Raphael Vicente atrae todas las miradas cuando camina por las estrechas calles de Maré, un vasto complejo de favelas en la arenosa zona norte de Río de Janeiro. Una mujer sale corriendo de una cafetería para pedirle un autógrafo. “Los autógrafos son tan anticuados, ¡hagámonos un selfie!”, dice riéndose el joven de 22 años antes de sacar una foto.

Más alto que la media y con una amplia sonrisa, Vicente es fácilmente reconocible. Además, causa sensación en Internet, con 3,1 millones de seguidores en TikTok y casi un millón en Instagram. Sus fans le siguen por sus vídeos divertidos y cotidianos, una mezcla de sketches sobre la vida en la favela y versiones creativas de las tendencias de las redes sociales.

El 'tiktoker' quiere utilizar su fama para modificar la percepción que se tiene de quienes viven en las favelas en Brasil y demostrar que estas comunidades son mucho más que delincuencia y pobreza.

“Raphael tiene un papel importante... porque muestra la alegría de la favela”, dice su hermana, Maria Eduarda “Maddu” Reis. “Incluso la gente de la favela está acostumbrada a ver a su comunidad representada en los medios sólo como tragedia, violencia, tiroteos, operaciones policiales”, cuenta.

“El doble de agallas”

Vicente muestra el lado humano y humorístico de la vida en la favela gracias a los vídeos que filma junto a las personas que considera su familia más cercana: su hermana de 21 años, su abuela de 70 y la familia de su madrina, de 67.

Según Fernanda Carrera, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, la visibilidad de Vicente es significativa dada la escasa representación de los brasileños negros que viven en favelas en los medios de comunicación tradicionales, incluso a pesar de que el 56% de los brasileños son negros y casi una cuarta parte de los habitantes de Río viven en favelas.

“Soy un chico negro, pobre y gay que ha vivido en Maré [toda su vida]”, dice Vicente. “Para nosotros, que no tenemos las mismas oportunidades que los que no viven en la favela, nuestra lucha siempre requiere el doble de agallas, el doble de trabajo”, cuenta.

Autodidacta a los 14

Vicente empezó a publicar vídeos en la web a los 14 años, perfeccionando su arte en diferentes plataformas antes de encontrar su nicho en TikTok en 2020. Totalmente autodidacta, es guionista, actor y editor de sus vídeos, un “genio de la producción audiovisual”, en palabras de Carrera.

Además de sketches humorísticos y bailes virales de TikTok, Vicente produce coreografías más elaboradas con un grupo de danza que él mismo fundó, Dance Maré. Su contenido da en el clavo en el Brasil hiperconectado, donde a la gente le encantan las tendencias en línea y tiende a hacer chistes incluso de las situaciones más oscuras.

“Puedo ver hasta qué punto el humor sirve de válvula de escape cuando ocurren cosas malas”, dice Vicente. “La gente me cuenta que tiene un mal día y que ver uno de nuestros vídeos les ha alegrado la jornada”, relata.

Vicente atribuye su éxito a la calidad de sus contenidos, a la facilidad de sentirse identificado con ellos, y a las desternillantes actuaciones de sus familiares, a las que reconoce como las verdaderas estrellas de sus vídeos. Ya sea representando un papel, haciendo una caricatura de sí mismas o haciendo 'twerking' al ritmo de la última canción viral de TikTok, las mujeres que criaron a Vicente se toman su trabajo muy en serio, al tiempo que se divierten como nunca.

“¡Me parece maravilloso!”, exclama entre carcajadas su madrina Luciene Elias, para quien grabar los vídeos fue un salvavidas durante los encierros de la pandemia. “La gente nos dice 'Vuestra familia es una inspiración, ojalá mi familia fuera como la vuestra, unida, de una felicidad contagiosa', y eso es realmente gratificante”, asegura Reis.

“La auténtica familia brasileña”

Puede que esta familia amante de la diversión no encaje en la imagen convencional de la familia, pero no son tan inusual en Brasil, donde el abandono paterno es habitual y cada vez más niños son criados por sus abuelas. “La familia de Raphael Vicente es la auténtica familia brasileña, solo que no es la que vemos representada en los medios de comunicación”, dice Carrera, que investiga la relación entre raza y representatividad en la cultura digital.

El punto álgido de la carrera de Vicente hasta la fecha es haber captado la atención de la estrella pop colombiana Shakira con un remix de su himno para la Copa Mundial de 2010, Waka Waka, lanzado durante el torneo del año pasado. El éxito del vídeo, que muestra al grupo Dance Maré bailando por una favela engalanada, llevó a los bailarines a la televisión nacional, donde la propia Shakira los felicitó.

Dos meses después, a Vicente y su familia aún les cuesta creerlo. “Cuando me dijo: 'Abuela, Shakira ha hablado con nosotros', pensé: ya está, le va a demandar [por los derechos musicales]”, cuenta la abuela de Vicente, María Antonia da Silva.

El éxito del vídeo carga también un significado más profundo. Vicente cuenta que se publicó la misma semana en que una dura redada policial dejó varios muertos en Maré. Pocos días después de que el vídeo se hiciera viral, la búsqueda en Google de noticias vinculadas con Maré arrojaban artículos positivos sobre el baile del Mundial, en lugar de los titulares habituales, dominados por la violencia.

“Lo he conseguido, de verdad”, dice Vicente, visiblemente emocionado. “Poco a poco, puedo cambiar esta realidad, esta visión que la gente fuera de la favela tiene de nosotros”, sostiene.

Traducción de Julián Cnochaert.

Malú se ajusta la mascarilla para encarar el tedioso viacrucis con la misión de comprar habichuelas negras. Tiene que bajar todo el morro [zona escarpada] de la favela en la que nació. Trata de evitar las callejuelas angostas, en las que sabe que el metro y medio de distancia es imposible. Pasa la entrada de la comunidad, donde se amontonan vendedores ambulantes. Cruza por la pasarela esa ancha avenida que separa su favela del coqueto barrio de São Conrado y se suma a la larga fila del hipermercado de la zona, el único lugar donde un paquete de habichuelas todavía se consigue a menos de ocho reales (aproximadamente 1,30 euros), el doble del precio anterior al desastre. 

Se pone los auriculares y empieza a escuchar el podcast de una clase de la facultad, perdida el día anterior por los altibajos de la conexión a Internet. La eterna espera del supermercado se ha hecho rutina y la lleva con resignación. Su atención se aleja cada tanto del audio. La invade el temor por su tío, que acaba de perder al padre en esta pandemia y ahora atraviesa días decisivos, a la espera de los resultados de su prueba. La acechan también los recuerdos del padre de su tío, cuando le sonreía al pasar por la playa en la que vendía polos helados. Poco tiempo transcurrió entre los primeros síntomas y la muerte: nadie lo pudo despedir.

Malú termina la compra justo a tiempo para subir el morro y entrar a la clase de metodología de la investigación. Es alumna de Ciencias Sociales en la mejor universidad privada de la ciudad: consiguió una beca para familias de bajos ingresos después de presentar una gran cantidad de documentos de los que nunca había siquiera oído hablar. Después vino la burocracia del pase libre de autobús, los trámites para poder almorzar en el comedor universitario y un primer año que no fue nada fácil. Nunca se sintió mayoría en el campus que transitan los hijos de la aristocracia carioca, pero encontró más estudiantes negras de las que esperaba y vecinos de la Rocinha que, como ella, desafiaban el destino familiar. Primera generación universitaria.

Los días de educación a distancia ponen más piedras en un camino ya sinuoso. Sin la biblioteca ni el centro de informática donde preparaba los trabajos, sin señal ni datos suficientes en el móvil para soportar la carga de clases por Zoom, logró que un vecino de la comunidad le prestara su pequeño ordenador portátil. Allí fue después de dejar las compras y tomar un café en su casa. Se sienta frente al ordenador prestado, abre la plataforma virtual y el profesor pregunta si lo escuchan bien. Malú responde que sí. La iglesia evangelista del otro lado de la calle ha suspendido las misas y la policía ha cesado con los operativos armados. Son días de silencio inusual en la favela.

La madre de Malú es una de las tantas empleadas de casas particulares de Rocinha que trabajan en departamentos y casas de Barra da Tijuca, región de clase media alta y nuevos ricos carioca. En uno de sus numerosos barrios cerrados tiene su casa el clan Bolsonaro y, a pocos metros, vivía el sicario de Marielle Franco.

La cuarentena no vale para el servicio doméstico, y la madre de Malú no fue la excepción, pese a que el patriarca de la familia que la emplea siguió viajando a Portugal por negocios hasta que los europeos lo prohibieron. A las habituales tareas de limpieza se le sumaron otras que transfieren el riesgo de las aglomeraciones de la familia a la empleada doméstica: buscar el correo, abrirle la puerta al repartidor, llevar a la manada de Shih Tzu a la peluquería canina y hacer compras en el supermercado. Más tiempo de trabajo, la misma remuneración de siempre. Cada vez que, exhausta, se despide hasta el día siguiente, la patrona le repite que, por favor, se cuide y cuide a los suyos, que son como parte de la familia.

El padre de Malú, hijo de migrantes del nordeste brasileño, trabaja como portero en un edificio de Leblon donde, dice, viven algunos actores de Globo. La mayor parte de los vecinos son gente en “edad de riesgo”. Pocos han resignado las caminatas diarias en la playa, pero la rutina de cenas en restaurantes del barrio se transformaron en un desfile interminable de entregas a domicilio, que el padre de Malú recibe con su mascarilla que raramente le cubre la nariz. Su hijo, el hermano mayor de Malú, perdió el empleo como lavaplatos en un hotel de Copacabana y entró en ese enjambre de ciclistas que recorren Río de Janeiro con mochila de Rappi.

Por su ubicación a las puertas de la burguesa zona sur de la ciudad, el morro de Rocinha aporta un ejército de jóvenes a la industria del delivery, que solo crece con la intensificación de la crisis. La mayoría carece de bicicletas propias y al poco ingreso de las entregas le resta el valor del alquiler de las bicicletas que, por veinte reales (3 euros) al mes, le ofrece el sistema patrocinado por el banco Itaú. La misma entidad bancaria que, desde el golpe de 2016, mientras las favelas enfrentan rebrotes salvajes de desempleo, hambre y violencia policial, batió todos los récords de ganancia. El mayor banco privado del país, en 2018, batió el umbral del lucro líquido más alto de la historia financiera de Brasil (25.000 millones de reales, más de 4.000 millones de euros) y en 2019 superó su propia marca (26.500 millones de reales).

El puesto de bicicletas de Itaú más cercano queda frente al supermercado y la estación de transporte subterráneo de São Conrado que, después de una lucha por el nombre, los vecinos de la favela lograron que también se llamara Rocinha. En ese punto converge al amanecer la masa de trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico, la enfermería, la limpieza urbana y el transporte público que baja del morro y se desparrama por la ciudad. Allí se dirigen temprano los jóvenes trabajadores de Rappi, porque las bicicletas disponibles se agotan enseguida. Cada jornada de trabajo, una doble carrera contra el tiempo: los cinco reales (0,8 euros) de cada entrega se pierden si tardan en llegar a destino y cada bicicleta de alquiler tiene un turno de dos horas que, si se sobrepasan, también genera multa. Y a rezar que no le roben la bicicleta porque quedan endeudados con Itaú.

En la Rocinha y en otras favelas de Río de Janeiro hay muchas familias como la de Malú. Trabajan en la línea de frente de esta cuarentena vertical a la brasileña, que no consiste en aislar a los más vulnerables al virus, sino en exponer a las personas cuyos derechos fueron vulnerados por generaciones. Empleadas del servicio doméstico, enfermeras, porteros, conductores de Uber y repartidores de delivery se reúnen al atardecer en una misma residencia, donde lo que impera es el miedo a perder el trabajo y a enfermarse. Los casos de infecciones y los muertos proliferan. Sin estadísticas oficiales fiables, es difícil saber cuántos hay en esta comunidad gigantesca de cerca de 100.000 habitantes. La municipalidad contó más de 15.000 infectados, pero nadie confía en el intendente de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, un pastor evangelista que dice que Bolsonaro está “guiado por Dios” en esta pandemia y que, antes de la crisis sanitaria, lo único que hizo por la favela fue mandar a pintar las fachadas de las casas que dan a la avenida para mejorar su aspecto externo.

Al mismo tiempo en que Bolsonaro y Crivella incitan a abrir bares y comercios, los vecinos de la favela se organizan por sus propios medios. Una densa red comunitaria se encarga de la distribución de donaciones de alimentos, mascarillas y productos de limpieza, mientras grupos de médicos y enfermeros hacen visitas casa por casa. Hasta las facciones que controlan el narcotráfico colaboraron más que los poderes públicos al establecer una suerte de “toque de queda”, difundido por redes sociales, que prohibía los bailes funks y restringía el funcionamiento nocturno de los bares. Pero nada detuvo el avance del virus ni el aumento de casos.

Malú recibió dos malas noticias, una detrás de la otra. La prueba del tío dio positivo, también fue internado y a los días murió: tenía poco más de 40 años. Horas más tarde supo que toda la familia del vecino que le prestaba el ordenador portátil estaba con síntomas y tuvo que terminar el semestre haciendo trabajos desde su teléfono móvil. En esos días empezaron las caceroladas masivas en la favela contra Bolsonaro y Crivella. Se sintieron hasta en el barrio de São Conrado. Malú sueña con que termine esta pesadilla política y sanitaria para retomar algo de la vida que había conquistado. Ir la universidad, besarse en un baile funk, pasar un domingo en la playa y ver el atardecer sobre el mar, tomando una cerveza en el bar más alto de todo el morro.

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Este reportaje fue publicado en Revista Anfibia. Puedes leer el texto original aquí

En los suburbios, favelas, cerros y zonas pobres de Brasil, donde viven casi 14 millones de personas, las instrucciones de prevención del Ministerio de Salud no son fáciles de cumplir. En estos territorios clasificados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística como “aglomeraciones irregulares”, los denominados comunicadores populares son esenciales.

Ante la ausencia de medidas del Gobierno Federal dirigidas hacia las favelas, y mientras el presidente Bolsonaro ha respondido con un “¿y qué? ¿qué quieren que haga?” al alarmante repunte de muertes, hablamos con “comunicadores populares” en cinco capitales del país: Belém, Salvador, Pernambuco, São Paulo y Río de Janeiro, que se organizan para luchar contra la pandemia.

Un podcast en las zonas pobres de São Paulo

“La comunicación en los suburbios de Brasil es un tema muy complejo”, señala Ronaldo Mattos, comunicador y miembro del proyecto Desenrola e Não Me Enrola, que reúne a comunicadores de los suburbios de São Paulo, la ciudad que es el epicentro de la Covid-19 en el país. “Si pensamos en los habitantes de São Paulo, pensamos en grupos poblaciones, distritos, aglomeraciones. Cuando hablamos de las favelas de Río, se trata de otro grupo demográfico. Si hablamos del noreste, es un lugar aún más distinto. Los comunicadores, nos enfrentamos a las complejidades de los territorios al organizarnos nacionalmente”.

Para combatir las noticias falsas, dar consejos de prevención y actualizar las medidas gubernamentales, Mattos se unió a la periodista Gisele Brito y al comunicador Tony Marlon de los proyectos Periferia em Movimento y Alma Preta. Juntos, comenzaron a producir el podcast Pandemia Sem Neurose (pandemia sin neurosis).

“Pensamos en un podcast corto, de 2 a 3 minutos, al que las personas no tuvieran que dedicar mucho tiempo, que se cargara rápido en el teléfono, no ocupara espacio en la memoria del dispositivo y se pudiera reproducir a mayor escala”, explica Ronaldo. “Ha tenido mucho éxito. Hemos recibido comentarios de personas mayores, de personas que viven en regiones completamente diferentes. Desde la zona sur hasta el extremo norte”, asegura.

Hablar a los suburbios y no sobre los suburbios representa para Ronaldo un “problema de estructuración”.  “De no ser así, informar en las aglomeraciones irregulares se convierte en un producto puramente periodístico”, afirma. “Independientemente de si vives en una zona popular o no, vas a producir contenido sobre esos territorios y es algo que tiene un gran valor. Pero, si esa información no termina en manos de quienes la necesitan, ¿cuál es el valor público de ese reportaje? ¿De ese contenido periodístico? ”, se pregunta.

“La información debe poder usarse para que debatan los ancianos,  los jóvenes que van a fiestas porque todavía no entienden la gravedad del virus y las posibilidades de contagio. Entonces, la gente prestará atención a todo esto”, explica.

En São Paulo, se están llevando a cabo otras acciones en las dos favelas más grandes del estado. En Heliópolis, União de Núcleos y Asociaciones de Residentes (UNAS) han estado promoviendo campañas para recolectar alimentos y productos de higiene. También se hizo recientemente una encuesta on-line sin precedentes sobre el impacto del coronavirus en las favelas. De los 653 formularios respondidos, sobresalen los datos relativos a la situación económica: “el 68 % de las familias de Heliópolis ya han experimentado pérdidas en sus ingresos mensuales desde que se adoptaron las medidas de aislamiento, y dentro de estas el 19 % dice no tener más ingresos”.

En Paraisópolis, União dos Moradores creó comités con líderes vecinales. Según el presidente de la asociación, Gilson Rodrigues, “identificamos 420 líderes que se ofrecieron como voluntarios y supervisarán una media 50 hogares. La idea es cubrir 21.000 hogares y llegar a la población de 100.000 habitantes que viven en las favelas”, explica.

Desmontando noticias falsas en los suburbios de Belém

“Se tomó la decisión de cerrar las calles para reclamar el derecho al agua. ¿Por qué no está llegando agua? Cuando llega el agua, es muy amarilla”, dice un residente del barrio Terra Firme, en las afueras de Belém, Pará, que cuenta con 60.000 habitantes.

Una estudiante, Izabela Chaves, de 25 años, residente local y comunicadora popular graba la escena. El brote de coronavirus fue el desencadenante de una protesta el 18 de marzo, en la que se cerró una avenida con barracones hechos con palos, muebles muebles y neumáticos. “Les preocupaba ir a trabajar, bañarse y hacer lo básico”, dice Izabela. La joven estudiante de cine y audiovisuales forma parte del colectivo Tela Firme, que se centra en la producción audiovisual y la formación de jóvenes de las afueras de Belém.

El colectivo se unió al Laboratorio de Jóvenes Comunicadores de la periferia de Belém, que se formó a contrarreloj el 22 de marzo, con el objetivo de supervisar los contenidos oficiales y  mostrar pautas y denuncias de los suburbios durante pandemia. Principalmente, desmienten las noticias falsas e informan sobre la realidad local.

La profesora Lilia Melo, coordinadora del proyecto Cine Clube TF (parte de la coalición), destaca la importancia quienes informan en los suburbios durante la pandemia. “Con el tema del coronavirus, aprovechamos nuestra red para poder brindar orientación sobre cómo prevenir y combatir el virus utilizando un lenguaje para el público joven. Nos dimos cuenta de que aquí en el barrio, hay algunos jóvenes que todavía no están conscientes de la gravedad del asunto. Dentro de su realidad y las dificultades que enfrentan, terminan ridiculizando algunas recomendaciones del gobierno federal y estatal, ya que no se ajustan a la realidad de los suburbios”, señala Lilia.

Adecuar el lenguaje también es clave para la cineasta de los suburbios Yane Mendes, quien decidió adaptar la información proporcionada por el Ministerio de Salud y dirigirla a los aproximadamente 2.500 residentes del barrio marginal de Totó, en Recife, Pernambuco. Ella misma fue a buscar los carteles que informaban de las medidas para prevenir el coronavirus, molesta con la dejadez de los organismos municipales.

Sin embargo, en vista de que su contenido era técnico, institucional y protocolario, Yane redactó su propio comunicado y comenzó a pegarlo junto a los carteles creados por el Departamento de Salud, haciendo una especie de traducción del mensaje institucional. “La idea es transmitir el mensaje de forma directa, con pocas palabras, incluso de manera sencilla”, explica.

Yane afirma que la acción de pegar los carteles valió la pena, ya que algunos residentes que no la conocían comenzaron a buscarla para conocer las próximas intervenciones. También contactó con personas de otras comunidades para solicitar el material, enfatizando la importancia de usar un lenguaje directo para la población. Yane incluso ha creado un grupo de Whatsapp  personas interesadas en construir formas de comunicarse adcuadas al contexto donde viven.

En la periferia de Salvador se combate contra el pánico

La difusión de noticias falsas sobre el coronavirus también preocupa a Jefferson Borges, publicista, activista y fundador del portal NORDESTeuSOU. Borges vive en las afueras de Salvador de Bahía, en el barrio noreste de Amaralina. Las noticias falsas crean miedo entre los residentes, que no saben qué creer. “Hay muchas cadenas con mensajes y, a veces, informan de muertes Así que tenemos que verificar para no asustar a la comunidad”, relata.

En un intento por mitigar los impactos de estas noticias, el colectivo ha adoptado estrategias informativas para que los residentes conozcan la situación real.  Los miembros del proyecto comenzaron a distribuir folletos en algunos puntos muy transitados. El contenido, centrado en medidas preventivas, también se distribuye por mensajería instantánea y SMS. Además, un vehículo con altavoz circula proporcionando información durante 5 horas al día.

Informar sobre el coronavirus en Ciudad de Dios

Una comunidad en la que los comunicadores no tuvieron tiempo de combatir las noticias falsas fue Ciudad de Dios, una de las favelas más grandes del oeste de Río de Janeiro. El 22 de marzo, el Departamento de Salud Municipal confirmó el primer caso de contagio local. Para Ricardo Fernandes, actor y residente, “después del primer caso confirmado, la gente se dio cuenta de que realmente se trataba de algo grave, y lo que había en Europa, también estaba aquí. Y se evidenció un cambio en el comportamiento de los residentes”.

Ricardo forma parte de Frente CCD, una iniciativa de que une residentes, activistas, profesionales de la salud, colectivos e individuos y que surgió de la necesidad de reducir los efectos del coronavirus en la comunidad. “Ya había dos colectivos del CDD haciendo una campaña de donación de alimentos. Y luego creamos el Frente para expandir la campaña, para ir más allá de la donación y crear conciencia entre los residentes”, explica.

“Pero el objetivo final del Frente es reducir el impacto general del coronavirus. Ya no solo tenemos los problemas diarios comunes por ser un barrio marginal en Río de Janeiro: violencia, falta de saneamiento básico, falta de clases, falta de agua. Todos estos problemas siempre han estado en nuestra vida diaria. Con el coronavirus, todos ellos se han potencializado”, denuncia el comunicador y activista.

En otra comunidad, en el Complexo do Alemão, los comunicadores se organizaron para llevar a cabo su propia campaña de sensibilización. Crearon pancartas y boletines que pegaron en los postes, distribuyeron panfletos y tuvieron conversaciones frente a frente en las calles, llamando la atención sobre la importancia de tratar de evitar el coronavirus.

Sus acciones están teniendo impacto. El 26 de marzo, la Fundación Oswaldo Cruz, una institución pública y estratégica vinculada al Ministerio de Salud de Brasil, convocó una conferencia de prensa a través de YouTube solo para comunicadores populares de las favelas de Río de Janeiro. Sin embargo, otros estados estuvieron representados. Más de 100 personas participaron en la conferencia enviando preguntas.

Traducido por Mary Gómez

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, ha anunciado un nuevo plan urbanístico para Rocinha, considerada la mayor favela de toda América Latina. Se trata del último anuncio en una sucesión de programas de urbanismo durante más de dos décadas que no han dado resultados: el abandono institucional y la falta de atención y de mantenimiento devuelven cualquier estructura al punto de partida. 

El programa Comunidade Cidade fue inaugurado en presencia de Sérgio Magalhães, presidente del Comité Ejecutivo del 27º Congreso Mundial de Arquitectos, que se celebrará en julio en la ciudad, y que encumbrará a Río como la primera capital mundial de la arquitectura.

Entre los que escuchaban el discurso estaba el arquitecto Luiz Carlos Toledo, autor del Plano Director Socioespacial de Rocinha, firmado hace 14 años. Estos planes se guardaron en un cajón y nunca se llevaron a cabo. Ahora, el Gobierno estatal ha apañado un remiendo con el que trata de recuperarlos.

Pero hace más de diez años que se diseñó aquel programa y “Rocinha ha cambiado mucho”, explica a eldiario.es la arquitecta y urbanista Tainá de Paula. Tampoco parece tener sentido, a su juicio, actuar “solo en una favela” en una ciudad que tiene alrededor de 800 esparcidas por toda su geografía.

Las favelas de Río de Janeiro, creadas hace más de un siglo, están acostumbradas a la autogestión y sobreviven equilibrando la complejidad de su tejido social. Los intentos más consistentes de soluciones urbanísticas para estos barrios de viviendas informales arrancaron en 1995, pero se han visto abocados al fracaso por la desatención institucional. 

Aquel año clave nació el programa Favela Barrio. Los fondos venían avalados por el Banco Interamericano de Desarrollo, era una ocasión única. Tainá de Paula admite algunas mejoras sobre todo en la zona norte de la ciudad. Los mejores ejemplos son la favela Fernão Cardin –que “recuperó el cauce del río”– y la favela del Morro do Campinho, donde las diferentes cotas de nivel se convirtieron en áreas de recreo, plazas, puntos de encuentro, parques o mercadillos, explica la experta. La intervención ayudó, al mismo tiempo, “al freno de la expansión y sus problemas socioambientales a largo plazo”. Sin embargo, con el paso de los meses, la mayor parte de las actuaciones se paralizan.

Pablo Benetti, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), ha sido testigo del quiero y no puedo del desarrollo urbanístico en las favelas de Río. Uno de los proyectos premiados en el concurso Morar Carioca (2010) –la continuación del programa Favela Barrio– llevaba su firma junto con las de João Carlos Laufer Calafate, José Augusto Pina, Ana Prado y Ana Gabriella Steinhauser.

El proyecto estaba destinado a acondicionar los severos desniveles del Morro de São João, pero nunca llegó a ser ejecutado. El ayuntamiento acabó desviando casi todos los recursos para las obras relacionadas con los Juegos Olímpicos de 2016.

A pesar de todo, Benetti puede señalar grandes ejemplos de correcto urbanismo en la época anterior, la del programa que firmó. “El problema es que después hubo una falta de continuidad de los Gobiernos”, sostiene. Entre muchas otras, recuerda las labores desempeñadas en la favela Parque Royal. Se instalaron redes de distribución de agua y energía eléctrica; se estrenó iluminación pública y red de alcantarillado; se construyó un centro de salud, una guardería, un centro social, un polideportivo y una plaza, además de ofrecer una solución habitacional a cientos de vecinos que vivían en frágiles palafitos sobre la contaminada bahía de Guanabara.

“Un buen proyecto, un buen trabajo que recuperó un área importante. Si vas hoy te dan ganas de llorar”, dice Benetti sobre su programa.

Las buenas ideas se van al traste por la falta de planificación y control del Poder Público en las zonas más reprimidas de Río. “La favela va creciendo, y eso acaba deteriorando principalmente las redes de saneamiento”, analiza la arquitecta y urbanista Solange Carvalho. “Parque Royal contaba con alrededor de 1.500 familias al principio. Ahora ya están en 2.800 familias. La infraestructura no soporta toda esa carga”.

Entre los programas Favela Barrio y Morar Carioca apareció la rotundidad de uno de los programas de aceleración del crecimiento del Gobierno Lula da Silva, el PAC Favelas, de 2008. Era la época del viento a favor, cuando la crisis económica mundial, que en Estados Unidos era “un tsunami”, según Lula, si llegaba a Brasil sería “una olita que no se serviría ni para surfear”. Una nueva oportunidad perdida.

“El mejor legado, si es que hay alguno”, describe Pablo Benetti, “es la valoración positiva de la Colonia Juliano Moreira”. Este rincón de la zona oeste de Río de Janeiro fue inaugurado hace un siglo ya con la instrucción de mantenerse aislado. Era una colonia psiquiátrica.

El proyecto urbanístico incluyó vías de integración con la ciudad, y también vías secundarias entre los diferentes barrios de la colonia. Muy pocos años después de esta intervención, ante la ausencia del Poder Público, la favela está en manos de las milicias paramilitares, que cuentan con una de sus principales fuentes de ingreso la falsificación de títulos de propiedad de terrenos y la edificación y venta de construcciones ilegales.

Entre el pesimismo y la esperanza se mueve la arquitecta Solange Carvalho. “Hay varias cosas que han salido muy bien”, asegura. “Donde hubo inversión en saneamiento y en apertura de vías, una reestructuración del tejido urbano, se ha demostrado que salió bien”. Los defectos recurrentes, bajo su punto de vista, son que “los programas son montados generalmente sin consultar a los vecinos” y que los proyectos, como sucedió con el PAC Favelas, “acaban siendo desmantelados para desarrollar solo los que interesaban a las constructoras y a los políticos”.

Las demandas de los vecinos de las favelas

Pero, ¿qué piden los principales afectados, los vecinos? La experiencia de Benetti tras años de conversaciones con ellos es que sus demandas se centran en “servicios básicos, fundamentalmente la cuestión ambiental, recolección de basuras –una de las opciones es abrir calles–, y el saneamiento. A nadie le gusta vivir en medio de la basura”. El desafío de los terraplenes de algunas de las favelas que nacieron en los innumerables cerros de la ciudad hace que se ensayen esquemas como en Santa Marta, con funiculares asignados para la recolección selectiva de residuos. Allí los camiones de la basura no llegan, y es habitual ver cúmulos de bolsas de basura arrojadas por el barranco.

Con el paso del tiempo, ha ido surgiendo entre los vecinos otra reivindicación, un mayor acceso a la cultura. “En Manguinhos ven que hay exposiciones en el Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)”, relata Tainá de Paula, “pero lo que ellos quieren es poder verlas en su favela”. Persiguiendo esta demanda cultural, en la Vila Operária –municipio de Duque de Caxias– decidieron que si nadie les había ofrecido la oportunidad de contar con una galería de arte en la favela, ellos mismos convertirían sus calles en una galería de arte urbano a cielo abierto. El evento Meeting of Favela (MOF) ya va por la XIV edición, reuniendo a algunos de los mejores artistas urbanos del mundo.

El acondicionamiento de zonas comerciales es fundamental para desarrollar, a su vez, iniciativas de emprendimiento en las favelas de Río. Solange Carvalho se fija en el potencial del mercado de la calle Teixeira Ribeiro, en el Complexo da Maré. El Fórum de Desarrollo Local de la Maré está trabajando en un proyecto de peatonalización para dar un paso más en la configuración de uno de los mercados más populares de la periferia de Río. Intentan lograr que la favela se convierta, poco a poco, en un punto de encuentros urbanos.

Orlando Zaccone no es un comisario al uso. A partir de su trabajo a pie de calle durante 18 años en de Río de Janeiro, uno de los centros del narcotráfico en Brasil, fundó el movimiento de agentes de policía contra la prohibición de las drogas, así como la plataforma de policías antifascistas. Partidario de regular la adquisición y el consumo de cualquier tipo de narcótico, admite que su posición es una minoría en un país con una gran influencia del “puritanismo” evangélico, que impide, a su juicio, un debate a fondo sobre la cuestión.

Zaccone ha visitado Barcelona para participar en el seminario 'Drogas, políticas y violencias. Del consenso global a nuevos enfoques' organizado por el Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) y la Casa Amèrica Catalunya. Cuando vuelva a su país, el ultraderechista Jair Bolsonaro estará a punto de convertirse, si se cumplen los sondeos, en el presidente de Brasil. Muy crítico con Bolsonaro, de quien dice ser el candidato de los poderos financieros transnacionales, afea que la propuesta política del candidato para acabar con el narcotráfico “son los tiros” y “oficializar el sistema de matar a traficantes o a cualquiera que lo parezca”.

¿Cómo ha evolucionado el narcotráfico en Brasil a lo largo de sus 18 años de experiencia en la policía?

La inmensa mayoría de presos o detenidos por narcotráfico siguen siendo pobres y negros. Viven en la miseria, muchos van sin zapatos, sin camisa y sin armas, solamente con droga, en contra de un discurso dominante que dice que los traficantes presos son ricos y poderosos. La gente que vende al por menor, que se dedica al pequeño tráfico y que casi no ganan dinero con ello es la que más sufre el peso la ley. Son los más afectados y son la punta del iceberg. Un estudio de la Universidad Federal de Rio de Janeiro mostró que la mayoría de presos por narcotráfico en la ciudad lo son por cantidades de menos de un gramo de marihuana.

¿Y qué pasa con los grandes traficantes?

Con los grandes es más complicado, porque el narcotráfico es la cuarta mayor economía del mundo y no dependen de un solo empresario de la droga, necesita un sistema grande. No está solo en una o dos manos, es todo un sistema internacional y con colaboradores necesarios, como el sistema financiero.

¿En el Estado y el poder político también tienen colaboradores?

También. Son diferentes en función de cómo funciona el narcotráfico en cada país. En Colombia por ejemplo, la estructura del estado está casada con el narcotráfico y los partidos políticos. En Brasil tenemos traficantes, sobre todo los que venden al por menor, que se relacionan bien con la policía de forma sistémica y también con los políticos, pero de forma individual.

¿Cómo se puede atacar a los grandes narcotraficantes?

Legalizando las drogas. Creo de verdad que no hay otra manera. Legalizar significa controlar. Necesitamos tener un control del mercado de las drogas que no se da ahora con la prohibición. La prohibición es falta de control y descontrol sobre el mercado. Es muy importante que se hable de la legalización de las drogas en los países periféricos como Brasil más que en Europa porque la violencia relacionada con las drogas en Brasil y otros países americanos es muy superior. Suecia es de los países prohibicionistas más duros de Europa, pero la violencia relacionada con las drogas no es ni el 1% que se produce en Brasil.

¿Qué drogas se tendrían que legalizar? ¿Sólo la marihuana? ¿O depende de cada país?

El discurso sobre las drogas se construye a partir de quién consume las drogas y no en base a qué son las drogas. Hoy se habla de que la marihuana es una droga blanda porque es una droga popular y la consume mucha gente. Personas ricas, pobres, con o sin estudios, viejos, jóvenes... la marihuana hoy podemos decir que es prácticamente como la cerveza. Se considera una droga blanda, pero hace treinta años era considerada una droga durísima. Cuando los negros empezaron a fumar marihuana en guetos era considerada una droga peligrosa porque no nos fijábamos en la droga sino en quién la fumaba.

Entiendo por tanto que es partidario de una legalización de todas las drogas.

Sí, porque si sólo se legaliza la marihuana no se solucionarán los problemas de violencia de los que estamos hablando y que continuarán por la cocaína y otras drogas. Legalizar todas las drogas no significa que vayan a llegar al mercado de cualquier forma. El alcohol no se puede vender de cualquier manera, existe un control.

¿Qué consecuencias, además de la violencia en las calles, que es lo más visible, tienen las drogas en Brasil?

Una de esas formas de violencia es la enorme cantidad de población reclusa. Un tercio de las 750.000 personas presas en Brasil son por drogas, la gran mayoría por el pequeño tráfico. Entre las mujeres, el crimen más común es el tráfico de drogas, pero no es que haya un narcotráfico feminizado: van a la cárcel a ver al marido o al novio, llevan una cantidad de droga pequeña, la pillan y la pueden encerrar un mínimo de cinco años por esto. Las cárceles de Brasil están llenas de gente encerrada por tráfico de drogas pero que no es peligrosa.

De seguir una política de legalización total como la que propone, la violencia y el tráfico ilegal podría seguir existiendo al permitirse cantidades pequeñas de droga insuficientes para cubrir la demanda.

Podría pasar al principio, está claro. No conseguiremos reglamentar de la noche a la mañana la producción de un mercado tan grande como el de las drogas. Pero para mi el ejemplo está en el alcohol o los fármacos. Hay un gran mercado de consumo de alcohol pero como está legalizado y reglamentado no produce violencia. En los primeros años de legalización podremos tener problemas, pero a largo plazo mejorarían. No se pueden pedir soluciones en un año tras legalizar la droga después de siglos de prohibición.

¿Su defensa de la legalización de las drogas está muy extendida en la policía brasileña?

No. Somos un grupo pequeño, pero que representa a policías que también piensan como nosotros en otros países de Europa y en Estados Unidos. La policía llega a un enfrentamiento armado y violento al comercio de los drogas. En este combate, con fuego real, contra el narcotráfico, los policías mueren para nada. Un policía muere y al día siguiente sigue el combate con otro policía en su lugar. Y un narcotraficante muere y al día siguiente otro está en su lugar, mientras el consumo y el comercio de droga sigue. Existe un interés en mantener la prohibición.

¿Por qué?

Porque las drogas alimentan el mercado de armas, la corrupción y varios intereses. Hay dinero sucio, que circula sin pagar impuestos, que paga campañas electorales y sobresueldos a los policías. Yo he oído a policías de Brasil bromear que si se legaliza la droga, la 'empresa' quiebra. Sabemos que muchos policías de Brasil no sólo se alimentan de su sueldo, sino también de negocios ilícitos, que son una forma de mantener a la policía bajo el control de traficantes o de políticos corrompidos.

A nivel de partidos políticos, como en la policía, ¿los partidarios de la legalización también son minoría?

También, porque se emplea, no solo en Brasil, un discurso moral para justificar algo que no tiene racionalidad como es la prohibición total. Al menos en Brasil, mueren más personas por la prohibición de las drogas que por el consumo. El enfrentamiento armado con los traficantes produce muerte de niños y de gente que nunca ha tenido contacto con las drogas, y eso es producto de la prohibición. Es una irracionalidad.

El problema de Brasil es que los partidos están excesivamente concentrados en la competición electoral. El Partido de los Trabajadores (PT) en su programa para la primera vuelta de las elecciones incluía un debate sobre la legalización, pero de cara a la segunda vuelta lo retiraron por miedo a que les penalizara electoralmente. La política se resume en el pleito, la disputa, antes y después de cualquier elección, y esto hace difícil avanzar en la legalización.

Ha hablado de un discurso moral. ¿Qué influencia ejerce la religión católica?

Hay un puritanismo muy influyente, en especial el de las iglesias evangélicos. Pero tenemos que dialogar con las iglesias evangélicas para convencerlas para abandonar. También con la ley seca de EEUU la iglesia fue su principal promotora, pero terminó viendo que era negativa.

Todo apunta a que Jair Bolsonaro será el próximo presidente de Brasil. Muchos de sus colaboradores son militares, y como él nostálgicos de la dictadura militar. ¿Cómo ha pasado Brasil de un gobierno progresista del Partido de los Trabajadores a Bolsonaro?

En Brasil la democracia partió de un punto distinto respecto a otros países de Sur América con la amnistía a los militares del régimen anterior: en Chile o Argentina se castigó a los militares, pero en Brasil los militares nunca se alejaron del poder. De hecho, la constitución democrática de Brasil, en su artículo 142, permite que por cuestiones de orden, sin explicar qué orden, las fuerzas armadas garanticen los poderes democráticos constituidos.

Es como el lobo vigilando las ovejas. Por eso los políticos tienden a movilizar a los militares, como pasó en Río por carnaval. Dijeron que había violencia y se movilizó a los militares. No me sorprende que Bolsonaro haya captado a antiguos militares y su discurso favorable de la dictadura porque los militares nunca se fueron.

¿Cuánto ha pesado la violencia en las calles asociada a las drogas en el apoyo a Bolsonaro?

Es una tragedia. La propuesta política de Bolsonaro para acabar con el problema del narcotráfico son los tiros. Es disparar y entrar con gente armada en las favelas, algo que la policía, por cierto, ya hace, pero Bolsonaro quiere oficializar el sistema de matar a traficantes o a cualquiera que lo parezca, similar a lo que ocurre en Filipinas

¿En qué situación cree que quedará Brasil si gana Bolsonaro?

En una situación muy peligrosa. Estoy muy preocupado por la eventual victoria de Bolsonaro, igual que muchos de mis compatriotas. Bolsonaro representa los intereses del capital transnacional, va más allá de representar al capital financiero de Brasil, que por cierto ya resultó beneficiado del paso por el poder del PT. Bolsonaro quiere entregar al capital todo, el petróleo, las riquezas naturales, la energía, la educación pública, privatizarlo todo. Bolsonaro usará Brasil de nuevo como laboratorio del capital financiero internacional: un gobierno legitimado por las urnas pero entregando todos los recursos al capital financiero.

Entre Rocinha y Manguinhos, en Río de Janeiro, viven más de cien mil personas. Veintidós kilómetros separan ambas favelas. La primera se levanta en la zona sur de la ciudad, junto a la clase alta. La segunda se adivina en el hervidero de la zona norte. Están controladas por el Comando Vermelho [rojo], y las dos se han visto irremediablemente arrastradas por la campaña de la extrema derecha que lidera el candidato presidencial Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal, PSL).

Las favelas brasileñas representan un caso de análisis en cuanto a las contradicciones brasileñas. Con amplia mayoría de población negra, siguen el discurso de un político racista; viviendo a diario ataques contra los derechos humanos, aceptan el mensaje de un acérrimo enemigo del activismo social; formadas y mantenidas por obreros, apoyan un programa que ataca sus derechos laborales. Para intentar comprender estar realidad, primero hay que pisar el terreno y conocer el ritmo de unas comunidades con muy pocas salidas.

Una de las activistas más populares –muy a su pesar– de Manguinhos es Ana Paula Oliveira. Se entregó a la lucha por los derechos humanos el día en que la policía militar asesinó a su hijo Johnatha en 2014. No da crédito al ascenso de la extrema derecha en el país, en general, y en su barrio en particular. Y, como muchos de los brasileños, tampoco comprende a alguno de sus familiares. En su caso, uno de sus primos vota a Bolsonaro. Y eso que estuvo a su lado durante la tragedia de hace cuatro años, y además está estudiando la carrera de derecho.

Pero “quiere un presidente que no sea corrupto”, dice, y al que no le tiemble el pulso. “Está también a favor de la posesión de armas”, cuenta Ana Paula a eldiario.es, en una de las plazas de Manguinhos. Le cuesta digerir que su primo no sepa o no quiera saber que lo primero que estará en el punto de mira de ese pulso firme serán las favelas.

Ametrallar Rocinha desde un helicóptero

En Copacabana, Ipanema, Leblon, Botagofo, Flamengo o Barra da Tijuca, ahí sí, existirán los derechos humanos para “humanos derechos” –refrán que Bolsonaro ha puesto de moda. El candidato ultraderechista jamás amenazará con acciones violentas contra estos barrios acomodados. A principio de este año, el diario O Globo publicó que en una charla organizada por el banco Banco BTG Pactual, de la cual no había registro audiovisual, el candidato había amenazado con ametrallar la favela de Rocinha desde helicópteros –avisando previamente lanzando octavillas– para acabar con el narcotráfico.

Bolsonaro primero desmintió en un vídeo que hubiera mencionado a Rocinha en esa charla. Más tarde, su asesoría de prensa lanzó un comunicado en el que intentaba salir del laberinto, sin éxito, aclarando que se refería “exclusivamente a la guerra contra los traficantes, cuando en septiembre del año pasado doscientos delincuentes huyeron por la maleza de la parte alta de la comunidad y se escaparon y refugiaron en otras favelas de la zona norte de Río, llevando el pánico y el terror a la población carioca”.

Según Bolsonaro, los policías no les detuvieron “porque el estado no les permite actuar, por falta de retaguardia jurídica”. Esto supone una mentira más en la lista de su candidatura, pues la policía militar –lo ha denunciado Amnistía Internacional en múltiples ocasiones, y Ana Paula Oliveira, en Manguinhos, es una víctima más– actúa con total impunidad en las favelas de Río. Solo saldan cuentas ante la justicia militar, y la mayoría de las veces echan mano del denominado “Auto de Resistencia”, un concepto por el que alegan intervenir en defensa propia, y que les sirve de eficaz vía de escape.

“Una vez que los delincuentes estuvieran claramente alejados de la comunidad”, continuaba el comunicado de explicación de Bolsonaro, era planteable “disparar en casos de enfrentamiento o no rendición”. Ese es el plan del candidato presidencial para Rocinha, o cualquier favela con problemáticas similares. Y a pesar de estas advertencias, la población está dividida. “Se podría decir que estamos mitad-mitad”, comentan desde Favela da Rocinha, uno de los principales medios digitales del barrio.

“El ambiente está tranquilo”, aseguran desde Rocinha em Guerra, otra de las principales vías informativas para los residentes. “Solo están prohibidas las manifestaciones de apoyo a Bolsonaro, porque los traficantes reprenden a los vecinos”. Esta actitud del Comando Vermelho coincide con la ya declarada por la facción en el estado de Ceará, en el noroeste del país. En Manguinhos de momento no se ha escuchado tanto este tipo de posicionamiento político por su parte.

Este rechazo del Comando Vermelho a Bolsonaro tiene mucho que ver con el apoyo del candidato a las milicias paramilitares que articulan sus propias ejecuciones extrajudiciales contra los narcotraficantes, combatiendo con ellos por cada territorio. Bolsonaro ha llegado a dar la enhorabuena a estas milicias, por llenar un vacío que debería llenar el Gobierno. “Hay gente que es favorable a las milicias, porque es la manera que tienen de verse libres de violencia. En las regiones donde se paga a la milicia, no hay violencia”, declaró en un programa de radio. Dando como bueno que los comercios que pagaban mensualmente a la milicia no sufrían asaltos. “Hemos llegado hasta ese punto”.

La influencia de la iglesia evangélica

Además de los votantes que optarán por Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones –28 de octubre–, y los que lo harán por la decepción por el Partido de los Trabajadores, están también los que seguirán el mandato del pastor de su iglesia evangélica. “Hay mucha iglesia evangélica en Manguinhos, mucha”, asegura Ana Paula. Y mucha más en Rocinha, cincuenta aproximadamente, cinco veces más que iglesias católicas.

“Nuestra teología fue una construcción que ha dejado mucho margen para que el fascismo pudiera crecer”, analiza para eldiario.es Camila Mantovani, representante de las nuevas corrientes progresistas dentro del evangelismo, y miembro del colectivo Esperançar. “Extremamente conservadora, extremamente excluyente, que incorporó la exaltación al capitalismo”. Mantovani forma parte de una vigilia de cristianos contra el fascismo, convocada por evangélicos y católicos.

“Esa teología es construida sobre la desinformación de las personas. No son incentivadas a hacer una lectura crítica de la Biblia. Simplemente llegan el domingo a la iglesia y beben de lo que su líder esta hablando, sin ningún nivel de crítica”, relata. “Regresan a sus casas comprando aquel discurso sin ni siquiera comprobar en la Biblia si aquello procede o no”.

Los grandes líderes de la iglesia evangélica, así como la bancada evangélica de diputados, han declarado su apoyo público a la extrema derecha representada por Jair Bolsonaro. Ya en su día estuvieron del lado militar en el Golpe de 1964, agradecidos que ser salvados de los peligros del “comunismo ateo”. Al menos en la primera vuelta de estas elecciones, esas iglesias que apoyaban a Bolsonaro eran las grandes franquicias, con pastores adinerados y fieles de clase media. “De forma general, las comunidades más pobres tienen mucha más resistencia y potencial de poder resistir al fascismo”, puntualiza Mantovani. “El trabajador siente la navaja cortándole la cara. Cuando hablamos de explotación, el trabajador sabe de lo que estamos hablando”.

En Manguinhos, camino de la estación de tren, pasa un vecino que se baja de la bicicleta para saludar a Ana Paula Oliveira. “Aquí somos de Haddad”, dice decididamente, en referencia al candidato del Partido de los Trabajadores. Lo cual inaugura el debate entre los dos, porque ella duda de sus vecinos, no lo ve tan claro. Es más esperanza que análisis político. Si la policía militar ya ha sido difícil de controlar en Manguinhos en los últimos años, lo que llegaría con Bolsonaro sería, como él mismo avisa, una sucesión de reconocimiento de méritos a todo aquel que mate a un delincuente. “Ahora encima les va a condecorar”, reclama Ana Paula.

El 8 de julio de 2011 era viernes, el Programa de Aceleración del Crecimiento (P.A.C.) tiraba de Brasil a todo gas y en el horizonte se vislumbraba una Copa del Mundo y unos Juegos Olímpicos. La presidenta Dilma Rousseff comenzaba el fin de semana junto al gobernador del estado de Río de Janeiro, Sergio Cabral, y el alcalde de Río, Eduardo Paes, realizando el viaje inaugural del teleférico que une el barrio de Bonsucesso y el punto más alto del Complexo de Alemão, uno de los complejos de favelas más grandes y peliagudos de todo el país. Invirtieron aproximadamente 75 millones de euros en varios de esos teleféricos que daban servicio a algunos de los cerros más pobres de la ciudad.

Ese trío de gobernantes es el mural perfecto para resumir la actual política brasileña. La presidenta fue apartada de su cargo tras un impeachment que partió al país en dos ideológicamente, añadiendo las dosis de odio que aún perduran y que marcan esta campaña electoral. Sergio Cabral (PMDB), exgobernador, está en la cárcel desde hace un par de años, condenado a más de cien por corrupción, lavado de dinero, evasión de divisas y pertenencia a organización criminal. Eduardo Paes (Demócratas, DEM), el exalcalde, tenía absolutamente abandonados y olvidados decenas de barrios de toda la ciudad, incluido Bonsucesso –desde donde partía ese teleférico. El transporte, muy lejos de la idea de movilidad urbana, se iba sacando adelante con un caótico servicio de autobuses que salían del barrio por una autopista congestionada y peligrosa, y una infinidad de camionetas clandestinas encargadas de cubrir el vacío del estado.

Paes, con veinticinco años de carrera política, ocho de ellos comandando esta negligencia desde el ayuntamiento, ahora visita el barrio como candidato a gobernador del estado pidiendo el voto a los vecinos y prometiendo tanto abajo como arriba –en la favela– que el servicio de teleférico, irremediablemente paralizado tras las Olimpiadas, se reanudará si gana las elecciones estatales.

Barrios enteros obligados a la autogestión

Las favelas y los barrios más reprimidos de las ciudades brasileñas se han visto obligadas desde siempre a fomentar la autogestión. Muchas veces, donde no llegaba el gobierno de turno –municipal, estatal o federal– llegaban las bandas de narcotraficantes, ganándose el favor de la población a cambio de servicios. Los gobiernos aparecen muy de cuando en cuando y con proyectos exóticos, como este ejemplo del teleférico. Algunos vecinos opinaban que era más urgente el saneamiento básico, algún hospital o remodelar la escuela, otros tenían pánico a las alturas, y otros explicaban que eso realmente le venía bien al que vivía arriba del todo, pero a los demás no. Es decir, como ellos mismos ironizan, “cosa de gringos”, o algo “pra inglês ver”.

La movilidad urbana, vital para el acceso a los servicios públicos, siempre ha sido uno de los mayores obstáculos para la población brasileña con menos recursos económicos. Y aunque siempre la han autogestionado –con las furgonetas kombi, con mototaxis– ahora la están reinventando. Viendo que el mapa de metro beneficia solo a unos pocos, y la flota de autobuses sigue sin nutrir correctamente las favelas, los mototaxis aumentan sus servicios basándose en los mensajes por whatsapp. Los tiempos cambian pero ellos siguen siendo los que más suben y bajan laderas en mal estado.

Los taxistas, por su parte, no subían a determinadas zonas del Complexo do Alemão (Río de Janeiro) ni cuando estaba recién estrenada la pacificación –comenzó a finales de 2010, con la instalación de unidades de policía militar en zonas clave. Pedir que suban ahora, después de que haya fracasado el plan y cuando la violencia está alcanzando cotas insospechadas, no es nada realista. Lo mismo sucede en muchas de las otras favelas de Río de Janeiro o de São Paulo. Aplicaciones como Uber o Cabify tampoco les funcionan a los vecinos, porque detectan automáticamente zonas de riesgo y no disponibilizan vehículos. Por eso, en Brasilândia –zona norte de São Paulo– tuvieron que crear Ubra.

Por allí es difícil que circulen siquiera servicios de recogida de basuras o ambulancias. La violencia les estigmatiza. Al comienzo del año pasado, cuando estrenaron el sistema, Emerson Lima, el gerente, aseguraba en el canal público TV Cultura que Ubra además de un emprendimiento es un proyecto social. Son vecinos trabajando para vecinos: “La mayoría de nuestros conductores son de por aquí, entonces lo que causa miedo a otras personas de fuera del barrio, para nosotros es tranquilo, subimos y bajamos el morro, de día, de noche y de madrugada sin ningún problema.”

A través de una aplicación móvil o también mediante un sencillo whatsapp los vecinos consiguen solicitar los trayectos que hasta entonces les resultaban imposibles. “En el caso de que desee solicitar un coche, infórmenos por favor de las direcciones completas de origen y destino. Primero la dirección donde está y después la dirección final”, se puede leer en el mensaje automático que recibe el usuario al contactar directamente con la centralita. En pocos segundos reciben el precio total de la carrera. Pueden pagar de diversas formas, e incluso lo pueden dejar a deber. En Ubra se fía.

Dificultades sigue habiendo muchas, sobre todo las relacionadas con las bandas de narcotraficantes o las milicias paramilitares que se disputan el control de cada favela. Todo tiene que pasar por los dueño del morro. “No necesariamente es necesario hablar con ellos, pero los conductores, por el hecho de ser vecinos antiguos, ya saben cómo proceder”, reconocía el gerente de Ubra en TV Cultura, dejando entrever que siempre es bueno llegar a pactos.

En contraposición a estos trabajosos movimientos de autogestión de las favelas, los Juegos Olímpicos dejaron como principal legado la revitalización de la zona portuaria de la otra gran urbe brasileña, con proyecto que ha incluido un tranvía (el VLT) que se desplaza de manera lenta pero segura y va pasando por museos mientras une la estación de autobuses de Río y el aeropuerto Santos Dumont. Es decir, muy cómodo y práctico para los turistas.

Olvido institucional: inseguridad y violencia

Este olvido teledirigido, y las lastimosas condiciones laborales y económicas de la población, la hacen más manipulable ante los cantos de sirena de los políticos en la campaña electoral. El problema social de la inseguridad ciudadana y el problema de salud pública generado por las adicciones en las zonas más reprimidas, facilita, por otra parte, que el discurso radical de la ultraderecha que vende más violencia contra la violencia, cale también en la población con mayores recursos y con mayor nivel de estudios. Lo demuestran las encuestas a las elecciones presidenciales, con el ultraderechista Jair Bolsonaro al frente.

Los resultados de la intervención federal en la seguridad pública de Río de Janeiro, en cambio, dejan claro que más acción militar no resuelve el mal, más bien lo contrario. El Observatório da Intervenção, Anistia Internacional Brasil y las organizaciones Redes da Maré y Conectas Direitos Humanos, contando con el apoyo de Mônica Benício, viuda de Marielle Franco, concejala carioca asesinada hace ya más de medio año, han denunciado ante la ONU en Ginebra que durante los siete meses que se han cumplido ya de intervención, las confrontaciones entre las fuerzas de seguridad y las bandas criminales han aumentado notablemente, incrementándose también en un 49% las personas muertas por acciones militares (916 muertos, más de cuatro personas al día).

Las razones de esta denuncia son solo una parte de la problemática por la que la población brasileña con menos recursos está destinada a la autogestión, a salir adelante con sus propios medios, incluidos sus propios medios de transporte. Se sienten ignorados en cada movimiento de sus gobernantes, como cuando en 2016 se inauguró una estación de metro en Río de Janeiro situada entre São Conrado y Rocinha (la favela más grande de Brasil, con casi 100.000 habitantes) y el ayuntamiento eligió como nombre “Estação de São Conrado”. Las asociaciones de vecinos se echaron a la calle y recogieron firmas para que se sustituyera el nombre por Rocinha/São Conrado, esa visibilidad era muy importante para ellos. Lo único que consiguieron fue que en una de las tres salidas de la estación cambiaran el adhesivo de cartel por uno nuevo que decía São Conrado/Rocinha, y que la megafonía les nombre en los vagones.

En los planos de metro no aparece Rocinha porque los gobernantes siguen mirando para otro lado, y cuando miran, tienen ideas del estilo de la del actual alcalde de Río, Marcelo Crivella, una mañana que pasó por allí con su equipo de gobierno y anunció que iba a pintar diez o doce fachadas: “Para que cuando la gente pase por la [carretera] Lagoa-Barra y miren hacia aquí y se queden con la idea de una comunidad cuidada, bonita, de un pueblo trabajador, en fin, hoy está un poquito fea”.

Los ocupantes del vehículo que fue tiroteado este lunes por la Policía brasileña en una favela de Río de Janeiro, provocando la muerte de una turista española, negaron la versión de la Policía Militarizada de que el auto “rompió el bloqueo policial” y rechazaron que hubiera cualquier tipo de control.

El hermano y la cuñada de la víctima, María Esperanza Ruiz Jiménez, así como el conductor del vehículo, de nacionalidad italiana, y la guía, brasileña, declararon ayer por la tarde ante la Policía Civil de Río de Janeiro y contradijeron la versión dada por la Policía Militarizada, explicaron fuentes oficiales.

“Las personas que iban en el coche, no vieron ningún control ni ninguna orden policial de parada. Estamos investigando para saber las circunstancias bien detalladas, para saber por qué dispararon” contra el vehículo, aseguró ante la prensa el comisario de la División de Homicidios de la Policía Civil, Fábio Cardoso.

Según él, “el vehículo dejó a los turistas abajo en la favela, se esperó y cuando recibió la llamada de la guía para ir a buscarlos, el conductor fue a buscarlos. En la bajada, sin encontrarse ningún control de la policía, escucharon disparos y entonces vieron que María había sido alcanzada por un tiro en la altura del cuello”.

La turista española, de 67 años y natural del Puerto de Santa María (Cádiz), fue trasladada en el mismo vehículo al Hospital Miguel Couto de la zona sur de Río de Janeiro, en el que falleció.

El incidente se produjo en las proximidades del Largo dos Boiadeiros, una bulliciosa zona comercial de la parte baja de la Rocinha, donde desde hace mes y medio se libra una guerra abierta entre bandas rivales de narcotraficantes que las autoridades combaten con la presencia del Ejército.

Según la Policía Militar, el auto en que viajaba Jiménez “rompió el bloqueo policial” en las proximidades del Largo dos Boiadeiros, por lo que los agentes dispararon y “durante el abordaje verificaron que se trataba de un vehículo para el transporte de turistas”.

Cardoso dijo que la Policía Civil ya realizó una pericia en el lugar de los hechos y en el vehículo. “Fueron dos tiros, uno en el vidrio y otro en el parachoques”, agregó. La Policía está investigando el tipo de proyectil usado en los disparos. El delegado calificó de “inadmisibles” los hechos y criticó a los agentes que “dispararon sin ningún tipo de justificación contra este vehículo”.

Dos policías han sido detenidos

Los dos policías militarizados acusados fueron detenidos y trasladados a la cárcel de la Policía Miltiarizada en Niterói, en la región metropolitana de Río de Janeiro.

Amnistía Internacional (AI) ha publicado un comunicado en el que denuncia que la muerte de la turista española “es resultado de un patrón reiterado de actuación de las fuerzas de seguridad en la ciudad, que hacen un uso innecesario y excesivo de la fuerza letal”. 

La organización internacional apunta que “Rocinha y otras favelas en Río de Janeiro sufren cotidianamente acciones de la Policía que suelen resultar en decenas de personas muertas. Amnistía Internacional ha podido documentar que, aunque la Policía sostenga que estas muertes son efectuadas en 'legítima defensa', muchas de ellas son ejecuciones extrajudiciales, o el resultado del uso innecesario y excesivo de la fuerza”. Solo este año han sido más de 700 las personas muertas por la Policía en el estado de Río de Janeiro, según los cálculos de AI.

Por su parte, la comisaria del Departamento de Atención al Turista de la Policía Civil, Valéria Aragão, aseguró que los tres turistas españoles eran conscientes que estaban en una favela, pero que por el hecho de estar pacificada, creyeron que estarían seguros en ella.

Según ella, el grupo incluso comentó que se sentían más seguros por el hecho de haber policías en las calles de la comunidad.

“Ellos sabían que era una favela, pero desconocían que era una área peligrosa. Entendían que sería un escenario, un territorio tranquilo para pasear. Vieron policías circulando y por eso se sintieron más seguros, cuando la verdad, era exactamente lo contrario”, explicó ante la prensa.

Aragão afirmó que la policía está investigando si los tres españoles realmente “fueron alertados por la guía y el conductor sobre el escenario” al que iban y alertó del desconocimiento de muchos extranjeros a la hora de entrar en comunidades de Río de Janeiro. “Vemos a varios turistas siendo abordados y robados en lugares conocidos como peligrosos. Los ciudadanos brasileños tienen la información, pero los extranjeros no”.

Según Aragão, “hacer turismo donde hay operaciones policiales siempre conlleva una posibilidad de tiroteos. La Policía está allá para proteger al ciudadano, pero cualquiera puede ser víctima”.

Según estimaciones oficiales, en Río de Janeiro se registra una media de un tiroteo cada dos horas y, desde enero, han muerto más de 4.000 personas en actos de violencia, entre ellos más de 100 policías.

A la una de la tarde, el sol pega fuerte en la ladera del Complejo del Alemán. Unas ráfagas de viento que auguran una de esas tormentas rápidas alivian el calor pegajoso de Río de Janeiro. Todo parece tranquilo a pocos metros de esta favela, conocida por ser una de las más peligrosas de la ciudad.

Renata Trajano recoge a los periodistas en coche para subir hasta su casa. “No le aconsejo a nadie que venga solo”, advierte. El viaje dura unos diez minutos de subida por las retorcidas y empinadas calles de la comunidad. El dueño del auto, un amigo suyo, en su tiempo libre sube a los vecinos y amigos por un módico precio.

En los tejados que están pegados a la casa de Renata se ve a un grupo de niños que juega con cometas. Un poco más abajo, la dueña de una tienda de ultramarinos sale a vender unas latas de guaraná a unos chavales que matan el tiempo sentados en una moto. Nada parece indicar que en las últimas 48 horas estos vecinos se habían quedado encerrados en sus casas a la espera de que acabara un tiroteo continuado entre policías y narcos. Renata da una pista y enseña una marca de bala en una de las columnas de ladrillo que sostienen su terraza: “Esa no fue de ayer, ya tiene años”.

Esta mujer de 36 años, profesora de enseñanza básica en paro, es una de los ocho componentes del colectivo Papo Reto (en la jerga carioca quiere decir “hablar sin pelos en la lengua”). Este grupo de jóvenes nacidos en el Alemán utilizan sus móviles y cámaras para proteger a los vecinos y denunciar la violencia policial. Los medios tradicionales no les escuchaban y decidieron ser ellos los que darían las noticias.

La paz que no llega a las favelas

En 2010 el Gobierno de Río de Janeiro dio inicio a sus políticas de pacificación de favelas. Faltaban seis años para los Juegos Olímpicos y no querían ningún problema. La ciudad carioca no es como otras urbes brasileñas, donde las villas miserias crecen en los márgenes. En Río de Janeiro las favelas están dentro de la ciudad. Ricos y pobres, codo con codo.

El secretario de Seguridad de la época, José Beltrame, se propuso implantar las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las comunidades en las que antes nadie se atrevía entrar. El Alemán era una de ellas, una favela de 200.000 habitantes con trece barrios que se reparten por las laderas de un gran morro. Desde la terraza de Renata las vistas son espectaculares. Al fondo se ve el estadio de atletismo en el que meses antes compitió Usain Bolt.

La paz nunca llegó al Alemán, quizá porque para intentar instalarla usaron la represión policial. Fue a finales de 2010 cuando el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) y las Fuerzas Armadas decidieron echar a tiros a los narcotraficantes. El ataque duró horas y se retransmitió en directo en televisión, con escenas al más puro estilo de Apocalypse Now. Encarcelaron a algunos de los peces gordos del morro, e instalaron la UPP que, en teoría, funcionaría para proteger a los vecinos. En la práctica sucedió todo lo contrario.

“Hace años que vivimos en guerra, uno se acostumbra a la violencia”, dice con cansancio y con el escepticismo de alguien que ya ha visto muchas cosas. Renata es una mujer tan seria que parece desconfiada, solo se ríe cuando critica a Neymar “por caerse tanto”, y se anima cuando presume del Flamengo, su equipo del alma: “No podía ser otro”.

Renata explica que los tiroteos pueden ser semanales, pero que durante largas temporadas han sido diarios. Su móvil, del que más tarde dirá que es su “fusil”, tiene grabados decenas de audios con lluvias de disparos. Reproduce uno. También hay vídeos, como el de aquel día en que tuvo que quedarse horas en una tienda porque los policías habían comenzado un nuevo tiroteo en esa misma calle.

Cuando los disparos le pillan en casa, dependiendo de la cercanía de los tiros, se tumba en el suelo para no arriesgarse a que le dé una bala perdida. Esa es la forma más fácil de morir en una favela de Río de Janeiro, pero también en el país en el que cada 23 minutos se asesina a un joven negro. Renata es joven y negra, y lo tiene muy claro: “Soy muy consciente de que aquí puedo morir en cualquier momento. Algún día me puede llegar ese disparo”.

El móvil como arma

En 2011 el Estado ofreció al Complejo del Alemán un teleférico que facilitaba a los trabajadores el acceso a las partes altas de la favela. La obra costó 90 millones de euros y, dos meses después de acabar los Juegos Olímpicos, dejó de funcionar porque el Estado no podía pagar su mantenimiento: “Nosotros pedimos escuelas, que nos construyan centros de salud, que tengamos condiciones mínimas de salubridad en el barrio, pero ellos sólo nos ponen policía y ese teleférico pensado para turistas. Para nosotros, siempre fue inútil”, reclama Renata.

La violencia permanente y el abandono del Estado estallaron en 2013, después de semanas de lluvias intensas que dejaron a más de 200 vecinos sin casa. “Nadie nos ayudaba, ni siquiera mandaban comida. Tuvimos que organizarnos entre nosotros para realojar a los que habían perdido sus casas”. Fue el click que necesitaban estos ocho jóvenes, todos involucrados en derechos humanos desde hacía tiempo, para decidirse a crear Papo Reto.

Son cuatro hombres y cuatro mujeres vinculados a las tecnologías de la información que se dieron cuenta de que la única forma de protegerse era cuidando los unos de los otros: “El Estado viola permanentemente nuestros derechos más básicos, no podemos contar con ellos”. Papo Reto puso en marcha una web, un blog, una cuenta en Facebook y un grupo de WhatsApp.

El móvil es su arma. Con él se dedican a documentar los casos de violencia que denuncian los vecinos, los cuelgan en sus redes y, de vez en cuando, los medios tradicionales publican su material. “Los periodistas no se atreven a venir por aquí y a las televisiones no les interesa contar nuestros muertos”, dice Trajano.

El grupo de WhatsApp (con 257 inscritos) funciona para alertar sobre las zonas de riesgo: “Es una favela enorme y puede haber un tiroteo en una zona pero en otra no, entonces indicamos cuál puede ser el mejor camino o dónde puede haber policía”. Esa última opción se entiende como un peligro.

Eduardo Jesús: el Aylan del Complejo del Alemán

Renata no se olvida de la foto que enviaron al grupo de WhatsApp el 2 de abril de 2015. “No quería mirarla, me negaba a que fuera cierto”. Primero les llegó un mensaje escrito que anunciaba que el hijo de Terezinha había muerto: Eduardo Jesús, de diez años, con un disparo en la cabeza en la puerta de su casa. Una de esas balas perdidas de un fusil 7.62. “No quería creerlo, pero al ver la foto salí corriendo para allá”.

Los chicos de Papo Reto fueron los primeros en llegar al lugar. Los vecinos se amontonaban alrededor del cuerpo. La madre del niño gritaba desesperada a los policías que habían disparado el tiro de gracia.

Renata, la mediadora de conflictos dentro del colectivo, tuvo que poner en práctica más que nunca se experiencia: “Los vecinos estaban enloquecidos, querían salir a quemar autobuses para demostrar su indignación. Tuve que calmarles porque si hacían eso, iba a ser peor, nos iban a culpar a nosotros”.

La otra preocupación de Renata era que la policía no alterara la escena del crimen, una práctica habitual denunciada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Papo Reto sacó fotos de todo para que en un futuro juicio no fuera la palabra de los vecinos contra la de la policía: “Necesitábamos pruebas”.

Los policías llegaron horas después. Durante horas el cuerpo de Eduardo Jesús quedó tirado en la puerta de su casa: “Fue uno de los días más difíciles de mi vida. Defender los derechos humanos no es salir con una pancarta a protestar, sino estar al lado de una madre que llora la muerte de su hijo”.

La muerte de Eduardo Jesús fue un antes y un después para Papo Reto, para bien y para mal. “Somos los más famosos de la favela”, bromea Renata en uno de esos pocos momentos en los que suelta una gran sonrisa. Los vecinos los adoran porque se sienten protegidos, pero la Policía se la tiene jurada. Reciben constantes amenazas, la frase más repetida es esa de “la próxima bala perdida te puede tocar a ti”. Por eso los ocho siempre comunican al grupo dónde están y cuándo vuelven a casa: “Si alguno tarda mucho en responder, nos volvemos locos”.

Desde 2015, la ONG Witness, fundada por el cantante Peter Gabriel, les subvenciona con smartphones de última generación para poder cumplir su trabajo. Witness se encarga desde hace 23 años de ayudar a grupos de activistas que están en zonas de conflicto a utilizar con seguridad móviles y otras herramientas de vídeo para denunciar violaciones de derechos humanos.

Papo Reto fue uno de los premiados por Witness a finales de 2015 y algunos miembros del colectivo fueron invitados a universidades de México, Colombia y Estados Unidos para contar cómo es su trabajo. En el último año están ayudando a implantar su modo de trabajo en otras favelas de la ciudad.

Papo Reto no gana ningún dinero. La mayoría de sus componentes tiene otros trabajos relacionados con comunicación y ninguno de ellos se plantea dejar el Alemán. Renata vive con su hija de 17 años y con su madre de 77, lleva toda la vida en su casa con vistas, en la parte alta de la favela: “Mi vida está aquí, mi pueblo está aquí. Nos levantamos con tiros y nos dormimos con tiros, pero mi patria es el Alemán”.

La madre de Eduardo Jesús, Terezinha, sí abandonó esta favela meses después de la muerte de su hijo. Regresó a Piauí –en el norte del país– con sus dos hijas, su nieto y su yerno. El padre, se quedó un tiempo más para seguir la denuncia que el Ministerio Público de Río de Janeiro interpuso contra los policías.

Hace dos meses el Tribunal de Justicia anunció que archivaba el caso por considerar que la Policía actuó en “legítima defensa”. El pasado sábado, otra niña de dos años murió por una bala perdida cuando jugaba en la puerta de un restaurante de Río de Janeiro. Sucedió en la zona norte, a pocos metros del Complejo del Alemán.

Peluches que simbolizan los tractores que han arrasado, estos últimos dos años, con cientas de favelas en Río de Janeiro. Un puzzle que recompone el coche tiroteado 111 veces por la Policía Militar en el que fueron asesinados cinco jóvenes del suburbio de Costa Barros, zona norte de  Río de Janeiro. O sandalias con la estampa de negros siendo cacheados por su color de piel de camino a la playa. Estos son algunos de los polémicos “anti-souvenirs” olímpicos creados por el humorista y artista brasileño Rafael Puetter, conocido como Rafucko. Instantáneas cotidianas para el conjunto de la sociedad brasileña y que muestran el grado de represión policial existente en la inminente sede olímpica. 

La brutalidad policial desangra el estado de Río de Janeiro, cuya mortandad se cobró la vida de 645 personas solo en el año 2015: el 77,2% era de raza negra o mestizo. En concreto, el año pasado, uno de cada cinco homicidios en la ciudad fue cometido por policías en servicio. En lo que llevamos de 2016, más de 100 personas ya han sido asesinadas por estas fuerzas armadas, en su mayoría jóvenes negros y procedentes de las favelas, según denuncia Amnistía Internacional. Esta realidad de muerte e impunidad, reservada a las áreas más desfavorecidas de la Ciudad Maravillosa, no parece que vaya a mejorar de cara a las Olimpiadas, en las que se espera que unos 85.000 agentes —entre policías y militares— garanticen la seguridad pública.

“Cuando Río fue galardonado con los Juegos Olímpicos en 2009 las autoridades prometieron mejorar la seguridad para todos. En lugar de ello, hemos visto 2.500 personas asesinadas por la policía desde entonces y muy poca justicia”, afirma Atila Roque, director de Amnistía Brasil. Este clima de impunidad bajo el que, según la ONG, en numerosas ocasiones se esconden ejecuciones extrajudiciales, es también denunciado por la organización Human Rights Watch en su último informe.  Según este estudio, las amenazas a testigos o las alteraciones del escenario del crimen añadiendo pruebas falsas son algunas de las prácticas habituales para encubrir el uso ilegal de la fuerza letal.

Voces desde las favelas

“No voy a tener tiempo de animar a Brasil en los Juegos. Estaré atenta y preocupada con mi familia y con los habitantes de (la favela de) Manguinhos por causa de la violencia policial. Para los pobres, lo que nos queda es un legado de dolor, sangre y lágrimas”, escribió hace unos días para la columna feminista #AgoraÉQueSãoElas (“Ahora son ellas”), del diario Folha de S.Paulo, la pedagoga Ana Paula Oliveira desde la sede de la ONU en Ginebra, Suiza.

Oliveira ha viajado desde Río hasta Europa con la única misión de denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las consecuencias fatales que tales megaeventos ocasionan en la vida de sus ciudadanos más humildes. Denunciar la militarización de sus barrios y hogares, la exclusión a la que son sometidos con el fin de mostrar “una ciudad bonita” a los turistas o la muerte de cientos de jóvenes de las favelas. Ella lo ha vivido en primera persona. Su propio hijo fue asesinado por la policía militar un mes antes del Mundial de Fútbol, en mayo de 2014.

“Es verdad que estar en Europa ya es una gran victoria, es salir de la favela hacia el mundo con la responsabilidad de representar a millares de madres. Para nosotras, que vivimos en la invisibilidad, poder dar voz a nuestros niños es muy importante. Tengo la esperanza de que las personas escuchen lo que tengo que decir y se empeñen en cambiar esa realidad”, continúa Ana Paula. Una realidad de crímenes impunes y violaciones de derechos que hoy busca oídos.

La atención mediática que toda Olimpiada genera es uno de los pocos factores positivos con los que Theresa Denise Williamson, fundadora de la ONG Catalytic Communities, se complace: “Nunca antes la sociedad civil carioca ha estado tan fuerte, informada, consolidada y unida. La visión internacional de lo que es Río ahora se asemeja más con la realidad de la ciudad, lo que creará un estímulo de cambio entre una élite muy preocupada con su reputación en el extranjero”, afirma Williamson, quien también lucha por transformar esa imagen internacional a través del medio alternativo RioOnWatch, donde da visibilidad a lo que sucede en las favelas.

Otras formas de violencia

“Las personas a veces piensan en el pobre como basura que debe ser retirada. No somos basura. Somos personas con derechos que tienen que ser respetados”, explica una orgullosa María da Penha, símbolo de resistencia de la comunidad Vila Autódromo. Esta favela, colindante con el Parque Olímpico, ha visto su población reducida de 600 a 20 familias en apenas dos años. Pocos vecinos lucharon por su derecho de permanencia, los mismos pocos que hoy pueden celebrar que se quedan. La mayoría aceptó una indemnización o se mudó al complejo ocupacional Parque Carioca.

Un incierto tira y afloja que, lejos de ser una excepción, se repite en muchos otros asentamientos irregulares amenazados por la hambrienta reestructuración y revalorización urbana que asolan la ciudad. Comunidades históricas como la Favela do Sambódromo, Vila das Torres o Largo do Campinho ya han sido demolidas. Otras, como la Vila União de Curicica o la Colonia Juliano Moreira —esta última amenazada por el trazado de la novedosa BRT Transolímpica, un carril exclusivo para autobuses exprés— han sido mermadas poco a poco. 

Las páginas del último dossier del Comité Popular de Río de Janeiro para la Copa Mundial y las Olimpiadas denuncian que al menos 4.120 familias han sido desalojadas de sus casas y 2.486 han vivido bajo esa amenaza por proyectos relacionados directa o indirectamente con los Juegos.

“Debido a estos desalojos muchos niños están viviendo en condiciones deplorables: sin acceso a agua, infraestructuras o posibilidad de ir a la escuela. Esto significa que podrían convertirse en víctimas de explotación, trabajo infantil o violencia sexual”, alerta la Federación Internacional de ONG Terres de hommes, centrada en los derechos de los niños. El fantasma del velado turismo sexual, que ya repuntó durante la Copa del Mundo, junto al flagrante trabajo infantil —que afectaba a 554 mil niños de entre 5 y 13 años en todo Brasil, según datos de 2014— constituyen, una vez más, los principales miedos.

Tampoco acaban aquí las violaciones de derechos humanos relacionadas con los Juegos Olímpicos. La misma organización denuncia que también se están produciendo desapariciones de personas sin hogar en algunos de los espacios públicos donde se celebrarán competiciones deportivas. En solo dos meses, de diciembre a febrero de 2016, unas 209 personas sin hogar han sido retiradas y 869 detenidas, según datos de la Secretaria de Estado.

“No estoy en contra de las Olimpiadas, pero sí en contra de utilizar un megaevento para hacer higienización social; para excluir y empeorar la vida de las personas que ya viven en una precariedad inmensa”, concluye con indignación Nathalia Silva, vecina de la combativa Vila Autódromo. “Hay que acabar con esa podredumbre oculta tras los Juegos”.

Penetrar en los 10 kilómetros cuadrados del conjunto de favelas de Maré en Río de Janeiro es como adentrarse en territorio comanche. No resulta agradable caminar por sus calles ante el escrutinio descarado de traficantes y adolescentes armados. Está prohibido devolverles la mirada y, por supuesto, tomar fotografías o sacar los teléfonos móviles del bolsillo. En Maré viven, en infraviviendas y con pocos accesos a servicios de salud y educación, unas 140.000 personas con escasos recursos. La violencia forma parte de su vida cotidiana. Sus residentes comparten el espacio con grupos de delincuentes organizados que se dedican al tráfico de droga y las denominadas “milicias”: bandas criminales formadas principalmente por ex agentes o agentes fuera de servicio de los cuerpos de seguridad estatales. Con la excusa del último Mundial de Fúbol, el ejército desempeñó funciones policiales en la comunidad entre abril de 2014 y junio de 2015. Los residentes denunciaron varias violaciones de derechos humanos —como violencia física y tiroteos— cometidas por las fuerzas militares durante ese periodo.

Las autoridades han desplegado alrededor de 65.000 agentes de policía y 20.000 soldados para vigilar los Juegos Olímpicos, en la que supone la mayor operación de seguridad de la historia de Brasil. Esto incluye el despliegue de personal militar para encabezar operaciones en las favelas. De momento, la policía realiza operaciones varias veces por semana y los datos son demoledores. Según el Instituto de Segurança Pública (ISP), sólo en la ciudad de Río de Janeiro, agentes de policía de servicio mataron durante el mes de mayo a 40 personas lo que supone un aumento del 135% comparado con las 17 muertes del mismo periodo de 2015. En la totalidad del estado, la cifra ascendió de 44 a 84, es decir, un 90%.

Maré es el conjunto de favelas que difícilmente verán los turistas y deportistas que lleguen a Río 2016 cuando se inauguren los Juegos Olímpicos el 5 de agosto próximo, pero lo tendrían muy fácil porque se sitúa en paralelo a la autopista -no está en ninguna colina, sino a ras de suelo- que une el aeropuerto con el centro de la ciudad. Eso sí, tendrán que alzar la mirada por encima del muro que han construido las autoridades para ocultar esta realidad.

De la favela a soñar con los Juegos Olímpicos

En el corazón de este conjunto de favelas, en la comunidad de Nova Holanda, está la sede de Luta Pela Paz, organización creada en el año 2000 por un boxeador inglés llamado Luke Dowdney que pensó en utilizar el boxeo para cambiar la vida de los jóvenes afectados por la violencia. Al mismo tiempo que se trabaja en el ring se imparte formación en sus aulas sobre sexualildad, liderazgo y talleres profesionales. También se practica judo, capoeira y taekwondo, entre otras disciplinas. En 2015 unos 1.800 jóvenes de entre 7 y 29 años pasaron por la escuela.

Entre sus alumnos destaca Roberto Custodio, que se ha quedado a las puertas de disputar los Juegos Olímpicos con el equipo brasileño. Ya estuvo en los de Londres de 2012 y en 2013 fue medalla de oro en el campeonato panamericano de Chile. Su padre fue asesinado por unos traficantes cuando era un adolescente. Aquella experiencia le marcó. Podría haber quedado atrapado en el círculo de la violencia y la droga, pero cambió su destino.

“Hay muchos chicos que se están echando a perder en la comunidad engañándose. De la misma forma que yo salí de las calles, ellos también pueden hacerlo. Hay muchas personas que dicen: Roberto es el muchacho de la favela, todo le llevaba a entrar en el tráfico de drogas, pero eligió el deporte. Creo que me ven como un símbolo positivo. Cuando usan un ejemplo hablando de Maré, dicen: no solo hay droga y violencia también tienen a Roberto. Me llaman para dar charlas para los que tienen interés en cambiar. Usan mi imagen para mostrar a la juventud un buen ejemplo de superación, de quien creyó y está conquistando su sueño. Eso está bien”

“Roberto empezó aquí en el año 2000 y ahora está en la selección brasileña. Ha ganado varias competiciones internacionales. Es nuestra gran esperanza y una gran referencia para nuestros jóvenes. Su familia sigue viviendo en Maré y él, cuando puede, viene, entrena y les da clase a los alumnos. Es una inspiración para todos nuestros jóvenes”, dice Lola Werneck, coordinadora de liderazgo juvenil en Luta Pela Paz.

Werneck lleva tres años y medio trabajando aquí y así describe la vida en Maré: “Hay momentos en que todo está tranquilo, pero de repente una operación policial o un enfrentamiento entre bandas lo altera todo y no sabes qué puede pasar. Esto provoca una sensación de inseguridad constante, aunque con el tiempo lo llegas a naturalizar. Es una forma de resistencia. No puedes estar pensando en la violencia todo el tiempo; así que a los pocos minutos de escuchar los disparos, sales a la calle, vuelves al trabajo o a la escuela. La gente ha desarrollado este mecanismo de supervivencia”.

A cubierto

Río de Janeiro es conocido históricamente por sus elevadas tasas de mortalidad durante las operaciones policiales. Según Amnistía Internacional, entre 2006 y 2015, unas 8.000 personas perdieron la vida durante operaciones policiales en el estado, de las que más de 4.500 murieron solamente en la capital. Las cifras descendieron entre 2007 y 2013, pero en 2014 —el año en que se celebró el Mundial de fútbol— el número de homicidios resultantes de la intervención policial en el estado aumentó un 39,4 % respecto del año anterior.La tendencia al alza continuó en 2015. En el estado de Río de Janeiro murieron 645 personas durante operaciones policiales, 307 de ellas en la capital. Esto representa un aumento del 11,2 % en el estado en comparación con 2014. Desde que comenzó 2016, más de 100 personas han sido víctimas de homicidio en la ciudad de Río de Janeiro. La mayoría de las personas que han muerto durante las operaciones policiales son varones negros jóvenes.

De sobrevivir a esta situación sabe mucho Alan (27 años), hoy profesor y antes alumno del Luta Pela Paz, donde llegó hace 10 años. Dos de sus primos murieron a manos de la policía. Él quería otra vida. Creció entre las balas y, cuando era pequeño, siempre se hacía la misma pregunta: ¿Seré yo el próximo? Ahora es entrenador de boxeo.

“Aquí lo normal es que a los jóvenes les aborde la policía en todos los lugares y puede que varias veces al día, que les traten como si fueran delincuentes sin que hayan hecho nada. Puede que te empujen, que te registren y si vas en coche o en moto, que te paren, que te detengan. También es normal ver tiroteos entre policías y traficantes de forma cotidiana. Estás en la calle y oyes un disparo. Entonces solo piensas en ponerte a cubierto. Es lo que hay que hacer. Aprendes a a hacerlo desde niño”.

El legado de Río 2016

Las autoridades y los organismos encargados de organizar Río 2016 pueden y deben hacer mucho más para evitar que se cometan violaciones de derechos humanos en las operaciones de seguridad pública. Las fuerzas policiales tienen justo un mes para adoptar un enfoque de seguridad basado en la precaución y la consulta en lugar de continuar con su estrategia de disparar primero y preguntar después.

Llama la atención que para salir de la violencia se utilice el boxeo, pero en Luta pela Paz han demostrado que es una forma atractiva de atraer a los jóvenes. “Lo cierto es que el boxeo tiene sus propios valores. Se trabaja mucho la disciplina, la concentración, el respeto al adversario. Los jóvenes llegan con la mentalidad de aprender a defenderse en la calle, pero es cuestión de canalizar esa agresividad y poco a poco se va trabajando en otra dirección”, concluye Werneck.

Sin duda, un buen legado de estos Juegos Olímpicos de Río 2016 sería que los combates se vieran a partir de ahora solo en el ring y no en las calles de la favela. Para ello, es necesario que la violencia policial no siga batiendo récords en Brasil.

Pasa y mira con ternura una fotografía tras otra. En todas se detiene para contar qué vida había detrás de esos rostros de jóvenes que lleva consigo para denunciar por qué ya no están. Paulo Roberto, Cristian, Mateus, Alfonso, Jhonatha. Su Jhonatha. La camiseta de Terezinha grita por si sola la razón que le obliga a estar ahí sentada y recordar de nuevo su dolor: “Saudade eterna”, reza una inscripción sobre otra imagen, la de Eduardo. Tenía 10 años cuando la Unidad de la Policía Pacificadora de Brasil (UPP) acabó con su vida con un disparo en la espalda. Según Amnistía Internacional, todos ellos han fallecido en manos de las fuerzas del Estado en uno de esos lugares donde, según justificó un agente a una de las madres que luchan por hacer justicia, “la gente aquí está para eso: para matar, o para morir”. Viven en las favelas de Río de Janeiro.

Recordar esas palabras les hacen frenar, tragar saliva, cerrar sus ojos. “Mi niño no estaba para eso. No vivía para eso. Era un chico que estudiaba, como el resto. Un habitante más. No está para matar. No está para morir, como si fuéramos unos enemigos”, dice Ana Paula Oliveira con la voz entrecortada poco más de un año después de perder a su hijo Jhonatha, de 19 años. “Matan a muchos inocentes y después tratan de hacerles pasar por criminales”, resume Terezinha, la madre de Eduardo.

Ambas han sufrido el asesinato de un hijo, el miedo por vivir donde viven, los azotes de la impunidad. Junto a Amnistía Internacional, están visitando diferentes países europeos para visibilizar las consecuencias que deja la guerra del Estado contra el narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro. La ONG calcula que de 2005 a 2010 se registraron “8.471 casos de homicidios policiales” en la región. Aunque disminuyó en 2011, tan solo entre 2013 y 2014 -año del Mundial de fútbol- la cifra subió un 39%.

El Gobierno creó en 2008 la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) para controlar la criminalidad de los barrios pero, aunque contribuyó a reducir un 85% las muertes derivadas de la actuación policial entre 2008 y 2014, siguen pesando sobre sus agentes decenas de acusaciones de “ejecuciones extrajudiciales” y abusos en el uso de la fuerza, según la organización. Están formadas por policías militares recién graduados, “reclutados específicamente para operar en estos grupos”.

“Las fuerzas de seguridad siguen actuando con la misma violencia en las favelas que hace 20 años. No adoptan protocolos de uso fuerza y armas de fuego, entran en las favelas disparando sin motivo. Matan a mucha gente. Cuando se ven involucrados en un posible asesinato, incriminar a la víctima”, explica Renata Neder, investigadora de Amnistía Internacional Brasil. Las técnicas que emplean para ello, según un reciente informe de la organización, son varias. “Mueven el cuerpo de la escena del crimen, borran evidencias, incluyen pruebas falsas o amenazan a testigos y familiares para evitar la denuncia”, indica la experta.

Solo han pasado siete meses desde que Terezinha salió corriendo de su vivienda en la favela de Alemao después de oir el grito de auxilio de su hijo, que esperaba la llegada de su hermana mayor sentado en la puerta de su casa, relata. “¡Mamá!, escuché”. El disparo se sucedió de manera inmediata. “Me levanté del sofá y vi a mi niño tirado. Grité socorro, desesperada, pedí un médico pero ya era tarde. Mi hijo ya estaba muerto. Fue una muerte instantánea”.

Entonces, se dirigió hacia la larga fila de agentes posicionada frente a su casa. “Fui al policía que disparó. Fui a él. 'Mataste a mi hijo, desgraciado', le dije”. Él le respondió con aquellas palabras que repite varias veces a lo largo de toda la entrevista, esas en las que el dolor escondido sale a relucir. Esas con las que, después de matarle a él, acabaron de destrozarla a ella.

“Así como maté a su hijo puedo matarla a usted. Porque yo maté al hijo de un criminal”, le respondió, restando valor a la vida de su pequeño. “Le responsabilizaba de su propia muerte”. Tan solo era el primer intento de justificar la muerte de Eduardo, cuenta. “Después, intentaron colocar una pistola a su lado. Luego, trataron de llevarse su cuerpo”.

La impunidad: “legítima defensa”

Toda su comunidad, que suele optar por el silencio ante el miedo a represalias, lo impidió. Un día antes, una bala perdida mató a una mujer de la favela mientras estaba en su casa, según recoge Amnistía Internacional. “Ese día nadie se atrevió a protestar por miedo”, apunta Terezinha. Pero la muerte de un niño de 10 años, por la espalda, solo y mientras estaba sentado en la puerta de su casa los movilizó.

“Gracias a Dios todo Alemão vino a mi casa e impidieron que se llevasen el cuerpo. Me ayudaron mucho. Yo solo pensaba en dos cosas. Si le ponían el arma, iban a considerar a mi pequeño como un criminal. Si se lo llevaban, iba a ser más difícil buscar justicia. Dirían que había desaparecido y ya está”.

Lo evitaron, y al día siguiente la comunidad salió a la calle. Pedían paz. Pedían “vivir” a pesar de hacerlo en un lugar en el que, decía el agente citado por Ana Paula, se les condena a “morir o matar”. La manifestación fue reprimida con gases lacrimógenos lanzados contra la población por la misma Policía que les empujó a protestar, según denuncia Amnistía Internacional.

Los obstáculos a la justicia continuaron. “Aún ahora dicen que era un vandido, que era un vandido...”, repite incrédula Terezinha. “Era un niño”. Recientemente, la justicia brasileña ha concluido que su hijo murió tras un disparo por parte un policía, pero asegura que fue en “legítima defensa”.

Según ha documentado Amnistía Internacional, las autoridades utilizan con frecuencia el uso del recurso jurídico de “acto de resistencia”, que hace referencia a las muertes causadas causadas por policías en horas de servicio justificadas bajo una aparente necesidad de defensa propia. La ONG concluye que “la legislación sobre esta figura dificulta las investigaciones independientes e imparciales, que podrían reflejar si el uso de la fuerza letal fue legítimo, necesario y proporcionado”.

“Es un niño, es un niño de 10 años. Y estaba sentado de espalda, por dios. Es muy triste y me causa mucha desesperación”, reconoce Terezinha. Un nuevo paso en el caso de su hijo, sin embargo, mantiene una puerta abierta a la obtención de justicia. Una de las únicas buenas noticias en meses de impotencia. El Ministerio Público ha decidido denunciar por homicidio al policía que disparó a su hijo.

De las 220 investigaciones de homicidios policiales abiertas en 2011 en la ciudad de Río de Janeiro, solo en uno de los casos se han presentado cargos contra agentes policiales en cuatro años. En abril de este año seguían abiertas 183 investigaciones.

“Siempre vivimos con miedo”

Después de abrazar a su “compañera de lucha”, Ana Paula busca una imagen concreta para empezar a contar su historia. “Este es mi Jhonatha”, dice. El 14 de mayo de 2014 escuchó los disparos que mataron a su hijo desde el mercado. Poco después, recibió la llamada de un familiar, le avisaba de que acudiese rápido al hospital. Allí se enteró: una de las balas que aquella tarde, según denuncia, lanzó la Unidad de Policía Pacificadora arrebató la vida a Jhonatha, de 19 años. También por la espalda.

“Quiso llevar un dulce que había hecho para su abuela. Después acompañó a su novia a casa y, de camino de vuelta, pasó por un campo de fútbol donde unos niños estaban lanzando piedras a la policía. Uno de los agentes lanzó un tiro al aire. Cuando empezaron a correr lo pequeños, fue cuando otro de ellos disparó hacia Jhonatha”, indica la brasileña, pedagoga y residente en la favela de Manguinhos desde su nacimiento.

“Hace unos meses había muerto Alfonso. Antes, Mateus y Paulo”, enumera. Todos jóvenes. “Siempre vivimos con miedo. Decimos a nuestros hijos que tengan cuidado, que lleven sus documentos, que no bajen la guardia... Yo cuidé mucho de mi hijo. De pequeño siempre intentaba ir con él en la calle, siempre le acompañaba... Pero nunca pensé que esto me pasase a mí”, admite la Ana Paula como si intentase excusarse sin motivo.

—¿Miedo a los traficantes o a la Policía?

—A la Policía. Los traficantes están ahí, y no vienen a por nosotros. Miedo a la Policía.

La mujer, de 39 años, vuelve a rebuscar entre el montón de cartones hasta alcanzar la fotografía de un niño pequeño que ríe con ganas. Es Cristian. 13 años. Una de las víctimas más recientes de la violencia policial en esta favela, según Amnistía Internacional.

“La mañana del 8 de septiembre, Cristian Soares jugaba al fútbol cuando un grupo conjunto de la policía militar y civil irrumpió en la comunidad y empezó a disparar”, resume un comunicado de la organización internacional. Cristian Soares y otros niños, junto con residentes de la favela, corrieron a ocultarse del fuego“. Una bala alcanzó al niño de la imagen que sostiene Ana Paula. Murió en el acto.

“Los policías intentaron retirar el cuerpo, como con el hijo de Terezinha”, explica la mujer. “Empezó a correr la voz: 'Han matado a un niño. Comenzaron a salir de sus casas y a llegar a la casa de Cristian. Querían llevarse el cuerpo pero no les dejaron. La policía fue agresiva y los vecinos se quedaron allí”, recuerda Oliveria. Según testigos presenciales, los policías trataron de retirar. Las grabaciones de vídeo realizadas muestran que, durante la operación, los policías no llevaban ningún tipo de identificación, informa Amnistía.

“Lo mismo ocurrió con Jhonatha. Su muerte conmocionó a toda la favela. Era un niño muy querido, muy amado porque siempre hablaba bien. Era alegre, respetuoso. A pesar de los riesgos, los vecinos fueron muy valientes y prestaron muchos testimonios para buscar justicia por su asesinato”, añade.

Su rabia y su dolor vuelven a rebosar cuando habla del policía que disparó, cunaod le vió por primera vez, cuando supo sus supuestos antecedentes. “Meses después un medio local publicó que el policía que mató a mi hijo había estado un año en la cárcel acusado de asesinar a cinco niños. Al final archivaron el caso. Él siguió suelto, siguió con la certeza de la impunidad. Siguió con la seguridad de que, si quiere, se puede matar a alguien. Porque no pasa nada”.

“El estaba libre en mayo de 2014. Él mató a mi hijo en mayo de 2014. Él es una persona que puede hacer lo que quiera porque cuenta con la fuerza de la impunidad. Y yo no voy a poder abrazar a mi hijo nunca más. A veces parece que la justicia no va a llegar... Estoy en lucha para alcanzar la de mi hijo y, con ella, la del resto”.

Brasil, uno de los doce países con mas desigualdades a nivel mundial, va a organizar el Mundial de Fútbol en el 2014 y las Olimpiadas en el 2016

La población siente que el Gobierno se está preocupando por la imagen del país en el mundo y no por los problemas sociales

El Gobierno usa a la Unidad de Policía Pacificadora para controlar los barrios, una unidad a la que se le acusa de decenas de asesinatos

El fuego acostumbra a calentar con timidez el frío de los pobres, reservando el vigor para devorar sus miserias. São Paulo es una buena muestra de ello. En lo que va de año decenas de incendios arrasan sus favelas, consumiendo con su calor estas frágiles estructuras arquitectónicas convertidas hace tiempo en el principal fenómeno urbanístico del siglo XXI. Un centenar de viviendas, por ejemplo, quedaron calcinadas a finales de agosto en Vila Prudente y cerca de 1.200 personas perdieron sus endebles techos a principios de septiembre en la favela Morro do Piolho. Unas semanas más tarde, en la favela de Moinho, el fuego dejaba 80 barracones destruidos y el cuerpo rígido y ennegrecido de uno de sus moradores.

Claro que lo bueno que tiene la pobreza es que a todo se acostumbra. Por eso en Moinho esta muerte no les pilló por sorpresa: no fue más que la repetición del mismo drama que ya se había cobrado dos vidas en diciembre. De hecho, según denuncian sus vecinos, esta favela ha sufrido ya 70 incendios en lo que va de año y las estadísticas del Cuerpo de Bomberos elevan el número de casos al medio millar en los últimos cinco años. No es extraño, pues, que junto a la rutina del fuego también se despierte la sospecha. Sobre todo cuanto, como ocurrió en Moinho, tras los últimos rescoldos una empresa privada se apresurase a transformar un suelo todavía humeante en una lucrativa área de aparcamientos.

Porque en tiempos de especulación como estos, cuando el mercado hace mucho que se convirtió en una ruleta, hasta el fuego puede resultar una buena apuesta. Mike Davis, en su imprescindible libro Planeta favela, nos recordaba como en Manila han descubierto las virtudes financieras de las llamas. Los propietarios de terrenos ocupados en la capital filipina por estas megalópolis de cartón, han encontrado un método eficaz para ejecutar lo que denominan demoliciones en caliente: consiste en rociar un gato o una rata con gasolina, prenderle fuego y liberarlo después, para que el animal propague el incendio por las endebles barracas de plástico mientras trata de huir en vano de su agonía en llamas.

Hoy, cuando el neoliberalismo imperante persevera en su objetivo de favelizar la sociedad europea; hoy, cuando conocemos que según los estudios realizados por técnicos del Ministerio de Hacienda 20,6 millones de españoles viven en situación de precariedad; hoy, en fin, también en este mundo antaño desarrollado comenzamos a percibir como natural el pragmatismo de la llama. Baste comprobar la firmeza con que día a día el gobierno de Mariano Rajoy ha estado aplicando la determinación de la antorcha sobre un estado de bienestar que, en el caso de España, nunca supero la firmeza de una favela.

Tal vez por eso cada vez son más los desesperados que también empiezan a ver en el fuego el único remedio frente a la hoguera. Lo hemos visto estas semanas en las calles de Madrid, Atenas, Lisboa, Barcelona, Roma. Tanto es así que hasta los pirómanos más entusiastas del establishment han tenido que transformarse por unas horas en bomberos, como la troika comunitaria intentando calmar los ánimos griegos con una demora de dos años en sus suplicios o el comisario de Economía Olli Rehn, tranquilizando a los españoles con el augurio de un rescate que, tal vez, no precisará de nuevos flagelos hasta 2014. Hasta la vicepresidenta del gobierno de España, Soraya Sáez de Santamaría, ha tratado de aplacar las llamas suicidas de los desahuciados, con dulces consuelos para el selecto grupo de ellos que tenga la suerte de poder demostrar que es el más desdichado.

Y hay que admitir que han estado convincentes en sus representaciones. No les ha faltado nada, el gesto convincente, los rostros compungidos, el tono afligido. De hecho, casi logran conmovernos sino fuera porque el saco con gatos maullando que cargan y ese fuerte olor a gasolina que desprenden sus manos nos hizo sospechar de sus incendiarias intenciones.