El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decretado la suspensión, de forma cautelar, de las autorizaciones administrativas previas y de construcción de tres parques eólicos situados en la provincia de Lugo. Las decisiones, tomadas por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo, afectan a los parques Monte Contado —ubicado en Lugo y Castroverde—, Paradela —emplazado en Bóveda, O Saviñao, Paradela y Sarria— y Carballal, proyectado en A Pastoriza.

Según informa el propio TSXG en un comunicado, en el auto referente a Monte Contado se justifica la suspensión cautelar porque se han demostrado “probables daños irreversibles al medio natural que conllevarían las obras autorizadas en el expediente”. Además, se señala que algunos de los aerogeneradores se situarían a menos de un kilómetro de núcleos urbanos y la coincidencia de algunas de las infraestructuras del parque con zonas de máxima sensibilidad ambiental, según la clasificación del por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En el caso de Paradela, la explicación se basa en la existencia de especies vulnerables o en peligro de extinción en la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) del MITECO. Además, tres de los aerogeneradores proyectados también es instalarían “en una situación seriamente próxima a viviendas, en tanto no cumplirían con la distancia recomendable”.

Por último, en el parque Carballal “se ha ofrecido un principio (indiciario) de prueba suficiente, que resulta específico y contrastado, confirmado por información pública elaborada por el MITECO, de la que se deduce la más que probable presencia sobre la zona de interés de una serie de especies a proteger”. Junto a la ubicación, de nuevo, de aerogeneradores a menos de un kilómetro de núcleos urbanos, los magistrados tuvieron en cuenta la “falta de claridad” de las medidas que se adoptarían para “paliar los efectos acumulativos/sinérgicos de la instalación combinada con la presencia de otros proyectos en la misma área”.

Solo tres días ha durado abierto el Hotel San Fernando de Nájera tras su vuelta a la actividad después de su cierre en 2012. Las numerosas deficiencias de seguridad y accesibilidad detectadas por los técnicos municipales han obligado al Ayuntamiento de Nájera ha decretar el cierre cautelar tanto del alojamiento como del bar.

En concreto, según explican desde el consistorio, el hotel abrió con una declaración responsable pero no contaba con las adecuadas salidas de emergencia en caso de incendio o evacuación ni la correcta sectorización de estancias. Así se reflejaba en los informes redactados por el ingeniero y la arquitecta técnica en los que se proponía el cierre cautelar, que se aprobó en una Junta de Gobierno Extraordinaria el jueves.

El alcalde de la localidad, Jorge Salaverri, asegura que además transmitió al gerente del Domus Hoteles que no era acertado abrir en esas condiciones. La notificación de cierre cautelar no fue recogida de forma oficial hasta este lunes, cuando el establecimiento ha sido cerrado por la Policía Local y los clientes han tenido que salir.

Antes, el Ayuntamiento de Nájera había notificado el cierre cautelar por vía electrónica, sin que se hubiera recibido, el viernes la Policía Local llevó de manera presencial la noticación y, al no estar el gerente, el trabajador decidió que no podía recogerla. Finalmente, y después de que el fin de semana hubiera actividad, el lunes un técnico municipal y el jefe de la Policía Local volvieron a llevar la notificación y, aunque tampoco se quiso recoger, sí que se hizo por vía electrónica.

Ahora, Domus Hoteles tiene dos meses para subsanar las deficiencias recogidas en los informes técnicos y antes, podría también recurrir el cierre cautelar. Rioja2 ha intentado ponerse en contacto con la empresa pero hasta ahora no ha hecho declaraciones. Por otro lado, el alcalde de Nájera se muestra contundente: “No nos va a temblar el pulso para proteger la seguridad de las personas”.

El Gobierno de La Rioja interpone un recurso al Contencioso-Administrativo y solicita la suspensión cautelar de la tramitación de la línea Tauste-Júndiz. La Comunidad acudió a la vía judicial el pasado 3 de mayo tras desestimar el Gobierno central, por silencio administrativo, anular la autorización administrativa previa que concedió en diciembre al proyecto Tauste-Júndiz. Los ejecutivos de La Rioja y Navarra abordan en una reunión conjunta las consecuencias de este proyecto para ambas regiones, así como colaborar y compartir información en la defensa de sus intereses

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha anunciado este jueves que la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja ya ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la autorización administrativa previa concedida en diciembre al proyecto de línea de alta tensión Tauste-Júndiz promovido por Forestalia, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico agotara el plazo para responder al recurso de alzada presentado el 30 de enero por la Comunidad.

La consejera Noemí Manzanos ha mantenido esta mañana una reunión bilateral con el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, donde han abordado las repercusiones del proyecto de la línea de alta tensión Tauste-Júndiz, que confían en que sea paralizado en vía judicial. En este encuentro entre los dos ejecutivos, también han estado presentes el director general de Servicios Jurídicos, Rafael Lorés, el director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, y el director general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, José María Infante; mientras que, por parte del Gobierno de Navarra, ha acudido junto a su consejero, la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña.

De esta forma, Noemí Manzanos ha apuntado que “las estrategias de ambos gobiernos son similares, en el caso de Navarra con una reclamación entre administraciones, mientras que La Rioja lo hizo en formato de recurso de alzada. Al no obtener respuesta, hemos recurrido a la vía judicial, algo que se concretó el pasado 3 de mayo”. En este sentido, ha explicado que la Secretaría de Estado de Energía desestimó anular su autorización previa a este proyecto por la vía del silencio administrativo, por lo que el Gobierno de La Rioja, además, ha solicitado la suspensión cautelar de la tramitación de la línea que, con una longitud de 180 kilómetros, atravesaría el territorio desde Alfaro hasta Briñas, afectando a 29 municipios riojanos. 

Por ello, el Ejecutivo regional, a través de la Dirección General de Servicios Jurídicos, presentó el pasado 3 de mayo el recurso al contencioso-administrativo y está a la espera de que sea admitido a trámite. “No podemos prever plazos en cuanto a la respuesta, aunque esperamos que para las medidas cautelares respondan pronto, pero tienen que admitir a trámite tanto nuestro recurso como el del Gobierno de Navarra”, ha subrayado.

Por último, ambos gobiernos han acordado trabajar de forma conjunta y compartir información entre ambas administraciones, para, más tarde, valorar si acumular o plantear la defensa entre las dos comunidades. El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, ha resaltado que “este proyecto afecta muy negativamente a los intereses de los territorios que atraviesa, además de contar con defectos formales”. En este sentido, ha apuntado que, “claramente está condenado a que en el trámite judicial sea rechazado”.

El Ayuntamiento de Cuenca ha asegurado que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca ha levantado la medida cautelar de suspensión de las obras de derribo del muro del paseo de San Antonio. Así lo señala en su auto una vez tomadas en consideración las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento y aportada la documentación necesaria.

Según ha informado el Consistorio conquense en nota de prensa, el auto indica que “carece de sentido” mantener la paralización de la actuación “una vez demolido en gran parte del mismo --el muro--, cuando no nos encontramos ante un bien catalogado o protegido y cuando el mantenimiento de la actual situación, con obras inconclusas y paralizadas, afectan no solo a la administración promotora de la obra, y por ende, a la empresa encargada de la ejecución de las obras a efectos de incumplimiento de oferta, mantenimiento de vallados provisionales, pago de tasas”.

Continúa diciendo que “unas obras paralizadas en tal sentido, afectando a la acera allí situada, son susceptibles de poder irrogar daños y perjuicios a los viandantes, así como la posibilidad de actos vandálicos con los restos del material demolido”. Indica el auto por tanto que “a través de la empresa encargada de la ejecución se proceda a la finalización de dichas obras, dejando la zona en debidas condiciones de seguridad y uso”.

Cabe recordar que esta semana comenzaban las obras de demolición del muro del paseo de San Antonio cerca los terrenos de ADIF, actuación que quedó paralizada el miércoles tras el recurso presentado por la Demarcación de Cuenca del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha a través de su letrada Cristina Fuentes Paños, a su vez concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cuenca.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ya confirmaron el jueves que presentarían alegaciones a la paralización asegurando que la obra contaba con todos los informes técnicos, tanto jurídicos como urbanísticos, para llevarse a cabo.

Salud Pública tomará medidas en “los próximos días” en las localidades de Madroñera, Arroyo de la Luz, Malpartida de Cáceres y Zarza de Granadilla, esta última con una incidencia disparada de 4.378 casos por cien mil habitantes a los 14 días, y preocupan también Cáceres, Badajoz y la zona de la Data de Plasencia.

El propio consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha advertido este domingo, en su perfil en una red social, que se ha comenzado “a sentir en la incidencia de la COVID los efectos de la Semana Santa” y espera que “podamos controlarlo para evitar problemas de salud y sufrimiento social”.

En su informe diario, Salud Pública informa de que se está realizando “una vigilancia exhaustiva” en cuatro localidades extremeñas, “sobre las que se tomarán medidas en los próximos días”. Se trata de Zarza de Granadilla, con una incidencia acumulada a los 14 días de 4.378,28 casos y a los siete días de 3.152,36; y de Madroñera, con una incidencia acumulada a los 14 días de 1.263,32 casos y a los siete días de 552,70.

También de Arroyo de la Luz, con 447,43 y 378,59 casos a los 14 y siete días, respectivamente; y Malpartida de Cáceres, con 679,28 y 630,76 casos.

Preocupa también la incidencia de Cáceres, Badajoz y la zona de la Data de Plasencia.

Por su parte, en Salvatierra de los Barros se realizará a primeros de semana un cribado masivo para continuar detectando el virus y tomar las medidas necesarias en la localidad, como ya anunció ayer Salud Pública, que confirmó 29 casos positivos y hoy suma otros dos. 

Sanidad cerrará a partir de esta medianoche la localidad pacense de Herrera del Duque, que se encuentra en una situación de riesgo “muy elevado” y, por lo tanto, puede producirse un aumento de casos de covid-19.

Se trata de una decisión acordada en el Consejo de Gobierno de este miércoles, que también ha aprobado el levantamiento de los cierres perimetrales de Villanueva de la Serena y Malpartida de Cáceres.

Desde el Ejecutivo extremeño señalan que Herrera del Duque (3.482 habitantes) tiene una tasa de incidencia acumulada a los 14 días de 516,94 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa a los 7 días es de 344,63 casos por cada 100.000 habitantes. Según el último informe, tiene 18 casos activos confirmados.

El aislamiento perimetral se hará efectivo mediante un decreto del presidente de la Junta de Extremadura que se publicará en el DOE y entrará en vigor a las 00:00 horas del 8 de abril.

Extremadura flexibilizará esta semana las restricciones impuestas al comercio en las localidades con más de 3.000 habitantes pero los negocios de hostelería y los gimnasios continuarán cerrados hasta que no haya una disminución sustancial de la incidencia acumulada en la región.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha anunciado en la tarde de este miércoles las nuevas medidas acordadas en el Consejo de Gobierno tras el descenso del número de contagios de la última semana, y que han situado la incidencia a los 14 días en 845 casos y en 297 casos a los siete días. “Es solo una flexibilización porque no podremos hablar de desescalada hasta que estemos por debajo de -una tasa- de 500 casos”, ha insistido porque Extremadura se encuentra aún en un nivel de alerta 4.

A partir del viernes los comercios podrán permanecer abiertos de 10 a 18 horas en horario ininterrumpido de lunes a viernes, mientras que los sábados podrán hacerlo de 10 a 14 horas. Hasta ahora sólo tenían permitido abrir hasta las dos de la tarde.

Pero esta relajación de las restricciones solo favorecerá a los locales comerciales con independencia de su tamaño y siempre que tengan salida directa a la calle. Es decir, los centros comerciales y las galerías comerciales aún no podrán retomar su actividad.

Tampoco podrán reabrir los bares, restaurantes, gimnasios y escuelas de baile, entre otros, hasta que la incidencia acumulada no baje de la barrera de los 500 casos. No obstante, el consejero ha explicado que si en los “próximos días siguen bajando las cifras al mismo ritmo” se podría permitir algunos deportes siempre que sean al aire libre. “Nos preocupa la transmisión de la enfermedad por aerosoles”, ha afirmado.

Vergeles también ha anunciado que se ampliará durante 28 días más el toque de queda a partir de las 22 horas y que el aislamiento perimetral de todos los municipios se mantendrá siete días al menos.

Por último, donde también s flexibilizarán las medidas será en los centros sociosanitarios donde ya se haya administrado las dos dosis de la vacuna y se haya completado el periodo indicado de 28 días. Estas residencias podrán recuperar los ingresos de residencies y el régimen de visitas de forma progresiva.

Las medidas se publicarán este jueves en el Diario Oficial de Extremadura, por lo que entrarán en vigor el viernes.

Las nuevas restricciones anunciadas por Extremadura han entrado este jueves en vigor, pero su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha revelado detalles que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, no especificó, o pasó por alto, en su comparecencia del miércoles para informar de los acuerdos del consejo de gobierno para frenar la tercera ola de la COVID-19.

A la clausura de los negocios de la hostelería y el comercio en las localidades con más de 3.000 habitantes -hasta ahora esta medida afectaba a las de más de 5.000- se une también el cierre de gimnasios, museos y cines.

El acuerdo del consejo de gobierno de la Junta de Extremadura ordena el “cierre de las instalaciones, centros deportivos y espacios para la realización de actividad física o deportiva en espacios cubiertos”. Se prohíbe la celebración de competiciones y eventos deportivos, salvo las competiciones oficiales federadas de liga regular y de ámbito nacional, que tendrán que celebrarse sin público.

Asimismo, se cierran las academias, escuelas y clubes de baile y cualquier acto o evento en los que se prevea una participación de más de cincuenta personas.

Como novedad, las nuevas restricciones también afectan a las actividades culturales, puesto que se suspende “la apertura al público de los cines, teatros, auditorios, circos de carpa, museos, salas de exposiciones, centros de interpretación y espacios patrimoniales y otros equipamientos o recintos destinados a actos y espectáculos culturales, así como las actividades culturales itinerantes”. Las bibliotecas y archivos no podrán superar el 30% de su aforo.

Las medidas, que afectan a más de 744.000 personas -más de dos tercios de su población-, estarán en vigor durante 14 días, aunque el consejero de Sanidad subrayó que se revisarán la semana que viene.

Las localidades de más de 5.000 habitantes en las que se aplican son Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, Villanueva de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza, Montijo, Villafranca de los Barros, Puebla de la Calzada, Cáceres, Almendralejo, Don Benito, Azuaga, Coria, Castuera, Badajoz, Arroyo de la Luz, Guareña, Jerez de los Caballeros, Talavera la Real, Trujillo, Moraleja, Mérida, Plasencia, Zafra, Alburquerque, Llerena, Oliva de la Frontera, los Santos de Maimona, Miajadas, Montehermoso, Valencia de Alcántara, Jaraíz de la Vera, Talayuela y San Vicente de Alcántara.

Las medidas también son de aplicación en estos municipios de entre 3.000 y 5.000 vecinos: Campanario, Cabeza del Buey, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Malpartida de Plasencia, Quintana de la Serena, Casar de Cáceres, Navalvillar de Pela, Monesterio, Valverde de Leganés, Santa Marta, Malpartida de Cáceres, Arroyo de San Serván, Santa Amalia, Hervás, Hornachos, Zalamea de la Serena, Barcarrota, Herrera del Duque, La Zarza, Talarrubias, Villanueva del Fresno, Ribera del Fresno y Burguillos del Cerro.

A ellas hay que sumar el aislamiento perimetral de todos los municipios de Extremadura, que desde este jueves se ha prorrogado durante dos semanas.

Los Juzgados de lo Social nº 2 de Ciudad Real y nº 2 de Toledo  han admitido las medidas cautelarísimas presentadas ayer por el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) en los seis partidos judiciales de la región reclamando la dotación de material de protección a los centros sociosanitarios. 

En menos de 24 horas, han emitido sendos autos, según ha dado a conocer CESM, especifica que “procede la adopción de las medidas cautelarísimas solicitadas, de modo que se requiere a la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de la provincia de Ciudad Real (y Área de Toledo) para que se provea con carácter urgente e inmediato, y en el plazo máximo de 24 horas, en todos los centros hospitalarios, centros asistenciales de Atención Primaria, servicios de emergencias, servicios de Asistencia Rural, centros con paciente institucionalizados así como todos los demás centros asistenciales de la provincia de Ciudad Real (y Área de Toledo)  ya sean públicos o privados y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario, de: batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores grandes de residuos”. 

Con respecto a Albacete, el Juzgado de lo Social nº 2 solicita que en el plazo de un día día se presenten aclaraciones a dicha solicitud y, de momento, no hay noticias de los juzgados del resto de la región. 

Precisamente hoy, el SESCAM ha anunciado la distribución de 1,3 millones de artículos de material sanitario que se están distribuyendo entre centros sociosanitarios de toda la región. El secretario general del SESCAM, Luis Ruiz Molina, ha grabado un vídeo con declaraciones e imágenes ante las numerosas críticas por falta de material en los últimos días. 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Sebastián de La Gomera acordó durante la tarde de este jueves la puesta en libertad provisional con medidas cautelares para el presidente de un club de atletismo de esa isla, un hombre de 63 años que fue detenido por la Guardia Civil por supuestos abusos sexuales a menores integrantes de un club deportivo.

Entre las medidas cautelares impuestas está la prohibición de acercarse a menos a 200 metros de las siete menores que aseguran haber sufrido abusos, de comunicarse con ellas por cualquier medio, de acercarse al centro donde hasta ahora trabajaba y la prohibición cautelar para ejercer profesión u oficio relacionado con menores.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), hasta el momento, la juez instructora le imputa al hombre, que se acogió a su derecho a no prestar declaración, siete delitos de abusos sexuales continuados a otras tantas menores de edad que han presentado denuncia.

Por su parte, la oficina judicial ha apuntado que los hechos, “al menos de momento, no revisten la gravedad suficiente como para tomar medidas cautelares privativas de libertad, aunque la autoridad judicial mantiene la investigación abierta y no descarta la presentación de nuevas denuncias”.

Finalmente, la Policía Judicial ha requisado los ordenadores del investigado y trabaja en la inspección de su contenido.

El magistrado Luis Galván, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, deberá permitir en su próxima jornada de guardia, el próximo martes, que la funcionaria a la que ha vetado durante los dos últimos meses, a la que ha ordenado expulsar de las dependencias judiciales cada ocho días a través de la Guardia Civil, pueda acudir a su puesto y prestar sus servicios.

Así lo ha decretado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al estimar la solicitud de la afectada para que levantase, como medida cautelar, esta prohibición hasta que se sustancie la demanda por protección de derechos fundamentales que ha interpuesto en contra del juez.

Un oficio emitido por el letrado de la Administración de Justicia (antiguo secretario judicial) de la mencionada sala este jueves ordena el “inmediato cumplimiento” del auto de medidas cautelares dictado el mismo día por los magistrados Óscar Bosch, María Mercedes Martín y Javier Varona, este último como ponente de la resolución judicial.

La Sala asegura desconocer los motivos por los que el juez adoptó esa prohibición que sólo se extiende a las jornadas de guardia y que le ha ocasionado a la empleada pública un importante quebranto económico, ya que no ha podido cobrar el complemento salarial, y una merma en su salud. Tanto Luis Galván como la letrada de la Administración de Justicia de Instrucción 6 aluden a un acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2016 notificado a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias para justificar su posición.

Sin embargo, el TSJC remarca en su auto que en ninguno de los documentos remitidos al tribunal consta ese acuerdo ni que se le haya notificado a la funcionaria. “Tan sólo se hace mención a un informe de fecha 8 de septiembre de 2016 dirigido a la Dirección General de Administración de Justicia, en solicitud de que se incoe un expediente disciplinario”, recoge la resolución judicial.

Como ha informado Canarias Ahora, el Gobierno regional se dirigió hace un mes al juez para informarle de que sobre la empleada pública no pesaba ningún expediente disciplinario ni suspensión o sanción, por lo que no existía ningún impedimento para que cubriera las guardias, aunque se mostraba “respetuoso” con la decisión adoptada por el magistrado, que alega “pérdida de confianza” en la trabajadora, a la que acusa de retrasos en la tramitación de procedimientos. Tanto Galván como la secretaria judicial han advertido a la demandante durante las últimas guardias de que, en caso de que no abandonase las dependencias judiciales, podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.

La Sala reprocha al magistrado Luis Galván que haya actuado “por la vía de hecho” y le recuerda que cualquier medida que estime necesaria para la correcta prestación del servicio de guardia debe de estar “motivada y documentada”, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

La Junta de Personal de la Administración de Justicia de la provincia de Las Palmas, a través de su presidente, Luis Piernavieja, se ha congratulado de la decisión adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC y ha anunciado que disponen de información fiable que apunta a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunciará en idénticos términos.

Para Piernavieja, las instancias judiciales han comenzado a poner límites al “desafuero arbitrario” del juez Luis Galván, que, en opinión del representante de los trabajadores, se ha arrogado potestades sancionadoras que le competen al Gobierno de Canarias.

El presidente de la Junta de Personal advierte de que el órgano colegiado al que representa continuará actuando “con la misma contundencia” por el “saneamiento y la credibilidad de la Justicia” para poner fin a prácticas “inconcebibles en el siglo XXI”, como la de un juez “que piensa que un funcionario es un empleado particular o un vasallo”.

Los representantes de los trabajadores volverán a acudir el martes al juzgado de guardia para apoyar a la funcionaria afectada y comprobar el cumplimiento del auto de medidas cautelares.

C.M.D., el niño autista que fue trasladado por la conselleria de su colegio de Silla para trasladarlo a un centro de educación especial en Sueca sin consentimiento de la familia vuelve este viernes a su centro. El regreso de momento es provisional y fruto de la aceptación por parte del juez de las medidas cautelares solicitadas por la familia dentro del contencioso por vulneración de derechos fundamentales presentado por la familia.

Pero el regreso de C.M.D. a su centro, el CEIP Reyes Católicos, ha encontrado obstáculos hasta el último momento. Según explica la familia el juez aprobó las medidas cautelares el pasado viernes 20 de abril y esta semana debía reincorporarse a su escuela. La abogada de la familia, Sandra Casas, explica que el lunes envió una copia digital a todas las partes afectadas (conselleria, dirección territorial y dirección del centro) y les llamó personalmente para decirles que desde el martes el alumno podía volver al centro.

Pero la respuesta no fue la esperada, y la dirección territorial afirmó que no habían tenido ninguna notificación de la Abogacía de la Generalitat del auto judicial, por lo que no se aceptaba. En la misma línea se pronunció el director del centro que dijo que sus superiores le indicaron que el niño no podía entrar, porque no estaba de alta, y que el centro seguiría las directrices superiores.

La abogada de la familia explica que esperaron dieron dos días de margen para que se recibiera la comunicación judicial, como se les aconsejó de colectivos especializados en estos casos, que también les recomendaran que cuando volvieran hicieran levantar acta si se les volvía a impedir el paso.

Y esto fue lo que pasó el jueves. La familia se volvió a presentar en el colegio y volvieron a tener las puertas cerradas, con el mismo argumento: ellos no poseían dicho auto judicial. A continuación acudieron a la Policía Local para que levantara acta de situación así como dejar una copia en la escuela del auto que tiene en su poder en la familia.

Tras este primer intento de reincorporación de C.M.D. a su colegio la Conselleria de Educación tuvo conocimiento de la situación y ha informado que el niño podrá volver este viernes a las clases. La abogada Sandra Casas explica que a última hora de este jueves fue el propio secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, quien le llamó para explicarle que el niño volvía este viernes a la escuela CEIP Reyes Catónicos, que a las 20h se había dado instrucción a la dirección del colegio para que se admitiera al alumno, y pedía que informara a la familia de la situación.

Este viernes C.M.D. a vuelto a su colegio, aún así la familia asegura que no han tenido la mejor de las bienvenidas, que ha sido fría y que el director les ha llevado al despacho para que firmaran una autorización.

La familia también ha propuesto que, ante la tensión vivida con niños de por medio, se pida la mediación en el caso de una ONG especializada. Finalmente apuntan que, aunque el regreso es una medida cautelar, los padres tienen confianza de recibir la sentencia favorable antes del verano.

Entre los años 2011 y 2013 se produjo en Castilla-La Mancha un significativo descenso de las víctimas de violencia de género, aquellas que mantienen órdenes de protección o medidas cautelares. Pasó de 1.767 anuales a 1.510. La tendencia se rompió en 2014, cuando las nuevas cifras reflejaron un incremento hasta las 1.532 víctimas. Y durante el año pasado, esa tendencia se confirmó, llegando a las 1.576 en esta comunidad autónoma. Este aumento es de un 2,9% entre los dos últimos años, lo que contrasta con la tasa de variación respecto a 2011: un descenso del 10%.

Así, aunque el número de mujeres que mantienen medidas contra sus agresores sigue siendo menor que hace cinco años, el aumento durante tres años consecutivos hace disparar las alarmas. De manera más precisa, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), del aumento en 44 víctimas que se ha producido en un año, más de la mitad fueron ente la franja de edad que va de los 25 a los 44 años, que han pasado de 970 a 998 víctimas.

Otro dato muy significativo es que el único grupo de edad en el que ha descendido, aunque muy ligeramente, el número de víctimas, es el de los menores de 18 años, que ha pasado de 39 en el año 2014 a 31 durante el año pasado. En el resto de franjas, solo hay subidas: además de los ya mencionados, ha aumentado de 242 a 260 entre 45 y 64 años, y de 28 a 33 entre los de más de 65 años.

En cuanto a los condenados por violencia de género, hubo 1.078 con sentencia firme en Castilla-La Mancha, más de la mitad (hasta 672) de nuevo entre la franja de los 25 y los 44 años. Solo hubo dos condenas en menores de 18 años, 123 condenas entre los 18 y los 14 años, 256 entre los 45 y los 64 años y 25 sentencias firmes de 65 años en adelante.

Las cifras son más halagüeñas si la comparativa en violencia de género se lleva a cabo en relación a otras comunidades autónomas y según las tasas del año pasado por 1.000 mujeres de 14 años y más. Castilla-La Mancha ocupa la cuarta posición con un descenso del 1,8%, por detrás de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, cuyos descensos fueron ligeramente mayores (del 1,9%).

Violencia de género y violencia doméstica

Se entiende por violencia de género todo acto de violencia física o psicológica (incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad) que se ejerza contra una mujer por parte del hombre que sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad aún sin convivencia. Pero el INE ofrece también las estadísticas relativas a la violencia doméstica, es decir, todo acto de violencia física o psicológica ejercido tanto por un hombre como por una mujer, sobre cualquiera de las personas enumeradas en el artículo 173.2 del Código Penal (descendientes, ascendientes, cónyuges, hermanos, etc.) a excepción de los casos específicos de violencia de género.

En este último caso, en Castilla-La Mancha también se ha producido un aumento, algo menor que el de la violencia de género. De 374 víctimas de violencia doméstica con órdenes de protección o medidas cautelares que hubo en el año 2014 se ha pasado a 384 en 2015, un incremento del 2,4%. También en este caso, la tendencia es alcista desde el año 2013. Además, es la tercera comunidad autónoma en la más que se ha incrementado este tipo de violencia en cinco años, hasta un 17,8%, solo por detrás de Baleares (38,7%) y La Rioja (34,5%). Concretamente, de esas 383 víctimas castellano-manchegas del año pasado, 144 fueron hombres y 240 mujeres, subiendo ambas cifras con carácter interanual.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido este viernes una resolución judicial que deniega las medidas cautelares solicitadas por la gerencia del centro comercial Sotavento y confirma la decisión de la corporación municipal, ha indicado el concejal de Urbanismo, Javier Doreste.

Por ello, los responsables del centro deben presentar una declaración de responsabilidad y, una vez que el Ayuntamiento la reciba, decidirá su apertura “subsanados los errores de seguridad”, ha asegurado Doreste (LPGC Puede).

El resto de las deficiencias del centro comercial se tratarán de la misma forma que muchas otras edificaciones y construcciones de la capital grancanaria, en las que “el Ayuntamiento abre un procedimiento de regularización sin tener que cerrar” el establecimiento, ha asegurado Doreste.

El Cabildo de Gran Canaria presentará el recurso anunciado contra el acuerdo del Gobierno de Canarias de desestimar la declaración de la zona del oasis de Maspalomas como Bien de Interés Cultural (BIC), pero no pedirá medidas cautelares que paralicen las actuaciones en la zona.

El presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna (PP), ha señalado que no tiene intención de paralizar la acción del Gobierno, cuya solución urbanística aún espera conocer, si bien ha indicado que seguirá adelante con el recurso que presentará ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Bravo de Laguna ha considerado que “sigue siendo un error” el enfoque urbanístico del Gobierno canario para esa zona, por el valor paisajístico y cultural que encierra, al tiempo que ha incidido en el hecho de que “el urbanismo es cambiante” mientras que esos valores no.

El presidente del Cabildo ha hecho estas declaraciones a los periodistas con motivo de la presentación del Plan Insular de Zonas Abiertas Comerciales de Gran Canaria.

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cree que no hay riesgo de que Jordi Pujol Ferrusola se evada o destruya pruebas que puedan existir en su contra. De ahí que entienda la decisión adoptada por la fiscalía de la Audiencia Nacional de no pedir medidas cautelares contra Jordi Pujol Ferrusola tras sus cinco horas de declaración ante el juez Pablo Ruz. “No existen los elementos que exige el Tribunal Constitucional” para pedir esas medidas cautelares, ha subrayado en Bilbao, defendiendo así la posición de los fiscales de la Audiencia Nacional. El Consejo Fiscal ha reunido a sus miembros este mediodía en la capital vizcaína.

El Fiscal General del Estado considera que la “alarma social” o el “escándalo social” son “conceptos caducos dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, que, a su juicio, ha marcado con claridad los elementos que deben producirse para solicitar medidas cautelares contra un derecho fundamental como la libertad de un imputado. Entre ellos, Torre-Dulce ha destacado la posibilidad de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la Justicia o que haya un riesgo claro de que se destruyan pruebas fundamentales para el proceso. Y también ha indicado la necesidad de que exista “documentación precisa” para reclamar al juez medidas cautelares contra el primogénito de Jordi Pujol.

Eduardo Torres-Dulce cree que el proceso contra Pujol Ferrusola - está aun en un momento “embrionario” y que no tiene nada que ver con el 'caso Bárcenas', donde la causa ya estaba muy avanzada y los posible delitos también muy centrados. Durante su declaración ante el juez Ruz, Pujol Ferrusola negó que los ingresos investigados respondieran a comisiones y defendió en todo momento que las 17 empresas que le pagaron 8 millones de euros entre 2005 y 2010 lo hicieron a cambio de diferentes trabajos realizados y nunca como mordidas o comisiones.

El sindicato UGT ha recibido una notificación de apertura de pieza separada sobre medidas cautelares al Plan de Ordenación de Recursos Humanos implantado por el SESCAM, tras las denuncias impuestas por el sindicato y otras instituciones.

En términos judiciales, una pieza separada implica una separación de un procedimiento para hacer más sencillo su manejo. Esto es lo que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha hecho con la denuncia impuesta por UGT al Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. En este caso, la institución está estudiando la posibilidad de aplicar medidas cautelares en el proceso, siguiendo las denuncias del sindicato, que afirma que se han impuesto traslados forzosos e indiscriminados de profesionales sanitarios, incluso, en todas las gerencias regionales.

UGT afirma que, como el Plan afectaba a la totalidad de los trabajadores de las diferentes gerencias del SESCAM, convertidas a Gerencias de Atención Integrada, la medida adecuada es paralizar la aplicación hasta la resolución del recurso, lo que se solicitó en la denuncia impuesta contra el programa. El Tribunal además ha dado traslado a la Administración, para que exponga lo que se estime conveniente sobre la medida cautelar.

La Federación anuncia que se ha impuesto una inmovilidad forzada a los profesionales de la salud en todas las gerencias de la región, excepto de Toledo, si bien esta excepción puede ser temporal. Así, los trabajadores han visto su adscripción cambiada, después de estar años en un centro. En algunos casos, el traslado se ha hecho a complejos y centros situados a cientos de kilómetros. Además, denuncian que estos cambios se han hecho sin ningún tipo de criterio, y que la movilidad ha supuesto también el despido de muchos profesionales, lo que repercute en la calidad de los servicios prestados.

El Plan de Reordenación entró en vigor el 26 de febrero, y ha afectado, según fuentes sindicales, a más de 2.000 trabajadores. Además, en el momento de su implantación se advirtió que no se tomaron en cuenta los medios y los tiempos de desplazamiento, o las indemnizaciones que deben derivarse de este tipo de cambios. Así, aseguran se ha generado una inseguridad general entre los trabajadores. El plan además coincidió con la dimisión del gerente de Albacete, Ángel Gómez Roig.