Este joven peruano ya ha empezado a cotizar gracias a la regularización: “Tardé solo tres días en encontrar trabajo”

La vida de Missael se quedó en pausa cuando perdió sus papeles. Después de residir y trabajar en España durante más de un año, la respuesta negativa de su petición de asilo le empujó de nuevo a la economía sumergida y abrió un paréntesis en los pasos recorridos en Huelva, la ciudad donde se asentó tras abandonar Perú. Hasta que a principios de mayo recibió un email de su abogado, que adjuntaba el documento que ansían recinir las cientos de miles de personas que, como él, han pedido la regularización extraordinaria. 

“Ha tenido entrada en esta Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería la solicitud de residencia temporal por circunstancias excepcionales”, rezaba el documento notificado por su letrado, Felipe Garoña. “El presente trámite de admisión implica la autorización, de forma provisional caso de que se encuentre en edad laboral, por cuenta ajena y por cuenta propia en todo el territorio , a la persona solicitante a residir y, en a trabajar nacional y en cualquier ocupación o sector de actividad ”, indicaba el escrito.

Con otras palabras: ese documento le reconocía su derecho a vivir y trabajar en España, al menos mientras se estudia a fondo su petición. Missael volvía a tener papeles.

El peruano quería cerrar “la pausa” en la que sentía vivir desde hacía ocho meses, aunque en realidad solo era un paréntesis a ojos del Estado, porque nunca Missael nunca dejó de moverse. Levantó el teléfono, dejó un par de currículums y la llamada no tardó en llegar. “La verdad que pasaron solo tres días hasta encontrar un trabajo donde volver a estar dado de alta y cotizar”, dice el repartidor. Insiste en remarcar que para él fue quizá más fácil que para otros solicitantes de la regularización porque él ya había estado dado de alta previamente y, por tanto, contaba con un Número de Identificación de Extranjero (NIE) y no tuvo que esperar tampoco para recibir el número de la seguridad social. 

Más de 90.000 permisos provisionales

La de Missael es una de las 91.505 peticiones de regularización admitidas a trámite desde la entrada en vigor de la regularización, que llevan consigo la concesión de un permiso provisional de residencia y trabajo durante el estudio a fondo de su petición, lo que permite a los solicitantes activar su vida laboral cuanto antes sin miedo a ser expulsados. Estas son solo una mínima parte del total de solicitudes registradas desde el pasado 17 de mayo, que ya supera el medio millón, atendiendo a las cifras presentadas por el Gobierno ante el Supremo, que este viernes decidió rechazar la suspensión cautelar del procedimiento extraordinario de regularización, como pedían varios recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid o Vox, entre otros, apelando en ocasiones a argumentos falsos y tergiversados. 

De haberse paralizado la medida, como pedía el Gobierno de Ayuso, más de 90.000 personas que ya habían obtenido una autorización provisional habrían vuelto a la clandestinidad y su situación jurídica, igual que la del medio millón de solicitantes, habría quedado en un limbo. Fuentes gubernamentales afirman que también temían por la inseguridad jurídica a la que quedarían abocadas aquellas empresas que ya habían contratado a ciudadanos gracias a estos permisos temporales, como la pizzería donde ya trabaja Missael. 

“Después de ocho meses sin papeles, he vuelto a cotizar. Sin papeles todo es más duro. Es como si te quedas en una pausa. Cotizas, vas a un ritmo y te lo deniegan el asilo y te quedas sin nada. A esperar otra vez un permiso para trabajar. Pero ya ahora estoy otra vez dado alta. La verdad que tardé solo unos tres días".

“Después de ocho meses sin papeles, he vuelto a cotizar. Sin papeles todo es más duro. Es como si te quedas en una pausa. Cotizas, vas a un ritmo y te lo deniegan el asilo y te quedas sin nada. A esperar otra vez un permiso para trabajar. Pero ya ahora estoy otra vez dado alta”, describe el peruano. Ha empezado a trabajar por las noches en una pizzería de Huelva, donde intercala turnos de repartidor y atención al público.

Con o sin papeles, nunca le ha faltado empleo desde que aterrizó en España. Missael trabajado como repartidor, cajero, peón de obra o socorrista en las playas de Punta Umbría. Durante el tiempo que estuvo sin autorización de residencia, no dejó de trabajar, aunque en empleos menos estables y más precarios. “Obviamente sí trabajaba, ¿cómo iba a pagar mis gastos si no lo hacía? En esos meses me iban saliendo cosas, sobre todo de repartidor, pero sin cotizar”, detalla.

Un FP cuando estaba sin papeles

Él insiste en que fueron unos meses de vida “en pausa”, pero cuando perdió sus papeles, también se matriculó en un curso de Formación Profesional de Telemecánica. “Como no podía trabajar a jornada completa, decidí no perder el tiempo y aprovechar para estudiar”. Por la mañana, iba a clase. Por la tande, se subía en una bicileta para trabajar como ryder, en una de las compañías de delivery, una salida muy utilizada por las personas sin papeles para sacar dinero a través de otros compañeros dados de alta que les “alquilan” o “prestan” sus cuentas en la empresa, a cambio generalmente de una parte de las ganancias.

“Te permite sobrevivir, aguantar un poco de tiempo. No puesdes gastar un dineral, pero te permite tirar. No me quejo porque es parte de un proceso y para mí no siempre ha sido así”, explica el hombre, que sigue cursando una formación que estudiaba sin la seguridad de obtener el título oficial, pues los adultos sin papeles pueden matricularse en los estudios pero no recibir la certificación.

Respuesta más rápida a quienes trabajaron

“Estoy muy agradecido. Yo sé que es muy difícil, no todas las situaciones son las mismas. Para otros compañeros que nunca han podido trabajar dados de alta, está siendo más complicado porque se están demorando en asignarles un NIE. En mi caso ha sido más rápido”, insiste. La apreciación del peruano coincide con la tendencia que perciben varios abogados y ONG consultados por elDiario.es: el Gobierno no está respondiendo en los plazos establecidos sobre la admisión a trámite de la mayoría de solicitudes -de 15 días según el real decreto-, pero la contestación sí está llegando con más agilidad en aquellos casos de personas que habían cotizado con anterioridad. Muchos de quienes están obteniendo ya los permisos provisionales de residencia y trabajo fueron solicitantes de asilo, lo que les permitió estar dados de alta en el tiempo en que se estudiaba su petición de protección.

Además del reconocimiento de los derechos de cientos de miles de vecinos que, como Missael, ya vivían y trabajaban en España; distintos análisis económicos y sociológicos apuntan también a beneficios para la sociedad en su conjunto. Tras el anterior proceso de regularización, celebrado en 2005, la suma de las aportaciones de las 600.000 personas regularizadas entonces contribuyó a un aumento de la afiliaciones a la Seguridad Social y engrosó las arcas públicas con sus correspondientes cotizaciones. Un estudio publicado en 2021 por un grupo de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) concluyó que cada inmigrante regularizado contribuyó entonces con una aportación de entre 4.000 y 5.000 euros al año solo con los impuestos sobre el salario.

Dos años en España

Tras abandonar Perú, Missael viajó a España con visado de turista, como suele hacer la mayoría de migrantes latinoamericanos asentados en el país. Cuando se le caducó, el joven se quedó sin papeles hasta que consiguió solicitar asilo, lo que conlleva un permiso temporal mientras se estudia la petición.

Su petición llegó antes de la reforma del reglamento de extranjería que ha obstaculizado en la práctica la regularización de las personas que veían denegada una demanda de protección internacional. Aunque muchas peticiones no estaban lo suficientemente fundamentadas y tenían muchas posibilidades de ser rechazadas, ante la falta de otras vías de regularización, la vía del asilo era en lapráctica una fórmula utilizada para obtener un permiso de residencia mientras se estudiaba el caso, algo que era posible hacer debido a los largos retrasos de la Administración en su tramitación. El Ejecutivó zanjó esta posibilidad a través de la anterior reforma del reglamento de extranjería.

Missael recibió la negativa de su petición de asilo antes de la aprobación del real decreto por lo que, cumplidos los dos años en España podría conseguir un permiso por arraigo por la vía habitual. Pero había un requisito que no llegaba a conseguir: no encontraba una empresa dispuesta a hacerle un precontrato de trabajo. “Es muy difícil que las empresas hagan ese trámite, sin saber cuándo vas a recibir el permiso, y te esperen”, explica. La regularización extraordinaria fue, dice, una oportunidad para “no esperar más para seguir cotizando”. 

“Yo me vine porque tengo una pecuilaridad, que cuando me encuentro en un lugar estancado, me gusta moverme y buscar superarme. Opté por España porque tiene una cultura muy similar. Y aquí siempre me he sentido muy a gusto”, celebra.