El Gobierno andaluz autorizó a su alto cargo imputado por amañar contratos a fichar por Acciona días después de su cese
El ex secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía José María Arrabal, imputado en la presunta trama de amaños de contratos en el estadio La Cartuja (Sevilla) a cambio de comisiones ilegales, fichó por la multinacional privada Acciona apenas unos días después de su cese como alto cargo del Gobierno andaluz, en enero de 2025.
El fichaje de Arrabal por Acciona a los pocos días de abandonar la Junta choca con la Ley andaluza de Incompatibilidades de Altos Cargos, de 2005, que establece un periodo mínimo de dos años para poder entrar en una empresa del sector en el que había tenido competencias directas cuando trabajaba para la Administración.
El que fuera número tres de la Consejería de Cultura y Deportes cesó el 3 de diciembre de 2024 y, ese mismo día, solicitó formalmente a la Junta su compatibilidad para poder fichar de inmediato por Acciona Cultura, para dirigir la divisiónd e deportes, el mismo ámbito en el que venía trabajando en la Administración.
La Consejería de Justicia, competente para determinar si un alto cargo cumple la Ley de Incompatibilidades, firmó una resolución con la autorización de Arrabal pocos días después, el 7 de enero. “Se le concedió la compatibilidad tras comprobar que como secretario general de Deportes no había participado directamente en ningún contrato ni subvención de la Junta que hubiera beneficiado a Acciona”, confirman fuentes de este departamento.
José María Arrabal ha sido el secretario general de Deportes de la Junta, “con rango de viceconsejero”, desde que se constituyó el primer Gobierno de Juan Manuel Moreno, en enero de 2019, hasta hace apenas un año. Entró de la mano del exconsejero de Educación y Deportes, el fallecido Javier Imbroda, y se mantuvo en el puesto durante seis años, dos legislaturas y cuatro consejeros distintos, hasta que dimitió en diciembre de 2024. Acto seguido, fichó por la multinacional Acciona.
La citada Ley andaluza de Incompatibilidades prohíbe “el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas”.
Al hacerse público, la Junta abrió una investigación interna que concluyó que Guzmán había vulnerado el plazo mínimo de dos años que establece la ley para pasarse a la privada. Su contrato quedó en suspenso hasta que pasaron esos dos años, pero Nieto ya advirtió entonces que la Ley andaluza de Incompatibilidades era “muy mala” y anunció su intención de cambiarla.
Antes de ser ascendido a viceconsejero de Salud, Guzmán había sido gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante dos años y medio, en los que adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, que terminaría contratándole tres meses después de dejar la Junta. Guzmán fue imputado por un juez de Sevilla en el caso de los contratos de emergencia del SAS, que posteriormente fue archivado.
Fue precisamente a raíz de este caso que la Consejería de Justicia, que dirige José Antonio Nieto, aprobó un decreto ley en 2024 que modificó parcialmente la Ley de Incompatibilidades, estableciendo la obligatoriedad para todos los altos cargos de la Junta de solicitar por escrito autorización expresa si querían saltar de la pública al sector privado sin esperar el plazo mínimo de dos años estipulado por ley.
Fuentes de Justicia explican que el caso Guzmán “evidenció que había una laguna” en dicha ley, que no existía un mecanismo reglado para que la Junta supiera de primera mano que uno de sus ex altos cargos había empezado a trabajar para el sector privado antes de que pasaran los dos años preceptivos. “El decreto ley obliga ahora a solicitar la compatibilidad, Arrabal lo ha hecho y se le ha autorizado”, confirman estas fuentes.
El decreto ley incluyó este nuevo apartado: “Las personas que en los dos años posteriores al cese en el desempeño del alto cargo pretendan realizar una actividad privada en el mismo ámbito sectorial en el que haya desarrollado sus funciones, deberán comunicarlo a la Consejería competente en materia de administración pública y obtener, con carácter previo, autorización para el desarrollo de la misma”. Es la Inspección General de Servicios la encargada de realizar un informe sobre cada solicitud, en este caso, la del ex secretario general de Deportes.
No obstante, un portavoz de Acciona explica a este periódico que Arrabal sólo trabajó para la compañía “durante cuatro meses, a principios de 2025”. “Su contratación contó con la autorización expresa de la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Ocupó un puesto intermedio en la organización como gerente de desarrollo de negocio internacional en el área de eventos deportivos, sin ningún tipo de actividad en el mercado español. El señor Arrabal dejó la compañía en mayo de 2025 tras no superar el preceptivo periodo de prueba de su contratación”.
La jueza de Majadahonda (Madrid) que instruye desde hace dos años el llamado 'caso Supercopa', la presunta trama de amaño de contratos ligada al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha imputado a Arrabal y al actual gerente de la sociedad Estadio de La Cartuja S.A., Daniel Oviedo, con participación mayoritaria de la Junta de Andalucía. Un informe de la Guardia Civil les acusa de “contribuir” a la adjudicación irregular de un contrato de 1,1 millones de euros a la empresa Gruconsa S.A. a cambio de supuestas contraprestaciones económicas.
Los trabajos de reforma del estadio de La Cartuja, en 2021, empezaron “39 días antes del inicio de los expedientes de licitación correspondientes a las mismas y 45 días antes de la adjudicación de los mismos a la constructora”. Las obras se finalizaron el 7 de junio de 2021, “cuatro días después de la adjudicación de los expedientes”. La jueza ha autorizado a la Guardia Civil a requisar y clonar los dispositivos móviles y las cuentas bancarias de Arrabal y Oviedo, pero el informe policial ya recoge algunas conversaciones de ambos con los promotores imputados.
En una de las conversaciones de Whatsapp grabadas, dos responsables de la constructora bromean con que la entidad pública les haya adjudicado finalmente la obra cuando, de hecho, estaban a punto de terminarla: “Te he pasado la adjudicación de la Cartuja. Ya está todo”, dice Ángel González Segura, responsable de la reforma de Gruconsa. “Estoy viéndolo, no he podido evitar descojonarme”, replica Jonathan Oliva, también de la promotora. “¿Y eso? No seas mala persona”. “Vamos a ejecutar esa obra con 30.000 pakistaníes para acabar en un día. Hemos superado a los chinos. Jajaja. ¡De lujo!”
Los investigadores han hallado indicios de que tanto Arrabal como Oviedo contribuyeron en las relaciones entre la RFEF y una constructora llamada Gruconsa para las obras de adecuación del estadio de La Cartuja a distintas competiciones deportivas, como la Copa del Rey y la Supercopa, así como para cumplir los requisitos para su asignación como sede de la fase final de la UEFA EURO20.
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