El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de Catalunya se está preparando para el concurso de acreedores al que se asoma el Grup La Pau, una cooperativa que ganó en 2025 junto a otra empresa el mayor contrato público de ambulancias, valorado en 381 millones de euros, a pesar de tener problemas de tesorería. 

Según ha podido saber elDiario.es, el Grup La Pau está actualmente en fase de preconcurso de acreedores, un proceso previo en el que, durante un periodo de hasta cuatro meses, la empresa puede renegociar y reestructurar sus deudas para evitar el procedimiento concursal.

Ante esta situación, el SEM ha solicitado un dictamen a los servicios jurídicos del departamento de Economía para valorar si, en caso de llegar el concurso, la otra compañía a la que se adjudicó el contrato junto a La Pau en una Unión Temporal de Empresas (UTE) podría acreditar por su cuenta la solvencia que se requiere para prestar el servicio.

La amenaza del concurso de acreedores en La Pau planea sobre la cooperativa cuando solo faltan dos meses para que empiecen a ofrecer sus servicios en el área metropolitana norte de Barcelona. El primero de los lotes del macroconcurso, que en total sumó unos 2.000 millones de euros, empezará a desplegarse este 1 de abril en las Terres de l'Ebre. El de La Pau está previsto para el 13 de mayo.

Los problemas económicos de La Pau no han sorprendido a nadie en el sector. La propia cooperativa, seis meses antes de ganar el concurso en Catalunya, ya había advertido en un documento interno de que estaba al borde de la “quiebra técnica” tras acumular más de nueve millones de pérdidas entre 2021 y 2024. 

También la mesa de contratación de la Generalitat tuvo dudas sobre la solvencia del Grupo La Pau, hasta el punto de que todos los miembros solicitaron abundante documentación contable a la cooperativa y un plan de negocio para que acreditara que podría prestar debidamente el servicio. El SEM, sin embargo, concluyó que la cooperativa acreditó su capacidad financiera y le otorgó la licitación.

Desde el SEM no han querido hacer ningún comentario para este artículo. Vicenç Chicharro, vicepresidente del Grup La Pau, aseguró el viernes en conversación telefónica que la compañía tenía “viabilidad” y que “contemplaban” la “opción” de llegar a un acuerdo con sus acreedores que permitiera evitar el concurso público. 

Antecedentes polémicos

El origen de las reticencias de la Generalitat durante el concurso estaba en los problemas que tuvo la cooperativa en el País Vasco, donde gestionó parte del servicio de ambulancias y fue objeto de más de 55 actas de inspección laboral por diversas irregularidades, que incluían el uso de los vehículos adscritos al Servicio Vasco de Salud por parte de clínicas privadas y el adeudo de salarios y pagas extras a buena parte de la plantilla.

El Ejecutivo vasco, que aseguró que La Pau estaba en una “situación económica complicada”, acabó rescindiendo el contrato con la cooperativa por su “deficiente gestión” y embargó en noviembre de 2024 los 12 millones en avales que había depositado el grupo.

Los problemas de tesorería de La Pau han supuesto que la otra empresa de la UTE, Direxis, haya ido adquiriendo más protagonismo de manera paulatina en la unión de empresas. Apenas cuatro meses después de ganar el concurso en Catalunya, se acordó la cesión del 9% de La Pau a Direxis, un porcentaje que ha ido aumentando hasta el punto de que actualmente, en la UTE que prestará el servicio, La Pau solo tiene el 1%.

Ha sido Direxis, de hecho, quien ha pagado durante meses parte de los salarios de la plantilla de La Pau. Pero esta compañía dejó de aportar esas cantidades a finales de octubre debido a la “falta de confianza e inseguridad jurídica” con la cooperativa, según comunicó el comité de empresa a la plantilla. 

El dictamen del departamento de Economía, obtenido por esta redacción, considera que en caso de concurso de acreedores será Direxis quien deberá acreditar los requisitos de solvencia que se solicitaban en la licitación.

Lo podrá hacer, asegura el documento, con “medios distintos” a los presentados en un primer momento e incluso recurriendo, si fuera necesario, a “terceras empresas” para demostrar que habrá dinero para ofrecer el servicio.

Resulta indignante y profundamente cínico que la Administración de Castilla-La Mancha presuma de certificados de calidad en transporte sanitario mientras la realidad diaria es un servicio bajo mínimos, sostenido a base de sacrificio humano y no de medios reales.

En la actualidad existe una falta alarmante de ambulancias, una escasez crónica de personal y una sobrecarga constante de trabajo que pone en riesgo tanto a los profesionales como a los pacientes. Los tiempos de respuesta se alargan, los recursos no llegan y la presión asistencial es insostenible. Si el sistema no ha colapsado todavía no es gracias a la gestión ni a la planificación, sino única y exclusivamente al esfuerzo de las personas trabajadoras, que suplen con profesionalidad lo que la Administración no garantiza con recursos.

Se les exige dar un servicio de “calidad” sin las herramientas necesarias, jugando con su salud física y mental y con la seguridad de la población. A todo esto se suma un convenio colectivo caducado, cuya negociación está bloqueada y sin voluntad real de renovación, así como la falta de reconocimiento de la categoría profesional de Técnico en Emergencias Sanitarias, una reivindicación justa y básica que sigue siendo ignorada.

Desde la Administración se exige responsabilidad, formación y entrega, pero se niega estabilidad, reconocimiento y condiciones dignas. Por eso, hablar de calidad en estas condiciones no es solo falso, sino que es una burla hacia el colectivo y una falta de respeto a los ciudadanos. La calidad no se certifica en un despacho ni se vende en titulares: se construye con ambulancias suficientes, plantillas completas, convenios en vigor y profesionales reconocidos.

Basta de propaganda y autocomplacencia. El transporte sanitario de Castilla-La Mancha no necesita más certificados, necesita inversión, gestión responsable y respeto por sus trabajadores. Porque sin medios no hay servicio, y sin dignidad laboral no hay calidad.

CCOO Castilla-La Mancha quiere ser parte de las mesas de contratación en las que la Administración pública licita contratos de los servicios públicos y a las empresas privadas. También reclama estar en el proceso de seguimiento de estos contratos, tras detectar “incumplimientos” en las condiciones laborales de sus trabajadores.

El Área Pública de CCOO -que integran las federaciones de Enseñanza, de Servicios a la Ciudadanía y la de Sanidad y Sectores Sociosanitarios- cree “imprescindible” reforzar la intervención sindical para garantizar no solo que se cumplen los convenios colectivos sectoriales o de la empresa en cuestión, sino evitar fenómenos de competencia desleal o precarización laboral.

Así lo han expuesto en rueda de prensa este lunes en Toledo la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO CLM, Carmen Juste, y la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Ana Delgado. ambas han denunciado que el hecho de que en la adjudicación de los servicios externalizados de las administraciones públicas se priorice la oferta económica más baja porque eso, advierten, “repercute en la precarización de las condiciones laborales de las personas trabajadoras y degrada el servicio público que se presta”.

De hecho, subrayan, “hay conciertos que se quedan desiertos, porque ninguna empresa presenta oferta, y se mantiene la adjudicación con empresas que incumplen”.

Para las sindicalistas, pese a las obligaciones que establece el marco normativo en materia de contratación pública, en la práctica se observa “con frecuencia” que los pliegos de licitación no incluyen cláusulas sociales suficientes ni mecanismos eficaces de control del cumplimiento del convenio aplicable.

Denuncian que “existen empresas licitadoras que presentan ofertas temerarias, sustentadas en costes laborales inferiores a los establecidos en el convenio colectivo” o que “los órganos de contratación no supervisan adecuadamente la ejecución de los contratos”.

Eso deriva en impagos, incumplimientos salariales o sustitución de convenios sectoriales por convenios de empresa menos favorables. “Estas prácticas no solo vulneran los derechos laborales, sino que también distorsionan la competencia entre empresas y deterioran la calidad de los servicios públicos”, lamentan.

En su opinión, las administraciones públicas tienen “la obligación” de garantizar que las empresas adjudicatarias cumplan con los convenios colectivos y con la normativa laboral, rechazando aquellas ofertas temerarias. Y sin embargo afean que “algo está fallando en las administraciones, hay una dejadez de funciones, cuando se aceptan ofertas a la baja con cálculos irreales de los costes y no hay con un control exhaustivo una vez adjudicado el servicio”.

¿Qué propone CCOO?

El sindicato propone una intervención sindical activa en todo el ciclo de la contratación pública con cuatro ejes de actuación que van desde su participación previa tanto en la revisión de los pliegos de condiciones y exigencia de inclusión de cláusulas sociales que aseguren el cumplimiento del convenio colectivo sectorial y las condiciones laborales dignas, como en la promoción de acuerdos con las administraciones para incorporar cláusulas tipo con referencia expresa al convenio aplicable.

Después apuestan por el seguimiento y control, a través de la creación de comisiones paritarias o mesas de seguimiento sindicales de la ejecución de los contratos, en coordinación con los órganos de contratación. En este aspecto reclaman “mecanismos de control y sanción frente a los incumplimientos”.

Otra de las propuestas pasa por la transparencia mediante la solicitud sistemática de acceso a la información pública sobre adjudicaciones y condiciones laborales de los contratos, además de la interposición de denuncias ante la Inspección de Trabajo y los tribunales de recursos contractuales cuando se detecten irregularidades.

Finalmente, CCOO detalla que está formando a delegados y delegadas sindicales para intervenir en estos procesos y detectar posibles vulneraciones.

La “precariedad absoluta” en centros de educación especial

El Área Pública de CCOO CLM ha citado algunos ejemplos en contratas de la Administración regional como el transporte sanitario que tiene “un convenio colectivo sin actualizar desde el año 2012, mientras que se sigue licitando el servicio”.

Después citan el caso de las personas trabajadoras, en su mayoría mujeres, de acompañamiento a los niños y niñas que estudian en centros de educación especial, y que sufren la “precariedad más absoluta”. A estas trabajadoras las recogen por la mañana en una localidad y las llevan hasta Toledo donde está el centro, quedándose en la ciudad hasta las 17.00 horas, que vuelven a recogerlas para llevarlas a su localidad. Están fuera de su casa 9 horas, pero únicamente están contratadas por tres horas los días lectivos, con salarios que no superan los 400 euros al mes. Hoy se esta celebrando el acto de mediación por esta situación que afecta a unas 500 personas trabajadoras en la región. También se han referido al caso de la licitación de los centros de menores “con incumplimientos que la propia Consejería de Bienestar Social ha reconocido”.

Para evitar este tipo de situaciones, CCOO insiste en que “la intervención sindical en la contratación pública no es una opción, sino una obligación derivada del mandato de defensa de los derechos laborales y de las propias normas europeas y nacionales”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere avanzar en las terapias domiciliarias para el tratamiento de pacientes con enfermedad renal crónica que requieren hemodiálisis. Está incorporando a la cartera de servicios de los hospitales del sistema sanitario público regional técnicas alternativas, como la diálisis peritoneal y la hemodiálisis domiciliaria.

En la actualidad más de 140 pacientes realizan diálisis peritoneal y cerca de una decena hemodiálisis domiciliaria en la comunidad autónoma, según los datos difundidos por el director gerente del SESCAM, Alberto Jara, durante la inauguración del XX Congreso Provincial de Personas con Enfermedad Renal de la provincia de Ciudad Real.

Sobre la hemodiálisis domiciliaria ha indicado que ya está en marcha en los hospitales de Albacete, Guadalajara y Toledo. Este año se ha puesto en marcha en los centros de Alcázar de San Juan y también en el Ciudad Real y ya se está trabajando para que empiece a funcionar en los hospitales de Cuenca y de Talavera de la Reina.

“Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos comprometidos con la mejora continua de la atención a pacientes con enfermedad renal crónica. Sabemos que la lucha contra la enfermedad es larga, difícil y requiere un esfuerzo coordinado entre profesionales, instituciones y, por supuesto, los propios pacientes y sus familias”, ha subrayado Jara.

Por ello, ha añadido, además de las medidas de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento convencional, se están dando pasos importantes para impulsar las terapias domiciliarias, dentro de una estrategia más amplia para mejorar la atención de los pacientes renales, dándoles mayor autonomía y facilidades para la conciliación del tratamiento con su vida personal y laboral.

El transporte sanitario

El director gerente del SESCAM se ha referido también al proyecto que viene desarrollando la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario en colaboración con ALCER Ciudad Real para mejorar la humanización y optimizar el transporte sanitario de los pacientes en tratamiento de diálisis. En su opinión se asegura “una atención más digna, eficiente y centrada en la persona”.

Las medidas implementadas dentro de este proyecto incluyen la dedicación de recursos específicos a las rutas de diálisis, la optimización de tiempos y distancias de traslado, la limitación del número de pacientes por vehículo y la adecuación de los horarios de transporte a las necesidades clínicas y personales de cada paciente.

“Los resultados que hemos obtenido en el tiempo que lleva operativo muestran que las incidencias relacionadas con el transporte sanitario de pacientes de diálisis se han reducido en más de un 80 por ciento”. Eso supone, según sostiene, e “el éxito del modelo colaborativo y la mejora efectiva en la calidad y humanización del servicio”.

A este respecto, ha adelantado que el objetivo del SESCAM es hacer extensible esta iniciativa a las cinco provincias una vez se resuelva la nueva adjudicación del contrato de transporte sanitario, actualmente en proceso de licitación.

78 donaciones hasta octubre

Por último, ha agradecido a ALCER su colaboración en la promoción de la donación de órganos, un área fundamental para quienes necesitan un trasplante renal. “Vuestra labor en este campo, ha dicho, es decisiva, ayudando a crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de la donación, sin la cual muchos de nuestros pacientes no tendrían acceso a un tratamiento que salva vidas”.

Según los datos aportados por el gerente del SESCAM, en los diez primeros meses de este año se ha batido el récord en número de donaciones en Castilla-La Mancha, habiendo alcanzado las 78, seis más que en 2023, año que hasta ahora ostentaba el número más alto de donaciones en ese periodo de tiempo.

De enero a octubre de este año se han realizado en la Comunidad Autónoma 82 trasplantes renales y otros 28 castellanomanchegos han recibido un trasplante de riñón en otra comunidad autónoma.

Jara ha terminado su intervención felicitando a todas las personas que van a recibir un reconocimiento en los XII Premios ALCER, especialmente a los profesionales de la Planta de Nefrología del Hospital General Universitario de Ciudad Real, a Felicidad Romero, que durante 18 años ha sido la coordinadora de Enfermería de Trasplantes de la Gerencia de Alcázar de San Juan y a Luis Javier Yuste, coordinador médico de trasplantes del Hospital General Universitario de Ciudad Real en los últimos diez años.

Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha ha exigido al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que realice la adjudicación inmediata de las empresas que se van a encargar de la gestión del servicio de transporte sanitario de la región.

“Desde el pasado 9 de junio que se abrieron los sobres no sabemos nada y esto está impidiendo avanzar hacia la negociación de un convenio colectivo digno que mejore las condiciones laborales de los más de 2.000 trabajadores y trabajadoras del sector y la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía”, ha explicado Carmen Juste, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO CLM, en una rueda de prensa celebrada este lunes en Toledo junto a Carmen Trujillo, responsable del Sector Carretera y Logística en FSC CCOO CLM, y Marcelino Fontana, delegado sindical del sector de transporte sanitario en Albacete.

“Es urgente y prioritario que el SESCAM adjudique cuanto antes la gestión de este servicio para que tengamos un interlocutor válido con el que podamos sentarnos a negociar un nuevo convenio colectivo”, ha subrayado Juste. Así el sindicato, va a pedir que de manera inmediata se convoque la mesa de negociación, pues en este momento “las empresas que salen no quieren saber nada de preacuerdo ni de subidas salariales y las que entran no sabemos cuáles son y no nos podemos sentar con ellas a negociar un nuevo convenio, el actual aunque está en ultraactividad perdió su vigencia en febrero del 2023”.

La secretaria general de FSC CCOO CLM ha recordado que en diciembre de 2024 se alcanzó un acuerdo con la empresa Digamar (la mayoritaria en la región), justo el día antes de que se publicara el pliego de condiciones del nuevo contrato, por lo que el sindicato considera que hubo “mala fe” por parte de la concesionaria.

Pérdida del 30% del poder adquisitivo desde 2012

Hay más de 2.000 trabajadores y trabajadoras en el sector del transporte sanitario en Castilla-La Mancha, que han perdido un 30% de poder adquisitivo desde el 2012. Y es el momento de que se cumpla el preacuerdo firmado en diciembre de 2024 con la empresa concesionaria mayoritaria y se negocie un nuevo convenio colectivo digno.

Por su parte, la responsable del Sector Carretera y Logística en FSC CCOO CLM ha insistido en la exigencia al SESCAM para que complete el proceso de licitación del transporte sanitario, pues la falta de adjudicación es “una negligencia que impacta directamente en la estabilidad laboral y en la calidad del servicio, las continuas prórrogas son un muro que impide avanzar hacia un convenio digno que garantice salarios justos, -los trabajadores y trabajadoras no pueden seguir con los salarios congelados otros cinco años hasta que finalice la vigencia del nuevo pliego-, una jornada laboral racional -basta ya de hacer 2.184 horas en el servicio urgente-, así como la mejora de las ambulancias y su gestión”.

Asimismo, ha pedido a la Administración que “se asegure de que los pliegos y las futuras concesiones garanticen el cumplimiento de la normativa laboral y de prevención de riesgos”.

Por último, el delegado sindical en el transporte sanitario se ha referido a los problemas con el mantenimiento de los vehículos y con la ropa de trabajo. “Mientras no se licite la gestión del servicio las empresas no invierten en el mantenimiento de los vehículos, muy deficiente en algunas provincias y sin vehículos de sustitución cuando se hacen reparaciones”, además “no se dan uniformes ni calzado a las y los trabajadores o se les da de forma esporádica seis meses después de haberlo solicitado”.

Por todo ello, el sindicato insiste en exigir al SESCAM que de forma inmediata adjudique las empresas que se van a encargar de la gestión de este servicio en los próximos cinco años. “Esto no se puede dilatar más en el tiempo”, ha concluido.

La actual adjudicataria del transporte sanitario en Extremadura, la empresa Ambuvital —en unión temporal de empresas (UTE) con otras del mismo grupo—, ha sido la única firma que se ha presentado al nuevo concurso público convocado por la Junta de Extremadura para renovar el contrato. Así lo ha denunciado este viernes la organización sindical USO en un comunicado, en el que califica la situación de “terrible y sorprendente”.

La apertura de ofertas tuvo lugar ayer, y desde USO aseguran que la ausencia de competidores “se trata de la peor noticia posible para los extremeños y extremeñas, al prácticamente asegurarse la continuidad de una empresa que ha generado tantos y tan conocidos problemas”.

“En honor a la verdad pensábamos que esta vez la dotación económica sería suficiente atractivo para que la diversidad de ofertas económicas avalara la gestión” del Ejecutivo autonómico, afirma el coordinador de la Federación de Servicios de USO Extremadura, Víctor Arnelas. Sin embargo, añade que “lamentablemente el tiempo ha vuelto a dar la razón a todos los que acusan a la Junta de hacer un presunto contrato a la medida de Ambuvital”.

Según Arnelas, esta empresa “ha demostrado por activa y por pasiva que, técnicamente, no está preparada para ofrecer el servicio que los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región merecen”.

El portavoz sindical también cuestiona el papel de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, dirigida por Sara García España, al considerar que “no tiene ni el deseo ni la capacidad de hacer cumplir los términos del actual contrato”. “Si la Consejería de Salud es a día de hoy toreada una y otra vez por Ambuvital, nada nos hace pensar que esto no vaya a seguir sucediendo en el futuro”, advierte.

Entre las denuncias trasladadas por los trabajadores, USO señala que Ambuvital “carecería de los vehículos necesarios” y que los disponibles estarían “infradotados y con escaso o nulo mantenimiento”. También se estarían incumpliendo cláusulas del contrato vigente relativas a los vehículos de sustitución, a los tiempos de respuesta pactados y a los tiempos de espera de los pacientes.

“La prestación actual del servicio es muy deficitaria, con el visto bueno de una Junta que hasta ahora parece mirar más por los intereses de la empresa que de los extremeños y extremeñas”, denuncia Arnelas.

Desde USO critican además lo que consideran una “política antisindical” por parte de Ambuvital, con “varias condenas en contra por represaliar a trabajadores por su actividad sindical”. “Con un régimen prácticamente dictatorial, los sindicatos tenemos muy poco margen para mejorar las condiciones de las personas que prestan un servicio que es público y se paga con el dinero de todos”, lamenta el dirigente.

Arnelas concluye acusando al Gobierno de María Guardiola de “no vigilar la situación de los trabajadores” y de actuar con “buenas palabras y pocos hechos”. “Falta ese puñetazo encima de la mesa que diga a esta empresa o a cualquier otra que el interés general de Extremadura está por encima del económico”.

Els treballadors del transport sanitari de Mallorca i la direcció de l'empresa Gestió Sanitària i Assistencial de Balears (Gsaib) han aconseguit acostar postures aquest dimarts en el marc de les negociacions per a posar fi al conflicte laboral que va començar fa gairebé dues setmanes i que ha suposat la cancel·lació d'al voltant de 3.600 serveis.

Totes dues parts van mantenir una “jornada maratoniana” de reunions en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de Balears (Tamib), la qual cosa va permetre avançar en diversos punts clau. Com a gest de bona voluntat, els treballadors han decidit desconvocar l'atur previst per a aquest dimecres, encara que adverteixen que el conflicte no està tancat.

El comitè d'empresa —format pels sindicats UGT, FS-TES, USAE i CCOO— ha defensat en un comunicat que l'única via per a resoldre la situació és el diàleg i la negociació, que permetin trobar solucions urgents a les seves principals reivindicacions.

Un dels temes en els quals s'han produït avanços és el de la classificació professional del personal, si bé encara no s'ha tancat un acord definitiu. Les parts s'han emplaçat a continuar negociant de manera bilateral el dijous i el dilluns, i tornaran a reunir-se en el Tamib dimarts que ve, un dia abans del següent atur parcial convocat.

“Si hi ha predisposició podem arribar a acords i solucions, però si els interlocutors s'enroquen, desapareixen i provoquen, tornarem a la convocatòria inicial”, han advertit des del comitè d'empresa.

Entre els principals motius de protesta dels treballadors es troben la falta de personal, la inoperativitat dels vehicles, la imposició de guàrdies extra “a discreció”, els torns sense cobrir i els incompliments tant del conveni col·lectiu com d'acords anteriors de desconvocatoria de vaga.

Los trabajadores del transporte sanitario de Mallorca y la dirección de la empresa Gestión Sanitaria y Asistencial de Balears (Gsaib) han logrado acercar posturas este martes en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto laboral que comenzó hace casi dos semanas y que ha supuesto la cancelación de alrededor de 3.600 servicios.

Ambas partes mantuvieron una “jornada maratoniana” de reuniones en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Balears (Tamib), lo que permitió avanzar en varios puntos clave. Como gesto de buena voluntad, los trabajadores han decidido desconvocar el paro previsto para este miércoles, aunque advierten de que el conflicto no está cerrado.

El comité de empresa —formado por los sindicatos UGT, FS-TES, USAE y CCOO— ha defendido en un comunicado que la única vía para resolver la situación es el diálogo y la negociación, que permitan encontrar soluciones urgentes a sus principales reivindicaciones.

Uno de los temas en los que se han producido avances es el de la clasificación profesional del personal, aunque aún no se ha cerrado un acuerdo definitivo. Las partes se han emplazado a seguir negociando de forma bilateral el jueves y el lunes, y volverán a reunirse en el Tamib el próximo martes, un día antes del siguiente paro parcial convocado.

“Si hay predisposición podemos llegar a acuerdos y soluciones, pero si los interlocutores se enrocan, desaparecen y provocan, volveremos a la convocatoria inicial”, han advertido desde el comité de empresa.

Entre los principales motivos de protesta de los trabajadores se encuentran la falta de personal, la inoperatividad de los vehículos, la imposición de guardias extra “a discreción”, los turnos sin cubrir y los incumplimientos tanto del convenio colectivo como de acuerdos anteriores de desconvocatoria de huelga.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este miércoles en una sesión extraordinaria el contrato del servicio de transporte sanitario terrestre, que contará con un presupuesto de licitación de 285.749.511,97 euros para cuatro anualidades, al incluir íntegramente el nuevo convenio colectivo.

Al término de la reunión, que se celebrado de forma telemática, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha explicado que, una vez publicado el convenio colectivo en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), la licitación saldrá de “forma inmediata” en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

A partir de ahí se abrirá un plazo de 30 días para presentar ofertas y la consejera ha estimado que la adjudicación definitiva del contrato podría ser una realidad al final del presente año. Tras su adjudicación habrá un periodo transitorio de seis meses antes de su aplicación efectiva, ha precisado García Espada, que ha subrayado que el nuevo contrato responde al compromiso del Gobierno de María Guardiola de mejorar el transporte sanitario para usuarios y trabajadores.

A su juicio, “marcará un antes y un después” del modelo, en materia laboral porque el anterior convenio colectivo era de 2017 y porque se hace una inversión “sin precedentes”.

Los 285 millones para cuatro anualidades, con la posibilidad de otro de prórroga, suponen un incremento del 72% respecto al contrato de 2022 en vigor, al incorporar el convenio colectivo de forma íntegra, ha detallado la consejera. El montante anual va subiendo en consonancia con el crecimiento del capítulo de personal y en 2029 superará lo 80 millones de euros.

La partida de personal, que en 2022 era de 27 millones, en 2027, el primer año íntegro de la concesión, alcanzará los 48,8 millones, ha señalado.

Del nuevo pliego, ha destacado el refuerzo de la flota de 423 unidades a 468 y el compromiso de sustituir las 120 ambulancias no asistenciales de los Puntos de Atención Continuada (PAC) en asistenciales tipo C.

Otra novedad en la implementación de un sistema informático para la gestión de rutas y un plan específico y personalizado de transporte para los paciente de diálisis.

García Espada ha señalado que el nuevo contrato es el resultado de un proceso de diálogo y que sienta las bases para afrontar con garantías los retos del futuro.

Desestimado el contrato en 2024

La Junta anunció el pasado 3 de septiembre la licitación de ese contrato, con un presupuesto de 72,5 millones de euros anuales, que fue desestimado días después debido a dos errores en el pliego que afectan a la descripción del servicio y el precio de la licitación, y volvió a sacarlo el 14 de septiembre.

Dos meses después la Comisión Jurídica de la Junta de Extremadura anuló la licitación del transporte sanitario terrestre a raíz del recurso presentado por la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (Anea).

La patronal no estaba de acuerdo con la cláusula social del contrato para mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores. Desde entonces se ha esperado a la firma del convenio colectivo, lo que se produjo el 30 de abril, aunque no se ha oficializado hasta ayer en el DOE.

El convenio colectivo, que firmaron con la patronal los sindicatos CCOO, CSIF y UGT, y del que se descolgó USO, contempla 1.800 horas anuales de trabajo y la posibilidad de hacer otras 300 de forma voluntaria.

Centenares de personas se han concentrado en la Plaza de Zocodover de Toledo para conseguir mejorar sus condiciones laborales en el ámbito del transporte sanitario.

Los sindicatos UGT y CCOO han recordado que el colectivo lleva con sus sueldos congelados desde el año 2012 y con jornadas laborales que superan las 2.100 horas al año, lo que se traduce en semanas de más de 70 horas.

Señalan que la justicia ya ha advertido al Ejecutivo regional de que el pliego de condiciones para la adjudicación del servicio recoge una cuantía “a todas luces” insuficiente, por lo que insisten en la necesidad financiarlo con los recursos necesarios.

Con grandes pancartas, portando chalecos amarillos fluorescentes y al ritmo de los silbatos han acaparado la atención de la principal plaza toledana ubicada en el Casco Histórico. Una protesta que ya ha tenido varios precedentes en los últimos meses, con paros y concentraciones frente a los centros hospitalarios de la región.

La secretaria general de la Federación de Servicios a la ciudadanía de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, Carmen Juste, ha señalado que llevan dos meses con este “conflicto abierto y sin una solución”. Destaca que “los trabajadores de este sector están muy indignados porque no reciben respuesta”. La secretaria general ha expresado su indignación al hablar de las condiciones laborales pactadas en la mesa de negociación, donde van a “exigir que se cumpla con ellas”, tanto lo que compete a la reducción de la jornada laboral como a la subida del salario.

“No nos pueden decir las empresas que no pueden acometer estas subidas salariales. Sabemos que las empresas tienen beneficios porque lo hemos comprobado”, ha indicado Juste. Se trata de un problema que afecta a casi 2.000 trabajadores, según ha señalado la secretaria general, donde los trabajadores del transporte sanitario “están haciendo jornadas laborales de hasta 18 horas diarias”.

Por su parte, Serafín García, responsable regional del sector del transporte sanitario en UGT Servicios Públicos, ha expresado igualmente su indignación respecto al asunto, destacando que están defendiendo “nuestros salarios, nuestras jornadas y el servicio que se da, que es lamentable. El Sescam es el culpable de que este servicio sea lamentable. Las ambulancias se están estropeando todas, ni siquiera tienen aire acondicionado ahora mismo”, ha aseverado.

El responsable regional ha arremetido contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reivindicando que “hay que reducir la jornada laboral a 37 horas y media, que lo está diciendo el Gobierno de España”. “Y a la vez hay que subir los salarios, tal y como marca el acuerdo que han firmado todos los agentes sociales. No queremos hacernos ricos, solo queremos cobrar lo que nos corresponde y actualizar nuestros salarios a 2025”, recalcaba García.

Además, sobre la jornada de huelga que está convocada, Serafín García ha recalcado que los días anteriores al Corpus de Toledo -16, 17 y 18 de junio- han convocado “paros parciales de 18 horas con concentraciones en los hospitales provinciales”.

Rubén Martín, conductor de ambulancia: “No duermo ocho horas seguidas nunca”

Este es el caso de Rubén Martín, técnico de emergencias sanitarias desde hace 22 años, y uno de los manifestantes en la concentración. Él trabaja como conductor de ambulancia en la zona de Valdepeñas, Ciudad Real.

“Queremos una reducción de horas y una equiparación con el personal de la Junta. Ellos tienen una bolsa de unas 1.600 horas, mientras que para nosotros asciende a 2.100 horas. Estamos haciendo casi un 30% más de su jornada”, explica.

Rubén explica que “la turnicidad y la nocturnidad te hacen descansar peor. No duermes, no descansas por la noche. Yo no duermo ocho horas seguidas nunca, ni siquiera en mi casa, porque siempre estás alerta”, asevera el trabajador.

Primero lo anunciaron casi 40 plataformas ciudadanas y ecologistas contra la ganadería industrial- las macrogranjas y las plantas de biogás- y ahora se suma el personal del transporte sanitario de Castilla-La Mancha.

Este último colectivo también se concentrará este sábado 31 de mayo, a las puertas del Palacio de Congresos de Albacete donde está prevista la celebración del acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha.

Según han informado los sindicatos CCOO y UGT, los trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario van a protestar en el marco del conflicto laboral en las plantillas de las empresas de ambulancias que piden mejoras salariales porque llevan 13 años con los sueldos “congelados”.

Llevan ya todo el año con distintas movilizaciones, incluidos varios paros parciales, mientras en paralelo se paralizaba el pasado mes de febrero la nueva licitación de la la prestación del servicio en la región, que está externalizado y que prestan distintas empresas privadas. Una paralización que se producía después de que UGT interpusiera un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) archivaba el proceso, se anunciaron 11 millones de euros más para una nueva licitación, pero a CCOO y UGT les sigue pareciendo insuficiente “en la medida en que no permitirá llevar a cabo un aumento mínimo de las retribuciones del personal del transporte sanitario de Castilla-La Mancha”.

En una entrevista esta semana en elDiario.es, el nuevo secretario general de CCOO Castilla-La Mancha Javier Ortega mostró su preocupación por la “tendencia privatizadora” en el ámbito sanitario y se refirió a la colaboración público-privada por la que apuesta el Gobierno de Emiliano García-Page. “No es que no me guste la colaboración público-privada. Lo que creo es que eso no debe suponer desentenderse de la responsabilidad porque contratas a una empresa”.

Este viernes se ha celebrado, por segunda jornada consecutiva, un paro parcial en el servicio de transporte sanitario de Castilla-La Mancha, a excepción de los servicios mínimos, para exigir al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que solucione un conflicto laboral que afecta a 2.000 trabajadores y trabajadoras.

Convocadas por UGT y CCOO, las plantillas de las empresas concesionarias de las ambulancias están secundando el paro de 5:00 a 23:00 horas con un 100% de seguimiento, según ha informado UGT, en una protesta acompañada con concentraciones a las puertas de los principales hospitales de Castilla-La Mancha.

Ambos sindicatos urgen a aumentar la dotación económica de este servicio público para posibilitar la mejora de las condiciones laborales “Son ya 13 años sin ningún tipo de mejora salarial y con jornadas extenuantes, muy por encima de las que realiza cualquier otro profesional sanitario”.

Desmienten -tal y como aseguran que están trasladando los responsables del Sescam a otros sindicatos- que la actual licitación del servicio esté calculada para una jornada anual de 1.800 horas. “Esta licitación -recurrida en dos ocasiones por UGT y sometida a medidas cautelares por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales- contempla más de 2.100 horas al año”.

En los próximos días ambos sindicatos se sentarán a abordar con los trabajadores y trabajadores nuevas acciones de movilización, acciones que -según adelantan y visto el respaldo y el apoyo mayoritario de estos profesionales sanitarios- irán subiendo de intensidad.

La Consejería de Sanidad ha establecido los servicios mínimos necesarios durante la huelga, con paros parciales, convocada para este jueves y viernes, 15 y 16 de mayo, que afectará en las cinco provincias de la región a los trabajadores que prestan sus servicios en las empresas que tienen la concesión del servicio de transporte sanitario.

Esta huelga, según publica este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, se desarrollará los días anteriormente mencionados entre las 5.00 y las 23.00 horas.

De esta manera, en Urgencias y Emergencias los servicios mínimos serán del cien por cien de los servicios necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo las altas de los servicios de urgencias hospitalarias.

Mientras, en el transporte programado de radioterapia, tratamientos y pruebas oncológicas, los servicios mínimos serán del cien por cien de los servicios de un día laborable.

Por su parte, en el transporte programado de hemodiálisis también será el cien por cien de los servicios de un día laborable y, finalmente, en el transporte interhospitalario se llevará a cabo aquel que esté motivado por cualquier causa asistencial cuya demora pueda suponer un perjuicio grave para el estado de salud de los pacientes.

Los trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario de Castilla-La Mancha volverán a celebrar paros parciales, en esta ocasión de 18 horas “para protestar por la falta de mejoras de sus condiciones laborales en los últimos 13 años y para exigir la prestación de un servicio público de calidad y con más recursos”, según ha informado UGT.

Como en anteriores ocasiones y “debido a la falta de avances”, explican, habrá concentraciones ambos días a las puertas de los hospitales de las capitales de provincia desde las 11:00 y hasta las 12:30 horas.

Convocados por UGT y CCOO, las plantillas de las ambulancias de la región mantienen una lucha que arrastran desde hace mucho tiempo, si bien es desde finales de 2024 cuando comenzaron a trasladarla a la calle a través de concentraciones y paros.

Animados por “el seguimiento prácticamente unánime de estos paros por parte de los trabajadores y trabajadoras”, ambos sindicatos aseguran que mantendrán la protesta “hasta que no se adopten soluciones”. En este sentido, dirigen todas sus miradas al Sescam, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ya que -tal y como sostienen- “es la administración pública la que debe dotar al servicio de suficiente presupuesto para hacer posible un convenio digno”.

Recuerdan que con las empresas concesionarias del transporte sanitario de la región ya existe un preacuerdo de convenio colectivo que mejora sus condiciones. Sin embargo, la dotación económica por parte del Gobierno regional “hace imposible su aplicación”.

UGT y CCOO insisten en que sus reivindicaciones “son muy básicas y basadas en unos mínimos” y es que llevan desde 2012 con los salarios congelados. Sus demandas pasan por incrementos salariales del 3% y por una reducción de su jornada anual, al superar ésta las 2.100 horas al año, muy por encima de lo que realiza cualquier otro profesional sanitario.

Los sindicatos CCOO y UGT han organizado un nuevo paro parcial del personal de transporte sanitario, el próximo día 30 de abril, jornada que coincide con la fiesta de bienvenida del festival Viña Rock. Se ha elegido esta fecha, explican desde las organizaciones, “en respuesta al abuso laboral” del dispositivo sanitario especial organizado para el multitudinario evento. Los sindicatos señalan que los trabajadores añaden “horas extras al exceso de jornada que ya realizan a diario”.

“Queremos denunciar públicamente la situación de absoluta precariedad y abuso a la que estamos sometidos, algo que se ve especialmente agravado en eventos como el Viña Rock que se celebra cada año en Villarrobledo”, afirman desde las organizaciones. En esta ocasión, el paro será más amplio, de 17 horas, para insistir en un “convenio colectivo justo y unas condiciones dignas”. El paro lo realizarán “dado el bloqueo de la situación que mantienen tanto la administración regional como la patronal”.

En cuanto al festival, han advertido de que se trata de un evento privado, por lo que “no puede considerarse un servicio mínimo en una convocatoria de huelga, tachando de ”intolerable“ que –”mientras se nos niega un convenio justo- la administración permita y colabore activamente en que las empresas sigan haciendo negocio a costa del esfuerzo, la salud y la dignidad de los trabajadores/as y pacientes“.

El dispositivo sanitario que se organiza durante el evento, se sufren condiciones “aún más injustas”: “Se nos paga menos de 6 euros la hora y no como hora extraordinaria y sin ningún tipo de respeto hacia los paros convocados por los trabajadores”. Los sindicatos explican que para el evento se dispone de los siguientes recursos: en la primera jornada, una UVI, una ambulancia con enfermería, una ambulancia de soporte vital básico y otra individual de Urgencias; el resto de los días del festival se añaden otros tres vehículos de apoyo.

Esta convocatoria de paro prevista para el primer día de conciertos del Viña Rock surge así “como respuesta directa a esta explotación y al desprecio por nuestras condiciones laborales, un grito de dignidad y una muestra de que no vamos a seguir permitiendo que se abuse de nuestro trabajo”.

Los trabajadores y trabajadoras exigen a la administración regional que asuma su responsabilidad y cancele este dispositivo sanitario montado para el Viña Rock “o que se siente a negociar tal y como ya le hemos pedido en numerosas ocasiones”, han señalado. Y añaden: “No vamos a seguir permitiendo que se nos utilice como mano de obra barata para enriquecer a empresas concesionarias y sostener eventos privados, mientras se nos niegan nuestros derechos laborales más básicos”.

Dispositivo para el festival

El pasado lunes 21 de abril se presentaba el dispositivo que se desplegará en el macrofestival que se celebra desde hace décadas en la localidad de Villarrobledo. El dispositivo contará con 12 especialidades: Centro de coordinación de la Guardia Civil (CECO), patrullas de Seguridad Ciudadana, puntos móviles de recogida de denuncias, Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), Subsector de Tráfico, Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales(GEDEX), Equipo PEGASO con drones y helicóptero, y servicio Cinológico de la Guardia Civil.

Se trata de uno de los dispositivos “más importantes” en la provincia para uno de los “festivales más grandes de España”, resaltaban desde la subdelegación provincial del Gobierno.

El CECO se encargará de realizar una supervisión y coordinación general del dispositivo, así como el intercambio de información y contacto con otras entidades implicadas, tanto la Policía Local de Villarrobledo como los servicios de emergencias y el servicio de seguridad privada del festival. La ciudadanía también dispondrá de unidades móviles en vez de una única oficina de recogida de denuncias, como se venía haciendo en años anteriores en el Colegio Público Giner de los Ríos.

En el caso del subsector de tráfico, se movilizarán patrullas entre los tres días y la fiesta de bienvenida del día previo, para garantizar la movilidad y seguridad vial en todas las carreteras afectadas por el evento.En la reunión también han estado presentes representantes de Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja.

Los trabajadores del transporte sanitario de Castilla-La Mancha han participado este miércoles en una nueva jornada de protesta para exigir al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que el nuevo pliego de condiciones de la licitación del servicio contemple mejoras salariales para este colectivo así como una reducción de la jornada laboral, mejoras ambas introducidas en el preacuerdo firmado por los representantes sindicales con las empresas concesionarias.

Después de las movilizaciones llevadas a cabo y de las cinco jornadas de paros de tres horas celebradas en las cinco provincias de la región, los trabajadores han decidido intensificar su protesta con estos paros de 10 horas, desde las 7.00 a las 17.00 horas. Unas 2.000 personas estaban llamadas a ser parte de la protesta.

La decisión, según los sindicatos, se ha adoptado después de que el Sescam mantenga su “negativa” a sentarse a dialogar y a “hacer posible la mejora de las condiciones laborales” de estas plantillas, quienes mantienen “congelados” sus salarios desde el año 2012 y con jornadas anuales que superan las 2.100 horas.

Este miércoles también ha habido concentraciones a las puertas de varios hospitales de Castilla-La Mancha. En Toledo, Alfonso Nieto, delegado de UGT, se ha quejado de que el Servicio de Salud regional “no les recibe”, lo que les impide seguir adelante con las negociaciones. Nieto insiste en que el convenio sigue caducado, lo que supone que los trabajadores van a perder un 3,33% de subida salarial en los próximos 5 años.

Los sindicatos se manifiestan asimismo, según han detallado, porque el concurso por el servicio de ambulancias está suspendido por sentencia judicial, “por lo cual tampoco sabemos cuándo se va a poder celebrar”. Además, advierten de que están trabajando 2.184 horas y lo que pretenden es reducir esa jornada. “Nuestros salarios no están adecuados a lo que ha subido la vida; seguimos cobrando lo mismo que hace 13 años”.

“Cuando en Madrid se está negociando una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, nosotros seguimos teniendo extenuantes jornadas, de más de 2.100 horas al año”, ha destacado Serafín García, responsable regional del sector en el sindicato UGT, que ha participado en el paro en Guadalajara.

Los representantes de los trabajadores hablan de un seguimiento de los paros del 90 por ciento y, aunque avisan que van a seguir con las manifestaciones, no descartan tomar otro tipo de actuaciones. Desde CCOO, Araceli Écija pide que la situación que está “enquistada, deje de estarlo”. “Que convoquen a los sindicatos y a las empresas para que de alguna manera esto tenga una salida”.

“Tenemos una gran sobrecarga porque llevamos con los mismos recursos con un concurso caducado. Entonces, hay poblaciones que han crecido mucho y seguimos con los mismos recursos de antes. Esto no solamente nos afecta a nosotros como trabajadores, sino que también afecta a toda la ciudadanía”, avisan desde CCOO. A su juicio, “pelear por un servicio de transporte sanitario es también pelear por una buena sanidad pública”.

Después del calendario de paros y movilizados celebrado hasta el momento, los sindicatos afirman que van a permitir un “periodo de reflexión”, pero que en el caso de no obtener ninguna respuesta, “lo siguiente esrá la huelga indefinida”.

Los sindicatos CCOO y UGT han llevado a cabo este lunes su quinto día de paros parciales para reclamar la mejora en las condiciones salariales de los trabajadores del transporte sanitario, una cuestión en la que, según afirman, no hay avances y por lo que piden una reunión con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, advirtiendo de que si no se dan pasos el día 9 abril realizarán un paro de 10 horas.

“Vamos a parar los hospitales y vamos a parar el transporte sanitario 10 horas, desde las siete de la mañana a las cinco de la tarde”, ha afirmado en declaraciones a los medio el responsable regional de transporte sanitario por UGT, Serafín García.

En esta concentración, se han congregado más de un centenar de personas que --con pancartas y pitos-- han expresado su hartazgo por mantener un salario “congelado” desde el año 2013. Asimismo, los sindicatos han avanzado que se reunirán con todos los grupos políticos de Castilla-La Mancha para “contarles el problema” porque, “si la administración” no les hace caso, tendrán que “tocar los palillos” que haga falta.

Respecto a la situación actual, el dirigente de UGT ha señalado que el pasado viernes, 28 de febrero, tenían que haberse abierto los sobres del nuevo contrato de licitación de este servicio, pero no se hizo. También añade que UGT y una empresa del sector han recurrido este nuevo pliego porque consideran “insuficiente” económicamente este contrato.

“Page mira más a Waterloo”

“Desde el año 2013 que tenemos congelados los salarios, desde Cospedal, señor Page, que no haga lo mismo que hizo Cospedal, que se sienten con nosotros, que vamos a negociar y a valorar y a subir los salarios conforme ha subido la vida. No queremos más”, ha exhortado García.

Asimismo, el responsable regional de UGT ha afeado al presidente de Castilla-La Mancha por “mirar más a Madrid” y “a Waterloo”, que “a los problemas que hay en la sanidad y en el transporte sanitario”.

De su lado, el secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el transporte sanitario de Toledo, Jesús Rodríguez, ha demandado responsabilidad a la Administración regional y a las empresas que gestionan el transporte sanitario, porque existía “un acuerdo encima de la mesa y no se firma”.

“Seguimos de reuniones, de negociaciones, pero hacen oídos sordos y no nos quieren ni ver”, ha afirmado García, puntualizando que en estos días ha habido diversas reuniones con la Administración regional y con las empresas, pero no se ha obtenido ningún fruto.

Un servicio sacado “a fuerza de los riñones”

De su lado, la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha, Carmen Campoy, ha lamentado que hay trabajadores que tienen un exceso de jornada de más de 300 horas ordinarias, por lo que ha instado a la Administración y a empresas a “sentarse ya a negociar”.

“Porque haya silencio por --ambas partes--, no quiere decir que los trabajadores vayan a pararse. Están sacando adelante este servicio a fuerza de sus riñones, con su esfuerzo y sin ver reconocida ninguna de sus reivindicaciones salariales”, ha afeado Campoy.

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en la región, Carmen Juste, ha afirmado que estos trabajadores deben tener “salarios acordes” con el trabajo de gran responsabilidad que realizan y por ello le han pedido al consejero una reunión, ya que, están a tiempo “de solucionar este problema”.

Tal y como han expresado ambos sindicatos, había un acuerdo con las empresas en el mes de diciembre que se encuentra paralizado, y que contempla subidas del 13% y 14%, distribuidas en 5 años, lo que supondría un 3 por ciento anual.

Un grupo de técnicos de ambulancias se han concentrado a las puertas de la Asamblea en Mérida para exigir la resolución del conflicto laboral y la negociación de un convenio colectivo digno para el sector, la cual está “paralizada” por la patronal que -lamentan- dice estar interesada en “abandonar este contrato ruinoso” pero cuyos hechos demuestran “lo contrario”.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Efe, el coordinador regional de las Federaciones de Servicios e Industria de USO en Extremadura, Víctor Arnelas, quien ha participado en esta protesta frente al Parlamento con motivo de la comparecencia, a instancias de Unidas por Extremadura, del director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Jesús Vilés, para tratar la nueva licitación del transporte sanitario terrestre que condiciona a la firma del convenio colectivo.

El representante sindical ha criticado que la negociación “está ahora mismo paralizada por parte de la patronal”, que ha emplazado a las organizaciones sindicales a la resolución del recurso contencioso administrativo interpuesto contra el pliego de licitación lo que esperan que suceda en “unos meses”.

Arnelas entiende que ese fallo, sea en un sentido u otro, “de cualquier manera va a ser recurrido”, bien por la empresa o bien por la administración, lo que dilataría la negociación.

En este sentido, ha señalado que “la patronal dice que son los primeros interesados en abandonar este contrato porque es ruinoso” (el nuevo pliego, según la Junta, incrementa el presupuesto un 52 %), pero “todos los hechos dan a entender que lo que pretende es mantenerse en este contrato, que por mucho o por poco debe estar dando algún tipo de beneficio”.

Desde USO pretenden iniciar una “escalada” en los actos reivindicativos ante este bloqueo y el incumplimiento de las condiciones del pliego, que documentarán, y ante los que piden a la Junta que actúe y “busque una alternativa”.

Desde que Ambuvital fuese comprada por Servicios Sociosanitarios Generales (SSG), del que está detrás Asterion, un fondo de capital riesgo, se está dando “un completo abandono” y aprecia una “falta de profesionalidad absoluta” a la hora de gestionar el conflicto.

De momento, ha dicho, “están cómodos con la situación porque hay protestas en la calle y poco más”; a no ser que haya “una escalada del conflicto en la que pueda terminar afectándoles de alguna manera”, por supuesto “dentro de la legalidad”, cree que “la situación va a seguir igual”.

Al respecto, ha aludido al colectivo de trabajadores que, principalmente por necesidad tapan con su acción las “insuficiencias” de recursos humanos y materiales en la empresa al aceptar “hacer horas extraordinarias, incluso por debajo del precio del convenio”, y algo que al final “lastra” la acción de los sindicatos, de ahí que sea necesario que toda la plantilla tome conciencia.

“Como el salario no es suficiente, pues hay muchísimas personas trabajadoras que se han acogido a acuerdos con la empresa para realizar hasta 300 horas por encima de la legalidad, lo que es un incumplimiento de convenio. Lo único que sucede es que está hecho con la complicidad de los trabajadores”, ha explicado.

USO, además del incremento salarial, demanda un aumento de personal de alrededor del 15 % de la plantilla estructural para “cubrir bajas por enfermedad, días de libre disposición o vacaciones”.

En cuanto a los incumplimientos de las condiciones técnicas, no se cumple lo previsto en el contrato en relación al transporte singularizado, el destinado a pacientes de oncología o hemodiálisis, tanto en número de usuarios como en trayecto y tiempos de espera; o, según dice, las ambulancias presentan carencias del material necesario para la certificación técnico sanitaria. 

Los sindicatos CCOO y UGT han anunciado el inicio de movilizaciones por el “bloqueo total y absoluto” del transporte sanitario, que ha llevado a unas condiciones laborales “inaceptables” del personal, que se mantienen “congeladas” desde el año 2012.

Serafín García y Alfonso Tercero, responsables sindicales del transporte sanitario en Castilla-La Mancha por UGT y CCOO, han indicado que la primera de las movilizaciones tendrá lugar el próximo lunes 10 de marzo, con concentraciones a las puertas de los hospitales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, de 11:00 a 12:30 horas. 

Ambos sindicalistas han explicado que los 1.800 trabajadores y trabajadoras que conforman las plantillas en las cinco provincias “llevan 13 años con los mismos salarios”. De este modo, han resaltado que “en 2012 sufrieron un recorte retributivo del 30%, recorte que pudieron recuperar con el convenio que se firmó en 2020”. Aunque dicho 30% “se recuperó”, se mantienen sueldos de 2012, señalan.

“La situación es de bloqueo. Las empresas se niegan a firmar un nuevo convenio colectivo y el Sescam ha sacado una futura licitación para la concesión del servicio que supondrá seguir manteniendo las mismas condiciones, sin margen alguno para mejorarlas en los próximos seis años”. 

La de carácter retributivo no es la única demanda que hacen ya que, mientras que los profesionales del Sescam en el ámbito de Urgencias y Emergencias hacen un máximo de 1.488 horas anuales, los trabajadores/as de transporte sanitario -que dependen de empresas privadas- hacen 2.184 horas, con 91 guardias de 24 horas al año. 

Lamentan que “las empresas no están dispuestas a firmar ningún convenio colectivo y que el Sescam ni está ni se le espera”. 

Ante esta tesitura, la primera medida consensuada con las plantillas para desbloquear la situación ha sido la de convocar concentraciones el próximo 10 de marzo, si bien no descartan acciones más contundentes. 

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha urgido este viernes a agentes sociales y empresa a que “a la mayor brevedad” lleguen acuerdo respecto al convenio que posibilitaría dar “el pistoletazo de salida” para la licitación del nuevo pliego del servicio de transporte sanitario terrestre.

García Espada ha explicado que durante esta jornada se ha reunido con ambas partes “preocupados” por el retraso en la firma del convenio, porque aunque la administración regional no es parte firmante, sí quiere ser “facilitadora sin injerencia”.

Según ha explicado la consejera, los agentes sociales les han trasladado que ya tienen redactado la actualización del convenio, que desde 2017 no se lleva cabo, y que están a la espera de fecha y firma, circunstancia que, a su vez, se le ha trasladado a la empresa, un fondo de inversión que se hizo cargo de un servicio que prestaba Ambuvital

La consejera ha incidido en el compromiso del Gobierno regional con el transporte sanitario terrestre, como ya se puso de manifiesto en el nuevo pliego, que, entre otros aspectos, incrementaba de 56 a 74 millones de euros la cuantía, aunque fue anulado por la Comisión Jurídica al no estar firmado el convenio entre empresa y agentes sociales.

García Espada ha indicado que en las reuniones “ve buena sintonía” entre las partes, por lo que espera que “de una vez por todas” se lleve a cabo la firma y agilizar así la publicaicón del nuevo pliego.

Asimismo, ha insistido en que desconoce los motivos del retraso y que aunque la Junta no presta el servicio de manera directa, sí es responsable. “Esta todo preparado” para el nuevo pliego, a la espera de la firma, ha dicho García Espada, que ha añadido que ambas partes están de acuerdo con que los recursos son suficientes.

García Espada ha indicado que la empresa no les da ninguna fecha, aunque sí está de acuerdo con la consignación y que el montante es suficiente para prestar el servicio, “pero no expresan de manera clara porque no firman el preacuerdo”. Espera que no tenga que ver con el cambio de empresa encargada del servicio porque el extremeño necesita que se le preste el servicio y la Junta hace todo lo que está en su mano.

“La administración no va a parar y en el momento en que tengan el convenio damos pìstoletazo al nuevo pliego, pero necesitamos garantía jurídica”, ha dicho. Además, ha dicho que si existe voluntad negociadora, que lo materialicen. El actual convenio se podría prorrogar en noviembre, pero la intención es que se licite el nuevo. 

Habrá movilizaciones y acciones jurídicas debido al “deterioro” que sufre el transporte sanitario en Castilla-La Mancha. Así lo han avanzado los sindicatos UGT y CCOO que la próxima semana tienen previsto convocar asambleas del personal del sector, al considerar que el Servicio de Salud regional (SESCAM) “vuelve a caer en el error de no tener en cuenta los acuerdos alcanzados por las partes legitimadas”.

Las organizaciones lamentan que los nuevos pliegos de condiciones para el funcionamiento del servicio, fundamentalmente las ambulancias, servicio resultan “del todo insuficientes” para el sector, y que tras archivar el primer pliego de licitación para el nuevo servicio se hayan publicado otros que consideran “del todo insuficiente”. Por eso, acusan al SESCAM de actuar con “indiferencia” y “menosprecio” ante los acuerdos alcanzados en la mesa negociadora.

Se contempla recurrir las nuevas condiciones del servicio

“Esto nos aboca nuevamente a la interposición de nuevos recursos frente a dichos pliegos en defensa de los derechos de las personas trabajadoras del transporte sanitario de Castilla-La Mancha”, aseguran desde los sindicatos. A esto añaden que se ha observado un “cambio de posición de la parte mayoritaria empresarial” que había firmado un “preacuerdo de convenio” con ambos sindicatos, para luego explicar que no se podía “ratificar” dicho preacuerdo como convenio colectivo.

De esta manera, las organizaciones sindicales han decidido iniciar una serie de asambleas de personas trabajadoras e cada provincia de Castilla-La Mancha e informar así a las plantillas de la “trascendencia” de la decisión ya que supone una “congelación de los salarios” para los próximos cinco años. “Tenemos la firme determinación de mantener una campaña sostenida en el tiempo hasta que nuevamente se atiendan las reivindicaciones del colectivo”, han aseverado.

Asimismo CCOO y UGT llevarán a cabo “las acciones jurídicas y administrativas que procedan frente al deterioro que supone la demora de la renovación de los contratos de transporte sanitario, que de manera inexplicable ha llevado a cabo el SESCAM con la consecuencia en el estado de los vehículos de las flotas de las distintas empresas”.

“Procederemos a informar a la ciudadanía de Castilla-La Mancha y a las personas usuarias del transporte sanitario de la región de la situación laboral del personal de las empresas debido a la mala gestión de la Administración y las propias empresas, y la repercusión que ello tiene en la atención que reciben”, zanjan.