Por qué un informe para la regularización genera tanto lío: del “boicot” del PP a la “falta de instrucciones” del Gobierno

Son las 20 horas y ya hay cola frente algunas oficinas de los servicios sociales de distintos ayuntamientos de España. Salvo excepciones, cada una de las personas que aguarda su turno tiene tres palabras en mente: “Informe de vulnerabilidad”. El documento, un formulario sencillo que necesita ser validado por los servicios sociales municipales o las ONG colaboradoras, está detrás de las largas esperas o el peregrinaje de cientos de migrantes en busca de algunos de los puntos habilitados para concederlo. El Gobierno defendió que el trámite iba a ser rápido y no iba a tener complicación, pero se ha convertido en el principal escollo del procedimiento y en un nuevo foco de tensión entre el Ejecutivo central y las administraciones gobernadas por el PP. 

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado este martes a los ayuntamientos del PP de “boicotear” la regularización, a través de supuestas trabas a la tramitación de estos informes, debido a las “instrucciones racistas de Alberto Núñez Feijóo”. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha asegurado que hay “ayuntamientos que, siguiendo directrices políticas del PP, están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes. Saiz ha citado las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que aseguró el pasado jueves que su consistorio “no va a colaborar” con la regularización. 

“Lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es cooperar y colaborar a una chapuza que falta el respeto a la dignidad de las personas”, dijo el regidor de la capital el día en que entró en vigor la medida. Declaraciones similares, que señalan, al menos de apariencia, la intención de algunas administraciones del PP de no cooperar con la regularización, a través de la imposición de trabas a la tramitación de los documentos emitidos por los servicios sociales municipales -como el informe de vulnerabilidad- que los migrantes necesitan presentar para cumplir con los requisitos de la medida del Gobierno. 

El llamado “informe de vulnerabilidad”, es un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar cómo la situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias en la vida del solicitante de la regularización. Se trata de un requisito incluido a última hora por el Gobierno, que no estaba recogido en los primeros borradores de la medida, que solo deben cumplir los migrantes sin papeles (no los solicitantes de asilo) que carecen de vinculación laboral o hijos a cargo. Quienes no cumplan uno de estos dos supuestos deben probar su condición de vulnerabilidad. En un primer momento, el Ministerio de Inclusión defendió que la mera irregularidad suponía vulnerabilidad, por lo que la intención inicial era no obligar a presentar ningún documento añadido para justificar esa precariedad. Sin embargo, el Consejo de Estado recomendó probar la vulnerabilidad de algún modo, por lo que finalmente se añadió como requisito el certificado por el que ahora cada madrugada esperan cientos de migrantes en largas colas frente a distintas oficinas municipales y a las entidades sociales que pueden emitirlo en España (este es el listado actualizado).

“Boicot” de algunos ayuntamientos

En Zaragoza, el equipo de Gobierno de Natalia Chueca ordenó restringir todos los trámites relacionados con el proceso de regularización de inmigrantes a un único espacio, las oficinas centrales de la plaza del Pilar, donde se ubica la casa consistorial. Al obligar que se derive a todas las personas que acudan con la finalidad de obtener el certificado de vulnerabilidad, y otro tipo de documentación, a una fila única del Ayuntamiento, forzaba a miles de personas a soportar largas filas desde la madrugada. El Consistorio solo permitía a estas personas a esperar en el exterior de las instalaciones municipales, pese a contar con espacio para ello en su interior, un gesto que el Grupo Municipal de Zaragoza en Común ha interpretado como un intento de “escenificar” el “supuesto caos”, informa Esther L. Chamorro. 

Pese a estas directrices, algunos funcionarios de las juntas de distrito se han plantado contra esta decisión y han optado por continuar con esta atención a los migrantes que aspiran a la regularización. “Es un trámite sencillo”, explica una de las trabajadoras públicas que han decidido seguir con la emisión de los documentos ligados a la medida del Gobierno. 

En Palma, varios funcionarios han denunciado órdenes del Ayuntamiento -dirigido por el PP con Vox como respaldo en los plenos- para impedir la movilización de personal de refuerzo en los servicios sociales municipales para atender el aumento de demanda por las peticiones de documentación ligadas a la regularización, informa Pablo Sierra del Sol. 

“Es flagrante que utilicen personas para una batalla política”, recriminaron los empleados públicos en un comunicado. Así, pese a las filas larguísimas formadas cada mañana frente a las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Palma (OAC), estas personas eran atendidas por los mismos funcionarios de siempre debido a “instrucciones políticas”, siempre según la denuncia de los empleados públicos. 

Mientras algunos de sus ayuntamientos lanzan órdenes para impedir el refuerzo de estas ventanillas para entregar los trámites requeridos, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado el “caos generado” en los servicios sociales municipales. Según anunció este lunes, su partido va a presentar mociones en todos los ayuntamientos del país en los que gobierna (más de 8.000) para exigir que se paralice el proceso de regularización extraordinaria. 

“Falta de instrucciones” del Gobierno

Sin embargo, las directrices y declaraciones de los ediles del PP en contra de la medida no son las únicas razones que explican las colas formadas para realizar dicho trámite, ni la gran dificultad a la que se están enfrentando miles de migrantes para conseguirlo. Durante los primeros días de la entrada en vigor de la regularización, cuando cientos de personas ya se acercaban a los servicios sociales a preguntar por el nuevo “informe de vulnerabilidad”, funcionarios de distintas oficinas de servicios sociales municipales, como Madrid o Barcelona, reconocían no haber recibido directrices del Gobierno central sobre cómo era necesario validar dichos documentos. 

“Parece un documento sencillo, pero no sabemos quién lo tiene que sellar o firmar”, decía a elDiario.es una emplada pública de una de las oficinas de Madrid. Desde el día anterior a la aprobación de la iniciativa habían esuchado de forma reiterada una misma pregunta que, según aseguraban, no sabían responder pues el real decreto de la regularización no especifica ciertos detalles técnicos que, defendían algunos trabajadores sociales, son necesarios para emitir este tipo de documentos. Antes de las declaraciones de Almeida, sus empleados públicos intentaron buscar una vía para ir registrando las peticiones de este documento, mientras aclaraban cómo emitirlos. Sus testimonios señalaban cierta descoordinación inicial por parte del Gobierno central, así como la falta de comunicación previa para poder ir organizándose. “Aprueban una norma, sale en los medios, dicen que lo tenemos que sacar nosotros y nadie nos avisa antes ni nos explica el procedimiento”, se quejaba una funcionaria. 

El Consejo de Trabajadores Sociales de Madrid ha emitido un comunicado en el que solicita al Gobierno la necesidad de consensuar “criterios técnicos, claros y homogéneos” para acreditar la vulnerabilidad a través del formulario creado por el Gobierno. “En relación con la exigencia de acreditar una situación de vulnerabilidad en determinados supuestos, el Colegio considera necesario reivindicar un uso riguroso y técnico del concepto de vulnerabilidad, evitando su aplicación genérica o simplificada”, indica. “No obstante, el Real Decreto no define de forma suficientemente precisa qué perfiles profesionales deben asumir esta función en las distintas administraciones y entidades implicadas, lo que puede generar desigualdades en la valoración y en el acceso al procedimiento, comprometiendo las garantías técnicas necesarias”. 

Por su parte, a nivel estatal, el Colegio General de Trabajo Social ha manifestado su “preocupación por el impacto organizativo que este proceso puede generar en los servicios sociales, ya sometidos a una elevada carga de trabajo”. También ha alertado “del riesgo de que se instrumentalice la intervención social reduciéndose a la mera emisión de certificaciones, desvirtuando la función propia del Trabajo Social como disciplina de acompañamiento, análisis y garantía de derechos”. 

A las preguntas de elDiario.es sobre qué instrucciones envió el Ministerio a los ayuntamientos y comunidades autónomas involucradas en la regularización, el departamento dirigido por Elma Saiz reconoce que estas comunicaciones han empezado este lunes, días después de la entrada en vigor de la medida, cuando ya se habían formado largas colas frente a las entidades municipales. “Desde el Ministerio se ha convocado a las administraciones locales, a través de la FEMP, para un encuentro que tendrá lugar próximamente”, sostienen fuentes de Inclusión. “La intención es promover la colaboración e instar a que, dentro de la propia autonomía de las entidades locales, se facilite información y se ayude en todo lo posible a las personas que acudan a formalizar el trámite”, añaden. 

La ministra ha recordado este martes en la rueda de prensa de Consejo de Ministros que el certificado de vulnerabilidad puede ser acuñado también por alguna de las 224 entidades colaboradoras. En algunas de sus sedes también se están formando largas colas para conseguir dicho documento. En los primeros días, muchas de las ONG registradas en este proceso empezaron a emitir este tipo de documentos únicamente a las personas que ya atendían anteriormente, pero otras tantas ya han abierto el trámite al resto de personas. De hecho, muchas ONG, incluso de escasos recursos, están emitiendo decenas de informes cada día. “Vemos como las pequeñas entidades sociales vuelven a llegar adonde no llega el Estado”, dicen desde el movimiento Regularizacíón YA.

El miedo

Más allá de la posible falta de organización inicial o las declaraciones que tratan de torpedear los trámites de la regularización, otras de las razones que explican las largas colas de personas, que incluso duermen delante de las sedes de ONG y ayuntamientos que emiten estos documentos es la propia necesidad de tener registrada la petición cuanto antes. El plazo finaliza el 30 de junio pero muchos migrantes aún se enfrentan al miedo diario de ser detenidos en un control policial y retornados por su situación administrativa irregular, dado que los vuelos de repatriación no han sido frenados. El registro de la solicitud, sin embargo, sí conlleva la suspensión (al menos temporal hasta la resolución) de cualquier procedimiento de expulsión. Muchos temen también, que cualquier imprevisto de última hora, pudiese dejarles fuera de la medida si retrasan el trámite.

Prefieren pasar una noche a la intemperie o esperar horas y horas bajo el sol a perder esta oportunidad de ver reconocidos sus derechos en un procedimiento más agil y sencillo de lo habitual. “Nos pueden agarrar en cualquier momento. Tengo miedo hasta de ir a buscar trabajo, pero tengo que hacerlo igualmente”, dice un hombre peruano que aún no ha logrado el certificado de vulnerabilidad, el último trámite que le queda para poder entregar toda la documentación a su abogado y recibir la salvaguardia de su permanencia en España. “Cuando tenga lo registre, sentiré paz”, añade.