El Supremo confirma la sentencia que ordena a los nietos de Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás

El Tribunal Supremo confirma la sentencia dictada en su día por la Audiencia Provincial de A Coruña que ordena a los nietos de Franco devolver el Pazo de Meirás (Sada, A Coruña) al Estado. El fallo, adoptado por unanimidad, desestima todos los recursos presentados contra la misma por ambas partes y así ratifica además que la familia del dictador deberá ser indemnizada. Los recurrentes asumirán las costas de sus respectivos recursos por infracción procesal y de casación.

Los Franco argumentaron ante el Supremo su derecho a la propiedad del inmueble por usucapión -también denominada prescripción adquisitiva- tras el fallecimiento del dictador. Según la usucapión, los moradores de una vivienda tienen derecho a su propiedad transcurridos 30 años. El Supremo entiende que los descendientes de Franco “no pudieron poseer Meirás en concepto de dueños” por lo menos hasta la década de los 90 del siglo XX. Antes, el pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura de Estado, por lo que desestima el recurso.

Hace lo mismo con el presentado por la Administración del Estado, al que se adhirieron Xunta de Galicia, Deputación da Coruña y ayuntamientos de A Coruña y Sada. Este cuestionaba que los Franco tuvieran derecho a indemnización por los gastos realizados en la finca durante la etapa en la que fueron poseedores de la misma. El Supremo lo desestima con el argumento de que la demanda inicial del Estado, y el informe jurídico del Parlamento de Galicia, indicaba expresamente que “no se discutía que los Franco hubiesen actuado de buena fe [...] y deberían ser indemnizados en los términos previstos para estos casos en el Código Civil”. “No se puede modificar posteriormente para negar la buena fe y el derecho a la indemnización previamente reconocidos”, añade el tribunal

El fallo histórico de 2020

La del 2 de septiembre de 2020 ha quedado marcada como una jornada histórica: aquel día se hizo pública la sentencia del Juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña que condenaba a los Franco a entregar al Estado el Pazo de Meirás, que el dictador había utilizado como residencia de verano desde 1938, aún en plena guerra civil. El recurso de los herederos llevó el asunto a la Audiencia Provincial de A Coruña, que en febrero de 2021 ratificó que el inmueble debe ser de propiedad pública, aunque abrió la puerta a pagar a los herederos del dictador por los gastos de la conservación desde la muerte de este, en 1975, y razonaba que en ellos no había habido mala fe.

Mientras el litigio se trasladaba al Tribunal Supremo, otros frentes acabaron en fracaso para los Franco: en junio del año pasado la Justicia ordenó a los Franco que devolviesen a Santiago dos estatuas del Pórtico de la Gloria de la catedral que estaban, precisamente, en Meirás. Las figuras expoliadas regresaron a la capital gallega unos meses después y ahora están expuestas al público en el Museo do Pobo Galego.

Después de que el Pazo de Meirás pasase a manos del Estado se retomaron las visitas, aunque muy limitadas, a la espera del pronunciamiento judicial definitivo. En los años anteriores, la familia Franco había dificultado la apertura al público, pese a la obligación de permitir su entrada en un espacio que es bien de interés cultural (BIC). Tras la sentencia de 2020, las administraciones públicas plantearon unos planes para el futuro del espacio que diferían: de una recuperación centrada en la figura de su primera propietaria, la escritora Emilia Pardo Bazán, que abanderaba el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a unos usos relacionados con la memoria histórica, defendidos por el Gobierno central.

En este tiempo, el Gobierno ha iniciado el proceso para declarar el inmueble, junto con la Illa de San Simón -convertida en un campo de concentración durante la dictadura-, Lugar de Memoria Democrática. El Boletín Oficial del Estado (BOE) con la incoación de los expedientes justificaba que Meirás fue “símbolo referencial de la dictadura franquista, centro de poder y al mismo tiempo expresión de la rapiña de su nuevo propietario”. El 5 de diciembre 1938, tras la creación la denominada Junta Pro-Pazo del Caudillo, integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de la provincia, que pretendía comprar y entregar la propiedad al jefe del Estado, Francisco Franco, se le hizo entrega de la finca al dictador. La superficie de la finca se amplió ganando terreno a los vecinos, sus legítimos propietarios, “mediante técnicas represivas y coactivas”. A eso se suman las “apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc”.