Proceso extraordinario de regularización: el problema no es la migración, es la desigualdad

Hasta el 30 de junio está abierto un proceso extraordinario para la regularización de personas de origen extranjero que acrediten haber estado en el país antes del 1 de enero de 2026 y demostrar una permanencia de al menos cinco meses, ininterrumpida.

España no es ajena a los procesos de regularización bajo el mandato de Gobiernos de distinto color político. Desde los años ochenta se han sucedido distintas iniciativas –1985, 1991, 1996, 2000, 2001 o 2005– que han permitido aflorar a cientos de miles de personas trabajadoras que ya formaban parte de nuestra economía y de nuestra sociedad, y las últimas reformas reglamentarias en extranjería han tenido un impacto similar a una regularización.

Todas estas regularizaciones comparten un mismo patrón: no responden a situaciones excepcionales, sino a una realidad persistente. Personas que viven, trabajan y contribuyen quedan fuera del sistema por un marco normativo rígido, procedimientos lentos o vías legales insuficientes. Con el paso del tiempo, esa realidad acaba siendo tan innegable que exige una respuesta extraordinaria.

Y aquí es donde aparece la contradicción de fondo. Si un mecanismo supuestamente excepcional se repite de forma periódica, deja de ser excepcional. Y cuando deja de ser excepcional, lo que revela no es una anomalía puntual, sino un fallo estructural del sistema. En definitiva, las regularizaciones no son lo esencial del problema. Son el síntoma.

En Andalucía, sectores clave de la economía como la agricultura intensiva, la hostelería, el comercio, la logística de proximidad, la construcción o los cuidados dependen en gran medida de la mano de obra migrante. Almería o Huelva son ejemplos paradigmáticos de cómo la producción agrícola se sostiene gracias al trabajo de personas extranjeras, muchas de ellas en situación administrativa irregular. Esta irregularidad no es puntual, sino estructural: responde a un modelo que, por un lado, necesita de forma constante mano de obra migrante, y, por otro, no ofrece vías suficientemente ágiles, realistas y accesibles para que esas personas puedan incorporarse en condiciones de plena legalidad desde el inicio o mantenerse en ella.

La irregularidad no es neutra: genera trabajadores sin derechos, debilita la negociación colectiva y favorece prácticas de competencia desleal basadas en la precariedad

El resultado ya lo conocemos: bolsas recurrentes de irregularidad, alta vulnerabilidad laboral y social, economía sumergida y, finalmente, la necesidad de volver a regularizar.

Desde una perspectiva sindical, esto tiene implicaciones muy claras. Primero, porque la irregularidad no es neutra: genera trabajadores sin derechos, debilita la negociación colectiva y favorece prácticas de competencia desleal basadas en la precariedad. Y segundo, porque obliga a actuar siempre a posteriori, corrigiendo los efectos, en lugar de prevenir las causas.

Pero además, el debate no debería centrarse únicamente en si es necesario o no el proceso de regularización, que en este caso deriva de una iniciativa legislativa popular, por lo que responde, en origen, a una masiva petición ciudadana. Desde nuestra perspectiva supone un avance importante, aunque requiere un análisis crítico respecto a las condiciones en que se organiza y en cuanto a las garantías que ofrece para el logro de su objetivo de inclusión real.

Desde el primer día de apertura del plazo se han hecho visibles interminables colas de interesados ante los organismos competentes. Se han ampliado los horarios de atención en oficinas públicas, tensando unas plantillas ya de por sí insuficientes, y se ha habilitado la colaboración de entidades como la nuestra para ayudar en un proceso técnicamente complejo. El círculo vicioso de la pobreza planea para la realización de unos trámites en los que se aprecia una clara falta de previsión a la luz de todas las estimaciones que anticipaban más de medio millón de solicitudes.

Las bondades del proceso son innegables. La regularización permitirá que miles de personas salgan de la economía sumergida. Esto implica que podrán acceder a contratos de trabajo formales, cotizar a la Seguridad Social y beneficiarse de derechos básicos, como la protección frente al despido, la sanidad o las prestaciones sociales. Asimismo, facilitará la labor de la inspección de trabajo, reduciendo los espacios de opacidad donde proliferan los abusos laborales.

Estamos ante una oportunidad histórica para avanzar hacia un mercado laboral más justo, donde prime el principio de igualdad de derechos

Además, esta medida puede contribuir a mejorar las condiciones laborales generales. Cuando todas las personas trabajadoras están en igualdad de condiciones legales, se limita la capacidad de imponer condiciones abusivas. Esto fortalece la negociación colectiva y refuerza nuestro papel en la defensa de los derechos laborales.

Y otro elemento que no podemos obviar en este debate: la creciente utilización de la migración como arma política. Frente a los discursos que hablan de invasión, de colapso o de amenaza, la realidad es otra: mayor precariedad, mayor pobreza laboral y mayores dificultades de acceso a derechos para las personas migrantes.

El problema no es la migración. El problema es la desigualdad.

El uso político del miedo, fundando el rechazo a la regularización en mentiras de todo tipo sobre el supuesto comportamiento delictivo de los inmigrantes y sobre los efectos de la inmigración sobre la degradación de los servicios y derechos de los nacionales, busca desplazar el foco: que no hablemos de salarios bajos, de vivienda inaccesible o de precariedad laboral, sino de inmigración. Y así, el responsable deja de ser un modelo económico que necesita mano de obra barata.

Como sindicato, nuestro papel es fundamental, no solo como defensores de derechos laborales, sino también como agentes sociales que promovemos la igualdad y la cohesión social.

Estamos ante una oportunidad histórica para avanzar hacia un mercado laboral más justo, donde prime el principio de igualdad de derechos. Aprovechar plenamente esta medida dependerá de su implementación efectiva y de su articulación con políticas más amplias que garanticen trabajo digno para todas las personas.

Si la migración es estructural –y todos los datos indican que lo es–, también deben ser estructurales las políticas que la regulan. Eso implica diseñar un sistema que no genere irregularidad de forma sistemática

Porque una regularización extraordinaria no es suficiente por sí sola. Debe ir acompañada de medidas estructurales: refuerzo de la inspección laboral, políticas activas de empleo inclusivas, acceso a la formación y reconocimiento de cualificaciones profesionales. También es imprescindible garantizar vías legales y seguras de migración que eviten que nuevas personas caigan en la irregularidad en el futuro.

Y la respuesta nos lleva directamente a la necesidad de un cambio de enfoque.

Si la migración es estructural –y todos los datos indican que lo es–, también deben ser estructurales las políticas que la regulan. Eso implica diseñar un sistema que no genere irregularidad de forma sistemática: con procedimientos ágiles, con vías legales suficientes, con mecanismos de renovación realistas y con una conexión efectiva entre necesidades del mercado de trabajo y políticas migratorias.

En otras palabras, se trata de pasar de un modelo reactivo a un modelo preventivo.

Porque mientras esa transformación no se produzca, las regularizaciones seguirán repitiéndose. Y cada nueva regularización será, en el fondo, la confirmación de que el problema de origen sigue sin resolverse.

Trabajemos para que este proceso de regularización sea un éxito y, sobre todo, para que sea el último.