Moreno tropieza con Von der Leyen al intentar reabrir el caso ERE ante la Justicia Europea: “Es abstracto e hipotético”

El Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE) ha registrado el expediente C-501/25 con la denominación “Partido Popular de Andalucía”. Son las cuestiones prejudiciales que la Audiencia Provincial de Sevilla elevó a la Justicia Europea el pasado verano para que reabriera la pieza política del caso ERE, después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulase parcialmente las condenas a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a varios de sus consejeros.

Lo que se juzga ahora en el tribunal de Luxemburgo, ante todos los países miembros de la Unión Europea, es si el órgano de garantías que vela por los derechos fundamentales en España se “extralimitó” al reinterpretar los delitos de prevaricación y malversación por los que condenaron a los dirigentes socialistas.

El TC reprochó a la Audiencia y al Tribunal Supremo (que confirmó las sentencias) su “interpretación extravagante” de la ley para poder condenar a Chaves y Griñán. Los jueces que vieron corregidas sus sentencias, en uno de los casos de corrupción política más sonados de los últimos 20 años, acudieron a la Justicia Europea para que determine si el fallo del Constitucional es compatible con el Derecho de la UE y con la protección de los intereses financieros europeos.

El mayor pulso entre instancias judiciales en España, que ha entrado en un territorio procesal sin precedentes, lleva el nombre de la formación liderada por Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta y candidato en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

No es extraño que la Justicia Europea identifique este litigo con nombre del “PP de Andalucía”, aunque le llegase de manos de la Audiencia de Sevilla, porque el partido de Moreno (desde mucho antes de Moreno) fue el percutor del caso ERE desde el minuto uno, hace 15 años.

El PP andaluz se personó como acusación popular de la macrocausa que se llevaría por delante al todopoderoso PSOE andaluz, después de casi 37 años en el poder, y allanaría la entrada de Moreno en el Palacio de San Telmo en enero de 2019. 

Un caso de corrupción política por el desvío de dinero público -procedente de un fondo de 679 millones de euros de la Consejería de Empleo- para beneficiar durante años a empresas, trabajadores y sindicatos afines a los socialistas. No se reveló un caso de enriquecimiento personal de los máximos dirigentes de la Junta, sino como un procedimiento ilegal para “comprar la paz social” y “perpetuarse en el poder”, como vienen repitiendo los populares durante la década larga de instrucciones judiciales.

“Una cacería política; un montaje”

El sintagma del caso ERE como “el mayor caso de corrupción política en España” es casi una cuestión identitaria para el PP andaluz, de ahí que se revolviera como un gato panza arriba cuando el Constitucional echó por tierra las condenas más graves a Chaves, Griñán y todos sus consejeros.

En 2018, Juan Manuel Moreno arrancó su campaña electoral a las puertas de un prostíbulo en ruinas de Sevilla, para denunciar la “corrupción sistémica” de dirigentes socialistas, y meses después empezó a gobernar de la mano de Ciudadanos y Vox. Han pasado casi ocho años, el presidente del PP andaluz gobierna hoy con una mayoría absoluta que aspira a revalidar en las urnas, con sus 1,5 millones de votos (muchos de ellos, prestados por electores de centroizquierda desencantados con el PSOE-A).

Es improbable que el presidente y candidato popular replique aquella primera campaña electoral, a lomos de la corrupción, cuando su partido está precisamente esta semana bajo el foco del juicio de Kitchen, que investiga el uso partidista de las instituciones (la Policía, el Ministerio de Interior, los fondos reservados) para espiar al extesorero de su partido, Luis Bárcenas, y boicotear la investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción que atrapó al PP.

El PP andaluz es quien aplaudió la sentencia del Supremo que condenó en 2022 a la cúpula de los gobiernos del PSOE en Andalucía por prevaricación y malversación, entre otros delitos. Dos años después, Moreno fue el primer barón territorial popular que cuestionó abiertamente la legitimidad del TC por anular esas condenas, cambiando por completo el epílogo judicial del “mayor caso de corrupción política en España”.

La reacción virulenta del PP andaluz al fallo del Constitucional chirría con la imagen pública de moderación, política serena -la llamada “vía andaluza”- y los continuos llamamientos al respeto institucional con los que se identifica a Moreno. El portavoz de su Gobierno acusó abiertamente al Tribunal de Garantías de ser “un instrumento del aparato político de Moncloa”. El propio presidente de la Junta dijo que la sentencia era “el inicio del indulto a todos los condenados del caso ERE”.

Aquel fallo había revitalizado al PSOE andaluz, tras años sumido en la “vergüenza” por este caso de corrupción, y todos sus dirigentes salieron en tromba a contraatacar como nunca lo habían hecho: “El caso ERE fue un montaje, un caso de lawfare”; “Moreno Bonilla es el jefe de la banda de esta cacería política. No llegó limpiamente al poder”. El propio Chaves salió a la luz, tras años apartado y despojado de su carné de militante socialista, para reivindicarse y plantar cara: “Esto es un punto de inflexión. Es el principio del fin del ciclo de gobierno del PP en Andalucía”.

El choque por el relato político fue descomunal, pero entonces nadie imaginaba que el PP llevaría el asunto a un territorio procesal inédito, cuestionando el marco constitucional español y el respeto al Derecho de la Unión. A las puertas de un Comité Ejecutivo Nacional del PP, celebrado en Madrid en mayo de 2025, Moreno anunció que su Gobierno “volvería a personarse” en el caso ERE -instando a la Audiencia a acudir a la Justicia Europea- para reclamar “que se mantengan las condenas contra los líderes socialistas que dictó el Supremo y no se revisen los fallos”, luego anulados parcialmente por el TC.

“Un asunto puramente interno que se declare inadmisible”

Consultado por este periódico, desde la Consejería de Presidencia no confirman si finalmente la Junta presentó sus alegaciones para que el Tribunal Europeo admitiera a trámite las cuestiones prejudiciales de la Audiencia de Sevilla. Las observaciones de las partes son reservadas y que se hayan “filtrado” las que perjudican a la acusación popular del PP buscan dañar a Moreno en campaña e insuflar ánimos al PSOE de María Jesús Montero, mascullan en el entorno del presidente andaluz.

Quienes sí registraron observaciones, el pasado diciembre, fueron el Reino de España, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Europea y un país miembro de la UE, la República Checa. “Ni los hechos ni la situación jurídica que se describen en el resumen del auto de remisión presentan un vínculo con los intereses financieros de la Unión o con delitos relativos a fraudes referentes a la utilización de fondos de la Unión”, advierten.

Y defienden la legitimidad del órgano español de garantías en este asunto: “La resolución del Tribunal Constitucional debe apreciarse desde una perspectiva nacional, considerando su función en el ordenamiento jurídico nacional, y no desde la perspectiva del Derecho de la Unión”.

Tanto los abogados de la Comisión Europea como los de España, la Fiscalía General y los letrados de República Checa se extienden en sus explicaciones sobre el perímetro de acción del Derecho europeo y la legitimidad del tribunal que vela por los derechos fundamentales en los países miembros: “La organización de la Administración de Justicia en los Estados miembros, incluido el establecimiento, la composición y el funcionamiento del Tribunal Constitucional, es competencia de estos. Ninguna disposición del Derecho de la Unión impone a los Estados miembros la obligación de elegir un modelo constitucional determinado que regule las relaciones y la interacción entre los distintos Poderes del Estado, en particular en lo referente a la definición y delimitación de las competencias de estos. La Unión respeta la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos”, concluyen los checos.

Todas coinciden en pedir al TJUE que ni siquiera admita a trámite la petición del tribunal sevillano, porque se trata de “un asunto puramente interno” que no está dentro de sus competencias. Todos rechazan que el fraude de ayudas de los ERE en Andalucía violase el Tratado de la UE “relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas”.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia sostiene “que existe un riesgo para los intereses financieros de la Unión en una situación concreta, que haya un vínculo con dichos intereses lo suficientemente concreto y no, como en el litigio principal [caso ERE], abstracto e hipotético”, argumentan las alegaciones.

Los abogados que representan a la República Checa son especialmente críticos con el planteamiento “general” que hace la Audiencia de Sevilla para convencer al TJUE de que el perjuicio económico a las arcas de la Junta de Andalucía lo es también a los fondos europeos. “El argumento de que toda malversación de fondos públicos de un Estado miembro puede afectar a los intereses financieros de la Unión y el trato que un Estado miembro da a los fraudes que afectan a sus propios intereses financieros se refleja, en esencia, automáticamente en el trato que da a los intereses financieros de la Unión. Evidentemente, no es así”, advierten los letrados checos, que concluyen que esta interpretación del Derecho europeo “no guarda relación alguna con la realidad y el objeto del litigio principal”, de ahí que pidan que se declare “inadmisible”.

Es llamativo que Bruselas tumbe el intento del PP andaluz de revisar el fallo absolutorio del caso ERE dictado por el Constitucional, pero mucho más que un Estado miembro que no es España -en este caso República Checa- haya decidido entrar en este asunto y discutir con vehemencia los argumentos del partido de Moreno.

Es llamativo, pero no es inusual. Cuando llegan cuestiones prejudiciales al Tribunal Europeo, éste tiene la obligación de traducir el asunto planteado a todas las lenguas de la UE. Y si un Estado miembro se siente interpelado, es decir, si considera que el planteamiento jurídico que hacen en España afecta también a su nación, entonces puede participar como parte afectada. 

El cuestionamiento que hace la Audiencia de Sevilla y el PP andaluz pone en duda la legitimidad del Tribunal español de Garantías para revertir una sentencia de un juzgado ordinario, al considerar que se han vulnerado los derechos constitucionales de un ciudadano, en este caso, los dirigentes socialistas.

La Comisión Europea, en sus observaciones, replica que el TJUE es “manifestamente incompetente” para resolver un asunto “interno” de esta categoría y añade que “en ningún caso” puede ejercer como un “tribunal de supercasación”, usando casi la misma expresión de Juanma Moreno contra el fallo del Constitucional.

Von der Leyen vs Moreno Bonilla

Las alegaciones de República Checa van en el mismo sentido. Son los dos mazazos que ha recibido el candidato popular en plena precampaña de las andaluzas, porque sus fieles y adeptos sobreentienden que las alegaciones que ha presentado el Reino de España y la Fiscalía del Estado -en el mismo sentido que las anteriores- son observaciones “de parte”. Los populares están instalados en el cuestionamiento constante a las instituciones que operan bajo el Gobierno de Sánchez, incluido el TC, pero han tenido que preservar el respeto institucional ante las críticas de Bruselas.

El gobierno de Úrsula Von der Leyen, del mismo partido que Moreno, y el gobierno checo han echado por tierra los planteamientos del PP andaluz. Eso no significa que el TJUE haya decidido dar carpetazo al asunto. Está por ver. Fuentes del Tribunal Europeo explican a este periódico que “el asunto está admitido a trámite, porque lo estamos tramitando, y ya está adjudicado a un juez ponente y un abogado general”.

Pero esta expresión -“admitido a trámite”- no se puede transponer al lenguaje jurídico español, no significa lo mismo que aquí, no significa que existen indicios para continuar con la investigación, advierten las mismas fuentes. El TJUE admite a trámite cuando se cumplen una serie de requisitos mínimos de forma. Tampoco hay una estadística registrada que permita comparar las veces que Bruselas se ha mostrado contraria a la admisión a trámite de un asunto, como éste del caso ERE, y el tribunal de Luxemburgo haya tenido en cuenta sus alegaciones.

La Justicia Europea tiene ahora que dirimir si esas observaciones tienen el peso suficiente como para inadmitir a trámite las cuestiones preprocesales de la Audiencia. De ser así, pondría el punto final definitivo al dilatado caso ERE, pero es muy improbable que resuelta antes de las elecciones del 17 de mayo. No hay un plazo estipulado para que el juez ponente emita un auto sobre la admisión a trámite.

Los plazos que sí están perimetrados son los del procedimiento judicial, una vez el juez resuelve meter mano al asunto. Desde que se registra el expediente [octubre de 2025] hasta la fase de vista oral para que las partes intervengan puede pasar un año. Y desde la vista oral hasta que el abogado general de la UE presenta un primer estudio jurídico con sus conclusiones otros cuatro meses. En más del 90% de los casos, ese análisis jurídico suele coincidir con la sentencia final, que tarda año y medio desde que empieza todo el proceso.

Con todo, aunque el TJUE dé carpetazo al asunto ahora o dentro de un año, el impacto político de la posible redención judicial de la antigua cúpula del socialismo andaluz tendrá un efecto relativo. La piedra más pesada que hoy empuja el PSOE andaluz, montaña arriba, ya no es la corrupción de los ERE, aunque el PP de Moreno, 15 años después, siga exprimiendo aquel estigma en el Parlamento -haciendo oposición a la oposición-, en los mítines y en la campaña de las andaluzas de 2026, como una condena vitalicia que impide a sus rivales políticos legitimarse para volver al gobierno.