Cobrar 20.000 euros en un mes como un complemento extra en el Servicio Cántabro de Salud es posible en la actualidad, como no es nada inusual que determinados especialistas de la sanidad pública de Cantabria cobren, aparte de su nómina mensual, en donde ya se recogen productividades y complementos, pluses variables de 12.000, 10.000 y 7.000 euros de forma puntual.

El pago de peonadas y complementos por productividad en la sanidad cántabra ha escalado en dos años hasta alcanzarse la cifra global de 38 millones de euros de inversión en 2025, prácticamente la misma cifra que, por este concepto, se abonó a los profesionales un año antes, superando todas las previsiones en aquel momento, que ya implicaban un incremento notable con respecto a 2023, cuando los incentivos al rendimiento eran de 1,8 millones de euros.

El gasto público en complementos variables, fuera, por lo tanto, de los ingresos derivados de nómina y subidas lineales pactadas, en un contexto de falta de recursos en la Atención Primaria y de listas de espera en la Atención Especializada, se está traduciendo en el pago de complementos que pueden llegar a 20.000 euros al mes en el caso de algunos facultativos especializados, pero no en la reforma de la estructura de personal ni en la implantación de la jornada de tarde.

Un salto desde 2023

El gasto sanitario de Cantabria en materia de productividades fijas y variables ha experimentado un salto de gran envergadura desde 2023. Si este año el gasto en personal del Servicio Cántabro de Salud (SCS) era de 505,25 millones de euros, dos años después, en el presupuesto de 2025, están consignados 581,54 millones, 76 millones de euros más, de los que 38 millones son la parte correspondiente a 'peonadas' y productividades.

Estos 38 millones de euros son prácticamente la traslación del gasto efectivo que se produjo en 2024 y que superó con creces lo presupuestado ese ejercicio. Para 2025 hay consignados 20,1 millones de euros para pagar incentivos al rendimiento (productividades), pero aparte de ello, fuera de nómina, hay pagos variables como las peonadas que totalizan los 38 millones antes aludidos: 11 millones de euros para peonadas en Atención Primaria; 4,5 millones para peonadas en el Hospital Valdecilla; dos millones para peonadas en el Hospital Sierrallana, y 410.000 euros para peonadas en el Hospital de Laredo.

Ya en 2024, con el nuevo Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP), y con César Pascual al frente de la Consejería de Salud, el presupuesto incorporó incrementos importantes, pero la ejecución real, aun así, los desbordó. De este modo, había consignados 15,27 millones para incentivos a pagar, pero aparte de ellos se presupuestaron 9,2 millones de euros para peonadas de Primaria (finalmente se pagaron 10,67 millones), 2,9 millones para peonadas en Valdecilla (finalmente se pagaron casi dos millones más: 4,8 millones), un millón en peonadas en Sierrallana (también se desbordó el gasto, abonándose 1,7 millones) y 270.000 euros en peonadas en Laredo (que se convirtieron en 450.000 euros). Solo en peonadas, el exceso de gasto fue de 4,35 millones de euros por encima de lo previsto.

Como puede apreciarse, la ejecución real de 2024 es prácticamente la misma que lo presupuestado para 2025, lo que no tiene por qué impedir un nuevo desbordamiento del gasto este año, según las fuentes consultadas, que lo dan casi por seguro. Durante los tres primeros meses de este año se han abonado 2,36 millones de euros en peonadas. Áreas como trasplantes y quirúrgica son las más destacadas a este respecto. Solo la liquidación correspondiente de marzo por productividad variable asciende a 1,46 millones, mientras la de febrero casi rozó el medio millón (474.245 euros) y la de enero fue de 419.676 euros.

Todo ello contrasta con lo que sucedía en 2023, año en el que cambió el Gobierno de Cantabria, pasando de la gestión del bipartito PRC-PSOE a la del PP. Un dato ejemplica esta circunstancia: los incentivos al rendimiento previstos en el capítulo presupuestario de personal ascendían a 1,8 millones de euros, 10 veces menos de lo que hay previsto este año.

Pluses de hasta 20.000 euros

Bajando al detalle, se están produciendo abonos sustanciales, complementarios a las nóminas de los profesionales y que se abonan como “productividad variable”. Destaca en este sentido un plus de 20.000 euros a un médico en diciembre de 2024 y otros dos de 16.250 y 15.950 euros ese mismo mes, según la información consultada por elDiario.es. En marzo de este año, por poner otros ejemplos, hay facultativos que han llegado a ingresar 12.400 euros extra. Es el más alto, pero hay otros de 12.350, 10.150, 7.050, 6.400 y 5.640 euros.

La Atención Primaria tampoco escapa de esta espiral de pluses. La prolongación de jornada ha comportado pagos por el SCS que rondan los nueve millones de euros en 2024 (11 millones son los previstos para 2025). Solo en un mes, en enero de 2025, la Sanidad cántabra reconoció el pago de 199.569 euros en concepto de absorción de jornada (cuando se produce un exceso de la misma), 183.552 euros por autocobertura (reemplazar a otros empleados que se encuentran de baja laboral, vacaciones u otras ausencias no programadas) y 445.402 euros por prolongación de jornada en centros de salud y consultorios rurales.

Subidas pactadas

Todos estos gastos extra se realizan al margen de los ingresos de cada cual mediante nómina. El Gobierno de Cantabria había reconocido incrementos de productividad de 400 euros que se han incorporado como subidas lineales, dentro de la nómina, en el pacto que alcanzó con el Sindicato Médico sin el beneplácito de los demás actores representados en la Mesa de Sanidad, que se consideraban discriminados. Solo el sindicato CSIF dio visto bueno, pero ni CCOO, el sindicato mayoritario, ni UGT, lo hicieron.

Esta subida lineal se pactó como reconocimiento “a la especial dedicación” con argumentos que se retrotraían al período especial que desencadenó en la sanidad cántabra la crisis de la pandemia por coronavirus. Así, aquella subida se justificó en la “puesta de manifiesto de manera extraordinaria durante la pandemia, pero también en el día a día, al incremento constante y continuo de la productividad, a la eficiencia del trabajo desarrollado y como un incentivo para retener el talento dentro de nuestras instituciones sanitarias”.

El acuerdo es aplicable de forma escalada entre 2024 y 2028, con la siguiente distribución anual: primer año: 210 euros al mes; segundo año: 90 euros; tercer año, 50 euros; y cuarto año, 50 euros.

Aparte del “reconocimiento del esfuerzo”, otras razones que se barajan desde el Ejecutivo fueron la necesidad de incrementar la productividad del sistema para bajar las listas de espera, sobre todo en atención especializada, un objetivo que el Gobierno del PP tiene en su agenda, pero que a duras penas se va consiguiendo. Tras dos años de gestión, acaba de situarse por debajo de los 16.000 pacientes en lista de espera quirúrgica. En este intervalo solo ha descendido en 2.500 usuarios del sistema a la cola del quirófano.

Reacciones

Las fuentes consultadas por este periódico consideran que los extras variables deberían conducir a una reforma del modelo para que esa financiación repercuta en más empleo y, a la postre, en una mejora en la oferta de servicio público a los ciudadanos.

Así, en opinión de Marisa Muela, representante del Grupo de Funcionarios Estatutarios SinSiglas, determinadas retribuciones que actualmente perciben algunos profesionales “deberían dejar de materializarse de forma puntual o discrecional, para transformarse en una fórmula estructurada y equitativa”. A su juicio, es necesaria una reforma del modelo basada “en una planificación adecuada de los recursos humanos y materiales, orientada a optimizar la eficiencia del sistema”.

“Solo así se podrán generar beneficios tangibles para el conjunto del sistema público de salud: una mejora real de la calidad asistencial y la creación de empleo estable y de calidad. Porque no se trata únicamente de compensar, sino de construir un modelo sostenible que refuerce los cimientos del servicio público. No se trata solo de repartir, sino de invertir con sentido común: convertir retribuciones puntuales en fórmulas estructurales que mejoren la organización de los recursos humanos y materiales. Porque eso sí genera beneficios reales: mejor calidad asistencial y más empleo digno”, ha valorado.

Por su parte, Arancha Cossío, portavoz de CCOO en materia sanitaria, ha reafirmado la posición de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Cantabria (FSS), que “es contraria al pago de la actividad extraordinaria, salvo en casos de absoluta necesidad”, En este caso, ha considerado que “la imposición de programas extraordinarios sin un análisis riguroso de la actividad ordinaria es inaceptable”.

“Rechazamos cualquier forma de pago que no priorice el empleo de calidad y las condiciones laborales dignas para todas las categorías profesionales. Nuestra prioridad es garantizar condiciones laborales justas y empleo estable para todos los trabajadores, sin concesiones a políticas que precarizan el sector y ponen en jaque nuestro sistema sanitario público”, ha señalado Cossío.

Además, para el exconsejero de Sanidad durante la pasada legislatura y actual diputado autonómico del PSOE, Raúl Pesquera, es “constatable” que el gasto en productividades variables se ha disparado en los dos últimos años, durante la gestión de César Pascual al frente del departamento. “La subida del capítulo que refleja gastos de personal ha sido exponencial desde la llegada del Partido Popular, pasando desde los 505 millones a 581 millones en solo dos años, 76 millones más, de los cuales 38 están vinculados a peonadas, programas especiales y productividades”.

Consultado el Gobierno de Cantabria, este no ha contestado las preguntas de elDiario.es.

Serán diez el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria que beneficiará a las personas trabajadoras eventuales agrarias en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura, según ha aprobado este martes el Consejo de Ministros Se trata de una rebaja queda recogida en el Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del 'Plan + seguridad para tu energía (+SE)', así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.

Con carácter previo, el Real Decreto Ley 4/2022, de 15 de marzo, con medidas urgentes de apoyo al sector agrario por la sequía, ya recogía, en materia laboral, la reducción de 35 a 20 del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria hasta el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, la posterior evolución negativa de las precipitaciones ha empeorado las perspectivas en cuanto a previsión de producciones.

De hecho, el valor medio nacional de las precipitaciones en año hidrológico 2021/2022 en el periodo del 1 de octubre de 2021 al 27 de septiembre de 2022 ha sido de 475,5 mm, un 25,6% inferior al valor normal.

Reducción en la cosecha del olivar

Agricultura ha señalado que este empeoramiento de la perspectiva ha hecho “necesario reforzar y extender” las medidas de protección, sobre todo, ante unas perspectivas de importante reducción en la cosecha del olivar.

El cultivo del olivar, que demanda una gran cantidad de mano de obra, resulta especialmente perjudicado ante esta situación climática adversa, por lo que se ha aprobado reducir el número de jornadas cotizadas a 10 para que los trabajadores agrarios eventuales, en Andalucía y Extremadura, puedan acogerse al subsidio de desempleo y a la renta agraria, para minimizar el impacto de la situación en sus posibilidades de empleo.

De esta forma, las primeras estimaciones de Agricultura reflejan una importante caída del 47% de la cosecha este año con respecto a la anterior. Se trataría de la producción más baja de las siete últimas campañas, al situarse en cerca de 800.000 toneladas en la campaña 2022/2023.

En las campañas de 2012 y 2019, con descensos en la recolección del 54% y del 53%, respecto a la cosecha precedente también se aprobó una reducción a 20 del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en Andalucía y Extremadura.

Debido a que el grueso de la cosecha del olivar finalizará en marzo de 2023, y que se prevé que sea escasa, es también previsible que desciendan de manera notable los jornales correspondientes necesarios para la recolección, que perjudicará las perspectivas laborales de los trabajadores eventuales que habitualmente desarrollan su actividad en el olivar, también a lo largo del próximo 2023.

De esta forma, el Gobierno ha aprobado establecer la reducción del número de jornadas reales cotizadas desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 30 de junio 2023.

Luis Planas ha presentado este lunes ante la comisión de Agricultura del Congreso las líneas que abordará su ministerio durante la legislatura. La intervención tuvo lugar pocas horas después de que concluyera en Moncloa la comisión interministerial de Agricultura, en la que se abordó el contenido del Real Decreto Ley que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros. Las protestas de los agricultores han marcado las primeras semanas del nuevo Gobierno y el decreto incluirá medidas urgentes en la materia.

Planas reconoció la “legitimidad” de las movilizaciones agrícolas y enumeró los aspectos más significativos de la reforma, que tratará de reforzar la posición negociadora de los agricultores, buscar un mayor equilibrio en la cadena y una mayor transparencia en el proceso de formación de los precios.

De la parte que ha trabajado el Ministerio de Trabajo, el Real Decreto Ley también incluirá medidas de apoyo a la estabilidad del empleo y que incrementan la protección social de los jornaleros. Como anunciaron la ministra Yolanda Díaz y el vicepresidente Iglesias, la norma incluirá la rebaja temporal del número de peonadas realizadas para poder acceder al subsidio agrario y un cambio para que la Inspección de Trabajo pueda acceder a las viviendas puestas a disposición de los trabajadores. Además, el decreto incluye la bonificación de la cotización a la Seguridad Social en las transformaciones de contratos eventuales de jornaleros en fijos.

Si bien hasta mañana no conoceremos con detalle las medidas de cada punto, el ministro Planas insistió —como ha hecho en los últimos días— en el “problema de la oferta” y su atomización. Hay muchas cooperativas en España, pocas son fuertes y la posición de los intermediarios es de poder sobre ellas.

“Hemos diseñado un mecanismo para que las cooperativas tengan un papel más activo en el curso de los precios”, avanzó. El equilibrio y la transparencia en los precios se conseguirán incluyendo en los contratos los costes de producción y “prohibiendo” prácticas de competencia desleal. Respecto al papel de los supermercados, con quienes también lleva reuniéndose todo el mes, Planas ha señalado que hacen falta interprofesionales (organizaciones que reúnen a productores y comercializadores para promocionar un producto concreto) en más sectores, como la fruta de hueso. Hasta la fecha, la del aceite de oliva ha funcionado bien.

En el largo plazo, sus grandes ejes de actuación pasarán por defender “firmemente” la dotación de la Política Agraria Común durante la negociación para el período 2021-2027 y en regenerar el campo. Planas parte del dato de que en los próximos diez años dos tercios de los trabajadores agrarios serán pensionistas. Así, apostará por dar “protagonismo” a jóvenes y a mujeres. Y no quiere hacerlo solo a través de ayudas, sino garantizando la rentabilidad de las explotaciones — precisamente la que ha llevado estos días a agricultores y ganaderos a estallar.

“No es una actividad pro-bono”, ha dicho. “Es una actividad empresarial. Es necesario que dé margen”. El resto de líneas de trabajo incluyen el esfuerzo en materia medioambiental, reconociendo que “los agricultores y ganaderos fueron los primeros medioambientalistas de España”, y la “innovación, calidad, sostenibilidad e introducción de nuevas tecnologías” en el sector, porque “España no es un país low-cost”. Planas también ha garantizado que se mantendrá el presupuesto de los seguros agrarios.

En el ámbito pesquero, el Ministerio trabajará en un proyecto de ley sobre pesca sostenible e investigación pesquera, otro sobre acuicultura sostenible y en la digitalización del sector. La pesca, ha dicho, “se ha transformado de forma radical en los últimos diez años” y es un ámbito del que “agricultura tendrá que tomar lecciones”.

Entre el lunes y el jueves de esta semana se han suspendido alrededor de 100 operaciones en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Fueron -tal y como apuntaron desde el propio hospital- 27 el lunes, 31 el martes y cifras muy similares tanto miércoles como jueves. El motivo es el plante de los médicos que solicitan un aumento en su retribución. El miércoles ya se volvió a operar en el área Materno Infantil, y, en el Gobierno de Aragón, confían en que la normalidad llegue con prontitud al resto del hospital (General y Traumatología y Rehabilitación).

Tanto el centro hospitalario como el Ejecutivo autonómico aclaran que la actividad de urgencias discurre “con absoluta normalidad”. Las intervenciones que se han desprogramado, apuntan en el hospital, son las que corresponden a las llamadas “peonadas”, es decir, operaciones que realizan los profesionales (sin tener obligación de hacerlo) por las tardes para aliviar la lista de espera. “Si hay un quirófano libre, se le dice a un médico que tiene fiesta si puede operar esa tarde y se le paga aparte”, explican.

Unificación en las retribuciones

El origen del plante es una circular que el Gobierno de Aragón envió a los centros el jueves de la semana pasada. En ella, se proponía homogeneizar y unificar en todo Aragón la retribución –para estas “peonadas”- de los profesionales. Hasta ahora, apuntan fuentes del Ejecutivo, por la misma intervención se pagaban cantidades distintas dependiendo del hospital. Con esta variación se tasaba un precio fijo para 40 tipos de intervenciones.

Eso suscitó malestar entre los facultativos, por no haber contado con ellos a la hora de negociar el qué y el cómo de esta medida. El pasado lunes, el Gobierno autónomo dio marcha atrás, retiró la resolución y pidió un informe a la asesoría jurídica para ver si este tipo de pagos deben someterse a la mesa sectorial.

Aumento de sueldo sin negociación abierta

Solventada -al menos de momento- esta divergencia, los profesionales solicitaron, a su vez, un aumento en la retribución que reciben: en la actualidad, según la información proporcionada por Radio Zaragoza, cobran 330 euros por cada tarde y su pretensión es llegar a los 450.

Desde el Ejecutivo autonómico aseguran que, en este momento, no hay planteada ningún tipo de negociación acerca de este posible aumento, y se muestran sorprendidos por el plante, ya que, una vez retirada la circular, y, por ende, el regreso a las condiciones previas, entienden que la discrepancia no debería haber ido a más.

Informan de que se están teniendo reuniones dentro del hospital y, como afirmó el gerente del Servicio Aragonés de Salud en Radio Zaragoza, entre los propios profesionales hay división, con algunos que quieren seguir con el plante y otros que optan por volver a la normalidad.

Movilizaciones del sindicato de médicos

La secretaria general del sindicato de médicos (CESM Aragón), Mercedes Ortín, sostiene que el Gobierno de Aragón cometió “una torpeza brutal” al tratar de unificar esas retribuciones “pero con precios de 2008”. Una vez que se revertió la situación, aclara que su sindicato no está liderando el plante, sino que es una medida tomada a título personal por algunos profesionales.

Lo enmarca, eso sí, en el “malestar general” que hay en la profesión por otros aspectos. En una nota de prensa enviada por el sindicato el pasado martes, acusaban al Ejecutivo autonómico de tener un “desprecio absoluto por la negociación colectiva” (sin referirse en ningún caso a la solicitud que origina el plante).

Se queja el sindicato de que el Ejecutivo “se ha limitado a convocar una mesa meramente informativa para comunicarnos que se aprueban dos decretos Ley: sobre medidas retributivas en materia de personal con carácter de urgencia y sobre la aplicación del complemento de IT desde el primer día”.

Entre las peticiones de los profesionales, que, según ellos, no han sido escuchadas, están levantar la suspensión de los niveles de carrera suspendidos desde 2010; recuperar las pagas extras íntegras; aplicar el incremento del 0,25 % de forma porcentual a lo recortado a los grupos A1 y A2 en 2010 y no lineal; tener una jornada laboral de 35 horas; aplicar el complemento de IT desde el 15 de julio de 2018; recuperar la aportación del promotor al Plan de pensiones, y eliminar de la modificación del criterio de jubilación voluntaria de los funcionarios de las clases pasivas.

A estas peticiones se refiere Ortín, y en su rechazo encuadra esa molestia generalizada que ha llevado a algunos profesionales a plantarse. La secretaria general recuerda que tienen previstos parones (referidos a las solicitudes recién comentadas) los días 7 y 21 de febrero y 7 y 21 de marzo. Serán paros de 10 minutos en todos los centros sanitarios.

El Congreso de los Diputados ha aprobado en el pleno de este jueves la enmienda al Proyecto de Ley para paliar los efectos de la sequía que se tramitó en el Senado que recogía la reducción de 35 a 20 en el número de peonadas para que los trabajadores del campo puedan acceder al subsidio agrario o renta agraria en las comunidades de Andalucía y Extremadura, tras un periodo de gran sequía.

La votación se ha saldado con el voto afirmativo de todos los grupos parlamentarios salvo PNV y PdeCAT, que se han abstenido. La enmienda añade dos párrafos nuevos con el objeto de explicar el sentido de la nueva Disposición adicional Octava sobre le reducción del número máximo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores eventuales agrarios.

La nueva disposición adicional recoge que la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agraria se realiza en favor de los trabajadores eventuales agrarios de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, “afectados por el descenso de producción como consecuencia de la sequía”.

Así, los trabajadores agrarios por cuenta ajena de carácter eventual que residan en el ámbito territorial de Andalucía y Extremadura, podrán ser beneficiarios del subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, o de la renta agraria por el que se regula dicha renta para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Esto se producirá aun cuando no tengan cubierto el número mínimo de jornadas reales cotizadas establecidas siempre que cumplan los requisitos de tener cubierto un mínimo de 20 jornadas reales cotizadas en los doce meses naturales inmediatamente anteriores a la situación de desempleo; reunir el resto de los requisitos exigidos en la normativa aplicable y solicitarlo dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley.

Fue el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, quien anunció en el pleno del Parlamento andaluz que el Gobierno central reduciría de 35 a 20 el número de peonadas para que los trabajadores del campo puedan acceder al subsidio agrario. Así, proclamó dicha reducción para que “nadie pierda su derecho a la renta agraria”, e indicó que el Ejecutivo nacional garantizará así que 205.000 trabajadores del campo percibirán el subsidio agrario a pesar de la sequía.

De otro lado, el coordinador de la Interparlamentaria y diputado por Sevilla en el Congreso, Antonio Pradas, defendió que la reducción de peonadas de 35 a 20 para el acceso al subsidio y la renta agraria en Andalucía y Extremadura es “una chapuza legislativa” que, según aseguró, “va a dejar fuera a miles de trabajadores” del campo andaluz y extremeño.

El presidente del PP de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha anunciado este viernes que el Gobierno de España rebajará de 35 a 20 el número de peonadas “para que nadie pierda su derecho a la renta agraria”. Durante su turno en la sesión de control en el Parlamento de Andalucía, ha aprovechado para anunciar la medida y que tiene impacto en esta comunidad autónoma y en Extremadura.

El líder del PP en Andalucía ha desvelado también que la medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de septiembre de 2017 y garantiza que 205.000 trabajadores del campo percibirán el subsidio agrario a pesar de la sequía, satisfecho de poder adelantar la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy en un escenario como el que este viernes le ha brindado el Parlamento de Andalucía.

Ha recordado que es la tercera vez que el Gobierno de Mariano Rajoy toma esta medida y demuestra que es “sensible” con Andalucía, para recordar que su formación ha impulsado la propuesta a través de una modificación en el proyecto de ley para paliar los efectos de la sequía.

En concreto, beneficiará a 56.8263 trabajadores del campo en Andalucía y garantizará que la sequía no afectará a la percepción de estas ayudas a los más de 205.000 trabajadores de esta comunidad autónoma y de Extremadura que al año se benefician de las mismas.

Posteriormente, la Delegación del Gobierno en Andalucía ha aclarado que ya se han ha iniciado las actuaciones necesarias para rebajar de 35 a 20 el número de peonadas. Para llevar a cabo la medida, se han promovido las correspondientes enmiendas parlamentarias. “Ello quiere decir que ningún trabajador agrario de Andalucía y Extremadura perderá el derecho al subsidio agrario por una mala evolución de la cosecha como consecuencia de la sequía”, informa en un comunicado remitido este viernes por la tarde.

Según los datos recabados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapama), se ha registrado una caída en la producción del olivar respecto a la campaña anterior del 20%, en el caso de Andalucía, y del diez por ciento en Extremadura.

Los hospitales públicos aragoneses han tirado de horas extraordinarias y prolongaciones de jornada de sus médicos ante la falta de medios para hacer frente a las listas de espera. El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, cuantifica en casi 9.000 las intervenciones quirúrgicas realizadas en el último año en esos centros mediante la fórmula de las peonadas, a las que la Administración se refiere como “autoconcertación” y que han tenido un coste de 810.047 euros, a menos de 100 por operación.

“Se realiza con recursos humanos y materiales propios y fuera de la jornada ordinaria de trabajo”, señala en una respuesta parlamentaria a la diputada del PP Carmen Susín, en la que señala ese modelo como “una de las herramientas que el sistema público de salud de Aragón utiliza para reducir las listas de espera tanto en pruebas diagnósticas y consultas externas como en intervenciones quirúrgicas”.

Celaya sostiene que el autoconcierto es “solo una herramienta más de las que el Departamento de Sanidad viene utilizando, con resultado más que notable, para la reducción de la lista de espera quirúrgica, objetivo estratégico para toda la legislatura”, ya que la cifra de 2.717 aragoneses en “lista de espera quirúrgica de carácter estructural (por motivos atribuibles al servicio de salud) de más de 6 meses” de agosto de 2015 se había reducido a 2.166 en abril de este año, “lo que supone una reducción del 20,2%”.

6.000 cataratas en un año

El hospital que más tira de esta fórmula es el Provincial de Zaragoza, donde las 6.000 operaciones anuales de cataratas han tenido un coste de 219.098 euros en los últimos tres años. Le sigue en volumen el Miguel Servet, en el que, entre el 1 de noviembre y el 7 de junio, se han realizado 2.547 intervenciones quirúrgicas de varios tipos (cardiología y neurocirugía incluidas) con un coste de 317.118 euros.

En el Clínico, 200 operaciones de cirugía ortopédica y traumatología, angiología y vascular, entre otras, realizadas del 16 de noviembre al 13 de enero y el pasado mes de abril han salido por 127.487 euros, mientras en el Royo Villanova se contabilizan desde mediados de noviembre otras 200, más el apoyo a las intervenciones de cataratas en el Provincial, que suman un coste de 117.611.

Fuera de Zaragoza, el único centro hospitalario con un volumen destacable de peonadas ha sido el de Barbastro, donde las 128 operaciones efectuadas entre enero y marzo de 2016 costaron 27.200 euros y las 17 practicadas este año suponen 811. La cifra es más reducida en los hospitales de Huesca, Teruel y Alcañiz y no se realizan en el de Jaca.

Cumplir los niveles de actualidad

Celaya, no obstante, admite que esta fórmula, que se aplica en centros cuyos médicos “hayan cumplido los niveles de actividad pactados” dentro de su jornada y en el que se priorizan “las actuaciones sobre aquellos pacientes que llevan un mayor tiempo de espera”, es, en el fondo, una rémora de las prácticas sanitarias de hace casi medio siglo. “El autoconcierto como ampliación de la jornada ordinaria –señala- viene a dar respuesta a la necesidad de optimizar los recursos materiales del sistema público de salud dado que tradicionalmente y derivado de las normas de los años 70, la actividad ordinaria se concentraba en horario de mañana”.

El Departamento de Sanidad y las direcciones de los centros aplican, para cubrir esas peonadas, fórmulas como programar operaciones por las tardes para los médicos que optan por renunciar a las guardias tras cumplir los 55 años, que reciben a cambio un plus; establecer prolongaciones de jornada propiamente dichas, con su correspondiente remuneración, y, ya sin pagos extraordinarios, permitir que algunos médicos libren alguna mañana para trabajar por la tarde y formalizar contratos con turnicidad.

La realización de peonadas es voluntaria por parte de los médicos, mientras que sus servicios deben cumplir varios requisitos como tener “dificultades importantes y mantenidas en el tiempo para la cobertura de sus plazas de facultativos” y cubrir en su jornada ordinaria “el nivel de actividad pactado y recogido en el correspondiente Acuerdo de Gestión Clínica que firman con la dirección del hospital cada año”.

Los pacientes incluidos en esta modalidad deben llevar al menos 120 días de “espera ‘estructural’, es decir, atribuible al propio sistema de salud y no a otras causas” como rechazos y patologías intercurrentes.

Después de meses retrasando la medida y para desesperación del colectivo, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la reducción de 35 a 20 el número de peonadas mínimas necesarias para acceder al subsidio agrario en Andalucía y Extremadura. Se aplicará a aquellos trabajadores que tuvieran 20 jornadas reales cotizadas en los 12 meses anteriores. Será por seis meses desde la entrada en vigor del decreto ley, tal y y como ha expuesto la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria. La medida tiene efecto retroactivo desde el 1 de septiembre de 2014 y va a beneficiar a 52.272 andaluces y algo más de 3.843 extremeños.

Se trata de una medida se toma por la baja producción en la campaña del olivar, como se reivindicaba desde Jaén, la principal productora en nuestra país. De hecho, en Andalucía la producción de aceite se ha reducido más de la mitad. Esta resolución la propuso la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y es fruto del diálogo con los representantes de las organizaciones agrarias COAG y Asaja, y de los sindicatos UGT y CCOO.

No es la primera vez que el Gobierno de la Nación toma una medida de esta naturaleza, ya que también aprobaron una reducción idéntica en el número de peonadas para responder a la pérdida de empleo provocado en la campaña de la aceituna en 2012 debido a la sequía.

Distribución de las partidas

En total supondrá desembolsar 192 millones de euros para estos trabajadores, de los que 179 se destinarán a Andalucía. Cabe recordar que desde 2012 se mantienen los recursos para el Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea), que tiene una dotación de 216 millones de euros, de la que el grueso va para Andalucía.

Los 52.272 beneficiarios de Andalucía se distribuyen de esta manera por provincias: Almería (794), Cádiz (3.105), Córdoba (10.328), Granada (8.527), Huelva (1.293), Jaén (14.647), Málaga (4.672) y Sevilla (8.906). En Extramadura, son 2.781 en Badajoy y en Cáceres, 1.062.

La ministra ha subrayado también en Jaén que el Gobierno de la Nación destinará a Andalucía 147 millones de euros que, según ha avanzado, se va a aprobar la próxima semana y de la que se van a beneficiar “todas las provincias” en el marco del Profea. “Los fondos para el fomento del empleo agrario en toda la legislatura han sido un 6,5% a la anterior”, ha dicho.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto ley por el que reduce de 35 a 20 las jornadas mínimas necesarias que los trabajadores eventuales del campo tienen que reunir para poder acceder al subsidio y la renta agrarios.

Así lo ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando ha señalado que la medida se aplicará en Andalucía y Extremadura para aquellos jornaleros que tuvieran 20 jornadas reales cotizadas en los doce meses anteriores, y que su ámbito temporal de aplicación es el de seis meses desde la entrada en vigor del decreto.

Sáenz de Santamaría ha explicado que se toma esta medida por la baja producción en la campaña del olivar y ha detallado que en Andalucía la producción de aceite de almazara se ha reducido más de la mitad.

La 'número dos' del Ejecutivo ha asegurado que la reducción de las peonadas es “una medida hablada con el sector” y ha añadido que afectará a más de 56.000 jornaleros.

Por último, ha recordado que esta no es la primera vez que el Gobierno adopta una medida de esta naturaleza ya que hace dos campañas también se aprobó la reducción de 35 a 20 de las peonadas mínimas necesarias para acceder al subsidio o la renta agrarios, modulación que estaba motivada en aquella ocasión por la reducción de la producción como consecuencia de la sequía del olivar.

El PSOE ha pedido en el Congreso de los Diputados, a través de una propuesta de resolución, que el Gobierno reduzca o, en su caso, elimine el número mínimo de jornadas reales cotizadas que son necesarias para poder acceder al subsidio o la renta agrarios.

Según recoge una de las propuestas de resolución que los socialistas han presentado al Debate sobre el Estado de la Nación en materia de Empleo y Seguridad Social, pretende que la medida favorezca a los trabajadores eventuales del campo de Extremadura y Andalucía, especialmente a los que trabajan en el olivar, afectados por la drástica reducción de la cosecha en la temporada que acaba de terminar.

Como ya hicieran una proposición no de ley presentada en la Cámara, el PSOE quiere que, además, se ponga en marcha un programa extraordinario de fomento del empleo agrario que promueva jornales para estos trabajadores del campo.

Del mismo modo, piden que, “de forma extraordinaria y para este año”, el Gobierno permita que los trabajos y jornales de los programas de empleo de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales computen para percibir el subsidio o renta agraria a los jornaleros.

Otro viernes ha pasado sin pena ni gloria para los más de 130.000 jornaleros eventuales, del campo andaluz y extremeño, que cada semana aguardan un decreto del Gobierno: el que propone la reducción del número mínimo de peonadas para tener derecho al subsidio agrario. La próxima oportunidad para aprobar el decreto será el próximo viernes 27 de febrero. La siguiente, el 6 de marzo, fecha que coincide con el inicio de la campaña electoral en Andalucía.

En la sesión de control al Gobierno del 16 de diciembre, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, anunció una reunión para reducir las peonadas. El 22 de diciembre se reunió con los agentes sociales y propuso aplicar la misma fórmula que en 2013, rebajar a 20 –desde 35- el mínimo de jornales para acceder a la renta agraria.

Un anuncio criticado por los sindicatos, por PSOE e IU, que reclaman una rebaja más drástica –incluso la supresión del mínimo- para garantizar la supervivencia de las familias que no han conseguido trabajar este año. Báñez ha prometido “flexibilidad” en la aplicación del decreto y “retroactividad”. Lo que no ha comprometido es una fecha. A comienzos de febrero, la delegada el gobierno en Andalucía aseguró que la aprobación era inminente. El tercer Consejo de Ministros del mes de febrero ha concluido sin el documento que permita a los jornaleros tramitar la renta agraria con menos de 35 peonadas. Menos de 53 en el caso de los menores de 25 años sin cargas familiares.

Esta semana, eldiario.es/Andalucía ha preguntado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre sus previsiones para aprobar el decreto y las condiciones del mismo. La respuesta ha sido que “actualmente, en el marco del diálogo social, el Gobierno está estudiando la adaptación de medidas de carácter extraordinario y urgente en relación con esta materia, previa a constatación de la situación por los órganos competentes”.

“Chorros de gente”

Los alcaldes del Partido Socialista en la provincia de Jaén advierten que son “chorros de gente” los que desfilan por los servicios sociales o piden cita con el alcalde para trasladarle un problema similar. Sin ingresos y sin opción a subsidio. “No se puede imaginar las situaciones que se viven, con personas llorando a lágrima viva porque no tienen opción alguna”, lamenta el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo.

Desde diciembre, un grupo de alcaldes del PSOE de Jaén ha convocado concentraciones en sus municipios y también han participado de otras –siempre en un número inferior a 20 para evitar trámites - en la Moncloa y, en tres ocasiones, ante la Subdelegación del Gobierno en Jaén. Su mensaje siempre es el mismo: “la campaña ha caído de manera brutal, hay que eliminar los jornales, no vale la reducción simplemente”, relata el alcalde de Jódar.

Una idea que comparten con sus hasta ahora socios de gobierno en Andalucía, cuyos cargos públicos también han reclamado la eliminación del mínimo de peonadas ante la caída de la cosecha de aceite, la principal campaña agrícola del campo andaluz, por volumen de jornales eventuales –en torno a 23 millones en un año bueno- y porque se desarrolla en invierno, un periodo donde la actividad agrícola es menor.

En el Partido Popular, los alcaldes consultados defienden la gestión que la ministra está realizando. “Se ha dicho que se van a reducir, pero no se puede saber hasta que no se produzca el cierre de campaña”, sostiene el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno. Sí admite que algunos de sus vecinos le han trasladado cierta preocupación por el retraso.

En su municipio, en torno al 70% de la población depende directamente del olivar, aunque ese porcentaje engloba a todos los sectores, no solo a los eventuales. Moreno matiza que la demora se debe a que “un gobierno responsable trabaja sobre datos reales”. En esa misma línea se expresa el alcalde de Frailes, José Manuel Garrido, quien recuerda que la ministra “dijo que el decreto va a ser flexible y retroactivo, y hay que confiar”.

Confianza

Obviamente esa confianza no la mantienen los alcaldes socialistas porque “la gente está yendo a solicitar la renovación del subsidio y le exigen todavia los 35 jornales”, explica el regidor de Espelúy, Pedro Bruño, “y por supuesto ni tienen 35 ni llegan a 20. En muchos casos llegan a escasos 3 o 4”. Esta situación repercute sobre los servicios sociales comunitarios, advierten, que notan una mayor demanda ayuda para familias que dan por hecho que es imposible reunir los jornales mínimos a esta alturas “porque ni siquiera hay tareas de poda este año, porque también se ha adelantado. La gente está buscando esos 35 jornales debajo de las piedras”, explica la alcaldesa de Peal de Becerro, Ana Dolores Rubia.

No solo piden la rebaja de peonadas, también un plan de empleo extraordinario, como los que se han impulsado en Extremadura y Canarias en los últimos años, para asegurar que las personas que no tienen el mínimo de jornales puedan completarlos. “Hay mucha necesidad, 15 días de trabajo”, subraya Rubia, “que nos puede parecer poca cosa, pero es muy importante para muchas familias que lo están pasando mal. Con 15 días no les vas a solucionar la vida pero si le alivias ciertos problemas”.

Pese a los anuncios de la ministra de Trabajo Fátima Báñez, el Gobierno no acaba de aprobar la reducción de peonadas para acceder al subsidio. La situación está perjudicando a miles de trabajadores y trabajadoras del campo extremeño que no han reunido las suficientes jornadas este año debido a la mala campaña del olivar y el veto ruso.

El Gobierno se comprometió el pasado mes de diciembre con los sindicatos a aprobar esta reducción del número mínimo de jornadas y, sin embargo, está demorando de manera injustificable su cumplimiento, insensible a la situación de los trabajadores.

La Federación Agroalimentaria de CCOO no entiende el por qué de este retraso e insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a actuar con urgencia, ya que la situación de ambigüedad que ha generado está siendo utilizada por empresarios “desaprensivos” que se estarían aprovechando del estado de necesidad de los trabajadores.

El sindicato rechaza que sean  instrumentalizados los intereses de los trabajadores y trabajadores agrarios en el marco del escenario electoral y no se establezca de una vez por todo un mecanismo estable para hacer frente a las pérdidas de empleo motivadas por causas ajenas a los trabajadores sin verse sometidos a los intereses partidistas del momento.

El pasado 22 de diciembre, la ministra de Trabajo anunció que su Gobierno bajaría el número de jornales mínimo para acogerse al subsidio agrario. A día de hoy, el decreto aún no se ha aprobado. Oficialmente, en un año como este en el que la campaña de aceituna es un 60% inferior a la anterior, se necesitan 35 jornadas de trabajo. La rebaja dejaría en 20 el requisito mínimo para asegurarse 426 euros, durante 6 meses, de la renta agraria. Pero aún, quien lo solicite, debe acreditar 35. Una cifra casi imposible ahora que la aceituna, la principal campaña agrícola de Andalucía ha finalizado. En un año bueno se estima que proporciona unos 23 millones de jornales. Este año no generará ni la mitad. Lo que cierra las espectativas de los eventuales del campo andaluz que no ven alternativas laborales, en un horizonte próximo, para lograr los jornales mínimos que les aseguren el subsidio.

La desesperación fomenta rocambolescos intercambios para reunir esas peonadas mínimas. Juana y Pilar –no son sus nombres reales, una denuncia real les acarrearía problemas futuros- son dos de las jornaleras que han accedido a contar su experiencia a eldiario.es/Andalucía. La primera ha reunido los 35 jornales. Ahora mismo vive de los exiguos ahorros a la espera de solicitar, cuando corresponda, la renta agraria y aguardando cualquier empleo temporal que pueda cubrir sus gastos y los de su hija.

De esas peonadas, 28 las ha pagado íntegramente: su parte y la del empresario. La única opción de trabajo que encontró. “O esto o no le puedo dar de comer a mi hija”. Así de sencillo. Firmó un contrato convencional, con 60 días de trabajo y jornales de acuerdo a convenio. Pero “sabía perfectamente lo que hacía, no puedo decir que me engañaran”. Por su cuenta corrían los desplazamientos hasta el tajo, el pago de averías de la maquinaria utilizada y combustible para la maquinaria y la cotización a la seguridad social.

El trato incluye trabajo a destajo y 16 pesetas –no es un error, pesetas no céntimos de euro- por kilo de aceituna recogida. “Algunos días, cuando ajustabas la cuenta, habías trabajado por 7 u 8 euros”, relata Pilar. Otras veces, “da vergüenza decirlo, ni siquiera habías ganado para pagar el bocadillo de chóped que llevabas al trabajo”, señala Juana, “si no llega a ser por mis padres…”. Cuando se les pregunta por qué aceptan esas condiciones recurren a dos de las frases que les decía el patrón cuando protestaban: “Si no te conviene, hay gente por todos lados” o “los moros y los bolivianos no se quejan”.

Por las peonadas mínimas

Por las peonadas mínimas“Hay quien ha trabajado sólo por juntar las peonadas mínimas para conseguir el subsidio, sin cobrar el jornal”, lo explica el secretario de la federación agroalimentaria de UGT-Jaén, Antonio Marcos. Insiste en que no es la generalidad, pero “años malos, como este” son más propicios porque hay más trabajadores en el mercado y menos empleo. Los sindicatos son conscientes de las irregularidades. Año tras año advierten y denuncian lo que los trabajadores les relatan. Pero los jornaleros no se atreven a denunciar o se desdicen ante la inspección de trabajo “por miedo”, justifica. “Si denuncian, económicamente les compensa poco y además tienen problemas para trabajar, no en esa empresa, en cualquiera en un radio de 50 kilómetros”.

Por eso las denuncias se quedan en testimonios, en voces que piden protección. Esperan no repetir en esa empresa aunque no saben qué ocurrirá el año próximo. “A lo mejor tengo que volver a recurrir a ellos”, señala Pilar. Ella sólo ha conseguido 20 peonadas. “Al ajustar cuentas no me podía pagar más”, relata. Ahora aparece una nueva duda: la aprobación del decreto que rebaja el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario.

Águeda y Juan –son sus nombres reales- son un matrimonio de jornaleros de Jódar. En la última campaña han trabajado durante 21 días. El año pasado superaron los 40 jornales en la aceituna y después se fueron a la campaña de fresa, pero este año “está todo fatal”. Sus padres les dan de comer a ellos y a sus dos hijos y con la ayuda de los hermanos van haciendo frente a la hipoteca. Su esperanza es que, mientras encuentran algo, la reducción de peonadas les garantice el subsidio durante seis meses.

Desde que Báñez anunciara la rebaja en vísperas de la Navidad no ha habido nuevas precisiones. A comienzos de febrero, la delegada del gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, aseguró que se aprobará “en este consejo de ministros [por el viernes 6 de febrero] o en el siguiente o en el siguiente” y garantizó que tendrá carácter retroactivo. El PSOE tiene prevista una interpelación en el Senado para exigir a Báñez que acelere del decreto. Mientras tanto, unos 130.000 trabajadores eventuales del campo, entre Andalucía y Extremadura, aguardan una respuesta.

Los 22.000 jornaleros de la región que están pendiente del cambio, andan más cerca de poder acceder al subsidio (seis meses a 426 euros) con solo 20 peonadas, según han declarado los sindicatos este lunes tras reunirse con la secretaria de Estado de Empleo, la extremeña Engracia Hidalgo (Mérida, 1957). Se reducirá la exigencia desde las 35 peonadas si se confirman los datos de baja cosecha en el olivar.

Los conocidos hasta el mes de octubre deben mantenerse también en los meses de noviembre y diciembre.

Así se lo ha trasladado la secretaria de Estado de Empleo a los representantes de CC OO, UGT, Asaja y COAG en una reunión que han mantenido en Madrid y en la que, según anunció la propia ministra el pasado martes en el Senado, ya estaba prevista abordar la rebaja. El encuentro ha servido para confirmar que si los datos del descenso en la producción se mantienen en toda la presente campaña se llevará a cabo la reducción.

De ese modo, el Gobierno publicaría un decreto que recogería una reducción de 15 peonadas, como ocurrió en la campaña 2012/13 afectada, como ésta, por un drástico descenso de la producción, que perjudica a Extremadura y a todas las provincias andaluzas, y con una duración de seis meses, según han trasladado las organizaciones sindicales.

El secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC.OO. de Andalucía, Antonio Perianes, ha explicado que para el olivar la caída de la producción hace que sea muy difícil alcanzar las 20 peonadas, pero que como la medida tiene un carácter general, “va a haber muchos trabajadores que no trabajando en el oliva van a ver suavizadas las condiciones para tener acceso al subsidio”.

Si los datos de los meses pendientes se mantienen en valores similares a los anteriores, podría ser suficiente que se aprobase un Decreto Ley como el que fijó la reducción de las peonadas para la campaña 2012/13. En caso contrario, que los datos fueran otros y no fuera posible, “pediríamos otro encuentro para ver alguna medida adicional al propio decreto y poder afrontar esa caída de producción”.

El secretario general de la Fitag UGT-A, Pedro Marcos, cree que en todo caso, dada la bajada de empleo por la mala cosecha, será necesaria alguna acción especial y adicional para los trabajadores dedicados a la aceituna de molino.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado este miércoles que el Gobierno rebajará el número de peonadas que los trabajadores del campo deben hacer como mínimo para poder acceder al subsidio y la renta agrarios.

Así lo ha precisado la ministra a los periodistas en el Senado, donde también ha anunciado que el próximo lunes habrá una reunión en Madrid con los interlocutores sociales para, ahora que ya se tienen datos oficiales sobre la bajada de producción en el olivar, estudiar las medidas a tomar o aspectos como cuántas peonadas se rebajarán. Estará presidida la cita por la secretaria de Empleo, Engracia Hidalgo.

Durante su intervención en el pleno de la Cámara Alta, la ministra ha señalado que ya ha habido una reunión previa con los interlocutores sociales, e indicado que los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recogen que oficialmente la bajada de la campaña a nivel nacional en el sector olivarero es superior al 50 por ciento y en el campo de Jáén, del 66 por ciento.

Desde el sector se le ha pedido que rebaje el número mínimo de peonadas para cobrar el subsidio, de 35 a 20.

Báñez afirma que el Gobierno es sensible a las demandas del sector y que el compromiso del Gobierno central con el campo es “total”. También ha explicado que pese a las condiciones climatológicas hay más beneficiarios en el campo y en el olivar y que entre enero y septiembre de este año las jornadas agrarias realizadas se han incrementado un 16 por ciento respecto a 2013, superando las 44.800.000.

Hace dos años, una inundaciones importantes en Jaén y Córdoba, que echaron a perder la recogida del olivar, llevaron al Gobierno central a rebajar de 35 a 20 el número mínimo de jornales con los que los eventuales del campo podrían acogerse al subsidio, que les otorga seis meses de ayuda a razón de 426 euros líquidos al mes.

Actualmente estamos en ciernes de otra medida extraordinaria similar, a la que este jueves se ha apuntado también el PP de Extremadura.

Ha sido un mal verano para dar peonadas en el campo del sur español; primero el veto ruso a la fruta, que aunque recogida en su mayor parte, se derrumbó en precio por el exceso de oferta interior frente a la demanda, y al final del verano cuando se fue a recoger la aceituna de mesa, entre una evolución climática negativa, y la aparición de un parásito, los productores se encontraron con la mitad de la cosecha perdida, por lo que no pudieron dar trabajo a braceros andaluces y extremeños.

Sindicatos y partidos vienen reclamando por tanto el reconocimiento de esta nueva situación excepcional, para echar el cable a unos jornaleros eventuales que han ingresado menos por dar también menos jornales, y que además en algunos casos pueden que no reúnan las 35 peonadas necesarias para percibir el subsidio por desempleo o la renta agraria.

Que haya también más AEPSA

Este jueves se ha aprobado en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, y por unanimidad de los cuatro grupos políticos, una propuesta en ese sentido, pedir al Gobierno central que rebaje a 20 las peonadas mínimas, y además que aumente para 2015 los fondos del programa de fomento del empleo agrario (AEPSA) que por la crisis están congelados desde 2011.

En la región hay 51.800 trabajadores del campo, de los que 22.000 cobran en época de parón de actividades el subsidio o la renta agraria.

Hasta enero el Ministerio de Empleo que encabeza Fátima Báñez no tomará una decisión sobre las peonadas, una vez que tenga datos definitivos, revela la secretaria regional de la federación de industrias y trabajadores agrarios UGT Extremadura, María José Ladera. Pero no son sólo las peonadas mínimas, la Seguridad Social tendrá que cambiar también su criterio según el cual si no hay 30 peonadas, se da al afectado de baja en el régimen agrario, “y si no estás dado de alta no puedes cobrar el subsidio”, avisa desde la federación agroalimentaria de CC OO su secretario regional, Francisco Corbacho.

Por buen camino

El Gobierno central, en respuesta escrita en el Congreso de los Diputados a una pregunta del PSOE, ha anunciado este mismo jueves que “está en estudio” aprobar de forma transitoria, a través de la norma legal y para la presente campaña 2014/2015, una reducción del número de peonadas para que los trabajadores puedan acceder a las prestaciones asistenciales por desempleo, subsidio y renta agraria, en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Es la respuesta al portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Economía y también en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, el diputado cordobés Antonio Hurtado.

“Ningún trabajador del campo andaluz o extremeño se quedará sin percibir su derecho al subsidio o la renta agraria”, dijo el pasado mes de febrero la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Acababa de aprobarse el decreto que rebajaba de 35 a 20 el mínimo de jornales para tener derecho a la prestación. Mañana sábado acaba ese periodo y el requisito vuelve a situarse en 35 peonadas.

Durante todos estos meses, los partidos de izquierda y los sindicatos (UGT, CCOO y el Sindicato Andaluz de Trabajadores) han pedido que se eliminara el mínimo excepcionalmente o que se habilitara un plan de empleo rural extraordinario. La minúscula cosecha de aceituna -entre un 60 y un 80 por ciento inferior a la media, según qué zonas de Andalucía- ha reducido tanto las oportunidades laborales que muchos jornaleros no han reunido las 20 peonadas que garantizarían el subsidio.

Izquierda Unida ha denunciado que alrededor de 8.000 jornaleros andaluces se han quedado fuera de la cobertura social. La cuarta parte, en la provincia de Jaén. Por eso, esta misma semana ha pedido a la ministra que elimine el requisito de las peonadas, acompañando su escrito con declaraciones juradas de temporeros que no han alcanzado el mínimo de jornales.

El sindicato UGT confirma esos datos con las estadísticas que obtienen del Servicio de Empleo (SEPE) sobre las prestaciones. “En marzo de 2012 había alrededor de 16.700 perceptores en la provincia de Jaén; en marzo de 2013 son 15.000, es decir, 1.700 menos, cuando lo normal es que hubiera una cifra parecida”, relata Antonio Marcos. Teme que “los trabajadores no estén solicitando la prestación porque saben que se le van a denegar”.

Junto con CCOO y la diputación provincial, han impulsado un servicio para asesorar a los trabajadores que no reúnen las peonadas mínimas. En estos meses han logrado recopilar alrededor de medio centenar. En todos los casos, el rechazo se debe a que no llegan a las 20 mínimas. Con ellas, sus servicios jurídicos verán la posibilidad de plantear una querella contra la ministra de Empleo, a propósito de los trabajadores a los que se les negará el subsidio por no haber llegado al mínimo, utilizando como argumento el compromiso que Báñez adquirió en el Parlamento cuando se aprobó el decreto.

Las sospechas de UGT están más que justificadas. Manuela Sánchez tiene 40 años y este año no ha conseguido una sola peonada. “Sólo he podido echar una quincena de trabajo en el Ayuntamiento”, con cargo al Plan de Empleo de la Diputación, lo que le ha permitido “arrimar algo” a casa, pero no computa para conseguir el subsidio. No ha solicitado la prestación. En la oficina del SEPE de su pueblo, Villacarrillo, le dijeron “que no me molestara, que iba a perder el tiempo”.

Su marido –encofrador de profesión y jornalero por la crisis del ladrillo- está en las mismas circunstancias. Sin trabajo ni prestación. Así que este año sobreviven gracias a la pensión de su suegro -que vive con ellos y sus dos hijos-, “echando horas donde sale y dejando muchas trampas”, explica.

Tiene 40 años y trabaja “desde que tengo uso de razón” en todo lo que sale: ayudante de cocina, limpiadora, jornalera… Pero el campo castiga a las mujeres. En los años de baja cosecha, se quedan sin opciones. Para Manuela la campaña de aceituna ha sido una constante desde que recuerda. Además, ha ido a la vendimia francesa en cuatro ocasiones. “Este año nos lo estamos planteando, si no los dos, porque empieza el colegio para mis hijos, por lo menos mi marido”.

Antonio Marín no puede pensar en esa opción, aunque en su caso reconoce que él aún respira porque tiene trabajo fijo en tareas del campo vinculado al Plan Infoca. El subsidio agrario era la salida para su mujer cuando el trabajo escaseaba. Este año ni ella ni su hija, de 19 años, han trabajado los días necesarios. Con el sueldo de Antonio viven los cinco miembros de la unidad familiar: la pareja, dos hijas y una nieta de un año, y pagan los sellos (cartilla agraria) de las dos mujeres. Tampoco han solicitado el subsidio: “¿para qué?”, comenta convencido de que la respuesta será negativa porque ninguna ha conseguido los jornales mínimos.

En la oficina del SEPE le han dicho que ninguna de las dos “tiene prioridad” para acceder al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA, el antiguo PER) con el que aspiraban a completar peonadas para conseguir un subsidio mínimo durante seis meses. “No es un capricho, es una ayuda que necesitamos para salir adelante, mientras sale trabajo”, explica.

Esta semana, el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha completado una marcha de 4 días desde Jódar, uno de los pueblos jiennenses en el que más población depende del campo, para exigir que se elimine el mínimo de peonadas y un PFEA extraordinario que garantice algunos ingresos mientras llega la cosecha de aceituna.

En la marcha han participado algunos jornaleros que no han logrado el mínimo de peonadas. Curro Moreno tiene 25 años, es licenciado en Historia y, a la espera de encontrar un empleo acorde a su formación, ha hecho de todo “en la obra, en el campo, donde sale…”, dice. Su último trabajo fue en junio del año pasado: “dos meses, de camarero”. En la aceituna “ha sido imposible”. Así que no tiene ni paro ni subsidio porque no ha trabajado los días necesarios. “He tenido que volver a casa de mis padres”.

Víctor Calleja comparte marcha con él. Tiene 21 años y trabaja en el campo desde los 16. “Este año he echado cinco días de aceituna, he hecho cuatro o cinco mudanzas y he pintado un par de veces”, explica. Trabajos diferentes que no siempre computan como jornales y lo dejan fuera del decreto. Su opción inmediata es “esperar como un loco a que llegue la aceituna”. Mientras tanto, espera un gesto del Ministerio de Empleo que conceda una tregua.

Achaca a un error informático la denegación de ayudas a expedientes por no acumular 35 peonadas cuando el requisito se ha rebajado a 20 peonadas.

Juan Bautista Lillo, subdelegado del Gobierno en la provincia de Jaén, emitió a última hora de ayer un comunicado para responder a las denuncias de denegación de ayudas a los jornaleros por no llegar a 35 peonadas trabajadas, cuando el Gobierno rebajó el requisito a un mínimo de 20 para tener derecho a las ayudas.

El subdelegado, achaca las citadas denegaciones a un fallo informático “que se ha subsanado”, y añade: “Si bien dicho error no altera en esencia la causa de la denegación, el no acreditar las jornadas mínimas para acceder al subsidio de desempleo”.

Según sus cifras, asegura que en la provincia de Jaén se han tramitado 7.694 nuevos expedientes, de los que el 1,03% han sido denegados por falta de peonadas, “proporción que resulta similar a la registrada en años anteriores con 35 peonadas mínimas para acceder a la prestación”.

Es más, Lillo afirma que en lo que llevamos de 2013 se han destinado al subsidio agrario en Jaén un total de 26 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 15% sobre el mismo periodo de 2013. Se repartieron entre 71.252 perceptores, lo que a su vez supone otro incremento del 10,13%.

“Este incremento” concluye Lillo, demuestra que “se cumple el compromiso de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, de que ningún jornalero se quedaría sin acceso al subsidio o renta agraria por motivo de la sequía que ha afectado al olivar”.

Los trabajadores de Bujalance (Córdoba) han presentado la demanda colectiva de empleo en las oficinas del SAE.

El deseo de la mayoría de ellos es conseguir las peonadas para acceder al subsidio agrario.

Ha sido una campaña que arrastraba la sequía del año anterior y eso ha supuesto un varapalo fuerte para los recolectores de la aceituna en zonas olivareras, como la de Bujalance (Córdoba). Muchos de sus vecinos se han quedado en sus casas tras años en los que apenas daban abasto a recoger una aceituna tras otra en algunas de las fincas de la zona.

El panorama de 2013 es muy distinto: muchos de ellos no han ganado un jornal y a ello se suma el hecho de no haber conseguido las peonadas suficientes que les den acceso al subsidio agrario.

A pesar de que el Gobierno central aprobó recientemente reducir de 35 a 20 el mínimo de peonadas exigidas, el 80% de los trabajadores del campo de Bujalance que entran en esta iniciativa no llega a ese mínimo a día de hoy.

El responsable de CCOO en la localidad, Manuel Ramírez, se ha mostrado optimista y espera una resolución positiva próximamente. El principal escollo está en que los empresarios de la fresa siguen prefiriendo mano extranjera, pero eso puede cambiar porque el número de emigrantes “es cero” en esta ocasión, asegura el sindicalista. En este sentido, una de sus reivindicaciones es que el pacto andaluz por el empleo recoja que los trabajadores de la región puedan participar y trabajar en las campañas agrícolas andaluzas con mayor facilidad.

De la llegada o no de un salario y un subsidio a estos jornaleros están muy pendientes los comerciantes del municipio, ya que de ello depende un mayor o menor consumo esta próxima primavera y verano. El Gobierno central, a juicio de los vecinos de Bujalance, no ha sido sensible a estos problemas en la negociación de las peonadas.

Juan Diego Olaya, de 29 años, es uno de los que se han apuntado a la oferta colectiva de empleo después de intentar buscar por su cuenta trabajo en la fresa. “Me encontré con las puertas cerradas porque sólo querían gente de fuera”, asegura el joven. Los empresarios le dijeron que sólo contarían con él en el caso de que se incrementara considerablemente el volumen de fresa a recoger.

Olaya tiene experiencia previa en esta labor en la que comenzó con 16 años. En 2009 fue su última campaña fresera y, desde entonces, consiguió trabajo en Bujalance para luego quedarse parado, situación actual.

El acceso de la mano de obra nacional a este tipo de trabajos es difícil a pesar de la crisis. Los empresarios siguen prefiriendo a emigrantes porque no suelen ser exigentes en el cumplimiento de los convenios. “Nosotros nos agarramos al convenio y a ellos los tienen trabajando una o dos horas más, no les pagan las horas extras y, aunque les proporcionan vivienda, les descuentan más de 200 euros de sus nóminas” para cubrir ese gasto inmueble. Con resignación, Olaya resume diciendo que “esa gente no se queja”.

Desde CCOO reconocen, no obstante, que el subsidio agrario no es la panacea. Ramírez recuerda que un subsidio agrario, con lo que luego cuenta realmente, tras los descuentos pertinentes de la Seguridad Social, son unos 200 euros al mes; un dinero con el que “una persona no puede vivir”.

Con esta situación, Bujalance se despierta cada día con la esperanza de que esos 200 trabajadores puedan echar unos jornales que, al menos, den un respiro a la economía familiar de cada uno de ellos.

Cuando a principios de otoño comenzaron las campañas agrícolas en Andalucía, sindicatos, organizaciones agrarias, PSOE, IU y movimientos independientes de jornaleros avisaron al Gobierno de que o reducía el mínimo de peonadas para poder acceder al cobro del subsidio agrario (el antiguo PER) o muchos trabajadores se quedarían sin ayudas. 2012 ha sido un año “desastroso también en lo climatológico”, como ha reconocido el jefe de la patronal agraria en Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa (Asaja). Ya en otoño se atisbaba que este año iba a haber poco trabajo en el campo y mucha más demanda de empleo que nunca tras la crisis del sector de la construcción, que en la última década alimentó a los grandes pueblos de Andalucía. Estos municipios criaban jornaleros y albañiles a partes iguales. Y ahora son una fábrica de producir parados.

A medida que han avanzado las campañas agrícolas (la más importante, la del olivar, se da ya casi por finalizada) se han confirmado los peores pronósticos: muchos jornaleros no han llegado a superar el mínimo de 20 peonadas que el Gobierno acaba de establecer como límite para el cobro del subsidio (algo que ya ha hecho en años anteriores con crisis en el campo andaluz y extremeño similares). Ni sindicatos ni movimientos jornaleros saben cuantificar aún cuántos braceros no han llegado al límite, pero empiezan a darse situaciones de compra de peonadas a empresarios agrícolas (firman un número determinado de días a cambio de dinero). Y están arreciando las protestas.

Centenares de alcaldes, concejales y jornaleros de la provincia de Córdoba se encerraron en la noche del jueves en la mayoría de los ayuntamientos más agrícolas de la zona para pedir el fin de las peonadas mínimas. De paso, exigen al Gobierno que impulse de manera urgente un plan de empleo rural. IU ya ha anunciado que van a recrudecer las movilizaciones si el Ejecutivo no da su brazo a torcer y accede e eliminar este año y por primera vez en la historia el mínimo de peonadas.

El propio Gobierno reconoció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de una situación excepcional. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha admitido que la campaña de aceite ha caído un 60%. Sin embargo, la reducción en el número mínimo de peonadas (de 35 a 20) no es equivalente a ese descenso.

La situación es especialmente dramática entre las jornaleras. Actualmente, más del 60% de la población que cobra el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura son mujeres. Este año, muchas no han podido salir ni un sólo día al campo y, por tanto, se quedarán sin cobrar la prestación. Según reconocen fuentes de las tres patronales agrarias andaluzas, el trabajo se ha mecanizado tanto en los tajos agrícolas que los empresarios prefieren contratar a hombres.

El caso del olivar es de libro. Hasta hace cinco o seis años, el hombre vareaba el olivo y la mujer recogía la aceituna cuando caía al suelo. Hoy, el trabajo se ha hecho mucho más rápido y simple: los hombres sostienen unas pesadísimas máquinas vibradoras que sacuden un olivo en segundos. El fruto cae sobre unas lonas que arrastra un tractor hasta un remolque. Ahora, en tres minutos se recoge entre tres o cuatro hombres la misma cantidad de aceituna que antes vareaba una cuadrilla de 15 personas (hombres y mujeres) en un cuarto de hora. Es así de simple y, a la vez, dramático.

En 2012, más de 130.000 jornaleros andaluces cobraron el subsidio agrario. La ayuda neta que precibieron es de 426 euros al mes (el 80% del salario mínimo interprofesional) y sólo pudieron cobrarlo durante seis meses.

El PER (Plan de Empleo Rural) nació en 1984. Entonces, se concibió como una medida transitoria para los miles de jornaleros andaluces y extremeños que vivían exclusivamente de las campañas agrícolas y que carecían de ingresos en los seis meses en que no había trabajo en el campo. Durante ese tiempo, eran contratados por los ayuntamientos para hacer obras municipales a la vez que cobraban el subsidio agrícola.

Tras el estallido de la crisis, los jornaleros que cambiaron de profesión (principalmente albañiles) han regresado a un campo que se ha mecanizado y que da menos trabajo que nunca. Este año se ha unido la crisis agrícola provocada por la sequía de 2012 y también otra crisis de precios que está arruinando a muchos agricultores. Córdoba y Sevilla acaban de superar cinco días de huelga de jornaleros de la naranja cuando ya se está planteando un cierre patronal del sector para protestar por los bajos precios que pagan al productor las grandes superficies.

Por todo eso, si los empresarios agrícolas ya contrataban a menos jornaleros que nunca este año echan cuentas y, o bien prefieren dejar el fruto en el campo porque es más caro cosecharlo que dejar que se eche a perder, o bien son ellos mismos y sus familias los que sustituyen a los jornaleros y recolectan sus propios productos. Hoy, en el campo andaluz hay muchas manos y muy poco trabajo.