El Ente Vasco de la Energía (EVE), una sociedad pública dependiente del área de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno de Imanol Pradales y que, entre otras labores, gestiona la puesta en marcha de proyectos de renovables, ha abonado 10.800 euros en concepto de “donación” a la fundación de Adecco como compensación por no cumplir con los mínimos marcados por la ley y no tener en su plantilla, de 65 personas, ninguna con discapacidad. El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) ha dado por bueno este mecanismo.

Los datos sobre esta operación han sido facilitados al Parlamento Vasco por el consejero Mikel Jauregi, de quien cuelga el EVE, en respuesta a una solicitud del representante del PP Álvaro Gotxi, que ahora presentará una iniciativa para conocer si hay más casos como éste. Jauregi confirma que el pago se realizó el 18 de marzo de 2025, es decir, hace un año. Y adjunta una resolución de la directora de Activación Laboral de Lanbide, Maite Martínez Granado, con los detalles de cómo se ha gestionado todo el proceso.

Según la documentación facilitada, el EVE solicitó de Lanbide una “declaración de excepcionalidad” por el no cumplimiento “de la cuota de reserva de empleo” para personas con discapacidad, que ha de ser del 2% en ese tipo de organismos. Los datos, de finales de 2024, hablaban de una plantilla media de 64,58 personas y “cero” cumplían con esos requisitos. Y Lanbide la autorizó a cambio de una aportación dineraria.

Antes, el EVE intentó contratar a través de Lanbide a un responsable de “procesos y control de gestión” con discapacidad, pero se produjo una “imposibilidad de cobertura” por “inexistencia de demandantes de empleo” para el perfil solicitado. Como medida de compensación, se planteó hacer una “donación” a una “fundación” para que desarrolle “actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad”. La norma prevé este tipo de compensaciones siempre que sean de al menos 1,5 veces el indicador IPREM, fijado en 7.200 euros, lo que eleva la cuantía a 10.800. Lanbide ha pedido al EVE que “anualmente” remita una “memoria anual” sobre el “cumplimiento de las medidas alternativas”.

En 2024, Laura fue diagnosticada de un trastorno neuromuscular no especificado, miastenia gravis y tirotoxicosis, lo que equivale a una discapacidad reconocida del 38%, algo que desde entonces le ha impedido trabajar. Su marido, su cuidador principal, se encarga de cuidarla a ella y a sus dos hijos, de 11 y 16 años. Esto ha llevado a la familia a una situación de vulnerabilidad social, puesto que viven con una renta de garantía de ingresos (RGI) de 1.495,55 euros al mes, pero de la que cobrarán 1.090,24 euros durante los próximos tres años por haber cobrado antes ingresos indebidos que Lanbide obliga a devolver. Aunque estos ingresos indebidos a menudo provienen de desajustes en la actualización de rentas, conllevan la obligación de reintegro. Dada la situación y las dificultades que tienen para hacer frente al alquiler del piso de Vitoria en el que viven, han solicitado un aplazamiento del desahucio que está previsto para el próximo viernes, 13 de febrero. Sin embargo, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria ha denegado la suspensión del desahucio alegando que no existe forma de comprobar la vulnerabilidad económica de la familia.

“A pesar de que concurra vulnerabilidad social, no concurre vulnerabilidad económica conforme a la documentación presentada y que obra en el expediente. De hecho, se especifica en el informe remitido en fecha de 19 de enero de 2026 que no es posible valorar si existe vulnerabilidad económica, ya que, a pesar de habérselo requerido según procedimiento establecido, no han presentado documentación para la realización de dicha valoración económica. Asimismo, se reseña en el informe que no ha sido posible proporcionar una solución alternativa tendente a proporcionar una solución habitacional debido a que no existe un plan de intervención con la familia por la falta de colaboración de esta con los Servicios Sociales. Por ello, no procede acordar la prórroga de la suspensión, debiendo ser mantenido el lanzamiento señalado para el día 13 de febrero de 2026 a sus 10.30 horas”, señala el auto al que ha tenido acceso este periódico.

Laura insiste en que en ningún momento se han negado a la realización de la valoración económica y que han colaborado con servicios sociales. “Hemos hecho todo lo que nos han pedido, entregado la documentación y atendido a las citas de servicios sociales, pero la respuesta ha sido esa. Solo pedimos una vivienda digna y asequible”, reconoce la afectada, que ha elevado una queja ante la defensoría vasca del pueblo (Ararteko) que a su vez ha solicitado a través de un escrito al Ayuntamiento de Vitoria “la recomendación de que revise su decisión de no formular una solicitud de adjudicación directa de vivienda de protección pública para la familia”, dado que se encuentran dados de alta como demandantes de vivienda pública en el Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide.

“A la vista de la documentación que obraba en el expediente no aprecia argumentación o motivación alguna que justificara la negativa del Ayuntamiento de Vitoria a formular la solicitud prevista para la tramitación del procedimiento de adjudicación extraordinario regulado en la normativa y en el Convenio de colaboración suscrito entre el Consejo del Poder Judicial, la Administración General de la CAE y la asociación de municipios vascos (EUDEL) en la atención a personas de especial vulnerabilidad, con ocasión del lanzamiento de la vivienda familiar, para posibilitar la adopción de medidas de carácter social y de vivienda. La unidad convivencial afectada forma parte del colectivo de especial necesidad de vivienda al que se refiere la normativa y el Convenio mencionado”, detalla el escrito del Ararteko entregado al Ayuntamiento, que a día de hoy no ha recibido contestación del Consistorio.

“Nos sentimos abandonados por las instituciones, no nos han dado soluciones desde que empezamos. No queremos dinero, lo único que solicitamos es una vivienda digna y poder empezar de cero. No es cuestión de echarle la culpa a la propietaria de la casa, consideramos ella no ha hecho nada malo, pero las instituciones no nos han dado una respuesta, todo el mundo se lava las manos. Estamos intentando hacer bien las cosas y luchar por una vivienda digna, pero vemos que el viernes los cuatro nos vamos a tener que separar. Mi marido y yo tendremos que ir a un albergue, mientras mis hijos no sé dónde irán, quedarán en manos de servicios sociales que en lugar de ayudarnos nos han dificultado la situación”, reconoce Laura.

Este periódico ha solicitado información relativa a este caso al Ayuntamiento de Vitoria y concretamente al área de Servicios Sociales, que informan de que “para hacer el informe de vulnerabilidad económica las profesionales les solicitan a la persona/familia la documentación de la situación económica”. “Con esa documentación el economista del Departamento hace la valoración económica según los criterios que establece el Juzgado, no son criterios de Servicios Sociales”, explican a este periódico, alegando la falta de la documentación aportada por la familia, algo que Laura niega rotundamente.

“Desde el año 2024 tienen toda la información que han solicitado. Hemos acudido a todas las citas y tenemos justificantes de todos los documentos entregados. Se aferran a que falta información para no darnos el informe de vulnerabilidad económica, cuando saben de sobra que no somos solventes y así lo hemos demostrado con documentos”, lamenta la afectada, a la espera de que la Administración pública ofrezca a su familia una alternativa a la calle para el próximo viernes, 13 de febrero, cuando tengan que marcharse de su hogar.

Miquel mete la llave en la cerradura de la puerta de chapa con cuidado, casi un acto solemne, antes de empujarla y mostrar su futuro hogar. Ahora es sólo un solar, pero estos 600 metros cuadrados acogerán la que será una de las primeras cooperativas de vivienda sénior de España.

Este hombre de 64 años es uno de los doce integrantes del grupo que ha puesto en marcha La Constel·lació, una idea que se materializará en la calle Progrés de Badalona. Viene acompañado de Sunsi, Pilar y Elsa, otras compañeras que no se pierden la oportunidad de presumir de su proyecto.

Con una sonrisa en la cara, los cuatro cooperativistas señalan puntos del solar, dibujando un plano mental del futuro edificio. Para ellos, esta finca no será sólo un lugar en el que vivir, sino una oportunidad para pasar sus últimos años en compañía, atendidos y en un hogar que respete sus necesidades.

“Es algo que aleja la idea de la residencia y que, por contra, nos permite tener una vejez activa, con capacidad de decidir y de no ser invisibles”, resume Elsa.

Esta mujer de 70 años fundó la cooperativa con la esperanza de dar respuesta a una necesidad personal pero que muchas personas comparten al final de su vida. Además, en su caso, había un añadido: tiene esclerosis múltiple.

Todo empezó en 2017, después de su segunda rotura de pierna en poco tiempo. Elsa, que es de origen uruguayo y vive sola, vio que necesitaba empezar a planear sus próximos años. “Sola no podía. No sabía qué era, pero tenía claro que una residencia no me apetecía”, recuerda. Así que, buscando en Internet, encontró la “palabreja” cohousing. “No tenía idea de qué significaba, pero me interesó enseguida”, explica.

Se informó, se asesoró y puso a andar un proyecto que, al principio, iba a ser para personas con esclerosis. Pero no encontró a suficiente gente. Además, “estar solos hubiera sido totalmente contraproducente”, reconoce.

Mientras pensaba cómo hacerlo viable, la Generalitat reconoció a los jubilados como colectivo vulnerable y lo vio claro. Iba a compartir proyecto de vida con personas mayores o que tuvieran discapacidades motrices.

Una finca pensada para el “acceso universal”

“Mira, ahí va a estar el jardín”, dice Sunsi, con un brillo en los ojos. “Tendrá barbacoa”, asegura Elsa, provocando risas de sus compañeros. “Como buena hija del Río de la Plata no puedes pasar sin eso, ¿no?”, le responde Miquel. En la zona al aire libre, que ocupará la parte trasera del edificio, también quieren instalar una piscina climatizada. “Pero no por ocio, sino para hacer ejercicio”, aclaran.

De momento, ni la barbacoa ni la piscina están presupuestados. Son caprichos a futuro. Lo que sí está diseñada es una finca según los principios arquitectónicos del acceso universal, que garantiza que cualquier persona pueda usar todos y cada uno de los espacios y enseres.

Es algo que va mucho más allá de pensar más en rampas que en escaleras, o en que en los ascensores quepan sillas de ruedas o scooters. También contempla el diseño de cocinas y lavabos, que serán iguales independientemente de si se tiene movilidad reducida o no, para que no haya que adaptar nada si la situación del habitante cambia.

“Son cosas que desconocíamos, pero que tienen todo el sentido”, apunta Miquel. Como pensar en que los armarios estén en la parte inferior de la estancia o en que estos tengan ruedas para que se puedan quitar y que una persona en silla de ruedas pueda usar la encimera como espacio de trabajo.

“Se tendría que pensar en estos aspectos en todas las fincas, no sólo las que sean para jubilados”, añade Pilar. “También tendremos un baño en el portal de la entrada. ¿Acaso eso no le vendría bien también a una persona de 20 años?”, añade, entre risas.

“Ahora, mira allá”, la corta Miquel, que señala hacia uno de los laterales del solar. Allí hay una tabla negruzca, enganchada a la pared en una zona que cuenta con una especie de tarima. Es una pizarra. “Es que esto antes era una escuela”, explican.

La cooperativa ha decidido que conservarán este retazo del pasado porque su intención es conectar con el barrio. No han esperado a que empiecen las obras para empezar a involucrarse en las asambleas de vecinos.

Muchos vienen de otros municipios y, como Miquel, dejan atrás ciudades en las que han nacido y han visto crecer a sus hijos. Pero están listos para generar nuevos vínculos.

“Eso es la vejez activa. No aislarse, tejer redes nuevas y conectar con el barrio. Estaremos ahí para ellos igual que esperamos que ellos estén ahí para nosotros”, sostiene Pilar, que ve esta cooperativa como una evolución natural en una vida “llena de activismos”.

Unos se han acercado a la cooperativa por necesidad, pero otros lo han hecho por convicción. A pesar de estar bien de salud, de ser propietarios de una vivienda o de poder pagarse una residencia llegado el caso, han decidido hacer la apuesta.

“Yo no quería ser una carga ni acabar en una residencia”, dice Sunsi. Miquel pretende “arrancar viviendas al mercado especulativo” y Pilar, simplemente, cree en el poder de la comunidad: “Los viejos no tenemos por qué estar solos o tristes”.

Un proyecto a 10 años vista

La Constel·lació tendrá 12 viviendas, algunas individuales y otras para parejas, además de contar con zonas comunes como un lavadero, jardín y un comedor equipado con cocina. Todo ello les ha costado una inversión de 35.000 euros para comprar el solar, a los que se deberán sumar los gastos de las obras. Luego, las hipotecas costarán entre 800 y 1.000 euros al mes. “Es caro, la verdad que sí”, reconoce Sunsi.

Saben que no todas las personas jubiladas o con discapacidades tienen ese capital, pero ellos se consuelan pensando que están abriendo camino. En Catalunya hay cinco cooperativas sénior en marcha, un modelo que todavía está siendo explorado y que no cuenta de tanta popularidad como otras cooperativas de vivienda.

“A pesar de ser considerados un colectivo vulnerable, no tenemos ayudas de la administración”, lamenta Elsa, que requiere más facilidades a los ayuntamientos y a la Generalitat. Ellos han optado a subvenciones y a ayudas privadas, pero incluso así la inversión será alta. Tanto, que algunos han pensado en vender sus viviendas habituales para poder sufragar los gastos. “Hemos tenido que hablar con nuestros hijos, porque ese piso que pensaban que sería para ellos no lo será. Y lo aceptan, porque ven esta apuesta de vida como un activismo más”, explican.

La hipoteca que pagarán, de unos 20 años, no acabará con un piso en propiedad. La hipoteca es una especie de cuota que les da derecho a usar la vivienda, pero su tenencia siempre será de la cooperativa, para que los que vengan después lo tengan más fácil. “Es un proyecto de futuro, aunque suene raro oír a jubilados hablar de futuro”, ironiza Pilar.

La suya es una gesta que está siendo larga. La idea nació en 2017 y compraron el terreno en 2022. Entre que han podido reunir el dinero, conseguir los permisos y contratar el proyecto, esperan instalarse a finales de 2027. “Son muchos años, que representan una parte importante de lo que nos queda por vivir. Y cuando entremos, nuestras circunstancias no serán las mismas que cuando empezamos”, se lamenta Sunsi.

A pesar de los problemas y las dificultades, ven con optimismo los años que vendrán. A ellos les apetece envejecer así, rodeados de amigos y compañeros, con posibilidad de compartir un final de vida en que no serán una carga para nadie, en un hogar en el que podrán decidir cómo gestionar su vida. Hoy todavía es solo un solar, pero estos jubilados ya pueden ver esa barbacoa esperándoles en la esquina del jardín.

En Castilla-La Mancha, tierra de horizontes amplios donde el viento mueve molinos y voluntades, todavía hay realidades que el silencio intenta esconder. Una de ellas es la que viven miles de personas con discapacidad y sus familias, que cada día empujan las puertas del mundo para que se abran… y muchas veces siguen encontrándolas entrecerradas. Hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no celebramos una fecha: celebramos una causa. No reivindicamos un colectivo: defendemos a la ciudadanía. No pedimos favores: exigimos derechos humanos. Porque los derechos no son negociables, porque la dignidad no se pide, se respeta, y porque la inclusión no es un eslogan, sino una obligación ética y legal.

En nuestra región, que ha demostrado a lo largo de los años una creciente sensibilidad hacia las personas con discapacidad, lo cierto es que quienes recorremos centros educativos, asociaciones, pueblos y barrios lo sabemos bien: queda mucho por hacer. Seguimos encontrando a jóvenes que no pueden acceder a estudios o empleos adecuados por falta de apoyos, familias agotadas por trámites interminables, personas con discapacidad intelectual que aún deben “demostrar” lo que al resto se le reconoce de manera inmediata, pueblos sin accesibilidad mínima y cuidados invisibles que recaen casi siempre sobre las mismas personas: las mujeres. Estamos mejor que hace veinte años, pero cuando hablamos de derechos humanos, “mejor” nunca es suficiente.

Quien ha trabajado, convivido o acompañado a personas con discapacidad sabe que no hablamos de carencias, sino de potencias. Hablamos de creatividad, de resiliencia y de una manera distinta —y profundamente humana— de mirar el mundo. En estas tierras nuestras, donde el esfuerzo es parte de la identidad colectiva, las personas con discapacidad nos enseñan que la grandeza de una comunidad se mide por la manera en que trata a quienes encuentran más barreras en su camino. He visto en aulas rurales a niños que incluyen sin preguntar, a jóvenes con discapacidad levantar proyectos que otros consideraron imposibles y a personas que, pese a la discriminación o al abandono institucional, siguen defendiendo con fuerza su derecho a un futuro digno. No hay mayor lección de coraje ni mejor motivo para seguir luchando.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos recuerda que la exclusión no nace de las limitaciones personales, sino de las barreras sociales, culturales y estructurales. Y esas barreras —aunque duela admitirlo— siguen presentes en Castilla-La Mancha: autobuses inaccesibles, comunicaciones incompletas, falta de apoyos para una vida independiente, prejuicios que se disfrazan de buena intención y políticas que aún no acompañan con la intensidad que requiere la justicia social. La Agenda 2030 lo resume en un mandato inapelable: no dejar a nadie atrás. Y eso incluye a la Castilla-La Mancha rural, a los pueblos pequeños, a las familias sin recursos y a las personas con grandes necesidades de apoyo, que continúan siendo invisibles para la administración y, a veces, para la propia sociedad.

Este 3 de diciembre no queremos aplausos; queremos compromisos reales. Pedimos valentía a los gobiernos, coherencia a los responsables públicos, empatía activa a la ciudadanía y sensibilidad sostenida a los medios de comunicación, cuyo altavoz puede cambiar destinos. Necesitamos una región accesible, donde cada municipio sea transitable para todos; inclusiva, donde la escuela garantice de verdad el derecho a aprender juntos; justa, donde trabajar no sea un privilegio, sino un derecho accesible; y libre de prejuicios, donde la discapacidad deje de verse como una excepción y se reconozca como parte legítima de la diversidad humana. La inclusión no se construye con discursos, sino con presupuestos, políticas mantenidas, formación, respeto y actitudes que se revisan día a día.

Castilla-La Mancha puede ser referente. Tenemos profesionales extraordinarios, familias incansables, asociaciones que actúan como auténticos sistemas de apoyo, jóvenes que no entienden de etiquetas, docentes que hacen milagros en aulas sin recursos y personas con discapacidad que demuestran una y otra vez que el problema nunca fue su capacidad, sino la mirada que se les imponía. Por todo ello, hoy afirmamos que nuestras diferencias no deben separarnos, sino unirnos; que la discapacidad no puede volver a ser excusa para negar derechos; y que nuestra región debe ser ejemplo de una humanidad que no abandona a nadie. No podemos esperar otros cincuenta años para comprobar que el esfuerzo ha valido la pena. El momento es ahora, el compromiso es aquí y la responsabilidad es de todos. Que este 3 de diciembre no sea solo un día, sino un punto de inflexión hacia la igualdad real.

La entidad de Economía Social Amiab ha dado a conocer que por primera vez una persona en silla de ruedas desfilará en la prestigiosa pasarela de moda albaceteña 'ab Fashion'. Será el sábado 22 de noviembre en el Palacio de Congresos de Albacete. Una gran cita que será espacio también para la reivindicación y la visibilización de las personas con discapacidad.

Se trata de Andrea Pérez Selles, de 24 años. Era jugadora de pádel profesional y estudiante de Marketing en la Universidad de Alicante, cuando el 27 de agosto de 2023 tuvo un accidente que le causó una lesión medular, motivo por el que tuvo que contar para su movilidad con una silla de ruedas. Andrea, que es una joven risueña y despierta, no tiró la toalla y dio lo mejor de sí en su recuperación.

Tras ocho meses en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y una intensa atención médica, le dijeron que no podría volver a andar, pero el espíritu de superación de Andrea fue mucho más allá de lo imaginable. Tras dos años de gran empeño ha conseguido dar sus primeros pasos. “No tengo una marcha funcional y he de ir en silla de ruedas, pero ya es mucho más de lo que suponía que podría hacer”, dice Andrea.

No tengo una marcha funcional y he de ir en silla de ruedas, pero ya es mucho más de lo que suponía que podría hacer

Andrea Pérez Selles

El presidente de amiab, Emilio Sáez, ha querido dar las gracias a Andrea por haber accedido a su propuesta de desfilar en la pasarela de moda de Albacete. “Es un honor haber participado en esta labor de visibilización de la discapacidad, en un evento de moda que ya tiene una repercusión a nivel nacional y que, además, cumple en este 2025, 10 años. Quiero dar las gracias también a la diseñadora, Lola Muñoz, por su disposición con esta iniciativa”.

Andrea es una joven que irradia felicidad y talento. Está ligada a proyectos deportivos continuamente. “No he desfilado nunca. Para mí la moda es una forma de expresar quiénes somos, de sentirnos únicos y libres. Valoro mucho poder participar en un evento así ya no solo por la oportunidad que me brinda sino por mostrar al mundo que nosotros también estamos aquí y una silla no es un impedimento si tú lo quieres”.

Este lunes Por La Rioja ha propuesto trasladar al alumando del centro Marqués de Vallejo al CRMF de Lardero. Este mismo lunes, el sindicato UGT ha solicitado una reunión urgente en el Comité de Seguridad y Salud de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Los delegados de prevención del Comité de Empresa de la CAR han visitado este lunes el colegio de educación especial Marqués de Vallejo, después de que UGT reclamara a la Administración comprobar de primera mano el estado del edificio.

Durante el recorrido, la delegada de prevención de UGT Servicios Públicos, Begoña Ducrós, ha observado grietas visibles y desconchones en paredes y techos, presentes en diferentes pasillos, salas (como la de Psicomotricidad) y en varias aulas. En el pasillo blanco se encontraba instalado un medidor de grietas, señal de seguimiento de su evolución. Con respecto al pasillo que conduce a la lavandería, del cual se abren grietas a ambos lados, se encontraban dos puertas cerradas con cartel de “prohibido entrar”, que refleja que las limitaciones internas de uso afectan al normal funcionamiento del centro.

UGT Servicios Públicos denuncia que no se ha mostrado a los delegados las dependencias más afectadas, especialmente la zona de internos y los espacios que ya habían sido evacuados, no sabemos si por cuestiones de seguridad o por ocultar la gravedad del deterioro. Ante esta situación, UGT solicita una reunión urgente del Comité de Seguridad y Salud, en la que exigirá a la Administración un estudio pormenorizado y realizado por una empresa independiente que determine si el edificio es seguro y cuál es su estabilidad real. 

UGT subraya que el Gobierno de La Rioja debe comprometer una inversión suficiente para construir un nuevo edificio moderno, amplio y adaptado a las necesidades de sus usuarios, tal y como ha reclamado en numerosas ocasiones el sindicato. Mientras se materializa ese nuevo centro, la Administración debe garantizar que las instalaciones actuales sigan siendo seguras tanto para el alumnado como para los profesionales, ya que la prioridad debe asegurar la seguridad del edificio y de las personas que lo utilizan cada día, tanto usuarios como personas trabajadoras.

UGT Servicios Públicos critica que, en pleno siglo XXI, es incomprensible que un centro que atiende a personas con discapacidad siga funcionando sin una inversión estable y continuada. De este modo, no se puede hablar de inclusión mientras se mantiene un edificio con deficiencias que deberían estar ya superadas.

Un incendio en la sala de calderas ha obligado a evacuar este lunes el centro de personas con discapacidad 'Carpe Diem', ubicado en la calle Lope de Vega de Herencia, en Ciudad Real, sin que se hayan registrado afectados.

El aviso del suceso se ha recibido a las 9.11 horas, tal y como han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha y se ha procedido al desalojo a la calle de 29 residentes y siete trabajadores y residentes, aunque todos se encuentran bien.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Alcázar de San Juan, además de una UVI en preventivo, y efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local. El origen del incendio, según las mismas fuentes, habría estado en la sala de calderas del centro.

Según han confirmado fuentes del Centro de Apoyo Residencial ARA Carpe Diem, especializado en la atención a personas mayores de 45 años con discapacidad intelectual, se activó la alarma por la presencia de humo en la zona de calderas sobre las 9.10 horas. “Gracias a la inmediata actuación del equipo interno y los servicios de emergencias, residentes y personal han retomado sus rutinas habituales sin que se hayan registrado daños personales ni materiales”.

El personal del centro, que realizaba tareas de atención directa a los usuarios, detectó inmediatamente humo negro procedente del termostato de un acumulador de agua caliente sanitaria en la zona de máquinas. Ante esta situación, se activó el protocolo de evacuación preventiva del centro. “Cuando llegaron los bomberos, el personal del centro ya había completado la evacuación total siguiendo el plan de evacuación”, explican fuentes de este centro.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva partida de casi un millón de euros a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) para financiar programas de ayuda a personas con discapacidad refugiadas en Cisjordania.

Entre los proyectos que van a verse respaldados se incluye asistencia financiera para personas discapacitadas tanto antes, como a raíz de la nueva escalada de ataques israelíes sobre Cisjordania desde 2023, así como la mejora de servicios de rehabilitación, psicosociales, sanitarios, además de instalaciones y equipos que serán dotados de una mejor accesibilidad, según una nota del del Ministerio de Derechos Sociales, que ha propuesto esta ayuda.

La partida aprobada por el Gobierno se suma a otra en noviembre de 2024 de casi 900.000 euros para atender a víctimas discapacitadas por los ataques israelíes en la Franja de Gaza.

“Pandemia” de discapacidad

Naciones Unidas aseguró el año pasado que en Gaza hay una “pandemia de discapacidades” que se extiende sobre la sitiada población de la Franja. Desde el inicio de la ofensiva israelí, más de 134.000 palestinos han sufrido heridas de guerra, 40.500 de ellas niños y niñas, y de los cuales uno de cada cuatro han quedado con algún tipo de discapacidad, según informa el Grupo Global de Protección (una red internacional de agencias humanitarias coordinada por ACNUR).

En el caso de Cisjordania, la ofensiva del Ejército israelí, junto a los ataques cada vez más violentos de los colonos, han afectado especialmente a grupos vulnerables como las personas discapacitadas en su acceso a servicios sanitarios. Muchos de ellos han visto imposible continuar con sus tratamientos médicos o de rehabilitación debido a la imposibilidad de trasladarse por el estado intransitable de muchas carreteras, o los daños sufridos sobre edificios e instalaciones sanitarias tras las incursiones israelíes.

“Aunque el centro para menores con discapacidad (del campo de refugiados) de Nur Shams cuenta con rampa de acceso para silla de ruedas, la gente encuentra serias dificultades para acceder a ella debido a que la carretera ahora es solo barro, socavones y piedras (por la acción de los bulldozers israelíes)”, dice un informe de la organización especializada en discapacidad e inclusión Humanity and Inclusion.

La organización retrata la crisis a la que se enfrentan las personas con discapacidad en su acceso al sistema de salud en Cisjordania débil e infrafinanciado que se enfrenta a más restricciones desde los ataques de Hamás en 2024 y la ofensiva israelí en los territorios palestinos.

Según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, antes del 7 de octubre de 2023 se estimaba en unas 115.000 el número de personas con algún tipo de discapacidad en Palestina, de las cuales unas 59.000 se encontraban en Cisjordania. Las cifras no han vuelto a actualizarse desde entonces.

El Ministerio de Derechos Sociales ha pedido a la Fiscalía y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio investigar si en el cumpleaños del futbolista Lamine Yamal, se vulneró la ley de discapacidad, que prohíbe espectáculos de burla o que denigren a las personas con discapacidad.

Según explica el director general de Discapacidad, Jesús Martín, el ministerio de Pablo Bustinduy ha enviado una carta a esos organismos para aclarar si en la fiesta de cumpleaños del futbolista, que alcanzaba la mayoría de edad este domingo 13 de julio, se incumplió la ley que prohíbe desde hace casi tres años actividades como las que denigran a las personas con enanismo.

Precisamente, el Gobierno quiere regular como infracción grave, con multas de entre 600.000 euros y un millón de euros, espectáculos similares al ‘bombero torero’ y en general, la exposición pública de una persona atendiendo a su discapacidad, en la reforma de la ley que quiere aprobar el Consejo de Ministros este martes.

Denuncia de la Asociación de Personas con Acondroplasia

Este domingo, la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), entidad miembro de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), condenó y denunció públicamente la contratación de personas con enanismo como parte del entretenimiento en la fiesta de Lamine Yamal. La Asociación anunció que tomará acciones legales y sociales para salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad, “considerando que estos hechos vulneran no solo la legislación vigente, sino también los valores éticos fundamentales de una sociedad que se pretende igualitaria y respetuosa”.

Durante el cumpleaños del joven futbolista, figura relevante del deporte español, se contrató a personas con enanismo únicamente para actividades de espectáculo y reclamo. “Para ADEE, este tipo de prácticas resulta intolerable porque perpetúa estereotipos, alimenta la discriminación y menoscaba la imagen y los derechos de quienes tienen acondroplasia u otras displasias esqueléticas, así como de todas las personas con discapacidad”, señalan en un comunicado.

Ian tiene nueve años y está a punto de terminar el curso escolar. Las vacaciones de verano se encuentran a la vuelta de la esquina y el tiempo libre aumentará de manera considerable hasta que la rutina en septiembre. A Ian le ilusiona hacer actividades de verano como cada año, pero no siempre es fácil apuntarlo a ellas.

Con parálisis cerebral, un grado III de dependencia y retraso en el desarrollo psicomotriz, Ian ve limitada su participación en las actividades y campamentos urbanos de verano debido a su coste.

“Es imprescindible que mi hijo esté ocupado”, se lamenta Mar, madre del pequeño. “Si no hace extraescolares, le rompes la rutina y puede desarrollar problemas conductuales, y en estas fechas ya se está poniendo nervioso porque hay que inscribirle”, afirma.

El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado un año más el programa T’estiu molt, repleto de actividades para que los más pequeños puedan divertirse en vacaciones. El problema es que no todos los niños parten con las mismas condiciones para disfrutarlas, como es el caso de Ian.

Estos niños necesitan atenciones especiales, y en muchos casos las familias no pueden sufragar el gasto de las actividades propuestas, porque su precio es mayor que el de los niños y niñas que no tienen discapacidad, y no pueden permitírselo.

“Económicamente me afecta mucho porque, aunque haya ayudas, las subvenciones no son suficientes. Pero tengo que apuntarlo. Mi otra hija no tiene discapacidad y, con lo que me cuesta su campamento cinco semanas con comedor incluido, me da para una del de Ian y sin la comida”, añade Mar.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recibido quejas de nueve familias distintas porque sus hijos han tenido dificultades para acceder a las actividades veraniegas. Según los datos del Ayuntamiento, una semana de colonias para un niño sin discapacidad puede tener un coste de unos 225 euros, mientras que lo mismo para un niño con necesidad de adaptaciones especiales, puede tener un coste de 800 euros.

Si bien es cierto que el Ayuntamiento de Barcelona tiene unas subvenciones que van desde el 30% al 90%, estas siempre serán del precio máximo fijado, nunca del precio final. “El importe de la subvención no se calculará de acuerdo con el precio de la actividad final, sino con los baremos establecidos como precio máximo”, afirma el síndic de Barcelona, David Bondia.

Esto quiere decir que hay un precio máximo fijado que, cuando se adapta a los niños con discapacidad, puede subir, con el beneplácito del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMDP). Y, ese aumento es el que no cubre la subvención; esta solo se dirige al primer precio. En el caso anterior de las colonias, habría más de 500 euros de diferencia no subvencionable entre los precios de coste de un niño con atenciones especiales y sin ellas.

Los datos del Ayuntamiento también exponen que una de las jornadas completas con comedor tiene un precio máximo semanal de 197 euros, mientras que el precio real para los niños con discapacidad es de 300 euros, una diferencia no subvencionable de 102 euros. Esto provoca que muchos hogares se echen para atrás y ni siquiera intenten conseguir esas ayudas económicas públicas.

Otro caso es el de una de las familias que ha tramitado su queja a la Sindicatura. Esta ha alegado que no puede permitirse pagar 400 euros a la semana para que su hija, que tiene una discapacidad del 69% y grado III de dependencia, vaya a una actividad de 9h a 14h sin la comida incluida. Son unos precios que se escapan de los bolsillos de hogares que no tienen un nivel económico holgado.

“Las actividades tienen que financiarlas el Ayuntamiento, porque las familias de niños con discapacidad ya viven con un sobrecoste permanente en gastos de transporte, soporte y/o prótesis”, declara el director de la federación Dincat, Victor Galmés.

En el caso de Mar, hay un sobrecoste importante en su día a día. “Ian necesita psicóloga, terapia sensorial, actividades extraescolares que no están subvencionadas para que esté ocupado, complementos de la silla de ruedas que no te pagan, zapatos especiales, juguetes sensoriales y férulas”, enumera.

Pocas plazas disponibles

Los precios no son la única traba en el acceso a las actividades de los niños con discapacidad. Tampoco hay todas las plazas disponibles que las familias querrían. Se parte de la base de que hay 1.080 actividades disponibles y solo 22 de ellas son inclusivas para menores con discapacidad, lo que se traduce en un 2% de toda la oferta.

Solo cuatro de estas actividades tengan un precio más bajo que los máximos establecidos por el Ayuntamiento, por lo que 18 actividades han superado los precios con subidas imposibles para muchas casas, según el Síndic de Greuges. Algunas de estas tienen un coste superior del 50%, y el IMDP alega que está justificado debido a los gastos en monitores, alimentación o transporte, entre otros.

En cuestión de plazas, esto se traduce en que hay 2.203 para niños con discapacidad frente a las 369.198 que existen para actividades en general. Es cierto que estos niños con atención especial pueden acceder también a las actividades ordinarias, porque hay una reserva del 5% de las plazas para ellos, pero de nuevo hay escollos. El problema principal, según el Síndic, es que para esas plazas no hay suficientes monitores, con lo que echa para atrás a las familias. .

Otras de las familias que se ha quejado ha denunciado que su hija con autismo de grado II, TDAH con hiperactividad severa y trastorno grave de conducta no ha podido inscribirse a una actividad. El motivo ha sido que hay un recorte de ayudas para monitores de apoyo y la matrícula no podía efectuarse porque ya hay niños con estas necesidades que van a utilizar los pocos servicios que mantienen.

“Las entidades promotoras deben garantizar que, si hay una reserva de plazas, los niños con discapacidad tengan las mismas oportunidades de acceso que el resto”, añade el Síndic de Greuges, David Bondia.

El Síndic reconoce que el Ayuntamiento de Barcelona está impulsando medidas adecuadas para la inclusión de los niños con discapacidad, como la reserva de plazas del 5% o las subvenciones, pero insisten en que estas medidas aún son insuficientes.

La entidad resume que se deberían cambiar los criterios para que desde un principio las familias sepan lo que tienen que pagar y las subvenciones cubran así el precio final fijado, sin riesgo a que después pueda fluctuar. Asimismo, denuncia que las administraciones públicas tienen el deber de asegurar un acceso igualitario para niños con y sin discapacidad a la hora de participar en actividades, y si comporta un aumento de monitores de soporte, que se efectúe.

“El ocio queda en segundo plano, se habla de vivienda y trabajo, pero no tener políticas de acceso al ocio es no proporcionar plena inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad”, concluye Galmés.

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha denunciado que “una vez más, el equipo de Gobierno deja de lado las necesidades de las personas con dificultades de movilidad o movilidad reducida a los que, ya no solo no tiene en cuenta en las obras de la ciudad, sino que tampoco les facilita poder participar con garantías de seguridad en citas tradicionales y multitudinarias como el Corpus”.

Así lo ha indicado a propósito del contrato para la instalación de las ya tradicionales sillas del Corpus, del que ha dicho que ha vuelto a obviar las necesidades especiales de personas con discapacidad o en silla de ruedas.

PP y Vox se cansan de hablar de una ciudad inclusiva, pero se olvidan de pasar de las palabras a los hechos

El concejal de Izquierda Unida recuerda al equipo de Gobierno que este contrato, que además se ha licitado por dos años y otro más de prórroga, viene lastrado en esta materia desde sus orígenes y que han sido numerosas las ocasiones en las que se ha reclamado una atención especial a estos ciudadanos y ciudadanas. En su opinión, PP y Vox “se cansan de hablar de una ciudad inclusiva, pero se olvidan de pasar de las palabras a los hechos”.

Por el contrario, recrimina, mientras el equipo de Gobierno arroja a la vorágine de la multitud a quienes tienen dificultades de movilidad, instalan por casi 13.000 euros un graderío, como ocurrió el año pasado, en un espacio privilegiado de la ciudad --en lapPlaza del Ayuntamiento--, para que las autoridades invitadas por ellos estén cómodamente sentadas y a la sombra durante el paso de la procesión.

“No parece que este tipo de medidas vaya en consonancia con las declaraciones de los responsables municipales por las que aseguraron en el primer Consejo de Discapacidad que iban a trabajar por ellos y por dar voz a todos para avanzar en la plena inclusión”, ironiza el edil de izquierdas.

Para Fernández la “dejadez” del equipo de Gobierno en materia de discapacidad se hace más evidente al comprobar que tras jactarse de haber impulsado la actividad del Consejo Municipal de Discapacidad siguen incumpliendo su reglamento, donde se establece una periodicidad trimestral para sus reuniones. “De momento se ha realizado la de constitución en 2023 y una más en 2024”, anota el edil de IU que reprocha a la concejala de Asuntos Sociales que asegurase que “este equipo de Gobierno iba a cumplir con ello y elaborar un Plan de Inclusión del que solo sabemos que fue una mera declaración de intenciones”.

La OCU ya advirtió el pasado año sobre la venta de sillas

Por otro lado, recuerda Txema Fernández que la venta de las sillas del Corpus volverá a reeditar las escenas de largas y tediosas horas desde la madrugada para conseguir un tique pese a que, como advirtió ya la OCU, sería conveniente establecer más puntos de venta que incluso podría gestionarse desde los propios Centros Cívicos, apunta Fernández.

“Aunque el 30% de los asientos se vendan por internet la página tiende al colapso y se cobra comisión por lo que los ciudadanos y ciudadanas prefieren desplazarse y aguantar largas horas a comprar en la taquilla de Zocodover generándose escenas de tensión que podrían evitarse con una diversificación de los puntos de venta”, considera el concejal de IU.

Por último, el portavoz municipal de IU vuelve a insistir en que “la privatización de las calles” con un contrato para instalar sillas ha usurpado el Corpus a sus vecinos y vecinas porque esta celebración ya no es de ellos “sino de quien pueda comprar una silla. Lo ha desvirtuado por completo y ha pasado a ser parte del negocio turístico de la ciudad”.

Un negocio que, según las condiciones de la licitación, podría llegar a reportar al adjudicatario unos ingresos de 30.000 euros en un día ya que de las 2.900 sillas que se instalarán, 2.500 son de pago --el resto son de protocolo-- a un precio máximo de 12 euros.

Cada primavera, Sevilla se convierte en escenario de una de las celebraciones populares más famosas de España: la Feria de Abril, un evento que el año pasado atrajo a más de tres millones de visitantes. Pero más allá del colorido, la música y la tradición, la fiesta enfrenta retos crecientes en cuestiones clave como la sostenibilidad ambiental, la accesibilidad universal y el impacto del turismo masivo. Algunos colectivos sociales y parte de la ciudadanía, aunque no niegan que la administración haya ofrecido respuestas, tildan estas de incompletas.

Durante una semana, el Real congrega más de mil casetas, atracciones, calles decoradas y zonas de servicios que desaparecen pasado este tiempo. Pero ese carácter provisional suele servir de excusa para postergar medidas por ejemplo de accesibilidad que garanticen el derecho a disfrutar del evento en igualdad de condiciones.

“La accesibilidad en la Feria se empieza a discutir solo cuando quedan dos semanas para su celebración”, denuncia Marta Castillo Díaz, presidenta del Cermi Andalucía. Las dificultades son múltiples: suelos de albero donde las ruedas se hunden, cruces con adoquines en los que encallan las sillas de ruedas, aseos inaccesibles, carencia de señalética podotáctil o escasez de transporte adaptado. Las personas con movilidad reducida, especialmente quienes utilizan silla de ruedas, encuentran numerosas barreras para desplazarse con seguridad.

Un plan integral y coordinado

El Ayuntamiento de Sevilla defiende que se está actuando de manera firme. Desde que el actual gobierno local, liderado por el Partido Popular, llegó al poder en 2023, se han tomado medidas específicas no solo en la Feria, sino también en otras grandes celebraciones como la Semana Santa, donde se han implementado itinerarios accesibles, baños adaptados y nuevas plazas reservadas para personas con discapacidad.

En el caso concreto de la Feria de Abril, el delegado de Derechos Sociales, José Luis García, sostiene que “se ha llevado a cabo un abordaje integral de la accesibilidad”. En 2024, se realizaron rebajes en todos los acerados y cruces del Real, además de habilitar itinerarios peatonales con plataformas de hormigón. Este año, 2025, se han sumado otros dos nuevos recorridos, lo que deja más de 12 kilómetros de itinerarios accesibles. El objetivo, según el Ayuntamiento, es alcanzar una accesibilidad del 100% durante el próximo mandato, con horizonte 2027.

Además, se han instalado baños accesibles y publicado un plano de accesibilidad con los servicios e itinerarios disponibles. Desde Cermi, sin embargo, siguen reclamando que estas medidas se planifiquen con más tiempo y se integren en un plan estructural con participación activa del colectivo.

Este año, por lo menos, sí se ha dado un paso al frente en igualdad, con la creación de tres espacios seguros para mujeres y para el colectivo LGTBIQ+ que por primera vez se han habilitado en el Real. Un paso para una fiesta “más inclusiva, libre de violencia y segura para todas las personas”, se resalta desde el gobierno local.

Los puntos están ubicados en el hospital de campaña (avenida Alfredo Kraus), la caseta de niños perdidos (calle Gitanillo de Triana, 126) y la caseta del Cecop (calle Manolo Vázquez, 11-13). En cada uno de ellos, personal técnico y voluntarios de Cruz Roja ofrecerán apoyo y activarán los protocolos de atención ante casos de violencia de género o Lgtbifobia.

Mucho esfuerzo pero poco resultado en sostenibilidad

Pero no sólo en la cuestión de la accesibilidad sigue fallando la Feria, un acontecimiento que genera toneladas de residuos a diario. El consumo masivo de bebidas, fritos y productos de un solo uso plantea un reto logístico y ambiental considerable. La empresa municipal de limpieza, Lipasam, despliega un dispositivo de casi 600 trabajadores y más de 100 vehículos para mantener limpio el recinto, con contenedores diferenciados para envases, vidrio, cartón, aceite usado y, desde 2024, materia orgánica.

La ecologista Leticia Baselga, de Ecologistas en Acción, reconoce la buena voluntad del ayuntamiento, pero critica que los residuos acaben mezclados en el vertedero de Montemarta-Cónica, en contra de la normativa europea y estatal que obliga a un tratamiento previo. “La recogida separada de materia orgánica es obligatoria desde el 1 de enero por ley. Si la materia orgánica está mezclada con plásticos o colillas, no sirve para nada”, explica.

Desde el Ayuntamiento aseguran que la recogida se realiza de forma selectiva y que se ha desplegado una intensa campaña informativa entre caseteros, bodegones y hosteleros. A cada uno de ellos se les entregan papeleras específicas para envases, bolsas para separación de residuos y carteles adhesivos con instrucciones visibles para colocar en cocinas. Ecovidrio también colabora con una campaña específica de entrega de cubos y bolsas para vidrio.

Además, el Servicio de Inspección de Lipasam ha realizado 1.634 intervenciones durante la feria relacionadas con el cumplimiento de la normativa, y 2.598 en los días previos, con un total de 42 propuestas de denuncia. Se han instalado contenedores de refuerzo, bidones para el aceite y 30 cubas especiales para gestionar los residuos derivados del montaje.

Aun así, Ecologistas en Acción considera insuficiente la fiscalización efectiva de estas medidas y denuncia la escasa aplicación de sanciones reales. Según la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, los municipios están obligados a garantizar la recogida separada de todas las fracciones de residuos, incluyendo la materia orgánica. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones por parte de las comunidades autónomas o la Comisión Europea.

¿Y en otras ferias?

Otros eventos populares en España han comenzado a implementar medidas más ambiciosas tanto en sostenibilidad como en accesibilidad. La Feria de Málaga, por ejemplo, cuenta con un protocolo de accesibilidad trabajado con la ONCE y asociaciones locales, que incluye planos en braille, puntos de apoyo con personal formado y aseos accesibles distribuidos en distintas zonas.

En Barcelona, las fiestas de Gràcia han desarrollado desde hace años un modelo descentralizado con protagonismo vecinal y criterios ambientales estrictos. Cuentan con puntos de información accesible, toldos para sombra, vasos reutilizables con sistema de depósito, puntos verdes móviles, iluminación LED y formación en lengua de signos para los voluntarios.

Bilbao, por su parte, ha convertido su Aste Nagusia en un referente de sostenibilidad: eliminación de plásticos de un solo uso, consumo exclusivo de energía verde, programación inclusiva y colaboración con entidades de diversidad funcional para el diseño de recorridos accesibles. Además, dispone de un sistema de certificación ambiental y social que evalúa cada año el cumplimiento de objetivos. En 2023, ese sistema puntuó con sobresaliente las acciones sobre reducción de emisiones y accesibilidad.

La dimensión urbana: más allá del Real

Los problemas asociados a la Feria no se limitan al recinto en sí. El aumento de la circulación, la ocupación del espacio urbano, la contaminación acústica y la generación de residuos afectan a toda la ciudad. El transporte es otro cuello de botella: durante estos días, las líneas de Tussam y los taxis operan al límite. Para quienes tienen movilidad reducida, esta saturación supone una exclusión efectiva.

La vegetación y las zonas de sombra, otro punto clave en un evento celebrado a pleno sol, están también en el debate. La instalación de toldos y arbolado permanente choca con la concepción temporal del recinto, pero cada vez más voces reclaman soluciones para combatir el calor en un escenario en el que es habitual que se alcancen temperaturas muy considerables.

El desafío de la modernización

En definitiva, que en estas cuestiones la Feria de Abril está en una encrucijada. Su atractivo como evento está fuera de toda duda, y se insiste en los planes para que el año que viene haya casi 250 casetas más, pero su modernización dependerá de la capacidad de la ciudad para adaptarla a las demandas del siglo XXI. Una Feria más inclusiva, más sostenible y menos excluyente no solo es deseable, sino necesaria.

Para ello, es imprescindible un compromiso institucional que vaya más allá del marketing turístico. Un plan de accesibilidad real, una recogida de residuos eficaz, un modelo de casetas públicas que favorezca la diversidad social y una estrategia de turismo sostenible garantizarán que la Feria de Sevilla no solo siga siendo un referente, sino también un ejemplo.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha integrado las perspectivas de género e infancia en una sentencia que obliga a una empresa de hostelería de Lanzarote a dar marcha atrás en su decisión de cambiar de centro de trabajo a una empleada que cuida de un hijo con discapacidad. Esa resolución judicial, que es firme desde principios de enero, estima el recurso de la trabajadora y concluye que ese traslado, que implica un trayecto de 37 minutos en coche, supone “un perjuicio evidente” tanto para el cuidado del menor como para la organización de sus actividades y, por ende, para la conciliación familiar. 

Los hechos se remontan a 2022. En agosto, la empresa que había subrogado a la trabajadora, con categoría profesional de auxiliar senior y más de dos décadas de antigüedad, le había comunicado que desde esa fecha quedaría adscrita a un centro situado en la localidad de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, en el sur de la isla. Hasta entonces, ejercía en Puerto del Carmen (Tías), a unos 30 kilómetros de su nuevo destino y a unos 20 minutos de su domicilio. 

Tres años antes de ese traslado, la empleada y la empresa habían alcanzado un acuerdo de concreción horaria por conciliación familiar. Su jornada quedaba reducida a tres días a la semana, cada una de ocho horas y media, y se le eximía de trabajar los martes y los jueves (salvo festivos) para poder llevar a su hijo a terapia. Ese acuerdo contemplaba, además, que descansaría sábados y domingos en semanas consecutivas o de forma alterna. 

La trabajadora presentó una demanda contra ese traslado reclamando su derecho a continuar realizando su jornada laboral en las condiciones anteriores y, por tanto, en el centro en que venía ejerciendo hasta esa fecha. El Juzgado de lo Social 3 de Arrecife desestimó en primera instancia sus pretensiones al concluir que no existía movilidad geográfica, que no había necesidad para la empleada de cambiar de residencia. 

Esa primera sentencia aludía a una cláusula del contrato que recoge la potestad de la empresa de trasladar a la auxiliar a cualquiera de los centros de trabajo que tiene en la isla, puesto que la distancia entre ellos en ningún caso supera los 50 kilómetros. A juicio del magistrado de primera instancia, el cambio impuesto por la empresa no podía considerarse una modificación sustancial de condiciones laborales, ya que no obligaba a la trabajadora a irse a otro domicilio.

Frente a esa sentencia recurrió la abogada de la trabajadora, proponiendo una modificación del relato de hechos que fue acogida en su integridad por la Sala de lo Social del TSJC. El alto tribunal añadió, entre otras cuestiones, que el hijo de la trabajadora tiene una discapacidad del 50%, precisa apoyos, está matriculado en un aula enclave, es recogido por el transporte escolar a las 08.00 horas en la vivienda de la familia de lunes a viernes, y acude a terapias los martes y los jueves. También hace constar en la reciente sentencia que el padre trabaja para el Servicio Canario de Salud en turno de mañana los lunes y los martes, de tarde los miércoles y los jueves, y alterno los viernes.

Esos hechos incorporados al relato son, a juicio del TSJC, “relevantes” para resolver el fondo de la cuestión.

La sentencia de la Sala de lo Social aborda, en primer lugar, la cuestión relativa a la movilidad geográfica. Los magistrados, con Ramón Toubes como ponente, coinciden con el juez de primera instancia en que se trata de una modificación “no sustancial”, que “no requiere de formalidad alguna”, puesto que existía una condición contractual (la posibilidad de traslado a cualquier centro de la isla) que se mantuvo tras la subrogación y que tan sólo exigía que se justificara la necesidad de la empresa y que se avisara con una antelación de quince días.

Sin embargo, y aquí radica la clave de este procedimiento judicial, la trabajadora no reclamaba la anulación del traslado por movilidad geográfica, sino por su derecho a la conciliación familiar y laboral. Y en este punto el TSJC sí que le da la razón. “La peculiaridad que presenta este caso es que la sentencia de instancia no hace mención alguna a esta circunstancia, que fue alegada en la demanda, por entender en un principio que, dado que no había movilidad geográfica, sólo quedaba desestimar la misma”. En este sentido, la Sala de lo Social remarca que toda decisión empresarial, “sea cual sea su naturaleza”, tiene como límite “insoslayable” el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, “entre los cuales se encuentra el derecho a la igualdad y a la no discriminación”.

El TSJC incide en la necesidad de integrar las perspectivas de género e infancia en el enjuiciamiento. Según los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial y recogidos en el estudio Valoración de las medidas de conciliación de la vida familiar y personal y la vida laboral, el 84% de las acciones judiciales sobre esta materia se plantean por mujeres. “El derecho a la conciliación familiar y laboral tiene faz femenina. El impacto de género desproporcionado es, a estas alturas, incuestionable”, sostiene la sentencia, que también remarca que, según la Estrategia Europea de Cuidados de la Comisión Europea, un total de 7,7 millones de mujeres han dejado su empleo debido a responsabilidades asistenciales.

“Las dificultades de las madres trabajadoras para conciliar el cuidado de sus hijos e hijas con la vida profesional, sin penalización retributiva, las arrastra irremediablemente a solicitar drásticas reducciones de jornada con pérdida retributiva y de cotización, sin no pocas dificultades en la concreción horaria, que acaba incidiendo en la amplia brecha salarial (19%, según el Instituto Nacional de Estadística), y de pensiones entre trabajadoras y trabajadores (33%, según el Instituto Nacional de la Seguridad Social) y, en el peor de los casos, empuja a las mujeres al abandono del puesto de trabajo, bien temporalmente (excedencias) o bien, definitivamente”, recoge la resolución judicial.

Para el TSJC, en el caso de la trabajadora de Lanzarote “no se ha tenido en cuenta en modo alguno” que el cambio de centro de trabajo supone “una afectación directa” a su derecho a la conciliación. Con este traslado, la empleada “no podría llegar nunca a tiempo a su puesto de trabajo, dado que el niño es recogido por el transporte escolar en el domicilio familiar a las 8.00 horas”, ella tiene que entrar a las 8.30 horas y el trayecto es, como mínimo, de unos 37 minutos.

El alto tribunal canario estima el recurso de la demandante por vulneración de su derecho a la conciliación y, además, porque la empresa no respetó el plazo de quince días para el preaviso.

Esa sentencia no fue recurrida, por lo que es firme desde enero, según las fuentes consultadas por este periódico. A raíz de esa resolución, la empresa ha mantenido a la trabajadora en el centro de trabajo en que ejercía hasta entonces.

Las entidades que forman parte del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Andalucía han vuelto a alzar su voz para demandar “una financiación justa que permita la sostenibilidad y garantice los servicios y atención que prestan a las personas con discapacidad, una reivindicación que sigue sin respuesta tras meses de lucha del sector”.

El movimiento de la discapacidad ha retomado su agenda de protestas con paros y concentraciones a las puertas de los centros por parte de sus personas usuarias, los profesionales que las atienden y sus familiares para reclamar esa necesaria mejora en su financiación, según informa CERMI Andalucía en una nota.

Estas movilizaciones se iniciaron en el último trimestre de 2024 con concentraciones en las ocho capitales andaluzas y finalizaron con una “gran manifestación” el 3 de diciembre en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede del Gobierno andaluz, que “consiguió congregar a más de 10.000 personas” coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

“Ante la falta de una respuesta de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central se han retomado en diferentes partes de la comunidad autónoma estas movilizaciones con nuevos paros a las puertas de los centros de día, centros ocupacionales y residenciales y en las sedes de las entidades de las personas con discapacidad”, indica CERMI.

Según añaden, “el mensaje ha sido unánime en reclamación de una financiación justa pese a la idiosincrasia de cada entidad de personas con discapacidad. Todas las entidades coinciden en la importancia de encontrar una solución a la grave situación que están atravesando y que pone en riesgo la sostenibilidad futura de estos centros”.

Los servicios públicos que prestan las entidades de personas con discapacidad atraviesan “una delicada situación al no haber encontrado una respuesta presupuestaria suficiente y proporcional a los distintos aumentos de costes salariales, suministros y las nuevas exigencias legales y normativas”, lo que ha obligado a las entidades “a soportar ese aumento de costes de forma generalizada y acumulada, para mantener una atención personalizada y de calidad”.

La falta de recursos y medios propios están afectando directamente a estas personas con la reducción de los servicios e incluso abocando al cierre a los centros por su situación extrema. Las movilizaciones continuarán todos los miércoles de marzo por la mañana en la puerta de los centros de las entidades de personas con discapacidad en toda Andalucía.

CERMI-Andalucía asegura que “son las entidades las que atienden a este colectivo, cuando se trata de un servicio que compete a la Administración y que, sin embargo, no realiza y a la vez no les concede una financiación adecuada para ello, lo que está llevando a las entidades y a sus centros a una situación límite e insostenible.

“Somos los marginales. No existimos. Estamos en el margen, y al margen no hay nada. Ya está bien. Hay dinero para lo que ellos quieren”. Lola, que se ha desplazado este martes a Sevilla, desde Conil (Cádiz), refleja el sentir general de las personas con discapacidad y sus familiares en la primera gran manifestación reivindicativa a nivel regional por parte de los usuarios de centros de día, de dependencia, de mayores o de gestión ocupacional. No le faltan ganas pero Chon, de un pueblo de Granada, no puede abrir su pancarta al tener que conducir su vehículo de movilidad reducida para seguir la marcha. Aquejada de polio, y a punto de cumplir 73 años, asegura que ya no lucha tanto por personas como ella “sino por lo que vienen detrás”. “El día de mañana seremos nosotros”, zanja otro manifestante, que viene de Almería a “apoyar la causa”. “No existe esa igualdad real que se nos vende”, comenta Ángela, a quien acompaña su hija, usuaria de un centro en Sevilla.

Una nutrida representación de las más de 700.000 personas con discapacidad y a sus familias pertenecientes a las asociaciones y entidades agrupadas en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (cerca de 15.000 manifestantes, según la organización -2.000, según la Subdelegación del Gobierno en Sevilla-) ha llegado a las puertas de la sede de la Presidencia de la Junta para exigir “una financiación justa”, como vienen pidiendo desde hace meses, que les garantice poder seguir prestando una atención adecuada a estas personas que, precisamente, conmemoran este martes el Día Internacional de la Discapacidad.

Miles de profesionales, usuarias y familiares llevan semanas movilizándose en todas las provincias. Las reivindicaciones vienen de atrás, desde que en primavera empezaron a verle las orejas al lobo. Con una mirada más a largo plazo para la sostenibilidad de la prestación de servicios concertados y no concertados (subvencionados) con la administración andaluza, vienen solicitando otro modelo de financiación. para poder sufragar los costes de esa atención, como también viene reclamando el sector de la dependencia, también representado en esta movilización sin precedentes en Andalucía.

José Javier Díaz, presidente de Afanas Cádiz desde hace siete años, destaca los “verdaderos esfuerzos” que vienen haciendo las familias con personas dependientes o con discapacidad de algún tipo para atenderles en su día a día. “Están aquí los más vulnerables, y en los centros que les asisten merecen tener todo lo mejor, como lo tienen en sus casas”, afirma con pausa obligada por la emoción. “Hay asociaciones que no llegan, que están muy ajustadas financieramente, al límite. La ratio de trabajadores no cubren todas las necesidades, y eso es muy importante también”, lamenta al reclamar “más personal” para los centros. Algunos servicios de atención residencial y de centros de día y atención temprana pueden dejar de prestarse por el cierre de las instalaciones, advirtió CERMI antes de las movilizaciones.

“He venido a protestar”

Preguntada por la manifestación en otra convocatoria ante la prensa, la consejera de Inclusión Social, Loles López, ha dicho que su competencia se limita al precio-plaza y que, desde la llegada del PP a la Junta, “se ha incrementado un 24% desde 2019”, apuntando que la reivindicación de CERMI de este martes se dirige “tanto a la Junta como al Gobierno de España”, denunciando que la prórroga de los presupuestos por parte del Estado, en este sentido, “costó 200 millones de euros a Andalucía en temas de dependencia”. En ese punto, este periódico informó de que los números de la dependencia desmienten la infrafinanciación que denuncia Moreno.

“Nos quieren quitar derechos que costó mucho trabajo conseguir”, explica Chon en la cabacera de la manifestación. Con dos horas de ayuda a domicilio a la semana, sabe que hay que pelear por lo que creen justo. “Como si hay que ir a Madrid a movilizarse”, asegura al calificar de “sinvergüenzas” a quienes “no ponen dinero” para sufragar los costes que llevan aparejados la atención al sector. “Que no se vean nunca en estas necesidades”, enfatiza.

“Vivimos en una sociedad que no es inclusiva como se dice”, denuncia Ángela. “Ellos necesitan un espacio de oportunidades”, y “en Andalucía no tenemos las mismas condiciones que en otras comunidades autónomas”, reclama. Jaime, en otro lugar de la marcha, comenta que ha venido “a protestar” desde Jerez de la Frontera (Cádiz).

El sector de la discapacidad que hoy se manifiesta aporta al PIB andaluz “una cifra de negocio importante cada año, con más de 11.000 empleos directos y 30.000 indirectos”. “Las entidades que forman CERMI Andalucía son las principales empresas de las ciudades en las que prestan servicios, más allá de la labor social que desempeñamos y que son nuestra razón de ser. Dejar caer a este sector sería un grave problema para las personas con discapacidad y sus familias, pero no menos importante para trabajadores, empresas auxiliares y distintas administraciones en todo el territorio andaluz”, resaltó recientemente su presidenta, Marta Castillo.

Han pasado unas cuantas cosas en Verdiblanca desde que Antonio Sánchez de Amo recogió, de manos de la Consejera de Igualdad, el premio Andalucía + Social, el 16 de junio de 2021. Aquel día Sánchez recibió, como presidente, el reconocimiento a 40 años de trayectoria de la asociación de personas con discapacidad con más raigambre de Andalucía. Por entonces ya estaba siendo investigado por haberse subido el sueldo de forma irregular, despilfarrado cientos de miles de euros en despidos improcedentes y regalado cientos de jamones para, según sus críticos, comprar voluntades.

Ahora, la Fiscalía ha amasado todos los indicios para acusarlo de un delito continuado de apropiación indebida y otro de administración desleal, por los que pide para él una pena de cuatro años de prisión, 4.320 euros de multa y una indemnización a Verdiblanca de algo más de 370.000 euros. La acusación particular, constituida por un grupo socios y trabajadores denominado Asociación para la Libertad de Verdiblanca, eleva la petición de pena a once años de prisión y 10.800 euros de multa.

El juez ya ha acordado la apertura de juicio oral, aunque aún no se ha fijado la fecha. Sánchez de Amo, que sigue siendo presidente de Verdiblanca, es el único acusado de una investigación que ha durado algo más de tres años. En conversación telefónica con este diario, insiste en que todo obedece al “montaje de mentiras” orquestado por un grupo minoritario de empleados y extrabajadores con ambición de poder. 

“Me preocupa que alguien ponga una denuncia poniendo en tela de juicio la buena gestión, que viene aprobándose anualmente con la unanimidad de la asamblea de asociados y que tiene el respaldo de la junta directiva”, señala. “No hay nada contra la gestión de la entidad. Tenemos centenares de trabajadores y más subvenciones para proyectos sociales”, dice Sánchez de Amo, quien niega malestar en la plantilla, más allá del que habría cristalizado en las denuncias de estos últimos tiempos por parte de ese grupo díscolo. “Los trabajadores están contentísimos de la formación que se les da y el ambiente en las oficinas, como siempre, es absolutamente cordial”.

Un agujero económico con los despidos improcedentes

La base de la acusación del fiscal es un documento pericial, elaborado a instancias del juez de instrucción (por tanto, no de parte), en el que se refleja el perjuicio económico que habría sufrido la entidad por los gastos supuestamente irregulares desde 2016, cuando Sánchez de Amo sustituyó en la presidencia de Verdiblanca a José Amate, fundador de la entidad.

El grueso del perjuicio está en los despidos de un grupo de trabajadores a los que el presidente situó en su punto de mira. “De forma arbitraria y sin causa justificada”, según el fiscal, Sánchez de Amo instó el despido de media decena de trabajadores-socios de amplia trayectoria en la entidad, varios de ellos en puestos de decisión, “respecto de los cuales tenía conflicto de intereses”. Todos esos despidos fueron declarados improcedentes, generando un agujero económico de 244.000 euros en indemnizaciones.

Algunos de los despidos fueron tan urgentes que ni se esperó unos meses para ahorrar el coste. Así, Juan Lorenzo López, que había sido director general durante 25 años, fue despedido cuando le faltaban nueve meses para jubilarse “sin causa que lo justificase”. Un juzgado reconoció la improcedencia del despido y obligó a indemnizarlo con 160.000 euros.

Detrás de las bajas estaba el ambiente de confrontación y desconfianza en la entidad, al menos con el grupo de trabajadores tras las denuncias. Estos ya contaron a este medio el irrespirable ambiente laboral que hacía vivir a quienes consideraba que le hacían frente. Estas conductas dieron origen a varias actas de Inspección de Trabajo y resoluciones judiciales en las que se constata el “trato degradante” hacia algunos trabajadores y el “crítico clima laboral” en la entidad. Esta atmósfera fue espesándose aún más a partir de 2020, cuando algunos trabajadores decidieron acudir a la justicia.

Las actas recogen broncas en público, gritos, correos amenazantes o despectivos y degradación arbitraria. Dice el acta del inspector: “En virtud de las declaraciones testificales se comprueba que Antonio Sánchez de Amo grita en ocasiones a algunos trabajadores, y ha realizado expresiones verbales como ”Aquí se hace lo que dicen mis cojones“, ”Esta es mi empresa y aquí mando yo“, ”Es mi aparcamiento y se hace lo que yo quiero“, ”Este es mi cortijo y aquí se hace lo que yo diga“, ”Aquí se hace lo que yo digo y como yo digo“, ”A quien no le interese que se vaya a la calle“, expresando una actitud autoritaria hacia los trabajadores, abusando de su situación de poder sobre los mismos”.

Subida de sueldo

La Fiscalía también ve administración desleal y apropiación indebida en las retribuciones del propio Sánchez de Amo, que se subió el sueldo al llegar a la cúspide de la entidad, a pesar de que el cargo es teóricamente gratuito.

“Movido por un ánimo de beneficio personal y a sabiendas de que vulneraba los deberes de lealtad inherentes a sus funciones”, sin sujetarse a ningún procedimiento o ratificación, y “sin causa laboral o de representación que lo justificase”, a sabiendas de que el cargo de presidente no era retribuido, Sánchez de Amo aumentó “su salario como periodista” (el que nominalmente tenía) en más de un 57%, de 40.000 a 70.000 euros, según relata el fiscal en el escrito de acusación.

El fiscal recoge como perjuicio el exceso de gasto en la Navidad de 2020. Para aquellas fiestas, las de la Covid, el presidente encargó 650 paletillas de jamón y seis lotes de productos halal sin recabar más ofertas que las del Grupo La Marca, dirigido por un amigo según sus críticos, que creen que así quiso comprar voluntades a pocas semanas de las elecciones de la asociación. El exceso de gasto fue de 10.000 euros, según el informe pericial.  

El último perjuicio económico señalado por la perito y la Fiscalía es más difícil de cuantificar. La Asamblea para aprobar cuentas y renovar cargos fue retrasada por Sánchez de Amo, lo que provocó retrasos en el depósito de las cuentas, una obligación legal sin cuyo cumplimiento la entidad no puede concurrir a determinadas subvenciones. Según explica él, la demora se debió a la causa excepcional de la pandemia. “Como tantas otras empresas”, alega. Las de este año fueron depositadas en tiempo tras ser aprobadas por la asamblea. “La asociación ha duplicado los beneficios, y la S.L. ha reducido a la mitad las pérdidas”, asegura.

Adjudicaciones millonarias de servicios de limpieza

Verdiblanca, fundada como asociación en 1979, cuenta actualmente con una sociedad mercantil y un centro especial de empleo que ingresan cerca de diez millones de euros anuales, procedentes en su mayoría de contratos para la prestación de servicios de limpieza a administraciones de Almería y Andalucía. También recibe importantes subvenciones por su labor social de integración y empleo de personas con discapacidad.

El objetivo desde su origen es promover la integración y normalización de la vida de las personas con alguna discapacidad, sensibilizar a la sociedad y exigir el cumplimiento de la legislación. Para facilitar la integración laboral, mantiene contratos con múltiples administraciones de Andalucía. Es, por ejemplo, la adjudicataria del servicio de limpieza de la Universidad de Almería.

Estos acuerdos le procuran una notable cantidad de recursos económicos, pero en los últimos años ha empeorado sus resultados, declarando pérdidas de un millón en 2022. Desde que Sánchez de Amo se hizo con la presidencia, la máxima aspiración de la entidad ha sido levantar una sede propia, un proyecto en el que ha puesto un empeño personal y que sus críticos califican de megalómano. Costaría al menos tres millones de euros y se ubicará sobre un terreno de 5.000 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento de Almería. Según su presidente, la primera fase del proyecto empezará al fin en el primer trimestre de 2025, después de varios años de retraso que achaca a la necesidad de readaptarlo por las características geotécnicas del terreno.

Sánchez de Amo alcanzó la presidencia en mayo de 2016, sustituyendo a José Gómez Amate, de quien había sido vicepresidente. El 18 de febrero de 2021, fue reelegido como presidente. Sin embargo, la asamblea fue impugnada y luego declarada nula por las irregularidades en la votación. En la repetición volvió a ganar con amplia mayoría. Entre tanto, fue nombrado también administrador único de la entidad mercantil, cesando al consejo de administración “sin causa justificada para ello”, según el fiscal.

Según sus críticos, la pretensión de levantar la nueva sede está en el origen del conflicto y las decisiones adoptadas después por el presidente de Verdiblanca, que se enfrenta ahora al banquillo de los acusados. 

No le salen las cuentas a las asociaciones y entidades agrupadas en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Andalucía. Como avanzó este periódico hace un par de semanas, el sector ha dicho basta y ha decidido alzar la voz “por una financiación justa”, a corto plazo, y por un cambio en el modelo que permita atender con garantías a las más de 700.000 personas con discapacidad que representa, y a sus familias, a través de sus 18 entidades miembros. Quieren “hacer visibles” sus reivindicaciones, para lo cual han previsto un calendario de movilizaciones, que se han de sumar a las previstas por el actual sistema de dependencia. Y advierten: “Subiremos el nivel de las protestas si no obtenemos respuesta”.

La situación es “crítica”, ya que una serie de circunstancias “han llevado al límite al sector”, que está “a un paso del colapso”, ha dicho la presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castilla, en rueda de prensa este miércoles en Sevilla. Entre los causantes está “el sobreesfuerzo y los sobrecostes que las entidades sociales tuvieron que hacer durante la etapa de la pandemia para poder preservar la salud y seguridad de las personas con discapacidad unido a la alta inflación, nuevos costes salariales derivados de la subida del SMI y actualización de los convenios colectivos y la infrafinanciación de la administración pública”, ha destacado Castillo, quien ha lamentado que “la labor esencial que realizamos no viene apoyada adecuadamente desde los estamentos públicos ni privados”.

Además, este tipo de entidades aportan al PIB andaluz “una cifra de negocio importante cada año, con más de 11.000 empleos directos y 30.000 indirectos”. “Las entidades que forman CERMI Andalucía son las principales empresas de las ciudades en las que prestan servicios, más allá de la labor social que desempeñamos y que son nuestra razón de ser. Dejar caer a este sector sería un grave problema para las personas con discapacidad y sus familias, pero no menos importante para trabajadores, empresas auxiliares y distintas administraciones en todo el territorio andaluz”, ha resaltado.

Al margen de las movilizaciones y de las reivindicaciones, la situación puede tener consecuencias directas. Castillo ha anunciado que las entidades que tienen servicios concertados, especialmente servicios de atención residencial y de centros de día y atención temprana, están ante “una delicada situación que puede derivar en el cierre de sus instalaciones y por tanto del servicio que prestan a las personas con discapacidad”.

Actualización automática

A juicio de CERMI Andalucía, actualmente los servicios que prestan están “en riesgo” por la imposibilidad de asumir los gastos que acarrean, ya que las tarifas están desfasadas y no cubren el gasto real. La entidad solicita la revisión al alza del coste plaza y la creación de un sistema automático de actualización de precios de los servicios. Para el movimiento de la discapacidad andaluza, “es fundamental realizar un estudio del coste real de sostenimiento de los centros y servicios para asegurar su sostenimiento a largo plazo y no depender, como hasta ahora, de mejoras puntuales basadas únicamente en disponibilidad y criterios presupuestarios, sino en un análisis previo y riguroso del coste real de los servicios”.

Para ello, como ya informó este medio, se propone un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización de su coste de forma automática y permanente conforme al IPC, además de tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en los centros y servicios de las entidades.

Las reivindicaciones de la discapacidad van dirigidas tanto a la Junta de Andalucía y como al Gobierno Nacional. Así, al Ejecutivo de Pedro Sánchez le exigen  que elabore y apruebe un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema y asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios. Por ello hay que incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración general del Estado (AGE), en función del número de personas en situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva; y así alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración.

CERMI prevé concentraciones en los centreos los días 24 y 31 de octubre, y acciones provinciales dos veces por semana (martes y jueves) durante todo el mes de noviembre. Así, buscan visibilizar las necesidades de financiación justa para sus entidades, con una manifestación final en San Telmo el 3 de diciembre, que culminará la campaña de reivindicación con una gran convocatoria.

Los representantes del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi-Andalucía) han tachado de “decepcionante” el encuentro mantenido este pasado miércoles con el presidente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno para abordar la situación financiera que atraviesan las entidades que atienden a este colectivo debido a la falta de recursos y han advertido del “riesgo” que corren estos servicios.

Así, las entidades han mostrado en un comunicado su rechazo a la respuesta de Moreno ante las demandas del colectivo, al señalar el presidente andaluz que la administración autonómica “ha llegado al tope de sus capacidades financieras en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales”.

Cermi Andalucía ha detallado que, durante el encuentro, planteó a Moreno “el impulso” de un nuevo modelo para la financiación de los servicios esenciales que sus entidades ofrecen a las personas con discapacidad con el objetivo de garantizar su prestación y adecuarla además a sus costes reales, “una circunstancia que hoy no se cumple debido a los cada vez más grandes desajustes entre los recursos que reciben y los gastos que tienen que soportar las entidades”.

La presidenta del comité, Marta Castillo, trasladó al presidente la “situación de asfixia” que atraviesan las entidades y advirtió que actualmente los servicios que prestan “están en riesgo por la imposibilidad de asumir los gastos que acarrean·, ya que las tarifas están desfasadas y no cubren el gasto real. Para afrontar este problema, se solicitó la revisión al alza del coste plaza y la creación de un sistema automático de actualización de precios de los servicios.

En este sentido, expuso la necesidad de realizar un estudio exhaustivo de los costes reales de todos los servicios y propuso también un cambio de modelo para una sostenibilidad económica de los mismos para garantizar así su viabilidad en el futuro, modelo que ya está vigente en otras comunidades. Para ello, se planteó la creación de una mesa de trabajo conjunta para estudiar el impulso de este nuevo modelo.

El movimiento de la discapacidad andaluza insiste en que es “fundamental” tener esa referencia del coste real para “asegurar su sostenimiento a largo plazo y no depender, como hasta ahora, de mejoras puntuales basadas únicamente en disponibilidad y criterios presupuestarios, sino en un análisis previo y riguroso del coste real de los servicios”. Para ello se propone un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización de su coste de forma automática y permanente conforme al IPC, además de tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en los centros y servicios de las entidades.

A este respecto, Marta Castillo puso como ejemplo que para el año 2025 el sector de la discapacidad tiene comprometida ya una subida del 12% a sus trabajadores, “una cantidad muy elevada para nosotros, que somos entidades sin ánimo de lucro, por lo que esa subida en forma de dotación financiera tenía que venir reflejada en los presupuestos de la Junta para poder asumirla”, subrayó.

 El gerente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Castilla-La Mancha ha asegurado hoy que “un Estatuto que no nos nombre no refleja la parte de la sociedad articulada a la que representamos, algo que está fuera de toda duda después de cuarenta años de democracia”.  

José Antonio Romero se refería así al proyecto de ley para modificar el Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma, cuyo texto inicial se encuentra ahora en periodo de exposición pública para que los distintos colectivos de la sociedad castellanomanchega puedan realizar aportaciones o alegaciones.

Este lunes la Mesa del Tercer Sector se ha reunido con los grupos parlamentarios de PSOE y PP en las Cortes de Castilla-La Mancha para plantear a las dos organizaciones políticas “una visión social” del futuro Estatuto de Autonomía, según ha informado el colectivo.

Su propuesta pasa por que el texto normativo “recoja la realidad de una sociedad avanzada y comprometida con los derechos de la ciudadanía y que incorpore la pluralidad de organizaciones de la sociedad civil que componen el Tercer Sector social de la región”.

El también presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, ha planteado a los grupos políticos en nombre de las ocho plataformas que la integran, la importancia incorporar “el papel del Tercer Sector” y que además aparezca identificado de manera explícita como una parte importante de la sociedad actual.

Romero ha pedido que se tenga en cuenta la importancia que supone el diálogo civil como un marco, o espacio de interlocución del sector con la administración, para trasladar las necesidades, inquietudes y planteamientos de la ciudadanía. “Especialmente porque somos un sector singular en constante y necesario diálogo con la Administración”, ha afirmado.

Revisar la terminología

El presidente ha destacado también la importancia que tienen los términos en un texto legal y ha apostado por una revisión terminológica que elimine del primer documento términos como 'asistencia social', 'desfavorecidos', 'discapacitados' o 'menores'; para hacer de este documento “una declaración de intenciones sobre la construcción del futuro marco legal de la región acercándonos mucho más la realidad y en coherencia con el Pilar de Derechos de la Unión Europea”, ha resumido Romero.

En las reuniones han participado doce miembros de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha con el Partido Popular representado por Tania Andicoberry, José Martín Buró y Santiago Serrano. Y posteriormente se han reunido con el Partido Socialista representado por Fernando Mora, José Antonio Contreras y Josefina Navarrete.

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha está compuesta por ocho entidades; la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE); el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-CLM); la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-CLM); la Cruz Roja, la Plataforma de Organizaciones de la Infancia CLM; la coordinadora de ONGD CLM; la Asociación de Castilla -La Mancha de residencias y servicios de atención a los mayores (ACESCAM); y Plataforma del Voluntariado de Castilla-La Mancha (PV-CLM).

Es una histórica reivindicación pero todo el sector se ha posicionado al unísono para exigir un cambio de modelo en la financiación para la atención a las personas con discapacidad y mayores. La situación es “insostenible”, y así se lo hicieron saber la semana pasada a los responsables de la Junta de Andalucía en la 'Comisión de Participación en materia de Concertación con Centros de Atención especializada para los Sectores de Personas Mayores y Personas con Discapacidad', en la que se informó a entidades y sindicatos de la subida de coste/plaza prevista para 2024 (que será de un 4,5 % retroactiva desde el 1 de mayo), de la que presume el Gobierno autonómico “tras varios años congelado en la etapa del PSOE” pero que no va a ser suficiente para que el sector pueda asumir el año que viene, principalmente, las subidas salariales a los trabajadores obligadas por convenio, en torno a un 12% como resultado de la suma de los IPC de los tres últimos años, entre otras cuestiones.

La exigencia es la de “un cambio de modelo” en la prestación de los servicios concertados para que la subida coste plaza no se actualice con base en la disponibilidad presupuestaria sino a las necesidades reales de atención y de manera automática. Esto es, una revisión del coste máximo de plazas pero, además, un sistema automático de actualización de los precios de los servicios a partir de “un estudio de los costes reales” de los servicios. “Sería impensable construir un puente sin una memoria económica previa”, resumen fuentes del sector, que solicitan encarecidamente “que la administración se siente con nosotros para que sepan realmente cuánto vale lo que hacemos”.

La financiación pública para sufragar los centros que atienden a las 700.000 personas con discapacidad residentes en Andalucía sigue siendo “insuficiente”, comenta a este periódico Marta Castillo, presidenta del Comité andaluz de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que aglutina a las 18 entidades andaluzas más representativas de la discapacidad y que gestionan nada menos que 562 centros en la comunidad autónoma. Solamente sus gastos actuales exigirían una subida de un 10% del coste plaza en los centros concertados residenciales y de día, cifran las fuentes.

Subida “insuficiente” del 4,5%

El pasado mes de mayo, la Consejería de Inclusión Social fijó un aumento también del 4,5% en el precio de la plaza concertada y conveniada en los centros de día y centros residenciales, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad en situación de dependencia. Pese a ello, el sector considera que la prestación de sus servicios es “deficitaria” ya que, pese a subida, las entidades no pueden asumir los gastos que acarrean su funcionamiento, haciendo “insostenibles” los servicios que llevan a cabo, muchos de los cuales podrían desaparecer si la política de precios no se ajusta a la realidad, augurando “un importante problema” para el año que viene.

La subida anunciada por la Junta, en todo caso, aún no se ha materializado oficialmente ya que debe aprobarse antes un aumento del crédito en ese sentido. La previsión de que tenga carácter retroactivo a 1 de mayo tampoco satisface al sector, que lamenta que otros años se ha hecho a efectos de 1 de enero, con lo que la subida del 4,5% es realmente menor. La situación afecta a las asociaciones y entidades del sector de la discapacidad pero también a los centros de día, de mayores o de gestión ocupacional, detallan las fuentes, que abogan por “un nuevo concierto social regularizado y automático”.

La presidenta de Cermi reconoce la subida del coste plaza pero esta “no cubre el coste real” de los servicios prestados, abogando por no seguir dependiendo de “mejoras puntuales basadas en criterios presupuestarios sino en un análisis previo del coste real de los servicios”. “Todos los agentes sociales” presentes en la referida comisión hicieron saber a la Junta que ese 4,5% “no es suficiente”, apostando por establecer los gastos a través de “un estudio de los costes reales”. Marta Castillo urge a esos cambios de cara a la “sostenibilidad financiera” de las entidades, apuntando que “no podemos estar cada año negociando lo mismo” porque eso “supone también un desgaste” tanto para el sector como para la propia administración andaluza.

Revisión “automática”

No escapa al sector que el Gobierno central tiene también que hacer sus deberes en este sentido. El sector de la discapacidad en Andalucía pide “que se reequilibre la aportación estatal” en este punto, sabiendo que la problemática es “extensible” a otras comunidades autónomas. A es respecto reclaman “una cantidad adecuada” para el sector de la dependencia, abogando por un Pacto de Estado en ese sentido. Cermi apunta que las administraciones deben asegurar la sostenibilidad de las entidades, que tienen más de 11.000 empleos directos y, en muchas provincias, son las principales empresas prestadoras de servicios.

Castillo apunta que Galicia, Extremadura o Cantabria disponen ya de un concierto social que recoge la citada actualización automática de los precios cuando hay alguna modificación como el IPC o la subida de salarios, y unas subvenciones nominativas para el mantenimiento de las estructuras de las confederaciones y federaciones provinciales, lo que confiere una garantía a las entidades en la prestación de sus servicios. Así se podría contemplar sus reivindicaciones en torno a la actualización y revisión automática de los precios, con cláusulas que prevean las desviaciones salariales de sus trabajadores o las subidas de costes externos que afecten a la prestación de los servicios.