Las actas del Consejo del estadio de La Cartuja, sobre el contrato amañado: “Se ha consultado con letrados de la Junta”

El 23 de abril de 2021, el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Nyon (Suiza), decidió oficialmente que Sevilla y el estadio de La Cartuja sustituirían a Bilbao como sede española para la Eurocopa.

En realidad, la promotora Gruconsa había empezado los trabajos de remodelación del estadio cuatro días antes –el 19 de abril– sin contrato ni presupuesto asignado ni licitación ni adjudicación, pero por encargo directo de la sociedad que gestiona el estadio, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía, junto al Estado, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial.

El 27 de abril de 2021, el Consejo de Administración del estadio de La Cartuja S.A. acordó “no firmar el contrato del estadio con la UEFA hasta disponer de los fondos necesarios” y, dos días después, solicitó formalmente una “subvención excepcional” a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta por un importe de 5,4 millones de euros para sufragar las obras.

La jueza de Majadahonda (Madrid) que instruye el llamado 'caso Supercopa' ha abierto una pieza separada para esclarecer el papel que jugaron altos cargos de la Junta de Andalucía en la adjudicación irregular del contrato de reformas de La Cartuja. Daniel Oviedo, actual gerente de la sociedad que gestiona el estadio, está imputado junto a quien presidía dicho órgano de contratación, el exsecretario general de Deportes de la Junta, José María Arrabal.

El informe que la Guardia Civil remitió a la jueza el pasado febrero recoge una cronología de la tramitación del contrato de las obras del estadio que revela “una clara discordancia entre la ejecución real de las obras y su formalización administrativa”, ya que los trabajos comenzaron mucho antes de que se iniciaran los expedientes de licitación.

El 5 de mayo de 2021, el Consejo de Administración del estadio de La Cartuja S. A., reunido por videoconferencia, aprobó realizar las obras de adecuación del estadio de Sevilla para albergar los partidos de la Eurocopa, con cargo a un presupuesto extraordinario facilitado por el Gobierno andaluz un día antes. La Consejería de Educación y Deportes acababa de otorgar al proyecto esa subvención excepcional que había solicitado el estadio: 4,9 millones de euros, destinados inicialmente a la construcción de guarderías.

Las actas de la reunión del Consejo de aquel día, a las que ha tenido acceso este periódico, revelan varios puntos de interés para la investigación judicial sobre el supuesto amaño de contratos en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante el mandato de Luis Rubiales a cambio de comisiones ilegales.

La decisión de dar luz verde a las obras se adoptó en aquella reunión, en la que participó “como invitado el letrado de la Junta de Andalucía, Joaquín María Barrón Tous”. Hubo seis votos favorables, correspondientes a los consejeros de la Junta, del Ayuntamiento de Sevilla y de la Diputación Provincial, y dos abstenciones de los miembros del Gobierno central, que expresaron sus “dudas” con la “interpretación jurídica” hecha por la sociedad del estadio La Cartuja para justificar el procedimiento “mínimo” y “urgente” de contratación, sin publicidad ni concurrencia competitiva.

Aquella reunión del Consejo de Administración incluso discutió si la entidad que dirigía Rubiales iba a ser parte del órgano de contratación del estadio o sólo “le compete la eventual recomendación de licitadores”, cuando en realidad la promotora vinculada a la RFEF –Gruconsa– ya llevaba tres semanas trabajando en el estadio.

El secretario del Consejo esgrime su “informe justificativo del procedimiento mínimo de contratación”, que no termina de convencer a los consejeros nombrados por la Dirección General de Patrimonio del Estado (Gobierno central). La consejera nombrada por la Junta de Andalucía, Myriam del Campo, comenta que “el informe se ha consultado con los Letrados de la Junta de Andalucía así como con el Director General de Contratación, de la Consejería de Hacienda”.

Sin embargo, el consejero designado por el Gobierno, Antonio Franco, reitera que “le preocupa que ante la fiscalización o intervención que a posteriori pueda realizarse, qué responsabilidad le cabe como Consejero si no manifiesta las dudas sobre la oportunidad de que el evento fuera a ser realizado por el Estadio con sus normas o hubiera de haber sido realizado por otra institución”. “La urgencia viene motivada en su criterio porque no hay tiempo y lo que se imposibilita es la aplicación del principio de publicidad”, añade.

Arrabal y Oviedo, “poder mancomunado” para autorizar el contrato

El Consejo de Administración del 5 de mayo de 2021 dio luz verde a las obras del estadio, pero lo hizo de forma indirecta. Lo que realmente se votó aquel día, según consta en las actas, “no es la valoración o discusión sobre el informe” que justifica el procedimiento simplificado y de urgencia para la contratación, “sino la delegación en el Presidente [Arrabal] y en el Gerente [Oviedo], de manera mancomunada, de las facultades que corresponden al Consejo de Administración como Órgano de Contratación por razón de la cuantía superior a 500.000 euros, para la contratación de actuaciones en el marco y contexto de lo informado”.

Es decir, la decisión última de contratar por la vía de urgencia a la promotora Gruconsa, investigada en la causa, no recayó en el Consejo de Administración, donde están representadas cuatro administraciones, dos del PP y dos del PSOE (Junta de Andalucía, Gobierno central, Ayuntamiento de Sevilla y Diputación Provincial), sino en los dos máximos responsables de ese órgano, hoy imputados.

Con ese “poder mancomunado”, Arrabal y Oviedo aprobaron las licitaciones y adjudicaciones a Gruconsa un mes después, aunque en realidad la promotora ya había empezado las obras 16 días antes, sin contrato ni licitación ni adjudicación. A posteriori, se presentaron tres empresas a la licitación, pero la Guardia Civil sospecha que “los presupuestos eran falsos para justificar un proceso de adjudicación” concedido de antemano a Gruconsa que, de hecho, trabajaba en el estadio mientras las administraciones en paralelo hacían el papeleo para dar “apariencia de legalidad”.

“Pudiera haber sido la propia Gruconsa la encargada de confeccionar las tres ofertas que fueron presentadas, asegurándose así ser la más ventajosa para garantizar la adjudicación de unos trabajos que ya se encontraban en ejecución”, señala la UCO en el informe remitido a la jueza.

La Diputación de Sevilla ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Administración para abordar la permanencia del gerente. La decisión depende de la actual secretaria general de Deportes de la Junta.

El PSOE ha pedido al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que fuerce su dimisión, y éste respondió en el Parlamento que “no es un cargo público” y que las administraciones socialistas en el Consejo no se opusieron al contrato. “Si hay que sustituirlo y renombrarlo, se convoca al Consejo y se destituye, pero a ver qué dice la Justicia”, ha asegurado en el Pleno de la Cámara.

“Dudas con la interpretación de las normas”

Las actas también revelan las “dudas” respecto al procedimiento de contratación expresadas por los dos consejeros de la Dirección General de Patrimonio del Estado (Gobierno central), que evitaron votar a favor. “Se tienen dudas sobre al alcance e interpretación del artículo 321 [de la Ley de Contratos del Sector Público] y expresa que la situación es extrema entre poder hacer o no el evento”, en referencia a los partidos de la Eurocopa.

También manifiestan “dudas” con la justificación legal de saltarse los procedimientos ordinarios de contratación alegando “una causa sobrevenida”, por lo que “no desean refrendar el procedimiento [simplificado de urgencia] pero tampoco oponerse a la celebración del evento”. Finalmente, los consejeros designados por el Gobierno central entienden que “deben abstenerse y recomendar la atención a los plazos en la medida de lo posible y ajustarnos a la publicidad y principio de la concurrencia”.

En ese momento intervino Arrabal, recordando que “el estadio se encontraba cerrado” y “sin un horizonte de actividad”. “Estamos ante una oportunidad única que va a impulsar gran parte de la economía de la ciudad”, dijo.

El consejero del Gobierno central le respondió que “no se discute la importancia del evento sino que se está expresando las dudas, que no certezas, sobre una interpretación de las normas”. “Dudas sobre una interpretación jurídica, lo que no debe de entenderse como una oposición al proyecto”, añadió, tras “aplaudir el emprendimiento del presidente del Consejo de Administración”.

Las obras, antes que los permisos

“Daniel, buenas tardes. El lunes llega mi primer equipo de gente para el desmontaje de los tornos”. El 16 de abril de 2021, el responsable de las obras de adecuación del estadio La Cartuja de Sevilla para ser sede de la Eurocopa, Ángel González Segura (de la promotora Gruconsa), envió un correo electrónico con el asunto “COMIENZO OBRA” a Daniel Oviedo, gerente de la sociedad Estadio de La Cartuja S.A.

El inicio efectivo de las obras de adecuación de tornos e iluminación en el estadio La Cartuja fue el 19 de abril, es decir, 39 días antes del inicio de los expedientes de licitación y cuatro días antes de que la UEFA confirmara oficialmente a Sevilla como sede de la Eurocopa. En ese momento, ni existía contrato entre la RFEF y la sociedad Estadio La Cartuja ni existía contrato entre estas entidades y la promotora Gruconsa, que ya había empezado a trabajar sobre el terreno.

Los responsables de Gruconsa, imputados en la causa, fueron informándoles del inicio y desarrollo de las obras. Los promotores enviaban un Excel con los gastos a Oviedo, cuando el proyecto todavía no contaba con el visto bueno ni la Junta de Andalucía había destinado presupuesto para ello. “¿Te encargas de comunicárselo a la Junta?”, escribió el Secretario General de la RFEF, Andreu Camps, al responsable de las obras de Gruconsa.

Camps ni siquiera sabía que la Federación de Fútbol y la sociedad que gestiona los activos de La Cartuja aún no habían firmado ningún contrato.“La Junta está en ello porque está el director gerente de La Cartuja”, le respondió González Segura el 23 de abril, el mismo día que la UEFA eligió oficialmente a Sevilla como sede de la Eurocopa.

Entre el 12 y el 15 de abril, los miembros de la UEFA habían visitado personalmente el estadio de La Cartuja para evaluar la viabilidad del recinto para los cuatro partidos previstos. “Las primeras Impresiones han sido buenas por lo que nos han contado, ya que en Bilbao solo han tenido escollos en cada legalización y petición por parte del gobierno Vasco y las autoridades pertinentes, mientras aquí todo han sido facilidades y buena disposición”, escribió el responsable de Gruconsa.

Al día siguiente, el 16 de abril, cuatro administraciones firmaron una “declaración de intenciones” comprometiéndose a acometer las reformas necesarias para que Sevilla fuera sede, cuyos trabajos empezarían en el estadio sólo tres días después, antes siquiera de contar con el presupuesto para pagar la obra.

La sociedad Estadio de La Cartuja adjudicó el contrato a Gruconsa por valor de 1,1 millones de euros el 11 de junio, el mismo día que empezaban los partidos de la Eurocopa, y 45 días después de que arrancaran las obras. La Guardia Civil concluye en su informe que Arrabal y Oviedo “contribuyeron” al amaño del contrato, a cambio de contraprestaciones económicas, e investigan la compra de dos pisos que ambos hicieron en esos días (uno en Sevilla y otro en Málaga), abonando a tocateja 50.000 euros cada uno.

Cuando finalmente se oficializa el contrato de adjudicación a Gruconsa, dos trabajadores de la promotora lo comentan “en tono jocoso” en una conversación intervenida por la Guardia Civil. “Te he pasado la adjudicación de la Cartuja. Ya está todo”, dice González Segura. “Estoy viéndolo, no he podido evitar descojonarme”, replica Jonathan Oliva, también de Gruconsa “¿Y eso? No seas mala persona”. “Vamos a ejecutar esa obra con 30.000 pakistaníes para acabar en un día. Hemos superado a los chinos. Jajaja. ¡De lujo!”.