La 'yincana' del primer día de la regularización: en busca del “informe de vulnerabilidad” exigido a los migrantes

Sale de la oficina de servicios sociales con cara de desconcierto. Sobrepasa el mediodía de la primera jornada tras la entrada en vigor de la regularización y a Tarapder ya le cuesta enumerar todas las ONG y sedes municipales visitadas desde primera hora de la mañana. Se ha recorrido varios distritos de la ciudad de Madrid y no ha encontrado lo que buscaba. En todos ellos formulaba la misma pregunta: “¿Aquí puedo pedir el ”informe de vulnerabilidad“?”. Quienes le atendían, sabían a lo que se refería, ya habían pasado muchas personas migrantes con la misma petición, pero aún no tenían la respuesta. “Nos hemos enterado por los medios, no sabemos cuál es el procedimiento. Estamos esperando a que nos digan cómo hacerlo”, respondió una de las distintas funcionarias municipales que le atendió este jueves.

El bangladesí se refería al documento exigido para acceder a la regularización a los migrantes sin papeles que no tengan menores a cargo o que no puedan presentar una oferta de contrato de trabajo. El llamado “informe de vulnerabilidad”, un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar que cualquier situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias, se ha convertido en la piedra en el zapato de muchos de los migrantes que han salido a la calle en las primeras horas de la entrada en vigor de la medida que tanto necesitan.

Tarapder, de unos 30 años, tenía ya casi todos los documentos preparados incluso antes de la aprobación del real decreto. Desde el anuncio de la medida, él y su mujer empezaron a recopilar los trámites exigidos en el primer borrador. Tan precavidos fueron, que hace dos meses solicitaron los certificados que acreditan que no tienen antecedentes penales en su país, uno de los trámites más farragosos del proceso, para llegar a tiempo. “Suele tardar mucho, pero ya lo tenemos”, explica el bangladesí a elDiario.es en un autobús de camino al siguiente punto de la yincana en la que se convirtió el primer día de la regularización. El “informe de vulnerabilidad”, dice el hombre les pilló por sorpresa, tras ser incluido por el Gobierno debido a una recomendación del Consejo de Estado, que pedía añadir algún trámite para poder justificar la situación de precariedad extra vinculada a la irregularidad administrativa.

En teoría, según explicó el Ministerio de Migraciones, debería ser un trámite “sencillo”, que debería poder gestionarse en las oficinas de servicios sociales municipales y autonómicos, como aparece recogido en el real decreto. También puede obtenerse a través de las llamadas “entidades sociales colaboradoras en extranjería”, que incluyen a decenas de ONG de distintos puntos de España. El formulario es un modelo muy básico de preguntas simples, que no requiere burocracia añadida para quienes deben cumplimentarlo.

Sin embargo, en la práctica, al menos durante la primera jornada, conseguir ese papel se ha convertido en una suerte de juego de la oca para la decena de migrantes que han contado sus intentos infructuosos a elDiario.es en Madrid. En Valencia y Andalucía, también se han reportado obstáculos para acceder a este trámite.

Aunque la primera jornada de registro de solicitudes telemáticas se ha cerrado con aparente “normalidad” en cuanto a su funcionamiento técnico, varios abogados de extranjería confirman que por el momento, solo han podido presentar expedientes de solicitantes de asilo y de aquellos migrantes sin papeles que tienen hijos menores o pueden presentar una oferta de contrato de trabajo, es decir, quienes no necesitan presentar el informe de vulnerabilidad.

Los principales obstáculos están llegando por parte de algunos ayuntamientos, pero no todos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado que “no va a colaborar” en la regularización de migrantes. “Nadie se ha reunido con nosotros para explicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Pretenden que salga de nosotros, pero no nos vamos a responsabilizar de este proceso”, ha zanjado este jueves el líder del Ayuntamiento de la capital.

Lo primero que hizo Tarapder nada más levantarse es ir a Cáritas en Carabanchel, el distrito madrileño donde vive. No los hacían, al menos no todavía, cuenta el bangladesí. Se fue a otras asociaciones cuyo nombre no recuerda, y le recomendaron ir a Cruz Roja. No solo visitó una sede, sino varias. De Cruz Roja, otra de las “entidades colaboradoras”, le mandaron que fuese a preguntar al Ayuntamiento. No ha accedido a la información oficial publicada por el Ministerio de Inclusión. El bangladesí habla inglés y francés, además de su idioma natal, pero su nivel de español aún no es bueno. Migraciones publica todas las comunicaciones únicamente en castellano, algo que no ayuda en el proceso.

Después de esperar una larga fila de personas en la Junta de Distrito de Arganzuela, le dijeron que debía acudir a los servicios sociales municipales, así que se acercó a la oficina más cercana de la zona. “No era aquí, tenía que ir a la más cercana al lugar donde estoy empadronado”, dijo a la salida con resignación, mientras buscaba en Google Maps cómo llegar hasta el siguiente punto.

Allí, tras comprobar que estaba empadronado en ese barrio, le entregaron un formulario que avivó unas esperanzas que, después de los cinco minutos que tardó en rellenar el documento, volvieron a desvanecerse.

Confusión en los servicios sociales de Madrid

“Aún no sabemos cómo tenemos que proceder, quién lo tiene validar, el Ministerio no nos ha dado información”, le explicó una funcionaria. El documento no era el formulario que el Ministerio ha publicado en su página web (un modelo específico), sino un modelo básico que el Ayuntamiento utiliza únicamente para registrar las peticiones. Pero el bangladesí ni siquiera pudo finalmente oficializar su solicitud para pedir el informe. “Ante la falta de información, antes habíamos empezado a registrar la petición de esta manera, pero hemos recibido órdenes de la Junta de distrito para dejar de hacerlo por ahora, hasta que sepamos algo más”, le dijo la empleada, quien le invitó a regresar la semana que viene “a volver a preguntar”. Tarapder, sin entender la razón, se guardó el papel que acababa de rellenar y volvió a mirar su móvil para buscar la siguiente dirección donde probar suerte. “Ahora voy a una Cáritas en Puente de Vallecas”, dijo sin protestar.

La misma respuesta recibió Emilia, una mujer venezolana de 60 años que no ha logrado regularizarse desde su llegada a España en 2023. Menuda, dicharachera pero con carácter, la señora se acercó al mostrador de una de las oficinas de servicios sociales del centro de Madrid para preguntar por lo mismo que todos esa mañana: “¿Sabéis ya algo del informe de vulnerabilidad?”. La empleada negó con la cabeza: “¿Tú viniste ayer, no? Todo sigue igual”, respondió.

La mujer se acercó al corcho donde la oficina de servicios sociales ha colgado varios documentos con información oficial sobre el proceso de regularización. Entre ellos se encontraban las ONG colaboradoras, que pueden validar los ansiados informes de vulnerabilidad. Sacó un bolígrafo y una pequeña libreta y empezó a apuntar algunos de esos nombres para comenzar una nueva ruta.

La mujer migró a Madrid para reunirse con su hijo, quien ya tiene nacionalidad española. Ella podría haber pedido un permiso de residencia humanitaria, pero le aconsejaron que en su caso era preferible solicitar otro tipo de autorización, por arraigo familiar por tener un hijo español. Sin embargo, ella cree que, debido a una errónea orientación jurídica, la solicitud le fue denegada. Así, suma tres años en situación irregular. En este tiempo, ha sufrido un accidente que le tuvo varios meses sin apenas moverse.

Emilia se acercó a la Fundación Altius, donde también se formaron filas de grupos de personas migrantes en distintos momentos de la mañana, sobre todo bangladesíes y latinoamericanos. También, por el informe de vulnerabilidad. La respuesta, aunque suponía algo más que lo recibido inicialmente, tampoco calmó la ansiedad de Emilia: “Aún no estamos dando citas ni haciendo el informe, pero pueden rellenar este formulario y, cuando tengamos más información del Ministerio y nos organicemos, intentaremos ponernos en contacto con usted”.

Aunque las organizaciones colaboradoras pueden emitir el informe, durante la primera jornada muchas de ellas no tenían aún un sistema habilitado para organizar las solicitudes. Otras, como CEAR, han comenzado a emitir este tipo de documentos, pero arrancarán en primer lugar con las personas que atiende en la actualidad, luego continuará con aquellos que ha asistido en alguna ocasión en el pasado y finalizará con cualquiera que se lo solicite.

El trámite, por tanto, no es inmediato. Desde el Ministerio de Inclusión aseguran que todo funciona “sin incidentes”, aunque piden “paciencia” en estos primeros días hasta que la maquinaria se engrase y todos los actores involucrados se activen.

Tras recibir la última respuesta, Emilia frunció el ceño. Quería dejar zanjado el trámite ese día. Muchas personas migrantes viven este tipo de procedimientos con la angustia de sentir que no se pueden permitir el privilegio de dejar para el día siguiente trámites que marcarán la diferencia entre una vida en la clandestinidad y otra en la calma de ver sus derechos reconocidos. Tienen 75 días de plazo, ahora 74, y saben que en el camino pueden surgir nuevos problemas.

Felipe Garoña es uno de los letrados que no ha parado de atender a clientes con la intención de presentar su regularización. Desde Huelva, el abogado y presidente de la Asociáción Extranjeristas en Red, explica que ha registrado 20 expedientes: “Todos de solicitantes de asilo o personas que podían justificar una relación laboral, aquí en Huelva, sobre todo temporeras marroquíes que habían quedado en situación irregular”, explica. “Hemos priorizado los casos que ya teníamos preparados y para los que no ha habido ningún requisito sorpresa, como el informe de vulnerabilidad”, añade. Algunas ONG han decidio que no van a realizar este documento a los migrantes que presentará su solicitud con abogados privados. “Y eso puede ser un problema”, apunta.

Organizaciones como Andalucía Acoge critica la negativa de algunos Ayuntamientos de municipios andaluces que “están poniendo problemas” a este trámite. “No entendemos los obstáculos de algunos ayuntamientos, porque es un trámite súper sencillo y solo hace falta un poco de buena fé”, explica José Miguel Morales, presidente de la ONG, que asegura que sí están emitiendo este tipo de documentos. “También hay que decir que otros sí se están organizando y reforzando sus equipos para dar respuesta a estos casos. Vemos que es una cuestión de voluntad”, concluye.

Durante el atardecer, Tarapder escribe a elDiario.es para contar el resultado de su jornada.

-- Me dijeron que volviese la semana que viene.

-- ¿Dónde?

--- En todas partes. Mañana volveré a intentarlo.