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Andalucía dispara un 55% las listas de espera tras revelarse que sus contratos para derivar pacientes a la privada no tenían anclaje legal

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y la consejera de Salud, Catalina García, en una visita al hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Daniel Cela

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Las listas de espera en el Sistema Andaluz de Salud (SAS) se dispararon un 55% desde junio de 2023 hasta el pasado octubre, es decir, desde la última fecha con datos publicados hace tres semanas por la Consejería de Salud del Gobierno de Juan Manuel Moreno, después de año y medio sin actualizar.

En junio de 2023, según los datos que la Junta remitió al Ministerio de Sanidad, había más de un millón de pacientes pendientes de una operación o de una cita con el especialista, 45.000 llevaban más de un año esperando una intervención quirúrgica, y 36.004 habían rebasado ya el plazo legal establecido por el SAS para operarse. Este último dato es el que más alarma al Ejecutivo andaluz: representa un 227,5% más de los que había un año atrás, en junio de 2022: 10.992 pacientes.

Sin embargo, desde entonces esa cifra se ha incrementado otro 55,5% hasta rozar los 56.000 pacientes a fecha de 31 de octubre, revelan a este periódico dos fuentes distintas de la Consejería de Salud con acceso a estos datos. “Es un dato que fluctúa por días. Hubo un aumento, como los hay todos los años en septiembre por las vacaciones, pero luego baja”, confirman desde el entorno de la consejera Catalina García. En la actualidad la cifra de pacientes que ha superado el plazo legal de espera para una intervención quirúrgica está en “menos de 50.000”.

El número de andaluces fuera del plazo legal para operarse en Andalucía ha aumentado, por tanto, de forma más acelerada en los últimos cuatro meses que en todo el año anterior, esto es, entre junio de 2022 y junio de 2023, el periodo que aparece publicado en la página web del SAS y del Ministerio de Sanidad. ¿Por qué? Una de las razones es el “parón” en la asistencia sanitaria de los dos meses de verano. El otro factor es que el pasado junio se produjo un cambio significativo en la gestión de las listas de espera: el Gobierno andaluz canceló el sistema de contratación a dedo con clínicas privadas para la derivación de pacientes, que venía utilizando desde hacía dos años acogiéndose a un decreto para contratos covid derogado en 2021.

Andalucía publica las listas de espera con la cadencia que mantiene el Ministerio de Sanidad. El último corte oficial es el de junio de 2023, que se hizo público hace tres semanas con un año y medio de retraso. Preguntada por el repunte brusco de los pacientes en espera que ha registrado el SAS desde entonces, desde la consejería explican que “los datos del registro de demanda quirúrgica son oscilantes, no sólo mensualmente, sino diariamente”. “La lista cambia de viernes a lunes y de martes a viernes, como es lógico con el elevado volumen de actividad de los hospitales andaluces, que alcanzarán 400.000 intervenciones quirúrgicas antes de finalizar el año”, abundan estas fuentes.

En los meses de verano disminuye la demanda quirúrgica y la actividad asistencial por el periodo de descanso de los profesionales sanitarios. El periodo vacacional es de mayor “dificultad de cobertura”, admiten en la consejería, de ahí que “la cifra de lista de espera aumente y no se comienza a estabilizar hasta octubre”. “A esto hay que sumar que, tras la finalización en el primer semestre del año de los contratos de emergencia y los conciertos y mientras se empezaron a poner en marcha más medidas como el autoconcierto, hubo un aumento de pacientes en espera de intervención quirúrgica”, subrayan desde la consejería.

243 millones de euros a la privada

Entre enero y diciembre de 2021, el SAS adjudicó a dedo -sin publicidad ni concurrencia competitiva- 70 millones de euros a 79 clínicas privadas para derivar pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas, acogiéndose al procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia.

Ese marco normativo estatal, que permitió a las comunidades contratar a dedo con empresas sanitarias usando un procedimiento más ágil para contener la propagación del virus sin necesidad de pasar por todos los trámites de contratación en la Administración Pública en lo peor de la crisis, fue derogado en mayo de 2021.

Pero la Junta de Andalucía siguió licitando y ampliando sus contratos a dedo con clínicas privada hasta junio de 2023, aprobando sucesivas prórrogas que aludían explícitamente a ese decreto derogado. El SAS siguió aferrado al sistema de contratación de emergencia incluso después de recibir una orden de la Consejería de Hacienda para que dejara de hacerlo. El acuerdo de emergencia original para contratar a dedo con la sanidad privada se firmó por un año, con un presupuesto inicial de 70 millones hasta diciembre de 2021, pero fue prorrogado y ampliado hasta los 243 millones con fecha junio de 2023.

El 12 de marzo de 2023, este periódico publicó en exclusiva todo el sistema de contratación extraordinaria con la privada sin aparente amparo legal. 24 horas después, el portavoz del Gobierno andaluz anunció la cancelación de los contratos a dedo y la vuelta al sistema ordinario de contratación -con publicidad y concurrencia competitiva- a partir de junio de 2023, cuando expiraba el último procedimiento extraordinario bajo sospecha y duramente criticado por los grupos de la oposición.

Los pliegos de licitación de los contratos con clínicas privadas publicados en el perfil de contratación de la Junta revelaron que el SAS había sistematizado el procedimiento extraordinario habilitado durante la pandemia para reducir a más velocidad las listas de espera. Las derivaciones de pacientes a clínicas privadas no se limitaban a procedimientos de urgencia o para aquellos que estuvieran fuera del plazo legal, sino para todo tipo de intervenciones, incluso menores, como una operación de rodilla o unas cataratas.

“El procedimiento de emergencia era necesario, porque aunque lo peor de la pandemia había pasado, los efectos continuaban. Todo había estado parado durante meses y nos había dejado unas listas de espera inasumibles”, argumentan desde la consejería. Otras fuentes del mismo departamento matizan: “La contratación de emergencia era fundamental en ese momento. Otra cuestión es si era razonable o no seguir usando este procedimiento excepcional dos años después para una operación de rodilla”.

Tras la publicación, el Gobierno de Moreno reconoció que se siguió prorrogando el sistema excepcional de contratación para “desatascar” 1,58 millones de intervenciones sanitarias a pacientes en espera: 1,46 millones de pruebas diagnósticas y 117.367 operaciones quirúrgicas, según datos del SAS.

La cancelación abrupta de los contratos a dedo con clínicas privadas interrumpe el ritmo de derivaciones de pacientes en junio de 2023 y las listas de espera vuelven a engordar. En ese momento el SAS reconoce 203.375 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica -53.300 más que hace un año (150.034)-, de los que 134.749 tenían prioridad porque su operación está recogida en la ley de garantía de plazos.

Más de 36.000 habían rebasado ese plazo máximo legal. Al hacerse públicos estos datos -sin actualizar durante año y medio- la oposición y los sindicatos sanitarios arremeten duramente contra el Gobierno de Moreno, acusándole de “opacidad” y de “mala gestión”. En los siguientes cuatro meses, esas cifras se van a incrementar de forma muy acelerada. Cuando el SAS hace públicos los datos de junio -el pasado 22 de noviembre- ya sabe que las listas de espera han empeorado significativamente.

Parón en los meses de verano

La interrupción de los contratos de emergencia es un factor, pero no el único que explica por qué desde entonces se han disparado las cifras. Los meses de verano y el periodo vacacional suelen provocar un parón asistencial que afecta a todo el sistema sanitario andaluz, que reduce su actividad hasta el 30%, explican desde el SAS y corroboran fuentes sindicales. Ocurre en esta comunidad y en prácticamente todas. De ahí que en tan poco tiempo, de junio a octubre, las cifras de pacientes fuera del plazo legal para operarse dieran un salto brusco.

El departamento de Catalina García ya conocía esos datos el pasado 22 de noviembre, cuando finalmente hace públicas las listas de espera en Andalucía a fecha de junio de 2023, después de año y medio sin actualizarlas. La consejera reconoció que esos datos publicados son “malos” -más del 12% de la población andaluza está en una lista para operarse o en espera de cita con el especialista-, pero ha evitado explicar por qué las cifras han empeorado considerablemente desde entonces, como consecuencia en parte del fin de los contratos excepcionales con las clínicas privadas.

Lo que sí ha hecho la Consejería de Salud, tras constatar en octubre el ritmo acelerado de pacientes que se agolpa en las listas de espera, es diseñar “un plan de choque” que sustituya los contratos de emergencia con clínicas privadas cancelados en junio tras revelarse que partían de un decreto ley para confrontar la pandemia ya derogado. El SAS saca a licitación dos acuerdos marco que fijan las condiciones para contratar con la sanidad privada la derivación de miles de pacientes en lista de espera para operarse en la pública -por valor de 533,3 millones- y para trasladar las pruebas diagnósticas pendientes, por un montante de 201,1 millones. En total, un presupuesto estimado de 734 millones de euros para un periodo máximo de cuatro años.

La consejera explicó que el objetivo de este “plan de choque” es vaciar las listas de espera en la sanidad pública y cumplir con los decretos de garantía de la Junta de Andalucía para ser atendidos en el plazo legal establecido, aunque en el momento de lanzar dicho plan los datos del millón de pacientes pendientes de asistencia sanitaria no están publicados.

Las comunidades autónomas envían al Ministerio de Sanidad su estadística sobre listas de espera cada seis meses, y tienen obligación legal de publicarlas una vez al año. El Ejecutivo de Moreno se comprometió a hacerlo dos veces al año. Los datos del último semestre de 2023 no se conocerán oficialmente hasta febrero o marzo, confirman desde la consejería andaluza. Hasta entonces, los últimos datos publicados por el SAS son los del pasado junio.

Protestas de la marea blanca

La tasa de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica en Andalucía es de 23,24 por cada 100.000 habitantes, entre las tres más altas del país –la media es 17,55–, y el tiempo medio de espera es de 139 días –la media nacional son 112 días–, sólo por detrás de Canarias y Cantabria.

La publicación de las listas de espera, con un año y medio de retraso, ha provocado un tenso debate político en Andalucía, con protestas del colectivo sanitario a las puertas del Parlamento andaluz el mismo día que se debaten los Presupuestos Autonómicos para 2024. El departamento de Salud recuerda que ya se han puesto en marcha medidas para reducir estas listas con la reorganización de los recursos y la plantilla para aumentar la actividad asistencial ordinaria mañana y tarde.

“También a través de medios propios extraordinarios, con la mejora de la continuidad asistencial, cuyo gasto para 2024 es de 128 millones de euros; y los autoconciertos en todos los hospitales, cuyo gasto estimado para 2024 es de 20 millones”, aseguran.

Por último, cuando el SAS no pueda dar respuesta con el 100% de sus medios activados, se pondrán en marcha la asistencia concertada. En este sentido, se están elaborando Acuerdos Marco Regionales de Asistencia Sanitaria Complementaria para pruebas diagnósticas y procedimientos quirúrgicos a los que se destinarán 734 millones de euros en cuatro años, “con el objetivo de atender de forma inmediata a quienes ya están fuera del plazo establecido por el decreto de garantía”, concluyen desde la consejería.

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