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ANDALUCÍA
El Gobierno andaluz cancelará los contratos a dedo con clínicas privadas tras dos años fuera del marco legal de la pandemia

Juan Manuel Moreno, en el Parlamento andaluz.

Daniel Cela

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El Sistema Andaluz de Salud (SAS) volverá a la contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia competitiva, a partir del próximo 30 de junio, cuando expira la cuarta y última prórroga del procedimiento de contratación de emergencia, que el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha estirado durante más de dos años, amparándose en las condiciones “excepcionales e imprevisibles” de la pandemia, y en un marco legal estatal derogado en mayo de 2021.

El anuncio llega 24 horas después de que este periódico publicase que el SAS aún mantenía vigente el sistema de contratos a dedo con clínicas privadas, sin publicidad ni concurrencia competitiva. “El objetivo es que no se sigan prorrogando [los contratos de emergencia], ha confirmado el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, a preguntas de los periodistas.

Tras una reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta ha revelado que el SAS volverá al sistema de contratación ordinaria con la sanidad privada previo a la pandemia, tras más de dos años prolongando las adjudicaciones de contratos sin el control y la fiscalización regular de dinero público.

Ese sistema excepcional ha permitido estirar un presupuesto inicial de 70 millones de euros hasta los 242,7 millones, aludiendo a la saturación de la sanidad pública, la situación de emergencia y los “acontecimientos imprevisibles” derivados del Covid-19, argumentos que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz han avalado hasta junio de 2023.

eldiario.es adelantó el lunes que gran parte del sobregasto en contratos a dedo con clínicas privadas se sustentaba en el artículo 16 del Real Decreto ley 7/2020, mencionado en las resoluciones de prórroga del SAS, y que estaba derogado desde el 9 de mayo de 2021. Fuentes del Ejecutivo andaluz admiten ahora que todo el dinero recogido en las adendas y prórrogas -alrededor de 173 millones de euros- se adjudicó fuera del plazo legal estatal, es decir, posterior a la derogación del citado decreto.

“Nosotros cumplimos la ley”

Desde el Palacio de San Telmo subrayan que “todo se ha hecho conforme a la ley, con todos los controles de fiscalización e informes preceptivos”, e insisten en que las condiciones genéricas de la pandemia y la Ley de Contratos Públicos para situaciones de emergencia avalaban la perpetuación de este procedimiento hasta la actualidad. La última prórroga y ampliación de gasto de los contratos a dedo se firmó hace menos de tres meses -el 31 de diciembre de 2022- con vigencia hasta el 30 de junio.

El portavoz de la Junta ha tratado de explicar que, aún hoy, la sanidad pública andaluza está afectada por el impacto de la pandemia, de ahí que se justifique el mantenimiento de un sistema de contratación excepcional, aunque el marco legal que habilitó el Gobierno central para dar cobertura expirase hace dos años. “El SAS todavía está pagando la situación de estrés al que le sometió la Covid-19”, ha subrayado Fernández-Pacheco.

En octubre de 2021, mientras se ampliaban los contratos con la sanidad privada para derivar pacientes, operaciones y pruebas, el Gobierno de Moreno rescindió el contrato de 8.000 sanitarios de refuerzo -de los 20.000 reclutados- que había fichado con fondos del Estado para contener el avance del virus en el peor momento de la crisis. En ese momento, la pandemia estaba en descenso y todas las comunidades habían empezado a replegar efectivos sanitarios.

Preguntado por qué la Junta prescindió de esos 8.000 sanitarios, si “el SAS todavía está pagando la situación de estrés al que le sometió la Covid-19”, el portavoz ha negado la mayor: “No se prescindió de 8.000 sanitarios, se prorrogó el contrato de otros 12.000 profesionales de refuerzo”. En efecto, Andalucía es de las pocas comunidades que ha mantenido con fondos propios a muchos de los sanitarios que incorporó al sistema en el peor momento de la pandemia. Esos 12.000 sanitarios de apoyo no han pasado a ser plantilla estructural -como reclaman los sindicatos-, por ahora mil médicos tienen contrato hasta fin de año, y los 11.000 restantes (de otras categorías) tienen trabajo hasta el verano.

“Un modelo de contratación descentralizado”

Aunque el Gobierno andaluz se ha esforzado este martes en defender la legalidad de los contratos de emergencia, a la primera pregunta el portavoz de la Junta ha anunciado que dejarán de hacerlos en tres meses, cuando expira la última prórroga aprobada por la Consejería de Salud. “El SAS está trabajando para que, en el horizonte de junio de 2023, se apruebe un nuevo sistema centralizado que modifique la contratación de emergencia, en aras de seguir avanzando en esa transparencia”, ha asegurado Fernández-Pacheco.

La contratación a dedo, a día de hoy, sigue “un criterio sanitario, no político”, ha insistido el consejero portavoz, tras dejar claro que todos los contratos fueron supervisados y validados por la Intervención General de la Junta, y responden a las dudas planteadas por la Cámara de Cuentas. “Nosotros cumplimos la ley”, ha subrayado.

El regreso del Gobierno de Moreno a la contratación ordinaria de servicios sanitarios implicará, también, una modificación del modelo que venía aplicándose antes de la pandemia. “Se trata de cambiar de modelo, desde un modelo descentralizado en el que cada hospital hacía sus contrataciones [derivación de pacientes, operaciones y pruebas a clínicas privadas], por uno centralizado que nos permita una economía de escala y apurar hasta el último céntimo”, ha explicado Fernández-Pacheco.

Fuentes del SAS reconocen a este periódico que las razones de las prórrogas de los contratos de emergencia hasta la actualidad no devienen sólo de los datos epidemiológicos -que a estas alturas distan mucho de los picos de contagio de 2021-, sino del déficit estructural de personal y recursos de la sanidad pública.

El grado de concertación en Andalucía con hospitales privados “es muy inferior” al de otras comunidades, como Madrid, Extremadura o Castilla-La Mancha, y los contratos exprés para derivar operaciones y pruebas a la privada eran necesarios para poder cumplir el decreto andaluz de plazos de intervención, que permite a los pacientes ser atendidos en un tiempo máximo tasado por ley.

Es decir, la Junta ha echado mano de la contratación de emergencia durante los dos últimos años para reequilibrar el ritmo de intervenciones que tenía antes de la pandemia -reducir tiempos y listas de espera-, y para ello ha esgrimido tanto la normativa estatal excepcional (derogada), como la Ley de Contratos del Sector Público.

El portavoz de la Junta ha aportado también nuevos datos para explicar por qué se han mantenido esos contratos: en 2021, las intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas representaron un 20% del total de las realizadas en Andalucía (el 80% en la pública); y en 2022, ese porcentaje de derivaciones descendió al 13%.

Sin embargo, si se cruzan estos datos con las ampliaciones de gasto de los contratos con clínicas privadas aprobados en 2021 y 2022, vemos que en el primer año el presupuesto inicial de 70 millones de euros se incrementa con 55,7 millones más (a través de adendas y una primera prórroga); mientras que en 2022 el aumento es el doble, de 100,9 millones de euros, según los datos del Portal de Transparencia. Es decir, un 7% menos de intervenciones derivadas a la privada en 2022, pero el doble de gasto.

El total acumulado hasta ese momento, con las dos primeras resoluciones de prórrogas, ascendió a 226,7 millones de euros, y las dos últimas prórrogas, aprobadas a finales de 2022, elevan el gasto total a los 243 millones.

Los dos informes

La Consejería de Salud solicitó expresamente dos informes a su gabinete jurídico -uno a principios de 2021 y otro a finales de 2022- para justificar las cuatro prórrogas y más de un centenar de adendas de ampliación del presupuesto original del Acuerdo de Emergencia, que parte de 70 millones de euros, adjudicados a clínicas privadas durante más de dos años sin publicidad ni concurrencia competitiva.

Ambos documentos, a los que ha tenido acceso este periódico, reconocen que el marco legal habilitado por el Gobierno central durante el segundo estado de alarma, incluido el Real Decreto Ley que facultaba a las comunidades a realizar contratos a dedo, “ha perdido su vigencia en el momento de emisión de este informe”. “Pese a todo”, añaden los letrados de la Junta, las resoluciones de prórroga aprobadas por el SAS “tienen su razón de ser en la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el 22 de enero de 2020”, y en el “Reglamento Sanitario Internacional”.

Los dos informes avalan las prórrogas de los contratos a dedo hasta 2023, en virtud de la Ley de Contratos Públicos, que ya existía antes de la pandemia para agilizar la contratación de bienes y servicios en situaciones de crisis. La posibilidad de justificar la dilatación de estos contratos durante los últimos dos años “resulta razonable y proporcionada dado que, en todo caso, debe prevalecer el interés general ante un eventual e imperceptible perjuicio de terceros, sin que pueda observarse que con la misma se contravengan los principios básicos y esenciales de la contratación pública como son la publicidad, la concurrencia, la igualdad y la no discriminación”, concluye el último de los informes.

Todos los partidos de la oposición han cargado duramente contra la Junta de Andalucía por este asunto. Las fuerzas de izquierdas hablan abiertamente de “corrupción” y exigen explicaciones a la consejera de Salud, Catalina García, en el Parlamento. El PSOE andaluz considera que los contratos a dedo con clínicas privadas, prorrogados desde mediados de 2021 hasta junio de 2023, constituyen “una operación encubierta de fraude de ley”. 

Los socialistas han denunciado que el Gobierno de Moreno ideó un “sistema opaco, falto de transparencia y concurrencia pública para financiar la sanidad privada basándose en normas derogadas o retorciendo jurídicamente la Ley de Contratos del Sector Público” -los dos preceptos legales que menciona el SAS en sus resoluciones de prórroga-, justificando la utilización del procedimiento de emergencia en la saturación de la sanidad pública en pandemia, “mientras con otra mano despedía a 8.000 sanitarios”.

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