Moreno borra de su programa electoral el vínculo entre delincuencia e inmigración que aprobó su partido hace seis meses

En plena ofensiva de Vox con su estrategia de “prioridad nacional” –la discriminación de los inmigrantes frente a los españoles en el acceso a las prestaciones públicas– suscrita por el PP en los acuerdos de gobierno de Extremadura y Aragón, Juan Manuel Moreno ha borrado de su programa electoral para las andaluzas del 17 de mayo todo el rastro del discurso político que vincula la inmigración con la delincuencia, aprobado por su propio partido hace apenas seis meses.

El pasado noviembre, en Sevilla, el PP de Andalucía aprobó una ponencia política en el marco del XVII Congreso del partido, en el que Moreno fue reelegido presidente con una mayoría búlgara, un 99% de apoyos. El documento recogía la estrategia política y las prioridades de gobierno para Andalucía, una suerte de programa anticipado para las andaluzas, cuando estaba a punto de expirar la legislatura. Uno de los epígrafes de aquel dossier se titula Seguridad e inmigración, y vincula las políticas dirigidas a la población extranjera con las medidas de lucha contra “la delincuencia”, “el narcotráfico” y “las mafias”.

Este binomino es un producto ideológico de la ultraderecha que se ha materializado en el acuerdo de Gobierno suscrito por el PP de María Guardiola en Extremadura, bajo el término “prioridad nacional”. El partido de Santiago Abascal vincula sistemáticamente a la población extranjera con índices de criminalidad que no responden a esa realidad [los datos oficiales de la Policía lo desmienten], y acusan al inmigrante de robar el trabajo y las prestaciones sociales a los españoles.

Hace seis meses, cuando Moreno es entronizado en el Congreso del PP andaluz, las encuestas vaticinaban un auge de Vox que ponía en riesgo la mayoría absoluta del presidente de la Junta y candidato a la reelección. En esas fechas, Alberto Núñez Feijóo lanzó trató de taponar esa fuga de votos hacia el partido de Santiago Abascal endureciendo su discurso antiinmigrante.

Poco después de los disturbios racistas en el municipio de Torre Pacheco (Murcia), el PP nacional presentó en esta comunidad su Plan Migratorio, endureciendo la retórica contra los extranjeros (asimilando el lenguaje de Vox) y planteando endurecer las regularizaciones –“elevar el nivel de exigencia cultural y lingüístico”–, el acceso a las ayudas públicas y la nacionalidad española, vinculándola a que tuvieran trabajo al llegar. Feijóo habló de un “visado por puntos” para los extranjeros que obtenían la residencia en España.

Un mes después, el PP andaluz incorporó a la ponencia política de su Congreso parte de la retórica de los postulados de aquel plan antiinmigración, aunque la redacción zigzagueó para defender, a la vez, un llamamiento a la “integración y la solidaridad”, y una alerta por la inseguridad ciudadana, que relacionaban con la mayor presencia de inmigrantes en Andalucía.

“Andalucía es frontera sur de Europa, una tierra acogedora y solidaria que conoce el valor de la convivencia”, reza la ponencia política del PP andaluz, del pasado noviembre. Y acto seguido: “La seguridad y la inmigración afectan directamente a la vida diaria de las personas y definen el tipo de sociedad que queremos ser”. El epígrafe Seguridad e inmigración es un batiburrillo donde se mezcla el “narcotráfico” y las “mafias” con las “emergencias” y la “protección civil”. “Andalucía será ejemplo de humanidad y firmeza: una tierra abierta, pero también segura y respetuosa con la legalidad”, concluye este apartado.

Seis meses después, ya con Vox desacelerando en las encuestas y a las puertas de la campaña para las andaluzas, toda esta retórica ha desaparecido por completo del programa del PP andaluz. El capítulo sobre políticas migratorias ya no está acompañado del término “seguridad”, sino del concepto “empleo”: “Empleo y población migrante: una apuesta integradora”.

El texto parte de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025 para negar categóricamente uno de las soflamas de Vox: “No cabe concluir que las personas procedentes de otros países estén acaparando el empleo en Andalucía”. Esta comunidad, que aún lidera la tasa de desempleo en España, cerró el año pasado con 3,6 millones de ocupados, de los que 403.100 eran inmigrantes (11,11%), por debajo de la media nacional. En el último trimestre de 2018 era del 9,03%.

De los 536.500 nuevos ocupados en los últimos siete años en Andalucía, 124.100 son personas inmigrantes, el 23,13%, y 412.500 son de nacionalidad española, el 76,87%. De los 403.100 ocupados inmigrantes en el último trimestre del año pasado, 94.200 –el 23,26%, es decir, casi uno de cada cuatro– son ciudadanos de países de la Unión Europea, y, como tal, “tienen libertad de residencia, empleo y negocio, al igual que los andaluces que trabajan en cualquier otro país dentro de la Unión”, explica el programa de los populares.

Moreno ha lanzado en precampaña algunas medidas de su programa de gobierno, en materia fiscal, en sanidad, vivienda y educación, pero se ha cuidado mucho de no sacar pecho por su política migratoria. Es un asunto donde las comunidades apenas tienen competencias, pero que está copando el debate nacional en los pactos de PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El ruido que ha generado el término “prioridad nacional”, abiertamente xenófobo, le ha servido al presidente andaluz para afianzar su estrategia de distanciamiento con la ultraderecha, la única que amenaza su objetivo de revalidar la mayoría absoluta. Moreno apela al voto útil y advierte abiertamente de los riesgos de perder la estabilidad, de estar condicionado a las “políticas estériles y los vaivenes” de Vox.

La reedición de su programa electoral en materia migratoria es un distanciamiento táctico de los postulados de la ultraderecha, y un guiño al electorado de centroizquierda, distante aún del PSOE, que es capaz de votar a Moreno con tal de parar los pies a los de Abascal. Lo hizo en 2022, con una transferencia de votos al popular que le catapultó hasta los 58 diputados, tres por encima de la mayoría absoluta.

El programa del PP andaluz profundiza en la lectura mercantilista de las personas inmigrantes, por su “contribución al crecimiento económico, la creación de empleo y la sostenibilidad del sistema de pensiones en España”. Moreno suele repetir, en el Parlamento y en sus mítines, que los andaluces no quieren trabajar en los invernaderos de Almería, en los campos de fresas de Huelva o en los chiringuitos de la Costa del Sol, donde se concentra el trabajo precario, mal pagado y próximo a la explotación que desempeñan los extranjeros, muchos de ellos sin regularizar.

“En España hace falta inmigración, pero ordenada, planificada y acompañada de integración y respeto a las normas del país. La inmigración no está saturando el mercado laboral andaluz porque la economía está creando empleo y continúa teniendo vacantes sin cubrir”, continúa el documento. Entre las propuestas, los populares andaluces proponen “favorecer la integración laboral, económica y cultural mediante programas destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes”.

El PP–A no reproduce el término “prioridad nacional”, pero sí el concepto “arraigo”. El acuerdo suscrito por PP y Vox en Extremadura habla de “arraigo real en el territorio” como exigencia para acceder a ayudas sociales pero, a pesar de lo que sostiene en público Abascal, en el baremo de requisitos no aparece ni el lugar de nacimiento ni la nacionalidad (sí el número de años de empadronamiento).

Los de Moreno prometen lanzar una nueva “estrategia andaluza de política migratoria (diversidad y convivencia)”, con una “nueva orientación de las políticas migratorias en los próximos 4 años, centrado en las oportunidades y la inclusión social de las personas migrantes”. También se defienden “políticas de empleo para la integración laboral, económica y social de los inmigrantes con programas de capacitación y certificación profesional”.

El programa electoral del PP–A también incluye conceptos que no aparecían en la ponencia política al hablar de la población inmigrante, por ejemplo el “racismo” y la “xenofobia”. “Continuaremos fomentando estrategias y compromisos para prevenir el racismo y la xenofobia, apostando por la sensibilización y poniendo en valor la diversidad y riqueza de nuestra sociedad plural”.

Uno de los apartados de este epígrafe incluye una pulla al Gobierno de Pedro Sánchez y sus acuerdos con Junts y la Generalitat para la cesión de las políticas sobre inmigración a Cataluña. “Apostaremos por una política migratoria conjunta y común en el territorio español, que eviten la cesión de competencias en materia migratoria a determinadas comunidades autónomas e imponga un modelo desigual e insolidario en la gestión migratoria”.