La Marea Verde que defiende desde Sevilla una educación pública “de calidad” volverá a echarse a las calles de la capital andaluza este 27 de abril para protestar contra el “proceso de privatización encubierta” que aseguran está llevando a cabo el Gobierno del PP desde su llegada a la Junta de Andalucía.

A tres días de la movilización que arrancará el próximo domingo a las 11:00 desde el Palacio de San Telmo, la plataforma que aglutina a alumnado y profesorado de la pública ha denunciado ante el Parlamento andaluz que “en Andalucía, la educación pública está siendo desmantelada” en todos los niveles: desde infantil hasta la universidad.

Para demostrarlo, han apuntado a las cifras que, a su entender, ilustran el “deterioro progresivo” que, denuncian, está sufriendo la educación andaluza. “En el caso de infantil y primaria, se han recortado 2.400 líneas educativas desde que el PP está en la Junta de Andalucía y solo en el curso 2024-2025 se han recortado 700 aulas públicas más, mientras los conciertos con centros privados se mantienen intactos”, resume Fran Fernández, miembro del sindicato Ustea.

En cuanto al ámbito universitario, este profesor de Geografía e Historia recuerda que en los últimos años “se han abierto cuatro universidades privadas en Andalucía, mientras que las públicas siguen infradotadas”. En lo que respecta a la Formación Profesional (FP), el docente critica que “desde que entró Moreno Bonilla en la Junta, la FP se le ha entregado a las empresas privadas y la oferta pública se ha reducido de forma preocupante”.

Lista de reivindicaciones

Desde Marea Verde entienden que “este deterioro no es casual ni fruto de incompetencia, sino parte de una ofensiva estratégica que busca convertir la educación, un derecho universal, en una mercancía al servicio de los intereses de unos pocos”, como han condenado a las puertas del antiguo Hospital de las Cinco Llagas.

Por eso, además de exigir “la reversión inmediata de los recortes” en la educación pública, reivindican también “un aumento de plantillas docentes para todos los cuerpos, una bajada de ratio en todas las aulas y, por supuesto, una mejora de las instalaciones en los colegios e institutos y la aplicación de la ley de bioclimatización, que se aprobó en el año 2018 y todavía no se está desarrollando”, en palabras de Fernández.

Con un recorrido que irá desde el Palacio de San Telmo hasta Las Setas, la protesta aspira a ser una llamada de atención colectiva dirigida al Gobierno andaluz, al que responsabilizan de unos recortes que, advierten, “nos están arrebatando uno de los logros históricos más valiosos de la clase trabajadora: la educación pública”.

La educación pública, en estado “crítico”

La convocatoria de Marea Verde cuenta con el respaldo de docentes, estudiantes, organizaciones sindicales y formaciones políticas que coinciden en que “la situación de la educación pública en Andalucía es crítica”. Así lo declara Alejandra Durán, portavoz adjunta de Por Andalucía en el Parlamento autonómico. “Nos enfrentamos a un modelo de gestión del Gobierno andaluz que apuesta claramente por la privatización de la educación pública”, diagnostica la parlamentaria que ha asistido a la rueda de prensa convocada por la plataforma como previa a la manifestación del domingo.

“Tenemos centros educativos que se están cayendo a pedazos, las infraestructuras están totalmente obsoletas y el servicio de los comedores escolares está externalizado, otro ejemplo más de un modelo que lo que hace es beneficiar a grandes empresas”, critica la parlamentaria de Por Andalucía solidarizándose con las reivindicaciones de Marea Verde.

Ante este panorama, Durán remarca la importancia de apoyar las acciones de protestas promovidas desde la comunidad educativa, como la que está prevista para este domingo en la capital hispalense. La protesta del próximo 27 de abril también cuenta con el respaldo de los colectivos estudiantiles, quienes aseguran que “no vamos a permitir que nos arrebaten nuestros derechos”.

Llamamiento a la comunidad educativa

La convocatoria de este domingo en Sevilla no es la única prevista para los próximos días en defensa de la educación pública. Ya se ha anunciado una nueva jornada de protesta a nivel andaluz el próximo 17 de mayo, que contará también con el respaldo de formaciones como Por Andalucía, que ha pedido “el apoyo masivo de las familias” ante lo que califican como “una gestión desastrosa del PP”.

Por todo ello, la Marea Verde de Sevilla llama a la ciudadanía en general, y a la comunidad educativa en particular, a salir a la calle este 27 de abril para defender una educación pública “laica, inclusiva, feminista y de calidad, accesible a todas las personas, vivan donde vivan, vengan de donde vengan”.

Una concentración, convocada por la Plataforma por la Escuela Pública, frente al Palacio de Gobierno regional, ha mostrado su oposición al denominado 'cheque bachillerato', medida adoptada por el Ejecutivo riojano, que comenzará el próximo curso educativo, y que prevé en su primer año destinar 600.000 euros para ayudas al bachillerato en los centros privados de La Rioja.

En la protesta, que se ha celebrado bajo el lema 'En defensa de la Escuela Pública, contra el Cheque Bachillerato', se han coreado consignas del estilo “Capellán escucha, la pública está en lucha” o “el dinero público para la escuela pública”.

Antes de la misma, la portavoz de la Plataforma, Nieves Esteban, ha señalado a los medios de comunicación que “estamos en contra del famoso cheque bachillerato para todos esos centros privados y creemos que todo ese dinero, toda esa partida de 600.000 euros que esta administración va a destinar, el próximo año, a estos centros, a estas empresas privadas pueden estar destinadas a otras partidas como contratación de más profesorado, ayudas de comedor, la educación de 0 a 3 años en las escuelas públicas y para muchas cosas más”.

La medida del Ejecutivo riojano, según han señalado en varias ocasiones es uno de los pasos para lograr en la legislatura “la gratuidad hasta los 18 años”, con lo que desde la Plataforma han indicado que “como ya la partida para el próximo curso es algo inminente, queremos que no extiende en los próximos cursos”.

Esteban ha apuntado que “seguiremos haciendo fuerza” contra esta medida, al tiempo que ha animado a la ciudadanía a apoyar la recogida de firmas que están llevando a cabo, a través de change.org. De cara al futuro no descartan realizar otro tipo de acciones. La portavoz también ha recordado que “con la red pública que tiene La Rioja se podrían asumir a todos los alumnos que quisieran cursar esta etapa educativa”.

Los colegios de la Comunidad de Madrid han amanecido repletos de pancartas en defensa de la educación pública. Desde 2011, con los recortes impuestos por el Partido Popular y la Marea Verde que acaparó las calles, la región no había presenciado una huelga de semejante trascendencia con un respaldo sindical unánime. “Llevamos tiempo movilizándonos, es una panorama insostenible que se mantiene en el tiempo y no nos podemos quedar quietos”, comenta uno de los profesores del IES de Conde de Orgaz. Este paro inédito en la última década ha sido orquestado por siete de los principales sindicatos de la Comunidad –juntos, pero no revueltos: CCOO, UGT, Anpe y CSIF por un lado; CGT, CNT, STEM y la asamblea de docentes Menos Lectivas por otro– y se repetirá el día 21 de mayo.

Una huelga que además de tener a la Marea Verde como referencia es heredera de aquellas movilizaciones y está motivada por decisiones tomadas entonces (recortes) y que una década después no se han revertido en su totalidad en la Comunidad de Madrid. Las exigencias principales del profesorado son recuperar las horas lectivas –de docencia directa– que tenían entonces (18 en Secundaria y 23 en Primaria frente a las 20 y 25 actuales), un aumento salarial para alcanzar la media nacional (en la comunidad autónoma con el coste de vida más alto) y una reducción de la burocracia.

CCOO ha cifrado el seguimiento de los paros en un 64,5%, mientras el Gobierno de la Comunidad de Madrid rebaja la cifra al 24,5%. En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo regional ha valorado: “Seguimos con la mano tendida a las organizaciones sindicales representantes de los profesores. Hemos trasladado nuestro compromiso de seguir con las medidas que hemos puesto en marcha estos años, como la subida a profesores y maestros. La bajada de alumnos por aula que estamos implementando de forma progresiva. Lo tenemos que hacer compatible con la reivindicación de bajar las horas lectivas, comenzando con una hora menos. Les ha parecido insuficiente [...] Seguimos con la mano tendida, estamos todos en mejorar la educación”, informa Víctor Honorato.

Hay más, añaden desde Menos Lectivas: el fin de la segregación educativa, la reducción real y efectiva de las ratios de alumnos por clase, el aumento de recursos para la atención a la diversidad, y la construcción de nuevos centros públicos allí donde hay demanda son algunas de las principales. Mejorías en las condiciones laborales de los docentes (más allá de los salarios) que redundarán, aseguran, en la calidad de la enseñanza.

“La profe, luchando, también está enseñando”

Los piquetes orquestados en los centros educativos madrileños han arrancado temprano. Desde las 8.00 de la mañana, las concentraciones teñidas por pancartas y camisetas verdes clamaban a vecinos y curiosos de los diferentes distritos que “hay que luchar por la pública” y les animaban a la manifestación que se producirá la tarde del miércoles y que iniciará su travesía a las 17.00 en Atocha hasta Sol. “La profe, luchando, también está enseñando”, es uno de los lemas que ocupan las pancartas de los docentes. “Queremos reducir las ratios, es una barbaridad que en educación primaria y secundaria tengamos casi 50 alumnos por clase, y recuperar las condiciones laborales, somos la única comunidad que mantiene las horas lectivas previas a 2008”, señalan desde el piquete del IES Las Encinas.

“Celebramos que la convocatoria ha sido todo un éxito y animamos a que haya un gran apoyo a la huelga por la educación pública”, explican desde Móstoles en el colegio Clara Campoamor. Así ha sucedido también en centros de toda la comunidad como en el IES Cervantes, San Isidro, IES La Estrella, IES Mirasierra, Nuestra Señora de la Almudena, IES Satafi en Getafe... Numerosos colegios se han organizado para afrontar esta primera jornada de huelga en la enseñanza pública madrileña.

Tras los piquetes y reuniones de los docentes, los huelguistas se han dirigido hacia la Consejería de Educación para clamar contra “los responsables de esta situación”. “Somos conscientes de que vamos a tener un gran apoyo social, porque la educación no se puede tratar así y en la Consejería trataremos de que escuchen nuestras demandas, aunque viendo los precedentes no creo que nos hagan mucho caso. Por eso es importante también la manifestación de esta tarde”, concluye uno de los profesores del IES de Conde de Orgaz.

Los manifestantes, más de 3.000 según Menos Lectivas, han desbordado la calle Alcalá en la protesta matinal frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Cientos de docentes han ocupado la calzada al grito de “Ayuso, escucha, la pública está en lucha”, mientras iban ganando espacio a la Policía Nacional que intentaba contener lo incontenible. Lo que había comenzado con varios centenares de manifestantes portando carteles y camisetas verdes ha terminado superando la barrera policial. “Profesores, profesoras, pocos medios, muchas horas”, retumbaba en el interior del edificio acompañado con pitos y clamores por la educación pública.

“Hay un proceso de agotamiento y desgaste, llevamos así muchos años. Yo tengo la suerte de que ya tengo una edad, pero hay mucha gente joven aquí que acaba de comenzar la enseñanza y que sí todo sigue igual lo tendrán muy difícil”, explicaba Ricardo Cutanda, docente en el IES Palomeras de Vallecas, sus motivos para seguir la huelga.

Desde el centro de Carabanchel - Latina, uno de los colegios que ha encabezado la concentración frente a la Consejería, señalan que necesitan medios para atender a los alumnos que tienen discapacidad. “Es evidente que nuestras condiciones laborales son muy mejorables, pero tampoco hay que olvidar a los alumnos y en especial aquellos que necesitan una educación concreta”, describe una de sus profesoras recalcando que la ausencia de recursos produce “una degradación importante de la educación”.

Entre clamores y saltos, entre consignas, los docentes han puesto el foco en la “discriminación” que sufren respecto a la educación concertada. “Es evidente que el gobierno de la Comunidad prioriza lo concertado y le deja los restos a la pública. Tanto a nivel de recursos, como de condiciones laborales”, señalan desde el IES Sierra de Guadarrama mientras retumba el lema “Ayuso, cariño, segregas a los niños”.

“Esperemos que esto sea una milésima parte de lo que veamos esta tarde, la educación es el pilar fundamental de toda una sociedad y aquí, en Madrid, está siendo mermada desde hace años”, explica María, docente del IES de Tirso de Molina.

La concentración frente a la Consejería ha albergado a miles de docentes. Pancartas, silbatos, profesores, estudiantes y niños pequeños han pintado este mediodía las calles de verde en defensa de la educación pública y contra los recortes que lleva años sufriendo. Los huelguistas esperan que este sea “un pequeño aperitivo” para lo que sucederá la tarde de este miércoles en la que está convocada la manifestación que se prevé masiva en Atocha a las 17.30 y que concluirá en la Puerta del Sol ante el edificio de la presidencia madrileña.

Las mareas andaluzas de sanidad y educación y la Marea Blanca del Aljarafe se han concentrado en la tarde de este miércoles a las puertas del Parlamento de Andalucía contra el “desmantelamiento” de los servicios públicos, coincidiendo con el último pleno del año de la Cámara andaluz y el debate final del proyecto de presupuestos. Unas 500 personas (según Marea Verde Sevilla) han mostrado su rechazo a “las políticas de deterioro, recortes y privatizaciones que sufren ambos sectores”.

Los manifestantes han exigido que en los presupuestos andaluces se contemplen partidas para educación y sanidad “de calidad”, toda vez que han anunciado nuevas manifestaciones conjuntas próximamente. Y es que los integrantes de Marea Verde y Marea Blanca califican la situación de “insostenible” ante el estado de las listas de espera de pacientes, la “falta” de personal y la “privatización” de los servicios sanitarios en Andalucía, informa Europa Press.

Añaden que desde el sector de la educación las impresiones son las mismas, con “falta” de profesorado en los centros escolares, donde la “carencia” de profesionales de atención a la diversidad “es más flagrante”, ratios de alumnado “elevadísimos” en las clases y una “dejadez total” en instalaciones educativas. Denuncian, asimismo, que Andalucía “ha perdido más de 2.000 clases de la pública” desde que gobierna Moreno, mientras que la educación privada concertada “no ha sufrido recortes”, afirma el colectivo docente.

“Lastrando la calidad de vida”

Esta concentración ha contado con el respaldo del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, así como de la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, y del secretario de Organización del PSOE de Sevilla y también diputado andaluz, Rafael Recio. Además, se han sumado a la misma sindicatos como CGT y CCOO. De este modo, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha manifestado que “hay que acabar con las privatizaciones que afectan a lo público y que están lastrando la calidad de vida de los sevillanos y sevillanas en cuestiones básicas como la salud y la educación”.

CCOO ha recordado que “la escuela pública es la única que garantiza el derecho a la educación de todo el alumnado y la igualdad de oportunidades”. Por eso, en nota de prensa, el sindicato ha exigido, entre otras cuestiones educativas, bajar de ratio de alumnado por aula, el refuerzo y aumento de las plantillas, la agilización de las sustituciones, la cobertura de todas las vacantes del sistema educativo y la erradicación de la precariedad laboral de la escuela pública. A ello añade una inversión educativa suficiente para abordar los retos del cambio climático, renovar unas infraestructuras educativas obsoletas y avanzar en la mejora de la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) para lograr una educación pública realmente inclusiva.

De la misma forma, CCOO ha insistido en que la provincia sevillana vive una “situación dramática en materia sanitaria que, en no pocas ocasiones, ha llegado a costar vidas”. Recientemente, el sindicato ha manifestado la necesidad de poner en marcha un plan de choque con personal suficiente para reducir las listas de espera, pero también ha denunciado en numerosas ocasiones el “inasumible colapso” de la atención primaria. Todo ello derivado de una “pésima gestión” de los recursos humanos disponibles en el Servicio Andaluz de Salud(SAS), que sufre una fuga de profesionales constante ante las “lamentables” condiciones laborales que ofrece.

A la misma hora que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, intervenía en la clausura de la 6ª Escuela de Otoño del PP de Sevilla, celebrada en Carmona, miles de personas se manifestaban en el centro de Sevilla y Málaga en defensa de la educación pública y contra el deterioro del sistema escolar andaluz.

En algún momento, sus lemas se mimetizaron al reivindicar “igualdad para todos”, aunque cada uno apelaba a una realidad distinta. El presidente andaluz clamó contra Pedro Sánchez y su pacto de investidura con los independentistas catalanes, que cree nocivo para los intereses de Andalucía y de España.

El colectivo de Marea Verde volcó contra Moreno toda su indignación por los déficit endémicos que arrastra la escuela andaluza, y que se remontan más allá de los cinco años que lleva gobernando el PP esta comunidad. “¡Aquí no está, la otra igualdad!! ”¡Moreno Bonilla, aumenta la plantilla!“, fueron algunos de los gritos oídos en la manifestación.

La palabra “igualdad” fue muy coreada por los asistentes, conscientes de que se ha convertido en el gran lema de campaña de los populares contra la investidura de Sánchez y sus acuerdos con el independentismo catalán, encabezando incluso sus masivas movilizaciones por toda España.

Muchos de los participantes coincidieron al denunciar el “desgaste de la escuela pública”, de los alumnos y profesores tras el impacto de la pandemia -que ha frenado en seco el proceso de aprendizaje de miles de estudiantes y metido de lleno en las aulas un problema en ciernes: la salud mental-.

Acusan a Moreno de “dejar morir” algunas escuelas públicas para “justificar nuevos conciertos y privatizaciones, como hacen en sanidad”. “Gastan más dinero y crece la plantilla, porque hay más institutos. Pero en vez de bajar la ratio, cierran aulas en la pública y nos dicen que la escuela católica concertada no la tocan, porque ahí la demanda no baja”, asegura Maite, profesora de un centro de Pino Montano.

La protesta convocada por Marea Verde fue secundada por los tres partidos de izquierdas en la oposición -PSOE, Por Andalucía (que a ratos se presenta como Sumar, y a ratos como IU), Adelante Andalucía y Podemos (estos dos últimos portaban banderas con sus logos). De los cinco sindicatos de enseñanza representados en mesa sectorial, estaba visiblemente Ustea y CCOO. También había banderas de CGT.

Otros tres sindicatos mayoritarios no se han sumado a la protesta: CSIF, Anpe y UGT. “Nosotros estamos luchando con el resto de organizaciones que forman parte de la Mesa Sectorial y que tienen capacidad de negociación. Los cinco tenemos concentraciones el 29 de noviembre en las ocho provincias”, explican fuentes de UGT a este periódico.

El malestar en el sector educativo no cuenta con la unanimidad de fuerzas políticas y sindicales, como sí ocurre en la sanidad. La Marea Verde es menos marea que la blanca. Hace años que el profesorado andaluz se moviliza más por cuestiones laborales -legítimas y fácilmente cuantificables- que por los principios sociopolíticos inherentes a la profesión.

Es algo que admiten los docentes más veteranos, y eso que este domingo había muchos jubilados vistiendo la camiseta verde con el lema Escuela Pública de Todos y para Todos. “A la enseñanza solía entrarse por vocación en Infantil y en Primaria, menos en Secundaria. Hace tiempo que el colectivo se ha funcionariado y eso le ha restado al profesorado la fuerza y la influencia social que tuvo”, dice Eduardo, veterano maestro, 40 años de experiencia, jubilado hace un lustro y aún voluntario en su antiguo colegio.

La Policía Nacional cifró en 800 los manifestantes a las puertas del Palacio de San Telmo -sede de la Junta-, pero cuando llegó al final del recorrido -en las Setas- la multitud rondaba las 8.000 personas, según datos de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. En Málaga se contabilizaron unos 500 manifestantes. Los organizadores cifraron la asistencia en unas 10.000 personas en Sevilla y otras mil en Málaga. Fue una protesta festiva, sin incidentes, amenizada por la percusión de una veintena de tambores y bombos.

El motivo de las movilizaciones no era específico, era un compendio de reivindicaciones y protestas atemporales, porque llevan en el haber del malestar docente y de asociaciones de padres y madres de alumnos desde hace lustros: aulas masificadas, cierre de clases, bajas docentes sin cubrir, falta de refuerzos educativos, ausencia de especialistas para atender al alumnado con necesidades especiales, falta de orientadores, deterioro de la calidad educativa, burocracia excesiva de los docentes, subida de los precios de todos los servicios escolares complementarios que pagan las familias para poder conciliar, aulas sin climatizar en verano, falta de recursos materiales, falta de plazas públicas para acceder al máster en profesorado de Secundaria, retroceso en el aprendizaje de los estudiantes tras el frenazo de la pandemia...

En la manifestación de Sevilla se han encontrado profesores y familias venidas de Cádiz, Huelva, Córdoba y algunos pueblos de la provincia hispalense. Un grupo de maestros de un centro de La Algaba trajo consigo una enorme maleta de viaje, de la que sacó y desplegó un gigante disfraz de gorila, que estuvo buena parte de la jornada protagonizando las arengas de los asistentes. “Se acabó”, dijo Irene Yébenes, de Marea Verde, replicando la consigna de indignación y protesta que han popularizado las jugadoras de fútbol de la selección española. “Sin educación pública, no hay futuro”, añadió.

De todas las reinvindicaciones y denuncias inscritas en las pancartas de cartón y cartulina, la más específica es la que acusa al Gobierno de Moreno y a su consejera de Educación, Patricia del Pozo, de permitir que se deteriore la escuela pública y sus servicios para favorecer el aumento de la privatización en el sector (con especial empuje en la Formación Profesional, que partía de un enorme desequilibrio entre oferta y demanda). Es la misma denuncia que se le achaca a la Junta respecto al deterioro de la sanidad pública, y que el PP niega categóricamente esgrimiendo cifras “históricas” de inversión en gasto social.

“Nos están atacando por todos los frentes, desde el profesorado interino que está en paro, las bajas que no se sustituyen, miles de niños y niñas andaluces sin profesorado, sobre todo especialistas. Han acudido hoy aquí muchas familias de alumnado con necesidades educativas especiales que no tienen profesorado de Pedagogía Terapeuta”, ha explicado Yébenes.

La multitud estaba compuesta por distintos grupos de docentes con problemas específicos. Las quejas sobre las deficiencias del plan de plurilingüismo, la protesta singular del profesorado de Francés, que ha perdido horas en un “currículum Guadiana” -se oferta un año, pero no el siguiente-, el colectivo de Escuelas de Calor, que llevaban entre sus consignas la temperatura primaveral de un 19 de noviembre a pleno sol y en manga corta... Dos profesoras de Francés enarbolaban la bandera gala y caminaban a ritmo de La Marsellesa.

Otra reivindicación eterna en el sistema escolar andaluz: la bajada de la ratio; apostar por grupos más pequeños de alumnos en un aula para que el maestro pueda ofrecer una atención más personalizada. Una medida que cuenta con el consenso unánime de toda la comunidad científica educativa, valorada en todos los informes comparativos de sistemas escolares... En el pasado, el anterior Gobierno socialista solía esquivar la reivindicación con esta respuesta: “Hay demasiados niños y no hay fondos”. En la actualidad, el Ejecutivo del PP ha cerrado en torno a 2.000 aulas por falta de alumnos, un desplome de matriculaciones parejo a la caída de la natalidad.

Tampoco se ha traducido en una bajada generalizada de la ratio escolar, aunque la realidad hoy es muy distinta: en las zonas rurales se mezclan alumnos de distintas etapas en un mismo aula -que no llegan ni de lejos al tope legal de 25 niños por clase-, mientras en los barrios más poblados de las grandes urbes continúa el número anclado o por encima del límite que fija la ley, sin que ello haya evitado que se clausuren aulas en colegios públicos sin mucha demanda.

De los cinco partidos con representación en el Parlamento andaluz, el único portavoz de su grupo presente en la manifestación fue José Ignacio García, del grupo mixto Adelante Andalucía. García, profesor de carrera en excedencia, acusó a la Junta de querer “destrozar” la enseñanza pública como “mecanismo de inclusión social”. Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla y líder provincial del PSOE, y María Márquez, parlamentaria andaluza y miembro de la ejecutiva federal también se unieron a la protesta.

En Málaga, el coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, acusó al PP de vulnerar el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades y de “maltratar de manera sistemática el sistema educativo público”.

Poco antes de que arrancasen las manifestaciones, la Consejería de Desarrollo Educativo emitió un comunicado para recordar su “compromiso incuestionable” con la escuela y reiterar el presupuesto que se destina a la educación, el segundo más abultado de las cuentas autonómicas, por detrás de Sanidad.

El departamento de Del Pozo defiende que su plantilla alcanza ya los 108.000 docentes -6.500 más que el último año de gobierno del PSOE (2018)-, pese a haber 90.000 alumnos menos. Reitera que el colectivo está mejor pagado que el año pasado gracias al acuerdo de equiparación salarial al que se ha llegado con los sindicatos. El presupuesto educativo ha crecido “como nunca en la historia”, subrayan, y ha crecido en 2.500 millones entre 2019 y 2023, para situarse en los 8.860 millones de euros.

Centenares de personas han protestado frente al Palacio de San Esteban contra el nombramiento como consejera de Educación y Cultura de la diputada expulsada de Vox Mabel Campuzano. Distintas asociaciones culturales, de docentes, AMPAS y alumnos han asistido a la protesta, además de los sindicatos CCOO, UGT y Sterm Intersindical y representantes políticos de PSOE, Unidas Podemos y el Partido Comunista de la Región de Murcia.

Con consignas como “Fuera fascistas de nuestras aulas”, “La educación no se vende, se defiende” o “Vosotros, fascistas, sois los terroristas” los manifestantes han expresado su repulsa ante las medidas que pretende implantar la nueva consejera una vez asumido su cargo.

Desde Docentes Unidos declaran que “aquí comienza la lucha de la primavera murciana, no estamos dispuestos a que la educación pase por el pin parental o el cheque escolar”.

El secretario general de Enseñanza de CCOO, Nacho Tornel, ha reprochado al jefe del ejecutivo regional, Fernando López Miras, que “sacrifique” la gestión educativa de la Región, al que acusa de “no actuar en favor de las necesidades del sistema educativo: el aumento de fracaso escolar o el abandono de la educación compensatoria. En su lugar habla de quimeras como el cheque escolar, que sería un robo absoluto al sistema educativo”.

El sector de la cultura también ha mostrado su descontento ante del nombramiento: “Pedimos que no se venda la cultura y la educación a personas que basan su política en el discurso del odio”, ha reclamado Francisco Ros, miembro de la asociación de difusión de artes escénicas Ayeklauwn.

Durante la manifestación ha tenido lugar una performance donde los manifestantes, vestidos de negro “han mostrado la visión tan simplista que el Vox tiene de la protesta”, ha explicado Ros.

El coordinador autonómico de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, ha calificado las medidas propuestas por la nueva consejera de Educación y Cultura de “golpe mortal” contra la educación pública regional: “Quieren imponer la censura en las aulas y subvencionar sin disimulo la educación privada a costa de la educación pública”.

La toma de posesión de Campuzano junto al resto de nuevos consejeros tendrá lugar esta tarde. Docentes Unidos denuncia que desde el gobierno regional “han esperado hasta el último momento para la toma de posesión y evitar la foto de ellos entrando y nosotros mostrando nuestra disconformidad”.

La portavoz de la Marea Verde por la Educación, Francisca López, ha comparecido este lunes en la Comisión de Reactivación tras la pandemia del Coronavirus de la Asamblea regional. En su comparecencia, López ha detallado las carencias que tiene -en su opinión- la educación pública de la Región de Murcia, así como las “deficiencias” que se están dando en los centros durante este inicio del curso 2020/2021.

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, y el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Espín han mostrado su apoyo a las principales reivindicaciones de la Marea Verde, y han criticado la gestión en este área del Gobierno regional.

Marín ha mostrado su indignación porque la consejera de Educación Esperanza Moreno “no ha escuchado ni a la oposición, ni a nadie en la comunidad educativa, y ha esperado hasta finales de agosto para presentar un plan improvisado, plagado de ocurrencias y que no atiende a ningún criterio sanitario conocido”. La portavoz de Podemos ha señalado como “un esperpento” que la piedra angular sobre la que descansa todo este supuesto plan consista en “despedir a parte del alumnado en lugar de contratar a más profesorado” en referencia a la medida de hacer a los alumnos y alumnas turnarse para faltar a clase varios días a la semana.

Marín ha asegurado que el diseño de vuelta a las aulas planteado por la Consejería de Educación, además de “no garantizar el derecho constitucional a la educación al restar a los menores un 20% de sus clases legítimas”, no está siendo seguro en términos sanitarios “como demuestra el hecho de que más de 150 docentes y más de 1.600 niños y niñas de 120 centros diferentes de la Región de Murcia estén en estos momentos confinados”. Para la portavoz de Podemos, estos datos por sí solos ya demostrarían que “la planificación ha fallado” y que “la gestión del inicio de curso ha sido una auténtica chapuza”.

La portavoz de Podemos ha destacado que desde la Consejería no se ha atendido ni una sola de las propuestas de la Marea Verde para el inicio de curso. Estas medidas hubiesen servido, en su opinión, para “haber contribuido a una vuelta al cole más ordenada y segura”. Marín ha asegurado no entender “cómo es posible que medidas que son de sentido común no hayan sido puestas en marcha por la propia consejera de Educación”, ya que las demandas de la Marea Verde consistían en “habilitar espacios públicos para dar clase, establecer turnos de mañana y tarde para garantizar la presencialidad y la seguridad sanitaria, y contratar el personal necesario para desdoblar turnos y reducir la ratio a un máximo de 15 personas por clase”.

Intervención tardía y reducidas inversiones

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Espín ha asegurado que el Gobierno de López Miras ha demostrado una manifiesta incapacidad para planificar el curso escolar en las actuales circunstancias, actuando tarde y mal, invirtiendo poco y trasladando sus responsabilidades a otros.

Espín ha indicado que la representante de la Marea Verde ha dejado claro que la consejera ha actuado al margen de las familias, alumnos y docentes de la educación pública. “No han contado con ellos para tomar las decisiones, que han ido conociendo a través de la prensa. El Gobierno regional ha obviado sus reivindicaciones y propuestas, al igual que ha hecho con las del PSOE, que en todo momento ha tendido la mano sin recibir respuesta a su intención de colaborar”.

El socialista ha insistido en que la semipresencialidad que ha ordenado el Gobierno regional en todas las etapas educativas es una medida que solo está aplicando la Región de Murcia y que está generando “enormes” problemas de conciliación a las familias “y desamparando educativamente al alumnado, cuya formación se está viendo mermada por la falta de recursos”.

“No se han previsto los medios necesarios para atender a los miles de alumnos a los que se le niega la asistencia diaria a las aulas. Sigue habiendo una enorme brecha digital y los centros no cuentan con las herramientas que permitan implementar con fluidez la Educación online”, ha denunciado.

En este sentido, Espín ha criticado que el Ejecutivo de López Miras pretenda sustituir la educación por servicios de conciliación municipales. “O eso llevan contándonos semanas, porque todavía no se ha ordenado de manera real, ni se ha publicado una norma que lo regule. No cuentan con aval sanitario ni con presupuesto, más allá del que ha enviado el Gobierno de España para educación, que no para inventos sin pies ni cabeza como estos”.

Además, ha recordado que el Gobierno regional no ha enviado todavía a los ayuntamientos el dinero para ampliar los servicios de limpieza y desinfección de los centros, y hace más de un mes que estos abrieron sus puertas. “El Ejecutivo de López Miras sigue improvisando, actúa a ciegas, sin orden ni concierto. Y lo hace de espaldas a la comunidad educativa”.

Los movimientos feministas de Argentina han recuperado sus pañuelos verdes a favor del aborto legal. Lo han hecho en una multitudinaria manifestación en la que ha participado el colectivo feminista chileno Las Tesis, que, entre aplausos y gritos, se subió a un escenario para representar una versión argentina de su popular performance Un violador en tu camino, con una letra adaptada a la lucha por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo: “El patriarcado es un juez, que nos obliga a parir (...) El violador sos vos”. 

A poco más de una semana de que el Congreso del país comience su actividad para que esta reivindicación se convierta en realidad, miles de mujeres argentinas reclamaron frente a la sede del Poder Legislativo que el nuevo presidente del país, Alberto Fernández, cumpla su promesa de mandar al Congreso un proyecto para la despenalización del aborto.

La concentración de este pasado miércoles a las puertas del Congreso, en Buenos Aires, tiene un tinte de recordatorio: avisar al Gobierno, a una semana y media de que se inicien las sesiones anuales del Congreso después de las vacaciones del verano austral, de que el aborto legal debe ser una realidad en Argentina.

En el comunicado con el que se convocó la marcha –desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito–, insistieron en que vuelven a las calles “a días de la apertura de las sesiones legislativas” para decir a los poderes del Estado que “la sociedad reclama” el aborto legal. Bajo el lema “El momento es ahora. Este 2020 el aborto #SeráLey”, miles de jóvenes se congregaron en las proximidades del Congreso.

Patricia Bustamante, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ha expresado que “están contentas” ya que creen que este año “es el año del aborto legal”. “Es positivo que el presidente quiera presentar un proyecto, demuestra que hay voluntad política”, ha enfatizado.

Una de las asistentes subrayó que es “importante salir a la calle” porque “en la historia argentina todo lo que se consiguió” fue de esa manera. Según sus propias palabras, este puede ser el año, porque el nuevo Gobierno –comandado por el peronista Alberto Fernández y cuya vicepresidenta es Cristina Fernández– apunta más “a lo social”. Mientras que el anterior, que dirigía Mauricio Macri desde el pasado 2015 a 2019, “recortó todo”.

Un nuevo impulso tras la votación fallida de 2018

A pesar de que hay convocada otra marcha con los pañuelos verdes el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el hecho de la celebración del evento de este pasado miércoles corresponde con la conmemoración del primer “gran pañuelazo verde” del 19 de febrero. Al contrario de lo que sucedió en otras marchas por la legalización del aborto, no hubo programada ninguna manifestación de los autodenominados movimientos anti-abortistas –que en sus manifestaciones portan pañuelos azules–.

El proyecto, que con toda probabilidad se tratará en el Congreso este año, será el noveno intento para conseguir la despenalización del aborto en Argentina. La primera vez que el tema llegó a debatirse en las cámaras de Diputados y Senadores fue en 2018, cuando el proyecto no salió adelante pero tomó el impulso para instalarse de manera definitiva en la sociedad argentina. En aquella ocasión, la primera votación, la de los diputados, fue favorable al aborto, pero la Cámara de Senadores tumbó el proyecto por pocos votos de diferencia.

Organizaciones feministas esperan que el texto gubernamental que se comprometió a enviar Fernández –y en el que trabaja el Ministerio de Salud encabezado por Ginés González García– sea similar al que ellas han presentado ya, y que plantea la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. El Código Penal vigente en Argentina desde 1921 considera el aborto un delito, aunque contempla que “no es condenable” en dos casos: cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación.

“Un violador en tu camino” y mucha esperanza

En la marcha de Buenos Aires estuvo presente el colectivo chileno Las Tesis, que junto con activistas feministas argentinas realizaron su tradicional performance “Un violador en tu camino”, adaptada con elementos de la lucha feminista argentina, como el aborto legal. Las Tesis convirtieron su tema en un himno feminista global durante las protestas sociales de Chile el pasado octubre.

Entre las organizaciones feministas que conformaron la marcha, también estuvo el colectivo de Actrices Argentinas, que ganó notoriedad a raíz de destapar varias denuncias por abuso sexual dentro del cine argentino. “Es la lucha de muchos años que siempre fuimos silenciadas”, afirmó la asistente a la marcha Karina Eraso, quien acudió a la cita con su hija en demostración del activismo de dos generaciones por el aborto legal. Eraso afirmó que tiene “esperanza” y “optimismo” en que pronto se apruebe el proyecto.

“No voy a faltar a ninguna marcha”, aseveró la madre, quien agradeció a la juventud que haya implementado el debate y que hace dos años que va a manifestaciones. Desde la organización de la marcha recordaron que el proyecto comenzó muchos años más atrás. “Hace quince años generamos lazos a través de nuestros argumentos. Nuestra propuesta, que ya es de todxs, nos convocó en fechas feministas que transformamos en historia”, subrayaron.

En la Campaña apuntaron que son “la potencia de tres generaciones en lucha reclamando al Estado argentino una deuda con la democracia”. Lourdes Ticholi, otra de las manifestantes, recordó que el aborto es “un tema de salud pública” que en Argentina “no se está cumpliendo”. “Hay muchas muertes maternales por esto y es una muerte que se podría evitar y no se evita”, lamentó.

Una de las principales razones esgrimidas por quienes defienden el aborto legal es que el fallecimiento de mujeres por aborto clandestino está entre las primeras causas de muerte materna en Argentina, mientras que los detractores apelan a la necesidad de cuidar las “dos vidas” y potenciar las políticas de salud sexual.

La marea verde en defensa de la educación, integrada por docentes, padres, madres y alumnos, ha vuelto a tomar las calles de Santander este martes tras meses de espera, y han vuelto a exigir alto y claro la necesidad de desarrollar una ley educativa de consenso, que ponga fin a los vaivenes políticos y busque soluciones a los problemas más acuciantes que padece el sistema público.

En una marcha convocada por los sindicatos STEC, CCOO y UGT, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA), el Colectivo de Estudiantes y el Frente de Estudiantes bajo el lema 'Ya no hay excusas', y que ha recorrido desde la Consejería de Educación de Cantabria hasta los Jardines de Pereda, estos colectivos han reclamado de nuevo la “derogación inmediata” de la LOMCE y la “reversión de los recortes”.

“La Plataforma Estatal por la Escuela Pública denuncia el abandono de la educación, que no es una prioridad para el Gobierno del PP. Mientras el Gobierno lanza el mensaje de que la economía se recupera, la educación sigue en crisis. El deterioro al que este Gobierno está sometiendo a la educación por los recortes de los últimos años ha afectado sobre todo a la escuela pública”, han subrayado en su manifiesto.

A la falta de participación de los representantes de la comunidad educativa en las negociaciones para impulsar una nueva norma que derogue la ley aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en contra del resto de grupos parlamentarios, los convocantes han lamentado la reciente publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que avala aspectos de la LOMCE “tan dañinos para el alumnado” como los itinerarios excluyentes de la ESO, la segregación por sexo de algunas escuelas concertadas o la impartición de la asignatura de religión católica.

“Como colofón a las políticas de recorte del Gobierno, el borrador de Presupuestos Generales del Estado vuelve a reducir la inversión pública en educación al 3,7% del PIB, una inversión similar a la registrada en el año 1992”, han subrayado durante la lectura del manifiesto, en el que han reivindicado otros aspectos como la bajada de ratios en las aulas, la recuperación de programas de atención a la diversidad, la reducción de horas lectivas para el profesorado o más becas y ayudas para el alumnado.

Aviso a Mañanes

A pesar de que la manifestación tenía como objeto protestar por las políticas educativas del Gobierno de España, las organizaciones convocantes también han expresado sus críticas hacia la Consejería de Educación del Ejecutivo autonómico, y más concretamente hacia su titular, el socialista Francisco Fernández Mañanes, al que han pedido que “no se esconda ante sus responsabilidades”.

“No se puede limitar a la gestión burocrática del día a día, tiene que dialogar y negociar con los diferentes sectores de la comunidad educativa, porque esta le demanda cuestiones básicas para la calidad del sistema como son las ratios, los horarios lectivos, los desdobles, la no supresión de aulas en la red pública, acabar con la masificación de determinadas etapas, el apoyo a la escuela rural o el mantenimiento de la actual oferta de ciclos de Formación Profesional”, han recalcado.

Además, han criticado que Mañanes y su equipo “no están cumpliendo” los pactos que se firmaron antes de su llegada al Gobierno, así como el desarrollo y aplicación del Acuerdo por la Educación que toda la comunidad educativa, representada en el Consejo Escolar de Cantabria, suscribió hace ahora un año. “En definitiva, al señor consejero le exigimos diálogo y compromiso con la escuela pública”, han concluido su intervención.

Contra la LOMCE, contra las reválidas, contra los recortes. Muchos son los motivos que han llevado a los colectivos que integran a la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Castilla-La Mancha a la calle en dos ciudades de la región: Albacete y Toledo, tal y como ha sucedido en otros puntos del país. Este martes han querido vestir el verde, nuevamente, para intentar “tirar abajo” una ley que “no gusta a ninguno de los colectivos” (padres, estudiantes y docentes) y cuya vigencia, con el fracaso de las negociaciones para llegar a un Pacto de Estado por la Educación, se dilata en el tiempo. No sólo sigue vigente la LOMCE, también lo hacen los dos reales decretos que publicó el Gobierno del PP durante la crisis para la ‘racionalización del gasto público’ y que supusieron “el empeoramiento de la calidad de la educación y de las condiciones laborales de los docentes”, en tanto que aumentó la ratio de alumnos por aula, se incrementó la jornada lectiva del profesorado, se redujo el salario ante bajas laborales del profesorado y se limitó la tasa de reposición, “abocando a miles de interinos a la precariedad laboral.”

Con el lema 'Ya no hay excusas. ¡Ahora, Educación Pública!', estudiantes, docentes, padres de alumnos, y sindicatos, han reivindicado el Pacto de Estado, que ahora “parece muerto” para que plantee medidas concretas de cara a mejorar la situación de un servicio público, la Educación, que pasa por uno de sus peores momentos.

Y es que, tras años de recortes, el borrador de los Presupuestos Generales del Estado le dedica el 3,7%, frente al 5% que exigían Unidos Podemos y el PSOE, o el 5,7% que se destina en otros países de la Unión Europea. Ese 3,7% “ nos deja en niveles del año 92”, lamenta Alberto Jiménez, de Comisiones Obreras Albacete.

Pero la preocupación por la falta de financiación la comparten todos los colectivos implicados. “Necesitamos una inversión suficiente para que haya una educación en valores, una oportunidad para todos”, asegura Eugenio Parreño, representante de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.

Pese a que 'de facto' el Pacto quedaba roto con el abandono de Unidos Podemos como el PSOE , ante la negativa del Partido Popular de aumentar la inversión al 5% del PIB, la conocida como Marea Verde se han enfundado sus camisetas “para decir que basta ya y que esta ley no nos gusta”.

En Castilla-La Mancha se mantienen los recortes

Respecto al actual Gobierno de la región, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Castilla-La Mancha lamenta que “no ha afrontado decididamente la reversión de estos recortes”, por lo que tras tres años de legislatura, “Castilla-La Mancha sigue siendo una región donde no se ha recuperado la inversión educativa y estamos todavía muy lejos de alcanzar los niveles de presupuestos dedicados a educación en los años previos a la crisis”, ha recogido el Manifiesto.

“Por ello, las exigencias de la Comunidad Educativa tienen que seguir girando sobre la reversión de los recortes, el aumento del presupuesto educativo y la derogación de la LOMCE como sustento de base, e incorporar las demandas que las familias, de los y las estudiantes y del profesorado. Ya no es el tiempo de espera”, ha señalado la Plataforma en el Manifiesto.

“No es tiempo de espera ni de esperanza”

Izquierda Unida Castilla-La Mancha ha mostrado su apoyo a las movilizaciones de la región en un momento en el que la escuela pública “sigue deteriorándose” lo que llevará a que los estudiantes “sigan sufriendo las consecuencias” de los itinerarios selectivos, las aulas masificadas, la falta de respuesta para la atención a la diversidad, la ausencia de ayudas para las familias y la precariedad del profesorado interino.

Por ello la formación de izquierdas ha pedido que se retomen las movilizaciones para elevar el tono de las exigencias porque “ya no es tiempo de espera ni de esperanza en cambios que no provengan de la fuerza de la calle y de la movilización”, ha dicho Natalio Gónzalez, Responsable del Área de Educación de IU en la región.

Las camisetas verdes han vuelto a salir a la calle. La comunidad educativa ha retomado las movilizaciones tras las negociaciones fallidas del pacto educativo en el Congreso. En Madrid, varios centenares de personas se han unido a la manifestación convocada por sindicatos de profesores, colectivos de estudiantes y asociaciones de familias. “Ya no hay excusas. Ahora, educación pública”, es el lema con el que han encabezado la marcha.

Los manifestantes han pasado por delante de la sede del Ministerio y de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid al grito de “no, no. Lomce, no” y dirigiendo una pitada contra los líderes políticos. Junto a la de Madrid, se han convocado alrededor de una treintena de concentraciones para reivindicar la enseñanza pública. Con este primer paso pretenden recuperar el espíritu de la marea verde y volver a la calle siguiendo la estela iniciada por el  movimiento feminista y los pensionistas.

Entre los asistentes se recopilaban quejas parecidas, compartían la sensación de que las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy están “desmantelando” el sistema educativo público. Carmen y Pilar profesoras jubiladas han acudido para denunciar que existe “un interés político” centrado en que este modelo educativo no funcione.

“¿Cómo se puede permitir que los niños den clase en barracones?”, ha apuntado una de ellas. “Antes podías tener a dos niños con necesidades educativas en un aula. Ahora no hay un tope porque no existe personal para catalogarlos. No se les diagnostica”, ha añadido la otra.

Cristina también es profesora, es interina y durante años dio clase de Dibujo y Educación Plástica en institutos. Con la entrada en vigor de la Lomce y el desarrollo de centros bilingües en la Comunidad de Madrid fue perdiendo horas de clase hasta que hace un par de años se quedó sin trabajo en la educación pública.

“En la lista de interinos me ha ido pasando gente que sí que hablaba inglés. Al final me plantearon la opción de que moviese el currículum por centros privados, pero me niego. Entiendo la educación como un servicio público”, reivindica.

Cristina ha acudido a la manifestación acompañada de Azucena, profesora de Infantil, también en la Comunidad de Madrid. Ambas visten la camiseta de la marea verde. Azucena asegura que en el colegio en el que trabaja el Gobierno regional cierra aulas y pone dificultades a la dirección para que matricule a más niños mientras en los colegios concertados de su barrio “sí que les permiten seguir abriendo aulas”.

Otra de las asistentes, que trabaja en un colegio público dando clase de Educación Infantil, ha acudido con sus dos hijos y su pareja. “Estos años hemos ido viendo cómo las ratios han aumentado. Hemos pasado de tener 20 alumnos por clase a tener 27”, ha asegurado esta docente que ha preferido no revelar su nombre.

Destaca que estas decisiones afectan a los niños que necesitan una atención más personalizada y un apoyo educativo. “Las políticas del Gobierno ponen en peligro a la educación pública. Tratan de desprestigiarla, nos retiran recursos y dan más dinero a la concertada”, ha añadido.

Con estas movilizaciones pretenden “calentar motores” de cara al curso que viene. “Queremos aumentar la movilización para conseguir una ley hecha por la comunidad educativa y para la comunidad educativa”, apunta Adrià Junyent, secretario general de una de las organizaciones convocantes, el Frente de Estudiantes.

Ángel, Nerea y Fernando estudian Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III. Estos jóvenes, que han acudido al bloque del Frente de Estudiantes, denuncian que las políticas educativas están “mercantilizando la Universidad”. “Tenemos la sensación de que se cargan la parte teórica y centran el temario en contenidos que favorecen a las empresas”, han incidido.

Tras las negociaciones fallidas del pacto educativo en el Congreso, los organizadores han reivindicado una nueva ley de enseñanza consensuada con la comunidad educativa, la reversión de los recortes, más becas para el alumnado, una gestión democrática de los centros educativos y una inversión no inferior al 5% del PIB.

A la concentración no solo han acudido miembros de la comunidad educativa, también se han unido ciudadanos que a título individual querían reivindicar la educación pública. Entre ellos, Rosa, trabajadora de una multinacional internacional, que ha asegurado que los recortes van dirigidos a “robar la posibilidad a futuras generaciones de tener un sentido crítico”.

Mientras el Ejecutivo Autonómico celebra este viernes el Día de la Enseñanza con la ceremonia de entrega de premios en la localidad albaceteña de Villarrobledo, los sindicatos del profesorado siguen reclamando la reversión de los recortes que dejan una situación en las aulas “muy alejada” de la que se tenía antes del 2012.

“Hay muy poco que celebrar o nada”, dice Javier Sánchez, de Marea Verde, este 9 de marzo. Se refiere particularmente a la situación que vive el profesorado que sigue con clases llenas ya que las ratios siguen siendo elevadas (25 alumnos en Infantil y Primaria y 30 en Secundaria). Son “ratios ilegales”, según Inés Barba, del sindicato STE, que señala directamente al Ejecutivo Autonómico, específicamente a la Consejería de Educación, que es quien tiene las competencias en éste área y que dice: “sigue manejando ratios ilegales y distintos respecto a la normativa estatal”.

A esto le añaden la falta de profesorado cuya plantilla en los centros públicos se ha visto mermada en los últimos años, reivindicación a la que se suman también desde ANPE. Tal y como ha asegura a esta redacción Manuel Tébar, secretario de Comunicación de ANPE Albacete, se necesita un aumento de la plantilla, así como “más sustituciones a diario, personal de apoyo infantil…”, sin olvidar la equiparación salarial con los docentes de otras regiones del país.

Además el sindicato CSIF ha exigido a la Junta de Comunidades la reducción del horario lectivo, como mínimo, hasta las 23 horas en Maestros y 18 en Enseñanzas Medias como medida importante para asegurar, no sólo la calidad educativa, sino para estabilizar al colectivo docente. De esta forma, se conseguiría bajar el número de jornadas parciales, y es que “desgraciadamente” Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de este tipo de contrataciones (42,3%) en la educación pública.

Menos inversión en Educación en los Presupuestos Generales del Estado

Los recortes en Educación trascienden las fronteras autonómicas, tal y como denuncian los colectivos en defensa de la enseñanza. “La previsión es que la inversión en Educación se reduzca al 3,8 del PIB en los PGE (Presupuestos Generales del Estado)”, dice Javier Sánchez, de Marea Verde, algo que ha supuesto que tanto Unidos Podemos como el PSOE se hayan abandonado el pacto educativo ante la negativa del Partido Popular de aumentar la inversión al 5% del PIB. Sánchez asegura que a día de hoy “sigue la LOMCE, una ley autoritaria que nos devuelve a tiempos pasados. Son motivos suficientes para que la Marea Verde considere que hoy no hay nada que celebrar”.

Por cierto que Javier Sánchez advierte que en el pacto educativo que se está gestando, la mayor parte de los partidos políticos han aceptado como objetivo de nuestro sistema educativo desarrolle la Estrategia Educativa Europea 2020 que supone la implantación del sistema de competencias y de estándares “Es un sistema que viene del mundo de la empresa y supone la mercantilización de nuestra Educación”, y añade que se trata de “una manzana podrida que supone una bomba en el corazón del sistema educativo.

El final del curso escolar en Castilla-La Mancha se ha convertido en todo un acto de protesta por parte de los profesores interinos. Decenas de personas han vuelto a concentrarse en las cinco capitales de provincia de la región, convocados por CCOO, UGT, ANPE, STE y CSIF para pedir un contrato anual para el profesorado interino, de forma que este colectivo de docentes pueda cobrar todo el verano, al igual que sucedía antes de los recortes en educación que realizó el Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal.

A estas concentraciones, celebradas ante las direcciones provinciales de Educación de la Junta, también se han sumado las Mareas Verdes en defensa de la educación pública así como representantes de la Asociación de Docentes Interinos de la comunidad autónoma.

De esta forma, todos los sindicatos con representación en el sector educativo han vuelto a estar presentes en las protestas, donde sus portavoces han recordado que este colectivo de profesores de Castilla-La Mancha sigue siendo el único que no percibe su sueldo en el verano sufriendo una “medida injusta no tanto en lo económico como en lo administrativo, que hace mantener agravios comparativos con respeto a otros trabajadores de otras regiones”.

Es el motivo por el que los servicios jurídicos de algunos sindicatos como CSIF han puesto en marcha una campaña para que los interinos de la región puedan presentar denuncias para reclamar el cobro de los meses de verano. Esperan un “aluvión de demandas”.

Las peticiones han vuelto a dirigirse tanto al consejero de Educación, Ángel Felpeto, como al presidente autonómico, Emiliano García-Page, a los que piden negociar de forma inmediata el plan de mejora de  la educación regional, con el objetivo de que los resultados sean palpables en septiembre, cuando arranque el nuevo curso.

Entre las mareas, la más activa sigue siendo la de Albacete, quien ha acordado con la Asociación de Docentes Interinos de Castilla-La Mancha mantener estas movilizaciones hasta final de curso, ante la “discriminación y agravio comparativo laboral” que recibe este profesorado en la región. “No somos de usar y tirar”, afirman desde este colectivo.

Como viene sucediendo desde que comenzaron los recortes en Educación, la Marea Verde de Albacete ha llevado sus reivindicaciones hasta la festividad de San Juan. Lo hace con lo que han venido a llamar “Antorchas verdes”.

El objetivo es llevar a pie de calle sus reivindicaciones y quejas por unas condiciones que no distan nada de las que implantó el Gobierno de Cospedal. “Tenemos las mismas ratios, número de horas lectivas igual, siguen los recortes presupuestarios y los centros continúan con las estrecheces vigentes”, explica Javier Sánchez, miembro de la Marea Verde de Albacete.

Sin duda, por las fechas y porque Castilla-La Mancha es la única región que lo sigue haciendo de todo el territorio nacional, la mayor de sus protestas es por el despido de los interinos durante los meses de verano que no sólo no cobrarán sino que además “se ven perjudicados porque están en desventaja a la hora de acumular puntos para los procesos de oposición”, añade Sánchez.

Ésta es, dice, una protesta “simpática” que participa de la tradición y quema “lo malo” en la hoguera de San Juan. Tanto así que además de sus camisetas verdes, a lo largo de la marcha de las antorchas, han portado el ataúd de la LOMCE que, “como todo lo malo” ha terminado en la hoguera.

La Marea Verde de 2017 no se ha echado a la calle con la fuerza que lo hacía la de 2013 cuando protestó en conjunto por última vez. Hoy sigue existiendo la Lomce, que está implantada en todos los niveles, y “no se han revertido los recortes de los años más duros de la crisis”, ambos motivos suficientes para los convocantes de los paros de este jueves para continuar con las movilizaciones.

“Cinco años de años de Gobierno del PP nos han llevado al abismo, destrozando el sistema educativo”, decía el manifiesto que se ha leído en las proximidades del Ministerio de Educación tras una intensa pitada. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha insistido en su mensaje final en que ahora, aunque “nos vendan un pacto político”, no pueden decaer las protestas. Alentaban así el ánimo de una Marea Verde que lleva muchos años peleándose por la escuela pública. “Si en octubre tumbamos las reválidas, vamso a seguir hasta tumbar la Lomce. Se ha abierto una grieta”, gritaba uno de los asistentes a través de un micrófono.

La manifestación, que ha salido de la plaza de Neptuno y ha caminado hasta unos pasos más allá del Ministerio de Educación en su tradicional recorrido, ha sido la última acción de una jornada de huelga tibia, poco publicitada y sucesora de una movilización histórica como la que se dio el miércoles en Madrid con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

Las cifras: de “éxito” a “impacto mínimo”

Las cifras de seguimiento, como es habitual, bailan en función de quién las aporte: los convocantes aseguran que un 65% de los docentes y un 85 % de alumnos y alumnas la han secundado; mientras que el Ministerio de Educación ha valorado que el impacto ha sido “mínimo”. El ministro, en esta línea, ha repetido en la mañana del jueves que estos paros “no están justificados” cuando hay una ventana abierta a la negociación de un pacto educativo.

La Marea Verde considera que la forma de incorporar las reivindicaciones de la comunidad educativa no es suficiente y piden “un pacto social” y “foros en los que tener un verdadero espacio de diálogo”. Familias, profesores y estudiantes afirman estar “cansados” de que “no se escuche” y desconfían del equipo de Rajoy, “teniendo en cuenta los precedentes de la Lomce”, de la “voluntad del Gobierno para hacer cambios reales en sus políticas”. “Seguimos pensando que la única forma de que nos escuchen es la calle”, sostiene Marta, profesora de instituto y madre.

La protesta ha estado dividida en multitud de pequeños núcleos con reclamos muy concretos: un instituto que van a cerrar, un conservatorio estrangulado por la falta de presupuesto, la precariedad de los investigadores... Cada uno con sus pancartas pero con un punto de confluencia: “el daño que siguen haciendo los recortes”.

Algunos sindicatos como CSIF o ANPE, adheridos en otras ocasiones a las protestas, han decidido no sumarse esta vez y dar dar tiempo al desarrollo las negociaciones para cambiar la ley educativa que iniciadas hace un mes.

Pequeñas historias de lucha

Para los que sí se han colocado las camisetas verdes, los cambios “no pueden esperar más”. Lo dice Clara, que va de la mano con su hija de siete años. Es la primera vez que vienen. “Esta semana he hablado con su tutora. Me dijo que necesita apoyo educativo pero que con la cantidad de contenidos que mete la Lomce le es imposible dar atención individual a ningún alumno”, admite.“Si quiero apoyos tendré que buscarlos fuera del cole y pagarlos. ¿Así cómo no se van a quedar muchos estudiantes en la cuneta?”, añade.

María Jesús lleva, sin embargo, viniendo muchos años. Da clases en la universidad y asegura que “tiene el estómago revuelto con lo que están haciendo”. “Están expulsando del sistema a un montón de estudiantes. La universidad aún no ha tocado fondo. Yo sé que podré pagar a mis hijos una carrera, ¿pero y los demás?”, dice refiriéndose a las tasas de los grados y los máster. Los becarios universitarios aún no han cobrado una parte de las ayudas de este curso que termina en tres meses. La universidad pública ha perdido 127.000 matriculados desde el curso 2011-2012, según datos del Ministerio de Educación.

Por detrás de María Jesús se coloca un grupo muy numeroso que hace mucho ruido. El IES Benito Pérez Galdós ha salido a la calle casi en su totalidad. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid les ha comunicado que este es el último curso que funciona. A partir de septiembre echa el cierre, quieran un 270 estudiantes o no. “Dicen que no hay demografía para que siga abierto pero no tenemos más opción. Si cierran, mi hija tendrá que ir a un instituto a seis kilómetros de casa porque en estos años han ido dejando inútiles todos los centros públicos de la zona”, se queja Olga, madre de una alumna de primero de la ESO.

Al borde del cierre está también el Conservatorio Profesional de Música de Móstoles (Madrid), cuyo presupuesto se ha reducido a un tercio desde 2009, según denuncian sus profesores y alumnos. “Ya no hay clases por la mañana. Quieren matarlo a base de estrangular el presupuesto año a año”, asegura uno de los docentes. Sus alumnos se han traido los instrumentos para denunciar el “abandono”. Las escuelas de música y danza de Madrid, cuya gestión privatizó la alcaldesa Ana Botella y se mantiene. Detrás de cada pancarta hay una historia. Y hay muchas pancartas.

Desigual por territorios y niveles

Por la mañana, miles de estudiantes (esta convocatoria era solo para ellos) han expresado también su rechazo a los recortes y la Lomce en la calle tras vaciar las aulas de instituto. Aunque en los campus muchos alumnos ni se habían enterado de la convocatoria, también había facultades enteras cerradas con piquetes en la puerta.

El seguimiento, como es habitual, ha sido desigual también según los territorios. En Catalunya el paro ha sido descafeinado y Sevilla, Oviedo, Valladolid, Valencia, Galicia, La Rioja o Burgos han sido algunas de las 50 ciudades y regiones que han parado y realizado manifestaciones o actos durante la mañana.

Entre 3.000 y 4.000 personas se han sumado este jueves a la manifestación convocada en Santander con motivo de la huelga general en la educación convocada de manera conjunta por los distintos estamentos que integran la comunidad educativa -estudiantes, docentes y padres- para reclamar en las calles la necesidad de alcanzar un pacto “real” que dote de estabilidad al sistema más allá de los vaivenes políticos y que respete todas las reivindicaciones de los distintos sectores.

Los convocantes han coreado consignas contra la LOMCE, la ley orgánica aprobada en la pasada legislatura por el Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy y han exigido su “retirada inmediata”, con el objetivo de poner en marcha un sistema de enseñanza “de consenso”, “justo”, “equitativo” y con “proyección de futuro” que sustituya a la conocida popularmente como Ley Wert.

Además, entre las reclamaciones que han provocado este paro educativo están tanto la reversión de los “recortes” efectuados en los últimos años, así como más becas para los estudiantes y la no implantación en la Universidad del modelo '3+2' (3 años de grado y 2 de máster) puesto que es, según dicen, “más costoso”. También han avisado de que esta “jornada de lucha” de la comunidad educativa no será la última y aseguran de que habrá más “si no se escucha”.

Protesta global

Y es que la comunidad educativa de Cantabria ha vivido este jueves una nueva jornada reivindicativa en las calles, en este caso, con la petición de la retirada de la LOMCE como telón de fondo y con la exigencia unánime de un pacto por la educación a nivel nacional que integre a todas las sensibilidades y escuche las peticiones de estudiantes, docentes y padres.

Las cifras del seguimiento de esta jornada de protesta han variado en función de los diferentes ciclos educativos, con mayor incidencia en los institutos y la universidad pública, aunque convocantes y Consejería de Educación han discrepado en su incidencia en las aulas.

Así, según el Colectivo de Estudiantes de Cantabria (Colest), el seguimiento global de la jornada de huelga en la educación convocada en todo el país por la Plataforma por la Enseñanza Pública alcanzaría un 75%, mientras que la Consejería de Educación de Cantabria cifra el paro en el 54% de los alumnos y el 17% de los docentes de la enseñanza pública y concertada.

Los datos aportados por el departamento que dirige el socialista Ramón Ruiz hablan de “un importante seguimiento en la enseñanza pública”, tal y como han ratificado desde el Gobierno autonómico a través de un comunicado de prensa tras realizar un sondeo telefónico en los centros educativos.

“La mayor incidencia de la huelga se ha registrado en los centros públicos, donde el seguimiento ha sido del 89% en Bachillerato, el 78% en Formación Profesional, el 75% en ESO, el 61% en Primaria y el 60% en Educación Infantil. El profesorado de los centros públicos ha parado en un 20% (31% en Infantil, 22% en Primaria y 16% en Secundaria”, señalan desde la Consejería.

Desde el Colectivo de Estudiantes subrayan que, en total, son cerca de 34.000 los alumnos llamados a la huelga en Cantabria y se han felicitado del “éxito” del seguimiento del paro educativo en estas primeras horas de la jornada puesto que, según han afirmado, “la huelga ha paralizado la actividad en los centros públicos”.

Marcha por Santander

La primera gran muestra de fuerza tuvo lugar en la mañana de este jueves, cuando una concentración convocada a las puertas de la Delegación de Gobierno se convirtió en una improvisada marcha por las calles de Santander hasta la Consejería de Educación, dado el éxito de asistencia, que superó las expectativas iniciales de los organizadores.

Esta protesta sirvió como aperitivo de la manifestación que culminó por la tarde en los Jardines del Pereda de Santander, y que “rechaza el pacto de PP, PSOE y Ciudadanos en contra de la comunidad educativa” y ha pedido “la eliminación definitiva de la LOMCE, la bajada inmediata de las tasas universitarias, así como revertir los recortes en becas”.

Este jueves 9 de marzo la comunidad educativa está convocada a una huelga en los centros docentes. Son tres las grandes reivindicaciones que sustentan esta convocatoria: la paralización y reversión de los recortes, la eliminación de las distintas “contrarreformas” aplicadas a distintos niveles educativos,  y la derogación de la LOMCE.

Tres reclamaciones que en realidad son las tres patas de una misma reforma educativa que hiere de gravedad a nuestro sistema educativo y que responden a un cambio de modelo social que reclama, para la educación, un papel muy diferente al consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra misma Constitución.

Las cifras de los recortes en educación son escandalosos. Desde 2009 en que se alcanza la máxima inversión en educación (alrededor de 53.000 millones de euros) hasta los actuales 47.000 se han dejado de invertir en educación más de 40.000 millones de euros. El porcentaje del PIB destinado a educación solo está por encima de países como Rumanía, Bulgaria o Letonia y hay que retrotraerse a más de una década para encontrar una cifra similar de inversión. En 2017, tan solo mil profesores más deben hacerse cargo del aumento de casi 800.000 alumnos.

Y estos recortes afectan, sobre todo, a la educación pública gracias a la decidida apuesta de los sucesivos gobiernos del Partido Popular por la enseñanza concertada. Si hacemos el simple ejercicio de sumar la ampliación del número de centros concertados (parte de cuya financiación recae en las familias), la desaparición  y/o disminución de numerosos tipos de becas y el aumento exponencial de tasas en etapas educativas no obligatorias no es difícil deducir el resultado: el gasto educativo por familia ha aumentado hasta un 30%. El copago educativo forma ya parte de la vida española.

La educación, a lo largo de estos años ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en un servicio con valor de cambio y, por tanto con precio, en un mercado global.

Pero estos recortes no se han realizado de forma homogénea. El eufemismo tantas veces esgrimido por el Gobierno de “apuesta por la excelencia” encubre una realidad mucho más dramática: el abandono de los más vulnerables.

Poco importa que uno de los más graves problemas de la educación española sea el abandono escolar temprano, que duplica el de nuestros vecinos europeos: se cierran las escuelas de adultos, se limita la oferta educativa,  se retiran apoyos y refuerzos y se elimina, de un plumazo, a miles de especialistas en atención a la diversidad, probablemente el aspecto más castigado por estos recortes.

Poco importa que hoy sea asumido por todos que la etapa 0-6 tiene su propia identidad, que requiere un profesorado especializado, que es una pieza clave en el desarrollo de niños y niñas y en una sociedad que aspire a la igualdad de oportunidades de los futuros ciudadanos: se suben las tasas impidiendo el acceso a ella a las rentas más bajas y se minimiza su importancia hasta su casi desaparición en la LOMCE.

Porque finalmente es la LOMCE la que apuntala en forma de Ley este cambio de paradigma educativo. La LOMCE preconiza el establecimiento de una nueva óptica: las nuevas potestades de la dirección, los centros especializados que compiten entre sí, el establecimiento de rankings a través de las reválidas, el foco en la excelencia frente a la equidad, las trayectorias sin salida, el modelo de rendición de cuentas... Competitividad y exclusión: el reverso de un derecho; su conversión en un producto al que se accede mediante intercambio económico.

La escuela de la LOMCE y los recortes, la escuela que a pesar de la resistencia una gran mayoría vivimos en la actualidad, parece empeñada en pervertir el espacio que la lógica de una sociedad democrática le confiere; parece empeñada en convertirse en una herramienta que aumente la brecha social y convierta la diferencia en desigualdad.

Y es que estamos asistiendo a un cambio radical en el paradigma educativo. La OCDE, el organismo económico responsable de las famosas pruebas PISA, cuando mira a la escuela solo la observa como una pieza que debe encajar en el mercado. Con independencia o no de que compartamos sus criterios es su obligación hacerlo así. La sociedad civil, sin embargo, mira, con toda razón y legitimidad, a la escuela como el espacio que puede garantizar una convivencia pacífica en una sociedad cohesionada y justa.

En esta semana que celebramos el Día Internacional de la Mujer, en pie de guerra contra la violencia machista, contra la desigualdad, la palabra que más escuchamos es educación. Cuando se producen actos de xenofobia o racismo la palabra que está en la boca de todos, más allá de la comunidad educativa, sigue siendo educación. Cuando vemos el aumento de la homofobia y los delitos de odio hacia el diferente dirigimos nuestra mirada a la escuela y pedimos educación. Cuando tomamos consciencia del deterioro de nuestro entorno y de la necesidad de un cambio drástico de rumbo en la carrera que dilapida nuestros recursos naturales pensamos en la escuela y hablamos de la importancia de la educación . Cuando somos testigos de abusos de poder y del aumento de la intolerancia reclamamos más educación.

Pero nuestros gobiernos han dejado hace tiempo de escuchar las demandas de la sociedad civil. Los sucesivos gobiernos del PP han adoptado en exclusiva la óptica de la OCDE como si esta vertiente de la educación, la preparación para la entrada en el mercado laboral, fuera la única competencia de la escuela. De ahí que el “espíritu PISA” impregne por completo a la actual ley de educación convirtiendo a la escuela en un arma privilegiada para suministrar a un mercado global  que camina hacia la destrucción de las mismas fuentes de la vida, la fuerza de trabajo que requiere. Competencia lectora, matemáticas, inglés e informática y no nos distraigamos con esas fruslerías en las que consiste nuestra vida y nuestra relación con los demás.

Las reválidas, las diversas pruebas externas con las que, indistintamente, se cuelgan medallas o rasgan las vestiduras nuestros gobernantes miden lo que la OCDE necesita medir y no responde, en modo alguno, a las expectativas y demandas que la sociedad civil y la misma comunidad educativa reclama a las escuelas.

El día 9 tenemos una oportunidad no solo de mostrar nuestro rechazo a los recortes y exigir su reversión, no sólo de expresar la oposición a una ley antidemocrática e injusta, sino también de defender qué espacio debe ocupar la educación en nuestra sociedad. Reclamemos una nueva ley de educación fruto de un amplio acuerdo social y político de la que el Documento de Bases elaborado por decenas de colectivos sea cimiento inexcusable.

Os animamos a seguir la huelga y a encontrarnos en las calles para defender la Educación. 

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se enfrenta este jueves a su primera huelga general educativa en el cargo. La última vez que la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, identificada como la Marea Verde, extendió sus protestas por todo el Estado fue el 24 de octubre de 2013. La imagen de una inmensa manifestación en Madrid que pedía la dimisión de José Ignacio Wert llegó a las portadas de los medios. La Lomce acababa de aprobarse en el Congreso. 

Cuatro años después, la ley que el PP sacó adelante sin consenso está diseccionándose en una subcomisión de diputados creada para sustituirla por otra norma en la que hay huecos puntuales de intervención de la comunidad educativa a través de comparecencias. Y para el Ministerio de Educación que esta vía negociadora esté abierta no es compatible con las protestas en la calle porque “no tiene sentido”, dijo Méndez de Vigo en enero.

Su número dos, Marcial Marín, volvió a hablar de la huelga hace unos días, cuando espetó en un foro con escuelas concertadas que los convocantes eran unos “irresponsables”, según denunció la Plataforma, que ha pedido su dimisión. 

“El Gobierno utiliza la subcomisión para intentar desmovilizar a una parte, y a lo mejor con una parte de la sociedad va a funcionar. El jueves queremos decir que sigue habiendo motivos”, afirma José Luis Pazos, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa). PSOE y Unidos Podemos se han mostrado a favor de la protesta, mientras Ciudadanos comparte la postura del PP de que no es el momento adecuado. 

Para los sindicatos, estudiantes y familias que componen este bloque estatal (Ceapa, STES, CC.OO, UGT, MRP, CGT, FAEST, Frente de Estudiantes, Sindicato de Estudiantes), el “pacto político para llegar al pacto es legítimo pero no suficiente”. “Se tendría que haber abierto un espacio de negociación e interlocución global de propuestas de la comunidad educativa. El acuerdo político no puede ser el único”, señala Pazos.

Los sindicatos de los trabajadores de la enseñanza se quejan de que tampoco se han abierto “mesas de negociación” para hablar de las condiciones laborales de los maestros. Desde 2009, calculan que se han perdido entre 30.000 y 35.000 profesores en la pública. “Llevamos desde octubre solicitando reunirnos. Entonces el Gobierno estaba en funciones y el ministro nos dio largas. Ahora dicen que han dado la llave de la negociación a la subcomisión”, explica Maribel Loranca, de Enseñanza de UGT.

En algunos territorios, la representación de UGT, CCOO o Ceapa no ha convocado la huelga pese a la llamada desde la organización central de que así fuera. “Cada lugar tiene que organizar cómo asume esta convocatoria. Por circunstancias, algunos prefieren esperar un poco más a la subcomisión para ver cuál es el resultado”, reconocen desde Ceapa. Calculan que los plazos de aprobación de una ley orgánica extenderían el tiempo necesario para implantar otra norma educativa hasta tres años.

El recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto el proceso parlamentario paralelo a la subcomisión para tumbar la Lomce aprobado a propuesta del PSOE es otra de las razones para la huelga, dicen los convocantes. “El PP se ha dado cuenta de que se ha quedado solo en su defensa de la Lomce y ahora la aritmética parlamentaria es otra”, apuntan desde UGT.

Sin convocatoria de oposiciones

Los sindicatos han encontrado de forma coyuntural, además, otro motivo para los paros: la incertidumbre en la convocatoria de oposiciones a cuerpos docentes. Sin presupuestos generales del Estado, no hay establecida tasa de reposición y sin ella, según cómo venía funcionando hasta ahora, no se pueden convocar plazas públicas.

“Esto se sale de toda lógica. Llegamos a marzo sin presupuestos cuando era una de las urgencias para formar gobierno. Deja en la inseguridad a miles de profesores que están en el sistema y a los que quieren entrar”, asegura Francisco García, de CCOO. “El Gobierno que debería liderar no quiere dar seguridad jurídica a las comunidades para que puedan convocar”, añade Maribel Loranca, de UGT.

El sindicato tampoco pierde de vista, dice Loranca, “todas las medidas excepcionales vía decreto que se tomaron en 2012 relacionadas con carga lectiva de profesores y ratios y que ya no valen porque la situación económica no lo justifica. O eso dice el Gobierno con la recuperación”.

A 24 horas de la huelga, los convocantes aseguran que siguen confiando en la protesta en la calle para conseguir cosas. “En 2013 había un ministro que terminó cayendo y su ley va por el mismo camino. Esto de que las movilizaciones no funcionan, nada de nada”, afirman desde CCOO, donde se quejan de la actitud del PP como “desmovilizador del efecto de las huelgas”.

Todos saben que “son momentos distintos” y dicen que no quieren “comparar huelgas”. También reconocen “los picos y los valles” de la Marea Verde, “como los de todos los movimientos”, justifica Pazos, a quien como a muchos aún le queda el sabor de la última vez en que lo que pasó en la calle caló en el Parlamento: la suspensión de las reválidas un día después de la última huelga parcial en octubre de 2016.

La Marea Verde denuncia la “desigualdad de oportunidades” entre la educación pública y la concertada. Según el colectivo, volcar la balanza hacia los centros privados no mejora la calidad educativa. Todo lo más, critican, ahonda la brecha entre clases sociales. Una teoría que defienden y visibilizan a través de un vídeo y una campaña en redes sociales.

Para defender la escuela pública “inclusiva, plural, laica y de calidad”, exigen cortar por lo sano. Explican su plan: “la no renovación de los conciertos y la reincorporación de estas escuelas a la red de centros públicos”. Y rechazar el “actual modelo educativo”. Un sistema en el que, según denuncian, “la concertada obtiene cada vez más dinero público que se detrae de nuestras escuelas públicas disminuyendo enormemente los recursos”.

“Aumentar el número de centros concertados no ha demostrado mejorar la calidad de la educación”, manifiestan. Es un escenario “claro” que subrayan con “evidencias flagrantes”, caso del aumento de “la desigualdad de oportunidades entre clases” a través de los diferentes caminos que afronta el alumnado. El Tribunal Supremo (TS), sobre este asunto, considera que no está justificada la supresión de una unidad o clase de un colegio concertado cuando tiene un número suficiente de alumnos, aunque sí avala la eliminación cuando falta alumnado.

“¿Libre elección o seguir sembrando desigualdades?”, es el dilema que plantea Marea Verde. Para exponer esta disyuntiva, el vídeo titulado 'Paralelismos' muestra una situación cotidiana en el que un sujeto plantea discriminar en el transporte público por categorías sociales. El simil traslada esta visión a la educación pública.

El trabajo audiovisual refuerza una campaña iniciada en redes sociales con el mismo objetivo: “la consecuencia de todo esto es que tras la supuesta libertad de elección se esconde una brutal segregación del alumnado según su origen o nivel socioeconómico”.

“En una Andalucía con la mitad de la población infantil al borde de la pobreza, el 82% del alumnado con dificultades está matriculado en la pública”, advierten. El presupuesto que cae del lado concertado de la balanza frena la posibilidad de “ofrecer en la pública una educación con la calidad que merecen nuestras alumnas y alumnos”.

“Un gran número de familias”, continúa el colectivo, “no puede asumir el coste de las cuotas fraudulentas que cobran la práctica totalidad de las escuelas privadas concertadas”. Y esto lleva “a que la mayoría de quienes tienen menos recursos económicos tiende a mantenerse en el centro educativo que le corresponde por zona”. Aunque, según denuncia Marea Verde, esto conlleve “ahondar en la desigualdad de oportunidades”.