y escuchados, a través del referéndum”.

Delgado ha reconocido que el referéndum ha expresado un sentir de la mayoría de la población, aunque ha defendido la pertinencia de la consulta, ya que “pueblos aledaños a este, Campillo de la Jara, por ejemplo, las campanas no suenan de doce a ocho de la mañana”.

“Es algo que ha estado aquí toda la vida”

Decenas de vecinos y vecinas del municipio se han acercado a la sede del Ayuntamiento para conocer de primera mano el resultado de la consulta, que también les ha sido transmitida a través de una plataforma digital de bandos municipales tras el debido recuento. La mayoría de ellos han celebrado el resultado del referéndum, defendiendo la pertinencia de mantener las campanadas durante las horas de madrugada, dado que “es algo que ha estado aquí toda la vida”.

En esta línea se ha manifestado Aurora, una vecina residente en el municipio “desde hace 23 años”, que ha señalado que las campanadas han venido sonando puntualmente cada hora. “Eso ha sido de toda la vida”, ha señalado Aurora, añadiendo que “en todos los pueblos hay esto”.

La vecina, partidaria de mantener las campanadas, ha subrayado el resultado de la consulta, defendiendo que los vecinos “en general, están a favor de que toquen las campanas”. “A mí me gusta, el sonido que tiene me gusta. Y el que no le guste, pues te digo lo mismo, que se pongan tapones, y que se vayan al cerro, que allí no escucha a nadie”, ha añadido.

Sin embargo, a pesar de los resultados, no faltaba algún vecino discrepante. Es el caso de Sergio, que reside “a apenas cinco metros de las campanas de la torre del Ayuntamiento”. “A mí sí que me molesta de vez en cuando porque cuando hay mucho estrés o estás cansado y eso y quieres dormir, no puedes dormir, pues suena y es como un martillazo”, ha explicado el vecino.

A pesar de su oposición, Sergio ha reconocido el resultado de la consulta con deportividad, exponiendo que entiende las razones de los vecinos que quieren mantenerlas, ya que “es un sonido familiar” y que a muchos de los vecinos de mayor edad “les acompaña”. “A mí de todas formas me da igual, me iré al monte a dormir o qué sé yo”, afirma, con sentido del humor.

Participación ciudadana

El referéndum presentado por el Ayuntamiento ha despertado el interés de la población, un factor que Gustavo Delgado ha subrayado como positivo de cara a fomentar la participación.

“Lo veo positivo porque eso indica que hay iniciativa por la gente, en que cada uno defiende lo que realmente cree que debe defender”, ha manifestado en este sentido.

En este sentido, ha señalado que con toda probabilidad no será la última consulta que se realice en Aldeanueva de San Bartolomé, ya que “los vecinos saben que tienen derecho plenamente”. “Además, nosotros les animamos a que vengan aquí al Consistorio y a cualquier duda y problema que tengan, pues que lo hagan saber y aquí seguiremos de canal para poder valorarlo y materializarlo si realmente conviene”, ha concluido Delgado.

En los barrios históricos y las zonas del corazón de Lisboa, los residentes son minoría desde hace varios años, ya que los turistas llenan los pisos turísticos donde antes vivía gente. Ahora, un grupo de ciudadanos quiere poner freno y acabar con los pisos turísticos en edificios residenciales mediante la celebración de un referéndum a nivel municipal.

Se calcula que en toda la capital portuguesa hay actualmente más de 19.000 pisos turísticos. Muchos de estos alojamientos se encuentran en edificios anteriormente en ruinas y que han sido rehabilitados específicamente para este fin. Otros estaban habitados, pero sus ocupantes han visto sus contratos de arrendamiento cancelados o el precio de estos se ha disparado. Con una crisis inmobiliaria en curso y una falta de construcción de viviendas destinadas a las clases medias, Portugal se enfrenta a una compleja situación: ¿Hasta dónde puede crecer el turismo? ¿Ha ido demasiado lejos?

Diogo Guerra cree que sí. Es miembro del movimiento “Referéndum por la vivienda”, el colectivo que lleva unos meses recogiendo firmas para que los lisboetas voten sobre la situación del turismo en la ciudad. Diogo Guerra explica a elDiario.es que el movimiento se formó porque no ven “a los políticos aplicar medidas” para controlar la turistificación de la ciudad.

La mitad del crecimiento económico de Portugal se debe al turismo

En 2022 el Tribunal Supremo de Justicia publicó una sentencia que dejaba claro que la actividad de los pisos turísticos no es compatible con un edificio donde viven personas. A pesar de la jurisprudencia, nada ha cambiado en Portugal e incluso ha aumentado el número de pisos turísticos. Según Diogo Guerra esto se debe a que se ha creado la idea de que “el turismo es la salvación de Portugal y, por lo tanto, no se puede tocar”, pero “no hay una evaluación crítica” de las consecuencias, sobre todo de las repercusiones para el sector de la vivienda y el perfil de empleos inestables y mal pagados que se han creado.

Tras la crisis económica de 2010, el país se reconstruyó aumentando el peso y la dependencia del turismo en la actividad económica. El alquiler informal de viviendas, tradicionalmente asociado a las zonas de playa, se ha expandido en las grandes ciudades, sobre todo en sintonía con el crecimiento de la plataforma Airbnb. Entre 2010 y 2023, Lisboa vio crecer el número de pisos turísticos de 500 a 19.000.

Basta con echar un vistazo a las cifras: Portugal creció un 2,3% el año pasado y casi la mitad del crecimiento (1,1%) impulsado por el sector turístico. El sector representa ahora en torno al 13% del PIB portugués.

A pesar de este panorama, Diogo Guerra se niega a echar toda la culpa de la crisis inmobiliaria al turismo: “Somos perfectamente conscientes de que la crisis no se debe a un único factor, entre otras cosas porque hay una enorme falta de construcción de viviendas”, afirma. En la última década, el sector de la construcción se ha centrado principalmente en edificar para la clase alta y para el turismo.

El referéndum

Este agosto entraron en vigor los incentivos propuestos por el Gobierno de centroderecha para que los jóvenes de hasta 35 años compren una vivienda –como la posibilidad de financiar el 100% del valor de la casa y la dispensa de pagar algunos impuestos durante la compra–, pero en un país en el que, de media, la gente deja la casa de sus padres a los 30 años, las medidas se consideran insuficientes, ya que no hay casas disponibles a un valor compatible con los bajos salarios que ofrece el país.

Diogo Guerra explica a elDiario.es que la idea es someter a referéndum local dos preguntas: una para preguntar a los lisboetas si están de acuerdo con la anulación en un plazo de 180 días de todas las licencias de pisos turísticos en edificios residenciales, y otra para preguntar si están de acuerdo con cambiar la normativa municipal para impedir nuevas licencias de pisos turísticos.

De momento, son los ayuntamientos los que definen las ratios de pisos turísticos en sus municipios. Actualmente, 16 de las 24 freguesias (barrios) de Lisboa no permiten nuevas licencias por haber superado el ratio del 15% de pisos turísticos sobre el total de viviendas. Sin embargo, hay excepciones que permiten aumentar el número de pisos turísticos, como en los casos en los que el edificio que se va a destinar a ocupación turística se encuentre en ruinas y sea remodelado para este fin.

Habiendo conseguido ya reunir las 5.000 firmas necesarias, el colectivo “Referéndum por la vivienda” entregará la propuesta a la Asamblea Municipal de Lisboa (órgano deliberativo del ayuntamiento) después del periodo de vacaciones. Aún no se ha hecho pública la postura de los distintos partidos, pero este órgano deliberativo cuenta con una mayoría de miembros de los partidos de izquierda que abogan por limitar los pisos turísticos en la ciudad, aunque los socialistas no defienden la retirada de las licencias existentes.

Las dos preguntas propuestas pasarán entonces a los tribunales para que verifiquen su viabilidad y constitucionalidad. El referéndum podría convocarse para la próxima primavera, o al menos eso es lo que espera el grupo de ciudadanos al que se le ocurrió la idea de este referéndum. Para que el resultado sea vinculante, debe haber una participación de al menos el 50% de los 465.000 electores de Lisboa, pero es tradición en Portugal que los órganos políticos respeten los resultados de las consultas a pesar de no alcanzar la mitad del censo electoral. Si los diputados aprueban su celebración, será la primera vez que se realice un referéndum local propuesto por los ciudadanos y no por los órganos municipales.

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, elegido por una coalición de centroderecha, tiene un discurso contradictorio sobre los pisos turísticos. En julio dijo en una entrevista a El País, que “es inaceptable que algunas zonas de la ciudad tengan un 65% de pisos turísticos” –como ocurre en algunos barrios históricos–, pero antes también fue crítico con las decisiones del Gobierno socialista que limitaban la expansión de este tipo de alojamientos para turistas, e incluso apoyó a los propietarios de pisos turísticos en una manifestación contra las medidas del anterior Gobierno. 

Por el momento, Carlos Moedas se niega a retirar licencias en zonas donde la presión supera los límites desde hace tiempo, pero admite no renovarlas. El alcalde aún no se ha pronunciado sobre la propuesta de referéndum.

No es la primera vez que se celebra un referéndum local en Lisboa. En febrero de 2023 se dio a escoger a los residentes del barrio de Benfica si querían que el aparcamiento fuera de pago en el barrio, pero la gran mayoría de los votantes (80%) prefirió mantener su barrio sin parquímetros.

Amnistía en marcha en Catalunya. El juzgado de Barcelona que investiga las cargas del 1-O y la Sección de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han dado cinco días a la Fiscalía y las partes de los respectivos casos para que valoren la aplicación de la amnistía sobre los 45 policías y otros 16 candidatos a la amnistía, entre ellos el exconseller de Interior catalán Miquel Buch condenado por la escolta de Puigdemont en Waterloo.

La Sección de Apelaciones del TSJC ha señalado ya el día 25 de junio para deliberar y votar si aplica la amnistía sobre ocho casos que tiene sobre la mesa, entre ellos el de Buch y Lluís Escolà, condenados por la Audiencia de Barcelona a cuatro años de cárcel por proveer ilegalmente de escolta a Carles Puigdemont. El mismo día los magistrados decidirán si amnistían a una decena de jóvenes condenados por altercados del procés en distintos casos.

La ley da dos meses a los jueces para decidir si aplican la amnistía, pero la Sección que preside la magistrada Àngels Vivas no ha querido apurar y ha convocado la deliberación y fallo de los casos 'amnistiables' para el 25 de junio, primer día laborable –el lunes 24 es festivo por Sant Joan en Catalunya– después de que venza el plazo que obliga la ley a dar a Fiscalía y las demás partes para que se posicionen.

El primer paso lo había formulado unas horas antes dado el juzgado de Barcelona que investiga a 45 agentes por las cargas del 1-O, que ha dado cinco días a la Fiscalía, las acusaciones particulares de los heridos y las defensas para que valoren la aplicación de la amnistía sobre los uniformados, tal y como algunos ya han empezado a pedir.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza que sustituye al titular del juzgado da cinco días a las partes para que “aleguen lo que a su derecho convenga” respecto a la aplicación de la amnistía. Recabar la opinión de las acusaciones y defensas del caso es un paso necesario que marca la norma de olvido penal del procés antes de que los jueces apliquen la amnistía.

Sobre el papel, la ley engloba todas las cargas investigadas en el juzgado de instrucción 7 de Barcelona, ya que solo excluye de la amnistía las torturas o tratos degradantes que superen un “umbral mínimo de gravedad” conforme a la normativa europea, aunque las acusaciones de los heridos creen que algunos de los 45 agentes investigados sí deberían ir a juicio porque su actuación el 1-O podría suponer un delito de torturas.

El centro de Derechos Humanos Irídia, que representa a varios heridos el 1-O, ya ha avanzado que se opondrá a que se amnistíe a todos los agentes. A su juicio, los agentes ejercieron un trato inhumano o degradante a los votantes, por lo que no deberían ser amnistiados. El resto de acusaciones particulares de los heridos se pronunciarán a lo largo de la próxima semana sobre si procede amnistiar a todos los agentes.

El plazo para pronunciarse de Fiscalía, acusaciones y defensas vencerá el próximo viernes 21 de junio, según las fuentes consultadas, por lo que el juez podría resolver ya sobre la amnistía a los agentes a la semana siguiente, lo que convertiría la causa de las cargas del 1-O en una de las primeras sobre las que se aplica el olvido penal del procés.

Por su lado, nueve de los 45 agentes investigados ya han pedido ser amnistiados para “aliviar” su situación procesal. Los policías alegan que “en ningún caso” se les puede dejar fuera de la amnistía, ya que su uso de la fuerza contra los votantes el 1-O no resultó un trato degradante o una tortura. Los uniformados insisten además en que están imputados “por meras fotografías, sin acreditar su autoría, o por una aplicación del uso de la fuerza en su mínima expresión, de más que dudosa ilicitud, ya no penal sino incluso administrativa”.

La ley de amnistía busca dejar en el olvido las causas judiciales que han saturado la política catalana los últimos años. La norma, que pretende un alcance global, incluye amnistiar tanto los preparativos del referéndum del 1-O que llevaron a cabo los independentistas como las actuaciones policiales para impedirlo, como las cargas contra votantes de la consulta.

Además de los 45 agentes investigados en el juzgado de instrucción 7 de Barcelona, la Audiencia de Barcelona deberá decidir si amnistía a otros cuatro agentes que ya esperan juicio y están acusados de dejar sin ojo a un independentista el 1-O con una bala de goma. Este caso sí parece más difícil que entre en la amnistía, ya que la norma excluye expresamente los actos dolosos que hayan producido la pérdida de un miembro, si bien la Fiscalía ya ha pedido que los agentes no sean juzgados porque, sostiene, cumplían órdenes de sus superiores.

Comienzo este artículo con una advertencia previa. Aunque no se habla de otra cosa en la ciudad, e incluso yo voy a dedicarle al asunto estas líneas, lo del cambio de modelo de la Feria de Abril es, como dijo del fútbol el mítico entrenador italiano Arrigo Sacchi, lo más importante de las cosas menos importantes. Esta ciudad, su Ayuntamiento, tiene otros problemas, otras cuestiones, mucho más determinantes que la de la duración del ciclo ferial: gestión de infraestructuras y patrimonio, política de empleo, programación cultural, ordenación del tráfico, calendario festivo, etc… Pero no se nos ha consultado a la ciudadanía por ninguna de ellas en la última década, no sé si se hará en el futuro. Sólo se nos ha consultado por la Feria, el asunto más importante de los menos importantes.

Sea como fuere, este tema, sobre el que hemos votado por segunda vez en ocho años hace apenas unos días, ha generado una gran movilización (más de 100.000 votos, casi el triple que en la consulta anterior) y, especialmente, un gran debate popular. En las casetas antes, y en bares, tiendas y hogares después, ha sido principal tema de conversación para los sevillanos que, con su voto, han decidido por un ajustado margen volver al modelo tradicional de lunes del pescaíto y Feria de martes a domingo.

Resuelto el debate y tomada una decisión, tengo que confesar que no lo entiendo. No logro comprender que una mayoría de votantes prefiera regresar al formato antiguo, y no consigo empatizar con los principales argumentos que se esgrimen a favor de esa opción.

¿Por tradición? Ningún colectivo humano avanza si no logra hacer evolucionar sus tradiciones. Además, si por eso fuera, tendríamos que seguir comprando y vendiendo potros y terneros en corrales anejos a las casetas. 

¿Por evitar el efecto llamada para visitantes de fuera de la ciudad que supone que la fiesta incluya dos fines de semana? Es un argumento absurdo (los madrileños y otros turistas van a seguir viniendo, como ya hacían antes, especialmente en una fiesta que se ha hecho universal y en un contexto de turismo masificado) y excluyente, casi xenófobo. Los instagramers y tik tokers, los maleducados, nos dan coraje a todos. Pero hay muchos amigos y familiares de fuera que nos visitan en nuestra semana grande con cariño, respeto, interés y verdadera afición por nuestros ritos y costumbres. No veo el perjuicio de que sigan haciéndolo.

Recordemos que, hasta hace ocho años, el Real ya se llenaba de gente el sábado y el domingo de preferia, y sin plan especial ni de transportes, ni de seguridad, ni de limpieza. Y a partir del viernes, las visitas al Real siempre se han resentido

¿Por aliviar la carga de una Feria más larga para cuerpos y bolsillos? Basta con no ir, con descansar algún día en mitad de la semana o abandonar el ferial a tiempo, aunque aquí sí entiendo a quién te pregunta, retóricamente, ¿pero cómo voy a saber que está ahí la Feria, las casetas llenas de gente, y yo me voy a quedar en mi casa? Por otra parte, recordemos que, hasta hace ocho años, el Real ya se llenaba de gente el sábado y el domingo de preferia, y sin plan especial ni de transportes, ni de seguridad, ni de limpieza. Y a partir del viernes, las visitas al Real siempre se han resentido.

Con el cambio de modelo tiramos por la borda varias cosas que la Feria había ganado en estos años y que, para mí, son perdidas bastante sensibles. Con el pescaíto en sábado, siendo domingo y no laborable el día siguiente, mucha más gente, y hasta más tarde, puede disfrutar del alumbrado y la primera noche en el Real. Es cierto que se dice que se trasladará el festivo de miércoles a martes, pero eso es potestad del Ayuntamiento y no se incluía en la consulta. 

Con los fuegos artificiales el segundo sábado, mucha más gente puede disfrutar del último día de farolillos y de los fuegos artificiales, siendo domingo y no laborable el día siguiente, habida cuenta de que hace bastante más de ocho años que dejó de existir el lunes de resaca como festivo. Y, lo que más me duele tras mis 26 años viviendo en Madrid, el modelo tradicional, al que la mayoría ha votado por regresar, dificulta que los muchos sevillanos que viven fuera puedan organizarse mejor y disfrutar de más opciones para venir a su fiesta. Y ahí me acuerdo de Luis, Reyes, Dani, Víctor, José, etc…

Además, hay un argumento económico evidente. Hemos cerrado este año la Feria de los récords en todos los ámbitos: residuos, transporte, visitantes… Pero también consumo, gasto e impacto económico. Y es un ingreso que se queda mayoritariamente en la ciudad y su provincia, y que alimenta el motor de muchos negocios familiares como principal actividad en todo el año.

Otra cuestión que me llama la atención es el sospechoso desarrollo de la campaña electoral, con un Ayuntamiento que ejercía más de contendiente que de árbitro, apoyado en el esfuerzo de varios medios de comunicación que defendían intereses concretos y hacían campaña a favor del modelo antiguo en lugar de informar y exponer pros y contras

Adoptada ya una decisión, independientemente de los argumentos a favor o en contra, otra cuestión que me llama la atención es el sospechoso desarrollo de la campaña electoral, con un Ayuntamiento que ejercía más de contendiente que de árbitro, apoyado en el esfuerzo de varios medios de comunicación que defendían intereses concretos y hacían campaña a favor del modelo antiguo en lugar de informar y exponer pros y contras.

En cualquier caso, y como si de una novela de intriga se tratara, esta historia aún puede tener un giro de guion inesperado a última hora. El equipo de Gobierno municipal debe ahora llevar el resultado de la consulta a un pleno para que la decisión, el cambio de formato, sea validado por una mayoría de los concejales. De nada servirá lo votado si no hay un respaldo mayoritario del cabildo. A priori, el PP defenderá el resultado del referéndum convocado por el alcalde y el PSOE se posicionará en contra. Los populares, que no disponen de mayoría absoluta, necesitarán el apoyo de alguno de los dos grupos minoritarios: Con Andalucía y Vox. Parece poco probable que la formación de izquierdas apoye al ejecutivo local en este asunto. Así que a José Luis Sanz sólo le quedaría buscar el apoyo de los ultraderechistas que, desde que comenzó el mandato, están intentando convencer al PP para firmar un pacto que les permita entrar en el Ejecutivo, algo que los populares han venido regateando durante el último año.

¿Lograrán los de Abascal algún rédito político a cambio de su apoyo al cambio de modelo? Aunque a priori se han mostrado a favor del calendario tradicional para la Feria, su portavoz municipal, Cristina Peláez, ya ha comentado tras la consulta que aún deben aclarar algunas cuestiones antes de decidir cuál será su posición en el pleno. ¿Cederá el alcalde? Sería gracioso que Vox consiguiera doblegar al PP a cambio de lo más importante de las cosas menos importantes. Veremos.

El día en que concluye la votación sobre el modelo de la Feria de Sevilla, Facua ha denunciado un cúmulo de “graves irregularidades” detectadas en la consulta popular promovida por el Gobierno de José Luis Sanz (PP). En concreto, Facua Sevilla asegura haber “certificado digitalmente y ante notario” que cualquier persona que conozca el DNI y la fecha de nacimiento de un sevillano puede suplantarlo y votar en su nombre, de ahí que inste al Ayuntamiento hispalense a suspender el proceso electoral.

Asimismo, la organización que defiende los derechos de los consumidores señala que el alcalde ha convocado el referéndum “saltándose el preceptivo trámite de su aprobación en el pleno municipal”, tal y como establece la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía. “Una norma que también recoge que en estas consultas debe permitirse el voto a los mayores de 16 años y no a partir de los 18, como ha ocurrido en este caso”, según apostillan desde Facua.

Cerca de 600.000 sevillanos estaban llamados a votar en la consulta para decidir entre conservar el actual modelo de la Feria de Abril –de sábado a sábado– o recuperar el formato antiguo de lunes a domingo, por el que se decanta el Gobierno de Sanz. En caso de resultar vencedora esta última opción, al suponer un cambio con respecto al modelo actual, habría que llevarlo a pleno municipal para poder modificar las ordenanzas.

No obstante, tras conocer la denuncia de Facua, la portavoz del grupo Con Podemos-IU en el Consistorio sevillano, Susana Hornillo, se ha sumado a la petición de anular la votación, alegando que no puede comprometer el apoyo de su formación en el pleno “al resultado de un proceso con grave riesgo de estar adulterado”.

Casos de suplantación

Desde el inicio, la consulta impulsada por los populares ha estado envuelta en polémica. Ya Facua Sevilla criticó el pasado martes, en el arranque de la votación, “ la ”falta de previsión“ del Gobierno local, ya que la página web habilitada para votar el modelo de feria que quieren los sevillanos colapsó durante las primeras horas.

Además de los problemas técnicos de los que ya alertó Facua, la organización informa ahora que varios usuarios, tras introducir el código para votar, se han encontrado con que la página les indicaba que no podían hacerlo porque ya había registrado su voto anteriormente. Ante esto, técnicos de la asociación verificaron el funcionamiento de la plataforma y comprobaron que cualquier persona que conozca el DNI y la fecha de nacimiento de un empadronado en Sevilla puede hacerse pasar por él para votar.

“Y es que el SMS con el código llega a cualquier línea móvil que se introduzca en la web, pertenezca o no a la persona de la que se introducen los datos personales, vinculados al padrón municipal”, añaden desde la organización en defensa de los consumidores.

Más de 90.000 votos

A pesar de todo, la votación ha entrado este jueves en su último día superando los 92.000 votos. Esto supone que han votado “más del doble” de sevillanos de los que lo hicieron en la consulta anterior de 2016 (entonces promovida por los socialistas y en la que participaron 40.659 sevillanos ), y representa casi un 16% del censo, tal y como indican desde el Gobierno local del PP.

Por su parte, el delegado de Fiestas Mayores ha defendido la “transparencia” y “legalidad” de esta “consulta de participación ciudadana”, asegurando que el proceso está “fiscalizado por funcionarios públicos y no por políticos”.

Aun así, el secretario general de FACUA a nivel nacional y directivo de su asociación en Sevilla, Rubén Sánchez, ofrecerá más detalles sobre las irregularidades detectadas en la consulta de la Feria durante la mañana de este jueves, horas antes de que se conozcan los resultados de la votación, que se cierra a las 20:00.

A la vuelta de una Feria de Abril “de récord”, Sevilla afronta la resaca adentrándose en un ambiente electoral. Cerca de 600.000 sevillanos están llamados a votar en un reférendum que decidirá el futuro de esta fiesta a partir de 2025. La pregunta es si se mantiene el modelo actual –el de sábado a sábado que se implantó en 2016 tras otro referéndum en el que participaron 40.659 sevillanos– o si se rescata el anterior, arrancando con el Lunes de Pescaíto.

Para votar en este referéndum –o “consulta de participación ciudadana”, como prefiere denominarlo el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés– los electores cuentan con tres jornadas de votación, desde este martes 23 al próximo jueves 25. De momento, se han registrado 53.740 descargas del código que se necesita para votar, lo que supone un 9% del censo y un 32% más de participación con respecto a la última consulta.

La iniciativa parte de una de las promesas que contrajo el alcalde José Luis Sanz durante su etapa como candidato a la alcaldía hace ahora un año. El popular nunca ha ocultado su preferencia por el formato corto, alegando que el actual “no hay bolsillo ni cuerpo que lo aguante”. Al margen de las querencias personales, el Gobierno municipal asegura que el proceso va a estar “fiscalizado por funcionarios públicos y no por políticos”, comprometiéndose así a acatar la voluntad popular que arrojen los resultados.

¿Qué se decide?

La consulta determinará el formato de la Feria de Abril para los próximos años: si se vuelve al modelo clásico conocido como 'la feria corta' (desde el Lunes del Pescaíto y Alumbrado hasta culminar el domingo con los fuegos), o mantener el formato largo que se implantó en 2016, de sábado a sábado.

¿Quién puede votar?

Podrán participar en la consulta tanto las personas empadronadas en Sevilla mayores de edad (581.334 sevillanos y sevillanas), como los titulares de casetas y carruajes no empadronados que estén inscritos en el registro del área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla (un total de 2.931, según datos oficiales).

¿Cómo y cuándo votar?

La votación se abre este martes 23 de abril a las 9:00 y se cierra el próximo jueves 25 a las 20:00. Durante este periodo, quienes deseen participar podrán optar por la vía telemática o la presencial.

La primera de ellas se desarrolla a través del portal consultaferia.sevilla.org, previa solicitud de un código que se puede obtener a través del mismo enlace. El código es necesario para poder emitir el voto y requiere rellenar un formulario con algunos datos, tales como el DNI o el número de teléfono móvil para recibir el SMS correspondiente. Se puede solicitar hasta el fin de la consulta, aunque desde el Ayuntamiento hispalense se recomienda no apurar hasta el último momento para evitar incidencias.

Por otro lado, quienes requieran de un ordenador o de asistencia con los medios telemáticos podrán acudir a las sedes de los once distritos y realizar allí la votación con ayuda de funcionarios públicos. El horario es de mañana de 9:00 a 14:00 y de tarde, de 17:00 a 20:00.

¿Qué hacer si surge un problema?

Las posibles dudas e incidencias que puedan surgir a lo largo del proceso de votación se podrán resolver llamando al teléfono de información municipal (010) o de forma presencial en el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla, calle Jovo (Antigua Casa de la Moneda), del martes 23 al jueves 25 de abril en el mismo horario que los puntos de los distritos.

¿Y después qué?

El Gobierno de José Luis Sanz –principal promotor de la consulta– se ha comprometido a considerar el resultado vinculante, “sea cual sea”. Eso significa que se acatará la voluntad popular y la opción más respaldada por los votantes será la que se instaure para las futuras ferias. Los resultados se darán a conocer la misma noche del jueves 25, o a lo sumo el viernes, según avanzan desde la delegación de Fiestas Mayores.

En caso de resultar vencedor el formato corto (de lunes a domingo), al suponer un cambio con respecto al actual, habrá que llevarlo a pleno municipal. Así se aprobará la modificación de la ordenanza municipal que regula esta fiesta, lo cual requiere de mayoría simple (esto es, más votos a favor que en contra).

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado este viernes que no asistirá a la comisión del Senado para analizar la ley de amnistía que tendrá lugar el próximo lunes. Ayer lo avanzaba el PSOE de Castilla-La Mancha y hoy ha sido el propio presidente regional quien ha asegurado que “si alguien piensa que los presidentes autonómicos de un partido y otro somos como monaguillos de los aparatos de los partidos, se equivocan”.

En declaraciones a medios de comunicación, tras su participación en la inauguración del nuevo Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresiones Sexuales de la provincia de Albacete, el líder del ejecutivo castellanomanchego ha afirmado que sabe lo que plantearán en sus intervenciones tanto Pere Aragonés, como los demás presidentes autonómicos.

“Yo no recibo instrucciones de Ferraz, mucho menos de Génova, y escuchar decir a un importante partido en España que van a obligar a que nos retratemos todos los socialistas, todos los presidentes autonómicos, es ofensivo”, ha añadido, según recoge Europa Press.

“Un 'mamatraca' que ya cansa”

Por otra parte, García-Page ha rechazado cualquier posibilidad de un referéndum en Catalunya sobre la independencia, planteando que en cuestiones de soberanía nacional tendrían que votar todos los ciudadanos de España.

“Si quieren cambiar la Constitución pueden proponerlo, pero se arriesgan a que no estemos de acuerdo en la inmensa soberanía, lo demás es mentira, es el mamatraca que ya incluso cansa”, ha añadido al respecto.

El PP le acusa de “falta de respeto hacia el Senado y sumisión a Sánchez”

Mientras, la viceportavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Gema Guerrero, ha acusado a García-Page de “falta de respeto hacia el Senado y sumisión a Sánchez”. 

Así lo ha resaltado hoy en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en Toledo, donde Guerrero ha reprochado que Emiliano García-Page no vaya a acudir a Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado que se celebra el próximo lunes “como tampoco acudió a la convocatoria anterior”.

 “Page ha sido convocado en su calidad de presidente de Castilla-La Mancha para defender los intereses de la región, pero una vez más ha rechazado defenderlos y nos convierte en ciudadanos de segunda. Su rechazo demuestra desidia y deslealtad a los castellanomanchegos y por supuesto, cobardía y sumisión a Pedro Sánchez”.

 En dicha comisión se analizarán los efectos y consecuencias para las Comunidades Autónomas de la aprobación de la Ley de Amnistía. Gema Guerrero ha subrayado que si Emiliano García-Page no acude, solo demuestra que sus declaraciones en contra de esta ley, “son una farsa y una pura estrategia política y electoral”.

 Y ha criticado que, con este hecho, “el Partido Socialista no reconoce el Senado, el cual está legítimamente constituido. No tiene sentido que no acuda por segunda vez, solo demuestra así, una un falta de respeto y de confianza en la Cámara Alta”.

El PP ha aprovechado para relacionar la Ley de Amnistía con la merma de 280 millones de euros en las finanzas de Gobierno regional que ayer mismo ponía sobre la mesa el consejero de Hacienda Juan Alfonso Ruiz Molina para justificar una carta de Page a Pedro Sánchez sobre la financiación autonómica.

“Page debe plantar cara de una vez a Pedro Sánchez en las instituciones. Ni evitó la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso con el voto favorable de los diputados nacionales de Castilla-La Mancha, ni va a poner encima de la mesa los efectos que supone la aprobación de esta ley. Una ley que vulnera el principio de igualdad entre los españoles”.

El Gobierno se desentiende del plan del president de la Generalitat, Pere Aragonès, para un referéndum de independencia pactado. No solo eso: advierte de que se trata de un regreso a los “bucles infinitos del conflicto”. Es la respuesta que ha dado a ERC este martes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde ha calificado de “electoralista” el plan del líder republicano.

“¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente?”, era la pregunta que desvelaba en la mañana de este martes Aragonés como parte del plan que ha elaborado el Instituto de Estudios de Autogobierno (IAE) sobre el marco jurídico en el que se podría celebrar un referéndum acordado con el Ejecutivo. Una consulta cuyos mínimos de participación y de votos favorables para dar validez al mandato se podrían negociar con el Estado, según ha reconocido el líder republicano.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha aprovechado una pregunta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para desechar la propuesta del president y candidato de ERC a las elecciones catalanas del 12 de mayo. “Es su posición y no les la de este Gobierno ni la mayoritaria de la sociedad catalana”, ha dicho. La ministra ha puntualizado que la propuesta llega en un contexto de precampaña electoral y ha advertido a continuación: “Va en contra de la política de unidad, de reencuentro y avance entre Catalunya y España”.

Poco después, Bolaños ha sido aún más contundente en la sesión de control. “Los catalanes, el 12 de mayo, pueden regresar al pasado, regresar al conflicto, regresar al lío, regresar a la tensión, regresar a los bucles infinitos de conflicto que no llevaron a ninguna parte”, ha apuntado. “O el 12 de mayo pueden votar futuro, acuerdos, diálogo, inversiones, empresas, prosperidad para Catalunya”, ha añadido a continuación.

El ministro de Justicia respondía a una pregunta de la senadora de Esquerra Republicana Sara Bailac. En su intervención, la parlamentaria le había reprochado que el Gobierno se alejara de los dos grandes “consensos” que a su juicio existen en la sociedad catalana: “El 80% de la ciudadanía de Catalunya quiere votar sobre su futuro político en un referéndum sobre la independencia y el 64% quiere poder recaudar desde Catalunya los impuestos que genera nuestro territorio”. “Mientras negando estos dos grandes consensos lo que hacen es evidenciar que no tienen un proyecto para Catalunya”, le ha espetado.

Bailac, que ha tildado a Salvador Illa, el candidato del PSC en las elecciones, de “delegado de Moncloa”, ha argumentado en un tenso intercambio con el ministro que lo que genera conflicto en Catalunya es “retenerla en contra de su voluntad” y que lo que forma parte del “pasado” es “no dejar votar a la ciudadanía”.

“Propuesta electoralista”

Si Alegría se había limitado a recordar que la iniciativa de Aragonès se da en un contexto de precampaña, Bolaños ha censurado las “propuestas electoralistas” del partido republicano. “El 90% quiere que la solución al conflicto político sea acordada y pactada”, le ha respondido el ministro, que ha recordado a ERC que en las generales del 23J esa formación fue “cuarta fuerza” y la primera, el PSOE. “Un poco de humildad, un poco de humildad”, le ha reclamado.

“No va a haber nunca acuerdo con los socialistas para la independencia”, ha zanjado también este martes el portavoz socialista, Patxi López, preguntado por este asunto en el Congreso. “Nosotros somos absolutamente contrarios al referéndum de independencia”, ha dicho, para insistir: “Un referéndum para nosotros es aquel que refrenda un acuerdo y no va a haber nunca acuerdo con los socialistas para la independencia”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dicho este martes al Ejecutivo de Catalunya que ninguna comunidad autónoma puede condicionar el modelo de financiación, al tiempo que ha abogado por llegar a un acuerdo por consenso de todas las partes implicadas como dicta la ley.

Así se ha pronunciado la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, al ser preguntada en rueda de prensa por la declaraciones de la consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Natàlia Mas, al diario El País en las que afirma que defenderán su propuesta sobre la financiación y no permitirán que presidentes regionales como Isabel Díaz Ayuso o Emiliano García-Page se lo determinen.

“Estoy de acuerdo con ella en que ni la Comunidad de Madrid, ni Castilla-La Mancha, pero tampoco Catalunya ni ninguna otra comunidad autónoma, puede condicionar el nuevo modelo de financiación autonómica, entre otras cosas, porque la única forma de que se llegue a aprobar un nuevo modelo de financiación debe ser por acuerdo, porque así lo dice la ley”, ha argumentado Padilla.

Según la portavoz del Gobierno castellanomanchego es así como lo establece la Constitución española recogiendo la igualdad entre todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan. “En Castilla-La Mancha nos gustan los acuerdos y sobre todo no nos planteamos nunca saltarnos la Constitución”.

“No va a haber ningún acuerdo sobre referéndum”

Preguntada por las demandas de Junts y Esquerra republicana al Gobierno en el marco de las elecciones catalanas y si preocupan a Castilla-La Mancha, la portavoz ha manifestado que confía en el Ejecutivo central porque ha manifestado que “no va a haber ningún acuerdo sobre referéndum y que no se va a ir más allá”.

Ha enmarcado todo en la “competitividad” entre estos dos partidos independentistas a cuenta de las elecciones. “Creo que esta escalada en las declaraciones de los dirigentes independentistas es fruto de la competición que tienen ante las próximas elecciones catalanas. Y espero y confío en que el Gobierno de España no ceda a lo que están planteando en estos días”.

El pueblo irlandés se pronunció este finde semana y lo hizo de forma rotunda, como el propio primer ministro, Leo Varadkar, no ha tenido más remedio que reconocer, asumiendo en primera persona la derrota del sí en sendos referéndums. Eran dos las propuestas de reforma constitucional que planteaba el Gobierno. La conocida como la “reforma de la familia” y la “reforma del cuidado.” La primera enmienda fue rechazada por un 67% del voto; la segunda cayó derrotada de forma aun más contundente: un 74%. 

Con respecto a la reforma de la familia, de lo que se trataba era de conservar la protección legal que la Constitución Irlandesa prevé para la familia –aunque con una noción de familia vinculada de forma explícita a la del matrimonio–, pero tratando de modernizar el concepto de familia de forma que pudieran quedar incluidas también las basadas en “otras relaciones estables” (“marriage or other durable relationships”), como las formadas por parejas hecho, las familias monoparentales o las familias extensas. 

A su vez, con la reforma de la cláusula del cuidado se trataba de dejar atrás un texto que se explica sólo teniendo en cuenta que la Constitución irlandesa data de 1937 y que fue redactada bajo la influencia de la moral y la jerarquía católicas. El controvertido precepto (artículo 41.2) de la carta magna irlandesa –probablemente una de las expresiones constitucionales más explícitas que quedan en el mundo occidental del antiguo modelo de familia de sustento masculino y cuidado femenino– establece que “el Estado reconoce que, mediante su vida dentro del hogar, la mujer brinda al Estado un apoyo sin el cual el bien común no puede realizarse” y, por lo tanto, “se esforzará por garantizar que las madres no se vean obligadas por necesidad económica a trabajar en detrimento de sus deberes en el hogar”. El nuevo precepto hubiera reemplazado “mujer” por “miembros de una familia” y reconocido que el “Estado debe esforzarse por apoyar” (strive to support) esa provisión de cuidados. 

Tomadas en su conjunto, está claro que lo que se trataba era de culminar la transición de Irlanda hacia un modelo de Estado liberal y secular sustituyendo el orden de género sobre el que el antiguo texto se asienta por uno más igualitario capaz de reconocer que las relaciones de cuidado no son el patrimonio exclusivo de las familias matrimoniales y, sobre todo, que las mujeres no tienen “deberes naturales” que las confinen al hogar y a los cuidados en detrimento de otras dimensiones de su desarrollo personal y ciudadano en la esfera pública. En este sentido hubiera sido la culminación del camino ya emprendido con otros dos referéndums en el país que contaron una participación ciudadana mucho mayor y que resultaron exitosos: el del año 2015, que abrió las puertas al matrimonio del mismo sexo y el del año 2018 que hizo lo propio con el aborto. No por nada se escogió el 8 de marzo como fecha de celebración. 

¿Qué ha pasado entonces? ¿A qué se debe el bajo grado de participación y, sobre todo, el abrumador fracaso? ¿Y qué lecciones cabe derivar para otros países que contemplen la necesidad de reformar sus textos constitucionales en clave igualitaria? No parece que haya aún un diagnóstico compartido, pero sí al menos algunas primeras lecciones que podemos extraer. Por lo que hace a la enmienda de la familia, parece que es la sensación de inseguridad jurídica a la que la reforma podría abocar lo que ha primado en su rechazo. Frente a la claridad de lo que es un matrimonio, la incertidumbre de la que es “una relación estable” ha incomodado a una ciudadanía a la que inquietaban las posibles repercusiones que la reforma pudiera tener en relaciones jurídicas en temas como la herencia, el derecho de inmigración o la materia fiscal. Recordatorio este de la centralidad que ha ocupado y sigue ocupando la institución matrimonial en nuestros ordenamientos jurídicos y de la necesidad, pero también de la dificultad, de avanzar en la senda de disolver tal centralidad. Al menos, sin antes emprender un proceso de pedagogía ciudadana que explique de qué forma exacta y a qué efectos la institución secular va a ser reemplazada para dar adecuado reconocimiento a las formas plurales de familias y de cuidados en los que actualmente descansa efectivamente la interdependencia humana. 

Por lo que hace a la reforma del cuidado parece que, en este caso, la propuesta del Gobierno se quedó claramente corta. Una convención ciudadana había debatido con anterioridad la conveniencia de reformar el artículo 41.2 y, mientras que hubo claro consenso acerca de la necesidad de abandonar el trasnochado precepto, lo hubo menos acerca de la conveniencia de simplemente eliminarlo. ¿Por qué no aprovechar la reforma para reconocer la centralidad de los cuidados en nuestros Estados y economías al mismo tiempo que se daba con una formulación que, superando estereotipos de género, conminara al Estado a asumir el coste real de la reproducción social, en vez de descargar la responsabilidad sobre la mitad femenina de la ciudadanía? Y si de esto último se trataba, parece que la nueva fórmula sometida a consulta resultó insuficiente. No bastaba con reemplazar mujer por familia, buscando una neutralidad de género. Era necesario “desfamaliarizar” el cuidado en términos mucho más contundentes. Y exactamente eso es lo que, entre otros, los colectivos feministas y los de defensa de las personas con diversidad funcional le han recordado con su no al Taoiseach irlandés. Es decir, que de meterse, hay que hacerlo bien, y hacerlo bien requiere, hoy en día, ir mucho más allá que dar con fórmulas neutras o vagas para reemplazar los explícitos y denostados esquemas patriarcales. Toca abordar la dimensión estructural de la economía de los cuidado. 

Un entrecomillado que ha hecho arquear más de una ceja. Así se podría definir la duda que ha puesto la Audiencia de Barcelona a que se celebre el juicio a 45 policías por las cargas del referéndum del 1-O de 2017. Los magistrados han confirmado que hay suficientes indicios para que los agentes se sienten en el banquillo “si es que el juicio llega a celebrarse”, en una velada referencia a la ley de amnistía.

Por partes. La Audiencia de Barcelona, en una auto al que ha tenido acceso elDiario.es, ha resuelto los numerosos recursos que los agentes interpusieron contra su procesamiento del mes de enero de 2023, que el juez instructor confirmó en abril. Son los tempos habituales de la Justicia en causas complejas sin presos. La resolución del recurso, sin embargo, ha llegado en plena negociación de la ley de amnistía, que afectaría de lleno a los 45 agentes procesados en Barcelona.

Aunque no hace referencia explícita a la amnistía, que los magistrados planteen la posibilidad de que el juicio no llegue a celebrarse en un auto por el que confirman los indicios para sentar en el banquillo a los agentes ha hecho que varias fuentes jurídicas lo relacionen con la ley de olvido penal del procés, que se encuentra en discusión en el Congreso después de que su aprobación fuera frenada por Junts.

Más allá de la eventual aprobación de la amnistía, que supondría el archivo de la causa penal para los 45 agentes, el juicio contra varios de los uniformados también está en discusión por un argumento técnico, ya que varios de los uniformados no podrían ser acusados por delitos graves de lesiones o contra la integridad moral sino tan solo de haber provocado heridas leves a los votantes. Ello abriría la puerta a que sus casos estuvieran ya prescritos.

Respaldo al juez instructor

En su auto, los magistrados de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona confirman la decisión del juez de sentar en el banquillo a los agentes al concluir que las imágenes apuntan a que pudieron incurrir no solo en delitos leves de lesiones sino también contra la integridad moral. Los magistrados respaldan la instrucción del juez Francisco Miralles y su rechazo a los recursos de todas las partes.

La Audiencia se ratifica en el “criterio objetivo” del juez instructor, ya que no se basa en “meras conjeturas o sospechas”, sino que se apoya en las imágenes y vídeos. Los magistrados destacan la “extensa y nada fácil investigación” en la que el juez Miralles ha actuado “con criterios racionales, coherentes, objetivos y desapasionados, sin atisbo alguno de contaminación política o ideológica, que es más de lo que puede decirse del contenido de algunos recursos”.

En este sentido, subraya que el juez, para acordar dejar a un paso de juicio a los 45 policías, archivar la causa para 18 –entre ellos algunos mandos– y sobreseerla definitivamente a otros tres, se ha basado en parámetros como la existencia o no de advertencia o de intentos de mediación previos a las cargas, la mayor o menor violencia con las que éstas se llevaron a cabo, el tipo de medios empleados, especialmente las porras, y su forma de uso, e incluso la edad y condición de los lesionados.

“Y lo ha hecho con un análisis detallado de cada uno de los hechos por separado, de una forma que sólo podemos calificar como impecable”, insiste la Audiencia, para desestimar todos los recursos en contra de la resolución del instructor.

Para la Audiencia, el auto que impugnaron tanto las defensas como las acusaciones cumple de forma “exquisita” con las exigencias de la ley, pues ofrece una “descripción detallada e individualizada” de los hechos imputados, de las personas contra las que se dirige el procedimiento y de los indicios que justifican mantenerles en la causa, con unas conclusiones “racionales, coherentes y motivadas” que la sala “comparte plenamente”.

Los jueces respaldan al 100% el criterio del juez instructor frente a las pretensiones de las defensas, que querían archivar el caso, y de las acusaciones, que querían imputar a más policías. Reprochan los magistrados la “obsesiva pretensión” de algunas de las acusaciones –en el caso están personados entre otros la ANC, Òmnium Cultural e Irídia–, para extender la imputación a todos los mandos de la Policía Nacional que actuaron el 1-O.

La Audiencia también ha avalado la decisión del juez de apartar a la Generalitat como acusación particular, al concluir que los daños materiales en los accesos a las escuelas públicas en que se celebró el 1-O quedan amparados por la orden judicial que ordenaba a los agentes impedir la votación.

Por otro lado, la Sala rechaza la pretensión de algunos policías para limitar los hechos a un delito leve de lesiones, que ya podría estar prescrito, postura apoyada parcialmente por la Fiscalía, ya que el instructor “va más allá” y “apunta claramente” a que algunas conductas podrían suponer un delito contra la integridad moral, “sin que ello suponga asumir la clasificación pretendida por algunas acusaciones”, que la Audiencia ve “injustificadamente expansiva”.

En un comunicado conjunto, Irídia y Òmnium Cultural han destacado que esta resolución de la Audiencia supone un “gran paso adelante” en la lucha contra la “impunidad de una actuación policial no solo desproporcionada sino delictiva” y ha apuntado que se ha llegado a este punto gracias al rol de la sociedad civil, ya que la Fiscalía ha jugado un papel “defensivo de la actuación policial”.