Algunas voces en el Partido Popular han explicado de forma rigurosamente anónima a los medios que se encuentran inmersos en un dilema. Cuanto más duro golpean al Gobierno, más crece Vox en las encuestas y en el mundo real, el de las últimas elecciones en Extremadura y Aragón. Allí buscaron acercarse a la mayoría absoluta y se quedaron más o menos donde estaban. ¿Hay algo que están haciendo mal? No para Alberto Núñez Feijóo. En el primer duelo directo del año en el Congreso, el líder del PP retomó su estilo de 2025 sin la más pequeña variación. Su objetivo va más allá de ganar las elecciones. Quiere meter en la cárcel a Pedro Sánchez. Menos que eso le parece una moderación intolerable.

Sánchez habló más del accidente de tren de Adamuz, el motivo de su comparecencia, que su contrincante. También dedicó un espacio más breve a las crisis internacionales que preocupan a los países europeos. Esto último hizo que Feijóo sintiera hervir su sangre, era algo que hizo que “se le revolvieran las tripas”. Sus intestinos estaban a punto de estallar. Bajo ningún concepto podía permitir que Santiago Abascal fuera más duro que él. Esa era su prioridad.

Fuentes del PP dijeron a los periodistas en los pasillos que preferían contar con la abstención socialista en el debate de investidura de Extremadura antes que verse obligados a formar Gobierno con Vox. En plena confusión, tuvieron que matizar la declaración no mucho tiempo después, es decir, rectificarla, para afirmar que en todo caso aspiran a llegar a un acuerdo con el partido de Santiago Abascal. María Guardiola se apresuró a decir que no negocia “con este PSOE ni con el sanchismo”. Ya tiene difícil pactar con Vox por el elevado precio que exige su probable socio como para que su partido se lo ponga más complicado desde Madrid.

En lo que no hay ninguna duda es en que Feijóo no va a cambiar de estilo por las dudas que pueda haber en su partido. El catastrofismo que todo el mundo asocia a Vox es también su estilo. “España está en un fallo multiorgánico”, dijo. Eso suele ocasionar la muerte inmediata a un paciente. Se pagan impuestos al nivel de los países nórdicos, dijo, lo que es falso, mientras los españoles reciben “unos servicios al nivel de un país tercermundista” (se nota que Feijóo ha viajado poco al Tercer Mundo).

Por todo ello y por la responsabilidad del Gobierno en el accidente de Adamuz, Feijóo dio por hecho que Sánchez, Óscar Puente y algunos más tendrán que dar cuenta de su actuación en los tribunales, y no como testigos precisamente. “Su Gobierno se sentará en el banquillo también por eso”, dijo en su primera intervención. No era suficiente, así que insistió después: “Esto también formará parte del sumario”. Sólo le faltó ponerse la toga y autoproclamarse juez instructor, aunque es costumbre en el PP esperar a que Manos Limpias y HazteOír den el primer paso.

Sánchez negó que el sistema ferroviario español sea “decadente e inseguro”. Al poco, dijo que es “uno de los mejores del mundo”. No es muy inteligente decir eso después de un accidente con 47 muertos en el que la principal hipótesis de la catástrofe se encuentra en el estado de la vía. Algunas cifras que dio podían confirmarlo, otras no. Los 15.700 kilómetros de red con la quinta más extensa del continente (España está entre los mayores países de Europa). El quinto país más puntual de la UE en 2025. El trayecto Madrid-Barcelona cuesta la mitad de precio y la mitad de tiempo que el que va de Londres a Edimburgo.

La inversión ferroviaria ha pasado de 1.700 millones con el Gobierno de Rajoy a 5.000 millones, siguió diciendo. Las inversiones en trenes y equipos se han multiplicado por diez. El mantenimiento por kilómetro de vía ha ido de 46.000 euros a 71.000. No son cifras propias de un país tercermundista.

Sánchez debería haber dedicado más tiempo a un comentario que ya hizo el ministro Puente antes, porque está en la raíz del accidente. Primero, lo explicó de forma muy genérica y luego precisó algo más. “La vía cumplía todos los requisitos de los protocolos de la red ferroviaria”, comentó. Más tarde, vino la explicación preocupante: “Si finalmente se confirma que la causa fue una rotura de una vía, debemos asumir una realidad compleja. Es posible que un fallo se haya producido cumpliéndose los protocolos vigentes. Si esto es así, el Gobierno no va a mirar para otro lado. Vamos a revisar todos los estándares”.

Los protocolos existen precisamente para impedir que haya accidentes graves. A diferencia del accidente de Rodalies causado por el derribo de un muro por las lluvias al paso de un tren, el de Adamuz tuvo que ver directamente con el estado de la infraestructura ferroviaria, según la primera hipótesis manejada por la comisión de investigación. Ahí es donde está la responsabilidad de Adif, cuyo presidente es elegido por el Gobierno. Costó 780 millones de euros la renovación de toda la línea Madrid-Sevilla. Esa obra no se hizo para que se produjera un accidente de estas dimensiones.

Feijóo reiteró algunas informaciones falsas o manipuladas aparecidas en algunos medios. Afirmó que el Gobierno puso de director de Seguridad de Adif a “un periodista sin formación técnica”. Sánchez le respondió que eso era un bulo aparecido en The Objective, porque el actual director de Seguridad fue nombrado por el Gobierno de Rajoy. “No voy a dar su nombre. Es un ingeniero industrial con veinte años de experiencia que no ha cambiado desde mayo de 2017”.

“Operan con el mismo registro que Iker Jiménez”, remachó Sánchez. Feijóo se llevó las manos a la cara, se supone que en un gesto de incredulidad.

Donde Sánchez manipuló los hechos fue al mencionar un estudio de la fundación Hay Derecho que había elogiado la profesionalidad de los nombramientos hechos en la cúpula de Adif, según dijo. La fundación lo negó más tarde. Se refería a los dos nombramientos hechos entre 2021 y 2024 y antes del actual presidente. En cuanto a este, afirman que es un paso atrás al ser “un perfil muy politizado”.

Sobre el accidente de Angrois en 2013, citado varias veces por Sánchez, Feijóo soltó una frase que nunca se había escuchado: “¿Quién diseñó la curva de Angrois? El partido socialista”. Se supone que el trazado concreto de una vía es elegido por un comité técnico, no que se elabora en Ferraz o Génova. Puente le respondió horas más tarde que todo ese trazado fue aprobado en los años del Gobierno de Aznar: “El estudio informativo definitivo —que aprobaba el trazado seleccionado, incluyendo el acceso por Angrois— se aprobó el 25 de abril de 2003”.

Todos se golpearon con saña y Sánchez no se quedó corto. A Abascal le preguntó por el sueldo millonario que recibe su principal asesor en Vox y dirigente en la sombra del partido, Kiko Méndez Monasterio. “26.000 euros al mes no es la España que madruga, señor Abascal”. Y después de golpear con el martillo lo envolvió en un paño de seda para recordar el concierto de Bad Bunny en la Superbowl y el mensaje que encabezó el espectáculo: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”. El consejo de Sánchez al líder de Vox: “¿Vio usted la Superbowl? ¿Vio el espectáculo de Bad Bunny? Pues eso, menos odio y más amor”.

Quitas el odio de la política parlamentaria española y te quedas en los huesos.

Los escaños del Partido Popular recibieron con gritos y risas el comienzo de la intervención de Gabriel Rufián en la sesión de control. Había pedido “dos minutos de realidad más allá de Ábalos, Koldo, Cerdán y Salazar”. La oposición también quiere controlar los temas de los que hablan otros portavoces. El representante de Esquerra empezó con una pregunta, retórica si se quiere, porque la respuesta estaba contenida dentro: “¿De qué sirve un país en el que trabaja más gente que nunca si acaban siendo de facto pobres?”. Pasó revista al aumento del precio de alimentos básicos en los últimos tres años. “La carne, un 50%. La leche, un 60%. Los huevos, un 70%”.

La pregunta implícita es si la izquierda, o en concreto el PSOE, va a presentarse en la próxima campaña electoral con una lista de indicadores macroeconómicos positivos a la espera de que la gente dé más importancia a esos números que a su presupuesto familiar. Es poco probable que la gente compre ese mensaje. Y de ahí el aviso de Rufián, expresado de forma que entendería cualquier político: “A usted lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida”. No sería una sorpresa. Ha ocurrido también con otros gobiernos fuera de España y seguirá ocurriendo.

Mirando atrás, no es descabellado pensar que si no hubiera sido por el crecimiento del empleo, la derecha estaría gobernando en Moncloa desde el verano de 2023. Pero eso no quiere decir que la jugada se vuelva a repetir.

Como era de esperar, Pedro Sánchez respondió con lo que le había reprochado Rufián. Los datos macroeconómicos. Presumió de que España es la economía europea donde más ha crecido el empleo y es “la tercera en que más riqueza se ha generado”. La situación de España sería mucho peor si en vez de un crecimiento cercano al 3% este año y una previsión del 2% en 2026, se hubiera quedado por debajo del 1%, como sucede en Alemania. La repercusión en el empleo sería evidente y el número de afiliados a la Seguridad Social no habría llegado a 22,3 millones, un récord histórico.

Un editorial del Financial Times lo certificó en septiembre. Frente a la debilidad de las grandes economías de la UE, España destaca como un “raro punto brillante” en un contexto de cifras deprimentes. Sin embargo, los votantes españoles no leen el FT y se fijan más en el ticket del supermercado después de hacer la compra semanal.

“¿Se está trasladando el crecimiento económico a los hogares?”, se preguntaba un artículo reciente de este diario. A diferencia de lo que ocurrió en anteriores crisis, España ha logrado encajar sin venirse abajo los efectos de la pandemia, una guerra en Europa del Este, la mayor crisis inflacionaria en décadas y la guerra comercial impuesta por Donald Trump. Nunca hubo tanta gente trabajando, las pensiones y el salario mínimo han crecido de forma considerable y la tasa de paro está en el punto más bajo desde 2007. Cualquier Gobierno alardearía de esas cifras. Sería estúpido no hacerlo.

La renta disponible de los hogares ha crecido un 5,7% desde 2019. Pero el aumento de los precios ha hecho que la capacidad adquisitiva se haya resentido. El salario medio ha crecido junto a la inflación, pero el salario real, descontados los impuestos, no es muy diferente al de 2005. Midiendo el PIB, España mira por encima del hombro al resto de grandes economías europeas. En relación con el crecimiento de la renta familiar per cápita desde 2004, se encuentra en el vagón de cola, sólo por encima de Italia y Grecia.

El precio de los alimentos y de la vivienda están en la base del malestar ciudadano y aumenta la percepción de que el salario no da para lo mismo que permitía comprar antes. En el caso de la vivienda, la diferencia con respecto a hace diez años es gigantesca.

En los últimos años, las encuestas del CIS muestran que más del 60% de la gente dice que su situación económica personal es buena o muy buena, un 63,8% en el sondeo de noviembre de este año. No es el retrato de una sociedad en crisis, pero eso deja mucha gente fuera del escenario optimista. El estudio de confianza del consumidor en octubre ofrece datos complementarios. A un 18,1% le resulta difícil llegar a fin de mes y sólo lo consigue endeudándose o echando mano de los ahorros. Un 28% llega justo a fin de mes. Un 34,9% afirma que la situación económica de su hogar es peor que hace seis meses. El 59,5% de estos últimos lo achaca a la inflación.

“La gente realmente detesta la inflación y gran parte se produjo en los alimentos. Se han incrementado un 35% en tres años. La gente percibe que sus salarios no han crecido y que la cesta de la compra se ha incrementado, por lo que sus percepciones no han mejorado”, explicaba en ese artículo Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research en España.

Los precios matan gobiernos. Pueden afirmarlo los demócratas en EEUU, donde fueron el factor clave de la caída de la popularidad de Biden y la victoria de Trump. Las cifras macroeconómicas del país eran excelentes al llegar las elecciones de 2024. Eso no impidió la derrota de Kamala Harris. Ahora, los precios siguen sin dar tregua y están siendo la causa del hundimiento del apoyo a Trump. Su nivel de apoyo está en el 36% y el rechazo en el 60%, según Gallup, el punto más bajo de su segundo mandato. El diferencial entre opiniones positivas y negativas ha sufrido una caída de más de veinte puntos desde enero.

La denuncia de los precios abusivos en la cesta de la compra y de la vivienda fue uno de los reclamos más constantes y efectivos de la campaña de Zohran Mamdani, que le dio la alcaldía de Nueva York. Ha estado en el origen de otras victorias de candidatos demócratas en elecciones locales y estatales. En EEUU, la palabra 'affordability' (lo que viene a significar 'precios asequibles') aparece en múltiples titulares hasta el punto de que ha provocado la furia de Trump, que la considera una invención de los demócratas.

“Lo que le propongo, casi lo que le exijo”, dijo Rufián a Sánchez, “es que saque a la comida del mercado especulativo. Igual que la vivienda, el que quiera hacerse rico, que no lo haga, ni con casas ni con comida. Que tope precios, y por qué no, distribuidoras públicas de alimentación”.

Sánchez no entró en ese debate, porque probablemente ni quiere ni puede tomar medidas en esa línea. Que vayan a funcionar no está garantizado, como casi todo en economía, y el historial del control de precios no arroja resultados consistentes. No porque los gobiernos nunca lo utilicen. En el sector de la energía, lo han hecho con una cierta frecuencia, no siempre con éxito.

Lo único que es seguro es que los gobiernos que dicen a los votantes que no deben preocuparse por los precios suelen perder las elecciones.

Toda la semana con la sesión de control en mente. Esperando a ver cuál es la próxima noticia procedente de los juzgados que se puede utilizar para atacar al Gobierno. Con la vista puesta en las informaciones que sacan los medios, da igual que sean sólidas o llenas de agujeros. Adivinando con qué saldrá Pedro Sánchez para tener listo un contraataque rápido. Y pensando con qué golpe de humor o sarcasmo se puede cerrar la intervención y dejar al adversario noqueado en la lona.

La cuenta atrás del tiempo de intervención aprieta y puede ponerte nervioso. Ya se sabe que los políticos tienden a hablar demasiado. Cuentas con dos minutos y medio para dos intervenciones. Todo lo llevas escrito. Cerrar por todo lo alto exige tener tiempo para la frase final. Un orador torpe no es capaz de eliminar párrafos intermedios sobre la marcha para no pasarse de tiempo. Llega el momento cumbre. Te han preparado un broche final perfecto parodiando el nombre de una serie de televisión. No vas sobrado de tiempo, pero tampoco te va a faltar. Esto está hecho. Va a funcionar como un tiro. Con suerte, aparecerá en algunos titulares. Carlos Herrera la repetirá varias veces en la COPE. Todos elogiarán tu ingenio.

Alberto Núñez Feijóo va a dar el nombre de la serie de televisión que rodarán “sobre sus años de presidente”. A ver cómo sales de esta, PerroSanxe. Y el nombre de la serie es... (qué tensión, qué nervios): “¡Anotop!”.

¿Anotop? ¿Andor? ¿Anacardo? ¿Anafiláctico? ¿Un faraón egipcio? No, no hay que buscar una palabra similar para entender el error de Feijóo. Lo que tenía que decir era: “Anatomía de un farsante”. Le salió Anotop. Algún tornillo se aflojó. Las piernas flojearon. ¿Tan difícil era empezar con la palabra 'anatomía'? Cuando dio el nombre correcto, había acabado su tiempo y el micrófono estaba ya desconectado. Se sentó con un rictus tenso en la cara. Sus diputados le aplaudieron. La verdad es que le aplauden con ganas todo lo que dice. Es un público entregado, como el de los festivales de cine.

Era la primera sesión de control después del juicio y condena, casi simultáneos, del fiscal general. Un día para que el PP se pusiera las botas y recordara a Sánchez que había dicho que estaba seguro de la inocencia de Álvaro García Ortiz. Por eso, Feijóo le preguntó si iba a “pedir perdón a los españoles”, una frase un poco gastada por exceso de uso. El presidente tenía claro lo que debía responder. Se puso del lado de los periodistas que declararon en el juicio como testigos y contra Miguel Ángel Rodríguez por sus mentiras.

El aviso llegó después: “Hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio”. Para entendernos, veo tu Tribunal Supremo y subo con mi Tribunal Constitucional. Aquí hay tribunales para todos.

Como es habitual, Miguel Tellado fue más directo que su jefe. Todo es más fácil si puedes manejar los hechos conocidos a tu antojo y luego dar rienda suelta a tu imaginación. El fallo del Supremo le dio pie para un primer hecho: “El fiscal general es un delincuente”.

No era suficiente. Había que rodearlo de una escolta de cosas que no están probadas o que ni siquiera se tocaron en el juicio. “Y delinquió siguiendo instrucciones de Moncloa”, continuó. Eso es lo que aparecía en el auto de procesamiento confeccionado por el juez instructor, Ángel Hurtado, presa del entusiasmo por implicar al Gobierno. Tras un recurso, el Supremo dictaminó que esas palabras estaban fuera de lugar al no estar respaldadas por pruebas o indicios. Tellado no iba a dejar que esas curiosidades legales le privaran de una buena frase.

No importa cuántas veces tropiece Feijóo con el guion. En el PSOE, tienen motivos para estar más preocupados con José Luis Ábalos y Koldo García. Ambos comparecen el jueves en el Tribunal Supremo para la vistilla en la que la Fiscalía podría pedir su ingreso en prisión preventiva a causa de las elevadas penas que pide para ellos en el caso de las comisiones por la compra de mascarillas. Veinticuatro años de cárcel para el exministro y diecinueve para su antiguo chófer y luego asesor de asuntos poco claros.

Sólo hace unos días Koldo movió una de esas fichas con las que cree que puede poner nerviosos a los socialistas, aunque a estas alturas ya es tarde para que su antiguo partido haga algo por ellos. Si aspiran a que les ayuden a pagar el gasto en abogados, andan muy despistados. El PSOE se aleja de ambos como si fueran material radiactivo. Cada vez que les ponen cerca un contador Geiger, la aguja salta por los aires. “Usted es el único de la cuadrilla que está fuera de la cárcel”, dijo Feijóo a Sánchez para que no se le olvidara y adelantando acontecimientos.

Koldo se ocupó de contar a El Español que él conducía el coche que llevó a Sánchez y Santos Cerdán a una reunión con Arnaldo Otegi en Euskadi para pactar la moción de censura a Rajoy en 2018. Tanto el PSOE como Otegi lo negaron por completo. El líder de Bildu dijo que no hubiera tenido problema en confirmarlo si fuera cierto. EH Bildu tenía sólo dos diputados en ese Congreso. Era más decisivo el apoyo del PNV a la moción, que fue el último en llegar. En términos de imagen, era demasiado arriesgado un contacto directo con Otegi que al final no iba a resultar decisivo. Se supo entonces que Pablo Iglesias se ocupó de los contactos con los partidos nacionalistas para convencerles de que votaran a favor de la moción.

La noticia de una reunión de Sánchez y Otegi habría causado un gran impacto en esos momentos. Siete años de apoyo de EH Bildu al Gobierno de Sánchez le restan ahora mucho valor. A menos que uno crea lo que repite Isabel Díaz Ayuso con frecuencia, eso de que ETA aún existe, lo que ha vuelto a provocar el enfado de Consuelo Ordóñez, harta de que la presidenta madrileña utilice a las víctimas del terrorismo como si fueran las fichas del casino.

El caso es que, aunque nadie le había preguntado, Ábalos salió el miércoles a defender la versión de Koldo. “Sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió”, afirmó en Twitter. Esas fuentes podrían ser el propio Koldo, aunque él no intervino en las supuestas negociaciones. El exministro estaba caliente y pasó a cargar contra Yolanda Díaz por llamarle “golfo”. El PP celebró alborozado sus comentarios y el PSOE puso cara de no darles importancia.

Ni Feijóo ni Sánchez ni Ábalos llegaron al nivel de la mejor frase del día. Dos días antes de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo comunicara la condena de García Ortiz, su presidente, Andrés Martínez Arrieta, cerró la conferencia que estaba dando en un curso organizado por el Colegio de la Abogacía de Madrid, que fue una de las acusaciones en el juicio. “Concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general”.

Hubo grandes risas en la sala. Habrían sido mayores si los asistentes hubieran deducido que si era Arrieta quien se ocupaba de la sentencia, era muy probable que el veredicto fuera de culpabilidad. La ponente original era la progresista Susana Polo, una de las dos integrantes del tribunal que apostaban por la absolución y que habían quedado en minoría.

Mientras los demás pensaban que el tribunal estaba deliberando sobre el juicio, resultaba que su máximo responsable estaba haciendo chistes sobre una sentencia que ya estaba decidida. Mucho más divertido que Feijóo. Para partirse de risa y decir a los jueces del Supremo que tienen un futuro en la comedia costumbrista.

Todos los partidos dicen que hay que dejar trabajar a la justicia, pero lo que les pone cachondos de verdad son los informes de la UCO. Allá por 2009, Alberto Núñez Feijóo dijo que “un informe policial no es una decisión judicial”. Qué tiempos aquellos de la Gürtel. Claro que entonces el PP creía que los informes policiales los escribía Rubalcaba en los ratos libres que le dejaba negociar con ETA. Todos éramos más jóvenes y más ingenuos. Ahora estamos un poco más tensos y resabiados.

La actividad parlamentaria de estos días está muy centrada en lo que podríamos llamar lanzamiento de informes de la UCO. Vuelan de lado a lado del Hemiciclo con la aviesa intención de acertar al rival en toda la cara. Los grandes expertos en esta disciplina no olímpica son el PP y el PSOE. Pueden servir para condenar a uno de los otros o para exonerar a uno de los tuyos. Están condimentados con distintas salsas mediáticas. Es posible que el político en cuestión no cite el informe, sino el titular a cuenta del informe, mucho más creativo.

Esperando a que los socialistas pronunciaran la palabra ‘Almería’, Feijóo demostró en su primera intervención en la sesión de control lo mucho que ha cambiado su opinión desde 2009. El informe policial va a misa, y además se le añade un extra de cosecha propia con el que enriquecerlo. “¿Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% para el PSOE?”, preguntó. Aun siendo una pregunta retórica, no hay que olvidar que el informe de la UCO no dice en ningún momento que las cantidades pagadas por empresas tuvieran como destino las cuentas del partido. Da la impresión de que Feijóo se inspiró sobre todo en la portada de ABC del miércoles.

Lo que en ese periódico aparece como “el triángulo delictivo” entre el PSOE y Acciona con Santos Cerdán en la posición destacada, en otros resulta ser la conexión de Acciona con el Gobierno. El asunto tiene menos impacto si se limita a lo que aparece en el informe, la acusación a Cerdán de actuar como enlace entre las empresas constructoras y el Ministerio de Transportes, lo que viene a ser José Luis Ábalos y Koldo García, que ya sabemos que están bastante pringados en todo esto. Había muchas amigas, familiares, viviendas y vacaciones que financiar.

El informe dice claramente que tanto Cerdán “como su entorno familiar habrían resultado beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil” Servinabar. No dice nada de financiación del PSOE. Si las conclusiones de la UCO son relevantes, y lo son aunque menos que lo que decida el juez instructor, vale para todo su contenido, no para lo que imaginas a partir de su contenido.

En el otro lado del ring parlamentario, también hubo una mención a otro informe policial, pero esta vez para acusar al PP de haber atacado a un ministro inocente. “¿Cuándo van a pedir perdón al ministro Víctor Torres cuando ya hay un informe de la UCO que pone de manifiesto que cero indicios de criminalidad en su persona?”, dijo Félix Bolaños. El PP ha pasado tanto tiempo dando por hecho que Torres estaba implicado en los negocios de Ábalos y Aldama que no entiende que no haya sido encarcelado.

El ministro de Política Territorial afirmó en una más de las muchas preguntas que le ha hecho el PP que ya ha dado explicaciones y que ha respondido a dos interpelaciones, cuarenta preguntas parlamentarias y seis sesiones en comisiones de investigación sobre el asunto: “Lo que está claro es que ustedes han practicado la difamación”.

De momento, Torres sólo ha sido imputado en los titulares de cierta prensa y en las palabras de Víctor Aldama, que va cambiando su testimonio en función de las circunstancias.

Sánchez hizo una referencia muy de pasada a la detención del presidente de la Diputación de Almería por corrupción en la compra de mascarillas. Javier Aureliano García ostenta uno de los cargos clave para entender el dominio electoral del PP en la provincia andaluza. Su vicepresidente y otras cuatro personas fueron también arrestados en una operación llevada a cabo por la UCO cumpliendo órdenes de un juzgado de Almería. Montero y Bolaños se extendieron algo más en el pleno. El PSOE no está para desaprovechar esos regalos y menos a unos meses de las elecciones andaluzas.

Estos son momentos en que los partidos implicados tienden a copiar sus argumentarios. Miguel Tellado casi no admitía que le preguntaran por el pelotazo de Almería. “Comparar ambos casos...”, empezó mientras se liaba con la respuesta hasta terminar con lo que quería decir: “Son radicalmente distintos”. Para establecer esas diferencias, afirmó que “ellos mantuvieron a Ábalos y nosotros actuamos el primer día”.

Es gracioso porque se trata del mismo argumento –también podría llamársele excusa– que emplea siempre Sánchez sobre la situación de Ábalos y Cerdán. La última en la rueda de prensa con Zelenski el martes: “El Gobierno de España y la organización que lidero, desde el primer minuto que se conocieron estas informaciones, hemos colaborado con la justicia y actuado con contundencia”.

Evidentemente, el presidente andaluz, Juanma Moreno, tampoco sabía nada de los presuntos delitos de Almería y afirma que ha reaccionado con rapidez con la suspensión de la militancia de los detenidos. En política, es más conveniente ser efectivo que ser original. Feijóo prefirió no decir nada. En redes sociales, le refrescaron la memoria con una foto suya con el detenido.

En los presuntos casos de corrupción política, es importante reaccionar con rapidez, pero no es un remedio infalible ni absuelve de responsabilidades. El desprestigio te cae encima como una losa, porque a los principales cargos de un partido o Gobierno se les supone un mínimo de honestidad. Al menos, estar en el lado bueno del Código Penal. A partir de ahí, la cantidad defraudada o robada cuenta a efectos de la investigación judicial, pero no es menos grave si el botín no asciende a millones ni está escondido en Suiza.

El PSOE tendrá que encajar, y aún no está claro cómo, que ese supuesto paradigma de la sobriedad que era Cerdán –persona de la total confianza de Sánchez– recibiera dinero de forma ilegal para pagarse el alquiler de un caro ático (casi 3.000 euros al mes durante 15 meses), las vacaciones en Ibiza y Tenerife y todas las comidas de él y su mujer, y probablemente otras personas, en un restaurante cercano a su domicilio. En números, son cincuenta cargos por 7.470 euros, lo que da una media de 152 euros por comida. Veamos la carta: paletilla de cabrito lechal, 30 euros. Solomillo al oporto, 29. Merluza a la plancha, 29. Rodaballo a la parrilla, 35. No era un problema. Pagaba Servinabar.

En el plano más fácil de caricaturizar, la esposa de Cerdán tenía la costumbre de desenfundar con frecuencia la tarjeta de crédito de la empresa navarra en sus compras. “La Paqui, que le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Gastar y gastar”, según dijo Antxon Alonso, dueño de Servinabar, a su mujer en un mensaje enviado en 2021. El Cerdán, La Paqui y la Visa, que parece el título de una película de destape de los años 70.

Bien mirado, La Paqui puede ser un problema de reputación para el PSOE mucho mayor que lo que pueda decir Feijóo en las sesiones de control.

El PP convocó la comparecencia de Sánchez en el Senado para el día después del aniversario de la dana de Valencia y del funeral de Estado. Era un truco, la clase de trucos habituales en política. A ver si con el follón de Sánchez se dejaba de hablar cuanto antes de Valencia y de Carlos Mazón. Lo que es una misión imposible, porque es imposible dejar de hablar de Mazón, de sus mentiras, de los 229 muertos que no recibieron los avisos necesarios, de la reclamación de los valencianos para que dimita –como prueban las encuestas–, de sus planes para que su partido le elija como candidato a la reelección. Como también del intento constante del PP de acusar al Gobierno central de lo que ocurrió el 29 de octubre de 2024 cuando todas las competencias en una situación de emergencia corresponden a los gobiernos autonómicos.

El PSOE respondió el miércoles con otro truco en la sesión de control. Pedro Sánchez no quiso responder a los ataques lanzados por el Partido Popular con sus preguntas. “Hoy no es el día. Hoy es el día de las víctimas”, dijo. Era una forma de quitarse el problema de encima y sorprender a su rival. No tuvo problemas para responder a otros grupos, como el PNV o Podemos. Parece que “el día de las víctimas” aceptaba excepciones.

La paradoja se cuenta sola. Hace un año, el PP exigió que se suspendiera la sesión de control del día después de la catástrofe. El PSOE se opuso inicialmente, lo que en cierto modo fue un error político porque el pleno podía haberse trasladado a la semana posterior. El PP sufrió un ataque de apoplejía. Ya temía que se empezara a hablar de lo que había hecho o no el Gobierno valenciano. Este miércoles, volvió a recordarlo con el argumento de que el PSOE utilizó ese pleno para realizar “un asalto a RTVE”.

Alberto Núñez Feijóo tuvo un logro del que podrá presumir siempre. Se dedicó a politizar la dana mientras denunciaba la politización de la dana. Un doble salto mortal: “Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se utilizara para la reconstrucción”. Es como dar por hecho que los demás politizan la tragedia mientras el pobre Mazón se esfuerza por salvar a los pobres valencianos. Y olvidar que el PP politizó la dana desde el primer minuto de la sesión de control de hace un año para exigir su suspensión y no correr el riesgo de que se hablara de Mazón.

El líder del PP venía a hablar de su libro, es decir, de la comparecencia de Sánchez del jueves en el Senado. Pasó revista a diecisiete mentiras que adjudicó a Sánchez, algunas de dudosa veracidad al no estar probadas en los tribunales, como la que se refería a la “contabilidad B” del PSOE. El PP aspiraba a llegar a esta semana con el titular de que el Tribunal Supremo investiga la financiación de los socialistas. Su último intento a través de la acusación popular que dirige encalló ante el juez instructor, que se negó a pedir ahora todas las facturas del PSOE desde 2017.

El PP nunca ha tenido empacho en utilizar a las víctimas de ETA para atacar a los gobiernos de Zapatero y Sánchez. Con las víctimas de la dana es diferente. Si se las menciona, se está “politizando” la tragedia. Ester Muñoz se declaró escandalizada de que Sánchez “haya utilizado a las víctimas de la dana para no contestar a la oposición”. Por eso, llamó al presidente “indecente” y “farsante”. Ya se sabe que el Congreso es un sitio en el que vuelan los insultos todos los días. Acto seguido, dijo: “¿Sabe lo que es la inutilidad en la política?”. Un diputado socialista respondió desde el escaño: “¡Mazón!”. No se sabe qué escuchó Muñoz, porque dijo: “¿Por qué insultan?”. Puede que tenga razón y que no haya peor palabra con la que dirigirse a alguien que el apellido del líder del PP de la Comunidad Valenciana.

Al aludido no se le ocurrió otra cosa que sacar pecho, unos días después de que se supieran más datos sobre el tiempo que consumió el día de la dana en sus asuntos personales o de partido, mientras la comunidad que preside se acercaba al abismo.

En el día del funeral de Estado por las víctimas, Mazón convocó un acto por la mañana para leer una declaración. No le valía con que estuviera presente su Gobierno y reclamó la presencia de hasta 160 altos cargos de la comunidad y del PP. Todo para limitarse a decir que “hubo cosas que debieron funcionar mejor”. El mensaje era claro: si me hundo yo, os hundís también vosotros conmigo. Aunque parezca inaudito, los asistentes aplaudieron durante más de treinta segundos. Será que se vigilaban entre ellos para ver quién dejaba de aplaudir el primero. Estaban protegiendo 160 nóminas.

Era una demostración de fuerza no frente a la oposición, sino su propio partido. Encerrado en su burbuja, de la que forman parte tres asesores, quiere hacer creer a Génova que no tiene más alternativa que volver a presentarle como candidato. “El debate de que debía dimitir está superado”, han dicho fuentes de su Gobierno a El Mundo. Han visto tantas veces a Miguel Tellado acercarse a Valencia para confirmar el apoyo del PP a su presidente que no conciben otra alternativa.

Por la tarde, el funeral de Estado confirmó por qué las víctimas habían insistido en que Mazón no asistiera al acto. Un grupo de ellas se reunió con el rey y la reina en una sala cercana, estando presente también Sánchez. En la sala principal donde se iba a celebrar el funeral laico, muchas mujeres insultaron y gritaron a Mazón, impertérrito en su silla en la tercera fila de las autoridades.

Tuvo que escuchar que le llamaran rata y asesino. Y una frase que representa todo lo que piensan las víctimas de él: “Tú de comida y recogiendo premios y mi hermana ahogándose”. Eso es exactamente lo que ocurrió. Por la mañana del 29 de octubre, recibió un premio irrelevante y por la tarde pasó cuatro horas de comida matando el tiempo. Mientras la gente moría.

No hay presidente o alcalde en España con una imagen tan destrozada como la de Mazón. Cada auto de la jueza de Catarroja lo hunde más en la vergüenza. Las palabras “palmaria ausencia de avisos a la población” de uno de esos autos resumen lo que sucedió ese día. De momento, el PP continúa huyendo de esas siete palabras y finge que no sabe nada de ellas. Habrá un día en que tendrá que marcar el mensaje como recibido.

“El dinero (de los impuestos) va a pagar rescates de las estrellitas de la Flotilla (de Gaza), a financiación ilegal de partidos, a prostitución, a fiestas o a pagar favores a algunos medios de comunicación”. El Partido Popular fue con todo en la sesión de control del miércoles. Eh, no tan rápido. No era un diputado de ese partido el que soltó la frase con la que atizar con dureza al Gobierno, sino la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.

Los socialistas se rieron con entusiasmo una semana más con los problemas de Alberto Núñez Feijóo para encajar un buen directo en el mentón de Pedro Sánchez. La sonrisa se heló de inmediato cuando Nogueras culminó en la siguiente intervención el giro de su partido de los últimos meses. Junts es ahora el principal partido de la oposición o, dicho de forma más correcta, el partido que más daño puede hacer al Gobierno desde la oposición.

Nogueras acabó con un juego de palabras fácil de interpretar: “Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio”. Sánchez fue sobre seguro y se limitó a defender la propuesta de no volver a realizar el cambio horario y a presumir de que se ha aumentado en un 63% “las viviendas de protección oficial que están en construcción”. No le convenía hurgar más en la herida a la espera de acontecimientos.

Es cierto que algunas de las quejas de Junts no son nuevas, como tampoco lo son los comentarios sobre el mal momento de sus relaciones con el PSOE. Fue su retórica, copiada del discurso del PP, lo que llamó la atención, además de la referencia al “cambio”.

Como ejemplo, denunció que están congeladas en el Congreso dos proposiciones de ley de su partido sobre multirreincidencia de extranjeros y de lucha contra la ocupación de viviendas. Lo están porque los socialistas no tienen margen para negociar asuntos que contarán con el rechazo de sus socios de izquierda y porque no tiene intención de unirse a los partidos de derecha para que salgan adelante.

En resumidas cuentas, Nogueras estaba exigiendo algo que sabe que el Gobierno no le puede conceder. Fuentes de Junts dejaron claro después que eso no les importa: “La afirmación de hoy no es gratuita. Esto va en serio. Nunca habíamos hablado de cambio”.

No era porque la portavoz de Junts se hubiera levantado con gran energía después de desayunar una butifarra. Un grupo de alcaldes del partido se reunió el lunes con Carles Puigdemont en Waterloo con la intención de pedirle más dureza en el mensaje contra la inmigración. Era una cita que habían reclamado sólo un mes después de verse con el secretario general, Jordi Turull. Están nerviosos porque Junts pierde terreno frente a la ultraderecha de Aliança Catalana en el debate sobre la seguridad, también en el ámbito local.

Sólo un día antes, Puigdemont había marcado doctrina con un breve discurso. Sin mencionar a Aliança, el líder del partido quiso calmar los ánimos. Llamó “modas”, “péndulos” y “ocurrencias” a los mensajes de la ultraderecha independentista: “A veces existe la tentación de sucumbir a las modas y hay gente que lo hace. Pero alguien debe quedar en el país que tenga esta mirada de Estado, esta mirada larga de la construcción de la nación, que nunca acaba y es permanente”.

Es un mensaje no muy distinto al que emplea el PP para hacer frente a Vox y que no le ha sido útil para detener el ascenso de la extrema derecha en los sondeos. Lo que está claro es que los alcaldes de Junts creen que no les sirve para nada. Quieren mano dura, no grandes palabras sobre la “mirada de Estado”.

La última encuesta de julio del CEO –organismo público de la Generalitat– prevé entre diez y once escaños para Aliança (ahora cuenta con dos) y de 28 a 30 para Junts (tuvo 35 en las últimas elecciones) con vistas a las próximas autonómicas. El índice de aprobación de Sílvia Orriols, líder de Aliança y alcaldesa de Ripoll, es casi idéntico al de Puigdemont.

Lo que no quitó el sueño a los socialistas fue la intervención de Feijóo en el Congreso. A falta de ideas nuevas, creyó que nada mejor que comenzar con el lapsus de Yolanda Díaz del día anterior (“queda Gobierno de corrupción para rato”). Muy osado, teniendo en cuenta que él puede presumir de una larga colección de lapsus a falta de mejor palabra para definirlos. El lunes, dijo que las horas trabajadas en España “han caído un 8,9% desde 2018” y que, por tanto, ha bajado la productividad. Si lo primero fuera cierto, que no lo es, la productividad habría subido de forma espectacular después de los últimos años de crecimiento del PIB.

Sánchez no nació ayer y venía preparado. La verdad es que lo tenía fácil: “Usted es un campeón del lapsus. ¿O cuando dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra '1984' en 1984 y no en 1949 no es un lapsus sino incultura?”. Otra jornada en que Sánchez no paraba de reírse y a Feijóo se le quedaba un rictus de perplejidad. En los pasillos, presumía de que había sido un gran acierto preguntar al presidente si el PSOE se ha financiado de forma ilegal. Sánchez dijo que no. ¿Qué esperaba que dijera?

Los ministros salieron del pleno con la intención de restar “dramatismo” a los avisos de Junts. El partido nacionalista descartó hablar de un posible apoyo a una moción de censura. Ese no es el territorio en el que se mueve en estos momentos ni le beneficia alimentar la teoría de que pueden llevar en brazos a Feijóo a La Moncloa, que es algo de lo que Gabriel Rufián lleva avisando desde hace tiempo.

“Como estamos ahora, no tiene sentido continuar y el chicle ya no da más de sí”, dijeron fuentes de Junts. Lo que sí pueden hacer es anunciar que no votarán a favor ni siquiera de un decreto a favor de la alimentación saludable de los niños. Eso convertiría a la legislatura en un muerto viviente, aunque, como se ve en el cine, no es tan sencillo matar a un zombi.

La sonrisa vuelve al rostro de Pedro Sánchez y los fans de PerroSanxe se sienten aliviados. Se acabó eso de ir por la vida con cara de perro apaleado, con aspecto de estar deprimido e inapetente. Tantas raciones de Ábalos y Cerdán le estaban dejando en los huesos. Así llegó arrastrándose al verano, lo que hizo creer al Partido Popular que su fin estaba cerca. Por entonces, lo único de lo que podía presumir Sánchez era de estar vivo. Tampoco es que le sobraran las pulsaciones por minuto.

En un escenario en el que cualquier informe de la UCO puede darte un susto de muerte, Sánchez llegó a la conclusión de que el último sobre el caso Koldo ni tan mal. Podría haber sido peor. El presidente se permitió el detalle de recomendar al PP que leyera la página 28 del informe. La Guardia Civil indica ahí que no procede seguir investigando las donaciones que José Luis Ábalos hizo al partido, al igual que los demás altos cargos, o las cantidades percibidas en concepto de dietas. Eso tiene que ver con las fotos de los sobres con el logo del PSOE que aparecen en el informe y que provocaron un orgasmo de placer en el PP.

“Sus acusaciones (sobre financiación ilegal) son totalmente falsas”, dijo Sánchez. “Para sobrecogedor, el Partido Popular”. De ahí pasó a lo que al PSOE le interesa que salga en el debate público, Gaza y aborto, con un mensaje específico para Díaz Ayuso: “En Portugal, el 70% de abortos se hace en la sanidad pública; en Suecia, el 99%; en Italia, el 94%; en Madrid, sólo el 1%. Eso es un atropello al derecho de las mujeres”.

Es difícil saber si Feijóo se picó, sufrió un sobresalto al escuchar la mención al Madrid de Ayuso o lo traía preparado de casa. El caso es que se decidió a anunciar una decisión que el PP tenía congelada desde febrero de 2024. Llamar a declarar este mes al presidente a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Ninguno de los altos cargos socialistas que han estado en esa comisión lo ha pasado muy mal ni las reuniones han generado titulares extraordinarios. Los senadores del PP que hacen las preguntas no son precisamente unos interrogadores muy astutos.

El PP se guardaba esa bala en la recámara sin tener claro que fuera a serle muy útil. Ahora parece que la necesita y que sea lo que Sánchez quiera.

La medida es en sí misma una muestra de la debilidad del PP y de Feijóo en las primeras semanas del curso político. Con Vox muy crecido en las encuestas y el PP parado en algunas de ellas, regresan los momentos propicios para el psicoanálisis en la sede de Génova. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué no estamos más altos en los sondeos?

En ese runrún de los que se creyeron la promesa de Feijóo de que ganará las elecciones y gobernará en solitario porque sí, porque lo dice él, algunos ya no se cortan. Un columnista de ABC desdeñó con dureza la capacidad del líder del PP de aparentar ser lo que no es con el deseo de complacer a todos los que no soportan a Sánchez: “No se puede ser Ayuso algunos días y otros Juanma Moreno; algún que otro sábado probar a ser incluso Santiago Abascal, y por momentos volver a ser el Feijóo de la Xunta de Galicia, aunque cada vez menos”.

'Yo no soy Sánchez' no es el mensaje ganador que Feijóo cree que es.

“Usted está tan pringado como ellos”, dijo Feijóo a Sánchez después de soltar lo de la comisión del Senado. Estaba rabioso y Sánchez acertó al no intentar competir en rabia. Además, le quedaban menos de diez segundos para la última réplica. Tampoco le daba para desarrollar un argumento. Se limitó al cachondeo: “Ánimo, Alberto”. Sus diputados se rieron con ganas, porque están soportando una legislatura que no les ha dado muchas alegrías.

Una de las misiones que tenían los diputados del PP en la sesión de control era salvar a Juanma Moreno, inmerso en un escándalo por el seguimiento de casos de cáncer de mama en la sanidad pública. Como es habitual en política, la técnica no consistía en defender a Moreno, sino en atacar a quien podía aprovecharse de sus problemas, en este caso, María Jesús Montero, candidata a la presidencia en las próximas elecciones andaluzas.

Ester Muñoz le enseñó una foto de pacientes de ELA recibidos en Moncloa y le acusó de haberlos abandonado. “¿Cuántos pacientes más tienen que fallecer para que ustedes cumplan y financien la ley ELA?”, preguntó la portavoz del PP por la falta de financiación prometida para su tratamiento. La ley se publicó en el BOE el 30 de octubre de 2024.

Montero optó por la solución de todos los plenos. No habló de los enfermos de ELA, pero sí del crecimiento del PIB, el empleo, el Ingreso Mínimo Vital y hasta el déficit público. Le faltó mencionar el arbitraje en la Liga de fútbol, un tema siempre polémico. Qué les importará a los enfermos cuánto ha subido el PIB. En una segunda intervención, se preguntó qué votará el PP cuando el Gobierno apruebe “la generación de créditos dentro de unos días” con la que financiar la atención a esos enfermos. Acto seguido, siguió a lo suyo y citó el derecho al aborto y la decisión del Ayuntamiento de Madrid de apelar a un inexistente síndrome posaborto.

En una pregunta posterior y para responder al PP, la vicepresidenta se refirió a las armas de destrucción masiva de Irak, el accidente del Yak-42 y el 11M. Cualquier día termina citando la carta de San Pablo a los corintios. No se sabe quién asesora a Montero sobre la sesión de control, pero de esta manera no va a ganar ningún duelo parlamentario.

Todas las risas de Sánchez eran también una cuestión de pretender que ahora todo va bien. La política es también un juego de las apariencias. Por la tarde, el Gobierno recibió en cascada varias buenas noticias. Algunas se las trabajó. Otras fueron un regalo del destino.

Como había anunciado unas horas antes, Podemos votó a favor del decreto de embargo de armas a Israel sin estar muy convencido de su valor. Después, se negoció la ley de movilidad sostenible y Podemos aceptó no votar en contra con el argumento de que había conseguido que la ampliación del aeropuerto de El Prat no se contemple hasta 2031. Por otro lado, no estaba previsto que empezara antes, pero el caso es que sirvió para arrancar la abstención del partido de Belarra.

Hubo ahí un déjà vu de los que hacen gracia. La reforma laboral salió adelante gracias a un diputado del PP que se equivocó al votar desde casa donde padecía una aguda gastroenteritis. La ley de movilidad sostenible iba a salir incluso sin la abstención de Podemos gracias a que otro diputado del PP estaba de luna de miel en el extranjero. Al menos, en este caso todo ocurría por una historia de amor, lo que es mucho más romántico, y no por una explosión intestinal.

El día finalizó con otro suceso que neutralizaba la versión del PP sobre la situación de la sanidad andaluza. Apoyados en un artículo de ABC, quisieron hacer ver que no había nada nuevo, que todo lo ocurrido procedía de los lejanos tiempos en que María Jesús Montero era consejera de Sanidad. Todo eso era propaganda y Juanma Moreno lo sabía. Por eso a última hora anunció la dimisión de su consejera de Salud en lo que era propiamente un cese, el de la misma persona que dijo a las mujeres afectadas que no era para tanto, que estaban viendo el vaso “medio vacío”. Después de la hora de comer, todo fue una cascada de malas noticias para el PP.

Veremos qué tipo de Feijóo decide ser el líder del PP la próxima semana. Puede elegir entre el traje de Ayuso o el de Moreno. El de Conan el Bárbaro o el de Mary Poppins. Tendrá que elegir. No puedes ser un asesino en serie y un estadista al mismo tiempo. Lo único que está claro es que si todas sus esperanzas están puestas en que sus senadores arrinconarán y noquearán a Sánchez a finales de mes, entonces sí que va a necesitar que le animen todos sus compañeros de partido. Con las palabras de Sánchez, no será suficiente.

No falla. Cuanto más habla la derecha de que la democracia corre peligro en España o de que Sánchez es un pérfido autócrata, más puñaladas, castañazos e insultos vuelan por el hemiciclo del Congreso. Esto debe de ser una dictadura postmoderna, por buscar un adjetivo que sólo aporte confusión. Para añadir más perplejidad a la historia, la esposa del presidente del Gobierno tuvo que declarar el miércoles por cuarta vez ante el juez Peinado, que le ha imputado el quinto delito, y los que quedan, como suele ocurrir en todas las dictaduras. Ya se sabe que los familiares de los dictadores siempre son vigilados de cerca por los jueces sin que el pobre autócrata pueda hacer nada al respecto. Lo que sufrió Franco cuando Carmen Polo tenía que declarar en los tribunales por sus incursiones en joyerías en las que no pagaba lo que se llevaba.

En este ambiente irreal, la pantalla de televisión ofrece momentos sólo ligeramente más esperpénticos que la política. En la noche anterior, Nacho Cano apareció en 'El Hormiguero' no para divertirse, como reza el eslogan del programa, sino para lanzar una soflama reaccionaria en la que “los únicos que nos van a sacar de esta ruina son esta gente”, refiriéndose a la Guardia Civil. Pablo Motos, que nunca hace ascos a que sus invitados sacudan al Gobierno, se quedó lívido y sin palabras. Le faltaron reflejos y recomendar a Cano que se tomara unos cuantos tranquimazin en comprimidos de medio kilo.

Fue la primera sesión de control después de las vacaciones de verano, pero pareció que sólo habían pasado siete días desde la anterior. Además de Núñez Feijóo, no menos de siete diputados del PP mencionaron a Begoña Gómez. El líder del PP dio por hecho que Sánchez ha convertido Moncloa en “un centro de negocios privado”. Si eso fuera así, no se entiende que Gómez haya sacado de un puesto tan privilegiado una cantidad tan miserable de dinero y una posición social tan poco relevante. Antes de caer en el proceso judicial que promueven Peinado y varias organizaciones de extrema derecha –sin ningún informe de la UCO que haya calentado el sumario–, era menos conocida que el influencer más aburrido.

Sánchez no respondió a esa acusación: “Yo sé lo que pretende, pero no nos va a provocar”. Como si eso preocupara lo más mínimo al PP. El presidente nunca habla de su mujer en el hemiciclo, una táctica discutible.

Santiago Abascal le calificó de “corrupto, traidor e indecente”. Después de pasar revista a una larga lista de violaciones cometidas presuntamente por inmigrantes. Es conocido que al líder de Vox sólo le preocupan las agresiones sexuales si las comete alguien nacido fuera de España. Si son obra de un español muy español, ni siquiera acepta participar en una concentración contra la violencia machista. Antes de incluirlas en su discurso, Abascal se fija en el lugar de nacimiento del agresor.

La presidenta del Congreso le acusó de carecer de educación y le avisó de que eliminará los insultos del diario de sesiones –lo que no es del todo cierto, porque no se borran–, una de esas medidas tan anacrónicas que es absurdo que sigan existiendo. Después, el ministro Félix Bolaños llamó “difamadora y embustera” a Cayetana Álvarez de Toledo. Armengol no dijo nada y los escaños del PP protestaron denunciando un doble rasero. Todo el mundo ve sus insultos como si fueran una definición exacta del contrincante, mientras los que recibe resultan ser una agresión intolerable.

Con independencia de lo que aparezca en el diario de sesiones, siempre hay cancha libre para hacer acusaciones sin pruebas o con indicios no muy sólidos. Es el chollo del aforamiento. Carlos Floriano estuvo siete años en la dirección del PP de Rajoy sin caracterizarse por un tono demasiado bronco. En los tiempos que corren, si continúas en esa línea, lo único que te encargan es calentar el escaño hasta el final de la legislatura y luego te mandan a casa.

Así que Floriano acusó a Zapatero de mantener “una relación íntima con el cártel criminal que controla Venezuela”. No tienes ni que presentar pruebas en el Congreso para acusar a un expresidente de narcotraficante, por aquello del cártel o de recibir sobornos. Sólo tenía que decir que “todo el mundo sabe que en política exterior Zapatero tiene más influencia como comisionista” que el ministro de Exteriores. Todo el mundo, desde luego, también los que leen este artículo y los que no saben dónde está Venezuela.

Pero eso no fue lo peor. Dijo que es “un bochorno el espectáculo que están dando en el Gobierno por arrancar un puñado de votos a costa de la sangre y el sufrimiento de los gazatíes”. Más de medio planeta hablando de Gaza y sufriendo por Gaza y el PP sostiene que atreverse a tomar decisiones contra el genocidio en vez de limitarse a declaraciones inútiles sólo puede ser entendido como una forma de aprovechamiento político. Mejor quedarse en el sofá y no hacer nada. Esa sería la opción de Floriano.

“¿Cuántos más miles de muertos palestinos inocentes necesitan para llamar las cosas por su nombre? –respondió José Manuel Albares–. ¿Cuántos más bebés y niños gazatíes muertos de hambre necesitan para que se conmuevan? Ustedes no tienen alma ni corazón”.

Después del ridículo que hizo Peinado cuando intentó que el Tribunal Supremo imputara a Bolaños, y que no redujo en lo más mínimo la confianza del Partido Popular en el juez, sus grandes esperanzas están puestas en el juicio del fiscal general. Aún no tiene fecha asignada, pero el Supremo ha hecho saber que prefiere que se haga cuanto antes, posiblemente en noviembre, para que la sentencia esté publicada antes de que acabe el año.

Cabe la posibilidad de que no pasen muchas cosas en la política española hasta entonces y que todo se reduzca a una repetición de ataques y argumentos que ya se han escuchado muchas veces. Lo que no faltarán serán las amenazas.

A Feijóo se le acabó el tiempo de su intervención antes de pronunciar la última frase dirigida a Sánchez que llevaba preparada y que era esta: “Tiene miedo de que alguna vez usted mismo se presente ante un juez”. Ya no es suficiente con derrotar al rival en las urnas. Ahora hay que meterlo en la cárcel. Con eso, al menos Nacho Cano se quedaría más tranquilo y no tendría que automedicarse.

Era la última sesión de control antes del descanso parlamentario en verano y los diputados del Partido Popular tenían vía libre para gritar, insultar y patalear en sus escaños. Se van a estar más de dos meses sin armar bulla y pueden terminar sufriendo un agudo síndrome de abstinencia. La oposición siempre está cabreada y tiene derecho a estarlo. Es más discutible que convierta el Congreso en una discoteca llena de borrachos, pero es lo que tiene el constitucionalismo en la derecha. Por lo visto, incluye interrumpir con ruido las intervenciones de sus rivales para que no se les escuche. Y algunos insultos de vez en cuando.

El tema que eligió el PP para el miércoles consistía en presionar al socio del PSOE en el Gobierno de coalición. Avergonzar a Sumar por la corrupción que se extendió en torno a José Luis Ábalos y Santos Cerdán y especialmente por las sospechas de las relaciones con prostitutas. La oposición prescindió durante meses de las preguntas a Yolanda Díaz. No salían bien parados en los duelos y no querían dar ningún protagonismo a la vicepresidenta. Ahora es al revés. Le achacan ser “cómplice” de toda esa corrupción y aspiran a que Sumar abandone el Gobierno y ponga fin a la legislatura.

“¿Por qué siguen abrazados a un Gobierno corrupto y a ministros que abrazan a prostitutas?”, le preguntó Elías Bendodo. “Sí, soy una persona ética”, respondió Díaz y los diputados del PP se rieron. No fueron risas lo que ofrecieron cuando la líder de Sumar exigió a Alberto Núñez Feijóo que pidiera disculpas “por decir que se ha hackeado el resultado electoral” y recordó los casos de fraude electoral del PP en Galicia. La oposición se lanzó a un grito ensordecedor de “cómplice” repetido varias veces contra Díaz. Golpeaban también los escaños con saña haciendo tanto ruido que parecía que lo hacían con la cabeza.

La presidenta, Francina Armengol, –superada por la situación como lo ha estado en toda la legislatura– les hizo una pregunta absurda: “¿Son conscientes de la imagen que están dando?”. Como un coro, los del PP gritaron “¡¡Síííí!!”. Claro que era la imagen que querían dar, la de un Parlamento hundido en el barro por culpa de un Gobierno corrupto. La de una democracia que se cae a trozos. Armengol volvió a mostrar que no se enteraba de lo que estaba pasando: “Esperaremos el tiempo necesario para que se sosieguen”. No necesitaban tranquilizarse, porque no estaban nerviosos. Lo que buscaban era el conflicto de orden público, no la paz en el mundo. Tenían órdenes de hacerlo.

Ester Muñoz fue la siguiente en intentar provocar a Díaz. “Usted se ha sentado en una mesa (por el Consejo de Ministros) con puteros y corruptos”. “Nuestro espacio político no roba”, dijo la vicepresidenta. “¡Encubridora!”, gritó una diputada del PP. Al poco, volvieron los gritos de “cómplice” y los pateos rabiosos. La única concesión a la educación parlamentaria es que nadie vomitó sobre el escaño. Miguel Tellado y Enrique Santiago se cruzaron comentarios airados y eso que están a más de diez metros de distancia.

Al portavoz parlamentario del PP le tocaba preguntar a Félix Bolaños. Como era de esperar, en ningún momento le mencionó el auto del juez Juan Carlos Peinado con el que intenta que el Tribunal Supremo impute al ministro de Justicia en el caso de Begoña Gómez. Para qué molestarse con la instrucción senil del juez cuando tienes a Ábalos, Cerdán, las adjudicaciones y las putas servidas en bandeja de plata.

La pregunta de Ione Belarra a María Jesús Montero sirvió para certificar la estrategia de Podemos de dar al Gobierno por muerto, lo que conllevaría elecciones anticipadas. La secretaria general de Podemos citó el mensaje servil del secretario general de la OTAN enviado a Donald Trump, lo que justificó que llamara mentiroso a Pedro Sánchez: “Las mentiras también tienen las patas muy cortas”, dijo. “Van a firmar en la cumbre de la OTAN la mayor traición a la clase trabajadora desde Zapatero”, por los recortes de gasto público que iniciaron la era de la austeridad.

Podemos hace un análisis de la carta de Mark Rutte –en la que aceptaba que España sólo gaste el 2% si así cumple sus obligaciones– que es idéntico al del Partido Popular. Todo es una mentira, porque Sánchez firmará el comunicado conjunto que consignará el incremento del gasto militar y relacionado con la defensa hasta el 5% del PIB, sin que esté muy claro cómo algunos países podrán llegar a esa cifra. “Usted debe de ser la única que no se ha enterado en el mundo de que España no va a aumentar el gasto de defensa”, le dijo Montero. Por eso, Trump había dicho el día antes que “España es un problema” y el líder del PP europeo, Manfred Weber, había acusado a Sánchez de “poner en riesgo la seguridad de Europa”.

Belarra dio por hecho que España aumentará un 5% el gasto de defensa, por mucho que Sánchez no tenga ninguna intención de hacerlo, lo que ya ha provocado el malestar de varios gobiernos europeos. Y no sólo eso, sino que recurrió a la comparación de una foto que representa mucho en la izquierda. “Hoy, el señor Sánchez se va a hacer su particular foto de las Azores y esa foto les va a perseguir toda la vida”.

El presidente de EEUU en esa foto, George Bush, no pensaba que España fuera un problema. Más bien al contrario. Estaba encantado de que España con José María Aznar al frente fuera uno de los pocos países de Europa que apoyaban la invasión de Irak. Definitivamente, ni Trump ni Rutte están satisfechos con Sánchez. Podemos ya piensa en las urnas con tanta pasión como el PP, aunque haciendo menos ruido.

En un debate posterior, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ocupaba la presidencia en ese momento, se dirigió al grupo del PP para dejar la frase que resumía la sesión: “Les pido que no usen las extremidades”. Pero es imposible pastorear un rebaño si el ganado sale en estampida y arrasa con todo lo que encuentra.

Diez segundos tardaron los diputados del PP en empezar a gritar a Pedro Sánchez en el comienzo de su respuesta a Alberto Núñez Feijóo. Lo justo para que terminara la frase de sintaxis algo retorcida que resumió su estrategia en la primera sesión de control desde que saltó el escándalo en torno a Santos Cerdán: “El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones. Es el de la más lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta del verano que afectan al Partido Popular”. Sánchez respondió a todos los ataques de la oposición con la misma idea. Los corruptos son ustedes. Sus socios no quedaron muy impresionados.

Desde Sumar y Esquerra hasta Bildu y Junts, todos ellos han coincidido en reclamar al Gobierno que se ponga las pilas. Ya no vale con resistir y sacar el paraguas ante la tormenta, aunque esa sea la única salida que de momento se le ocurre al PSOE. Tampoco con presumir del “extraordinario momento económico” de España. Ni con mencionar que la pareja y el hermano de Díaz Ayuso son investigados. Todo eso ya lo saben. Lo que desconocen es cómo saldrá Sánchez del agujero en el que ha caído por culpa de Ábalos y Cerdán, más allá de mantenerse en el cargo para que no gobiernen la derecha y la extrema derecha.

Nadie quiere ser responsable directo de un adelanto electoral en las condiciones más propicias para una victoria del PP y Vox. Pero eso no quiere decir que los socios se vayan a quedar callados. Gabriel Rufián le recordó que no han sido los socialistas los que han desvelado la corrupción interna con los ceses de los implicados. Toda esta crisis se ha iniciado “cuando la UCO detecta la corrupción” y se hace pública en un informe. “¿Están enfadados? Imaginen la gente que les votó”, dijo el portavoz de Esquerra.

Sánchez no estaba en su mejor día por lo que se vio en la respuesta. En primer lugar, precisó que el informe de la UCO aporta “indicios” y que aún “no hay sentencia firme”. Faltan muchos años para eso y las urgencias obligan a hacer algo ahora mismo. Luego, descarriló con una frase bastante desafortunada: “No acepto que haga de la anécdota una categoría. La izquierda no es corrupta”.

Quizá no fuera su intención última, pero definir como anécdota todo por lo que está pasando el PSOE resulta fuera de lugar y solo da más argumentos a la derecha.

Las consecuencias de la resistencia a cualquier precio estaban en la intervención de Rufián que había incomodado a Sánchez: “Grábenselo a fuego, la izquierda no puede robar. No nos hagan escoger entre corruptos cutres y premium (refiriéndose a la derecha), porque al final les diremos que la gente decida”. Lo que viene a ser elecciones anticipadas.

En los pasillos, insistió en la misma idea. Dijo que en la reunión en Moncloa había visto a Sánchez “muy tocado” y no se mostró muy optimista sobre la duración de la legislatura: “Aprovechemos el tiempo que nos quede, pase lo que pase, para intentar dejarle la mejor situación posible y una vida digna a la gente. No sé cuánto tiempo nos queda”.

Según lo que contó Rufián, Sánchez está dispuesto a “ir a por las empresas corruptoras, lo que supondría un cambio en el Código Penal”. No dio más ejemplos sobre los planes del Gobierno.

El portavoz de Esquerra no ha sido el único aliado que ha dejado patente su incomodidad. Ada Colau pidió que la salida de Sumar del Gobierno “tendría que ser una de las opciones sobre la mesa”, una medida que abocaría a buen seguro a disolver el Parlamento. La vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro Ernest Urtasun, que no tenían que intervenir en la sesión de control, se abstuvieron de asistir, una forma de dejar solo al presidente. Néstor Rego, del BNG, se negó a reunirse con Sánchez. “Ya no vale con decir que la alternativa es peor. La estrategia de que los otros son peores ya no va a funcionar”, avisó Arnaldo Otegi el martes.

Entre toda esta confusión, el PP estaba en su elemento. No fue una sesión tan turbulenta como la del martes, pero Miguel Tellado se aplicó a ello. El Partido Popular pretende montar un Vietnam en cada jornada parlamentaria con emboscadas y trampas explosivas. Necesita que lo que ocurra en el Parlamento solo pueda aparecer en la crónica de sucesos para confirmar la imagen de un Gobierno en estado de coma y superado por los acontecimientos.

“Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final”, dijo Feijóo expresando un deseo, ya que se supone que desconoce qué más saldrá de la investigación judicial y policial. Los socialistas se despertarán cada día con el miedo a una nueva revelación. La del martes no implicaba a ningún miembro del Gobierno, pero no era menor.

En una fecha tan lejana como 2016, Cerdán compró casi la mitad de la constructora navarra Servinabar 2000 que el informe de la UCO sitúa en el centro de la trama. El procedimiento habitual era que la compañía formara una UTE (unión temporal de empresas) con una gran constructora como Acciona para recibir contratos de obras públicas y repartirse los beneficios. De ahí que Koldo García aparezca en las grabaciones quejándose de que Cerdán le debe mucho dinero.

Servinabar 2000 participó en siete adjudicaciones del Gobierno de Navarra que suman 86 millones de euros –principalmente en UTE con Acciona– de los que un 10% corresponden a la compañía, 8,6 millones.

El Ministerio de Igualdad ha reaccionado ante las grabaciones en que Ábalos y García hablan de las mujeres que el asesor le busca al ministro con el anuncio de que en septiembre volverá a presentar un proyecto de ley con el que abolir la prostitución. “Esos audios que denigran y deshumanizan a las mujeres y nos convierten en objetos de consumo son intolerables y terribles”, dijo la ministra Ana Redondo.

Es un ejemplo de lo que podría hacer el Gobierno, aunque su impacto sobre el escándalo no será muy grande. Una ley sobre la prostitución hubiera tenido el mismo efecto en los responsables de la trama que la ley que prohíbe los sobornos. Los socialistas llevaron al Congreso en 2024 una propuesta similar. Fue derrotada al recibir solo el apoyo del BNG y Coalición Canaria.

El PSOE seguirá pensando qué hacer para recuperar la iniciativa política y la confianza de sus socios. La tentación de seguir recordando la corrupción del PP debe de ser muy grande. Al igual que la de confiar en que la inminente llegada de las vacaciones de verano haga que la gente se desconecte de la política. Sería la receta más adecuada para que en septiembre la agonía del Gobierno llegue a su fin, pero no en el sentido en que desearían sus responsables.

No hay manera de que Alberto Núñez Feijóo pueda hablar tranquilo sobre economía. Por eso, suele abstenerse de hacerlo al saber que casi todas las cartas ganadoras están en poder de Pedro Sánchez. Lo intenta a veces y la cosa no suele acabar bien para sus intereses. Quizá es porque existe una trama conspiratoria que le perjudica y de la que forman parte la Comisión Europea, la OCDE, el FMI, The Economist y el Financial Times. Todas estas pérfidas organizaciones vendidas al sanchismo se conjuran para anunciar que la economía española va bien o muy bien, creciendo muy por encima de las principales economías de la Unión Europea.

Otra institución se unió el miércoles a este panorama tan deprimente para el PP. El Banco de España emitió un informe con un análisis sobre la productividad de la economía española que también deja en mal lugar las críticas habituales de la oposición. En el balance de 2024, el banco central afirma que “la productividad aumentó en la economía española más que en la eurozona, en Alemania y en Francia, tanto si esta se mide por trabajador como por hora trabajada, en términos de capital o en términos de todos los factores”.

En su análisis, el Banco de España también valora la evolución de la economía en este punto desde la pandemia. Afirma que se puede observar desde 2019 “un comportamiento más dinámico de todas las medidas de productividad en nuestro país”.

Si ni siquiera con la productividad –un punto habitualmente débil de la estructura productiva del país– el PP puede hincar el diente al cuestionar el análisis optimista o incluso triunfalista del Gobierno, la oposición se va a quedar en un estado de inanición argumental. Sólo le queda centrarse en asuntos como la desigualdad que nunca han preocupado demasiado al partido en sus etapas de gobierno. No hay más que recordar lo que pensaba Rajoy sobre cómo combatir la desigualdad. Bastaba con crear empleo.

Los datos esgrimidos por el banco se conocieron en la tarde del martes. Bien porque ya lo tenía previsto o porque necesitaba neutralizar todo mensaje positivo, Feijóo habló de economía en la sesión de control del miércoles. Un poco, sin pasarse. “La sensación en la calle, esa que usted no puede pisar, es que el único servicio puntual en España es Hacienda”, dijo, antes de recurrir a un meme tradicional del PP que consiste en sostener que Sánchez ha subido 97 impuestos.

Cuando el PP mostró en Twitter ejemplos de esas subidas, sólo pudo llegar a 31. Algunas no eran tales. Como el Gobierno aprobó una rebaja temporal del IVA de los alimentos o de la luz, cuando el porcentaje volvió a su nivel anterior, eso ya era considerada una subida de impuestos por el partido. Hasta las actualizaciones catastrales se convertían en subidas fiscales. Pero el PP no va a dejar de hablar del tema, aunque su contabilidad fiscal sea tan creativa como la de Nacho Cano.

Feijóo se refirió a un tema real, la pobreza infantil, que coloca a España en la peor posición en Europa. El índice de pobreza es una de las marcas negativas de todos los gobiernos españoles, por mucho que el índice Gini, que mide la desigualdad, haya descendido desde 2014 a un ritmo similar al de la caída del desempleo.

Los datos de Eurostat muestran que España tiene el cuarto peor porcentaje de Europa en personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Es una desgracia producto de decisiones políticas concretas. Del total de transferencias del Estado, el 20% de los hogares más pobres solo recibe el 12% del total, mientras que el 20% más rico acapara más del 30%. Reciben más ayudas aquellos quienes menos las necesitan.

Eso es un análisis demasiado profundo como para que Feijóo o Sánchez quieran meterse. “El PIB no se come”, dijo Feijóo en pleno, y es una idea correcta. Las previsiones de la OCDE no te llenan el estómago. Lo que es seguro es que sin las tasas de crecimiento que ha tenido España después del fin de la pandemia no puedes llegar a 21,5 millones de afiliados a la Seguridad Social. Y con los sueldos de esos empleos creados y con el aumento consiguiente de la renta disponible para los hogares sí se come.

Lo de hablar de economía era un espejismo que el líder del PP puso ante el hemiciclo. En seguida, llegó lo que importaba, que era Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, al que amenaza una nueva figura en las investigaciones de corrupción: rumores sobre un informe de la UCO que todavía no ha leído nadie y quizá tampoco el juez. “El Gobierno está llenando los bolsillos de los corruptos”, dijo Feijóo antes de retar a Sánchez para que dijera si avala la conducta de Cerdán.

Sánchez recordó lo que decía Feijóo cuando llegó a Madrid. “Para lo que hemos quedado, señor Feijóo. Usted que no venía a insultar y ahora difamando a personas honestas”, le respondió. Prefirió no mencionar el nombre de Cerdán.

Ante los periodistas, Cerdán admitió el martes que había preguntado en ocasiones a altos cargos sobre obras públicas en Navarra, provincia de la que es diputado, y también sobre obras en el resto de España por ser coordinador territorial del partido en 2020. Se supone que los diputados están para algo más que para apretar el botón de votación y que interesarse por las obras pendientes en sus circunscripciones debería formar parte del trabajo. “Ninguna (de esas gestiones) es constitutiva de un delito. Eso lo tengo clarísimo”, dijo Cerdán.

Lo malo para él es que no concretó mucho más. Tiene difícil desmentir algo que no conoce y no debería dar por hecho que lo que cuentan algunos medios sobre esos rumores es cierto. Pero de lo que se le acusa es de favorecer la adjudicación de obras a una trama corrupta. Le ayudaría a él y a su partido que se diera información concreta sobre las gestiones que hizo.

Decir sin más que ha hecho “muchas veces preguntas sobre obras” no ayuda a despejar ninguna incógnita y sólo sirve para alimentar la máquina de titulares. Tampoco es que necesiten mucha materia prima de calidad por lo que se ha visto en los últimos tiempos.

Alberto Núñez Feijóo pretende dar un nuevo impulso al Partido Popular con el adelanto de su congreso en julio. Una cita en la que todos los reunidos coincidirán en lo importantísimo que es el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Algo en definitiva con lo que quitarse de encima la sensación sobre el trabajo del PP en la oposición que un columnista de ABC describe como “ese tacticismo huérfano de ímpetu e ilusión que deja el regüeldo de un candidato braceando en la orilla”. 

Da la impresión de que no es suficiente con repetir todas las semanas en el Congreso “lo sabía y lo tapó” mientras se bracea en el escaño o se aplaude con entusiasmo desmedido al líder medianamente carismático en la sesión de control. Quién iba a decirlo. Ni con reclamar a Sánchez que se rinda, que dimita y convoque elecciones anticipadas para tener un detalle con el PP. Después de eso, va Sánchez y no dimite. Lo que hay que aguantar. Ya no se puede confiar ni en que tu rival directo te haga todo el trabajo. Qué poca dignidad, diría un diputado del PP. Están obsesionados con la palabra ‘dignidad’.

El PP contaba el miércoles con la ayuda de los mensajes que se intercambiaron Pedro Sánchez y José Luis Ábalos y que ha desvelado El Mundo. La última tanda salió la noche anterior y tenía un titular de esos que deberían hacer que alguien tuviera una conversación con el periodista para explicarle las diferencias entre correlación y causalidad: “Sánchez intervino en el rescate de Air Europa cinco días después de la ”llamada“ a Begoña que investiga la UCO”. Las comillas en llamada son porque la palabra proviene de un comentario de Aldama, aunque no está probado que la llamada a la esposa del presidente se produjera y qué resultado tuvo.

Seguro que algunos dirigentes del PP no durmieron la noche anterior víctimas de la ansiedad por lo que podrían hacerle a Sánchez en el hemiciclo. ¿Y qué ocurrió al final? Pues un poco lo de siempre. “Lo sabía y lo tapó” (Feijóo). Sánchez es “el capo de esa organización criminal” (Tellado). “La verdad se sabrá” (Gamarra). La misma lista de canciones del verano que llevan meses interpretando en el Congreso. No es como ver un concierto de Bad Bunny precisamente. La gente no se va a matar por comprar entradas para ese chunda-chunda.

Feijóo comenzó su pregunta al presidente leyendo las noticias del día. “Esta mañana hemos conocido que se implicó en el rescate de una compañía aérea por 475 millones de los españoles. Que ordenó darle una vuelta para que saliese adelante. Y lo hizo, parece ser, después de que su esposa recibiese una llamada para que se agilizase”. Parece ser, dice. No es como los papeles del Pentágono, pero a él le vale.

Si el Gobierno estaba pensando en la pandemia en rescatar con créditos por valor de centenares de millones a la tercera aerolínea de España, qué menos que Sánchez se implicara en el asunto. Escaquearse con tal cantidad de dinero público en juego sería cuando menos irresponsable.

En los mensajes, Sánchez dice que no le convence que Air Europa sea absorbida por IAG, empresa de mayoría de capital británico que es propietaria de Iberia, ni que siga en poder de la familia Hidalgo. De ahí que pida al ministro de Transportes que compruebe si hay otras alternativas. Se desconoce qué le propuso Ábalos, pero es muy dudoso que Sánchez tuviera ganas de nacionalizar la compañía.

El proyecto de compra de la aerolínea por IAG fue rechazado tiempo después por la Comisión Europea por los problemas de competencia que causaba. Si Air Europa hubiera desaparecido por el impacto de la pandemia, cuando contaba con 10.000 trabajadores y operaciones en 17 aeropuertos españoles, esos problemas se habrían hecho más evidentes y las autoridades europeas no habrían tenido la oportunidad de intervenir.

Finalmente, el Gobierno autorizó tres créditos en favor de la compañía –del ICO y de la SEPI– que le permitieron sobrevivir. Fue lo mismo que hicieron los gobiernos de Alemania, Francia e Italia con Lufthansa, Air France y Alitalia, en estos casos con mayores cantidades por ser líneas aéreas mucho más grandes. Todas vieron hundirse sus ingresos con la práctica desaparición del turismo y los viajes de negocios en 2020 y la recuperación insuficiente de 2021.

Air Europa acaba de terminar de devolver el préstamo del ICO y tiene hasta noviembre de 2026 para hacer lo mismo con los 475 millones de la SEPI. Cerró 2024 con un crecimiento del 6,4% en su facturación hasta llegar a los 2.932 millones de euros. Vueling, la segunda aerolínea del país, facturó 3.244 millones.

Bartolomé Lora, nombrado vicepresidente de la SEPI en 2017 por el Gobierno de Rajoy y responsable del expediente de Air Europa, defendió en el Senado que se había cumplido la ley sin favoritismos. “Nunca hablé con Ábalos de este expediente. No he recibido instrucciones ni del señor Sánchez ni de nadie”, dijo. La decisión final era del Consejo de Ministros, pero antes debía ser aprobada por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que Lora presidía. Las garantías que la SEPI exigió a la compañía y sus accionistas fueron muy altas y alcanzaron un montante de 1.000 millones.

La conexión con Begoña Gómez, que es la única que interesa al PP, viene de un contrato de patrocinio que ella negoció con Air Europa por valor de 40.000 euros. El acuerdo era en favor del Instituto de Empresa, un organismo de ideas conservadoras donde trabajaba entonces Gómez. Ni siquiera se llegó a ejecutar por completo a causa de la pandemia. Para el PP, los problemas de competencia en el sector aéreo, las exigencias de las autoridades europeas y los 10.000 trabajadores no son relevantes. Lo que cuenta es que seguro que Gómez convenció a su marido de que rescatara a Air Europa en un día en que le pilló con la guardia baja.

Sánchez no respondió con toda esta información sobre la línea aérea, de la que se lleva más de un año hablando en los plenos (pero, cuidado, el PP sostenía que no quería montar una cacería “gratuita”). Prefirió divertirse con la noticia del futuro congreso del PP y reírse de Feijóo. “Están entretenidos con la casquería que les dan”, dijo sobre las comunicaciones con Ábalos. Y así van matando el tiempo el Gobierno y la oposición en las sesiones de control. Los argumentos no van a llegar a la gente, piensan, así que lo mejor es ir directamente al bajonazo y luego darse la vuelta para recibir los aplausos de la afición.

Los socialistas creen tener controladas las sesiones de control, ya que son todas iguales. No pueden decir lo mismo de Ábalos. El exministro desdeñó el martes la preocupación del Gobierno por la filtración de mensajes privados: “Llevo meses con filtraciones que me afectan a mí, a terceras personas, a mi entorno. Y no ha pasado nada”.

El miércoles, admitió que fue él quien facilitó los mensajes con Sánchez de 2023 –a una persona de su confianza que se supone que es un abogado–, mensajes del momento en que, ya caído en desgracia, intentaba recuperar el favor del presidente. Después, añadió en Twitter que el medio que los publicó le pidió que confirmara su autenticidad: “No me opongo a su publicación porque entiendo que son de carácter positivo”. Seguro que en Moncloa no comparten esa opinión. En realidad, allí creen que su actitud es incomprensible y ya no se fían de él. Ábalos ha contado a este diario que esos whatsapps de hace dos años demuestran que no se le cesó por corrupción. Es una deducción discutible.

No se refiere en esta explicación a los mensajes de 2020 y 2021 en poder de la UCO, entre los que figuran los relacionados con Air Europa. Así que, más allá de lo que fue el rescate de la compañía, no hay que descartar que salga más “casquería” de Ábalos, aunque habrá que estar alerta por si el producto se encuentra en mal estado y alguien acaba intoxicado.

No ha cambiado el fondo, solo el contexto. El líder de la oposición ha pedido este miércoles por enésima vez la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas durante la sesión de control en el Congreso. Como ya hizo tantas veces por los pactos con Junts o ERC, por la investigación a familiares del presidente, por el apagón o casi por cualquier cosa, y que esta vez justificó por los mensajes privados con José Luis Ábalos que publica el diario El Mundo.

“Haga el favor. Se lo pido por favor, señor Sánchez. Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles”, dijo Feijóo para adaptar la famosa cita de José María Aznar a Felipe González. El líder del PP usó esas conversaciones publicadas como munición contra el presidente para volver intentar situarlo en el centro de una presunta trama de corrupción.

“Usted no era el uno que pasaba por allí, era el uno que estaba al tanto de todo. Por eso lo sabía y lo tapó, porque participó, señor Sánchez. Algunos se preguntaban por qué no echó usted al señor Ábalos del Partido Socialista y por qué lo incorporó a las listas del Congreso. La razón es muy simple: porque usted le tiene miedo. Tanto esfuerzo en borrar el móvil del fiscal general del Estado y lo que también había que haber borrado era el móvil del señor Ábalos”, le espetó en su turno de palabra.

Feijóo hizo referencias en concreto a los mensajes publicados este miércoles y en los que Sánchez aborda con su exministro el rescate de Air Europa. “Una compañía aérea que costó 475 millones de euros de todos los españoles y que usted ordenó darle una vuelta para que saliese adelante. Y lo hizo, parece ser, después de que su esposa recibiese unos días antes una llamada para agilizarlo. Le doy una oportunidad, señor Sánchez. Hoy aquí dé la cara ante los españoles. Diga la verdad por una vez y actúe con la dignidad que se merece nuestra nación”.

Pedro Sánchez ha criticado que el PP se “regodee” tras la publicación de sus conversaciones con el exministro José Luis Ábalos y avisó a la bancada del Grupo Popular que esa “filtración” es “delito”. En su réplica, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que el PP pretende “ganar por agotamiento, pero van a perder en 2027 por aburrimiento” porque llevan “siete años” con una estrategia de “judicialización de la vida política, expansión de bulos y desinformación”.

“Ustedes en la oposición, entretenidos con las casquerías que les dan, y este Gobierno mejorando la vida de la gente”, ha asegurado, para avisar a Feijóo que el congreso nacional del PP de julio no va acallar el “runrún de un liderazgo averiado”.

En el siguiente turno, Sánchez ha animado al líder de Vox, Santiago Abascal, a que se presente al congreso para liderar al PP que convocó el lunes Alberto Núñez Feijóo y que se celebrará el próximo verano. 

“En el PP le han comprado todo el pack: el aborto, la eutanasia, la reforma de las pensiones… Ha ganado la batalla ideológica y hasta puede ganar la batalla por el liderazgo”, le ha propuesto Sánchez en la sesión de control al Gobierno.

Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha advertido a Sánchez de que Junts tumbará la reducción de la jornada laboral del Ministerio de Trabajo, que salió hace poco del Consejo de Ministros y ya está en el Congreso para arrancar su tramitación parlamentaria. 

“Se la van a cargar porque son la patronal catalana”, ha dicho Rufián durante la sesión de control al Gobierno, en la que ha reprochado a Sánchez que no haya hecho nada para frenar la ofensiva política, mediática y judicial contra el Ejecutivo. “Se reparten los jueces con la derecha, comercian con un Estado genocida, frenan la ley de vivienda con la derecha catalana y van a dejar que se carguen la reducción de jornada”, ha criticado el diputado republicano.

En estos tiempos de tanto 'true crime' en la televisión, los guionistas del Partido Popular han apostado por el montericidio. Consideran a María Jesús Montero una víctima fácil que dejará un bonito cadáver. No será necesario investigar nada. Todo es a plena luz del día y todos le tienen ganas. Como en la novela de Agatha Christie, son legión los diputados del PP que quieren clavar el puñal a la vicepresidenta. Luego dicen que está muerta –“está cesada de facto”, según Cuca Gamarra–, pero no dejan de acuchillarla. Será para asegurarse o porque les pone la sangre.

Como número dos del Gobierno, no es raro que el PP se centre en ella. Es la intensidad lo que llama la atención desde que Montero fue elegida líder de los socialistas andaluces. En principio, lo tiene muy complicado para poner las cosas difíciles a Juanma Moreno, tanto por su pluriempleo como porque el PSOE lleva tiempo en un estado depresivo en Andalucía. Sea porque el PP no quiere correr riesgos o porque ve en Montero una rival que está en condiciones de despertar a su partido, cada sesión de control es un intento de ridiculizarla.

Andalucía reparte 61 escaños en unas elecciones generales, un 17% del total. En las últimas, el PP sólo pudo sacar al PSOE cuatro escaños de diferencia (25-21) cuando todo parecía apuntar a que la ventaja sería mayor. El escaso botín fue una de las razones de su frustración en las urnas.

Con Pedro Sánchez en Vietnam, Montero tuvo que hacer frente a las preguntas sobre el plan del Gobierno frente a los aranceles de Trump. En un giro que no sorprenderá a nadie, el PP fue capaz de regresar a uno de sus temas favoritos. Todo el planeta está alarmado y obsesionado con lo que haga el presidente de EEUU, pero el partido de Feijóo pretende que el tema no sea ese, sino Catalunya. Ya se sabe que los catalanes son peores que los chinos, aunque sean menos.

El Gobierno plantea “una red de protección para sectores, empresas y trabajadores afectados” por la guerra comercial que ascendería a 14.000 millones de euros. Está orientado fundamentalmente a las empresas que exportaban a EEUU y que ahora se arriesgan a quedarse sin ese mercado. Catalunya es la comunidad en principio más dañada por los nuevos aranceles con unas exportaciones a EEUU por valor de 4.351 millones en 2024. Le siguen Andalucía, con 3.188 millones, y la Comunitat Valenciana, con 2.850 millones. De ahí que Junts haya dicho que a Catalunya le correspondería el 25% del total de las ayudas. Nunca tardan mucho tiempo en presumir de lo buenos negociadores que son.

El PP se enteró y empezó a sufrir espasmos. “Estaban esperando la crisis de los aranceles para beneficiar a Junts”, acusó Gamarra. “La última transacción corrupta la conocimos ayer”, denunció Jaime de Olano. “No hay ningún tipo de sesgo territorial más allá del que signifique que allí (en Catalunya o Andalucía) se ubiquen empresas que tengan exportaciones y un mercado importante con EEUU”, les respondió Montero.

Mientras tanto, el Senado debatió y votó a favor de la reprobación de Montero. La verdad es que no merece la pena extenderse en esa noticia. El Senado funciona como la discoteca privada del PP, donde sólo se pinchan sus temas. Cualquier día de estos llevan a Mario Vaquerizo para que les ofrezca sus grandes éxitos.

Las discusiones sobre el plan de ayudas habían suscitado un amago de distensión en las relaciones del PSOE y el PP. El partido de Feijóo no debía de tenerlo muy claro. En un plazo de 24 horas entre el lunes y el martes, envió tres comunicados a los medios de comunicación para terminar alegando que el Gobierno les expulsaba de las negociaciones al “pactar unilateralmente con el independentismo un cupo arancelario que reparte de manera desigual los recursos de todos los españoles”, algo que los socialistas y el Ministerio de Economía han negado siempre que se les ha preguntado.

En la portada de El Mundo, se presentó como un hecho: “Moncloa cede a Junts un 'cupo arancelario' a espaldas del PP”. Ponga a todo la palabra 'cupo' y ya tiene su titular. Es lo que se lleva en los últimos meses.

En la sesión no podía faltar la pregunta semanal de Elías Bendodo a la vicepresidenta, un fijo desde que ella fue elegida al frente del PSOE andaluz. El diputado malagueño del PP hizo un símil futbolístico con la ausencia de presupuestos tan confuso que Montero no lo entendió. Ni ella ni nadie.

Lo cierto es que Bendodo tiene menos gracia que un esguince de tobillo, pero él no deja de intentarlo. Luego, Montero patinó por todo lo alto al exigirle que retirara “esa superioridad moral y ese tono machista” sin que esté claro en qué los pudo detectar.

Montero no quiso explicar por qué es legítimo no presentar un proyecto de presupuestos frente a lo que dice la Constitución y el PP no quiso definirse y anunciar qué votará cuando haya que ratificar el decreto de ayudas a las empresas por los aranceles. No está decidido y está por ver si la necesidad de mantener la presión sobre el Gobierno es más importante que los problemas de la economía española. La tentación de echar la culpa a los catalanes es muy grande. Feijóo confirmó que de momento no hay acuerdo: “Hoy no estamos más cerca que ayer de apoyar el real decreto ley, que es un parche, no una solución”.

Ni siquiera una guerra comercial es motivo suficiente como para que el Gobierno y la oposición interrumpan sus hostilidades durante un breve espacio de tiempo. Además, las escaramuzas colaterales pueden provocar un incendio mayor que los grandes temas. La diputada del PP Patricia Rodríguez hizo a Óscar Puente una de esas preguntas que sólo son una excusa para repartir cera: “¿Responde personalmente por la auditoría interna de su Ministerio?”. La intención era acusarle de complicidad con Ábalos, aunque resulta que esa auditoría provocó el enfado del exministro investigado por el Tribunal Supremo.

El ministro sacó un asunto de hace nueve años de su marido, que fue contratado como monitor de pádel en un centro municipal de Ávila cuando Rodríguez era teniente de alcalde. La empresa que tenía la concesión se fue al garete, pero recibió otra vez la concesión por parte del equipo de gobierno del PP. No parecía el Watergate o la Gürtel precisamente, pero a Puente le valía.

La respuesta de los escaños del PP no tardó mucho y estuvo en la línea de su comportamiento habitual en esta legislatura. No contaban con que la ministra Diana Morant decidiera contarlo. Está sentada en la fila del banco azul situada debajo de los escaños del PP y está harta de escuchar los comentarios que vienen de las plantas superiores. “No es de recibo que una ministra del Gobierno, por estar aquí sentada, tenga que estar escuchando continuamente insultos como 'gentuza, puteros, payasos' y toda una serie de insultos y faltas de respeto”.

Es una de las grandes contribuciones del Partido Popular a la democracia parlamentaria. Pero no es necesario que la utilicen contra esos mismos diputados cuando se los encuentren en la calle. Permite quitarse de encima el cabreo por lo que sea, pero puede ser constitutiva de delito. En el hemiciclo, por el contrario, tus colegas te felicitan y hasta puede que consigas un ascenso.

En plena resaca del pacto presupuestario alcanzado con la ultraderecha por el presidente valenciano, Carlos Mazón, y con la última hora de la imputación del novio de Ayuso por sus negocios con el Grupo Quirón, la sesión de control de este miércoles ha servido para que el Gobierno pase a la ofensiva con la oposición. “Usted llegó al frente del PP para tapar la corrupción de la señora Ayuso y pretende mantenerse en él tapando la negligencia del señor Mazón”, le ha dicho Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo, al que ha responsabilizado de la deriva política de la Generalitat Valenciana.

“Pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Porque usted elude el cese de Mazón abrazando a la ultraderecha, sacando del Pacto Verde a una comunidad que ha sufrido las consecuencias de la DANA. Qué vergüenza”, le ha dicho el presidente al líder de la oposición.

Aunque en su turno de preguntas ha vuelto a disparar a todo tipo de objetivos, con menciones al Fiscal General, al hermano y a la pareja del presidente o a José Luis Ábalos, Feijóo ha centrado su intervención en los movimientos del Gobierno respecto a los medios de comunicación y en torno a Telefónica.

“Se ha gastado 2.000 millones de los impuestos para comprar Telefónica y extorsionar a los medios de comunicación”, ha dicho el líder del PP tras hacer referencia a una reunión mantenida en febrero por el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, con el presidente de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, que tiene participación en Prisa.

“Hace tres días el presidente de El País le recordó que no puede comportarse como un dictador. No haga un daño irreparable a Telefónica, no juegue con una empresa estratégica, cotizada, con un millón de accionistas, con cien millones de empleos. El dinero de los españoles no está ni para comprar empresas privadas, ni para comprar ni para controlar medios de comunicación”, le ha dicho.  

En el turno de la ultraderecha, el presidente del Gobierno ha reprochado al líder de Vox, Santiago Abascal, su discurso antiinmigración. El dirigente ultra se ha referido durante la sesión de control en el Congreso a la acogida de menores migrantes como un “secuestro institucionalizado” y ha vuelto a culpar a esas personas de todos los problemas del país. 

“Le escucho y pienso: ¡pero cuánto odio destila usted con los extranjeros que vienen a España y trabajan para nuestro país y qué admiración profesa a los oligarcas que trabajan desde fuera para destruir Europa”, le ha respondido Sánchez. “Lo que amenaza la prosperidad de España no es la inmigración, son los aranceles ante los que usted calla, los tecno-oligarcas a los que pone la alfombra roja, los gobiernos como el de [Viktor] Orbán [en Hungría] que ayer ha prohibido manifestaciones de los colectivos LGTBI”, le ha reprochado.

El acuerdo alcanzado esta semana con Junts para reformar la Ley de Extranjería e institucionalizar un sistema de acogida de menores migrantes por las autonomías ha impregnado también las preguntas a otros miembros del Gobierno. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha reclamado al PP que “cumpla” con los acuerdos internacionales firmados y con la solidaridad interterritorial y los derechos humanos de esos menores migrantes que deben ser acogidos por las comunidades autónomas.

Tras el acuerdo entre Carlos Mazón y Vox para aprobar los presupuestos de 2025, Montero ha presumido además que el Ejecutivo central va a cumplir con los compromisos en materia de defensa adquiridos con la OTAN y la UE, mientras ha criticado que el pacto con la ultraderecha lleva al PP al incumplimiento de dichos acuerdos.

“España va a cumplir con sus compromisos internacionales y va a anticipar el 2% del PIB del gasto en Defensa”, ha respondido Montero a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. “Suena a broma”, ha replicado la diputada del PP. “Lleva tres años incumpliendo el mandato constitucional de traer los Presupuestos”, ha señalado, para exigir al Gobierno que someta al Congreso el aumento del gasto en Defensa. “No puede transferir partidas de un ministerio a otro, tiene que pedir autorización al Parlamento y no lo hace”, le ha dicho.

“¿Va a cumplir usted con el Pacto Verde o va a seguir dando amparo al vergonzoso pacto en la Comunitat Valenciana, profundizando en la negación del cambio climático que ha traído las consecuencias devastadoras de la DANA?”, ha señalado Montero, quien ha concluido: “¿Lo van a hacer también en materia de menores? ¿Van a incumplir con el respeto de la dignidad de los niños? ¿Van ustedes a seguir negándose a que podamos distribuir unos niños que se encuentran en una comunidad donde ustedes gobiernan y poniéndose en contra de la dignidad de esos menores y que tienen que salir por dignidad?”.

Yolanda Díaz, a Feijóo: “Tiene dos posibilidades: o dejar caer a Mazón o caer usted”

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reprochado al PP sus preguntas sobre la estabilidad del Ejecutivo. La diputada Esther Muñoz le ha preguntado durante la sesión de control si su postura sobre el incremento del gasto militar ponía en peligro la coalición y Díaz le ha recordado las consecuencias de la gestión del partido de Alberto Núñez Feijóo. “7211 fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid por culpa de los protocolos de la vergüenza y 277 fallecidos por culpa de su gestión en la DANA”, le ha dicho.

“Señor Feijóo, tiene usted dos posibilidades. O dejar caer a [Carlos] Mazón o caer usted”, le ha dicho al líder de la oposición Díaz, que ha reprochado al PP ser una “máquina de inestabilidad” tanto en el futuro como en el pasado. “El Gobierno da estabilidad a la gente de España, 21,8 millones de personas ocupadas, eso es estabilidad”, ha zanjado.

El mundo entero se está volviendo loco por culpa de Donald Trump, pero que no cunda el pánico. El Partido Popular tiene la solución: ha preparado una PNL (proposición no de ley). Otros países cuentan con parlamentarios con experiencia internacional, servicios de inteligencia, think tanks… El Parlamento español dispone de un arma de consecuencias impredecibles, las PNL, declaraciones de intenciones que no obligan a nada. Cuidado, Donald Trump, España puede responder a la imposición de aranceles con una PNL de texto implacable.

Enfurecido porque Pedro Sánchez no se molesta nunca en informar a Alberto Núñez Feijóo de los grandes temas de política internacional, el PP encomendó a una de sus diputadas que presentara esa declaración a los periodistas en el Congreso. No por su experiencia en asuntos de política exterior, que es inexistente, sino porque había dado mucha caña al Gobierno en la sesión de control unos minutos antes. Así se progresa en las filas del PP. Es lo que tiene la oposición. Está ahí para hacer oposición, como su propio nombre indica, y sus protagonistas llegan más lejos cuando llenan de TNT la crónica de sucesos.

Ester Muñoz comunicó a la prensa que España no tiene presidente del Gobierno. Es raro que la gente no se haya enterado antes. “El presidente ahora no habla ni en nombre del Gobierno. Solo puede hacerlo como líder del PSOE, porque hasta su Consejo de Ministros está dividido”. Cualquier día el PP pide que se aplique a Sánchez un protocolo contra las ocupaciones por residir en Moncloa sin merecerlo.

La división dentro del Gobierno de coalición sobre los acuerdos europeos para aumentar el gasto militar existe y nadie puede negarla. Pero todo el mundo sabe también que la política exterior en España la marca Moncloa y una parte de ella, ni siquiera toda, la ejecuta el Ministerio de Exteriores. Los demás ministros tienen derecho a hacer declaraciones en público y no mucho más.

Al menos, la PNL del PP podía servir para conocer qué opina el partido de Feijóo sobre el debate europeo del gasto militar. Ningún partido necesita esperar a ver qué dice Sánchez para tener las ideas claras. Cuánto más hay que gastar, o si no hay que hacerlo, y en qué plazos. Cómo hay que gastar ese dinero. Qué responsabilidades de defensa pueden asumir las Fuerzas Armadas españolas en Europa del Este. Como el PP dice que el Gobierno está condicionado por su división, podría mostrar qué es lo que haría si estuviera en el poder.

Gran error. El PP se niega a contar lo que haría. Aumentar el gasto militar no es especialmente popular en España. Hace más de diez años, los países de la OTAN acordaron subir ese gasto hasta el 2% del PIB. Los gobiernos de Rajoy y Sánchez no hicieron ningún intento efectivo de acercarse a esa cifra. La inversión en defensa se mantuvo en los niveles que habían existido en los años de Aznar y Zapatero, muy inferiores a los de la media de los aliados en Europa.

Para Sánchez y sus socios, el asunto es un auténtico problema, porque España ya no puede seguir prolongando la espera. Lo que ocurre es que el PP tampoco muestra sus cartas. Que sea el Gobierno el que se desgaste. El PP no preside ningún Gobierno de coalición con Sumar ni cuenta como aliados con Esquerra y EH Bildu, pero no tiene mucho que decir sobre gasto militar. El texto de su PNL afirma que hay que cumplir con los compromisos acordados con la OTAN “relativos a la inversión en defensa a la mayor brevedad posible”. Es prácticamente lo mismo que ha dicho Sánchez esta semana, eso sí, sin especificar qué entiende por 'brevedad'.

Un efecto positivo del debate de esa PNL será que se hablará de gasto militar en el Congreso, como se está haciendo en los parlamentos de toda Europa. Tampoco hay que tener muchas esperanzas si los grupos se atienen al texto de la propuesta del PP, tan genérico que no exige concretar nada.

Por lo demás, la sesión de control volvió a demostrar que, con independencia de lo que haga Trump, el PP está más interesado en hablar de Catalunya y Ábalos que de Ucrania. Según la lógica de ese partido, el Gobierno no tiene derecho a hablar de la defensa de las fronteras europeas, porque resulta que se han creado otras dentro de España a causa del pacto del PSOE y Junts sobre inmigración, como dijo Cuca Gamarra. Suena retorcido, pero con Gamarra algunas frases requieren un nivel elevado de imaginación. Como cuando dijo que el Gobierno “ha cambiado el modelo de Estado por la puerta de atrás”.

Cayetana Álvarez de Toledo argumentó que los socialistas han cedido a Junts los elementos esenciales del Estado: “Fronteras y ciudadanía”. Por lo visto, todo lo demás es superfluo. Aparte del hecho de que Junts no gobierna la Generalitat, “no hay cesión del control de fronteras ni del flujo de inmigración irregular”, había dicho antes el ministro de Interior. El PP también denunció que los andaluces son considerados “extranjeros” en Catalunya con el acuerdo, algo que sería un escándalo si fuera cierto. Por mucho que los socialistas no demostraron ser muy inteligentes con la redacción del artículo preliminar de la reforma pactada, que no tiene efectos legales, ningún español se verá privado de su ciudadanía por el acuerdo.

Hasta en la respuesta a la comparecencia del ministro de Exteriores sobre la situación internacional, el portavoz del PP, Carlos Floriano, llegó a incluir la aparición de Víctor de Aldama en una visita de Ábalos a México. Puestos a no olvidar los grandes éxitos anteriores, también hubo tiempo en la sesión de control para incluir a Errejón y Monedero en la pomada, lo que hizo posible disfrutar de algunos de los momentos más venenosos de la jornada. No cabe duda de que el Congreso saca lo peor de los políticos.

Una diputada del PP presumió de que ya sabía quién será el siguiente dirigente socialista que acabará imputado en los tribunales. “Usted sabe que el señor Cerdán será el próximo en caer”, dijo Miriam Guardiola a la vicepresidenta María Jesús Montero. Se basaba en informaciones de un medio de derechas sobre el caso Ábalos basadas en supuestas fuentes anónimas policiales. Ella las vendía como si fueran hechos incontrovertibles con la ventaja de que la UCO no se ocupará de desmentir nada. Montero quedó entre despistada y perpleja y se limitó a declararse sorprendida de que se utilice “información confidencial o sensible”.

El lector debe recordar que el Parlamento es una zona extraterritorial de la Constitución española. Sus miembros pueden hacer afirmaciones que causarían una querella por difamación para cualquier ciudadano que osara llegar tan lejos.

La bronca se puso en el punto más deplorable cuando Ester Muñoz utilizó el caso de Errejón para cargar contra Yolanda Díaz. Hay una parte de la imputación que es inevitable. Las acusaciones a Errejón y Monedero han puesto sobre la mesa la realidad de que algunos dirigentes de la izquierda de discurso cien por cien feminista estaban muy lejos de tener una vida privada a la altura de sus ideas. Eso supone una pérdida de credibilidad para sus organizaciones políticas de la que no te recuperas fácilmente.

Muñoz fue más lejos, porque su intención era ser lo más ofensiva posible. Así se hace carrera en muchos partidos, no solo en la derecha. “Hace cien veces más daño que una mujer permita que la usen para blanquear el machismo que un Íñigo Errejón o un señor Ábalos”, dijo Muñoz para achacar que las ministras de Sumar han hecho lo primero.

Seguro que las mujeres que han padecido abusos tienen una opinión diferente, que lo peor es sufrirlos, no que haya mujeres políticas que se vean ante una situación comprometida. La diputada del PP no pudo ofrecer evidentemente ejemplos de políticas de izquierda que hayan defendido a Errejón o Monedero después de conocer las imputaciones. El blanqueamiento existe fundamentalmente en su cabeza.

Puestos a responder con parecida agresividad, Yolanda Díaz recordó la frase de Feijóo cuando explicó las acusaciones de abusos contra un diputado de Vox con el hecho de que había tenido “un divorcio duro” (lo más probable es que fuera la esposa la que lo tuvo). Ahí se armó la bronca con los diputados del PP gritando para que Díaz no pudiera seguir. La vicepresidenta venía de casa con un libro preparado para enseñarlo en la discusión, 'Los hombres me explican cosas', de Rebecca Solnit, que describe lo que es el 'mansplaining'. Se refería a Feijóo, no a Muñoz, pero aun así no quedó muy claro qué pintaba el libro en el debate.

Fue una estampa rara porque, con el ambiente tabernario que se suele respirar en el Congreso, lo normal es que los diputados solo lleven libros al hemiciclo para tirárselos a la cabeza.

Sin una nueva ración de revelaciones de Aldama, haya o no pruebas que las respalden, el Partido Popular se sintió un poco impotente en la sesión de control del miércoles. Y esta vez las necesitaba de verdad. A lo largo de la jornada circulaba un espectro por encima de los escaños de la oposición. Alguien cuyo nombre no debe mencionarse. Carlos Mazón había propinado el último hachazo a su credibilidad con el anuncio de que no llegó a la reunión del Cecopi, el comité de emergencia, hasta las 20.28 en el día de la DANA. Eso desmentía sus declaraciones, directas o veladas, de los últimos cuatro meses.

Una nube tóxica amenazaba al PP. El partido optó por mantenerse alejado de ella en la medida de lo posible. Alberto Núñez Feijóo había descubierto de repente que el lunes era muy importante dar una entrevista en Telecinco. Cualquier cosa antes que acompañar a Mazón a su desayuno informativo en el hotel Ritz. Para que no cantara demasiado, envió un pelotón de sus diputados encabezado por Miguel Tellado. La idea del PP es que Mazón contamine lo menos posible la figura de Feijóo, si eso es viable. Por eso, tomó todas las precauciones necesarias para no toparse con periodistas en el Congreso, no sea que le preguntaran por el innombrable.

Fuentes del PP prefirieron negar la evidencia antes que tener que hablar de Mazón. “No hay novedades”, dijeron, mientras en la política valenciana no daban crédito ante el último giro de la trama adoptado por el presidente valenciano. Fue un 'plot twist' a la altura de Night Shyamalan. Siempre había dicho o sugerido que, después de su larga comida en El Ventorro y un breve paso por su despacho, había llegado al Cecopi a partir de las siete de la tarde o no mucho después. Su última versión, conocida el miércoles, es que apareció allí a las 20.28, es decir, 17 minutos después de que se lanzara la alerta para su distribución por todos los móviles de las zonas afectadas por la DANA.

Mazón fue el que dijo el 9 de noviembre que se puso en marcha cuando comprobó que el peligro resultaba evidente: "Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las siete”. La única forma que se le ha ocurrido de resolver la situación es decir que las ocho y media de la tarde es “después de las siete y media”.

En el grupo parlamentario del PP, empieza a cundir el nerviosismo al ver que Mazón va por libre. Algunos creen que su acto del lunes fue un error. “El problema es él. No sé por qué se ha metido en esto ahora, tres meses después”, dice un diputado. Otros son aún más duros. Han contado a Europa Press que el partido ya ha asumido que Mazón está “amortizado” y “políticamente muerto”. Sólo queda saber cuándo Feijóo le enseñará la puerta de salida. Ven a Mazón como “un lastre que puede arrastrar a Feijóo”.

El presidente del PP se ha visto afectado personalmente por este rastro de versiones diferentes. Un día después de la DANA, afirmó en su visita a Valencia que había estado en contacto permanente con Mazón: “El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real”. En la cita del Ritz, Mazón ofreció el listado de las llamadas que hizo ese martes con la hora y el destinatario. En ninguna de ellas aparecía Feijóo.

Más madera que perjudica al líder del PP. En más de una ocasión, ha alegado que Mazón ha sido el único responsable político que ha dado explicaciones (la entonces vicepresidenta Teresa Ribera protagonizó una comparecencia específica sobre la crisis). No tiene tanto mérito si las explicaciones incluyen falsedades o no cuentan toda la verdad.

Ahora que la jueza que investiga la tragedia cree que la alerta masiva fue “tardía” y adjuntaba un mensaje “erróneo”, Mazón ha decidido que necesita imperiosamente separarse del caótico proceso de deliberación del Cecopi y de la decisión de enviar el aviso. Prefiere que otros asuman la responsabilidad penal de los hechos sin importarle el descrédito personal que supondrá que se conozca que no se molestó en acudir al centro de operaciones hasta las 20.28. A estas alturas, es probable que le dé todo un poco igual, porque está más muerto que vivo. Todo, menos la posibilidad de acabar en la cárcel.

En el hemiciclo no hubo muchas referencias a Mazón excepto una de pasada que hizo la vicepresidenta María Jesús Montero. Pedro Sánchez y los ministros estuvieron muy lentos de reflejos. En los pasillos, era difícil hablar de otra cosa. “Han pasado cuatro meses”, dijo Diana Morant, ministra y líder del PSOE valenciano. “Cada día cambian de versión. Es una huida hacia adelante. Quiere sostenerse a cualquier precio y quiere ante la jueza superar esas mentiras y versiones que ha ido dando”.

El juego sucio queda reservado para el Senado. Con su mayoría absoluta, el PP ha puesto en marcha una comisión de investigación sobre la DANA y se opone a que se haga otra en el Congreso. Para comprobar las intenciones de sus promotores, sólo hay que ver que han convocado a Sánchez y a seis ministros, además de a responsables de la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. No aparece ningún alto cargo del Gobierno valenciano, más allá de Mazón.

Se han ocupado de dejar fuera a la exconsellera Salomé Pradas que dirigió la reunión del Cecopi y que, según lo que dice ahora Mazón, fue la responsable del envío de la alerta. Pradas fue destituida semanas después y tendría motivos de sobra para refutar en público la declaración de su antiguo jefe. Tampoco estará la periodista con la que Mazón tuvo una comida de tres horas cuando algunas poblaciones ya se estaban inundando.

Por la tarde, los consejeros de Hacienda de gobiernos del PP montaron el pollo por todo lo alto en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se debatió la condonación de la deuda autonómica. Se daba por hecho que votarían en contra, pero había que crear un titular más potente con el que intentar disipar los malos vientos de Valencia. De ahí que decidieron boicotear el encuentro una hora después de que comenzara y antes de que se votara.

A pesar de todos estos esfuerzos, es difícil tapar una nube tóxica de estas dimensiones. Mazón seguirá persiguiendo al PP como una maldición. Es de esperar que los ministros estén más atentos y no lo dejen pasar en sucesivas sesiones de control. El PP pensaba que no tenía más remedio que mantenerlo en el puesto a pesar del indudable coste político y confiar en que la presión se fuera diluyendo con la reconstrucción como asunto principal. Ahora ha comprobado que la contaminación es tan grave que ha llegado a la séptima planta del edificio de la calle Génova, esa en la que está el despacho de Feijóo.

Es miércoles de sesión plenaria en el Congreso y el Gobierno ha enfrentado una nueva sesión de control en la Cámara. Al pleno ha acudido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para responder a las preguntas del Partido Popular sobre su medida de la condonación de la deuda a las autonomías. El Ejecutivo —que con la quita asumiría 83.000 millones de euros de deuda regionales— da por hecho que el PP se encuentra entre la espada y la pared y que su líder, Alberto Núñez Feijóo, presentará oposición a Sánchez en Madrid a pesar de que, luego, sus comunidades autónomas se acojan a la medida.

Mientras, Carlos Mazón sigue tensionando la cuerda sobre su responsabildad en la gestión de la DANA. El president de la Generalitat Valenciana ha presentado versiones nuevas y contradictorias de los hechos ocurridos ese 29 de octubre para defenderse ante la Justicia y dice, cuatro meses después, que llegó al Cecopi a las 20.28, ya enviada la alerta. En noviembre aseguró en público que llegó pasadas las 19.00 horas.

Por otro lado, el juez Hurtado archiva la causa contra el 'número dos' del fiscal general por la filtración del correo de la pareja de Ayuso

Con tanta revista de prensa como hay en el hemiciclo y diputados sacando copias de titulares de los medios para reforzar sus argumentos o posar para la foto como azafatas de concurso televisivo y resulta que el Partido Popular decidió no exhibir el miércoles el último producto de la factoría Aldama. El mejor, sin duda. El más divertido. Una hoja con nombres de provincias y empresas supuestamente escritos a mano por Koldo García y con el aspecto de un ejercicio escolar. Es el papel arrugado que Óscar Puente llamó “papeluco”. Si eso es la ‘smoking gun’, no se puede negar que lanza básicamente humo, en especial si el exasesor de Ábalos no la confirma.

Hubo un tiempo en que lo de tirar de la manta tenía unas resonancias épicas en los casos de corrupción. Amedo tiró tanto que se llevó por delante toda la vajilla de Felipe González. Correa no contó todo lo que sabía, pero lo suficiente como para que el PP tuviera pesadillas. Aldama aporta listados con nombres apuntados o subrayados y le dice al juez que ahí tiene una mina. Va a tener que cavar hasta que no sienta los brazos. 

Todo esto no quiere decir que no haya nada delictivo en el caso Koldo-Aldama-Ábalos. Las respuestas de Koldo García al juez sobre los ingresos que le han encontrado no parecen muy convincentes. El magistrado del Tribunal Supremo ya ha pedido el suplicatorio al Congreso para investigar a José Luis Ábalos por cuatro delitos. Considera que las respuestas que el exministro dio en sede judicial “no se avienen” con los indicios que aparecen en la causa, incluidos documentos. El PSOE ha anunciado que votará a favor del suplicatorio. 

En la sesión de control, puestos a sacar papelotes, el PP optó por no utilizar ese material de Aldama, por más que considere que todo lo que dice tiene que ser cierto. Miguel Tellado se tuvo que conformar con un calendario de citas judiciales en diciembre para casos relacionados con el PSOE. Le daba para hacer unas risas, pero poco más. 

Félix Bolaños mostró titulares de medios de derecha sobre el espectacular enriquecimiento del hermano de Pedro Sánchez hasta terminar con el que anunciaba que todas esas cifras son falsas. Han salido en los medios de los que se nutre habitualmente la oposición.

El PP sí empleó munición de Aldama que ha quedado algo antigua. “Como medida estrella, el piso franco en la calle Atocha 25, donde Ábalos y Ángel Víctor Torres, presuntamente, se veían con señoritas para, eso sí, explicarles lo que el feminismo progresista tanto practica”, dijo Noelia Núñez, del PP. Presentó como un hecho indudable una denuncia sin pruebas hecha por Aldama y negada por el ministro Torres que el propio Aldama desmintió en una entrevista posterior con una radio colombiana. “Yo no he dicho relaciones íntimas”, dijo sobre el uso de ese piso. “¿En algún sitio he dicho yo relaciones íntimas? Yo he dicho relaciones de otros aspectos”.

Hubo, cómo no, espacio para referirse a Begoña Gómez en una especie de Big Mac de la corrupción en el que comparte cartel con Aldama. Ester Muñoz, del PP, afirmó que Aldama “iba a San Petersburgo con la mujer del presidente Sánchez para hacer negocios”. Eso también viene de Aldama, pero no hubo ningún viaje de ambos juntos con un propósito común a la ciudad rusa, como sugirió Muñoz. Si tu función es dar un hachazo a Sánchez o su esposa, no se te puede pedir precisión en los detalles.

El comisionista dijo en una entrevista que coincidieron en el bar de la azotea de un hotel de San Petersburgo durante la Asamblea General de la OMT, junto a otras dos personas que venían con ella. No estaban hablando de “negocios”, comentó. “No se estaba hablando de nada en concreto, sino del evento y estábamos, como se suele decir, de tertulia”.

Alberto Núñez Feijóo intentó que Sánchez repitiera en el Congreso los ataques a algunos jueces. “¿Cree que el poder judicial va contra usted?”, le preguntó. En esta ocasión, el presidente se puso la capa institucional, no mencionó a su mujer ni al juez que la investiga y declaró que “una amplísima mayoría de jueces cumple con su labor”. El presidente quiso dar una imagen triunfal: “Acabamos como empezamos el año, ustedes con el bulo y nosotros con el Boletín Oficial del Estado”. Esto último, si Junts no pone inconvenientes, claro, que la cosa está un poco chunga para el Gobierno.

Era también el día en que Begoña Gómez volvía a comparecer ante el juez Peinado, y esta vez sí declaró, aunque sólo a preguntas de su abogado. Afirmó que no participó personalmente en ningún proceso de licitación como el que ganó una empresa de José Luis Barrabés y que lo que hizo no fue recomendar adjudicar los contratos a esa empresa, sino apoyar el programa que se llevaba a concurso.

Sobre el máster que dirigía en la Universidad Complutense –el último hilo del que Peinado está tirando una vez que los otros se han ido consumiendo–, afirmó haber seguido los criterios administrativos del centro. Negó haberse apropiado de una plataforma digital con un software elaborado por Indra para su cátedra, lo que ya fue confirmado por la universidad en la oficina de patentes. Lo único que hizo fue registrar la marca y un dominio web cumpliendo instrucciones de la Complutense. La plataforma nunca llegó a estar operativa.

Ese máster se financió con fondos privados, no públicos, dijo. Cuando era codirectora del primer máster, fue retribuida con 15.000 euros al año, una cifra que coincide con el actual salario mínimo. Al pasar a ser directora de la Cátedra Extraordinaria, no cobró un sueldo por ello.

A diferencia del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, nadie ha conseguido probar que Gómez se lucrara con estas iniciativas ni ella lo ha reconocido. La única alternativa a eso sería demostrar que todo lo relacionado con ese máster y cátedra era una ficción creada por la Complutense para dar un puesto de baja remuneración y escaso prestigio social a la esposa del presidente del Gobierno.

La UCO de la Guardia Civil examinó todo el asunto y no encontró indicios de delito. El juez Peinado decidió asumir en solitario la búsqueda de pruebas con la oposición de la Fiscalía. No se sabe que haya sacado algo en claro, ya que cada paso de su instrucción es filtrado con celeridad a los medios de comunicación.

En el apartado de los intangibles, la labor de Peinado no ha sido en balde. El PP lleva meses hablando de Begoña Gómez todas las semanas. Puede que al final sea más importante lo que diga Aldama, pero atacar a la familia del presidente es lo que de verdad les pone a cien.

Socialistas y populares llegaron el miércoles al Congreso protegidos por escudos humanos. El PSOE traía de casa un análisis de The Economist para guarecerse de la lluvia y el PP prefirió apostar por el testimonio de Víctor de Aldama, el comisionista que consiguió salir de prisión tras declarar ante el juez que había sobornado a varios miembros del Gobierno.

Los demás estaban más atentos a lo que tuviera que decir Míriam Nogueras, portavoz de Junts, por intentar saber cuánto queda de legislatura. Nogueras dijo que el Gobierno tiene que mover “el culo” para que haya presupuestos. Lo que viene a ser que es posible que haya pacto siempre que María Jesús Montero se ponga las mallas y las zapatillas de correr. De momento, no ha terminado ni el calentamiento.

En la penúltima sesión de control del año, al PP aún le quedaban preguntas sobre las acusaciones de Aldama, aunque todas parecieron un poco desvaídas. La tragedia de Valencia ha monopolizado la atención de todos en las últimas semanas y da la sensación de que la derecha no ha aprovechado bien todo lo que le ofrecía el último giro de lo que empezó como caso Koldo. Lo que ocurre con el PP es que monta tal cirio cuando sale este tipo de noticias que a la semana ya está agotado y sin ideas nuevas. Sólo le queda repetirse. No tiene mayores problemas en sostener que todo lo que dijo Aldama, un pájaro de mucho cuidado, tiene que ser verdad.

Hasta dio por buenas las chulerías de Aldama, como esa frase de la pomada y las quemaduras. “Yo le diría a la señora ministra que vaya a una farmacia a comprar pomada para las quemaduras porque se va a quemar”, dijo, en relación a la vicepresidenta Montero, que no tuvo dudas en afirmar que pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete, eso que todo el mundo evita decir en estos casos.

“Ya es tarde. Ya están quemados”, acusó la diputada Patricia Rodríguez, del PP. No hay ni que terminar la instrucción ni mucho menos celebrar el juicio. Rodríguez ya ha emitido su sentencia.

Miguel Tellado pasó revista a todas las acusaciones de Aldama, no fuera que alguna no apareciera en el diario de sesiones. “Me ha preguntado el portavoz de un delincuente confeso”, le respondió Félix Bolaños. “Usted llega a ministro por su falta de escrúpulos”, le dijo después Tellado, una frase que no deja de tener su gracia viniendo de él.

Unas horas más tarde, Óscar Puente les chafó el entusiasmo. Su Ministerio ha revisado las licitaciones señaladas por Aldama como origen del pago de miles de euros a políticos socialistas. De las 38 obras públicas mencionadas y subrayadas por Aldama, 18 siguen sin licitar. Sólo seis son de la época de Ábalos como ministro de Fomento y cuatro se remontan a los gobiernos del PP.

Ante las arremetidas de Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez optó por la condescendencia, una actitud que no suele funcionar bien en los debates. “No ha tenido su día hoy, señor Feijóo. Un poco flojo”. Y eso que el líder del PP acabó su intervención diciéndole: “Usted es incompatible con España”. Es una frase realmente peligrosa que firmaría sin problemas Santiago Abascal. Los políticos que hablan en nombre de una minoría de diputados –en el caso del PP, 137 sobre 350– deberían cortarse un poco a la hora de afirmar quién representa a España y quién no.

A Sánchez todo eso le resbalaba bastante, porque llegó contentísimo a la Cámara. Con la misma intensidad con que un adolescente salido agarra una revista porno, el presidente había consumido el artículo de The Economist que destaca que la economía española ha sido la “número uno” este año entre todos los países desarrollados al valorar cinco factores: PIB, inflación, Bolsa, desempleo y déficit. A ello se une la última previsión de la OCDE, significativa al no limitarse a la macroeconomía. Calcula que el consumo privado aumente un 2,7% en 2024 y un 2,4% en 2025. Es otra de las razones por las que el PP casi nunca habla de economía, un caso único en los partidos conservadores europeos.

Sánchez mencionó el artículo de The Economist hasta en dos ocasiones para terminar diciendo que “España vive uno de los mejores momentos de las últimas décadas”. Su euforia tuvo un momento bizarro cuando Mertxe Aizpurua preguntó qué pasará con las medidas del escudo social que caducan el 31 de diciembre. Sánchez volvió a referirse al análisis de la revista británica y a presumir de las pensiones y el salario mínimo. Seguro que los destinatarios de las ayudas sociales a las que se refería la portavoz de EH Bildu no estarán entre los que aumenten su consumo al nivel previsto por la OCDE.

“Esperaba una respuesta más concreta”, le dijo Aizpurua. También podía haber dicho que esperaba alguna respuesta, la que fuera, al asunto por el que había preguntado.

El debate tenía otras cuentas pendientes de consecuencias de alcance nacional. Básicamente, si aumentan o disminuyen las posibilidades de que el Gobierno pueda contar con unos presupuestos en los primeros meses de 2025. Como la manta que te tapa los pies o la cabeza, pero no las dos cosas, aún no tiene una fórmula que satisfaga por igual a sus aliados de izquierda y de derecha.

El más reticente es Junts. En su estilo de amenazar y mostrar cara de enfado ante todo lo que ve, ha llegado a proponer a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso, una idea tan peregrina que no se le ocurre plantear ni al PP. En política, nadie se caracteriza por sentir unas ganas locas de suicidarse.

Puestos a jugárselo todo a una carta, el Gobierno debería hacerlo con un proyecto de presupuestos. De momento, no parece contar con el apoyo del partido de Carles Puigdemont. “Estamos haciendo lo que nadie se atreve: exigirles que muevan el culo y hagan el trabajo que deben en Catalunya”, dijo Nogueras en el hemiciclo. De lo que hay que deducir que el movimiento de culo que han visto hasta ahora no les impresiona. Exigen que se cumplan los compromisos firmados, como el traspaso de las competencias de inmigración, un tema en que Junts reclama cosas que están fuera de la ley, como que la Generalitat pueda decidir a qué inmigrantes se expulsa, y el PSOE no ha tenido mucha prisa en concretar.

En ese ambiente de guerra de guerrillas, Junts, PNV y ERC votaron el lunes con el PP y Vox en una Comisión para dejar en cero el impuesto a la generación eléctrica aprobado en 2013 por el Gobierno de Rajoy. La jugada les salió bien, porque el diputado socialista Juan Antonio Lorenzo prolongó el puente de diciembre hasta el lunes en que se votó en una Comisión. Las vacaciones extra le han salido caras. Se arriesga a recibir una sanción de 1.200 euros, el doble de lo habitual por no presentarse en una votación. Alega que no pudo ir a Madrid por una urgencia familiar.

Fue una escaramuza más a la que hay que unir la reunión del Gobierno con todos los aliados para hablar del impuesto a los beneficios de las eléctricas que Podemos había exigido. Junts y el PNV decidieron no asistir. Los vascos la tacharon de “paripé”, en palabras de Aitor Esteban, que reclamó una negociación bilateral más discreta sobre un asunto complejo antes que una reunión colectiva en la que luego se sabrá qué ha dicho cada uno.

No es la primera vez que ocurre en esta legislatura. Demasiados socios con prioridades muy distintas. Lo malo para Sánchez es que esa gente no lee The Economist, al menos no con tanta pasión como él.