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CRÓNICA

No paramos de disparar, pero no lo llamen cacería

Borja Sémper en la rueda de prensa del viernes.

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El responsable de la cuenta de Twitter del PP se dio el gustazo el jueves de incluir a Puigdemont en un tuit: “Qué bien le viene a Sánchez #LaTrama para tapar que a su socio Puigdemont le encausan por terrorismo”. Tranquilos, era una falsa alarma. Casi un descuido. Hace dos semanas, el PP habría agradecido la colaboración de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con una batería de mensajes sobre el apoyo al juez García Castellón en su intento de imputar al expresidente catalán por terrorismo. Ahora eso solo da para un tuit, porque el partido está metido en otro tiroteo.

El mensaje era un pequeño error al contradecir las prioridades del partido. El PP ha puesto todas sus fichas en el casillero del 'caso Koldo'. Forma parte de su estrategia de oposición anunciar cada mes un hecho distinto que va a provocar la muerte de la democracia. Ahora es consciente de que una investigación de corrupción es más peligrosa para un Gobierno que los pactos parlamentarios. Cómo no van a saberlo si ellos mismos lo sufrieron en 2018. Y continúan sufriendo las consecuencias porque siguen en la oposición.

El Partido Popular va a rueda de prensa diaria y se ocupa de rellenar los espacios intermedios con comunicados enviados a los periodistas que se pueden utilizar con la atribución de “fuentes del PP”. Nada que no hagan los demás partidos. Lo que cambia es el contenido. Antes de que llegue la rueda de prensa, hay que calentar el ambiente.

A primera hora del viernes, el PP envió un largo comunicado a los medios para exigir la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, basándose en “lo que hemos sabido de la investigación en las últimas horas”. No exactamente. Lo que hemos leído esta mañana en un medio de comunicación que ha sacado un fragmento del sumario de la investigación judicial.

Ahí es cuando hay que parar el reloj y preguntarse: ¿el juez acusa a Armengol de haber cometido un delito? No. Sólo describe los indicios hallados por la Guardia Civil sobre la venta de mascarillas por la presunta trama corrupta al Gobierno balear que ella presidía. “Aceptó y pagó material sanitario defectuoso, aun sabiendo que no protegía de la Covid y que ponía en riesgo la vida de quienes lo usaban”, dice el texto del PP, que se contradice con lo que dice después, que el Gobierno “almacenó” el material, con lo que no se puso en peligro la vida de nadie (eran mascarillas KN95, no de las de mayor protección).

Una vez que José Luis Ábalos ha sido abandonado por el PSOE por su responsabilidad en la infiltración de un personaje como Koldo García en el Ministerio de Transportes, toca buscar la siguiente presa. Le ha tocado a Armengol por lo mismo que hicieron otros gobiernos autonómicos y ayuntamientos: comprar material defectuoso con la máxima rapidez y ser engañados por suministradores sin escrúpulos, como le ocurrió al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. No es que deban sentirse muy orgullosos por esas decisiones, pero en ese momento, además del personal sanitario, los funcionarios que no podían trabajar desde casa estaban exigiendo –lógicamente– que les facilitaran la protección necesaria para salir a la calle.

Nos vamos a la sede del PSOE o a Moncloa, donde leen ese comunicado y se apresuran a responder. Quien da la respuesta es el equipo de Armengol, quien apunta a la actual presidenta de Baleares, Marga Prohens, de la que dicen que “cedió a las peticiones de la empresa investigada e hizo caducar la reclamación iniciada por el anterior Gobierno balear”. Y evidentemente quien tiene que dimitir es ella, faltaría más. Los partidos ponen a políticos del otro bando en la diana y los periodistas toman nota.

La materia prima de todos estos comunicados está en el sumario de la investigación en la Audiencia Nacional que ya no es secreto –si fuera secreto, daría igual– y en el informe de la UCO de la Guardia Civil que se entregó al juez. Ahí hay pruebas de la presunta comisión de varios delitos y también hechos que quedarán en nada. Por ejemplo, ese viaje del hermano de Koldo García para entregar a Ábalos tres documentos que tienen un valor probatorio entre nulo y escaso. Ahí no hay ningún delito, pero suena chungo. No vale para meter en prisión a nadie, pero sirve para un titular.

Lo malo para el PP es que ese mismo sumario que se utiliza para saltar directamente desde Koldo García y sus secuaces hasta el Gobierno central sirve para hacer lo mismo desde la trama corrupta hasta el Gobierno balear del PP. No es que haya que tomar esto último como un hecho seguro sólo porque figure en un sumario con una frase del juez que dice que las maniobras habrían “surtido efecto” y así cargar más las tintas sobre los investigados, pero lo mismo podría decir el PSOE.

Al final, como decía un tal Alberto Núñez Feijóo sobre las investigaciones del PP valenciano, hay que investigar a fondo pero respetando “la presunción de inocencia de todos los ciudadanos”. También lo dijo sobre la Operación Pokemon. Y sobre José Luis Baltar. Y sobre Juan Carlos de Borbón. Lo ha dicho tantas veces que seguro que sigue pensando igual. Su partido parece que no.

Para apuntalar la ofensiva, Borja Sémper dio una rueda de prensa el viernes antes de comer, es decir antes de los informativos de radio y televisión de esas horas, para confirmar que Armengol “no puede llegar como presidenta al próximo pleno del Congreso”. Con el uso del condicional habitual en estos casos, afirma que los hechos conocidos “apuntarían a que el Gobierno de Armengol compró material a una trama corrupta”. Lo mismo que hizo Almeida con otra trama cuyo juicio está pendiente de celebrarse. Por si alguien lo ha olvidado, a quienes sentarán en el banquillo de los acusados es a los que vendieron las mascarillas, no a los pardillos que las compraron por un precio astronómico.

Sémper había comenzado su intervención refiriéndose a informaciones “que podrían afectar al núcleo más íntimo del presidente del Gobierno”. Es entrañable cómo los políticos hacen uso de los eufemismos. Al final, quiso dejar clara la increíble honestidad de su partido: “Que nadie espere cacerías del Partido Popular”, dijo, mientras se disipaba el humo causado por todos los disparos que había realizado.

Un periodista le preguntó después por eso del núcleo íntimo: “Entendemos (al igual que el Papa, los periodistas emplean a veces el plural mayestático) que se refiere a Begoña Gómez”, la esposa de Pedro Sánchez. Sémper no osó utilizar esas dos palabras, pero dio por hecho que Gómez estaba metida de alguna manera en todo esto. “Un miembro del Gobierno tiene la obligación de abstenerse en las votaciones sobre temas que le afectan de una manera personal”, dijo.

Si es difícil entender la frase es porque Sémper disparaba sin dejar claro dónde estaba la diana. Pero todos sabían a qué se refería. Habían leído el titular con el que abría su portada El Confidencial esa mañana: “Air Europa patrocinó la carrera de Begoña Gómez antes de que el Gobierno rescatara a la aerolínea”.

¿Está el juez investigando esa empresa dentro de la trama de venta de material sanitario que ahora se investiga? No, pero el autor de la información se ocupó de incluir en el artículo que uno de los principales sospechosos asistió a la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo en 2019, donde se reunieron Gómez y el consejero delegado de Globalia, propietaria de Air Europa. Y luego a ese personaje –Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol–, se le adjudica el rol de “nexo de unión entre Air Europa y el Gobierno”, porque Ábalos admitió que se reunió con él por ser asesor de la aerolínea. La empresa recibió un rescate del Gobierno en forma de préstamo del ICO en la pandemia para impedir su quiebra. Y así se construye una historia basada en insinuaciones.

Todo suena muy confuso, porque se ha publicado así de forma deliberada. Gómez, al frente de una ONG promovida por el Instituto de Empresa, recibió el apoyo de Globalia en forma de patrocinios de sus actividades. Por tanto, pasa a ser sospechosa. De Gómez se pasa a Air Europa, de Air Europa y uno de sus asesores se pasa a Ábalos, de Ábalos se pasa al Gobierno, y para empezar ya se ha pasado directamente de Gómez a Sánchez.

El día antes, Cuca Gamarra no se había atrevido a pronunciar el nombre de la esposa del presidente. El viernes, estaba más suelta en una entrevista en Telecinco en la que apareció el rótulo “el PP apunta a Sánchez como señor X” (guiño, guiño). “Ante esas informaciones que vinculan a su mujer con personas de esa trama, que están en ese sumario, que han sido detenidas, y que además la relacionan con empresas que han tenido ayudas públicas, lo lógico es que el presidente dé explicaciones”, dijo cuando le preguntaron por la mujer del presidente. La número dos del PP estaba tan satisfecha por su respuesta que subió el vídeo a Twitter.

Begoña Gómez está, digamos, “vinculada” al consejero delegado de Globalia por ese contrato de patrocinio, pero no a Víctor de Aldama. A menos que Gamarra esté investigando la trama por su cuenta, lo que es poco probable con tanto tiempo como le quitan las ruedas de prensa y las entrevistas. Ella ya está convencida de que esa “trama de corrupción del PSOE” incluye a gente del entorno de Sánchez “incluyendo a su mujer”.

En cualquier caso, la gente puede estar tranquila. Borja Sémper dijo: “No vamos a ejercer cacerías gratuitas”. Es un alivio.

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