El requisito de vulnerabilidad satura a las ONG que colaboran en regularizar a 30.000 migrantes en Almería

Las colas se repiten estos días en distintos puntos de la provincia de Almería. Con la necesidad y la ilusión por encontrar un futuro más digno, a las puertas de servicios sociales, oficinas municipales y sedes de entidades sociales, decenas de personas esperan para conseguir uno de los documentos clave del proceso extraordinario de regularización abierto por el Gobierno hasta el próximo 30 de junio: el certificado de vulnerabilidad. Un escollo que está generando un cuello de botella para los migrantes y para quienes trabajan en la administración o las ONGs que están expidiéndolo.

No en vano, según estimaciones del tercer sector, en la provincia viven alrededor de 30.000 personas en situación administrativa irregular. La cifra, la más alta de Andalucía, que explica por sí sola el alcance de un proceso que, en apenas unos días, ha tensionado estructuras ya sobrecargadas desde hace años. Cada migrante ha de obtener el certificado de vulnerabilidad y presentar a su vez otros documentos ante el Ministerio de Inclusión Social, pero el plazo para lograrlo es de apenas 70 días.

De ahí que el proceso esté llevando al límite los recursos disponibles. “Ha habido muchísima afluencia en las oficinas municipales”, reconocen desde el Ayuntamiento de Níjar, uno de los municipios con mayor presencia de población migrante. “Se han visto colas muy largas, pero todo dentro de la normalidad”. En la misma línea, apuntan a que la situación se repite en otros puntos de la provincia como El Ejido, Roquetas de Mar o la capital.

Y es que el certificado de vulnerabilidad no estaba previsto hasta que el Gobierno lo introdujo por petición del Consejo de Estado. Por parte de Regularización Ya!, la plataforma que impulsó el proceso, se trató de evitar que este documento fuese necesario, al entender que si una persona carece de papeles, ya está de facto en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, asumían que la expedición del certificado iba a tensionar los recursos sociales disponibles, como así ha sucedido en tierras almerienses.

Sin ir más lejos y a diferencia de Níjar, el Ayuntamiento de Almería, dice tener una presión mayor que otras localidades de la provincia en sus servicios comunitarios. “Está saturando el ayuntamiento”, explica la alcaldesa, María del Mar Vázquez (PP), que habla de una “masificación de personas en las calles” y de reuniones con la Subdelegación del Gobierno para reorganizar la atención. Por ello, dice, el Consistorio trabaja en habilitar un espacio específico para “ordenar toda esta masificación”.

El cuello de botella del certificado

Y es que el certificado de vulnerabilidad, uno de los requisitos previstos para aquellas personas que no pueden acreditar contrato de trabajo o arraigo familiar, está generando una cascada de problemas. Un documento que, sobre el papel, puede ser emitido por servicios sociales o entidades del tercer sector habilitadas. Pero en la práctica, se ha convertido en el principal obstáculo del proceso. “Es el gran tapón”, explica Juan Miralles, de Almería Acoge, una de las pocas organizaciones que está tramitando estos certificados en la provincia. “No somos capaces de darle la respuesta que deberíamos”.

La entidad reconoce que la avalancha de solicitudes les ha desbordado. “Nos ha superado”, admite Miralles, que vincula la situación a una “mala decisión desde el punto de vista de la normativa”: “Le hemos generado una necesidad a la que no están encontrando respuesta”. El problema, explica, no es solo de volumen, sino también de diseño. Cada solicitud requiere una mínima intervención profesional: entrevista, apertura de expediente y cumplimiento de la normativa de protección de datos. “Tardamos mínimo cinco a diez minutos por cada persona”, señala. “No podemos ponernos en la puerta y firmar papeles. Se trata de atender dignamente”.

Con ese ritmo, asumir un volumen potencial de decenas de miles de personas resulta inviable. “No podemos sacar adelante veinte o treinta mil personas”, lamenta. Además, la capacidad está muy concentrada. “Aquí en Almería básicamente lo estamos haciendo Almería Acoge y Cepaim”, explica Miralles. “Hay entidades que dijeron que sí, pero no lo están haciendo, y otras grandes que no se han sumado”.

La falta de recursos se traduce también en efectos visibles en el entorno. “Hay mucha concentración de personas y eso genera malestar”, reconoce, en referencia a quejas vecinales y tensiones en los barrios donde se ubican estas entidades. “Y luego están los de siempre, que se dedican a esparcir odio con cualquier excusa”.

Dudas y falta de instrucciones

Porque la situación no solo afecta a las entidades que ya están tramitando certificados, sino también a aquellas que aún no han empezado. Como muchos de los migrantes en situación irregular trabajan en el primer sector, COAG Almería es la organización agraria que puede participar en el proceso pero que todavía no ha comenzado a emitir estos informes. “No tenemos muy claro cómo hacer ese informe”, reconoce su secretario provincial, Andrés Góngora. “Nos faltaba saber qué tenemos que poner”.

Góngora confirma que están en contacto con la administración para resolver dudas y que previsiblemente se incorporarán al proceso en breve. Pero admite que el principal problema es ese requisito concreto: “Lo demás es un trámite bastante fácil”. También cuestiona el propio concepto de vulnerabilidad en este contexto. “Por el mero hecho de no tener documentación ya es una situación de vulnerabilidad”, apunta.

Desde COAG, además, exploran otras vías dentro del proceso, como la posibilidad de regularización a través de precontratos vinculados a explotaciones agrícolas. “Existe la posibilidad de hacerlo mediante precontrato”, explica, en un territorio donde el sector agrario concentra buena parte de la mano de obra migrante. Mientras tanto, constatan un interés creciente. “Sí hay bastante interés”, señala Góngora. “La persona que no tiene documentación quiere hacerlo ya, quiere ser el primero”.

Confusión y “mercadeo”

Sobre el terreno, la falta de información y la presión por acceder al proceso están generando dinámicas paralelas. Mustapha Ait-Korchi, un migrante que lleva más de 30 años en España, acompaña a otras personas en este proceso y describe un escenario de confusión generalizada. “Hay gente migrante que ni siquiera conoce esas organizaciones”, explica. “Han dejado a la gente perdida”.

En ese contexto, advierte de la aparición de prácticas irregulares en torno a la tramitación. “Se está mercadeando con un certificado que en principio iba a ser gratuito”, señala. “No es traficar directamente, pero es traficar”. Describe un sistema informal de intermediación en el que distintos actores canalizan solicitudes a cambio de dinero o control del expediente. “Imagínate un mercadillo: cada uno está vendiendo su producto”.

Para Mustapha, el problema de fondo es el propio enfoque del requisito. “Pedir ese certificado es lo más estúpido que he escuchado en todos los años que llevo en España”, afirma. “Aquí no hay una situación de vulnerabilidad, hay una situación de explotación. Esa gente está trabajando en la economía sumergida, no viviendo de la caridad”, añade. “Lo que está en situación de vulnerabilidad es la legislación laboral, que se está pisoteando todos los días”. Ante la situación, asegura que recomienda a las personas que no se precipiten. “Les digo que no entren en ese mercadillo”, explica.

Dudas de los trabajadores sociales

A todo lo anterior, hay que sumar las dudas que emergen en los profesionales que se encargan de expedir estos documentos tanto desde el tercer sector como desde la Administración Pública. De hecho, el Consejo General del Trabajo Social (CGTS) ya había advertido del impacto que este proceso podía tener en los servicios sociales, especialmente en territorios con alta concentración de población migrante como Almería. Una opinión que comparte el Colegio que aglutina a estos profesionales en Almería ya que desde los servicios comunitarios reconocen estar al borde del colapso por la avalancha de peticiones. Fuentes del sector alertan también del riesgo de que la intervención profesional quede reducida a la mera emisión de certificados.

Por otro lado, recuerdan que la situación administrativa irregular implica en sí mismo un factor estructural de vulnerabilidad, al limitar el acceso a derechos básicos, y reclama refuerzos de personal y criterios homogéneos para evitar desigualdades territoriales. De esta forma, con miles de personas potencialmente afectadas y un plazo limitado, el proceso de regularización avanza en Almería entre colas, reorganizaciones administrativas y entidades desbordadas.

Mientras las administraciones se mueven entre la normalización y el reconocimiento de la saturación, y el tercer sector asume gran parte de la carga, el certificado de vulnerabilidad se ha convertido como el principal cuello de botella de un procedimiento que pretendía agilizar el acceso a la residencia, en una zona especialmente tensionada como lo es Almería. “Le hemos generado una necesidad a la que no estamos sabiendo dar respuesta”, sentencia Juan Miralles.