Un joven con problemas de salud mental sigue viviendo en las calles de Zaragoza pese a tener protección judicial

S. tiene 19 años, arrastra un importante problema de salud mental derivado de una encefalitis sufrida durante su adolescencia y cuenta con una medida judicial de protección. Sin embargo, su realidad cotidiana sigue siendo las calles del barrio del Gancho, en Zaragoza. La historia de S., cuyo nombre completo se omite para preservar su intimidad y dignidad, ha encendido las alarmas de la asociación Acullir, una entidad formada por personas que pasaron por el sistema de protección de menores y profesionales que han trabajado en él. Desde hace meses intentan acompañarlo, alimentarlo cuando pueden y reclamar una solución institucional que, aseguran, todavía no ha llegado.

“No estamos hablando de una persona que simplemente esté atravesando una situación económica difícil. Estamos hablando de un joven que no tiene capacidad para cuidarse a sí mismo”, explica Pascual Jiménez, responsable del programa Enfilar de Acullir y educador jubilado.

La entidad conoció su caso en abril, después de recibir la llamada de una vecina preocupada por un joven que veía dormir en la calle en condiciones extremas. Al principio, recuerdan, este joven argelino desconfiaba de cualquiera que intentara acercarse.

“Poco a poco fuimos reconstruyendo su historia. No tenía documentación, apenas información sobre su situación administrativa y nos fue llevando a lugares donde lo conocían. Así supimos qué había pasado por el sistema de protección de menores, que había sufrido una encefalitis y que existía una resolución judicial que establecía una curatela por su situación de salud mental”, relata Jiménez.

Según la información recopilada por la asociación, la enfermedad que sufrió le dejó importantes secuelas neurológicas, debido a una desmielinización en las neuronas frontales, que afectan especialmente al control de impulsos y a su capacidad para gestionar situaciones cotidianas. También pasó por distintos recursos especializados de atención psiquiátrica, entre ellos Prisma y Nuestra Señora del Carmen.

Una protección que no evita el desamparo

El aspecto que más preocupa a quienes lo acompañan es la contradicción que observan entre la existencia de una medida judicial de protección y su situación actual. Tal como adelantó Heraldo de Aragón, el Juzgado de Primera Instancia número 13 acordó en diciembre de 2025 una curatela para proteger al joven y asignó su tutela al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Sin embargo, tras ser expulsado de distintos recursos por conductas disruptivas asociadas a su enfermedad, S. acabó de nuevo en la calle.

“Lo sangrante es que existe una orden de protección y, aun así, está durmiendo sobre el pavimento”, lamenta Jiménez.

La asociación remitió hace dos semanas un escrito al juzgado y a la Fiscalía alertando de la gravedad de la situación y solicitando medidas urgentes. “Les comunicamos que se encuentra sin tratamiento, sin seguimiento médico, desnutrido y viviendo en la calle. Ni siquiera tiene capacidad para procurarse algo tan básico como unas mantas o un colchón para dormir”, explica.

Desde Acullir insisten en que no cuestionan la complejidad del caso ni las dificultades para encontrar recursos adecuados, pero consideran que la falta de una respuesta efectiva está dejando al joven en una situación de abandono.

“La institución nos trasladó que no dispone de un recurso adaptado para él después de haber sido expulsado de otros centros. Sin embargo, mientras tanto el chaval sigue en la calle y cada día que pasa su situación empeora”, afirma.

En ausencia de una solución estable, la supervivencia de S. depende en buena medida de una red informal de apoyos protagonizada por vecinos del barrio, entidades sociales y algunos profesionales que cubren sus necesidades básicas cuando pueden. Todos ellos, como cuentan desde Acullir, le dejan comida, lo orientan hacia recursos asistenciales o le ofrecen refugio de forma puntual.

“Hemos encontrado muchísima solidaridad en el barrio. Todo el mundo que lo conoce está preocupado por él”, señala Jiménez a elDiario.es.

Sin embargo, esa solidaridad tiene límites porque, tal y como indica, se trata de una asociación pequeña en la que pueden acompañarlo, hablar con él e intentar mover su caso con administraciones y juzgados. “No tenemos capacidad para garantizar su atención diaria ni para ofrecerle el recurso especializado que necesita”, reconoce.

La situación se agrava porque las dificultades derivadas de su enfermedad mental complican también el acceso a los servicios disponibles. Según explica la entidad, su impulsividad y sus problemas de convivencia han provocado conflictos en algunos recursos sociales y comedores, reduciendo todavía más sus posibilidades de cobertura básica.

Más allá de un caso individual

Aunque las circunstancias concretas de S. son especialmente graves, desde Acullir advierten de que el problema de fondo va mucho más allá de una única historia. Como afirman, la asociación trabaja con jóvenes extutelados que, al alcanzar la mayoría de edad, afrontan procesos de emancipación marcados por la precariedad, la soledad y la ausencia de redes familiares de apoyo.

“Nosotros acompañamos habitualmente a chicos que viven en parques, debajo de puentes o en situaciones de sinhogarismo. Es una realidad que existe y que cada vez vemos más”, lamenta Jiménez.

La diferencia, subraya, es que con muchos de esos jóvenes resulta posible construir itinerarios de inserción y autonomía. “Con ellos puedes hablar, planificar, buscar alternativas. En el caso de S. nos encontramos con la dificultad añadida de que no tiene capacidad real para gestionar su propia situación ni para seguir orientaciones de manera estable”, añade.

Por eso considera que el caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar los recursos específicos para aquellas personas que, además de atravesar procesos de exclusión social, presentan trastornos mentales graves.

El debate sobre los recursos especializados

Desde el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón aseguran que conocen la situación y que desde los servicios públicos intentan que el joven ingrese en un recurso especializado para personas con adicciones y otras patologías asociadas. Según señalan, el acceso sería gratuito en caso de carecer de ingresos, aunque requiere la aceptación voluntaria del usuario, algo que “todavía no se ha producido”.

En cambio, desde Acullir solicitan un “recurso adaptado a sus necesidades” porque “no es hablar de cualquier plaza, sino que necesita un centro psiquiátrico o especializado donde puedan atender su enfermedad y trabajar con él”.

El responsable de Enfilar recuerda que existen precedentes que demuestran que una atención adecuada puede funcionar: “Sabemos que en otros momentos estuvo integrado en determinados recursos. Por eso creemos que tiene que existir una alternativa capaz de responder a sus circunstancias concretas”.

En cuanto a la decisión de hacer pública la situación de S. no fue sencilla para la entidad. De hecho, aseguran que durante semanas intentaron activar distintas vías institucionales antes de dar el paso, pero la preocupación es “cada vez mayor”. “La razón por la que hemos decidido visibilizar este caso es la indignación que sentimos al verlo día tras día tirado en el suelo sin ninguna solución”, reconoce Jiménez.

De hecho, admite que temen “por su seguridad y por su vida” porque, mientras administraciones, servicios sociales y órganos judiciales estudian posibles respuestas, este joven de 19 años sigue recorriendo las mismas calles del centro de la capital aragonesa sin recursos, comida ni atención especializada.